Por todo el mundo, y como no podía ser de otra manera, se están publicando libros y artículos y se están poniendo en marcha comités de expertos, la mayoría con la “o” del masculino, para pensar en la salida de la crisis, en el mundo post-COVID-19. Muchos parlamentos y gobiernos han puesto en marcha estas comisiones o comités, sabedores de que esta crisis no es solo un mal momento coyuntural que hay que pasar lo antes posible, sino un verdadero toque de atención para hacer las cosas de otra manera. Una reflexión que también están haciendo las empresas y los  think tanks  a los que financian, y por supuesto las élites financieras que controlan gran parte de nuestras vidas.

Pero todas esas reflexiones no tendrán el alcance necesario si no van acompañadas de las que hemos de realizar las personas a título personal para reactivar y reinventar, también nosotras y nosotros, los valores que asumimos, los principios éticos que nos guían, nuestra posición en el mundo o la forma en que nos relacionamos con los demás y con la naturaleza. Es decir, si en lugar de asumir lo que nos digan, asumimos un compromiso personal efectivo para hacer que lo que hacemos por nuestra cuenta y lo que hacemos por los demás y por la sociedad en su conjunto sea distinto a lo que venimos haciendo. Porque nuestro comportamiento individual en todos estos últimos años, por acción u omisión, también tiene que ver con lo que nos viene sucediendo.

Desgraciadamente, lo que suele ocurrir cuando se habla de pacto ciudadano, de pacto social o de pacto verde, es que las y los ciudadanos apenas nos sintamos concernidos, limitándonos a ser sujetos pasivos, meros destinatarios sin respuesta de las políticas, restricciones, derechos u obligaciones que asumimos como condiciones cuasi naturales, como condiciones que nos vienen dadas. Si esto no cambia, si no modificamos nuestra subjetividad, nuestras condiciones y compromisos personales, no habrá pacto social capaz de resolver esta espiral de crisis sobre la que cabalgamos en los últimos decenios de dominio neoliberal: cuando no ecológica, de cuidados, sanitaria, económica, de las instituciones o la democracia...

En contra de lo que se ha querido hacer creer, el neoliberalismo no ha sido simplemente una mera modalidad de las políticas económicas. Ya Foucault comenzó a mostrar, incluso antes de que se convirtiera en políticas efectivamente aplicadas, que era algo más relevante que un modo de producción o incluso una apuesta política de largo alcance: comportaba un proceso de transformación radical de lo subjetivo que se sostenía, al mismo tiempo y como encima de una especie de trípode, sobre una nueva y revolucionaria versión de la economía, del ejercicio del poder y de las vivencias de los sujetos.

Margaret Thatcher lo expresó con extraordinaria precisión y claridad cuando dijo aquello de que lo prioritario no era la economía, sino cambiar el alma, el corazón de las personas. Ella sabía que la revolución tecnológica permitiría un nuevo modo de producir y consumir y que el ejercicio del poder que se proponía iba a permitir cambiar las prioridades de la política económica, para dar privilegio a la iniciativa privada y al mercado, para desmantelar el Estado protector y para liberar a la gran empresa de la pesada carga fiscal que le imponía, para crear el nuevo universo de lo monetario y las finanzas como espacio del beneficio y, en fin, para proporcionar al capital la mayor libertad posible de movimientos mientras que se ataba en corto a las clases trabajadoras y a sus instrumentos de defensa, los sindicatos. Pero sabía también y de ahí esa frase, que nada de eso sería posible si no se cambiaban los valores, los incentivos, las aspiraciones, la ética, el modo de pensar, de actuar, de protegerse y de legitimar el orden establecido de todos los individuos.

Lo consiguieron creando un nuevo tipo de sujeto ensimismado, que no proyecta sobre sí una aspiración ni un horizonte que no sean los suyos propios, los que se dibujan a exclusiva imagen y solo en semejanza consigo mismo, que valora sobre todo el diferenciarse de los demás, el sentirse distinto y, por tanto, que vive y actúa como un átomo aparte de los demás seres humanos, a quienes, en consecuencia, cree que no los necesita. La falacia de la individualidad que tan bien ha desarrollado un modelo de conocimiento androcéntrico.

Se consiguió forjar el cambio de mentalidad que se necesitaba para que fuese posible extender la producción que ofrece productos (real o incluso tan solo aparentemente) diferenciados y que nos define como personas a través de lo que consumimos; el consumo a la medida de cada uno, envuelto en apariencias singularizadoras. Pero también para sostener (legitimar) la nueva presencia social de un sistema capitalista que iba a poder dejar de ser protector, pactista, satisfactorio en la medida en que satisface el consumo se masas, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, la estabilidad en la fábrica y la “quietud” que en el hogar proporcionaban las mujeres dedicadas “a sus labores”; para que se pudiera aceptar y legitimar de manera cómplice y entusiasta un estado y un sistema cada día más objetivamente insatisfactorio, por desigual e inestable.

En las condiciones normales del neoliberalismo rampante es muy difícil que una lógica civilizatoria de esa naturaleza no ya se disipe sino incluso que se dejen notar las vías de agua. Y, cuando la situación a veces cruje sin remedio, la comunicación social controlada desde los oligopolios informativos, o la hegemonía del pensamiento que se ha venido cultivando en los últimos cuarenta años en las instituciones educativas y centros de investigación social, o más tarde y directamente la mentira, las fake news de nuestros días, hacen prácticamente imposible que se venga abajo el velo que tapa las vergüenzas que hay debajo del neoliberalismo.

La crisis que ha provocado la COVID-19 es otra cosa. De pronto, el velo ha caído y ha quedado a la vista la realidad tal cual es.

Los mercados se han distorsionado enormemente como no lo habían hecho en un siglo generando una incertidumbre paralizadora y miedo, ese miedo que odia el capitalismo porque genera pánico, y la irracionalidad de los mercados. Ante el miedo y la amenaza del pánico, y de los miles de muertos sobre la mesa cada día, las élites que nos gobiernan han recibido una enorme bofetada que les ha hecho reaccionar, aunque aún no sabemos muy bien en qué dirección.

La sociedad ha tenido que movilizarse para coser mascarillas que no llegaban, distribuir a los hospitales equipos hechos con bolsas de plástico inútiles para que los médicos y enfermeras se enfrentaran a lo que se les venía encima, una sociedad que para espantar sus miedos se ha convocado ella solita cada día a las 20h para darse ánimos. Alumnos confinados que quedaban solos con el apoyo de sus familias y sus profesores para darles ánimos y decirles que aquí no pasaba nada. Una sociedad que a pesar de haber sido empujada durante décadas a no comportarse como sociedad y a la infantilización, se ha mantenido fuerte estos dos meses y medio, en buena medida porque aún no se han desmantelado del todo, los pilares del Estado de bienestar y los resortes democráticos que hemos venido construyendo en el último medio siglo en un contexto de privatizaciones y lógicas individualistas.

Lo público, lo privado y las redes ciudadanas y familiares han apoyado, como han podido, para reducir los contagios y la mortalidad, y para frenar la recesión económica que ya tenemos encima. El cuidado y lo que hasta ahora no había valido nada -bien lo sabemos las mujeres-, ha pasado a primer término, el universo de la mercancía ha perdido su prioridad, y se precisa un intercambio basado en la cooperación y en la solidaridad. El hogar, donde el egoísmo del homo economicus actúa como mecanismo destructor de la convivencia y del amor, ha pasado a ser el espacio de nuestra supervivencia. Aunque ha subido la compra online en el confinamiento, ha aumentado mucho más el ahorro o la petición de ayuda para garantizar la supervivencia. La familia, los paisanos, las redes de solidaridad, son el centro vital estos meses. La naturaleza aflora ante nosotros liberada de la agresión diaria a la que le somete nuestra actividad ahora detenida. Por esto que hemos de tomar distancia no entre nosotros, sino ante el relato que nos había venido contando hasta ahora de que somos seres egoístas que solo buscamos el interés individual.

Inconscientemente, sin necesidad siquiera de que haya que hacer un planteamiento expreso sobre ello, los individuos se contemplan en el espejo de otro modo, o como seres a los que incomoda o incluso agrede la realidad de fuera.No queremos decir que eso se produzca en todas y cada una de las personas. Nos referimos a que de manera generalizada ha brotado la idea de que hay que reinventar todo, sin que nadie dé la orden y en todos los ámbitos de la vida social, no solo de las empresas. Hay que consumir de otro modo, viajar con otros criterios, habitar espacios diferentes, la tecnología está aquí para ayudarnos pero todo dependerá de quién y cómo se diseñe y se controle. El mundo va a cambiar y ese cambio no es otro que el cambio de comportamiento y de ser de los individuos que debemos cambiar nuestra realidad propia pero también involucrarnos en la gestión de la común, para que otros no lo hagan por nosotros.

Lógicamente, esto no es ni va a ser resultado ni de un decreto ni de una iniciativa individual generalizada y ni siquiera sabemos si realmente podrá llevarse a cabo. Todavía tenemos opciones para consumirnos en el caos. Pero hemos visto de cerca, y algunos han caído, en el borde del abismo. El abismo de la pobreza, de la soledad, de la pérdida de empleo, el cierre del negocio. Lo vemos en la calle, y algo en los medios de comunicación, aunque no lo suficiente. Los reporteros de guerra españoles hace poco han confesado que se les ha prohibido hacer estos meses en España lo que se esperaba de ellos en las guerras a las que sus medios les enviaban, para informarnos de la realidad. Estos reporteros han dicho, públicamente, que las imágenes que nos están pasando los medios de comunicación se han edulcorado, con imágenes positivas, imágenes de curados, bandas sonoras de culebrón de la tarde. Sabemos por redes sociales que nuestros sanitarios agradecen los aplausos, pero lo que quieren es más personal, mejores condiciones de trabajo, y recuperar plantillas.

El caos está a la vuelta de la esquina. Sabemos que habrá rebrotes aunque no sabemos dónde ni su intensidad. Sabemos que nos vamos a endeudar a niveles históricos para que el gobierno intente apoyar a los que menos ingresos tienen en este país, y evitar hambre y miseria que existían en España hace un siglo, y reflotar la actividad económica pero hacerla con dirección a la transición ecológica. Pero para que esas medidas tengan efecto, todos tenemos que cambiar también nuestros comportamientos y subjetividades, revolvernos ante ese relato que nos han contado tantas veces que no lo cuestionamos, ese que dice que somos seres independientes, que buscamos nuestro interés individual en un sálvese quien pueda constante.

Christian Laval describió al sujeto neoliberal como un ser hiperactivo y ultra-reactivo, conminado a responder lo más rápidamente como consumidor a los cambios de los mercados y las modas sin pensar en qué condiciones se producen y se distribuyen esos productos, ni que modelos de trabajo se desarrollan y si promocionamos las mismas esclavitudes que denunciamos en los sectores en los que nosotros somos los productores. Un sujeto sometido como trabajador al ritmo de la producción y la financierización de la economía que imponen lógicas sin escala humana y vinculadas a decisiones tomadas por unos algoritmos despojados de cualquier responsabilidad. Individuos a los que se espera se den sin restricción al trabajo y que busquen al mismo tiempo hacerse bien y darse placer, confundiendo los deseos con los derechos como por ejemplo se hace con el fomento de los vientres de alquiler disfrazándolos de derecho a la maternidad o paternidad.

En los últimos años, este individuo se confundió con las redes y se exhibió en ellas como espectáculo para él mismo, midiendo su éxito o fracaso a golpe de likes y retuits, en una especie de distopía generalizada de las que nos narran las series de éxito en televisión, como Black Mirror. Todo ello, en una carrera rápida, individual e individualista de la que quedan excluidas muchas personas, para empezar todas aquellas con responsabilidades de cuidado que son una mayoría de mujeres en el mundo, o quienes no tienen acceso a las tecnologías, el empleo, al conocimiento o los recursos que les permitan participar.

En el ámbito económico y laboral eso se tradujo en la fabulación del hombre-empresa, del sujeto que se hace y se proporciona ingresos a sí mismo, aunque en realidad solo está desconectado de los demás y de las empresas porque han desaparecido las normas protectoras del Derecho del trabajo. En el ámbito personal, lo conseguido es un sujeto básicamente urbano, aislado, autoengañado y, en el peor de los casos, cargado de una incomprensión hacia los demás, hacia lo que está fuera de sí, que lo hace extremadamente propenso al odio y la intolerancia, a la antítesis del bien común.

La COVID-19 nos obliga a enfrentarnos con nuestro ADN civilizatorio, con los valores que nos mueven y con los puentes que hemos generado con la realidad que nos rodea. Obliga a un ejercicio colectivo y personal de reflexión, de introspección y de acción colectiva. Pero nada nos asegura que eso vaya a ser posible, que pueda llevarse a cabo una deliberación sosegada y humanizada, con cordura.

Ahora iniciamos la llamada desescalada, y con ella se abre la olla a presión del confinamiento iniciado hace dos meses. Jóvenes que estuvieron sin botellón y sin ver a sus grupos de amigos que se reencuentran sin mascarillas ni distancia de seguridad. Deportistas que salen en estampida de sus casas con todo el equipo excepto la mascarilla y todos corriendo o en bici por las mismas avenidas, sin distancia de seguridad con los peatones.

Familiares que no se veían y que se reencuentran olvidando también las distancias. Políticos que han estado sin el habitual juego de fuerzas políticas en ayuntamientos, gobiernos autonómicos, o en el Congreso, que han salido también a sacarse selfis, fotos de grupo abrazados, montar caceroladas o bocinazos en las calles. Estos grupos van a aumentar, sin respetar las distancias de seguridad que el resto respetamos. Debería darnos qué pensar la portada de hoy del New York Times en la que toman portada no la foto de nadie o de su bandera, sino los nombres de los casi 100.000 fallecidos que ha habido en los Estados Unidos. Esa realidad es la que tenemos que mirar cara a cara y repensar que podemos hacer desde cada uno de nosotros.

No es suficiente con envolvernos en unas banderas diciendo que representamos la patria de todos, que no es la patria real. Difícilmente podremos construir la sociedad postCOVID que necesitamos con tanto egoísmo, mientras que no se entienda que la patria no son las banderas, por importante que sean los símbolos, sino pagar los impuestos que nos permitan tener una sanidad, educación, pensiones, sistemas de cuidado y servicios ciudadanos y una administración democrática que nos permita involucrarnos en el gobierno de lo común y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas democráticos y por supuesto, respetando a quienes piensen de manera distinta a nosotros. 

si dejamos de creernos átomos, seres individualistas y egoístas que practican el sálvese quien pueda o, peor aún, el sálvese tan solo quien sea como yo, podremos construir una nueva subjetividad y sin ella será imposible que salgamos del caos que se adueñaría de un mundo post-COVID si no modificamos el relato y las actuaciones que han hecho de un simple virus una amenaza global. Si no es así solo se salvarán como en las películas de ciencia ficción ese 0.1% de mega millonarios que saldrán en arcas o naves espaciales para salvarse del colapso que ellos mismos han provocado y nosotros consentido.

Si no damos un cambio de timón profundo y radical difícilmente podremos escaparnos de esa distopía. Las élites lo saben y por eso están comprando nacionalidades de distintos países para tener la posibilidad de escaparse de los efectos de las crisis o de las reformas que necesitamos, incluidas las fiscales. Por tanto, más allá del pacto ciudadano que tenemos que desarrollar para realizar una transformación post-COVID verde, feminista e inclusiva que soporte los servicios públicos y el gobierno de lo común, necesitamos un pacto con nosotros mismos, porque también somos responsables de ese mundo post-COVID.

Las políticas erráticas o los errores de las élites que controlan las instituciones de un territorio pueden dar al traste con el desarrollo económico que un país ha acumulado durante siglos. Y lo contrario también puede ser cierto, aunque no abunda en la Historia reciente del mundo contemporáneo: las políticas acertadas, la complicidad de las élites con su comunidad y la visión a largo plazo de las instituciones de un país sobre asuntos estratégicos que afectan a la economía y al bienestar pueden determinar largas etapas de prosperidad y bienestar. No lo inventamos nosotras, lo dijo con gran contundencia uno de los economistas más influyentes del siglo XX, Angus Maddison. Maddison estudió, en el Development Center de la OCDE en la década de 1960, las fuerzas profundas que explicaban la existencia de países económicamente más desarrollados y de otros más pobres. Advirtió que esas fuerzas eran de largo plazo y tenían mucho que ver con las ideologías, la religión, el colonialismo, las élites locales y la calidad de las instituciones.

Las instituciones son, fundamentalmente, organizaciones estables que aglutinan grupos de interés de muy diverso ámbito, desde el financiero al político, empresarial, sindical, cultural, profesional, educativo, sanitario, militar, deportivo o religioso. A menudo pensamos que las instituciones son solo aquéllas que tienen influencia directa en la creación y ejecución de políticas económicas y sociales. Alexander Gerschenkron, por ejemplo, estaba convencido hace ya cinco décadas de que las instituciones clave para acelerar el desarrollo en países atrasados eran el Estado y la Banca. Muchos pensadores socialistas y economistas de economías emergentes siguen pensando que las instituciones responsables del desarrollo son las que ostentan el máximo poder político y financiero. Sin embargo, los graves errores de previsión económica de economistas y políticos durante las últimas décadas han puesto en cuestión que éstos dos sean los agentes institucionales capaces de alcanzar realmente el bienestar a largo plazo, más allá de conseguir periodos de crecimiento económico y, en particular, industrial más o menos significativos, cuyo impacto medioambiental negativo es hoy día altamente criticado. De hecho, las instituciones financieras que dieron origen a la crisis de 2008, todas ellas demasiado grandes y demasiado apalancadas, siguen en pie, siguen siendo demasiado grandes, y siguen diversificando en exceso su actividad, controlando y financiarizando cada vez más aspectos de la llamada economía productiva. De hecho, cabría preguntarse, tal y como hace Nial Ferguson en La gran degeneración. Cómo decaen las instituciones y mueren las economías, por qué resulta cien veces más caro sacar un nuevo medicamento al mercado que hace sesenta años. Un ejemplo ilustrativo en estos tiempos de pandemia y confinamiento.

Por otra parte, los teóricos de la empresa que, como Alfred D. Chandler Jr., han puesto en valor la mano visible de la dirección gerencial profesional en el crecimiento económico e industrial desde hace un siglo, de algún modo han interpretado también desde un trasfondo neoliberal que los modernos directores de empresa actúan en función de una lógica interna derivada de los cambios tecnológicos, la demanda y la oferta, prácticamente al margen de cualquier cambio externo institucional. Quizás Chandler llegó a esa conclusión porque pensaba en las empresas norteamericanas y en el laissez-faire de los agentes económicos, que supuestamente actúan libremente, sin conexión alguna con la política. Sin embargo, cada vez encontramos más casos (véase el caso Odebrecht en América Latina, o la trama Gürtel y el caso Palau de la Música en España), así como trabajos académicos para diversos países (por ejemplo, los de William Baumol, Randall Morck, Tarun Khanna o Hartmut Berghoff), que señalan cómo, a menudo, los empresarios en economías emergentes, pero también en economías muy desarrolladas como la alemana y la española, las grandes corporaciones y sus directivos profesionales, y por supuesto los miembros de las élites, entran en colusión con las instituciones políticas y económicas, sociales y culturales, para desarrollar prácticas corruptas y ganar importantes concursos o jugosas comisiones, que evidentemente van a parar a cuentas privadas. Es lo que economistas como Paul Krugman han denominado “capitalismo de amiguetes”.

La realidad es que existen diferencias muy grandes entre países y también entre momentos históricos en cuanto a los sectores que actúan como motores del cambio y la especialización de cada economía. Los sectores más sensibles a la regulación tienen más incentivos para capturar los espacios de toma de decisión política, ya sea a través de la corrupción, las puertas giratorias y la labor de los lobbies o mediante formas de influencia más sutiles, como la financiación de equipos de investigación en universidades o fundaciones que acaban defendiendo “científicamente” sus argumentos. Cuántas veces hemos oído a economistas españoles afirmar que las pensiones se agotaban, y eran economistas financiados por los grandes bancos interesados en promover las pensiones privadas, precisamente aquéllos que han tenido, y siguen teniendo, más voz en los medios de comunicación, muchos de ellos también gregarios de esos mismos intereses.

Los países con democracias más consolidadas tienen instituciones más orientadas a la rendición de cuentas y el control ciudadano de la toma de decisiones políticas, además de mayores recursos para ponerlas en marcha. En otros países, la herencia de periodos dictatoriales o regímenes totalitarios impone una dependencia de la senda de las instituciones, que sin embargo no siempre se someten al control parlamentario o ciudadano, o que, cuando lo hacen, no siempre actúan en consecuencia con lo puesto de manifiesto en los procesos de control. Y es que esa dependencia de la senda y esa inercia son más determinantes de lo que pueda parecer. Solo la herencia franquista de una clase empresarial rentista y el ejercicio del poder omnívoro de la banca española pueden explicar el rasgo diferencial de una parte importante de la clase empresarial y financiera española en democracia y la extensión de la corrupción política. Porque no hay que olvidar nunca que la corrupción se da porque existe un corrupto, pero también un corruptor.

Afortunadamente, los casos de corrupción son muy notorios, pero el morbo no debe hacer perder de vista que la mayoría de las personas que se dedican a la política lo hacen con vocación de servicio público y que la mayor parte de la actividad económica de un país la realizan las pymes y los autónomos y, en muchos países, también los trabajadores informales no registrados ni controlados por las Haciendas de cada territorio. Las instituciones que importan no son sólo las que toleran o caen en las redes de los corruptos, que suelen ser una minoría, aunque muy visible. Las instituciones son sobre todo las encargadas de cuidar a la ciudadanía y a todos los agentes económicos, especialmente los pequeños y medianos y también aquéllos que, por culpa de los obstáculos y las inercias, no son tenidos en cuenta por las instituciones, como las mujeres que cuidan a personas dependientes en el ámbito del hogar o las que apoyan empresas familiares sin sueldo ni contrato. Y en los últimos tiempos, a raíz de la revolución digital y del desarrollo de la llamada “economía colaborativa”, han surgido nuevas figuras que también han de ser consideradas como prosumidores o microemprendedores: son los freelance, cuya expansión está vinculada a la existencia de una oferta flexible y siempre adaptada a los requerimientos puntuales de la demanda, que incluyen la ultraflexibilidad y un trabajo contingente que se puede realizar en cualquier lugar y a cualquier hora.

Las personas expertas en economía o historia, los gobiernos nacionales y los organismos internacionales tienen muy distintas perspectivas y se enzarzan en arduos debates sobre cuáles son las instituciones que garantizan el bienestar de la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos en cada momento histórico. Pero todos están de acuerdo en que las instituciones tienen un papel muy influyente y una responsabilidad histórica en la evolución a largo plazo del bienestar de amplias capas de la población. En las dictaduras, las instituciones están al servicio de unas élites que las utilizan de manera patrimonial, aunque el uso de la propaganda y el control ejercido sobre la ciudadanía les permita crear la falacia de que su labor está al servicio del pueblo. En las dictaduras vinculadas a las economías planificadas del comunismo de estado, las instituciones deben anteponer el interés general sobre el individual, pero ese interés general es interpretado exclusivamente por los miembros de un único partido fuera del cual no existe capacidad de influir en las políticas de las instituciones del país.

En los países democráticos, las instituciones, particularmente las políticas, deben ajustarse al espíritu de Montesquieu sobre el equilibrio de poderes y el respeto a las minorías, evitando, mediante el libre juego de fuerzas políticas y el relevo en el poder a través de elecciones, que éstas impongan su dictadura a las mayorías. En el mundo liberal que nació en el Reino Unido hace tres siglos, inspirado por la obra de los defensores del derecho a la propiedad y el laissez-faire de los agentes económicos, John Locke o Adam Smith entre otros, y que en la actualidad sobrevive reformulado como neoliberalismo, las instituciones deben proteger los derechos individuales y la libre competencia, manteniendo al mínimo la intervención de las instituciones en las acciones y decisiones de los ciudadanos. En algunas variedades del capitalismo, como las desarrolladas en Alemania, Japón, Corea del Sur, Holanda o los países escandinavos, las fuerzas económicas y las instituciones cooperan y mantienen relaciones horizontales.

A pesar de las diferencias que existen a lo largo y ancho del globo, es necesario que nos preguntemos cuál es el papel que juegan o deben jugar las instituciones frente a una economía globalizada donde la tecnología no entiende de fronteras y donde el multilateralismo y la gobernanza política internacional están siendo claramente desafiados. Nos hallamos en una era de cambios exponenciales que precisan de instituciones que gobiernen para el bien común. Y para ello debemos repensar las instituciones multilaterales, con el fin de garantizar la paz en todos los territorios y no sólo en unos pocos, y evitar que la ley del más fuerte se imponga en todo tipo de relaciones internacionales. Pero también debemos repensar las instituciones más cercanas, las locales, regionales, nacionales y supranacionales, entendiendo que las funciones institucionales no muestran un mapa de formas institucionales únicas. La historia, la realidad de cada país, los pactos ciudadanos a los que puedan llegarse y los equilibrios de poder determinarán, más que cualquier teoría, los distintos resultados.

Las instituciones son clave para nosotros como ciudadanas y ciudadanos. La ciudadanía depende enormemente de las instituciones, sean formales o informales, porque son fuente de recursos y porque esperamos que haya ciertas normas explícitas o implícitas que nos permitan acceder a dichos recursos para nuestra vida diaria y, sobre todo, para situaciones de necesidad. Los autónomos y desempleados esperan ayudas del Estado en plena pandemia. Los empresarios turísticos esperan que las instituciones españolas, europeas y mundiales rebajen las restricciones con el fin de estimular la movilidad del turismo nacional e internacional y evitar la ruina de esta temporada y tal vez la desaparición de miles de bares, hoteles, restaurantes y empleos vinculados a la actividad de los tour-operadores. Los empleados de las multinacionales que, como la Nissan en su fábrica de Manresa, han anunciado en los medios el muy probable despido de miles de trabajadores esperan que la Generalitat catalana o el gobierno correspondiente negocien con la matriz de la empresa para evitar el drama. Las mujeres que conviven estos meses con parejas maltratadoras, o con hijos a los que no pueden sostener con empleos precarios desaparecidos con la crisis de la Covid-19, esperan la protección de las fuerzas de seguridad y el apoyo de los servicios sociales de ayuntamientos, gobiernos autonómicos, ministerios o instituciones europeas. Los niños y jóvenes que vieron sus clases interrumpidas el 15 de marzo esperan que el Ministerio de Educación y el de Universidades, así como los gobiernos autonómicos en la parte que les corresponde, establezcan normas claras sobre cómo proceder para no perder este curso y matricularse en el próximo.

Diversos grupos interesados están acudiendo a las instituciones de justicia para denunciar el mal estado en que podrían haberse hallado las miles de residencias geriátricas de nuestro país en las que han muerto, hasta el momento, 17.642 personas. Los investigadores y los estudiantes Erasmus, entre muchos otros, confían en que la Unión Europea mantenga los proyectos y la movilidad entre los centros docentes y de investigación. Los gobiernos de la Unión Europea confían en que las instituciones políticas y financieras de la Unión apoyen económicamente el gasto extraordinario que se está realizando para luchar contra la Covid-19 en todos los países miembros, aunque, paradójicamente, sean precisamente algunos de esos estados miembros, los mal llamados “frugales”, los que limitan, no sólo la cuantía total de los recursos económicos y financieros de la Unión, sino la puesta en marcha de mecanismos de financiación más valientes y alejados de una ortodoxia económica “austeritaria” que ya ha perdurado suficiente tiempo como una idea zombi en el ámbito de la economía.

Obviamente, como ciudadanas y ciudadanos, estamos en nuestro derecho de criticar nuestras instituciones: los ayuntamientos, los bancos, la Iglesia, los gobiernos autonómicos, el Gobierno central, las instituciones europeas. Criticar significa que queremos que lo hagan mejor, por eso también es necesario y deseable que la ciudadanía se implique en política y en el gobierno de los asuntos comunes, que tanto impacto tienen sobre lo común y la vida privada de cada uno. Significa también que aún creemos en ellas, que las necesitamos. Y que urge un nuevo pacto entre la sociedad y sus instituciones, en el que estas han de mejorar sus mecanismos de participación y comunicación con la sociedad para aumentar su eficiencia y función inclusiva y democrática.

No es admisible que mujeres autónomas con pequeños negocios traten de pedir créditos al ICO y, para realizar el trámite, deban presentar documentos emitidos por el Banco de España u otros imposibles de solicitar en las actuales circunstancias de confinamiento, o en cualquier circunstancia para determinadas personas. ¿Para qué precisa una mujer con un pequeño negocio pedir un papel al Banco de España con objeto de acceder a las ayudas concedidas a las pymes por su gobierno? Si el ICO necesita comprobar ciertos datos de esta mujer autónoma, debería tener la posibilidad de cruzar bases de datos para corroborarlos sin exigirle, a ella o a cualquier ciudadano que está a punto de perder su negocio, que presente un documento que no sabe dónde ni cómo obtener y que, por falta de dinero, ningún gestor puede tramitar en su nombre. Las instituciones que no garantizan la igualdad de acceso a sus recursos representan una traición al pacto ciudadano que debe sustentarlas. Tampoco es admisible el fraude de la ciudadanía a sus instituciones, tan presente en nuestra cultura, porque éste fomenta precisamente que las instituciones multipliquen de manera desproporcionada y absurda los controles para identificar y bloquear al defraudador, y de paso también a ciudadanos honestos que no saben cómo responder a los requerimientos surrealistas de la burocracia y el papeleo. Es muy difícil que instituciones que desconfían tanto sirvan bien a la ciudadanía, especialmente cuando esta más las necesita.

Por este motivo, la revolución digital no debe estar solo al servicio de las empresas y orientada al consumo, debe centrarse también y muy especialmente en la administración pública y el funcionamiento de nuestras instituciones, para lograr una mayor transparencia, explicabilidad y auditabilidad, y garantizar un control ciudadano y democrático. El ejemplo de Estonia es, en este sentido, digno de análisis, aunque ni los métodos ni las instituciones pueden ser copiados de forma mimética teniendo en cuenta que las culturas y realidades de los distintos territorios divergen claramente. En cualquier caso, lo que necesitamos es un nuevo pacto ciudadano con nuestras instituciones a la luz de la nueva realidad digital, de modo que la nueva fase histórica que nos espera no sea la del capitalismo de la supervisión que ya muchos pronostican, basado en el control de la ciudadanía, la identidad cultural a través del consumo y el consumismo, la deuda y la desigualdad, y una democracia vaciada y distanciada del bien común.

Podemos terminar citando a dos grandes economistas de las instituciones: Daron Acemoglu y James A. Robinson, que afirman que las democracias –y sus instituciones– se consolidan cuando las élites no tienen fuertes incentivos para derribarlas o vaciarlas. Y esos procesos dependen, por este orden, de la fuerza de la sociedad civil, de la estructura de las instituciones políticas, de la naturaleza de las crisis políticas y económicas, del nivel de desigualdad económica, de la estructura de la economía, y, por último, de la forma y la extensión de la globalización. Tal vez deberíamos estudiar la interacción de la tecnopolítica y la cultura, como por ejemplo la construcción de la razón rectora neoliberal de la que habla Wendy Brown y que crea personas individualistas, para entender el verdadero peligro que corren nuestras democracias y, por tanto, la necesidad perentoria de aprovechar este momento de reconstrucción y transformación impuesto por la actual pandemia para iniciar el debate ciudadano que nos conduzca a un verdadero pacto social, responsable de diseñar las instituciones democráticas y orientadas al bien común que tanta falta nos hacen. Porque no debemos subestimar el proceso de “desdemocratización” que estamos viviendo. Desde el feminismo lo sabemos bien, porque una de las puntas de lanza de esa desdemocratización es el antifeminismo, como bien muestran los casos de Trump, Orban o Bolsonaro. Aunque, desgraciadamente, esta ofensiva antidemocrática posee un alcance mucho mayor que el de esos “viriles”, “virales” y “virulentos” mandatarios y sus gobiernos.

En la actualidad habitan el planeta Tierra 7.700 millones de personas. De ellas, el 55% se concentra en ciudades. Las estimaciones previas a los cambios que pueda traer la pandemia indican que la población global crecerá hasta alcanzar los 9.700 millones en 2050 y que, para entonces, el 70% vivirá en ciudades. En Europa ya hemos superado ese porcentaje y en países como España estamos prácticamente al 80%, con la población agrupada en torno a las ciudades más grandes y las implicaciones que esto tiene sobre el mercado de la vivienda o la concentración de la oferta de trabajos más dinámicos y de innovación. Y es que las ciudades son los grandes focos de la pobreza, pero también el centro neurálgico de la actividad económica, acumulando alrededor del 80% de la que se genera medida en parámetros de mercado. Las ciudades son, por tanto, espacios fuertemente desiguales en distintas magnitudes, desde el acceso a la vivienda, la movilidad, los espacios verdes o los servicios, a las distintas formas en que las distintas personas viven en función de su edad, género, vinculación laboral, barrio, etc. 

Hoy día, las ciudades son también las responsables del 70% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, y el espacio donde miles de personas viven y mueren en soledad a diario, a pesar de la aglomeración humana que representan. La ultraconectividad asociada a la revolución digital y tecnológica en la que estamos inmersos deja, sin embargo, muchos agujeros negros sin conexión, lo cual genera amplias y variadas desigualdades, así como cambios en los modos de vida y el gobierno de lo común que necesitamos repensar si no queremos vernos abocados a una individualidad insoportable que el distanciamiento social que la COVID-19 nos impone puede aún incrementar. 

Existen numerosos foros académicos y científicos sobre ciudades inteligentes, ciudades con emisiones neutras, ciudades verdes, ciudades sostenibles… y, en menor medida, sobre ciudades de los cuidados, a pesar de que es precisamente el concepto de “cuidados” el que puede englobar la mayor parte de los objetivos sociales y políticos de transformación urbana incluidos en las propuestas que estos foros realizan y que están todas encaminadas a la generación de espacios urbanos de bienestar y calidad de vida, incluida la medioambiental.

Los cuidados deberían ocupar un lugar central del debate sobre las ciudades del presente y del futuro, sobre todo si tenemos en cuenta las estimaciones de esperanza de vida y las pirámides de población que manejamos y que nos hablan de que la población del futuro, incluso del futuro inmediato, estará mucho más envejecida que la actual, sobre todo en los países del norte global. Una población, por tanto, dependiente desde el punto de vista económico de los sistemas nacionales de pensiones, salud y cuidados, y con necesidades de movilidad y habitabilidad específicas, que deberían ir mucho más allá de su reclusión en residencias de ancianos gestionadas por empresas movidas por el afán de lucro y que durante la crisis de la Covid-19 han demostrado ser el verdadero agujero negro de nuestros sistemas de bienestar y un motivo para la vergüenza colectiva en casi todos los países europeos.

Y es que la ordenación de nuestras ciudades aún corresponde en muchos aspectos a parámetros de hace un siglo. Fue a principios del siglo XX cuando se aceleró el proceso de crecimiento de las grandes metrópolis y de las ciudades de tamaño medio y grande en todo el mundo. En apenas tres décadas, entre 1900 y mediados de los años 30, se multiplicó por dos o por tres la población de las mayores ciudades del planeta. Nueva York pasó de unos 3,5 millones de habitantes en 1900 a prácticamente 7 millones en 1930; el área metropolitana de Tokio la superó, pasando de 1,5 millones a 6,3 millones en los mismos años; San Francisco duplicó sus 300.000 habitantes hasta alcanzar los 635.000; Hong Kong, saltó de los 200,000 a los 850.000; Berlín, de 1,3 millones a 4,3 millones de habitantes; París, de 2 a 3 millones; Viena, de 1 a 2 millones; Londres, de 6,5 a 8,6 millones de habitantes; Buenos Aires, de 2 a 4,5 millones. Muy distantes de las grandes metrópolis mundiales, pero con similares tasas de crecimiento urbano, Madrid y Barcelona pasaron de contar medio millón de habitantes hacia 1900, a algo más de un millón en 1930. Imaginemos lo que significaría hoy día duplicar la población de Madrid o Barcelona en apenas 30 años.

Hace un siglo cambió por completo el contexto según el cual se organizaba la población mundial. Hace un siglo comenzó un intenso proceso migratorio campo-ciudad, en el interior de los países, y entre continentes, que se sumó al inicio del descenso de las tasas de mortalidad, de más de 26 muertes por cada mil habitantes a por debajo del 15 por mil, lo cual trajo consigo el vaciamiento de las regiones rurales con menor productividad y menor diversificación de la actividad económica y el engrosamiento de las grandes urbes con mayor cantidad y diversidad de oferta laboral y expectativas de promoción social. 

La mala calidad de vida en las ciudades debida al hacinamiento y la falta de planificación a largo plazo con objetivos sociales, típica de prácticamente todas las grandes ciudades del mundo, fue retratada de manera descarnada en las novelas de los grandes escritores realistas de finales del siglo XIX y principios del XX: Zola, Dickens, Dostoievski o Galdós. El avance de la educación científica y tecnológica y el desarrollo de movimientos de izquierda y de agrupaciones religiosas con objetivos sociales a partir de finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, en esas mismas ciudades, dieron como resultado una multiplicidad de diagnósticos acerca de los problemas generados en ellas, así como un sinfín de propuestas para abordar su solución. De manera muy destacada contribuyeron a llevar a cabo grandes mejoras en nuestras urbes los movimientos higienistas, que mejoraron la salubridad y el control de las aguas contaminadas, las iniciativas públicas y privadas para la mejora de la nutrición y la prevención de enfermedades infecciosas en el ámbito sanitario, y la planificación urbanística, que intentó ordenar y compatibilizar espacios verdes e infraestructuras de vida y de trabajo. La labor de Ildefons Cerdà en el Ensanche de Barcelona, tan denostada en su momento y tan distorsionada en su aplicación con el paso del tiempo, se convirtió en ejemplo sobresaliente de los esfuerzos necesarios para ordenar y mejorar la calidad de vida en las urbes. Como en Berlín, París o Viena, también en las ciudades españolas los urbanistas trataron de reducir la altura de los edificios, aumentar y ampliar los espacios verdes entre y alrededor de los edificios, y controlar el tráfico de vehículos tirados por animales o a motor. 

La terciarización de las economías mundiales y el declive del sector primario, junto con la localización próxima a las grandes coronas urbanas de los polígonos industriales y la creación de grandes hubs de transporte ferroviario y aéreo en torno a las grandes metrópolis del mundo, son factores que han intensificado la urbanización del planeta y la han concentrado en unas pocas grandes ciudades dentro de cada país. Internet y la alta velocidad 3G y 4G han permitido que los habitantes de estas grandes ciudades atraigan a los territorios donde viven y trabajan mayores flujos logísticos para el consumo de productos y servicios, lo que significa aumentar la capacidad de aeropuertos y estaciones de trenes y la conectividad entre ambos. Las infraestructuras diseñadas para la vida en muchas de estas ciudades hace más de cien años se están viendo puestas a prueba. Cloacas, tuberías de canalización de aguas potables, depuradoras y potabilizadoras y, sobre todo, infraestructuras de servicios básicos como los educativos, sanitarios, de alimentación saludable y transportes, se encuentran desde hace décadas sometidas a una presión insostenible, además de orientadas al mundo laboral o a satisfacer los requerimientos de grandes aglomeraciones humanas, como los eventos deportivos. Se trata además, de una organización y de una movilidad pensadas por hombres para actividades principalmente consideradas masculinas. 

Las ciudades, primero como centros industriales y posteriormente como núcleos de concentración humana y de movilidad poco sostenible, han crecido todo este tiempo como espacios más insalubres. Los motivos para ello incluyen la drástica de camas hospitalarias por habitante que han llevado a cabo todos los países desarrollados, con honrosas excepciones, desde la década de 1980, según datos de la World Health Organization. Así como el aumento de sustancias tóxicas en el aire muy por encima del límite recomendado por las autoridades sanitarias, por no hablar de las que se hallan en el agua y en el suelo donde crecen las plantas que sirven de base a la cadena trófica que culmina en los seres humanos. Según estudios disponibles en abierto, existe una correlación entre contaminación y mayor incidencia de la COVID-19. 

A pesar de que las ciudades son una bomba de relojería por la concentración de problemas derivados de la obsolescencia de sus infraestructuras, la polución y la presión de un número excesivo de habitantes, son también espacios con ventajas en otros ámbitos, en concreto los relacionados con las transiciones ecológica y digital, siempre que ambas se retroalimenten y se apueste por la innovación, incluida la innovación social. 

Por ello, necesitamos repensar la arquitectura, el urbanismo, los servicios y la cultura de la densidad, ya que ésta es la lógica de las ciudades. Es esa concentración la que ahorra recursos y convierte en más eficientes las infraestructuras de control de residuos, movilidad o servicios públicos. Es también esa concentración la que favorece la mezcla de personas diversas que tan saludable resulta para nuestras democracias y para el deseado acercamiento social.

Sólo necesitamos una buena planificación y unas buenas políticas que sitúen a las ciudades a la vanguardia del nuevo pacto social verde y feminista. Incluso si, como reacción a la COVID-19, la posible extensión del teletrabajo y la expansión definitiva del 5G, se observa ya una cierta vuelta al campo de importantes capas de la población. Y para que esa tendencia se consolide de manera sostenible se necesita una fuerte inversión en movilidad, en servicios públicos y en acceso a la cultura en zonas rurales, algo que hoy por hoy no está garantizado. Mientras esto no cambie, las zonas rurales seguirán sufriendo el abandono de la población más joven, muy especialmente el exilio ilustrado de las mujeres que marchan a las ciudades a estudiar sus carreras y que después no regresan a sus municipios por falta de oportunidades laborales, normas de género represivas y ausencia de una oferta cultural y de servicios sociales satisfactoria. 

Mientras no conozcamos las consecuencias demográficas y de habitabilidad de la COVID-19, debemos apostar por ciudades verdes, inteligentes y de cuidados. Las ciudades pueden convertirse en el espacio idóneo para probar el nuevo contrato social, ecologista y feminista que hemos de repensar entre todas y todos, en tanto en cuanto éste también implicará asumir las renuncias que tenemos que hacer de manera individual y colectiva, sobre todo en los territorios ricos, para poder seguir viviendo en sociedad y habitando como especie humana este planeta

En estos últimos años y a medida que el proceso de urbanización se ha ido acelerando, las ciudades han venido haciendo frente a desafíos vinculados con la sostenibilidad de los residuos, la movilidad, la adaptación energética o la convivencia entre personas de cultura, orientación sexual, poder adquisitivo, ideología, género y hábitos de convivencia muy diferentes. También en las ciudades, las estructuras sólidas de conectividad para la digitalización, las infraestructuras, los datahubs para compartir datos y los estándares de seguridad y privacidad han generado nuevas alianzas y partenariados entre los ámbitos público y privado, los movimientos sociales y las iniciativas vecinales. Y es que las soluciones inteligentes no sólo tienen que hacer referencia a la digitalización, también a la innovación social y a la solidaridad vecinal. El objetivo ha de ser siempre construir ciudades vivibles, dignas, auténticas ciudades de los cuidados, entendidas como ciudades cuidadoras y a las que se cuida desde el punto de vista humano, medioambiental, patrimonial y cultural, lo que además significa ser equitativas en todas sus dimensiones.

Hace tiempo que arrastramos una fuerte crisis de los cuidados, que con el confinamiento se ha hecho más evidente para muchas personas y ojalá también para muchas instituciones públicas y entidades privadas, como esas empresas acostumbradas a imponer horarios imposibles a sus trabajadores. Hace décadas que vivimos tiempos androcéntricos pensados para personas teóricamente independientes. Pero esa individualidad desarrollada históricamente por los hombres es, como muy bien explica la arqueóloga feminista Almudena Hernando, dependiente, en tanto que necesita siempre de otros, y sin duda de las mujeres, para construir unos vínculos que ellos pretenden haber dejado atrás. Y es que todas las personas somo vulnerables e interdependientes. Hagamos compatible el distanciamiento físico que el control de la pandemia requiere con una cercanía social en un sentido amplio. Los cuidados deben estar contemplados en esas ciudades verdes e inteligentes que soñamos, es más, deben estar en el centro de esas ciudades sostenibles y equitativas que entre todas y todos debemos soñar y construir.

Los distintos ámbitos urbanos, que no son otros que los de la vida, deben ser ámbitos interrelacionados que se piensen y se diseñen de manera conjunta, planificando en la complejidad para alcanzar la sencillez. En muchas ocasiones, las soluciones fáciles o baratas complican la vida o la vuelven imposible para muchas personas, sobre todo las que se encuentran en situación más vulnerable o están a cargo del bienestar de terceros. Todo, incluyendo el transporte, la iluminación, los espacios, la gestión de los veladores en las plazas, el mobiliario urbano, las fuentes, las aceras accesibles, el tráfico, la movilidad, todo ha de ser diseñado para evitar que se generen dinámicas excluyentes y que no se vulnere el derecho a la ciudad. Los ya existentes microespacios de resistencia deben convertirse en la nueva normalidad y en la norma.

Las ciudades no deben ser sólo sitios donde residir en un sentido limitado del término, sino espacios para vivir, compartir, cuidar, jugar, divertirse y crear. Se debe recuperar lo público frente a la hipertrofia de la vida privada, que puede además crecer con el distanciamiento social asociado a la COVID-19 y gracias a las nuevas tecnologías. Tenemos que evitar fenómenos como el que observamos estos días, con niños que, una vez han podido salir a la calle, no querían hacerlo. Desconocemos si por el miedo que les ha generado ver hileras de féretros en los telediarios o en las redes sociales infestadas de fakes y mala leche, o porque el mundo virtual ha colmado sus expectativas de vida social, en muchos casos en ambientes aparentemente más seguros que las aulas y los patios de las escuelas, escenarios a menudo de pequeños y grandes episodios de bullying.

Tenemos que intentar poner todos los medios para evitar, también, la inmensa soledad y el desamparo que han sentido muchos jóvenes que están confinados a solas, en viviendas minúsculas con ventana a patio interior, pagando quién sabe cómo el alquiler, jóvenes con títulos universitarios o sin ellos, con empleos precarios y en riesgo de perderlos, y que no saben qué futuro les depara el final del confinamiento en esas ciudades que ellos aman, aun con todo, aman y que sin embargo apenas les ofrecen opciones dignas de trabajo o vivienda. Hemos de reclamar a nuestros poderes públicos, como ciudadanía activa y exigente, expectativas de mejora para esos niños, para esos jóvenes, para esas personas sin empleo o con empleos inestables que sostienen a familias enteras, para esos mayores a los que nuestros medios de comunicación se empeñan en estigmatizar por su edad. Hemos de contribuir, los que tenemos mejores empleos y mayores ingresos, vivienda digna y redes sociales consolidadas, a mejorar las expectativas de vida de aquéllos con los que compartimos las calles, los parques, los autobuses y las terrazas de estas ciudades. Porque vienen tiempos duros y porque esos niños, esos jóvenes, esos mayores, esa gente de ciudad es nuestra gente, es de todos. 

En definitiva, tenemos que construir, mediante un amplio, sólido y valiente pacto social, unas ciudades humanas, cuidadoras, prósperas y ecológicas, donde la riqueza de la diversidad sea la base de una convivencia en igualdad, donde la densidad sea repensada de una manera radicalmente equitativa, verde y feminista. Éste ha de ser nuestro objetivo: rehumanizar las ciudades visibilizando y permitiendo que encajen mejor en ella nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros desempleados y nuestros dependientes, y todas las personas que vienen de otros lugares y que las han elegido para vivir, trabajar y contribuir a su desarrollo. Hacerlo es un acto necesario de supervivencia, inteligencia y justicia.

El cambio climático, las desigualdades socioeconómicas, los movimientos internacionales y masivos de personas, la recesión y recuperación que se avecina como mínimo de entre dos y cinco años deberían comenzar a cambiar radicalmente lo que se considera objetivo de éxito de esta sociedad como colectivo. En esta transformación, la educación tiene que jugar un papel central. Internet y el acelerado acceso en todo el mundo a la información disponible en ella han revolucionado la educación formal, la que los organismos internacionales miden conforme a una variada serie de criterios e inquietudes. Podemos citar los de Naciones Unidas, que, al definir los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se mostró preocupada, entre otras cuestiones, por calcular el número de niñas que logran acceder a la educación primaria, de la que aún siguen excluidas en muchos países del mundo, 15 millones, frente a 10 millones de niños. O los del informe PISA de la OCDE, que pretende medir el avance de la educación reglada en ciencias, matemáticas y lectura en niveles preuniversitarios. O los de la Universidad de Oxford, que evalúa el progreso en el uso de internet en el mundo a través de su herramienta Our World in Data.

Pero la medición de los resultados educativos o de lo que la sociedad valora como “ser educado” o “estar educado” varía enormemente, y posiblemente seguirá variando, razón por la que necesitaremos nuevos indicadores y herramientas para llevarla a cabo, pues los retos a los que nos enfrentamos no cesan de cambiar, como también lo hacen las percepciones y los instrumentos de análisis de que disponemos, y el modelo de éxito que queremos alcanzar. Por ejemplo, los historiadores económicos y los economistas del desarrollo utilizan a menudo, para medir el avance de la educación en el largo plazo, los siguientes indicadores: alfabetización (total, por géneros, por territorios); acceso a la universidad y número de graduados universitarios; o número de graduados en ingeniería por millón de habitantes. Sin embargo, para los ciudadanos de a pie, la educación, con frecuencia, es otra cosa. Ser educado significa ser respetuoso; es decir, ser humilde y tolerante con lo diferente. Significa también saber integrarse en un grupo con inteligencia. No implica, por tanto, saber cosas, sino saber aplicar conocimiento con una actitud muy distinta a la que muestran los intolerantes, los “sabelotodo”, los que hablan sin escuchar. Ser educado es saber adoptar una postura de constante receptividad y disposición a aprender de los demás y de las distintas fuentes de información, tanto formales como informales, a las que uno tiene acceso.

Si algo ha puesto de manifiesto la COVID-19 es, por una parte, la insuficiencia de la educación actual para conducirse en el mundo en el que vivimos y, sobre todo, en el que viene. Por otra parte, nos ha mostrado que es urgente atajar las crecientes desigualdades en el acceso a la educación, ahora que los datos que nos arrojaban los organismos internacionales y los estudios científicos han pasado a ser percibidos con claridad por parte de la población gracias al confinamiento. El acceso a la educación durante el confinamiento está siendo palpablemente desigual; el problema es que ya lo era antes.

Por tanto, es urgente que reflexionemos sobre la educación en el mundo digital. No solamente invirtiendo en infraestructuras, tanto en redes como en el acceso de la población y las instituciones educativas a ellas, o en la formación del profesorado y el alumnado, sino repensando la educación desde lo virtual, compartiendo contenidos y favoreciendo la accesibilidad de los mismos. La virtualización de parte de la educación es mucho más que colgar diapositivas online o saber entrar en las plataformas y hacer uso de ellas. Y asegurar contenidos de calidad a pesar de que existe toda una corriente especialmente en Estados Unidos encaminada a denostar la educación formal y que va en línea de identificar el éxito con otros criterios que nada tienen que ver con la formación y la educación y que tan bien se remuneran en los platós de televisión y en las redes. Justo en la línea que no debemos caminar.

La educación para la era digital también debe estar orientada a fomentar la inquietud intelectual mediante la búsqueda de contenidos y la creatividad. Ahora que RTVE ha repuesto el famoso programa de los años ochenta del siglo pasado La Bola de Cristal, podemos apropiarnos de ese breve espacio del programa en el que se mostraba una imagen borrosa y se daban unos segundos para que los espectadores pudieran imaginar de qué se trataba. Cuando la imagen se volvía nítida, una voz afirmaba que quienes no hubieran logrado imaginar nada debían ver menos la tele. Es por eso que la educación digital tiene que garantizar el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Del mismo modo que tiene que promover el trabajo en grupo y colaborativo. Los individuos que conviven con otros pero están sumergidos permanentemente en su móvil, tableta u ordenador, no son individuos sociales ni cooperativos, sino más bien habitantes de la utopía neoliberal del individualismo extremo y egoísta que a muchos nos aterra.

Por otra parte, los estudios socioeconómicos subrayan que el acceso a la educación ha dejado de ser el ascensor social que fue, por ejemplo, en España en los años setenta y ochenta del siglo pasado. Y que la familia de origen tiene cada vez más peso en los resultados educativos, aunque aún se observan diferencias en ese sentido entre sistemas educativos. Las desigualdades entre escuelas, entre barrios, entre formas de seleccionar al alumnado, en el acceso a la formación extraescolar; la persistencia de las desiguales redes sociales que se crean en los distintos colegios; la posibilidad o no de que las familias mantengan a sus hijos e hijas mientras que éstos preparan oposiciones o realizan prácticas no remuneradas que, en muchos contextos, abren la puerta a determinados empleos bien considerados y remunerados, y que otros jóvenes de familias que tienen que insertarse con rapidez en el mercado de trabajo, no pueden ni soñar.

Los sistemas educativos tienen que garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y el progreso educativos. Tratar igual a los desiguales no combate la desigualdad, la enquista; de esa manera, las desigualdades en educación formal e informal se van acumulando como capas de plomo a lo largo de la vida. No se puede derivar más recursos a los colegios con los mejores resultados, hay que invertir más en aquellos que tienen necesidades especiales por el perfil socioeconómico de su alumnado. Para ello, también es necesario incentivar al profesorado, que debe recibir la consideración de la que ya goza en países como Finlandia, donde se trata de una de las opciones profesionales más demandadas por los mejores estudiantes. Prestigio y buenas condiciones laborales y salariales van de la mano. El profesorado debe, por su parte, formarse en humanidades y en los valores de la ciudadanía y la igualdad, con el fin de dar una formación completa a sus estudiantes. No es aceptable que en la escuela se siga reproduciendo una sociabilidad estereotipada por género, que sabemos que está, en gran medida, en la base de la discriminación posterior que sufren las mujeres y en la asfixia de la masculinidad dominante que afecta a muchos niños y hombres que quieren comportarse de otra manera.

Esta sociedad debe impulsar nuevos formatos educativos abiertos a la innovación, para reformular nuestros sistemas educativos y fomentar espíritus solidarios y mentes que trabajen por la inclusión, por la colaboración, por el trabajo en equipo. Los modelos educativos que desde hace medio siglo premiaron el éxito individual deben ampliarse cada vez más a iniciativas que premien el trabajo colaborativo, el luchar por lograr consensos, por transferir conocimiento entre personas y entidades distintas, complementarias. La educación ha de favorecer la transmisión de conocimientos y valores éticos, cívicos en los distintos tramos de edad y entre grupos de distinta cultura que coexisten en nuestra sociedad. Más que nunca, los inmigrantes deben ser incluidos en nuestro Estado de bienestar, en nuestro sistema de salud, en nuestros sistemas educativos. Porque parecería que hoy ellos dependen de nosotros, pero en el futuro inmediato en estas sociedades envejecidas en las que vivimos, ellos serán la base del sostenimiento de nuestro Estado del bienestar, entre otras cosas.

El trabajo de inclusión e integración debe comenzar en las escuelas infantiles, tan importantes para el desarrollo posterior de los estudiantes, y proseguir hasta la universidad. Esta debe cambiar sus espacios y sus tiempos, y dejar de ser un lugar de preparación para el mercado de trabajo, aunque necesariamente haya de estar en sintonía con sus demandas. Los valores humanísticos y la flexibilidad en las elecciones personales de los estudiantes, que podrán así singularizar su formación, marcan el camino que deberíamos transitar. De esta manera, la interacción entre responsabilidad individual y responsabilidad pública, que debe mantenerse a lo largo de toda la vida, comenzará a afianzarse ya en los años universitarios o de formación profesional superior.

La educación se construye con el tiempo, y no acaba. Es un camino de vida al que han de contribuir las unidades familiares, las instituciones educativas, el Estado y todo lo que nos envuelve y nos surte de mensajes e información: internet, el mundo del entretenimiento y la cultura en todas sus manifestaciones. Sin olvidar las redes de capital social que construimos cada día, tanto en el mundo físico entre amigos, compañeros y conocidos, como en el mundo virtual, cada vez más extenso y desarrollado a través de internet y de la globalización.

En la teoría del capital social y las redes existe el concepto de “lazos fuertes” y “lazos débiles”. Aquellas personas o foros con los que tenemos vínculos estables, como los familiares y de convivencia próxima, nos proporcionan valores e información que a menudo interiorizamos de manera implícita y que son la base de nuestros propios valores y de nuestra actitud de aprendizaje en la vida. Las fuentes de conocimiento e información social con las que tenemos vínculos más débiles y esporádicos, con contactos pasajeros en el trabajo y en la vida diaria, nos ofrecen menos herramientas relativas a la construcción de actitudes estables, pero proporcionan una inspiración y un sentido de la innovación que pueden influir y modificar nuestra manera de percibir lo que hacemos y lo que haremos.

En los debates actuales sobre modelos educativos se parte de conceptos sobre educación completamente restrictivos, aplicados a sistemas formales de adquisición de competencias y conocimientos y, cuando se tiene la buena fortuna de contar con un profesorado muy vocacional, también de adquisición de capacidades. Se ignora el hecho de que la educación se construye mediante la interacción de sistemas formales e informales. Cuanto más se ignoren los factores ajenos al sistema formal de educación, menos eficientes serán los sistemas formales que nuestros gobiernos impongan con cada golpe de timón resultante de una nueva elección autonómica o general. Cuando se discute sobre cómo integrar las opiniones de los actores involucrados en el proceso educativo, se suele citar únicamente a los que ya definían la época pre-internet: padres, escuelas, Estado. La contratación y la promoción de profesores se basan en criterios también decimonónicos, establecidos por instituciones y organismos que se mantienen ajenos, no sólo al desarrollo de internet, sino también a las lecciones que se derivan de los avances en el campo de las Humanidades.

Estos días, en la prensa, ciertos periodistas nos recuerdan con retintín que en Alemania o en los países escandinavos existen consejos consultivos sobre ética y educación que asesoran a los gobiernos en el desarrollo de respuestas a la COVID-19. En esos consejos participan filósofos, historiadores, literatos, representantes del mundo de la cultura, la ciencia, la tecnología, y miembros de destacados institutos científicos. Hoy en día, la Educación, con mayúsculas, es el intento de integrar ideas de distintas disciplinas para alcanzar un consenso sobre cómo contribuir a construir valores y actitudes de aprendizaje continuado que nos permitan, utilizando el conocimiento acumulado de los distintos saberes, progresar. Valores relacionados con las formas de aprender, no con ideologías políticas o religiosas. Valores que fomenten el respeto, la curiosidad y la integración de disciplinas científicas, muy alejados de los que definían los silos de disciplinas que aún predominan en nuestro sistema de conocimiento.

Hace exactamente un siglo, la Carnegie Foundation encargó y financió la realización de una serie de informes a escala norteamericana para analizar la diversidad de sistemas de enseñanza universitaria en Estados Unidos en algunas disciplinas seleccionadas, entre ellas la Medicina. Se investigaron cientos de escuelas y sus correspondientes métodos de enseñanza, y se observó cómo esa diversidad se traducía en desigualdad en la calidad de los métodos y contenidos, también, más concretamente, en el caso de la formación de los médicos y el personal de hospitales del país. El asunto no era baladí: en aquellos momentos, Estados Unidos se estaba expandiendo como potencia imperialista, tomando la delantera a Gran Bretaña; sus empresas estaban introduciéndose en América Central, Asia, África; sus ciudadanos se veían obligados a participar en guerras y a enfrentarse a enfermedades dentro y fuera de sus fronteras. Era preciso estandarizar la educación de los médicos, el currículum de las facultades, definir criterios y métodos comunes, y, por encima de todo, imponer valores, comenzando por el rigor científico, y aplicar las últimas aportaciones, en particular en el campo de la microbiología, la parasitología y la traumatología. El interés en mejorar los métodos de educación y formación profesional, así como la calidad en el cuidado de la salud, fue compartido por la presidencia de los Estados Unidos y las distintas asociaciones de médicos, hospitales y escuelas del país.

El país acordó, diseñó e implantó en unas décadas un sistema de acreditación nacional de facultades de Medicina y un sistema de acreditación de hospitales. Con todos sus fallos, los cambios realizados permitieron mejorar considerablemente la organización hospitalaria en el país. Un siglo más tarde, la Fundación Bill y Melinda Gates se propuso alcanzar un objetivo similar, pero ahora en el campo de la educación preuniversitaria formal, impulsando la educación basada en retos o proyectos, en los que el trabajo individual y colectivo de los niños y niñas hace uso de todo tipo de recursos formales e informales con el fin de aprender a aprender. Se enseña a buscar información, a compartirla, a pensar de forma crítica, en equipo y bajo la tutela de profesores que han planificado previamente las actividades. Estos métodos de trabajo se emplean ya en muchos países, son un medio más para el desarrollo de un sistema educativo que apuesta por construir actitudes y valores, que utiliza herramientas e involucra a actores de dentro y fuera del aula bajo la supervisión de los profesionales, aunque aún tengan mucho camino que recorrer para garantizar la igualdad en el acceso a esa educación.

Son muchos los retos y muchas las dificultades a las que debemos enfrentarnos para conseguirlos en la tarea de mejorar la agenda de ruta en materia de educación. Se apunta a menudo, y con razón, a la necesidad de una mayor inversión pública que garantice la desaparición de la brecha digital entre grupos sociales, territorios y generaciones, y sin duda debemos trabajar en ello. Se apunta también, igualmente a menudo y con razón, a la necesidad de construir consensos más allá de los cambios de gobierno y los vaivenes políticos o los intereses territoriales. Pero, ¿cómo podemos pretender ayudar a construir actitudes favorables al aprendizaje continuo, que implica tolerancia y respeto constante a los demás, a lo diferente, a lo que está por conocer, desde posiciones que invitan a destruir al contrario? Aprender a convivir con lo diferente y el diferente es la raíz de toda educación. ¿Cómo podemos desde los poderes políticos, con los agentes sociales, promover una sociedad más justa a través del sistema educativo si existen dinámicas persistentes en la propia actividad política que se caracterizan por su falta de sentido de la justicia y su insolidaridad?

El ejemplo de los progenitores, el profesorado, los ciudadanos y ciudadanas, el que transmiten las imágenes que absorbemos por internet y los medios de comunicación e información, el de nuestra clase política y empresarial, o el de los representantes de la cultura y el conocimiento, forman la base de la educación informal, se convierten en nuestros referentes. No solo la escuela o la universidad de forma aislada construyen valores para la educación, todos y cada uno de nosotros lo hacemos también, a diario. La educación es una responsabilidad común y sin duda el gran reto para este siglo. No solo hay que pensar en invertir más, sino en hacerlo mejor.

Hace años que en ámbitos académicos, políticos, instituciones internacionales o en think tanks nos venimos preguntando sobre el futuro del trabajo y centrando el debate en tendencias que ya se analizan desde líneas de análisis teórico y empírico bastante consolidadas. Entre otras, y en las economías más desarrolladas en particular, destacan: la expansión del trabajo por cuenta propia en muchos casos en situaciones fraudulentas y precarias como en la economía de plataforma; el incremento de la desigualdad salarial y de la autonomía sobre las condiciones de trabajo entre los propios trabajadores; la aparición de nuevas formas de trabajo y de relaciones contractuales; la disminución de la participación de los salarios en el producto interior bruto de los países y su vinculación con el incremento de la desigualdad y la hiperglobalización financiera; la desregulación de los mercados de trabajos, la pérdida de poder social y político de los sindicatos y la negociación colectiva, y la mercantilización de cada vez más aspectos de nuestra vida; los impactos macro y micro de la robotización y de la aplicación de la inteligencia artificial vinculados a una mayor capacidad de supervisión, mercantilización de nuestros datos y la inseguridad inherente a ese proceso, o la aparición de mecanismos de discriminación sin establecer cadenas de responsabilidad humana;  el reparto de los trabajos más allá de una disminución de la jornada laboral discutiendo la centralidad de los cuidados y su desigual reparto entre mujeres y hombres; o las ventajas e inconvenientes del trabajo a distancia que van desde el impacto físico y psicológico en las y los trabajadores y su derecho a desconectar, hasta los efectos en la conciliación y la corresponsabilidad, en el medioambiente, en la productividad de los trabajadores o las consecuencias políticas de la fragmentación o la deshumanización de las relaciones laborales que impone la distancia.

A estas tendencias se suman, en las economías menos desarrolladas, el mantenimiento de una elevada informalidad que penaliza la fiscalidad y discrimina al sector formal que debe contribuir más; la aceleración de una economía dual con sectores muy vinculados a la economía global y sectores especializados en las economías atrasadas rurales; o el mantenimiento del poder de las comunidades y el poder de clanes y patriarcas que determinan a menudo el futuro del trabajo de jóvenes generaciones en el ámbito rural que en algunos países es más de la mitad del territorio y el empleo.

La crisis de la COVID-19 ha venido a agudizar estas tendencias y algunas están sufriendo un claro proceso de aceleración. Es incuestionable que los procesos de crisis siempre han traído transformaciones profundas en varias dimensiones del mundo de trabajo, sobre todo si se han dado en mitad de una disrupción tecnológica como ocurre en la actualidad. La industrialización es paradigmática en este sentido, aunque se desarrolló durante más de un siglo y con distintas velocidades en los distintos países y regiones.

Gran parte de los cambios sociales, económicos y hasta políticos que se desarrollaron durante las revoluciones industriales pivotaron en torno al mundo del trabajo. Éste pasó de realizarse de manera mayoritaria en el ámbito doméstico de las unidades familiares, orientado a la subsistencia, a concentrarse en las fábricas bajo la forma trabajo asalariado, ya fuera a destajo o como jornal diario, pasando a ser la medición y el control de los tiempos un aspecto clave del nuevo régimen laboral. Igualmente se desarrolló todo un marco institucional el de los estados liberales para consagrar la propiedad privada, las libertades individuales –en principio solo de los varones–, y la liberalización de los medios de producción entre ellos del trabajo que pasaba a poder venderse a cambio de un salario.

Este proceso también implicó paralelamente la concentración de la población en ciudades, la desaparición de los mecanismos de solidaridad comunal en las grandes ciudades, o la definición del moderno concepto de trabajo del que quedaron excluidos la mayor parte de los trabajos de mujeres, que al mismo tiempo fueron excluidas de la ciudadanía o del acceso a la educación y las profesiones con la consolidación del mito del hombre como ganador de pan y la mujer como ama de casa. 

Aunque frente al desequilibrio de poder entre los trabajadores y los empresarios también surgieron los contrapoderes y mecanismos de defensa como los sindicatos; frente al desmantelamiento de los sistemas comunales de protección surgieron también las primeras asociaciones y cofradías de trabajadores, las redes informales de solidaridad, el paternalismo industrial, y la primera legislación laboral y de seguros; y frente a la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, el empleo o la educación surgió el movimiento feminista, y las reivindicaciones por la igualdad. 

Otros momentos de crisis profundas, como las dos guerras mundiales, sirvieron para acelerar algunos de esos cambios, en las economías más desarrolladas. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se fundó en 1919, el mismo año en el que se creó el 'Retiro obrero', el primer seguro de vejez en España. Y fue tras la crisis de los años treinta con el New Deal en Estados Unidos o tras la Segunda Guerra Mundial en Europa cuando se llegó a un nuevo pacto social que implicaba mejoras en la distribución primaria de los beneficios entre el capital y el trabajo, más favorable a este último, por cierto, en EE.UU, de la mano de una mujer, Frances Perkins, no muy conocida a pesar del papel tan importante que desempeñó como secretaria de trabajo con Roosevelt. Y también se pusieron en marcha mejoras en las políticas redistributivas gracias a la fiscalidad progresiva y al desarrollo de sistemas nacionales de sanidad, al derecho y acceso a la educación, así como la extensión de los seguros de salud, vejez, desempleo o maternidad.

Así que es esperable que una crisis sin precedentes como la de la COVID-19 que acontece en mitad de una disrupción tecnológica caracterizada por la velocidad del cambio que conlleva, con una enorme brecha social y generacional, se experimenten cambios profundos en el mundo del trabajo. De entre las tendencias esbozadas el inicio del artículo hay dos que parece que se están acelerando o incluso adelantando con la crisis de la COVID-19, el confinamiento y las estrategias de distanciamiento social como son el avance de la digitalización de los procesos productivos y el teletrabajo.

En cuanto al avance de la digitalización, hay que tener en cuenta por un lado la automatización de los procesos productivos que puede suponer la sustitución de trabajadores por robots en varias fases del proceso productivo y por otro, la extensión de la Inteligencia Artificial en esos mismos procesos. Como ya ocurriera en otros procesos de disrupción tecnológica en el pasado, también ahora se perderán millones de empleos que en este momento serán sustituidos por robots, y con el tiempo pero no de manera inmediata ni automática, por empleos en otros sectores que no siempre serán ocupados por los trabajadores que pierdan los suyos, ni concentrados en las mismas regiones en las que estaban las actividades desaparecidas o transformadas. Esto traerá grandes cambios en la distribución de la población y de su bienestar a no ser que se establezcan planes de fomento de nuevos sectores productivos que en muchos aspectos pueden estar vinculados con la reindustrialización y la relocalización, dados los efectos que la COVID-19 ha tenido en la ruptura de las cadenas de producción que pueden ser coyunturales pero también tener un carácter más permanente. Pero también debemos pensar en el fomento de sectores vinculados con la transición ecológica y los cuidados que se han mostrado más urgentes que nunca. Las transiciones entre sectores o profesiones que estos cambios implican necesitarán de políticas públicas que garanticen el derecho de los trabajadores a la formación a lo largo de la vida que permitan su constante adaptación, así como la existencia de subsidios o transferencias que les permitan sobrellevar estas transiciones.

Pero la digitalización también está trayendo un uso cada vez más intensivo de la inteligencia artificial que puede tener amplias consecuencias en el mundo del trabajo como el aumento de la capacidad de supervisión. Por ejemplo los sindicatos están denunciando que con la excusa de la pandemia, los trabajadores del puerto de Amberes estarán obligados a llevar una especie de relojes que monitorizarán su actividad laboral aunque en teoría deben garantizar el distanciamiento social como si esos trabajadores no fueran capaces de calcular lo que supone estar a un metro y medio de distancia. Y desde que salió a la luz hace solo unos días, Rombit, la empresa desarrolladora del producto dice tener peticiones de casi 500 empresas de 99 países.

En este sentido es fundamental que se establezcan políticas públicas que aumenten la alfabetización digital de la población y que se apruebe una regulación que desarrolle una inteligencia artificial “bajo control humano”. Los trabajadores deben de estar informados y tener capacidad de consentir sobre el uso de sus datos. El uso de la IA debe ser transparente y con trazabilidad a lo largo de todo el proceso desde la generación del algoritmo. Ya que al igual que el trabajo no es una mercancía pero se usa como tal, los datos de los trabajadores tampoco deben serlo, por lo que los trabajadores tienen que consentir de manera informada sobre su utilización y reutilización, y deben estar almacenados de manera segura y con garantías explícitas sobre la longevidad de su almacenamiento.

Y por último, un equipo de humanos capacitados tiene que ser responsable de las decisiones finales que se tomen en las empresas en relación con los trabajadores, no un algoritmo. Si hay discriminación o sesgos en los procesos de selección, o despidos vinculados con la monitorización de los resultados de manera automatizada, la decisión final debe ser tomada por un humano que asuma la responsabilidad de sus decisiones. La urgencia de que haya control humano de lo que los algoritmos controlan es ya insostenible en el ámbito de las finanzas, donde proliferan ya algoritmos creados por todo tipo de brokers, incluidos adolescentes sin apenas formación que ordenan la compra venta automática de valores que pueden influir en la pérdida de empleo en empresas o sectores completos.

La segunda tendencia que parece estar acelerándose con la COVID-19 es la extensión del teletrabajo que sin duda es el efecto laboral más visible del confinamiento. El teletrabajo se ha visto en estos años pasados como una evolución positiva querida por las y los trabajadores aunque no siempre se han tenido en cuenta algunas características negativas de esta modalidad de trabajo. Como en todo, va por barrios. Primero no todos los trabajos se pueden realizar de manera remota, estableciéndose una desigualdad dentro de la fuerza de trabajo que en algunos sectores se traslada al interior de las empresas lo que puede generar tensiones importantes.

Es cierto que el confinamiento y el aumento del teletrabajo estos días nos han traído cielos más limpios y que sin duda supone una apuesta clave dentro de la transformación ecológica que todos tenemos que transitar si queremos que la especie humana siga habitando este planeta. También lo es que en la mayoría de los casos puede suponer un aumento de la autonomía sobre el trabajo y por tanto favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. Aunque también está trayendo un aumento de las horas de trabajo, lo que puede suponer una mayor rentabilidad para las empresas si este proceso no va acompañado de un aumento salarial, una mayor dificultad de desconectar y parcelar la vida personal y la laboral.

Y, aunque pueda facilitar la conciliación, no está claro que favorezca la corresponsabilidad en el reparto de los cuidados y de los tiempos dada la amplia desigualdad de género que en ese ámbito se produce en los hogares especialmente mientras que las niñas y niños, u otros dependientes, también estén confinados. Varios estudios han demostrado en estos días que las mujeres científicas confinadas están enviando menos artículos para su publicación en revistas que faciliten su promoción laboral, en comparación con colegas científicos hombres confinados. En definitiva, un uso del tiempo de trabajo más intensivo con las consecuencias físicas y psicológicas que no son exactamente positivas. Como tampoco lo es la desvinculación del puesto de trabajo para luchar por intereses comunes de cara a solventar las desigualdades de poder que se establecen al interior de las empresas.

Estos dos ejemplos muestran cómo tenemos que estar alerta sobre ciertas tendencias que la COVID-19 está acelerando y que pueden tener consecuencias positivas pero también negativas en el mundo del trabajo. La velocidad de los cambios no deben desviar nuestra atención de cual debería ser el futuro del trabajo, que no difiere mucho de esas reflexiones a las que hacíamos referencia al inicio del artículo y que bien pueden sintetizarse en las conclusiones de la Comisión mundial sobre el futuro del trabajo organizada por la OIT y presentadas hace un año.

Este futuro debe garantizar la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, ampliar sus opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los estragos de las desigualdades a nivel mundial, y apostar por la economía verde –también deberíamos por la de los cuidados–, para que la automatización de los procesos de producción y el envejecimiento de la población no solo suponga una presión para nuestros sistemas de seguridad social sino que también sirva como oportunidad para generar sociedades basadas en la inclusión, la igualdad, la justicia social, el cuidado, reforzando nuestro tejido social.

La propuesta es establecer un nuevo contrato social centrado en las personas. Para ello será necesario invertir en las capacidades de las personas pero no consideradas solo como capital humano sino trabajando para ampliar sus oportunidades y mejorar su bienestar generando ecosistemas de aprendizaje a lo largo del ciclo vital, con especial atención a las transiciones vitales proporcionando una protección social desde el nacimiento hasta la vejez. Igualmente habrá que aumentar la inversión de las instituciones del trabajo incluyendo la regulación, los convenios colectivos, los contratos o la inspección del trabajo, y establecer un garantía laboral universal a modo de mínimo salarial y de condiciones de trabajo que todos los trabajadores deberían disfrutar independientemente de su acuerdo contractual.

También los ocupados en las nuevas formas de trabajo propiciadas por las nuevas tecnologías, así como la protección frente a los peligros previamente expuestos de supervisión, falta de conexión, mercantilización de la información personal del trabajador o intensificación del trabajo y falta de autonomía del trabajador. En este sentido, se debería ampliar la soberanía sobre el tiempo aprovechando los avances técnicos para ampliar las oportunidades de los trabajadores que deberían además tener garantizada la representación a pesar de la posible dispersión geográfica. Por ello, también se aboga para que exista un sistema de gobernanza internacional para las plataformas digitales de trabajadores que exija a las plataformas y sus clientes el respeto por los derechos y la protección mínima de los trabajadores.

Por último, debe trabajarse mucho más para que se reduzca la ignorancia que de las dificultades estratégicas que sufren las empresas a menudo tienen los trabajadores, con un mayor nivel de formación del trabajador, y un aumento de las posibilidades para colaborar en la formulación de estrategias de largo plazo de las empresas, como sucede a menudo en las cooperativas, o en las empresas alemanas o japonesas. Sobre todo en el ámbito de las pymes, el trabajador a menudo da por supuesto que la empresa tiene fondos suficientes para sostener el empleo en situaciones de caída de ventas, sean fondos de la propia empresa o personales, cuando a menudo entre las pymes no es el caso, ni debe serlo. El Estado, y los gobiernos regionales y locales, han de tener responsables competentes y profesionales que puedan ayudar a elaborar normas que obliguen a los empresarios a tener una reserva de liquidez que ahora sólo se exige a las grandes empresas como los bancos, para proteger al empleo, sin perjudicar al empresario.

En definitiva se debe invertir en trabajo decente y sostenible en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El empleo verde o el fomento del empleo rural pueden ser clave en este sentido ahora que el teletrabajo ha venido para quedarse, y se nos vislumbra un futuro bastante inquietante basado en el distanciamiento social. Para ello sería necesario desarrollar las infraestructuras materiales y digitales y garantizar los servicios públicos y el acceso a la cultura.

Todo ello no será posible si no se remodelan las estructuras de incentivos empresariales y la forma de medir el éxito empresarial y de los países, para lo que sería importantes desarrollar políticas fiscales justas, la revisión de las normativas contables, mejorar el diálogo social y otro reparto de los beneficios. Para ellos los principios de la economía social y cooperativa pueden servir sin duda de inspiración para la transformación que necesitará que ese pacto social sea también un pacto social feminista para que el mejor reparto del trabajo no se circunscriba solo al ámbito laboral sino que también incluya el ámbito del trabajo no pagado.

Y todo ello se hará asumiendo responsabilidades ya que las conclusiones de la OIT también insisten en una cosa: nada de todo esto ocurrirá por sí mismo, tendremos que presionar y luchar para que ocurra. Esperemos que la crisis de la COVID-19 que tan dolorosa está siendo en tantos sentidos y para tantas personas, sirva para caminar en la dirección de la justicia social y las oportunidades de trabajo dignas para todas las personas.

Hay una palabra que no acaba de salir en la prensa estos días, pero que todos creemos que debe imponerse en el mundo de la organización empresarial cuando la crisis sanitaria de la COVID-19 acabe de una vez: la ética. Es urgente una economía moral en la que los agentes económicos sean responsables de asegurar el bienestar colectivo, tal como en 1979 la definió E.P. Thompson en su análisis de los motines de subsistencia en Europa durante el siglo XVIII, que se opusieron a la liberalización de los precios de los productos esenciales. Los amotinados en los que centró su estudio E.P. Thompson defendían que, más allá del interés individual y de los deseos de la élite gobernante, debía protegerse el acceso a un precio justo de los bienes considerados básicos para la subsistencia. En el siglo XVIII, esos bienes eran los alimentos. En nuestros días, lo son también la salud, la educación, la vivienda y el acceso a un trabajo y un salario dignos, así como la conexión a internet, que estos días más que nunca permite que nos mantengamos en contacto con nuestros familiares, nuestros trabajos, la administración pública, los bancos o el colegio de nuestros hijos.

La gestión de la crisis del coronavirus está golpeando duramente a nuestras empresas, grandes y pequeñas, y a nuestros autónomos. Ese golpe está derivando con enorme velocidad en un incremento del desempleo y una contención del gasto (excepto el público), la inversión y el consumo. Frente a estos hechos, se dibujan frentes de intereses aparentemente contrapuestos que una política consensuada, de verdad, con los distintos agentes económicos debe tratar de armonizar. Por una parte, están las instituciones, que intentan frenar el desequilibrio macroeconómico sin sobrecalentar hipotecando a las generaciones presentes y futuras por el aumento de la deuda y el déficit. Por otra parte, tenemos a las grandes empresas, que pueden aumentar los despidos para compensar la rápida caída de valor y ventas. Junto a ellas, las pymes y los autónomos, que están viéndose forzados a contraer el gasto y a aumentar la búsqueda de redes de apoyo solidario, con una pérdida evidente de liquidez y dramáticas situaciones de impago de gastos fijos (incluyendo impuestos). El tercer sector, tan necesario para compensar los déficits del sector público en la asistencia a los más vulnerables, también está reduciendo su liquidez e ingresos.

Ante este panorama de crisis, existe el riesgo de que la respuesta de las organizaciones empresariales se centre en el individualismo y la búsqueda de protección, aumentando con ello el castigo al empleo y al consumo. Las crisis y los motines del pasado han de servirnos de lección para evitar tensiones sociales que puedan descontrolarse.

Hace ya varias décadas que sabemos que hay otras formas de organización empresarial y otra manera de hacer negocios. Una manera que intenta acentuar la sostenibilidad, la solidaridad, la colaboración; un tipo de empresa que busca, además del beneficio individual, el retorno social. La crisis del coronavirus y el confinamiento nos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de apoyar más decididamente estas formas alternativas de hacer negocios y medir el éxito, así como otras, nuevas, de generar empleo y estimular el consumo y la actividad cuando, pasada la crisis sanitaria, podamos retomarla.

Las empresas que han podido mantener su actividad, aunque sea de manera parcial, han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Algunas parece que nacieron para estos tiempos de confinamiento: son las más digitalizadas o las especializadas en envíos de productos a domicilio, encabezadas por Amazon, cuyo modelo de negocio está saliendo claramente favorecido en las actuales circunstancias. Otras se adaptan como pueden, fomentando el teletrabajo y culturas laborales más colaborativas y menos presentistas. Otras, al haberse roto algunas cadenas de suministro globales, cambian sus redes de aprovisionamiento, siempre que aún exista esa posibilidad en el mercado interior. Otras ensayan métodos cooperativos, no sólo entre ellas, sino también con sus proveedores y consumidores. Y todas vuelven la mirada y exigen a los poderes públicos que las ayuden financieramente a transitar las consecuencias del confinamiento. Todas buscan esos fondos públicos a los que algunas llevan años intentando contribuir lo menos posible, presionando para imponer una fiscalidad baja para la actividad empresarial que, en el caso de algunas grandes empresas, pasa por la creación o utilización de sociedades opacas en paraísos fiscales a través del dumping fiscal, que tanto debilita a los estados y las arcas y servicios públicos, incluida la sanidad que todos los días aplaudimos. Por eso indigna leer estos días hemos leído en la prensa económica cómo algunas entidades bancarias españolas están abriendo nuevas oficinas en Luxemburgo para ayudar a instalarse a compañías españolas que tratan de trasladar allí sus fondos. Una respuesta individualista y proteccionista a la crisis que no satisface a la multitud, la cual asiste impasible a la caída del empleo y los ingresos, opción que además, no es accesible para pymes o autónomos.

Aún no sabemos cómo saldremos de esta crisis, qué cambios y transformaciones acabarán produciéndose. Pero sí conocemos las tendencias que se están imponiendo para salir en mejores condiciones de la crisis, y los caminos que deberíamos transitar para que la salida tenga lugar de la manera más sostenible y justa. Igualmente sabemos cómo hemos salido de otras crisis en el pasado, crisis más o menos graves que ésta. Porque no olvidemos que existen evidencias históricas suficientes que demuestran que no siempre salimos de las crisis en positivo y que éstas, lejos de implicar transformaciones radicales y necesarias, pueden incidir en cambios perversos que nos abocarán inevitablemente a nuevas crisis, inestabilidad y sufrimiento.

Con ese tipo de comportamientos y una regulación que lo permite, no es de extrañar que la alianza entre capitalismo y democracias liberales está en crisis desde hace cinco décadas. Y la COVID-19 ha añadido un nuevo elemento de insostenibilidad a la actividad económica mundial. Quedó claro en la década de 1970, y desde comienzos del siglo XXI es innegable, que la energía barata y segura se acabó, que el flujo abundante de mano de obra barata se ha extinguido, que existe un techo al consumo ilimitado, y ahora, además, sabemos que mantener la circulación veloz de personas entre continentes sin enormes costes operativos va a ser imposible. Los estados, el capitalismo especulativo, la clase media, la clase rentista y los herederos empresariales de un modelo de crecimiento basado en la industria fabril pero insertado en la hiperglobalización financiera, así como los gigantes de la digitalización, intentan reforzar este capitalismo desbridado que se impuso con el triunfo del orden neoliberal, pero las fuerzas en contra son cada vez más poderosas. Tanto las colaborativas como las que buscan salir de este modelo mediante el autoritarismo y la supresión de las libertades individuales.

Las fuerzas económicas y sociales que nos dan esperanza para seguir sosteniendo nuestras vidas de manera colectiva, sin dejar atrás a desempleados, jóvenes desencantados y amplias capas de población vulnerable, existen. Las vemos cada día aplaudiendo a las 8 de la tarde, anunciando en las redes sociales sus esfuerzos y sus ideas para salir de esta situación, publicitando donaciones e iniciativas solidarias en la prensa y la televisión. Investigando en los laboratorios, escribiendo, quedándose en casa. Son fuerzas creativas, solidarias, colaborativas, que buscan su espacio. Fuerzas que revelan su potencial a través de las movilizaciones y las redes sociales. Son signos de esa economía que lleva ya unas décadas creciendo en paralelo a la economía de los mercados financieros, una economía colaborativa que coordina personas y recursos a menudo a muy pequeña escala, y que reclama la atención de las instituciones. Una economía sin líderes (todavía), pero con ideas visionarias. Las instituciones que regulan las normas de la vida social y económica temen a las organizaciones sin líderes, que no son responsables individualmente ante la ley y que pueden volverse por ello incontrolables e ingobernables. Pero lo cierto es que, desde hace siglos, desde tiempos anteriores al Imperio romano, existe la economía de lo común, de lo colectivo, paralela a la economía del interés privado individual.

La economista Elinor Ostrom, Nobel de Economía en 2009, aportó ideas fundamentales sobre la importancia de la coexistencia de formas de organización colectiva de la actividad económica, que aseguren el bien común, junto a formas de organización privada. Ostrom elaboró una teoría del gobierno de los bienes comunes a partir de su estudio de varias comunidades en Suiza, Kenia y Estados Unidos. Y demostró cómo la actividad y la propiedad privada de bienes por parte de algunos agentes económicos es compatible con el cuidado por parte de otros agentes de la gestión colectiva de bienes comunes que afectan a amplios grupos sociales, con normas consensuadas que benefician a todos en el largo plazo y la imposición de castigos para los abusos individuales. Edith Penrose, otra destacada economista, señaló en su obra The Theory of the Growth of the Firm, publicada en 1959, que la clave para el crecimiento de las empresas es llegar a disponer de recursos estratégicos valiosos, difíciles de duplicar, y que algunos de esos recursos tienen que ver con un código propio de valores creadores con reputación positiva en el mercado.

La actual pandemia ha puesto en evidencia la insostenibilidad y la ineficiencia de valores y organizaciones que apuestan exclusivamente por el éxito y la acumulación individual. Esta crisis demuestra que, obviamente, necesitamos una industria textil, una industria química, energética, de la construcción, pero también y de manera esencial necesitamos disponer de bienes comunes, empezando por alimentos frescos producidos cerca de los grandes puntos de consumo del país. Y necesitamos también, más que nunca, agilizar los procesos administrativos para la producción local de innovaciones técnicas sencillas y de innovación social que mejoren nuestra salud y nuestro bienestar.

La crisis de la COVID-19 agudiza la necesidad de replantear los problemas y la utilidad colectiva de los distintos tipos de organización empresarial que conocemos. Necesitamos reorganizar la formación de los trabajadores, pues se requiere mayor formación para realizar actividades no presenciales en prácticamente todos los sectores que pueden funcionar con internet. Necesitamos reconvertir grandes espacios habilitados para actividades masivas presenciales, y transformarlos en núcleos donde se concentren recursos esenciales para el bien de los barrios, los pueblos, las ciudades. Necesitamos más espacios verdes, más vivienda social de tamaño digno, más centros de formación digital subvencionados para becar a jóvenes y mayores que deseen desarrollar un trabajo virtual, más empresas que sigan la estela de las pioneras que en estos días han apostado por este tipo de trabajo.

Necesitamos más empresas que diseñen planes para reeducar en lo virtual a sus trabajadores y planteen aportar nuevos servicios y productos útiles para la empresa, sus clientes, y también la sociedad. Necesitamos una logística de transporte más sostenible y mejor organizada que conecte mejor las estaciones de tren y autobuses y las autopistas, para crear una red densa de redistribución de productos en cada barrio o población. Necesitamos una mejor colaboración entre la red de atención primaria, las clínicas y las consultas privadas de médicos, y los hospitales. Necesitamos aumentar el personal que en cada barrio de cada ciudad y cada pueblo atiende la salud de las personas. Necesitamos una organización empresarial atenta a los servicios, a los productos esenciales, a la reducción de la movilidad de cientos de miles de empleados que pueden trabajar en casa, liberando los espacios de transporte para el traslado de los productos que todos necesitamos, dentro de una red de transporte cada vez más ecológica, que use cada vez menos energías contaminantes. Necesitamos una organización empresarial que prime los resultados en lugar del presentismo y las redes de poder, que tan bien han sabido tejer y aprovechar los hombres al disponer de mayor tiempo y movilidad que las mujeres, atadas siempre a los cuidados.

Necesitamos una corresponsabilidad en la fiscalidad que permita una buena organización de lo común. Necesitamos otra idea de cómo medir el éxito empresarial. Los indicadores desarrollados por la economía del bien común van en la línea correcta, ya que no se trata tanto de que las empresas desarrollen la responsabilidad social corporativa como de que creen valor social. De hecho, es muy difícil que la alianza entre capitalismo y democracia liberal se mantenga o mejore si las empresas no son capaces de generar valor compartido a través de una mayor integración de los trabajadores, la protección del medio ambiente, la creación de empleo de calidad, o la limitación a las diferencias de salario dentro de las empresas, que en los últimos años han llevado a los directivos de algunas grandes empresas a cobrar hasta 400 veces más que lo que cobra el trabajador medio.

Son tendencias perversas que vienen produciéndose en las últimas décadas, vinculadas con la especulación financiera, la falta de inversión en las empresas, el incremento de la desigualdad y el capitalismo de la vigilancia, que si no estamos atentos pueden agravarse con la crisis actual. La expansión de las empresas con responsabilidad limitada a mediados del siglo XIX supuso un avance importante para el crecimiento económico y la innovación, como también lo supuso el capitalismo gerencial mientras existieron fuerzas compensatorias como una mayor regulación por parte de los gobiernos o un mayor poder y participación sindical. Esto fue así hasta que, a partir de los años ochenta del siglo XX, se consolidó el principio de maximización del valor del accionista, por el que la remuneración de los directivos se unió al valor que eran capaces de generar los accionistas. Como bien explica Ha Jong Chang, esta unión entre accionistas y gerentes para explotar las empresas se llevó a cabo explotando también a otras partes de éstas, como los trabajadores, con recortes de plantilla y salariales, y limitando la inversión y por tanto la competitividad y la viabilidad de las empresas en el largo plazo. De hecho, en aquellos países donde la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas como Alemania o Japón ha sido más palpable, las empresas tienen estrategias de inversión más pensadas para el largo plazo.

De hecho, el modelo de gestión de maximización de valor para el accionista a base de explotar a otras partes de la empresa, no ha sido beneficioso ni para las propias empresas ni para la economía, al haber disminuido la inversión. Lo que ha generado son procesos de redistribución hacia las rentas más altas, que han acabado alimentando la hipertrofia financiera y la economía de casino, al tiempo que esa nueva clase gerencial iba acumulando renta, capacidad para manipular las fuerzas que determinan sus propios salarios, poder político a través de las puertas giratorias, e influencia para imponer como de sentido común ideas que sólo benefician a unos pocos y, obviamente, a ese capitalismo depredador y desbridado. Concentrar los ingresos en manos de un supuesto inversor, ya sea el capitalista o la autoridad central planificada, ha demostrado que no genera crecimiento si la inversión no aumenta.

Tampoco benefician a nadie otras tendencias que solemos ver como positivas pero que, a falta de una correcta regulación, pueden generar resultados muy perversos. Pondremos sólo tres ejemplos. En primer lugar, el de las empresas más digitalizadas, que son las que se llevarán el gato al agua en esta crisis, pero que en muchos casos están desarrollando lo que conocemos como “capitalismo de supervisión” y tienen las plantillas menos equilibradas del mercado laboral desde el punto de vista de género. En segundo lugar, el de la normalización del trabajo a distancia, que puede ser bueno para reducir nuestra huella ecológica, aumentar la productividad, mejorar la organización de nuestros trabajos y por tanto la conciliación, pero que también puede suponer la deslocalización de puestos de trabajo de cuello blanco a países con salarios más bajos, presionando así a la baja los salarios y las condiciones de trabajo. Sin contar con el impacto que el trabajo a distancia también puede tener en la salud física y psicológica de los trabajadores, que pueden llegar a ser graves para los trabajadores por causa del sedentarismo y la soledad, y la falta de límites entre lo laboral y lo personal. Modalidad laboral que afecta a las relaciones sociales, que evidentemente se están viendo transformadas y que pueden llevar a una des-corporeización o a menores posibilidades de lucha colectiva. Finalmente, esta crisis puede acelerar la automatización de muchos trabajos, generando mucho paro mientras la economía no tenga capacidad para sustituir los empleos perdidos por otros nuevos. Hemos de tener en cuenta, además, que los empleos que más difícilmente pueden ser asumidos por robots son, en muchos casos, los que implican cercanía, algo que el distanciamiento social impuesto por la crisis de la COVID-19 no va a propiciar, con lo que las tasas de empleo caerán y esto, a su vez, presionará los salarios y las condiciones de trabajo también a la baja.

Volviendo a la tesis de Elinor Ostrom, hemos de dotarnos de nuevas normas, consensuadas, que garanticen mejor la realización de la actividad privada dentro de la protección del bien común, y cuya transgresión sea penalizada. Esas normas serán más eficientes a escala local, y la clave de su eficiencia radicará también en que las organizaciones regionales, estatales e internacionales logren integrar y respetar las normas locales en un marco común más amplio. En su obra The age of information, Manuel Castells explicó cómo en la era de internet surgirían redes de distinto signo e interés, y señaló que el principal desafío residiría en evitar la confrontación entre ellas o la posibilidad de que una red dañara a las demás por ser más fuerte, estar mejor cohesionada, o disponer de más recursos estratégicos. Mucho antes, Aldous Huxley describió también cómo los intentos unificadores por controlar a los individuos y las redes en un mundo feliz pueden resultar peligrosos y desembocar en totalitarismos. Al final, la eficiencia de las organizaciones para adaptarse a la crisis del capitalismo y las democracias liberales ha de pasar por la integración en formas de organización política que reconozcan la necesidad del consenso, del valor estratégico de proteger el bien común, incluso desde la discrepancia.

Posiblemente ha habido pocos momentos en la historia en los cuales las y los científicos hayan tenido un protagonismo tan central en el debate público y en la solución de un problema como ahora en la lucha para erradicar la pandemia de la Covid-19.

Sin ciencia, sólo contamos con las medidas represivas para combatir la pandemia. Pero la ciencia no se hace sola, ni a su desarrollo pueden acceder en igualdad todos los ciudadanos del mundo, aunque tengan talento y vocación para ello; tampoco todas las ciencias obtienen los mismos resultados, ni estos llegan por igual a toda la población. Para obtener resultados científicos acordes con nuestras necesidades y desafíos sociales, necesitamos buenos sistemas educativos que formen desde la infancia en el método científico a los niños y también a las niñas; que se fomenten el interés y el respeto por la ciencia; que las y los científicos trabajen en condiciones dignas y con posibilidades de desarrollar sus carreras profesionales también cuando no siguen los dictados de los grupos que controlan las disciplinas; que se creen y consoliden las infraestructuras necesarias para ello; que se asegure una financiación más que suficiente; que se promueva una comunicación colaborativa entre las comunidades científicas. En definitiva, necesitamos que se desarrollen sistemas de ciencia, conocimiento e innovación que permitan ampliar la frontera del conocimiento, impulsar el avance de la ciencia y facilitar la aplicación práctica de sus hallazgos para el bien común y la salvaguarda de la vida en nuestro planeta. Esto es lo que necesitamos para vencer esta pandemia y para que la ciencia nos ayude también en la construcción de un mundo mucho mejor que el que tenemos.

Desde la antigüedad, la humanidad, de manera concentrada en determinados ecosistemas, ha hecho ciencia, pero no fue hasta el siglo XX cuando se consolidaron los sistemas nacionales de ciencia, que quedaron sistematizados en la mayor parte de los países tras la Segunda Guerra Mundial como resultado del nuevo papel que adquirieron los estados. Por tanto, a pesar de la continuidad de las preexistentes sociedades científicas internacionales, el gran impulso de sistematización provino de las instituciones nacionales y estuvo muy centrado en la participación de la ciencia en la industria, la medicina, la defensa, el crecimiento económico y el productivismo. Ese paradigma, del que aún quedan importantes vestigios hoy en día, fue en gran medida sustituido por otro surgido en los años ochenta del siglo XX y vinculado al aumento de la competencia internacional y a la idea de que todos los países, con las políticas y las instituciones correctas, podrían alcanzar los niveles de bienestar de los países líderes. Se diseñaron entonces sistemas nacionales de innovación para la creación y comercialización del conocimiento a través de nodos, redes o clusters, que siguieron siendo más activos y tupidos en los países que ya lideraban la producción científica y la innovación, con algunas excepciones.

Este sistema aún en vigor no ha sido todavía sustituido por un nuevo paradigma de ciencia abierta y centrada en resolver los desafíos y necesidades de la humanidad. En el año 2015, la conocida como Declaración de Lund clamó por una ciencia comprometida con los desafíos de la humanidad en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas también en 2015. De acuerdo con este paradigma, la ciencia debe aspirar a la transformación social, participando en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como en el desarrollo de formas de producción y consumo inclusivas y sostenibles, sin olvidar la centralidad de la cultura y las humanidades en nuestras vidas y en nuestro ser humanos.

Este nuevo paradigma responsabiliza a los actuales sistemas de I+D+i de estar fuertemente implicados en la persistencia de los problemas medioambientales y sociales. La responsabilidad también alcanza, por supuesto, a las ciencias sociales, entre las cuales la economía es el mejor ejemplo de intolerancia a la disidencia y de desarrollo de un conocimiento al servicio de un sistema que engendra desigualdades y un comportamiento predatorio con nuestros ecosistemas que los vuelve insostenibles. De hecho, los sistemas nacionales de I+D+i y el conocimiento por ellos desarrollado y difundido han contribuido masivamente al actual paradigma intensivo en la explotación de recursos y la producción de residuos basado en el uso de combustibles fósiles y en un modelo de crecimiento generador de desigualdades que necesitamos subvertir si queremos seguir habitando este planeta.

Ahora es el momento de apostar por este tercer paradigma de ciencia comprometida y abierta, que es el que nos puede permitir vencer la pandemia en menos tiempo. Y menos tiempo significan muchas vidas y cada una de esas vidas, sobre todo si las políticas económicas también evolucionan en el sentido correcto. Salvar las economías también significa salvar vidas y ganar en dignidad para muchas personas, incluidos muchos científicos de a pie que gozan de condiciones laborales y salariales poco o nada dignas.

Las iniciativas internacionales en torno a la Covid-19 nos están mostrando claramente la línea a seguir: la de una ciencia abierta, colaborativa y útil, donde los intereses individuales dan paso al trabajo conjunto por el interés común. Y eso incluye cambiar los intereses de las grandes empresas, centrados en el beneficio, y de los gobiernos nacionales, obsesionados con demostrar que ellos hacen la mejor ciencia del mundo. También implica modular el ego de muchos científicos y el control ejercido por las redes de poder de cada disciplina, que determinan lo que se publica o no en las revistas científicas. Con esto no queremos decir que haya que desdeñar la iniciativa individual. Hay numerosos ejemplos a lo largo de la historia que nos muestran la importancia de la iniciativa individual en el avance científico. Pensemos en casos como el de Marie Sklodowska Curie, que, en contra de lo esperado de una mujer por la sociedad de la época, demostró la existencia de un elemento, el radio, que nadie había imaginado o conocido antes y que equipos internacionales de todo el mundo aplicarían después rápidamente para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.

Muchas mujeres hemos avanzado en ciencia porque hemos trabajado en entornos institucionales que respetan los derechos individuales de las ciudadanas a acceder a becas y recursos para explorar planes individuales de futuro, los cuales, en algunos casos, han fructificado más tarde en planes colectivos desarrollados a través de redes que nosotras mismas hemos creado. No obstante, el hecho de que muchas mujeres científicas no existiríamos si hubiéramos tenido que esperar a que nos integraran en equipos de trabajo no invalida la necesidad de que, para avanzar en ciencia, coexistan el impulso, la intuición y el tesón individuales con el trabajo en equipo. Y eso es precisamente lo que fomenta la ciencia abierta, la colaboración más allá del control que ejercen los grupos de poder de las distintas disciplinas científicas y las estructuras de financiación que no se centran en el interés común. Ese paradigma abierto y colaborativo es el que está cogiendo vuelo ahora con la crisis del coronavirus.

Mencionaremos sólo algunas de las iniciativas vinculadas con este nuevo paradigma, relacionadas en concreto con el aumento de la colaboración y de las publicaciones pre-print, y con la aparición de consorcios públicos-privados que funcionan en las dos direcciones, y que gracias a la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y a la capacidad de computación y almacenamiento de la nube, están acelerando los experimentos que nos acercan al encuentro de tratamientos exitosos para la Covid-19.

El desarrollo de los pre-print, trabajos en curso desarrollados con rapidez y no sujetos al lento y en teoría riguroso sistema de revisión por pares, está siendo una de las claves de la lucha contra la Covid-19. Es cierto que puede existir cierta tensión entre rigor y velocidad, pero en este contexto los beneficios de la velocidad exceden la posible falta de rigor –y decimos posible porque son muchos los científicos que duermen poco dedicados como están a la producción, revisión, mejora y difusión de resultados. El famoso New England Journal of Medicine publicó un artículo sólo 48 horas después de que sus autores lo hubieran remitido. Sólo a finales de febrero se pusieron a disposición de la comunidad científica 300 artículos científicos sobre el virus y la enfermedad que provoca aparecidos en repositorios pre-print, especialmente en bioRxiv y medRxiv, ambos gestionados por el Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Estos repositorios pre-print no son nuevos, han ido ganando prestigio entre los investigadores en los últimos años como reacción a los comportamientos cuasi mafiosos de algunas revistas científicas y a los incentivos perversos vinculados a la publicación en revistas indexadas, gestionadas, como los propios índices por los que se evalúa todo, por intereses privados. Este modelo de ciencia métrica y mercantilizada no es independiente de la compartimentación y domesticación del conocimiento, ni de los límites al propio desarrollo científico que vemos en muchos campos dominados por grupos de poder que consolidan su posición de liderazgo a través del conservadurismo y de castrar la verdadera innovación, como tan bien cuenta Sonia Contera en su libro Nano comes to life: How Nanotechnology is transforming Medicine and the future of Biology. Esperemos que el cambio en la manera de comunicarse entre los científicos que está trayendo la lucha a contrarreloj contra la Covid-19 y la revolución de la información que conlleva perduren y sean un elemento básico en la implantación de este nuevo paradigma de ciencia abierta que tanto puede beneficiar a todas las personas. Aunque, evidentemente, somos conscientes de que no todas las disciplinas pueden avanzar a la misma velocidad de crucero, y de que no todas se prestan por igual al trabajo colaborativo en red.

Otra vía posible dentro de este paradigma es la puesta en marcha de consorcios que funcionan en ambas direcciones y no sólo explotando los recursos públicos para intereses privados. Sin duda, el más espectacular es The Covid-19 High-Performance Computing Consortium, del que forman parte Google, Amazon, Microsoft o IBM y que ha puesto 330 petaflops a disposición de varias instituciones científicas como el MIT y agencias públicas como la NASA, con el fin de facilitar la supercomputación y la capacidad de compartir grandes cantidades de recursos en la nube. El trabajo conjunto de científicos, ingenieros e investigadores está permitiendo realizar una enorme cantidad de cálculos a una velocidad enorme en epidemiología, bioinformática o modelación molecular. Los consorcios y el uso de la IA son sin duda autopistas que debemos recorrer. Sólo en el mes de marzo se han podido hacer simulaciones con más de 8.000 moléculas y aislar, por su reacción a la Covid-19, 77 componentes que pueden usarse para experimentar en el desarrollo de tratamientos contra el virus.

Ahora bien, esas empresas también deben contribuir con sus impuestos a los presupuestos nacionales para que los estados o los supra-estados como la UE puedan invertir en ciencia, sobre todo en ciencia básica, que nunca se sabe qué resultados dará ni dónde se aplicará. Como muy bien explica Mariana Mazzucatto en su libro El Estado Emprendedor, todo lo que hace al iPhone ser el iPhone, internet, la geolocalización, etc., se financió con dinero público que salió de los presupuestos federales norteamericanos, los cuales se sostienen sobre los impuestos recaudados por el estado, justo los que Apple se está ahorrando ahora en EE.UU y en todo el mundo.

De hecho, necesitamos que la participación privada en el desarrollo de esta ciencia abierta y colaborativa sea más decidida, tanto a través del pago de impuestos como de manera directa. En el caso que nos ocupa sería especialmente importante que lo hicieran las grandes farmacéuticas, que deberían compartir sus enormes bibliotecas químicas para que los medicamentos candidatos a luchar contra la Covid-19 sean rápidamente detectados. La rapidez en este caso es esencial para salvar vidas.

Ya hay iniciativas interesantes, como el acuerdo al que llegaron diez grandes farmacéuticas en junio de 2019 para realizar una investigación conjunta sobre nuevos antibióticos. Es cierto que este acuerdo fue posible gracias al desarrollo de un sistema basado en el blockchain, que permite al algoritmo comprobar los datos de las compañías rivales con total trazabilidad. Aunque, como dice Ava Darzi, directora del Institute of Global Health Innovation del Imperial College London, esta colaboración no se basa en la confianza en el socio sino en el código.

Y es que esta transformación que necesitamos no va a ser fácil. Los incentivos a los investigadores para que puedan escapar de trabajar sólo por voluntarismo y entusiasmo pasan por acumular una métrica de varios dígitos en revistas indexadas. Las empresas y sus gestores también están sometidos a incentivos perversos dentro de una economía en la que predomina la lógica financiera frente a otras posibles lógicas, como la del bien común o incluso la productivista. Y los estados también lo tienen difícil, cada vez más endeudados como consecuencia de los lógicas fiscales regresivas y de un contexto internacional en el que muere el multilateralismo de postguerra y se abre paso un nuevo nacionalismo liderado por los Estados Unidos de Donald Trump, mostrando la cara opuesta de la la cooperación científica en la que avanzamos y que precisamos. Sólo en el mes de febrero 69 países prohibieron o limitaron las exportaciones de materiales o productos necesarios para combatir la pandemia, rompiendo de paso las cadenas de suministro de productos básicos para garantizar la supervivencia de millones de personas.

Necesitamos inversión, compromiso social y decencia en la ciencia, para mejorar las condiciones de trabajo de las y los científicos, desarrollar una competición honesta y guiada por el bien común, diseñar y apoyar una educación que forme bien a los futuros profesionales y también a la sociedad en general de manera que sea vacunada contra la manipulación y los fakes que tanto daño nos están haciendo al limitar el verdadero funcionamiento de nuestras democracias. En definitiva, necesitamos sistemas de ciencia abierta bien diseñados, que afronten los grandes retos sociales como la lucha contra el cambio climático, las desigualdades o las pandemias y que lo hagan con humildad, comunicando y entendiendo también los límites de lo que se puede hacer científicamente –no como la ciencia basada en el desarrollo de modelos que ha dominado la respuesta a la pandemia, que ha construido modelos sin datos y pone ahora todo el énfasis en los tests, cuando muchos expertos alertan de que los tests son herramientas de fiabilidad limitada y el biosensing una metodología compleja. La ciencia es grandiosa, pero también debe ser humilde.

Todo esto tenemos que llevarlo a cabo con la participación del conjunto de la sociedad. No basta con que los gobernantes decidan primar la inversión en ciencia, también hace falta que la ciudadanía esté dispuesta a emplear sus impuestos en ciencia. La idea de las misiones que trata de desarrollar el nuevo programa europeo de investigación Horizonte Europa puede ser una senda prometedora si se aplica con rigor, espíritu participativo, contando con suficiente presupuesto y no entendiendo de fronteras. Porque necesitamos una ciencia que amplíe el horizonte del conocimiento, pero que también trabaje para mejorar nuestro mundo y el bienestar de todas las personas, no sólo el de unos pocos. Y lo necesitamos ahora, pero también después de haber vencido esta pandemia.

La Historia nos da lecciones sobre cómo los sistemas de salud reaccionan ante las pandemias. La primera es que estos sistemas son estructuras frágiles y su firmeza depende de la existencia de políticas previas diseñadas para el muy largo plazo, que deben ser consensuadas y disciplinadamente ejecutadas. La segunda lección es que son muy pocos los países donde se han consensuado este tipo de políticas; muy al contrario, lo que ha dominado es la improvisación. La tercera lección es que los episodios traumáticos y de crisis que dejan un fuerte impacto social en el corto y medio plazo tienden a ser olvidados por la siguiente generación, limitando el consenso que empujó en su momento las transformaciones de los sistemas de salud. Por eso es vital que la experiencia científica de la Medicina y de la Historia se utilice para llevar a cabo planificaciones de largo plazo en los organismos políticos encargados de fortalecer nuestros sistemas de salud y bienestar, y que esto se haga con amplio consenso y apoyo social.

Los actuales sistemas de salud en el mundo fueron diseñados en un contexto de crisis, entre finales del siglo XIX y la década de 1930. Un periodo en el que más de 40 millones de personas migraron de un continente a otro sin regresar a sus países de origen, durante el cual varios imperios colapsaron, al tiempo que se hundían el sistema internacional de pagos controlado por el patrón oro y la libra esterlina, y millones de jóvenes morían a causa de los más feroces conflictos bélicos entre las grandes potencias imperialistas. La muerte, las epidemias, el hambre, el aumento de la llegada de migrantes a las grandes ciudades, la crisis de la economía agraria y el despegue de la industrialización imperaron esos años. Fue entonces cuando el mundo se planteó cómo hacer frente al aumento del número de enfermos en las grandes ciudades, cuya población se duplicó y en algunos casos se quintuplicó en apenas tres décadas.

De hecho, la crisis y las transformaciones que llevaron a la instauración de los modernos sistemas de salud y bienestar fueron previas a la II Guerra Mundial. Aparentemente en contraste con el escenario que acabamos de presentar, el primer avance significativo de la esperanza de vida en el mundo tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX, gracias a mejoras sustanciales y progresivas en higiene y salubridad, y al efecto de las campañas contra las pandemias y epidemias infecciosas, de índole digestiva y respiratoria, que fueron patrocinadas por instituciones públicas y privadas, como la muy impactante liderada a nivel mundial por la también muy criticada Health Unit de la Rockefeller Foundation.

Hace un siglo, se hundió la economía agraria occidental, cayeron el Imperio ruso, el austrohúngaro y el otomano y millones de personas huyeron de la guerra portando con ellos sus bacterias y sus virus. Ante el tremendo shock que esto supuso, los precarios sistemas de salud decimonónicos reaccionaron recogiendo donativos, fomentando otros actos de caridad y aprobando precarios subsidios públicos en las grandes ciudades para evitar el colapso del sistema económico. Fue en esos momentos cuando la necesidad y la escasez de recursos, así como la presión social y política propia de los tiempos de crisis, hicieron que la iniciativa pública, privada y comunitaria confluyeran, con muy diversas propuestas, en la creación, apoyo y aceptación de modernos sistemas de salud pública.

En el primer tercio del siglo XX, se diseñaron los principales modelos de estos modernos y diversos sistemas de salud públicos: el de Europa occidental con la Europa mediterránea siguiendo su estela; el norteamericano; y el de las economías emergentes de Asia, América Latina y África. Esas particularidades quedaron en el sustrato de los estados de bienestar de la postguerra y son perceptibles también en la mayor o menor fortaleza con las que estos han afrontado su desmantelamiento, privatización o debilitamiento durante el periodo neoliberal y, por tanto, en su capacidad actual de respuesta y en las desigualdades en el acceso de la población a los recursos sanitarios. En lo que no divergieron tanto los distintos modelos de bienestar, incluidos los escandinavos hasta la década de 1970, fue en el hecho de que el nuevo pacto social que les dio sustento tras la Segunda Guerra Mundial se basó en otro pacto, éste de género, según el cual el cuidado de las personas quedaba en manos de las familias y, más particularmente, de las mujeres.

En lo relativo a los sistemas de salud, en Europa occidental se impusieron tres grandes modelos: el francés, muy centralizado, basado en la estandarización de la formación médica y la organización de grandes hospitales, muy burocrático y lento en su capacidad de reacción ante situaciones críticas; el inglés, muy descentralizado, fundamentado en la externalización de los servicios sanitarios a las comunidades y al voluntarismo local, con todas las desigualdades que eso crea entre pequeñas comunidades y grandes ciudades; y el alemán y el suizo, con una estructura federal férreamente organizada por el poder central, que delegaba a centros y autoridades de gran prestigio científico el control y registro del cuidado sanitario, siguiendo normas estandarizadas a escala estatal, y estimulando un acceso generalizado de la población a los seguros médicos y una remuneración justa del personal sanitario.

La Europa mediterránea, caracterizada por una economía dual y muy atrasada hasta hace apenas cuatro décadas, desarrolló, como oasis perdidos en el desierto, algunos sistemas locales y distritos de salud muy innovadores que pretendían reproducir el modelo alemán o el francés (y en menor medida el inglés). Durante décadas y hasta la llegada de la democracia, lo lograron sólo durante periodos breves, interrumpidos por la constante injerencia de élites e instituciones cuya prioridad era el control del poder económico y no la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Estados Unidos y Canadá crearon un modelo muy influyente de atención sanitaria centrado en enormes infraestructuras hospitalarias, construidas en vertical y conectadas por ascensores para permitir la concentración de miles de pacientes en un espacio urbano reducido, y excelentemente dotadas con equipos de investigación y tecnológicos de vanguardia, tanto de diagnóstico como de terapia. Las autoridades sanitarias intentaron imitar la descentralización y la externalización del control de la atención sanitaria a centros de prestigio científico propias del modelo alemán –la John Hopkins University se convirtió en el centro de referencia–, pero sin copiar las normas alemanas que desde la década de 1880 habían favorecido el acceso masivo de la población a la cobertura médica. El resultado, tanto en Estados Unidos como en Canadá, fueron una enorme desigualdad y una injusticia clamorosa en el acceso a los servicios básicos de salud de amplias capas de la población.

La Segunda Guerra Mundial supuso, en poco tiempo, un trauma colectivo de tal envergadura que llegó a cambiar las prioridades políticas en un sentido amplio. Las propias élites políticas y empresariales y la ciudadanía en su conjunto se vieron imbuidas por lo que se llamó el “espíritu del 45”, que impuso una fiscalidad progresiva y democrática orientada al bien común frente al interés individual. Las lecciones apenas aprendidas en los años anteriores a 1939 pudieron, entonces, implementarse sobre una mayor base fiscal y con un criterio en general más equitativo en el acceso a los sistemas de bienestar de aquellos países en los que se adoptaron sistemas democráticos. España, sumida en la dictadura, fue mal que bien modernizando su sistema de salud, pero quedó al margen de ese proceso hasta el triunfo de la democracia. La dependencia de la senda histórica es más fuerte de lo que creemos.

Las diferencias de partida que hemos esbozado para las distintas regiones o países en lo que se refiere a las condiciones de acceso de la población en general a las infraestructuras y atención sanitarias se han mantenido hasta hoy. Por ejemplo, en Estados Unidos, miles de personas carecen de seguro o disponen de uno que no cubre todo el coste de la atención que precisan, generando continuos dramas humanos que las polémicas políticas no han logrado subsanar a pesar de los intentos del Obamacare. En Europa occidental, la tradición centenaria alemana de descentralizar la atención sanitaria y dotarla de un alto número de camas hospitalarias, así como de médicos y enfermeras, sumado al acceso general de la población a los seguros médicos, permite reducir la tensión en crisis como la de la Covid-19. La obsesión francesa, determinada históricamente, por centralizar la administración de la sanidad pública ha ralentizado la toma de decisiones en la actual crisis. El bloqueo, hasta muy recientemente, de algunas élites empresariales, sociales y políticas de Italia y España a las opiniones de expertos epidemiólogos ha podido contribuir de manera decisiva a la virulencia con la que se están produciendo los contagios y fallecimientos durante esta crisis en la Europa mediterránea. Aunque a esto es imprescindible añadir el efecto particularmente duro de las políticas de austeridad en las finanzas y servicios públicos de estos países.

La descentralización y atención local en el sistema sanitario inglés, con una fundamental aportación de entidades voluntarias privadas, permite hoy, como hace un siglo, paliar las carencias del más que insuficiente sistema público de salud, que tampoco salió indemne de las políticas de austeridad impuestas en Gran Bretaña antes y después de la crisis de 2008. En las economías emergentes, el poder del Estado, a pesar de la influencia de las élites depredadoras, se revela, como hace un siglo, primordial para imponer de manera centralizada medidas que son rápidas y visibles en la mejora de la situación sanitaria de las grandes ciudades, aunque, también como hace un siglo, en zonas alejadas de las grandes urbes la desatención sanitaria es la norma y la propagación de enfermedades endémicas, como el dengue en Perú o la malaria en África, sigue matando a una gran velocidad y con mucha virulencia sin que la OMS nos informe a diario de ello.

Desde la década de 1990, la política de concentrar camas hospitalarias en unos pocos grandes hospitales, reduciendo paulatinamente el número de camas por habitante y limitando su presencia en las ciudades de pequeño y medio tamaño, se ha vuelto casi universal. Las décadas de hiperglobalización financiera han primado inversiones en infraestructuras que generaban deuda y productos financieros para seguir especulando y asfixiando la economía productiva, desplazando a las personas del centro de la política económica. Personas que no son –no somos– robots, sino personas que vivimos en cuerpos vulnerables, que necesitamos cuidados, que enfermamos y morimos como moscas en pandemias que se expanden de manera exponencial. Ni las autopistas, ni los aeropuertos fantasma, ni los derivados financieros sirven para alojar camas de UCI o fabricar EPIs. El predominio de la economía financiera sobre la economía real ha de invertirse radicalmente y permitir que prioricemos las inversiones en salud y educación. O eso o en la próxima pandemia, como ya vaticinan algunos organismos de salud internacionales, podríamos alcanzar la escalofriante cifra de 80 millones de muertos en todo el mundo. Salud, educación, ciencia y bienestar deben ocupar el centro de nuestras políticas y sistemas fiscales, y eso incluye también organizar la producción, distribución y consumo de manera que podamos construir una economía incuestionablemente sostenible.

La Historia no es un armario lleno de esqueletos guardados para entretenimiento de populistas o jubilados. Es un auténtico laboratorio repleto de experiencias de éxito y de fracaso que, contextualizadas, permiten distinguir lo que, en situaciones de crisis, funcionó, y dónde y por qué lo hizo. Experiencias que nos impulsan a reflexionar sobre las vías por las que ahora podemos y debemos transitar para alcanzar soluciones comunes y solidarias, que coloquen el bienestar de las personas en el centro de la acción política, reforzando nuestros sistemas de salud y las respuestas globales a emergencias sanitarias como la actual.

El laboratorio de la Historia nos ofrece varias enseñanzas sobre lo que ocurre cuando un sistema de salud quiebra ante un fuerte shock externo como es una pandemia. La primera es que las condiciones de partida son clave para resistir y amortiguar el trauma. La segunda es que las bases para mejorar sustancialmente las condiciones de un sistema de salud y prepararlo así para futuros choques no pueden ser alteradas ni sustituidas con la velocidad que desearían los votantes ni, sobre todo, con la que las redes sociales y la información manipulada que por ellas circula exigen. Y la tercera, que es fundamental crear un fuerte consenso, no sólo entre las élites sino en el conjunto de la sociedad, sobre la necesidad de sostener con los impuestos y los votos de toda la población aquellas opciones políticas que garanticen el fortalecimiento de los sistemas de salud.

Disponer de más hospitales, más camas hospitalarias, más UCIs, más personal sanitario con mejores condiciones de trabajo y salario es algo que no se va a conseguir de la noche a la mañana. Se hará instando a todas las fuerzas políticas a que se comprometan seriamente a hacerlo, y a toda la ciudadanía a que acepte destinar un mayor porcentaje de impuestos a la salud y a la educación, de forma estable y en el largo plazo. Se hará incrementando el respeto hacia la Ciencia, los científicos y la investigación, aumentando por ley el porcentaje del PIB dedicado a I+D+i financiada con apoyo público, pero también privado, favoreciendo así que las y los científicos puedan realizar su trabajo dignamente y no sólo por vocación, entusiasmo o voluntarismo.

Ninguna gran pandemia de la Historia ha acabado sin provocar grandes transformaciones en la sociedad, la economía, la política y las ideologías y, por ende, en nuestra forma de vida. Así ocurrió con la Peste Negra del siglo XIV, la gripe mal llamada española de 1918 y así ocurrirá ahora con el COVID-19. Segar la vida de decenas de miles de personas de golpe y a escala global, hace que nada pueda ser luego igual, ni que deba ser igual.

Precisamente, de los grandes desastres colectivos, como cada uno hace también de los grandes fracasos individuales, se sacan grandes lecciones que todos acordamos aceptar. Sin embargo, la memoria es frágil y el paso de nuevas generaciones con nuevos intereses y problemas hace que se termine olvidando. Cuando los acontecimientos son recientes es más fácil recordarlos. Por ejemplo, parece que una de las claves que además de la mayor extensión de la tecnología y modelos sociales más colectivistas, explica el mayor éxito en el combate del COVID-19 de los países asiáticos, ha sido precisamente que habían pasado por pandemias en los años recientes y habían aprendido de ellas. De esa manera pusieron en marcha mecanismos de detección de posibles contagios incluso con síntomas leves que permitieron aislar muy pronto a los posibles contagiados y a las personas que habían tenido contacto con esas personas.

Ahora, desde nuestro confinamiento nos toca aprender a nosotros también, y convertir esta tragedia en oportunidad. Nos toca recuperar valores que teníamos un poco oxidados antes de la pandemia como el cuidado, la solidaridad, la responsabilidad, el civismo, la humildad o el heroísmo para llevarlos a una sociedad que lleva decenios siendo egoísta y predadora con los recursos comunes, explotadora y generadora de cada vez más desigualdades. Desde la década de 1980 hasta esta crisis sabemos que el capitalismo neoliberal sin bridas, basado en la desregulación financiera y en el abaratamiento y mayor velocidad de los flujos mundiales de personas, tecnología, y mercancías, ha llevado a esas explotaciones y desigualdades a las que nos acabamos de referir y que sí bien no nos gustaban eran difíciles de cambiar porque, precisamente, alteraban nuestro modo de vida planetario. El calentamiento global, la desigualdad, el hambre, la pobreza, el abuso laboral, el enriquecimiento de agentes económicos adaptados como peces en el agua a la hiperglobalización financiera son males a cambiar, pero no acabábamos de cambiarlos.

Parece claro que las primeras respuestas a las crisis actual deben concentrarse en salvar vidas, también las de nuestros mayores, en el sostenimiento de los sistemas sanitarios y en aplacar en la medida de lo posible los efectos económicos de la paralización de la actividad económica que permitan a las personas no solo sobrevivir sino seguir con sus vidas en condiciones dignas y con capacidad de vislumbrar un futuro igualmente digno. Pero al mismo tiempo, y justo después de lo inmediato tienen que orquestarse otra serie de respuestas que nos lleven a mejorar nuestros sistemas sanitarios, nuestras economías, nuestro bienestar y nuestra convivencia. Y es justo al diseño de lo que debe venir dónde queremos aportar. Necesitamos garantizar la transmisión veraz, y crítica, reflexiva, de conocimiento que pueda hacer entender a la sociedad alguno de los retos que plantea la pandemia actual, y hechos presentes y pasados que puedan arrojar luz para que políticos y gestores que tomen decisiones eviten errores pasados y se inspiren para considerar herramientas de construcción de nuestro futuro colectivo.

Es cierto que ese día después viene preñado de incertidumbre, pero nos gustaría hacer dos reflexiones al respecto. La primera es que si nos apoyamos en el conocimiento científico que tenemos, incluidas las enseñanzas de la Historia, quizás podamos domar parcialmente esa incertidumbre y sepamos más sobre cómo debería ser ese día después. Necesitamos agarrarnos al conocimiento científico. La frontera del conocimiento está en constante evolución, pero sabemos muchas cosas y desde distintas disciplinas y saberes que bien utilizadas pueden servir de base para repensar, poco a poco, desde nuestro confinamiento en el hogar -o incluso quienes están en primera línea salvando vidas o permitiendo que nuestras sociedades sigan funcionando-, qué podemos hacer mejor, qué podríamos cambiar, cómo recombinar lo preexistente que no puede desaparecer de un plumazo, con cosas nuevas que hagan que funcionemos mejor, todos juntos. Repensar lo que hacemos para hacerlo distinto, y mejor, es innovar. Estos momentos son los que pueden servir para plantear una innovación basada en el conocimiento, no sólo en el ámbito tecnológico sino también en el económico, social, o cultural, y en el organizativo. Innovar para cooperar, innovar para colaborar, innovar para el bienestar. 

La segunda es que, como nos recuerda Nassim Taleb en con su concepto de antifragilidad, la incertidumbre no tiene por qué ser negativa sino todo lo contrario. Siguiendo la propia explicación de Taleb, mientras que el concepto de resilencia hace referencia a quien resiste  y sobrevive a los shocks, el antifrágil es quien no sólo sobrevive sino quien sale mejor parado de ellos, que no es lo mismo. De hecho, a lo largo de la historia los cambios más radicales y que nos han hecho progresar, han sido respuesta a situaciones excepcionales. Desde la modernización de la gestión hospitalaria y la respuesta política a las pandemias tras la gripe de 1918, el desarrollo de los antibióticos durante  y después de la II Guerra Mundial, a la puesta en marcha de los estados de bienestar y los sistemas públicos de seguridad social tras la Segunda Guerra Mundial, o las modernas tecnologías de transporte, información y comunicación salidos de las grandes contiendas bélicas en el mundo, la historia está llena de estos momentos y de estas respuestas.

Los ejemplos son incontables. Fue a raíz de la gran mortandad de la Guerra de Crimea, o la Guerra de Secesión norteamericana, o las grandes mortalidades de las guerras franco-prusianas y ruso-japonesa entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, que la moderna enfermería y la moderna industria del plasma nacieron para salvar cientos de miles de vidas. Y más cercano a nosotros, las semanas que llevamos de respuesta al coronavirus han visto disminuir la contaminación en la región de Wuhan, extender sistemas de teletrabajo y tele educación para los que ya existían las tecnologías sin que estuvieran plenamente en uso, reestablecer vínculos de solidaridad vecinal y hasta avanzar en corresponsabilidad con la llegada siempre bienvenida de muchos papás a los chats de clase infantiles. También ha acelerado la búsqueda de fármacos para frenar la pandemia, y de uso de mecanismos de open source para el trabajo colaborativo en la invención de aparatos de respiración artificial baratos y abundantes, o los avances colectivos que se están realizando para encontrar una vacuna porque la ciencia tampoco debe tener fronteras.

Hagamos que esta pandemia y este confinamiento también sirvan para transformar en positivo nuestras sociedades. Con ello no queremos decir que sólo salgan cosas positivas de esta situación. Cada día se pierden miles de vidas y en muchos casos, esas personas se van sin el calor de sus seres queridos. Y también es cierto que el confinamiento no es sólo una oportunidad y que está creando conflictos, e incluso peligros especialmente para las mujeres y menores víctimas de violencia de género, y que no todos los encierros son iguales porque nuestras viviendas son muy distintas. Pero sí que miremos con valentía al futuro para cambiarlo porque en el día a día ya lo estamos haciendo.

Estamos extendiendo el uso de tecnologías que teníamos a mano pero a las que no exprimíamos su potencias. La tecnología y las redes sociales se están usando para reducir los problemas psicológicos del encierro y el aislamiento de millones de personas en el mundo, también de los niños, creando la percepción que es una oportunidad para conversar más, reírnos más, compartir miedos, y organizar la solidaridad entre los que se sienten más fuertes y los que se sienten más frágiles en estos momentos. Las redes nos permiten seguir clases de los gimnasios en vivo, leer todas las revistas y periódicos que generosamente han abierto el acceso a su información, hacer recetas juntos con las cámaras y el audio, que nuestros hijos tengan clases online, evaluar a nuestro alumnado día a día sin que pierdan el curso académico, tener debates en streaming en redes que permitan acercar la acción política a la ciudadanía, que nuestras madres aprendan a usar Skype y charlen con vecinos a los que apenas daban los buenos días hasta ahora. Las redes tecnológicas están creando y reforzando redes sociales dinámicas. Nos están enseñando algo que no hacíamos con tanta intensidad, con tal diversidad de ángulos, que tendremos cuando todo esto acabe, para hacer las cosas distintas, conversando más y escuchando más.

Así que tenemos que aprovechar esta situación no solo para resistir sino para salir mejor y hacerlo con estructuras, protocolos y políticas nuevas para poder avanzar. Las mujeres sabemos muy bien que siempre que ha habido ideas, organismos, estructuras nuevas, nos ha sido más fácil innovar y progresar porque nos hemos colado por las rendijas nuevas que quienes tenían el poder no necesitaban ocupar. Sobre todo si de esas innovaciones salen estructuras que maximizan la interconexión y la asunción de la interdependencia. Cuando se reorganiza lo pre-existente hay que hacerlo al mismo tiempo creando estructuras nuevas que compitan con las antiguas porque sino es muy difícil sacar de éstas a las garrapatas y los parásitos que se alimentan de aquello que ya existe y es grande.

Esta crisis nos debe hacer reflexionar con rigor y empatía sobre la necesidad de volver a situar la sanidad y la educación en el epicentro de las prioridades de gestión política de largo plazo, y los sistemas y retórica fiscal que deben sostenerlos. La importancia de apostar por la ciencia y la investigación para avanzar en la frontera del conocimiento, ponerlo al servicio del bienestar de las personas, generar sociedades más críticas y responsables con lo común, y mejorar la toma de decisiones políticas. De repensar los tiempos, y los espacios de trabajo y en cómo nos repartimos esos tiempos y esos trabajos, de manera que podamos avanzar hacia sociedades más igualitarias gracias a la innovación social y un nuevo contrato social feminista. La oportunidad digital para la gestión de las distintas fases del proceso productivo, con especial incidencia en la organización empresarial, nuestra educación o nuestros hábitats, especialmente los urbanos. Sobre la economía real que debe imponerse a la economía financiera y hacerse circular, sostenible, verde y centrada en el bienestar de las personas. Sobre la necesidad de un nuevo sujeto político distinto del que nos ha traído el neoliberalismo como razón rectora; y finalmente sobre la relación existente entre innovación y poder, en un momento de revolución tecnológica donde el poder y las ganancias se están acumulando en unos pocos en una especie de distopía del juego del monopoly aplicado a la vida real.

Estamos en unos momentos de confinamiento individual y colectivo que nos obliga a todos y todas a reflexionar en nuestro modo de vida. Deberíamos de haberlo hecho ya en la crisis de 2007/8, pero su efecto fue muy desigual y no acabó actuando de catalizador de cambios de esta naturaleza, como hubiera sido deseable que ocurriera. Debemos reflexionar sabiendo qué se hace en otros países, no para criticar cómo lo hace nuestro gobierno sino para aprender, como también debemos aprender de qué se hizo en otros momentos, en otras situaciones que aunque distintas resultaban pavorosamente similares a la actual. Debemos reflexionar con rigor, urgencia y empatía sobre qué hemos de hacer cuando todo esto se acabe, que se acabará.