Cuando hablamos de niños invisibles solemos pensar en aquellos niños y niñas que nacen en países en desarrollo y que no son registrados oficialmente al nacer y, por tanto, no existen a los ojos de los Gobiernos. Estos menores suelen ser excluidos de los servicios básicos esenciales, como la atención de la salud y la educación, y son también más vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso. Desafortunadamente, no hace falta salir de nuestras fronteras para descubrir que muchos niños y niñas son también invisibles y ven vulnerados sus derechos fundamentales.

En Europa, con una población infantil del 18,3%, conviven diferentes “categorías” de menores.  Están los que tienen sus necesidades básicas cubiertas y pueden desarrollar sus proyectos vitales. También los que se van a la cama con el estómago vacío y cuyos padres no pueden permitirse pagar, por ejemplo, medicamentos esenciales. Y, por último, los menores invisibles, que ven sus derechos vulnerados tanto por acción como por omisión en nuestras sociedades, olvidando que el interés superior del menor debería prevalecer siempre como lo recoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

Los primeros, afortunadamente la gran mayoría de la población infantil europea, provienen de hogares acomodados que ofrecen entornos protectores y afectuosos y que garantizan que los niños y las niñas puedan estudiar, descansar, jugar y disfrutar de actividades culturales y artísticas, así como recibir una alimentación equilibrada. 

Los segundos provienen de hogares en riesgo de pobreza o exclusión social y están más expuestos a sufrir privaciones graves en materia de asistencia sanitaria, alimentación, vivienda y educación. Para revertir esta situación, que ha empeorado considerablemente tras la crisis de la COVID-19, alcanzando ya el 22,2% de la población infantil, la Unión Europea aprobó en marzo de 2021 la Garantía Infantil Europea, una propuesta socialista que reclama un plan de acción global con los medios humanos y financieros adecuados para luchar contra la pobreza infantil. 

Y los terceros, los que no existen, son niños y niñas sin hogar ni protección y, por tanto, particularmente vulnerables y expuestos a sufrir diversas formas extremas de violencia, abuso y explotación. 

Los menores extranjeros, tanto los refugiados como los no acompañados (MENAS), son un buen ejemplo. En innumerables ocasiones se olvida que son niños antes que extranjeros y que, independientemente de su documentación o situación legal, también les amparan todos los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Pese a que los gobiernos tienen la obligación de protegerles y garantizar el acceso a los servicios sociales básicos, las condiciones de acogida son a menudo deplorables o insuficientes y muchos de estos niños y niñas, que sufren detenciones prolongadas (con frecuencia compartiendo celdas con adultos), escapan de los centros y sobreviven en las calles sufriendo abusos y violencia. 

Además, estos menores al cumplir los 18 años se vuelven a enfrentar a un segundo abandono cuando dejan de estar bajo la tutela y la protección del Estado y pasan a estar bajo su propia suerte. Y lo que es aún peor, en muchas ocasiones sin haber recibido la documentación ni la formación necesarias para desenvolverse en el mundo de los adultos. Por ello, es frecuente que sean retornados a sus países de origen o que se vean arrastrados a un círculo vicioso de explotación y abuso al pasar a la vida adulta.  

Para evitar este drama, algunos países, como Italia, han adoptado una legislación que garantiza un período de transición de dos años que permite a estos jóvenes terminar su educación y encontrar un trabajo, regularizando así su situación. 

Si todo lo anterior no fuera suficiente, a los menores extranjeros se les utiliza frecuentemente como arma política por parte de los partidos de derecha y extrema derecha, criminalizándoles como un riesgo para la seguridad nacional de los Estados fortaleza. 

Sin ir más lejos, en España, la ultraderecha llegó a construir toda una campaña publicitaria con datos manipulados acusándoles como beneficiarios de un gasto social que se les sustraería a los ciudadanos españoles, en este caso, a los pensionistas. No podemos tolerar estas campañas cobardes de odio dirigidas a hacia un colectivo ya doblemente vulnerable como los menores extranjeros no acompañados. Tenemos que lograr que estos partidos desaparezcan de la escena política.

Por eso es necesario que las autoridades de los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil colaboren e intercambien las mejores prácticas para promover la integración e inclusión de estos menores en nuestras sociedades y garantizar una preparación adecuada ante su salida de las instituciones de acogida.

En particular, debemos destinar una atención y una protección especial a estos menores migrantes mediante una reglamentación comunitaria que cuente con los recursos adecuados y el compromiso y la solidaridad necesarios para acompañarlos en su camino de integración a la edad adulta.

También son menores invisibles aquellos niños y niñas que caen en redes de trata de seres humanos, ya sea con fines de explotación sexual, de delincuencia y mendicidad forzada, de sometimiento a matrimonios forzados, precoces y de conveniencia, así como la trata con fines de venta de bebés, extracción de órganos y de adopción ilegal. 

Desafortunadamente, es muy complejo visibilizar e identificar a estas víctimas que, en muchos casos, además, temen ser deportadas o que sus propios hijos sean utilizados a su vez por las mafias y los explotadores. Por eso, es esencial contrarrestar la cultura de la impunidad del negocio delictivo de la trata, promover un mayor acceso y ejercicio de los derechos de las víctimas y garantizar plazas suficientes en los centros de acogida o protección específicos para estas víctimas. 

Cuando los abusos también se graban y se comparten en línea, el daño se repite indefinidamente y permanece durante años. Las víctimas deben vivir sabiendo que esas imágenes que muestran los peores momentos de sus vidas se están difundiendo y que cualquier persona, incluidos sus amigos o familiares, algún día podrá verlas. En los últimos años, según la Comisión Europea, ha habido un aumento extraordinario de denuncias de abuso sexual infantil en línea en los países de la UE, convirtiéndolo en una de las principales amenazas del ciberdelito en la Unión Europea. Por ello, estamos trabajando en el Parlamento Europeo en una propuesta para combatir este fenómeno y proteger mejor a los niños cuando están en línea.

Por último, la cuestión más delicada y sensible es la que afecta a un grupo cada vez más visible: el de los menores europeos familiares de los soldados de la organización yihadista del Estado Islámico. Se trata de una problemática relativamente nueva para Europa que presenta innumerables y complejos interrogantes. 

Tras el rechazo inicial que causaban estos menores, los Estados miembros, empujados en algunos casos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han ido repatriando a cuenta gotas a centenares de menores de Siria. En el caso de España, el pasado mes de enero 13 menores procedentes de Siria llegaron al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. 

Las instituciones europeas han recordado que estos menores son víctimas inocentes y deben ser considerados como tales y no ser estigmatizados. No obstante, es evidente que estos menores deben tener un seguimiento intensivo por parte de las autoridades para ver cómo progresan en su nivel de integración, rendimiento académico e incluso en sus relaciones afectivas en función de su edad y su trayectoria personal. 

No podemos pasar por alto que a su corta edad han asistido a una realidad execrable, muy difícil de imaginar para cualquiera de nosotros, y que es esencial abortar y prevenir cualquier tipo de radicalización y proporcionarles la ayuda psicológica necesaria para superar los posibles traumas. 

Sin duda, el proceso de reinserción de estos menores junto con la protección de los menores migrantes que llegan a nuestras fronteras es uno de los mayores retos que tiene por delante los Estados miembros. 

Porque no lo olvidemos, no hay causa que merezca más prioridad y compromiso político que la visibilidad y la protección y el desarrollo de todos los niños y las niñas. Su futuro, nuestro futuro como sociedad, está en nuestras manos. Actuemos con valentía y luchemos por leyes más protectoras y por derechos más firmes para garantizar una infancia feliz y sana.

Pertenezco a una de las primeras generaciones que no ha conocido la guerra en Europa y que pensaba que esto no volvería a ocurrir; aunque ya tuvimos un primer aviso en la década de los noventa con la cruenta guerra civil que desembocó en la desintegración de la antigua Yugoslavia.

Pero hace una semana, Europa y los europeos nos despertamos con el anuncio del regreso de la guerra al continente como si se tratase de un mal sueño. No dábamos crédito a que, a tan solo a tres mil kilómetros, la distancia que separa a Madrid de Kiev, se estuviera produciendo una brutal invasión militar para controlar un país elegido democráticamente e instalar un gobierno autoritario.

La agresión rusa nos ha demostrado que la paz y la democracia hay que cuidarlas día a día. No es una banalidad afirmar que este conflicto es el mayor desafío para Europa en su conjunto y para el orden mundial desde la Segunda Guerra Mundial.

Esta escalada de violencia bien podría llevarnos a la misma situación de amenaza de guerra nuclear de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, lo que provocaría una tercera guerra mundial que acabaría con el planeta. Porque Putin, no nos engañemos, no solo aspira a controlar el territorio ucraniano, sino que es el primer paso de una persecución autocrática que aspira a anexionar muchos más territorios vecinos, a muchas más democracias. No en vano, su retórica recuerda mucho a la propaganda que utilizó Hitler para invadir Checoslovaquia.

El grueso de la Comunidad Internacional ha condenado unánimemente la acción de Rusia en contra de la legalidad internacional y ha manifestado su plena solidaridad con el pueblo y el gobierno democrático de Ucrania liderado por Zelensky. Pero en esta contienda entre democracia y autocracia, las palabras de condena deben estar respaldadas por acciones y decisiones políticas de peso. Porque lo que está en juego, más allá de la integridad territorial y la libertad en Ucrania, es la democracia en el mundo, y especialmente en Europa, y la defensa del derecho internacional y del Estado de Derecho. Y siempre velaremos porque la democracia venza.

La deriva autoritaria de Putin no es nueva. En los últimos años ha redibujado sin complejo los mapas. Ha intentado fragilizar la relación trasatlántica y ha dedicado esfuerzos y recursos para tratar de dividir a la UE con fake news y espionaje. Putin pensaba que su ataque premeditado y sin aviso previo nos iba a dividir de nuevo, pero ha provocado el efecto contrario. Europa, y sus aliados en la OTAN, están más unidos que nunca. Y, como sucedió en la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, la Unión ha sido capaz de dar una respuesta rápida, eficaz y unitaria superando algunos dogmas históricos (por ejemplo, el endeudamiento común europeo en el caso de la pandemia o el cambio de paradigma histórico en el caso de Alemania con el envío de armamento), poniendo de manifiesto que somos capaces de tomar decisiones históricas cuando trabajamos juntos.

Irónicamente, Putin ha hecho más por sumar a nuestro tradicional soft power comercial, humanitario y diplomático, un hard power con medidas coercitivas y disuasorias en el ámbito económico y militar, que cualquier esfuerzo previo en décadas. La UE ha tomado finalmente conciencia de la necesidad de desplegar un papel proactivo en la defensa de nuestras democracias liberales y ha dado el pistoletazo de salida a la construcción de una Europa geopolítica, tal y como señaló el Ato Representante de la UE, Josep Borrell, en el debate de la Eurocámara celebrado esta semana, con las contundentes sanciones aprobadas en los últimos días.

Pero Europa, fiel a sus valores de generosidad y solidaridad, debe tener la valentía de aprobar decisiones históricas para colocar en el centro de su acción y de su ayuda a las personas que están sufriendo directa o indirectamente las consecuencias de esta guerra injusta e injustificada. Primero, ayudando con material militar ofensivo y humanitario a los hombres y mujeres ucranios que han decidido luchar heroicamente para defenderse de esta salvaje agresión. España, más allá de las acciones conjuntas bajo el paraguas de la Unión Europea -con la entrega de armamento a través del Fondo Europeo para la Paz- y de la OTAN, ha enviado también material militar ofensivo y defensivo y más de 20 toneladas de ayuda humanitaria. Además, una vez más, la avalancha de solidaridad de las y los españoles en los cuatro rincones del país ha provocado que se estén sumando a esa ayuda decenas de furgonetas y camiones con dirección a Ucrania.

Pero, sobre todo, debemos estar a la altura y garantizar la protección inmediata de todas las personas que huyen de las bombas de Putin. Más de 650.000 personas, en particular mujeres y niños, ya han emprendido el camino del éxodo y en los próximos días, con el recrudecimiento de los ataques rusos, esas cifras se triplicarán previsiblemente.

El Gobierno de España ya ha subrayado su compromiso con la acogida de refugiados y también muchas ciudades y pueblos han ofrecido su hospitalidad. Pero una nueva oleada de personas refugiadas de tal magnitud, necesita de una respuesta conjunta de la UE más solidaria y coordinada de la que tuvimos en el año 2015. Y la activación de la Directiva de 2001 aprobada esta semana de protección temporal que garantizaría el asilo de los refugiados ucranianos sin necesidad de aplicar los procedimientos habituales es un paso urgente y necesario en esta dirección. Esta Directiva -que hasta hora dormía el sueño de los justos ya que no hubo acuerdo para aplicarla ni en la crisis migratoria de 2015, ni tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán- concede protección internacional de un año, prorrogable a dos, un permiso de residencia y de trabajo y acceso a la educación, la asistencia social y la atención médica necesarias.

No obstante, el éxito de la Directiva dependerá de que haya un verdadero mecanismo de reubicación solidario obligatorio entre los Estados miembros y, en particular, con aquellos países de primera línea que hasta ahora han sido insolidarios durante las previas crisis humanitarias como Polonia o Hungría. Asimismo, sería deseable que esta crisis desembocase en una nueva conciencia para aprobar un Nuevo Pacto Migratorio que tenga como eje la solidaridad entre todos los Estados miembros de la Unión y responda a las necesidades de los países de primera entrada.

Por último, no debemos olvidar a los ciudadanos y ciudadanas rusos y bielorrusos que han tenido el coraje de manifestarse en contra de la invasión y que son la voz de la mayoría, y especialmente de los jóvenes que aspiran a librarse del yugo del autoritarismo y a vivir en paz y en democracia. Porque nadie quiere que su proyecto vital se paralice por participar en una guerra y porque se merecen unos dirigentes políticos responsables.

A finales de 2019 celebramos el trigésimo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y los importantes avances que se habían logrado en las últimas décadas. Entre otros, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años había disminuido aproximadamente un 60% y la proporción de niños y niñas en edad escolar primaria que no asiste a la escuela había disminuido del 18% al 8%.

Debido a las graves consecuencias socioeconómicas y sanitarias de la pandemia de COVID-19, los avances han retrocedido drásticamente en el último año en prácticamente todos los indicadores claves sobre la infancia. Hay más niños y niñas sufriendo pobreza extrema, abusos y ansiedad y con menor acceso a la educación, la protección social y los sistemas sanitarios. Ellos son los grandes perdedores de esta pandemia y si antes la necesidad de mejorar la situación de la infancia era una prioridad, ahora es una urgencia mitigar y responder a los efectos de la pandemia.

Los niños y las niñas no son solo el futuro de la sociedad, son ante todo el presente, y no podemos tratarlos como ciudadanos de segunda. Su protección debe ocupar un lugar primordial en los esfuerzos de recuperación. Primero, porque se promueve así la justicia social y la equidad, y porque también se impulsa la capitalización de los recursos humanos y el crecimiento económico. Pero, ante todo, porque debemos evitar que sufran las peores consecuencias de la pandemia durante años y se conviertan en una generación perdida.

La semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una ambiciosa y amplia resolución, impulsada por los socialistas europeos, sobre los derechos de la infancia en la que señalamos qué objetivos queremos que incluya la nueva estrategia global sobre los derechos del niño de la Comisión, diez años después de la Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño de 2011.

En primer lugar, defendemos que el eje central de la nueva Estrategia de la UE sea la consagración del interés superior del niño y la integración de la perspectiva de género, para reforzar la protección y el empoderamiento de las niñas en todas las políticas y acciones de la Unión que afecten a la infancia. Para ello pedimos que se garantice la inversión pública en educación, sanidad, vivienda y atención a la infancia. Porque solo a través de políticas redistributivas sólidas y de la creación de una Garantía Infantil Europea (una propuesta socialista que reclama medios financieros para luchar contra la pobreza infantil y garantizar el acceso a servicios básicos) podemos erradicar la pobreza infantil y la exclusión social y consolidar el “ascensor social”, que nos ha permitido a muchos alcanzar un nivel de bienestar social mayor que el de nuestros hogares durante la infancia.

También queremos garantizar el derecho a la educación que se ha visto gravemente afectado por la COVID-19. Muchas escuelas llevan casi un año cerradas o abiertas parcialmente y al menos uno de cada tres niños en edad escolar no tuvo acceso a la educación a distancia mientras las escuelas permanecieron cerradas. Debemos mantener las escuelas en funcionamiento y tomar todas las medidas posibles para hacerlo en condiciones de seguridad porque son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas. Los menores necesitan jugar, compartir y aprender juntos para socializar y la escuela virtual nunca podrá sustituir la escuela presencial.

Además, debemos garantizar que tengan acceso a una educación de calidad inclusiva, desde la escuela primaria hasta la universidad. Por ello, y aunque la política educativa sigue siendo competencia de los Estados miembros, es necesaria una actuación conjunta de la Unión para luchar contra la brecha educativa, la brecha digital y la brecha de género.

La Estrategia también debe contemplar medidas para la protección de los niños y las niñas de cualquier tipo de violencia física, sexual, económica y psicológica y de trato discriminatorio tanto en la vida virtual como en la vida real. En particular, la protección de las niñas debe recibir una atención específica porque son ellas las principales víctimas de la violencia, la trata y la explotación, el abuso sexual y el abuso en línea. En este sentido, es necesario que se apruebe a la mayor brevedad la derogación de la Directiva de E-Privacy y que se adopte una nueva legislación que nos permita luchar con más eficacia contra este tipo de abuso.

En el ámbito de la salud, es cierto que la pandemia ha afectado menos físicamente a los menores que a los adultos, pero las secuelas del confinamiento en el hogar y de la interrupción de gran parte de los servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes ha provocado el incremento de problemas mentales (ansiedad, depresión, aislamiento...) y sus consecuencias futuras pueden ser devastadoras si no actuamos a tiempo. 

Por último, no debemos olvidar la dimensión exterior de la Estrategia, porque los datos en los países en desarrollo descubren una nueva normalidad devastadora. Según datos de UNICEF, la pobreza infantil aumentará allí en torno a un 15% y el incremento de matrimonios infantiles adicionales para sortear los efectos de la pandemia podrían anular años de avances en la reducción de esta práctica.

Urge que la UE mantenga o incremente los compromisos de ayuda exterior y se comprometa con el pleno cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención sobre los Derechos del Niño y en particular con la erradicación de todas las formas de trabajo infantil -que ha aumentado debido a la pandemia- y el uso de niños y niñas como soldados.

Además, debemos reforzar nuestras acciones para proteger a los menores migrantes y garantizar sus intereses tanto dentro como fuera de la Unión en todas las fases de los procedimientos de asilo, así como para garantizar el acceso a unas condiciones de acogida (sociales, jurídicas y médicas) adecuadas para fomentar su integración e inclusión en nuestras sociedades. En particular, los migrantes no acompañados deben tener un seguimiento específico para que no pierdan sus derechos y puedan desarrollar sus proyectos vitales una vez hayan alcanzado la edad adulta.

La COVID-19 ha provocado el cierre de las fronteras y el auge de la xenofobia y la exclusión y es necesario que se adopten medidas urgentes para concienciar sobre la importancia de cambiar las narrativas sobre la migración y luchar contra los estereotipos negativos.

Todos y todas hemos sido niños. Recordamos como queríamos ser queridos, escuchados y protegidos. Actuemos juntos con responsabilidad y ambición, desde la solidaridad y la cogobernanza e implicando a todos los actores gubernamentales y no gubernamentales para devolver en estos tiempos difíciles la esperanza a nuestros niños y niñas para que puedan seguir soñando y construir su futuro.

La crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19 se ha convertido en la protagonista casi en solitario de las portadas de los medios de comunicación en todo el mundo. La pandemia y sus consecuencias se ha situado entre las primeras, si no la primera, preocupación de la población, desplazando a otros puestos, incluso apartándolas del ranking, otras cuestiones que no hace tanto eran fuente de gran inquietud para la ciudadanía.

A finales de 2015, uno de los problemas más importantes que declaraba la población europea a través del Eurobarómetro era la gestión de la inmigración, en concreto un 36%. Desde entonces, esta preocupación ha descendido, y a finales de 2019, solo el 17% de los europeos la situaba entre los asuntos más relevantes, por debajo de otros temas como el cambio climático o el desempleo, a pesar de la explotación del tema con fines electorales por parte de las fuerzas políticas de derecha.

Por eso, los socialdemócratas defendemos que la primera batalla que tenemos que ganar es la de la percepción de la inmigración que hasta ahora ha sido superficial y negativa y manipulada por la extrema derecha. Debemos construir una nueva narrativa en clave positiva de los flujos migratorios resaltando que lejos de ser un problema o una amenaza, son, al contrario, una oportunidad y una necesidad para enriquecer a nuestra sociedad cultural, social y económicamente y para contrarrestar el envejecimiento y la despoblación que sufre el continente europeo. Y para ello, es imperativo desarrollar una inmigración valiente, por medio de vías legales, y luchar contra la inmigración ilegal y las mafias criminales mediante la cooperación con los países terceros.

La pandemia ha llevado a los países a cerrar fronteras internacionales y suspender la libertad de movimientos en la UE, llegando incluso a suspender el derecho de asilo en Grecia y a cerrar puertos en Italia y Malta temporalmente, incumpliendo el derecho internacional y el propio derecho de la UE, lo que sin duda ha logrado desplazar la gestión de los movimientos migratorios de las preocupaciones de los europeos, pero no ha borrado la necesidad de las personas de intentar alcanzar otra tierra huyendo de la guerra, del hambre y la muerte. Al contrario, esta hibernación temporal volverá a reactivarse aún con más fuerza en los próximos meses. En particular en la ruta del Mediterráneo Central, con Libia como principal puerto de salida, y en el Mediterráneo oriental en la frontera entre Turquía y Grecia, puerta de entrada para un alto número de refugiados que huyen de países en conflicto como Siria, Afganistán y Pakistán, y que se encuentran hacinados por el momento en campos de refugiados, sin la perspectiva de una vida normal, un trabajo o una educación por sus hijos y sin las medidas higiénicas y sanitarias necesarias para hacer frente al contagio de este virus mortal.

Inevitablemente, la agenda política de la UE y las prioridades de los Estados miembros se centrarán en los próximos meses en reparar, a través del Plan de Reconstrucción, los daños económicos y sociales ocasionados por la pandemia de coronavirus, activar la recuperación europea y proteger el empleo, velando porque nadie se quede atrás, especialmente los más vulnerables. No obstante, estos objetivos deben ser compatibles con la puesta en marcha de las orientaciones políticas que la Comisión Europea se ha fijado para los próximos cinco años y, en particular, con la puesta en marcha de una verdadera política común de asilo y migración de la Unión.

Se trata de una tarea estratégica pendiente y la Unión Europa no puede mirar a otro lado, porque es su obligación y porque necesita de esas personas con las que hemos construido y seguiremos construyendo este proyecto. Porque esta pandemia, que se dice que ha sacado lo peor y lo mejor del ser humano, nos ha dejado una fotografía que muestra una de las caras más positivas: la de inmigrantes desempeñando tareas esenciales, como servicios sanitarios, reparto de comida o labores agrícolas. Ellos y ellas son esenciales para la recuperación de Europa.

Este mes de junio la Comisión Europea tiene previsto anunciar un nuevo Pacto de Migración y Asilo, que según ha avanzado el comisario Margaritis Schinas, responsable de Inmigración, se sustenta en tres ejes: relaciones sólidas con los países de origen, el control de las fronteras externas y la solidaridad entre los Estados miembros. Sin duda, se trata de un paso en la buena dirección después de varios años de estancamiento en las negociaciones de las reformas migratorias pendientes y de incumplimiento por parte de muchos Estados miembros del derecho internacional humanitario y el derecho europeo. El temor es que, una vez más, se priorice una estrategia securitaria centrada en políticas de contención y no en una respuesta solidaria y coordinada que anticipe soluciones a posibles crisis futuras.

Necesitamos que las prioridades se centren en la protección de las fronteras exteriores, pero desde un nuevo enfoque más sostenible con el fin de coordinar y mejorar mediante un mecanismo europeo las operaciones de búsqueda y salvamento de migrantes en el mar Mediterráneo y su desembarco en un lugar seguro, tal como se define en el derecho internacional y de la Unión.

También es necesario afianzar las vías de migración legales para permitir que las personas lleguen a Europa de manera segura y crear nuevas vías de entrada tanto para trabajadores cualificados (revisión de la Directiva de la Tarjeta Azul) como para los no cualificados, así como reforzar las políticas de cooperación con los países de origen para promover la migración circular, y por ende el vínculo entre migración y desarrollo.

Pero, ante todo, defendemos el fortalecimiento de los instrumentos de protección internacional, como los visados humanitarios y los programas de reasentamiento para solicitantes de asilo. En este sentido, el relanzamiento de la revisión del Reglamento de Dublín debe ser prioritario e incluir un mecanismo obligatorio para la reubicación basado en la solidaridad real entre los Estados miembros y en una fuerte política de integración e inclusión, que les permita contribuir a la vida social y económica de las comunidades que los acogen. En particular, debemos destinar una atención y una protección especial a los menores no acompañados, cuya llegada sigue aumentando, mediante una reglamentación comunitaria que cuente con los recursos adecuados y el compromiso y la solidaridad necesarios.

A la Unión Europea no le quedan más oportunidades, tiene que demostrar que los valores de respeto a los derechos humanos, justicia y solidaridad sobre los que nació siguen vigentes. Después de 70 años, este también es un momento extremo, y es ahora cuando la Unión tiene que mostrar su auténtica naturaleza haciendo frente a gobiernos de extrema derecha que han aprovechado esta crisis para avivar actitudes hostiles hacia la migración. Debemos aprovechar este momento y, con la misma conciencia y valentía, construir una verdadera política europea de migración y asilo que garantice a las personas de terceros países que deseen retomar su vida en la UE una vía legal para hacerlo y que luche contra las redes de las mafias criminales que operan en el mar Mediterráneo, robándoles los sueños y en muchos casos la vida. Este nuevo Pacto de Migración y Asilo anunciado por la Comisión Europea será una oportunidad para avanzar en materia migratoria e impulsar la migración legal y segura. Es una nueva oportunidad que no podemos dejarla escapar. Actuemos con valentía política.

Hace tan solo unas semanas no podía ni imaginar que hoy, cada tarde, a las 20 h. saldría a mi balcón a aplaudir al personal sanitario en agradecimiento por su combate sin descanso contra una pandemia mundial; aplaudiendo también a todos los ciudadanos y ciudadanas que continúan trabajando para que, en la medida de lo posible, la vida siga su curso, haciéndonosla más fácil a los demás.

De un día para otro, de forma insólita, nuestros planes, como los de todo el mundo, se han cancelado. En una sociedad tan predispuesta a mirar al futuro, lidiar con la incertidumbre es complicado, y por eso mismo debemos identificar certezas sobre las que elaborar nuestra respuesta. A mí se me ocurren algunas.

La primera, que la emergencia sanitaria va a pasar. Durará todavía semanas, probablemente, meses, pero al final pasará, y volveremos a salir a la calle con normalidad. De eso estoy seguro. Quiero pensar que entonces miraremos el mundo de otra manera. Y eso me lleva a una segunda certidumbre: esta crisis, sanitaria, económica, esta crisis total, nos cambiará. Una situación tan anómala, que transforma nuestras vidas de una forma tan drástica, tendrá sin duda consecuencias en nuestra forma de vivir, de relacionarnos, en nuestra visión del mundo. Quiero pensar que aprenderemos a reconocer lo esencial, a valorar hechos cotidianos como movernos en libertad, transitar calles y atravesar países, acudir a nuestros trabajos y quedar con amigos. Y valorar lo importante que es hablar y abrazar sin que se interponga el whatsapp.

No solo cambiaremos en lo personal, también debe cambiar la política, y más que nunca ponerse exclusivamente al servicio de los ciudadanos y de sus vidas. En una situación como esta, todas las personas, sin excepción, volvemos la mirada a lo público. Nadie, ni siquiera los predicadores neoliberales, piensan ahora que la iniciativa privada vaya a resolver esta crisis. Y basta con que estos especuladores sin escrúpulos dejen de pensar en sacar tajada para ir avanzando en la buena dirección.

Necesitamos un sector público fuerte, y ahora, más que nunca, vemos que lo imprescindible es un sistema de salud que responda a las necesidades de la ciudadanía y atienda por igual a todas las personas que lo necesiten. Tenemos que invertir en él, no privatizar ni hacer una salud solo para quien pueda pagarla. España es un ejemplo de lo que se debe hacer, con una sanidad universal de calidad y gratuita, recuperada, no olvidemos, gracias al Gobierno socialista, que constituye una de nuestras grandes conquistas, por más que a algunos les cueste reconocerlo; con profesionales competentes y responsables, que trabajan cada día para salvar vidas y que no merecen ni recortes ni precariedad, sino respeto y agradecimiento, como estamos viendo ahora con los homenajes diarios desde los balcones. Esta crisis tiene que servir, como decía, para que todos y todas aprendamos a reconocer lo esencial, a cuidarlo y fortalecerlo cuanto sea posible.

Si la primera urgencia es la salud, la siguiente es la economía, una economía al servicio de la ciudadanía y no al revés. Y tampoco en este campo nadie espera que la iniciativa privada, los mercados, vayan a resolver la papeleta. Esta emergencia solo la puede gestionar un gobierno tomando decisiones, o mejor dicho, muchos gobiernos trabajando en la misma dirección. Por eso esperamos tanto de la Unión Europea. Es imprescindible que ponga todas sus herramientas para coordinar, en primer lugar, la estrategia contra la emergencia sanitaria, la compra de material médico y la investigación de tratamientos y vacunas. Ya lo está haciendo. Pero además, y sobre todo, debe dar una respuesta contundente a la recesión económica que se avecina para que no sean las personas más vulnerables las que sufran las peores consecuencias.

Resulta alentador que los responsables políticos nos garanticen que harán todo lo necesario para combatir la crisis. Los anuncios hechos esta semana por el Banco Central Europeo, la Comisión y el Eurogrupo van en la dirección correcta para inyectar liquidez a los mercados, flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, estimular la economía y evitar que se dispare la prima de riesgo. Medidas valientes y responsables que han tenido ya su reflejo en los datos económicos. Pero los socialistas creemos que se puede hacer todavía más. Reclamamos un Plan de Recuperación Económica, un 'Plan Marshall', como ha reclamado Pedro Sánchez, que movilice y coordine todos los instrumentos de la Unión Europea y lance un gran programa de inversiones públicas para ayudar a los trabajadores y a las empresas, y pedimos que se active el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que emita títulos de deuda europea, coronabonos, con el respaldo de todos los Estados miembros. La Unión Europea tiene la ocasión de mostrar ahora de una forma muy tangible por qué es necesaria, por qué la unión nos da una fuerza imprescindible frente a un reto como el que tenemos por delante.

A mí me gusta pensar que cuando esto acabe, que acabará, habremos vencido los recelos de los escépticos, y tendremos a unos gobiernos más convencidos de que la UE es un valor que debemos cuidar. Hace tan solo unas semanas, igual que en el ámbito personal, también en el político hacíamos planes: hablábamos del presupuesto a largo plazo, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Pacto Verde, el reto migratorio, el Pilar Social, decisiones fundamentales para nuestro futuro, que ahora dejan el protagonismo a lo más urgente. Quiero pensar, y ojalá no me equivoque, que a la vuelta de todo esto, la Unión Europea habrá hecho lo necesario para que los reticentes vean de forma nítida que necesitamos avanzar, es decir, dotarnos de un presupuesto adecuado, construir la arquitectura institucional necesaria y profundizar en lo que nos une, porque solo unidos podremos superar esta crisis y seguir avanzando en la construcción del proyecto europeo. Quiero pensar también que habrá una nueva conciencia que vea en lo público la respuesta lógica de una sociedad que se organiza y cuida de los y las más vulnerables. Eso sí nos hará más fuertes, y con esperanza, ilusión y valentía política lo lograremos.