El Real Decreto-ley 8/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, ofrece la posibilidad de prorrogar miles de contratos de alquiler que finalizan entre este año y el siguiente. En un contexto de riesgos inflacionarios por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y el Líbano, especulación inmobiliaria y más de 600.000 contratos de alquiler en riesgo de extinción, esta norma introduce una prórroga extraordinaria de dos años para los arrendamientos de vivienda habitual. Su objetivo es claro: proteger a los inquilinos y evitar desahucios masivos en un mercado donde el precio de la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para miles de familias.

¿Hasta qué punto es una medida proporcional y jurídicamente sólida?

La crisis de vivienda no es nueva y se viene agravando en los últimos años. Según el Informe de Intermón Oxfam publicado el 18 de marzo, el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. La Ley Estatal de Vivienda del año 2023 no está consiguiendo revertir la tendencia alcista y, aunque en algunos territorios que la aplican (Cataluña, País Vasco, Navarra, …) se aprecian leves mejoras, en el conjunto de España la media sigue siendo crítica con algunas zonas al borde del colapso como las islas y muchos centros urbanos. Las llamadas “renovictions” o extinciones contractuales para explotar el inmueble con elevación constante de precios se han convertido en una práctica muy extendida en un mercado de alquiler enfocado a la optimización de beneficios con clara desatención de la función social de la vivienda.

Ante este escenario, el Gobierno ha actuado con una herramienta proporcional y temporal: una prórroga que no altera el equilibrio contractual, sino que lo extiende en condiciones estables, limitando la actualización de la renta al 2% anual. El inquilino gana seguridad residencial y el arrendador mantiene un ingreso estable tal y como ya viene percibiéndolo.

Además, contempla dos excepciones claras. Por un lado, no habrá prórroga si el arrendador necesita la vivienda para sí mismo o sus familiares directos. Por otro, la prórroga deja de tener validez si ambas partes acuerdan otras condiciones o firman un nuevo contrato.

El Tribunal Supremo avala estas medidas extraordinarias, como sucedió con las prórrogas de pandemia, apoyándose precisamente en su proporcionalidad y efecto temporal mientras se aplican otras medidas para resolver el problema de fondo. Es decir, se justifica como alivio temporal para articular otras medidas desde los poderes públicos, empezando por las Comunidades Autónomas que son las competentes directas en vivienda. Así, resulta proporcionado que la ley sirva para dar un respiro a los inquilinos, sin merma en los ingresos de los caseros, mientras se avanza para garantizar el derecho a una vivienda digna, promesa constitucional largamente incumplida.

¿Cómo acogerse a la prórroga?

Si el contrato finaliza antes del 31 de diciembre de 2027, se puede solicitar la prórroga ahora mismo. No es necesario esperar a que el propietario notifique su voluntad de no renovar. Basta con enviar una solicitud por escrito (burofax). Las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda como los sindicatos de inquilinos están poniendo a disposición modelos de escrito para rellenarlos y enviar fácilmente.

Es importante hacerlo pronto ya que solo se puede solicitar la medida mientras el Real Decreto está en vigor. Junts, PP y Vox han anunciado su voto en contra en la votación que tendrá lugar dentro de pocas semanas pero el futuro no está escrito y la activación social de la creciente población inquilina en España puede hacer variar esa posición.

Una prórroga permite seguir jugando el partido. No resuelve todos los problemas pero ofrece un tiempo extra para quienes, de otro modo, se enfrentarían a desahucios o subidas de renta insostenibles.

La situación en Cañada Real Galiana es insostenible. Tras 90 días sin energía eléctrica para las más de 4.000 personas afectadas, 1.800 de ellas niños y niñas, esta semana se alcanzarán temperaturas bajo cero en la periferia de Madrid y solo acaba de entrar el invierno.

El mayor asentamiento irregular de Europa lleva enganchado a la luz desde los años 60, pero los diferentes episodios de regularización de barrios de autoconstrucción (Orcasitas, Palomeras, poblados, etc) no le han alcanzado nunca, a pesar de ir aumentando su población año tras año durante las últimas décadas, en su mayor parte familias trabajadoras migrantes sin posibilidad de acceso o directamente expulsadas del mercado de la vivienda. 

La Comunidad de Madrid es la principal responsable de garantizar unas condiciones de vida dignas para su población, en aplicación de la Ley 2/2011 de desafectación de la Cañada Real y el Pacto Regional que firmó en 2017 con los ayuntamientos de Coslada, Rivas y Madrid, y con la Delegación del Gobierno en Madrid. Este último ordena en su Anexo III la rehabilitación del suministro eléctrico. De hecho, la Comunidad de Madrid creó la figura del Comisionado de la Cañada Real Galiana, un alto cargo de la administración madrileña cuyo único cometido es hacer cumplir el Pacto Regional.

El 2 de octubre de 2020 comenzaron los cortes en el Sector 6 y el grupo Naturgy, que detenta las instalaciones y el suministro en la zona, descargó su responsabilidad en la falta de potencia de sus instalaciones que supuestamente era superada por consumos industriales de plantaciones de marihuana. Sin embargo, al cabo de tres semanas los cortes se extendieron al Sector 5 sin que hubiera causa aparente para ello. Además, el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo una investigación tras la queja interpuesta por un grupo de mujeres organizadas del Sector 6 y ha concluido que “muchas de las personas afectadas por esta prolongada privación de suministro querrían tener un contrato, pero esta opción no se les facilita, sin que a juicio de la Institución se hayan esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan”.

En este tiempo han aumentado las intervenciones por intoxicaciones respiratorias, se han deteriorado las condiciones para personas enfermas y mayores, y dos bebés han sido atendidos con síntomas de hipotermia. Las medicinas no pueden ser guardadas en frigorífico con especial daño para las personas diabéticas. Los estudiantes no pueden atender sus clases online y muchos pueden perder curso como han señalado varios directores de centros educativos de Vallecas. 

En la sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid del 10 de diciembre, la Presidenta de la Comunidad de Madrid denigró a todos los habitantes afectados insinuando que son narcotraficantes víctimas de sus propias actividades ilegales. Pretendía así ocultar su responsabilidad mediante la dudosa explicación de que el consumo eléctrico de plantaciones ilegales de marihuana desborda la capacidad técnica de la red. A pesar de tener atribuidas las competencias fundamentales sobre Cañada Real Galiana, la Comunidad de Madrid está negando el auxilio a 4.000 personas sin luz en medio de la pandemia y con su inacción culpable, está incurriendo en responsabilidades políticas y penales. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha rechazado en dos ocasiones propuestas de la oposición municipal para desplegar generadores eléctricos de emergencia ante la bajada de las temperaturas. Naturgy ni está ni se la espera, incumpliendo sus propios protocolos de Responsabilidad Social Corporativa, lo que no podría suceder sin la inacción cómplice de la Comunidad de Madrid.

Un grupo de 80 vecinos ha denunciado los hechos apreciando delitos de coacciones para expulsarles de sus viviendas, trato inhumano y degradante por la denegación de auxilio, lesiones y daños, y por la que ya se han abierto diligencias de investigación en el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid. Por su parte, asociaciones vecinales del Sector 5 y Cáritas de Madrid han solicitado la intervención a la Fiscalía General del Estado.

El día de Nochebuena, 24 de diciembre por la mañana, un grupo de niños, niñas y adolescentes dieron una rueda de prensa en la Puerta del Sol en la que explicaron que el Comité de Derechos del Niño y varios Relatores de Naciones Unidas se han dirigido al Gobierno español en reclamo de una intervención urgente que restablezca la luz y haga cumplir el Interés Superior de niños y niñas según marca nuestro ordenamiento jurídico así como evitar mayores daños a la población vulnerable de Cañada Real.

Hemos llegado a un punto insoportable de desamparo de los más vulnerables que deja en papel mojado todos los compromisos humanitarios de nuestro ordenamiento jurídico y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado. 

Una parte significativa de la sociedad clama por resolver de manera fulminante la angustiosa situación de privación de energía eléctrica a 14 kilómetros del centro de Madrid donde brillan millones de bombillas ornamentales.

En medio de este escenario y ante la dejación de funciones de las autoridades de Madrid, se vuelve necesaria una intervención de emergencia del Gobierno central, ya sea con la declaración de zona catastrófica u otra fórmula adecuada, para garantizar provisionalmente el suministro eléctrico en los hogares afectados. Existen generadores de energía móviles y medios humanos suficientes para llevarlo a cabo de forma inmediata. El aval internacional desde Naciones Unidas ya existe, así como de las instituciones nacionales de Derechos Humanos como el Defensor del Pueblo y numerosas organizaciones y colectivos sociales, tanto laicos como religiosos. Al menos 9 de de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030 están siendo incumplidos en Cañada Real como consecuencia del injustificado corte de suministro eléctrico: fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables. El marco político y jurídico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al que se remite el programa del Gobierno de Coalición permite –y exige– su puesta en acción aquí y ahora. 

Al igual que la inacción de la Comunidad de Madrid plantea un horizonte penal de prevaricación por omisión de sus deberes derivados de la Ley 2/2011 de desafectación de Cañada Real, el Pacto Regional de 2017 que obliga a garantizar el suministro de energía eléctrica, así como la obligación de proteger los Derechos Humanos, llegados a este punto tras más de 90 días en una situación límite de grave riesgo para la salud y la vida de 4.000 personas, el Gobierno de España, en caso de no intervenir, incurriría también en responsabilidad penal por los posibles daños en morbilidad y mortalidad de la población afectada.

En la Cañada Real Galiana hay vidas en juego y la respuesta no puede demorarse. A su vez, el despliegue de medios estatales debe acompañarse de requerimientos directos al resto de administraciones para que el suministro se regularice en poco tiempo con altas y contratación de la energía directamente por los habitantes, siguiendo la línea abierta por el Defensor del Pueblo y el “queremos pagar la luz” que se grita en las manifestaciones de los vecinos. Se trata de actuar ya con determinación en defensa de los Derechos Humanos para amparar a esas 4.000 personas desde un Gobierno que se dice sensible y que no quiere dejar a nadie atrás, pero también poner las bases de una mejora en las condiciones de vida del asentamiento con reparto de derechos y obligaciones para todos, empezando por las administraciones públicas madrileñas que hasta ahora, con un silencio helador, aparentan no darse por enteradas.

* El 22 de diciembre de 2020, nueve Relatores Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hicieron público una petición a España para restablecer el suministro eléctrico en Cañada Real. Además, las siguientes organizaciones e instituciones han mostrado públicamente su apoyo: Alto Comisionado Contra  la Pobreza Infantil, Equipo de Intervención en Población Excluida del CS Ensanche de Vallecas, Coordinadora de Barrios, Arzobispo de Madrid, Comisiones Obreras de Madrid, Cáritas Madrid, Save The Children, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Asociación Madrileña de Salud Pública, Marea Naranja, Arquitectura Sin Fronteras, Asociación Barró, Fundación Secretariado Gitano, Red Madrileña de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión social (EAPN Madrid), Coordinadora de Vivienda de Madrid, La Garbancita Ecológica, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES).

La vivienda se ha convertido en el primer refugio frente al coronavirus para millones de personas en todo el mundo, como acaba de recordar la relatora de Naciones Unidas para el derecho humano a una vivienda. “Frenar la curva” implica que la gente se quede en sus casas, lo que revela el vínculo entre el derecho a la vida y a la salud y el derecho a la vivienda. Las primeras viviendas, los domicilios, son en estos momentos una parte fundamental del sistema sanitario. Interdependencia de los derechos humanos.

En España, los años de especulación a gran escala sobre el ladrillo, primero con la burbuja hipotecaria y después con la burbuja de alquiler, han causado estragos mientras que las administraciones han sido en su mayoría incapaces de atender la emergencia habitacional de los últimos diez años. Ahora, los hogares que sirven para contener el virus peligran por el impago inminente de cuotas hipotecarias y rentas de alquiler.

Estos días se discuten medidas para aplicar alivios al pago de los alquileres, y los medios apuntan a una pugna entre el ministerio de Economía, inmovilista, y las demandas de otra parte del Gobierno, favorable a la intervención pública. Por el momento se ha aprobado una “moratoria” hipotecaria que tan solo desplaza la obligación de pago hacia adelante, bajo condicionantes estrictos, manteniendo intactos los derechos de cobro de las entidades financieras.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Madrid anuncia una moratoria de una mensualidad para su pequeño parque público, unas 6.000 viviendas, en una capital de más de 3 millones de habitantes. Quiere lanzar un mensaje de ayuda pero se trata tan solo del aplazamiento del pago de una mensualidad, lo cual resulta ridículo para la magnitud de la emergencia social que atravesamos. Es necesario aplicar reducciones y suspensiones de renta a todos los inquilinos de la EMVS afectados por el shock económico asociado al Covid-19, garantizando en todo caso que la renta disponible para las familias alcanza un mínimo vital imprescindible.

Además, no podemos olvidar las 1.800 viviendas de la EMVS que el Ayuntamiento vendió en 2013 a un fondo buitre (Blackstone). Se debe prestar apoyo a esas familias y requerir al fondo para aplicar también reducciones y suspensiones en la mensualidad, acordando la paralización inmediata de los procesos de desahucio que estaban en marcha para que ni ahora ni en el futuro se siga expulsando a la gente de sus casas.

Con mayor motivo todavía, estas demandas son exigibles a la Comunidad de Madrid, con un parque propio de cerca de 20.000 viviendas, más otras 3.000 cuya venta en 2013 acaba de ser anulada por los tribunales.

La vivienda pública va a ser crucial para el futuro inmediato, y no solo por el tiempo que dure el estado de Alarma puesto que los despidos, ERTES y cierres de empresas de hoy, a partir de empleos precarizados en la última década, pueden convertirse en los desahucios de mañana.

Una vez se levante la cuarentena nos despertaremos con un panorama muy sombrío, y en lo social la recuperación puede tardar meses o años. Si se pretende aliviar el período especial en el que entramos no caben trucos contables, se deben suspender los pagos de renta y de cuotas hipotecarias para todas las personas afectadas sin hacer aumentar su deuda. Pero no solo eso, si queremos contar un sistema de protección sólido de cara al futuro, con viviendas protectoras sin que nadie se quede atrás, todas las administraciones deben preparar los medios para una fuerte inversión en vivienda pública que amplíe el parque de alquiler disponible.