Con esta nueva crisis del Covid-19 están saltando muchas costuras en nuestra sociedad. El sistema sanitario y todo lo relacionado con los cuidados, como son las residencias de mayores, es lo más visible, pero el mundo del trabajo también está haciendo aguas.

Con el estado de alarma se ha modificado la legislación en cuanto a los ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo Temporal). Por una parte lxs trabajadorxs afectadxs por un ERTE podrán recibir la prestación por desempleo sin tener cotizados los 360 días establecidos y por otra las empresas quedan exentas de abonar las cotizaciones a la seguridad social durante el tiempo que dure el expediente.

La medida parecería buena si no fuera porque esconde la precariedad en la que se encuentra el mercado laboral. Para empezar la prestación por desempleo sólo llega al 70% del raquítico salario pactado en las diferentes negociaciones colectivas. En la mayoría de sectores productivos la escasez salarial se suple con la realización de horas extras, evidentemente pagadas en negro, o los pluses por productividad, que para cobrarlos hay dejarse el lomo, es decir, lo mismo que las horas extras pero con otro nombre.

Ahora con los ERTE, esa parte de trabajo extra que le servía a la gente para llegar a final de mes ya no se puede realizar, por lo tanto si ya no se llegaba con el 100%, menos se va a llegar recortando un 30% los escasos salarios. Pero la avaricia empresarial de este país tiene su propio concepto de I+D.

Imaginemos esta situación: una empresa hace un ERTE parcial que afecta a una parte de la plantilla, es decir, que no implica un cierre. La empresa continúa con actividad y sigue trabajando con la plantilla no afectada por el ERTE y con toda o parte de la plantilla que si está afectada, dependiendo del volumen de actividad que consiga mantener. A esta última parte de la plantilla la empresa les paga el 30% del sueldo dejado de percibir con la nueva situación del expediente temporal. ¿Es posible que se esté dando esta situación?

Pues es más que probable si tenemos en cuenta que en la Encuesta de Población Activa (EPA) de hace aproximadamente un año, en España había 797.000 personas trabajadoras (el 4,8 % del total) que realizaban horas extras, de las que casi la mitad de esas persona no cobraba ni cotizaba por ellas. Además  casi 376.000 personas realizaban un total de 2,96 millones de horas extra a la semana sin cobrar por ello.

A la situación descrita debemos añadir la nula responsabilidad social de las grandes empresas y multinacionales que, teniendo beneficios, se están acogiendo a la nueva regulación de los ERTE, dejando de pagar las cotizaciones a la seguridad social. El Corte Inglés ha presentado un ERTE que afecta a 25.900 personas, el más numeroso hasta el momento y va a dejar de pagar a la seguridad social las cotizaciones de todas esas personas. Es inadmisible que una empresa como El Corte Ingles, que en 2018, tuvo unos beneficios netos de 260 millones de euros (un 27,7% más que el año anterior), deje de contribuir al erario público.

La retahíla es interminable, el grupo Zena Alsea (VIP, Cañas y Tapas, Starbucks, Dominos pizza) ha presentado un ERTE que afecta a 22.000 personas y en 2018 tuvo unos beneficios de 102 millones de euros. Hoteles Riu presenta un ERTE que afecta a 5.500 personas y tuvo en 2018 unos beneficios de 222 millones de euros. La aerolínea Vueling presenta un ERTE que afecta a casi toda su plantilla, a unas 4300 personas y tuvo unos beneficios en 2019 de 132 millones de euros. Decathlon, la mayor empresa de deportes del país, ha solicitado un ERTE que afecta a 8.800 personas y tuvo unos beneficios en 2018 de 96,6 millones de euros.

Por si esto no fuera suficiente tenemos que asistir a la humillación de las donaciones. Empresarios, deportistas y gente de calaña variada que, mediante ingeniería financiera, o bien no tributan aquí, o lo hacen con una laxitud que de no ser por la legislación permisiva existente estaríamos hablando de delitos. Amancio Ortega ha donado 25 millones y 300.000 mascarillas y resulta ilustrativo recuperar el comentario que el periodista Antón Losada escribió, el pasado septiembre, sobre la donación de 90 millones que realizó, en aquel entonces, Amancio Ortega: “el año pasado ingresó más de 1.600 millones de euros en dividendos y pagó solo un 5 %, unos 80 millones de euros. Si hubiera pagado lo que usted y yo pagamos por unas simples rentas del capital, debería haber pagado unos 320 millones. 80 millones que ya ha pagado más los 90 de la donación, son 170 millones. Según mis cuentas, Amancio Ortega aun nos debe 150 millones de euros”. Es necesario recordar que este señor es la persona más rica del país y la sexta más rica del mundo. Inditex, su conglomero empresarial, tiene previsto presentar un ERTE si el estado de alarma va más allá del 15 de abril. Inditex tuvo unos beneficios en 2019 de 3.639 millones de euros.

Esta situación no es de recibo. No podemos pagar toda la crisis las personas trabajadoras. Actualmente el impuesto de las personas físicas, el IRPF que nos descuentas de nuestras nóminas todos los meses supone el 73% por ciento de todo lo recaudado por impuestos directos, frente al 22% que corresponde al impuesto de sociedades, el que pagan las empresas.

Estamos asistiendo al rescate de empresas que tiene beneficios con dinero de nuestros impuestos. Seguimos en la espiral sempiterna de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Algo inaceptable en cualquier momento, que se transforma en humillante en los días que nos está tocando vivir. O su riqueza o nuestras vidas.