La respuesta a la Gran Recesión se basó en recortar el gasto público y subir los impuestos a la clase media. La adopción de estas medidas dio lugar a una larga recesión y al auge del resentimiento populista en Europa. Las devastadoras consecuencias de las recetas aplicadas hace una década constituyen un motivo más que suficiente para que la respuesta a la Gran Reclusión sea completamente distinta. Las firmas más contaminantes, las grandes corporaciones y las rentas más altas llevan años evadiendo impuestos, y es el momento de acabar con esta práctica. Para ello, es fundamental tomar medidas a nivel europeo.

La era del sector público menguado ha llegado a su fin. El Estado ha impedido que la sociedad implosionara en nada menos que dos ocasiones en los últimos 15 años. El Estado nos protegió, pero lo hizo a cambio de pagar un alto precio. Los miles de millones de euros de deuda pública estaban todavía muy lejos de haber sido devueltos cuando el Estado tuvo que actuar de nuevo para proteger vidas y rentas de sus ciudadanos. 

Tras la crisis financiera, los presupuestos se reequilibraron mediante recortes del gasto público y subidas de impuestos a las clases medias. En este sentido, es necesario tomar medidas a escala europea para evitar cometer los mismos errores que entonces. Solo lograremos construir una economía más justa y sostenible si hacemos que sean las empresas más contaminantes y los más ricos quienes paguen la factura de la presente crisis. La recién constituida subcomisión permanente de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo impulsará una ambiciosa agenda con este fin.

En primer lugar, la UE necesita focalizarse mucho más en la lucha contra la evasión fiscal. Los gobiernos de la UE pierden anualmente en torno a 170.000 millones de euros en ingresos fiscales, lo que merma la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia. Algunos Estados miembros de la Unión tienen una gran responsabilidad sobre este asunto, y el Parlamento Europeo es la única institución que se ha atrevido a apuntarlos con claridad. Con independencia del resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo para reformar nuestro sistema fiscal, la UE debe crear un “muro fiscal” -que asegure que se gravan adecuadamente todos los dividendos y pagos de intereses a países terceros- para detener la planificación fiscal agresiva.

Los que más tienen no solo se benefician de los impuestos bajos a través de los beneficios que generan las compañías de las que son propietarios. Sacan provecho, además, del hecho de que dinero llama a dinero, lo que está provocando una acumulación de riqueza en las manos de unos pocos sin precedentes desde la II Guerra Mundial. El resultado de todo esto es la creciente brecha entre la clase pobre trabajadora y los más ricos. Para evitar que estas desigualdades alcancen cotas que serían muy difíciles de revertir, Europa debe poner en marcha impuestos a la riqueza. 

La sociedad europea del post-coronavirus tiene que ser más igualitaria y sostenible que ninguna otra sociedad en la historia. Para ello, las compañías más contaminantes deben pagar por el daño que causan al medioambiente, de manera que podamos cumplir con los compromisos adoptados en la Conferencia sobre el Clima de París. Del mismo modo, tampoco podemos cruzarnos de brazos ante las empresas extranjeras que venden productos contaminantes en nuestro mercado. Con un impuesto sobre las importaciones contaminantes (mecanismo de ajuste de carbono en frontera), la UE puede salvar a los productores nacionales y al mismo tiempo utilizar su tamaño de mercado para exportar nuestras ambiciones climáticas en todo el mundo.

Hasta ahora, el hecho de que aprobar legislación europea en materia de impuestos requiera unanimidad en el Consejo ha impedido en gran medida la adopción de normas serias. Paradójicamente, el resultado de la unanimidad ha sido una erosión, gradual pero constante, de la soberanía nacional. Pese a haber sido aclamada como una herramienta para proteger el poder de los Estados miembros, la unanimidad y el estancamiento que ha provocado en materia fiscal ha puesto el poder en manos de las empresas, que ahora pueden obtener beneficios y pagar impuestos donde quieran. 

Esta situación pone a los gobiernos bajo presión para seguir las bajadas de impuestos puestas en marcha por los Ejecutivos de otros países de la Unión. Así, todos los Estados reducen sus impuestos, lo que provoca que, en lugar de ser capaces de tomar el control de sus políticas fiscales, los Estados tengan permanentemente una soga alrededor del cuello. Cada movimiento en este sentido provoca que los Estados se alejen cada vez más del nivel de presión fiscal necesario para mantener los servicios públicos a flote. La unanimidad ha fallado en su cometido de proteger el poder de los gobiernos nacionales y, por ello, es hora de dejar atrás este mecanismo de toma de decisiones en materia fiscal.

Con el telón de fondo de la crisis del COVID-19 y el retorno del Estado como garante del bienestar ciudadano, la política fiscal europea está alcanzando la madurez. Necesitamos reconstruir nuestras economías y hacer que sean mejores: más justas y más sostenibles. Un impuesto justo para las empresas, los ricos y los grandes emisores de gases contaminantes es la hoja de ruta a seguir. El rumbo que hemos de tomar está claro, pero es necesario alejarse de la unanimidad para emprender este camino al ritmo que requiere la gravedad de la situación que vive Europa. El Parlamento Europeo, a través de su nueva subcomisión de Asuntos Fiscales, está listo para actuar ya.

La primera crisis que estuvo a punto de hacer descarrilar el proceso de integración europea sucedió tan solo tres años después de la firma del Tratado de la Comunidad del Carbón y del Acero. En 1954, la Asamblea Nacional francesa rechazó ratificar el tratado para una comunidad de la defensa, sumiendo a los líderes de los seis países fundadores en el desconcierto y el desánimo. Entonces Holanda dio un nuevo aliento con una propuesta ambiciosa y valiente: una comunidad económica global y transversal. El banquero y político liberal holandés Johan W. Beyen retaba con esta idea el modelo de integración por sectores económicos que propugnaba Jean Monnet. Monnet incluso expresó sus dudas de que tuviera éxito. Lo tuvo, y permitió la profundización y la ampliación de una comunidad –hoy la Unión– que ha traído paz y prosperidad a millones de europeos y europeas. Un liderazgo valiente e innovador es precisamente lo que necesita hoy la Unión para garantizar su futuro.

El mercado común facilitó la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Evolucionó hacia un mercado único con estándares comunes y menos barreras, resultando en una mayor productividad y precios más bajos. Esta integración de las economías de los países europeos ha beneficiado a todos, pero a algunos más que a otros. Según datos de la Comisión Europea, Holanda es, en términos absolutos, el tercer país que más se beneficia del mercado único, con unos ingresos adicionales estimados de 84.020 millones de euros, por delante de Italia y de España, a pesar de que su población es mucho menor.

Pero no es el momento de reproches, ni debemos mirar a la integración europea como un juego de suma cero. Los líderes de la UE tienen la obligación de explicar mejor lo que está en juego para ahuyentar la impresión que puedan tener algunos de que si alguien está en dificultad es porque “no ha hecho los deberes”. Es preciso recordar que la Comisión de Jacques Delors introdujo los fondos estructurales y de cohesión como una forma de compensar por las pérdidas que algunos países o regiones sufrían al entrar en el mercado único. Son un instrumento de la solidaridad, que es el principio sobre el que se sustenta la Unión, y solo con solidaridad conseguiremos que todos ganemos con la integración europea, sin que haya ganadores y perdedores.

La Comisión Delors también lanzó la moneda única, que se introdujo paulatinamente. Durante el período de transición ya se puso de manifiesto la diferencia que existía entre la prima de los bonos de Estado de diferentes países, así como su tasa de interés y de inflación. Aun así, el euro empezó a circular sin que se completaran los instrumentos para gestionarlo, y los efectos de estas deficiencias se notaron dolorosamente durante la crisis del 2008, cuando una serie de países tuvieron que enfrentarse solos a una dura crisis financiera, y se vieron obligados a aceptar programas de rescate a cambio de unas condiciones brutales, cuyos efectos económicos y sociales todavía sufrimos hoy.

En esas circunstancias fue imposible evitar la especulación global contra algunas primas de riesgo, sin los mecanismos tradicionales de gestionar la moneda a nivel nacional, y sin mecanismos europeos porque aún no existían. Fue en este tiempo cuando los países del euro aceptaron crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad, para ayudar a los países sometidos a una gran presión presupuestaria. El objetivo era facilitar préstamos de emergencia. Pero a cambio, los países debían acometer programas de reformas de austeridad. Este instrumento se diseñó para afrontar choques asimétricos, con la lógica de que algunos países habían cometido errores sistémicos en el pasado. Pero todo eso no puede aplicarse a la crisis actual, que es simétrica y afecta a todos los países.

A diferencia de lo que expuso Robert Mundell en 1961, el principal problema de las áreas de moneda única no es solo cómo responder a los choques asimétricos. Quedó claro en 2008 que los países de la UE no podían reaccionar individualmente con su política monetaria porque no podían depreciar su moneda. La especulación contra la prima de riesgo golpeó duramente a algunos Estados miembro mientras otros se beneficiaban de la agonía del vecino.

Ahora mismo la UE está viviendo un choque simétrico causado por la Covid- 19, y no sirven los instrumentos que usamos para la crisis del 2008. Esta vez se trata de una crisis existencial de la Unión, porque puede llevar a una completa desafección de muchos gobiernos y de muchos ciudadanos y ciudadanas. Así como la política de cohesión y el mercado único son las dos caras de una moneda, así la emisión de unos bonos comunes para asumir el coste de la recuperación es la otra cara de la moneda única. La economía de los países cuyos gobiernos se oponen ahora a estos bonos –limitados en el tiempo y que no abarcarían la deuda soberana previamente existente– sufrirán también la depresión económica que afecta no solo a sus socios en la zona euro, sino a todo el planeta.

Muchos estudios han demostrado ya que la decisión de crear una moneda única respondió a motivaciones políticas más que a las ventajas económicas. Fueron los líderes nacionales quienes en los años 50, pero también en los 80 y en los 90, decidieron unir nuestros destinos, y nuestras economías. El trabajo está sin acabar, y esta crisis del coronavirus es la mejor oportunidad de demostrar un verdadero liderazgo y de completar los mecanismos de la Eurozona, para asegurar no solo la justicia y la solidaridad, sino también la racionalidad macroeconómica.