Esta violencia va desde acoso psicológico, desatención o trato negligente hasta agresiones físicas y abusos sexuales. Ante esta dramática situación el Gobierno del Cambio liderado por Pedro Sánchez aprobó en diciembre de 2018 el Anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia que finalmente quedó pendiente por la convocatoria de elecciones a principios del año 2019.

Una vez conformado el nuevo Gobierno ha sido una prioridad sacar adelante esta ley tan necesaria y hoy, el Consejo de Ministro ha aprobado el anteproyecto de ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Se trata de una ley integral que abarcará todos los ámbitos: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos.

Debo reconocer la ingente labor de las organizaciones de la infancia por su trabajo y esfuerzo por concienciar a los poderes públicos y a la sociedad sobre este gravísimo problema. Así como sus aportaciones en el texto normativo.

Yo me escandalicé cuando analizando los informes de denuncias presentadas por abuso sexual en 2016, observé que más de la mitad tenían a un menor como víctima. Ya sabemos que las víctimas aún siendo mayores de edad, suelen entrar en estado de shock y a veces pueden tardar días en denunciar o ni siquiera llegar a hacerlo. Pues aún es más grave cuando hablamos de menores cuya inocencia les hace ser desconocedores de que están siendo agredidos y pueden tardar incluso años en darse cuenta. Lo que hace que en casos de abuso se tarde una media de 4 años en detectarlos. La falta de información, sensibilización social y de estrategias de prevención, hace que muchas familias tengan dificultades de cómo enfrentar y detectar estas situaciones de violencia hacia la infancia.

Esta ley introduce como novedad la prueba preconstituida, lo que viene a evitar la denominada victimización secundaria, para que el menor o persona con discapacidad no se vea expuesta a narrar de forma reiterada a lo largo del procedimiento penal los hechos traumáticos que ha sufrido o presenciado así la grabación de la declaración se utilizará en las distintas fases del proceso.

La norma entre otras medidas recoge el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia. Establece además la creación de unidades especializadas en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se reconoce el derecho a la asistencia gratuita jurídica a menores de edad.

En definitiva la ley tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia, aumentando el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente.

Un aspecto clave de la nueva ley es la creación de una nueva figura en todos los colegios, la del coordinador de bienestar y protección. Asimismo, se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Los centros educativos juegan un papel fundamental en la detección de este tipo de situaciones siendo fundamental que se conozcan los indicadores y cuenten con protocolos de actuación estandarizados y estén respaldados por servicios de apoyo e intervención.

Con la aprobación de esta ley España se pondrá a la vanguardia de la protección de los derechos de la infancia en todo el mundo. Ahora toca la tramitación parlamentaria donde todos los grupos políticos debemos remar en el mismo sentido, el de beneficiar la vida de los niños y niñas. La protección a la infancia debe quedar por encima de los intereses partidistas. Es nuestra obligación proteger la infancia, cuidar nuestro futuro.

En nuestro país fruto de las políticas de recortes y la reforma laboral del PP, la desigualdad se acrecentó. Incluso el relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza y desigualdad, en una visita a España a principios de año, puso de manifiesto la situación de pobreza y desigualdad. En el año 2018, el 26,1% de las personas y el 29,5 % de la infancia se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso de mi tierra, Canarias, la situación es incluso peor, las causas fundamentales son el elevado desempleo juvenil y los empleos precarios mal pagados, a tiempo parcial o temporales.

Por eso, los socialistas concurrimos a la elecciones con el compromiso de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital para las familias más vulnerables y la planificación era activarse el próximo año, sin embargo, la situación de crisis socioeconómica debida a la crisis sanitaria ha hecho que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se hayan puesto a marchas forzadas a diseñar y poner en marcha esta prestación que finalmente se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes.

Este ingreso llegará a 850.000 hogares y supone un coste de 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. Un Ingreso que podrá complementarse con otras rentas o prestaciones de las comunidades autónomas, ya que el Gobierno establecerá un mínimo nacional que después cada autonomía podría complementar.

En su diseño se ha tenido en cuenta la tipología de hogar como por ejemplo los monoparentales, que son unos 100.000 y que son especialmente vulnerables. En este sentido los primeros en acceder a esta prestación serán los más vulnerables a los que se les reconocerá de oficio sin tener que solicitarla. El objetivo de esta medida es complementar rentas hasta alcanzar el nivel mínimo de ingresos para el que se ha diseñado una tipología de 12 hogares con umbrales de rentas distintas.

Este Gobierno ha afrontado esta crisis rescatando a las empresas, a los trabajadores y a las familias a diferencia de la anterior crisis, una crisis mucho menor que ésta, donde el gobierno del PP se centró en rescatar a los bancos y aprobar una reforma laboral que machacó a los trabajadores, rebajó los salarios y recortó las protecciones al desempleo.

A través de algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno estos meses se ha protegido a 5,2 millones de trabajadores a los que ha reconocido y pagado prestaciones por los ERTEs y el paro de los autónomos. Tal es el esfuerzo de protección que superamos la media de la Unión Europea ya que mientras en España se ha protegido al 30 % de la población activa en Europa la media de protección es del 25%.

Con el PP se dispararon los desahucios mientras ahora se aprueban moratorias para hipotecas, ayudas al alquiler o se evitan los cortes de suministros básicos. Incluso el PP se negó siempre a aprobar una renta mínima pese a que en la anterior crisis, España lideraba Europa en pobreza infantil junto a Rumanía.

No es difícil pronosticar que este logro social que se ha alcanzado tendrá un gran impacto entre las familias más necesitadas, evitando la exclusión social y mejorando la convivencia. Pronto será asumido como otro derecho social incuestionable como tantos otros introducidos en nuestro país por el partido socialista.

Mientras el Gobierno sigue trabajando para hacer lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta para no dejar a nadie atrás, la derecha y la ultraderecha siguen en la bronca permanente con el único objetivo de acabar con el Gobierno.

Pues algo que parece tan lógico dejó de serlo cuando llegó el PP al gobierno. En pocos meses, en el año 2012, ya habían hecho una reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio. Unos cambios que imposibilitaron que muchos jóvenes pudieran estudiar por culpa de unos criterios que se vendían como “premio al esfuerzo”, pero que realmente lastraban a los estudiantes con menos recursos económicos, provocando la imposibilidad de continuar estudiando a muchísimos jóvenes.

La derecha entiende que con las becas se trata de compensar el esfuerzo y cito textualmente declaraciones de fuentes ministeriales del gobierno de Rajoy explicando su reforma “...se impone a cambio una corresponsabilidad a quien recibe el esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir la obligación de estudiar y obtener resultados proporcionales al esfuerzo que realiza la sociedad...”.

A priori, puede parecer razonable pensar que los alumnos becados hagan un compromiso de esfuerzo. Pero realmente lo que trajo aquella reforma era la exigencia de que estos alumnos tenían que alcanzar unos objetivos, es decir, unas notas altas. Se elevó hasta un 6,5 la nota para aquellas becas que implican dotación económica. Si para aprobar una asignatura hay que sacar un 5, ¿por qué pedimos a los alumnos becados un 6 y medio? Tengan en cuenta que aunque aprueben con un 5, y pasen de curso, si les deniegan la beca no pueden seguir estudiando porque no tienen recursos.

Mis años de experiencia docente me han demostrado que hay muchos condicionantes que impiden al alumnado obtener buenos resultados aunque hagan un gran esfuerzo. Es decir, hay condicionantes ajenos a la voluntad del alumno, a su “corresponsabilidad”, como pedía el PP. Y aún así, si no llega a los objetivos se le castigaba sin becas y, por tanto, sin el derecho a la educación.

La situación de los hijos e hijas de familias con menos recursos es muy diferente a la de una familia acomodada. Además de estudiar, muchos deben ayudar en casa, en pequeños negocios familiares o incluso tienen trabajos para colaborar con la economía familiar o pagar los gastos del transporte. Compaginan estas tareas con el estudio y es evidente que tienen mucho menos tiempo que dedicar a su formación. Pues aún así parece que ese esfuerzo no es suficiente y se les ha exigido unos resultados extraordinarios para no ser expulsados del sistema educativo. ¿Creen que es igualitario que unos estudiantes puedan seguir estudiando con un 5 y, en cambio, a otros se les pida un 6,5 ya que sin beca no pueden seguir estudiando?

El resultado fue que miles y miles de estudiantes universitarios tuvieron que devolver estas ayudas por no alcanzar estas notas altas, cuando ya las habían invertido en sus estudios, en muchos casos, años después de dárselas. El gobierno del PP tramitó miles y miles de expedientes de devolución de becas, incluso cuatro años después de haberla concedido.

No les bastó con este despropósito sino que también bajaron las cuantías de las becas.

Por eso, para a acabar con esta injusta situación que marcó la vida de miles y miles de jóvenes entre los años 2012 y 2018, los Ministerios de Educación y Formación Profesional y el de Universidades han llevado a cabo una importante reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio que revertirá, a lo largo de esta legislatura, las medidas adoptadas en 2012 y unos cambios que afianzarán las becas como un derecho subjetivo basado en la renta y que asegure la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias económicas y sociales.

La reforma se basa en cuatro puntos principales: la modificación de los requisitos académicos eliminando los requisitos suplementarios que actualmente exigen determinadas calificaciones; la elevación del umbral 1 hasta equipararlo prácticamente al umbral de la pobreza para que los estudiantes de las familias con menos recursos puedan acceder a la beca completa; la elevación de las cuantías fijas en 100 euros y las mejoras en becas y ayudas a personas con discapacidad así alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) reconocido mediante certificado podrá acceder a la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAEs).

Para nosotros no se trata de una recompensa sino del mecanismo que hace que los hijos e hijas de familias con menos recursos y menos posibilidades puedan estudiar.

Además, con el objetivo de que nadie quede atrás por no tener recursos económicos el Gobierno incrementa en 386 millones de euros la partida destinada a becas para el próximo curso escolar. Eso supone un incremento de un 22%, hasta alcanzar 1.900 millones de euros para más de 600.000 beneficiarios el próximo curso 2020-2021.

Estas medidas, en definitiva, van a permitir también que se atienda a la mayor parte de las familias afectadas por la crisis de la COVID-19 que son solicitantes de becas y ayudas al estudio. Se trata de una reforma integral del sistema de becas que aumenta considerablemente el número de personas beneficiarias y democratiza los criterios de acceso a las prestaciones, con el objetivo de que las becas sean para quien más lo necesita.

Pero si observamos lo que dice exactamente el artículo 21.2 de la carta magna: “En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Y es evidente que, en este momento de crisis sanitaria, esto es un peligro para las personas.

Llevamos semanas de restricciones de movimiento, evitando el contacto entre las personas con un solo objetivo, salvar vidas. Como recoge la propia Constitución en su artículo 43 apartado 1: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”. Y además matiza en el apartado 2: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Por todo lo expuesto, opino que no se están violando derechos fundamentales como proclaman algunos. Pero no soy jurista y no quiero entrar en el debate jurídico y de aplicación de las leyes, sino en el de la aplicación del sentido común.

Este tipo de protestas en las calles es un peligro más que un derecho. Por ejemplo también existe el derecho a la libertad de culto o al de educación, pero los templos y las escuelas están cerradas. Se siguen cumpliendo estos derechos, pero con restricciones. Se tratan de hacer a distancia y de forma telemática. Por eso, no se entiende porque no trasladan este tipo de protestas a ese mismo ámbito y se sacan de las calles donde es un riesgo sanitario.

Todos hemos visto cómo llevan días con actos no permitidos en el barrio de Salamanca en Madrid que se están replicando en el resto de España. Pero esto no es exclusivo de nuestro país, por ejemplo en diferentes ciudades alemanas miles de personas, sobre todo pertenecientes a la extrema derecha, se manifestaron el 16 de mayo contra las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

Unas protestas callejeras absolutamente insolidarias con los y las profesionales sanitarios que han trabajado algunas veces al límite de sus fuerzas físicas y emocionales para doblar el brazo a esta pandemia así como con el resto de profesionales que han trabajado desde todos los ámbitos para darnos todas las coberturas necesarias durante el confinamiento.

Así lo ponía de manifiesto hace unos días a raíz de estas manifestaciones una médico en un tweet, que explicaba como llevaba dos meses trabajando una media de 12 horas diarias, durante seis días a la semana, sin ver a su familia ni a su pareja y viendo morir gente sola, teniendo que seguir trabajando aunque solo quisiera llorar.

Pero también podemos fijarnos en otro ámbito como el de la educación. Miles y miles de profesores y profesoras se han volcado para que su alumnado pudiera seguir a través de plataformas de educación a distancia, con dificultades añadidas como la brecha social y también la brecha digital. Padres y madres volcados en sus casas para que sus hijos no quedaran atrás, a veces sin tener competencias digitales, lo que suma una frustración más a esta situación. Maestros que para hacer sus clases a través de las plataformas digitales, no dudan en subirse a su coche y buscar una zona con cobertura donde poder conectarse, y familias que al no tener dispositivos electrónicos se las han ingeniado para conseguir fotocopias o mediante fotos a través de WhatsApp para poder enviar las tareas.

¿Por qué estas personas son tan insolidarias con estos millones de niños y niñas, con sus familias y sus maestros y maestras?

¿Por qué Vox convoca manifestaciones que nos ponen en peligro a todos?

¿Por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid alienta manifestaciones en la calle sin distancia social y se enfrenta permanentemente a las decisiones del Gobierno basadas en criterios médicos y científicos?

El propio presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, ha explicado porqué es conveniente esperar para pasar a la fase 1 en la Comunidad de Madrid. Claramente hay razones médicas. Según el propio Dr explica aún Madrid presenta cifras de ingresos en hospitales y en unidades de cuidados intensivos que superan las que había a principios de marzo.

Y además explica cómo los médicos y profesionales sanitarios están muy sensibilizados por las momentos tan duros que han vivido y entienden que no están preparados aún para afrontar nuevos picos de contagio si aparecieran dado que los centros de salud y atención primaria no están abiertos al 100% y las plantillas están mermadas ya que había déficit antes de la crisis sanitaria y ahora también han habido bajas. Es muy concluyente cuando afirma que las condiciones no son las adecuadas.

Ante estas razones médicas cuesta mucho entender el enfrentamiento permanente de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra el Gobierno de España y aún cuesta más entender que le preocupe tanto pasar de fase para reactivar la economía obviando que no hay economía si no hay salud.

La derecha democrática debería actuar con responsabilidad anteponiendo los intereses generales a los intereses partidistas porque todo apunta a que están utilizando una pandemia para derrocar a un gobierno legítimo.

Recordarán que hace algunos meses salían a la calle con sus tractores para llamar la atención de la sociedad. El Gobierno los escuchó y ha dado respuestas a sus justas reivindicaciones. Hoy esos mismos tractores, atienden una urgencia mayor, y salen a limpiar las calles. Y además, cada día atienden los cultivos y al ganado, o salen en sus barcos para que lleguen a nuestras casas estos productos frescos y de gran calidad. En definitiva, ellos y ellas con su esfuerzo, sacrificio y tenacidad están garantizando el suministro de productos en nuestros hogares.

Es por ese motivo por lo que estoy convencida que la ciudadanía estará ahora más que nunca concienciada en proteger este sector, potenciarlo y darle el valor que merece. El sector primario sigue siendo fundamental en la estructura social y económica de nuestro país. Ayuda a mantener paisajes, la biodiversidad y la cultura.

Por su parte, el Gobierno seguirá trabajando para que tengan mejores condiciones en sus explotaciones y seguirá defendiendo en Bruselas presupuestos fuertes en Política Agraria Común.

La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha tenido un gran impacto en la economía, muchos organismos apuntan a una intensa caída de la actividad en el 2020, como consecuencia de las fuertes medidas de contención adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia. Posteriormente se estima que haya un repunte a partir del cuarto trimestre y una recuperación importante en 2021, es decir una crisis intensa y corta. Todo ello dependerá de la evolución del coronavirus y los avances en el campo científico, por lo que aún sigue habiendo por delante alguna incertidumbre.

En Canarias, mi tierra, el impacto en la economía será mucho mayor debido a la fuerte dependencia del sector turístico que no se recuperará de la noche a la mañana. Y es ahí donde debemos mirar al sector primario, un sector que supone el 2,8% del PIB nacional pero que en Canarias está incluso por debajo del 2% del PIB y genera algo más 20.000 puestos de trabajo.

El sector primario tiene un gran potencial de crecimiento, por lo que es muy importante seguir poniendo en marcha ayudas e incentivos para profesionales y políticas que activen el relevo generacional y que incentive la incorporación de la mujer.

También por el sector primario tenemos que ser capaces de hablar, de acordar, de poner en marcha un proyecto de reconstrucción social y económica de nuestro país, acuerdos en los que deben estar también las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pero incluso para que todo esto tenga éxito, es necesario un Gran Plan de Reconstrucción de Europa, y por eso el Gobierno ha trabajado intensamente en defender ante los socios europeos la necesidad de salir de esta crisis todos juntos.

Por último, y no por ello menos importante, están las iniciativas que cada persona puede realizar a nivel particular. Como consumidor puedes apostar por los productos locales. Asistir a los mercados del agricultor de tu zona, solicitar a tu supermercado que tengan productos del país. Con ello también se ayuda a la economía de Canarias y, gracias a la calidad de los productos, también te ayudas tú.

Realmente a las derechas les de igual lo que haga el Gobierno, les da igual que se trate de una pandemia mundial, les da igual el esfuerzo que hacen las personas que están en primera línea en hospitales y centros de salud, les da igual los que velan por nuestra seguridad como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas, Locales o Protección Civil, les da igual los que limpian, distribuyen o atienden en los supermercados, les da igual.

Lo único que le importa a las derechas es acabar con el Gobierno, da igual cómo. Si para acabar con un gobierno legítimo tienen que difundir y hasta crear bulos, ahí están las derechas. Si hay que manipular fotos y llenar la Gran Vía de féretros, ahí está la ultraderecha. Les da igual que las familias que tengan a alguien en la UCI lo estén pasando mal. Les da igual el dolor de aquellos que han perdido un ser querido y ni siquiera se han podido despedir de ellos. Les da igual que las familias sientan miedo, que tengan la incertidumbre de no saber si serán capaces de afrontar la dura situación económica que vendrá como consecuencia de la parálisis de la economía.

El mundo se enfrentaba a un virus desconocido que ha dejado desconcertados a los expertos. La comunidad científica ha tenido que estudiar sobre la marcha este nuevo agente infeccioso, cómo se propaga y cómo se puede tratar y todo a contrarreloj. Pero la pandemia no espera a que conozcamos al 100% a este enemigo invisible, hay que tomar medidas y se han tomado y se seguirán tomando. Por eso los expertos han ido adelantando datos y pautas a medida que iban avanzando en sus investigaciones. Ni siquiera las indicaciones de la Organización Mundial de la salud recomendaron medidas más drásticas inicialmente. Ante esta situación de incertidumbre global, ¿podemos exigir al Gobierno que tome medidas precisas y definitivas desde el principio de esta crisis?

Es evidente que esto es imposible y las medidas tendrán que basarse y actualizarse con la información que nos aporte cada día la comunidad científica. No, el Gobierno no está improvisando como dice la derecha, está actuando de la manera más rápida posible por proteger la salud de los españoles y también proteger su futuro ante la crisis económica que se avecina. A cambio sigue sufriendo un brutal ataque a diario de aquellos que se dicen patriotas. Olvidando que los patriotas son aquellos que quieren a su patria y hacen lo posible por hacer el bien por ella.

¿Qué tipo de políticos son? Pero sobre todo ¿qué tipo de personas son? Si, como dicen, ellos sabían que iba a pasar, ¿por qué las comunidades autónomas gobernadas por las derechas no compraron material sanitario antes de la declaración del Estado de Alarma el día 14 de marzo? Sencillo, no lo hicieron porque no esperaban el impacto de este coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo COVID-19.

Los inmunólogos dicen que se desconoce cómo evolucionará el virus porque esta evolución dependerá en gran medida de la respuesta inmune comunitaria y de la propia evolución del virus. Más de 2 millones personas de más de 180 países han sido ya diagnosticadas, y más de 130.000 han perdido la vida. ¿Esta situación no requeriría que los partidos políticos también de las derechas arrimaran el hombro?

Hay que tener presente que quedan semanas difíciles pero vamos por buen camino. Hay que mantener la guardia, hay que ser muy prudentes. Aún estamos en confinamiento y hay un camino por recorrer. Este confinamiento necesario para acabar con los contagios hace que la tasa de crecimiento de contagios baje, mientras, la economía sigue cayendo cada día de confinamiento. El Gobierno por responsabilidad ha adoptado estas medidas tan restrictivas y lo hizo antes que otros países

Ahora toca luchar juntos. Porque el Gobierno está poniendo en marcha medidas para proteger a las familias, para garantizar ayudas que sirvan de escudo a autónomos, personas paradas que no tenían derecho a prestación, a las empresas y trabajadores, escudos con el que afrontar esta etapa de confinamiento. A nadie se le escapa que la recuperación económica dependerá de muchísimas cosas y no será igual en todos los sectores, como así me lo trasladan todas las personas con las que a lo largo de estos días he podido conversar ya sea por mensajería o llamadas, y créanme que han sido muchísimas.

¿Ante este panorama merecen las españolas y españoles política en mayúsculas? Sin lugar a dudas, si un líder político y un partido no es capaz de ponerse en el lugar de las familias que necesitan cubrir sus necesidades básicas simplemente debería marcharse porque no es momento de acabar con ningún gobierno. El momento de cambiar los gobiernos es el de las elecciones y entonces la gente votará, ahora toca respeto y alturas de mira no por el Gobierno sino por la ciudadanía.

Pero la vida cambió en un abrir y cerrar de ojos, cambió para ellos y para millones de personas,  no solo en nuestro país sino en todo el mundo. Llegó el COVID-19, un virus que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y que nos ha confinado en nuestras casas. Un virus por el que estamos pendientes de las noticias a diario, ruedas de prensa del comité de expertos, de titulares de Ministerios y del presidente del Gobierno. Un virus que ha conseguido que toda España hable de la curva de contagios y de la curva de fallecimientos.

Fue el 31 de diciembre de 2019 cuando el gobierno Chino informó a la Organización Mundial de la Salud de la aparición de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan y el primer caso que se registró en Italia fue el 30 de enero y en España el 31 de enero en la isla de la Gomera.

El 5 de enero en un informe la Organización Mundial de la Salud comunicaba la existencia de 44 casos en China y no recomendaba ninguna medida específica a los viajeros.  No fue hasta el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaraba la situación generada por el coronavirus COVID-19 como pandemia por los niveles alarmantes de propagación y gravedad.

Desde el 14 de marzo el Gobierno Español decretó el Estado de Alarma. España ha sido uno de los países que ha puesto en marcha medidas más restrictivas, mientras otros países han actuado de una forma más lenta. Reino Unido por ejemplo ha esperado hasta el 23 de marzo para confinar su población, porque en la balanza pesaba más para ellos no dañar la economía.

El presidente ha sido muy contundente, muy claro y determinado “haremos lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta”. Un gobierno que basa sus decisiones en la ciencia y en la investigación, y que lucha en dos frentes: uno la crisis sanitaria y otro la protección de las familias, empresas y trabajadores. Protegiendo el empleo, con medidas como los ERTEs para facilitar el retorno a la normalidad cuando hayamos superado la crisis sanitaria. Protegiendo a las familias con moratorias a los alquileres, garantías de suministros de servicios básicos como agua, luz y gas, garantizando recursos para la alimentación. En definitiva, el Gobierno de España ha puesto en marcha también un plan para contrarrestrar los impactos socioeconómicos de la pandemia.

Un gobierno que ha hecho, hace y hará lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta para no dejar a nadie atrás.

La sociedad española está consternada por lo que está pasando, por las pérdidas de vidas que se ha llevado este maldito virus. Y ante esta gran adversidad, aflora lo mejor de una sociedad que se refleja en los trabajadores de sanidad, de seguridad, del transporte, de limpieza, industria y comercios de alimentación. Luchan para doblegar el brazo al virus. Luchan de forma heróica, de forma solidaria, de forma generosa y que ven reconocida su lucha por una sociedad que desde el confinamiento aplaude cada día, que ayuda voluntariamente y se preocupa por los mayores que están solos.

Y mientras, ¿dónde está la derecha? La derecha está en la crítica, en el ataque, en la crispación y en cuestionar la labor de científicos expertos.  La derecha está dando la espalda a la sociedad española que espera política de altura en un ESTADO DE GUERRA.

Esto pasará y acabaremos con el coronavirus, pero luego, es necesario reconstruir nuestro país. Y en esto Europa debe estar a la altura con medidas contundentes. Es la hora también de Europa. Porque el coronavirus es la crisis más difícil a la que se ha enfrentado el mundo desde la II Guerra Mundial.