7800 millones de personas habitan nuestro planeta pero de momento sólo 1400 han recibido al menos una dosis de la vacuna, distribuidas por un puñado de grandes empresas farmacéuticas como Pfizer, Moderna, Astrazeneca o Johnson and Johnson, que han distribuido preferente entre los países más ricos del mundo.

Para corregir esta situación, países como India y Sudáfrica han pedido a la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspender temporalmente las patentes de las vacunas de estas grandes corporaciones. Esto podría incentivar una mayor producción de vacunas y de todos los componentes intermedios en otras partes del planeta, y ello permitiría acelerar la vacunación en esta carrera contrarreloj que la humanidad está disputándole al ritmo de mutación del virus y a la aparición de nuevas variantes potencialmente más peligrosas.

Además, existe un acuerdo de 1994 firmado por todas las naciones de la OMC, conocido como el acuerdo de TRIPS, que regula la propiedad intelectual, el cual estableció los mecanismos para que, en situaciones de emergencia, los países puedan permitir la explotación de una patente sin el permiso de la farmacéutica. Parece que nos olvidamos demasiado rápido los avances que seguro costaron mucho arrancar, y ahora no podemos mirar hacia otro lado dejando en la estacada a los países menos desarrollados.

No podemos olvidar que el 95% del coste que ha supuesto el desarrollo de las vacunas (unos 93 mil millones de euros) proviene de la inversión pública, de nuestros impuestos. Estos datos invalidan los argumentos neoliberales que dicen que liberar las patentes desincentiva la innovación. Está bien tener empresas farmacéuticas que inviertan fondos privados en desarrollar medicamentos, pero está mejor que las inversiones públicas las gestionen empresas públicas que velen por el bienestar de su pueblo, por el tratamiento más eficaz y tengan una perspectiva más social y menos monetaria. Esta pandemia nos ha demostrado la necesidad de tener industria para la producción biosanitaria, y a falta de una inversión privada que tienen la libertad de desarrollar esa industria en nuestra región, nuestra propuesta es la creación de una farmacéutica pública destinada a la producción de medicamentos genéricos que además tenga músculo investigador suficiente para afrontar los retos de la sanidad en el futuro.

En cualquier caso, en el corto plazo ante la crisis actual de falta de vacunas, es el momento de posicionarse a favor de la liberación de patentes de vacunas. Hay países como India y Canadá, que ya han informado que si la patente fuese libre podrían movilizar su sector industrial para aumentar la fabricación de componentes intermedios que ahora son cuello de botella en la fabricación de las grandes empresas. No nos dejemos engañar por esos lobbys que afirman que la producción ya está saturada o que eliminar las patentes daña la innovación, porque no son argumentos válidos.

La liberación de las patentes por sí sola no solucionará el problema, pero sin duda, es un primer paso que ayudará a acelerar la vacunación en otras partes del mundo.

Es en esa línea en la que esta semana hemos aprobado una moción en el Congreso de los Diputados, instando a la Unión Europea a eliminar barreras como las patentes, con el objetivo de acelerar el proceso de vacunación, y es que la vacunación masiva en el resto del mundo debe ser una prioridad. Se lo debemos a la humanidad, porque la gente corriente, más allá de nuestras fronteras, debemos ayudarnos los unos a los otros, eso es lo que trasciende al concepto de patria. La patria somos la gente corriente, que pagamos nuestros impuestos aquí, en Portugal, en Senegal o en Canadá, y las fronteras se defienden generando bienestar a ambos lados de la misma. Si nos cuidamos entre los pueblos, los grandes empresarios y las élites económicas desde luego no lo harán.

Los recientes casos de cargos políticos que se han puesto la vacuna revela una realidad interesante sobre la forma de entender el poder que tienen algunas personas ¿De qué sirve el poder si luego no puedes anteponer tus necesidades a las del resto? ¿de qué sirve si no lo puedes ejercer para proteger tu propia vida?

Creo además, que esta situación demuestra una filosofía de la justicia muy sofista. Recordemos que los sofistas se enfrentaban a Platón respecto a muchos conceptos, y mientras éste último defendía que la justicia es inexorable a la humildad y otras virtudes más “espirituales”, para los sofistas como Trasímaco lo justo no es otra cosa que la ventaja de los poderosos. Esta contraposición de ideas en mayor o menor sentido sigue existiendo entre la clase política, y queda claro que quienes se adelantan a su turno establecido por las autoridades sanitarias, están más cerca de los sofistas que del concepto de justicia de Platón. Para estos, desgraciadamente, el objetivo principal será ostentar el poder, y el bien común o ayudar a la gente más vulnerable nunca será una prioridad. Por eso es importante distinguir entre los partidos que tienen en sus filas uno y otro tipo de dirigentes. Y al igual que todavía no hemos visto a políticos de Podemos cometiendo este acto, vale la pena poner en valor y reconocer a los demás partidos entre los que nadie ha usado su poder para adelantarse en la lista.

A raíz de esta reflexión filosófica, las vacunas que nos protegen contra una pandemia que amenaza nuestra existencia, revelan otras formas de poder en nuestras sociedades, que todavía hoy existen. De momento estamos comprobando los clásicos: en el poder militar, el JEMAD, el máximo poder real del ejército también se ha saltado la lista de sanidad; un obispo en Baleares también lo hizo; las élites financieras sin duda lo harán y nadie lo cuestiona públicamente: ¿imaginamos acaso a la señora Botín u otros dueños de las grandes corporaciones o de la economía financiera, muchos de ellos dueños (al menos parcialmente) de las propias empresas farmacéuticas o que, en otros casos, se las podrían comprar si así lo deseasen, subordinando su salud a una lista de las autoridades sanitarias? El poder político, autoridades de todo tipo, desde concejales a consejeros (que sepamos de momento), han conseguido evadir el control de las autoridades sanitarias, ejercer su poder de forma efectiva para obtener las vacunas y solo los menos hábiles no habrán conseguido ocultar esa misma información.

Seguramente estos políticos no quieran reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, seguramente vayan un paso más allá y no les importe, pero cabe recordárselas: cuando deciden usar su poder para protegerse a ellos, están condenando a personas más vulnerables a sufrir un contagio, con las complicaciones que seguramente les conlleve al ser personas más frágiles, e incluso a la muerte de muchas de ellas. Pero aun así, me temo que la lista seguirá creciendo, porque al fin y al cabo esa es una filosofía muy extendida de la naturaleza del poder, y nos permitirá observarla, no solo en la clase política, sino en todas sus vertientes.

En 2011 se acercaba una ola de recortes que dejó marcada a la comunidad universitaria por una década. Los ajustes que llegaron en aquellos tiempos de mano del Gobierno de Rudi en Aragón, pero que es de justicia decir que también ocurrió en muchas otras comunidades autónomas de otro color político, dejaron una profunda mella de la que todavía hoy se resiente el campus público.

Fue en ese momento cuando las universidades se aprovecharon de una normativa laxa para sobreponerse a la adversidad. Y así fue como se disparó la contratación del profesorado asociado, una figura pensada para que expertos de diferentes ámbitos pudiesen complementar la docencia en la universidad.

Sin embargo, hecha la ley hecha la trampa. Pronto las universidades españolas empezaron a contratar a personal que se daba de alta como autónomos expresamente para cumplir con la norma y poder ser contratados, y poco a poco su número empezó a crecer desproporcionadamente, pasando de ser una aportación complementaria a ser parte troncal de la docencia.

Pero sobre esto ya se ha escrito mucho, y no es mi intención profundizar en este aspecto, sino sobre las causas y las consecuencias. El efecto principal fue que tal y como afirma el Ministro Castells, el principal problema de la Universidad española es tener a profesores cobrando 400 euros al mes; es la precariedad con mayúsculas que encontramos en la actualidad.

Es difícil avanzar en los objetivos que habitualmente planteamos, como la internacionalización, la excelencia investigadora, la captación de estudiantes extranjeros, etc. mientras tengamos una plantilla con tanta precariedad. Y aún así se consiguen. Hemos logrado, por ejemplo, que salga adelante el campus europeo UNITA en el que la Universidad de Zaragoza se ha aliado con otras 5 universidades europeas.

Además, el elevado número de investigadores de programas de alta calidad como los Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, así como la adjudicación de proyectos nacionales y europeos, demuestra que las cosas están funcionando relativamente bien. Así, cabe preguntarnos: ¿qué podríamos conseguir cuando acabemos con la lacra de la precariedad que pesa sobre nuestra universidad?

Y respecto a las causas, ya se deducen de lo anteriormente expuesto: la falta de financiación y la normativa laxa son las principales. En este último aspecto es loable el intento de generar un nuevo marco normativo, con nuevas figuras docentes, como las que figuran en el borrador del estatuto del Personal Docente e Investigador que quiere aprobar el Ministerio de Universidades en los próximos meses.

Sin embargo, desde mi perspectiva, las universidades no han precarizado a su personal docente por elección, por lo que el problema de fondo es la financiación insuficiente a la que se somete a las universidades públicas, consecuencia a su vez de la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Ese es el principal problema que debemos plantearnos todas las administraciones si queremos conseguir una universidad que mire esperanzada a la próxima década, pensando en un futuro ilusionante, en el que la Universidad tenga capacidad de revolucionar la sociedad.

Estamos a punto de comenzar una campaña electoral en la Universidad de Zaragoza en la que múltiples alternativas de futuro se discutirán, pero para garantizar el éxito de cualquiera de las propuestas, independientemente de quien las lidere, desde el Gobierno de Aragón nos comprometemos a continuar con todos nuestros esfuerzos por mejorar la financiación y es en esa línea que se debe entender la nueva aportación de más de 8 millones de euros que hemos transferido a la Universidad de Zaragoza antes de que se iniciara la campaña electoral.

Financiación para que los retos que tiene ante sí la universidad de todos los aragoneses. No sólo para lo urgente, como adaptarse a la docencia semipresencial o escuchar atentamente las demandas sociales en estos tiempos de COVID19 que van desde la formación de personal sanitario a la investigación en biomedicina, sino para estar a la vanguardia de otros retos necesarios como la vertebración del territorio, y apasionantes como el impulso en energías renovables o la investigación en nanomateriales.

Así, confiemos en que gracias a las acciones que desarrollamos en las instituciones, tanto desde la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, como desde el Ministerio de Universidades, sepamos sembrar una semilla de ilusión y esperanza para comenzar una década que esté marcada por los logros científicos y académicos de una nueva generación.

Decía Zygmunt Bauman que las redes sociales se presentan como una forma de acercarnos más a nuestros seres queridos que, sin embargo, implica que dejemos de socializar con la gente de nuestro alrededor, a quienes sustituimos por una comunidad ficticia. Mucho se ha escrito sobre esta paradoja en las últimas décadas y se ha señalado la hipertecnologización de la sociedad como un riesgo de nuestro tiempo que alimenta el individualismo, la 'solitude' que es constitutiva y expresión de los sistemas neoliberales. Sin embargo, sería difícil imaginar una cuarentena como la que estamos viviendo a causa de la COVID-19 sin poder conectarnos de forma telemática con nuestros amigos y familiares. El acceso a internet se está revelando en estas condiciones extremas como una muestra de la necesidad de sentir un “nosotros” que trascienda las paredes que son testigos de nuestro confinamiento, aunque también un factor de tremenda desigualdad para aquellas familias con menos recursos que no disponen de conexión en casa.

Muchas otras necesidades materiales se están convirtiendo en esenciales estos días de pandemia, especialmente equipo sanitario como respiradores, mascarillas, equipos de protección individual; pero también el mantenimiento básico como transportes, energía, alimentación, etc. De la noche a la mañana, esta epidemia ha tensado el capitalismo liberal como sistema, forzando a sus líderes a posicionarse haciendo equilibrios entre proteger a la gente o salvar la economía.

Casi todos los gobiernos han pasado de esa fase de negación de la gravedad, en la que primaba mantener la economía, a una segunda fase de garantizar ya no solo el bienestar, sino la supervivencia de su población más vulnerable. Paradójicamente, para garantizar esa protección social, han de hacer justo lo contrario a lo que pensaban que era lo mejor para todos, lo contrario al capitalismo liberal. En los países occidentales donde primero golpeó la epidemia, como España e Italia, pronto se decidió limitar la capacidad de libre movimiento de sus ciudadanos, para más tarde llegar a tomar el control de la industria nacional. Mientras, países como Suecia, Reino Unido o Estados Unidos, decidían que lo mejor era no hacer nada, para no dañar a la economía. Quizás pensaban que la epidemia no era más que una gripe, y no se la tomaron en serio, o quizás sí sabían del peligro pero aun así primaban el bienestar de sus grandes corporaciones. Este último es el caso del vicegobernador de Texas, que sugiere abiertamente que más valdría sacrificar la vida de los ancianos para preservar el modelo actual.

Y esa es la misma situación en la que se encuentra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En estos primeros días, el presidente norteamericano junto a otros líderes conservadores, no le quedaba otra línea de defensa discursiva más que la posverdad, menospreciando la magnitud de la crisis. Pero a medida que se ha elevado el número de contagios, y se acerca al límite de la capacidad de carga de su sistema sanitario, se vuelve más intenso el dilema entre abandonar a su suerte a la población, desigual ante una sanidad privatizada que no todo el mundo se puede permitir, o tomar el control de la industria sanitaria y quizás ofrecer libre acceso al sistema, algo que de momento todavía rechaza porque según él, eso le convertiría en un país socialista, como Venezuela, aunque tras la presión a Ford y General Motors, cada vez está más cerca de tomar esa decisión. Y es precisamente en esa línea, en la que el editor jefe del MIT Technology Review, Gideon Lichfield, apunta a que una mayor gravedad de esta crisis sanitaria podría suponer una oportunidad para forzar a EEUU a corregir la grave desigualdad social que lleva acarreando estos últimos 40 años, desde la llegada de Ronald Reagan al poder y la aplicación de las políticas económicas neoliberales de la escuela de Chicago.

En cualquier caso, a medida que avanza la epidemia en sus países, hasta el propio Trump parece estar cambiando de parecer, y ya comienza con medidas que podrían dañar a su economía para proteger a sus ciudadanos. No es difícil leer entre líneas el hecho de que existe una relación lineal entre cómo de neoliberal se es y cuánto tiempo se tarda en tomar estas medidas.

Así, en este nuevo escenario en el que se ha disparado la demanda de material sanitario al ser necesario de forma global, muchos países han intervenido la producción de material sanitario para garantizar el suministro de su ciudadanía. Se demuestra, por tanto, una regla que ya se sospechaba cierta: no es buena idea dejar en manos del libre mercado el suministro de productos básicos o estratégicos para el bienestar social.

Lo que es seguro es que esta situación ha provocado una tensión en los mercados que fuerza a los estados a enfrentarse a un dilema: o controlar sus fábricas o enfrentarse al desabastecimiento. Y es que, como escribe Zizek en su último ensayo 'Pandemic! COVID-19 shakes the world', la crisis sanitaria de la COVID-19 tiene un potencial efecto positivo en tanto que ha sacado a la luz las debilidades de las democracias liberales.

Esta crisis sanitaria que ha sacudido con fuerza el sistema, como ya lo hizo la crisis de 2008, puede ser un revulsivo que abra la puerta a un cambio sociopolítico que, frente a un neoliberalismo que ofrece cada vez más síntomas de autoritarismo e intensifica las pasiones tristes como temor, odio, y resentimiento, reconozca nuestra vulnerabilidad, interdependencia y sea capaz de articular un sentimiento de comunidad y una cultura de los cuidados que perdure en el tiempo, dando continuidad y desarrollando esas explosiones de solidaridad y empatía a las que estamos asistiendo estos días. En palabras de Zizek “el dilema al que nos enfrentamos es: barbarie o alguna forma de comunismo reinventado”

La crisis financiera global de 2008 se cerró con una salida neoliberal que no solamente no solucionó ninguno de los problemas de modelo, sino que agravó y profundizó las desigualdades que ya existían.

¿Seremos capaces de aprovechar la oportunidad para que cuando salgamos de esta crisis estemos más unidos y menos aislados que cuando la empezamos? Debemos aprovechar la oportunidad para implementar medidas progresistas como el acceso gratuito a la universidad, una renta básica garantizada o un 'Green New Deal' para luchar contra el cambio climático. Permitámonos ver esta crisis como una oportunidad de tejer nuevos lazos sociales, que los aplausos de los balcones se transformen en una exigencia por una sanidad pública de calidad, con muchos más medios materiales y humanos; que las plataformas de ayuda ciudadana se transformen en una sociedad amable, amplia, mestiza, diversa, justa y solidaria. Que de esta crisis salgamos sin caer, como sucedió hace diez años, en el “sálvese quien pueda” y nos sirva para hacernos más fuertes como pueblo. Solo así seremos más resilientes ante los retos que nos aguarda el futuro.

Esta experiencia nos está demostrando que ante la adversidad, solo las herramientas de cooperación pueden garantizar que no se deja a nadie atrás, ni por edad ni por ingresos, solo a través de una sanidad pública y de calidad se puede velar por la supervivencia de la ciudadanía. Pero sobre todo, nos está demostrando que cuando es necesario, la mayoría de los gobernantes están dispuestos a intervenir a las empresas que proporcionan los bienes y servicios esenciales para garantizar el bienestar social.

Si algo nos enseña esta crisis es que necesitamos a los otros, nos va la vida en ello, literalmente. Si algo nos enseña esta crisis es que cuando las cosas vienen mal dadas, todos somos socialdemócratas.