Llevamos semanas de cuarentena y confinamiento por la crisis sanitaria originada por la Covid-19. Las plataformas antitaurinas hemos protestado a diario desde nuestras casas por la llamada del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, al ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, para escuchar sus exigencias.

En este momento crucial, en el que es preciso que todos los fondos públicos se orienten hacia el bien común, es decir, la sanidad pública, la minoría taurina pedía al Ministerio de Cultura una ayuda extraordinaria de 700 millones de euros para paliar la cancelación de los 'festejos' programados.

Plataformas animalistas internacionales como AnimaNaturalis han promovido desde su web una recogida de miles de firmas demandando el cese de las subvenciones públicas a la tauromaquia. Reclamar esas subvenciones en estas circunstancias es aún más vergonzoso de lo habitual. Al mismo tiempo, se lanzó en redes sociales una propuesta para que la gente subiera sus fotos denunciando que ya es momento de dejar de subvencionar con dinero público todo tipo de festejos taurinos. Han sido décadas de expolio a las arcas públicas por parte de un sector que tan solo recoge pérdidas.

La sociedad española respondió masivamente, mostrando su estupor y condensando su rechazo en el hashtag #AyudasTauromaquiaNO, que en Twitter fue durante varias horas primer Trending Topic, acumulando más de 12.000 tuits y retuits. Miles de ciudadanos y ciudadanas exigieron que nuestros impuestos se traduzcan en +SANITARI@S y -TOREROS.

Fue inmediata la cobertura por parte de los medios internacionales. También fue inmediata la respuesta agresiva y victimista de la afición taurina, que, sin argumentos y con mucho miedo, ven cada día más próximo lo inevitable: la abolición de la tauromaquia. Como llevamos señalando durante años, la tauromaquia es una práctica que hoy en día se sostiene únicamente por las ingentes cantidades de dinero público (algo que no tuvo problema en admitir Alberto García, apoderado taurino y presidente de Tauroemoción, empresa organizadora de eventos taurinos), inyectadas por parte de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, premios y promoción desde el Gobierno central, y, en última instancia, ayudas a la lidia camufladas en las partidas de la Unión Europea para financiar la ganadería.

Tanto la UE, que ya ha aprobado no financiar a las ganaderías de lidia y ha procedido a reestructurar estas ayudas para excluir a esta minoría innecesaria, como numerosos municipios, que retiran subvenciones públicas e incluso prohíben taxativamente la celebración de eventos taurinos, han causado la ira de ganaderos y toreros. Su cruel y sádica práctica, que enaltece las cualidades más nocivas y perversas de la condición humana, está sumida en el descalabro. La caída libre de este sector, la falta de relevo generacional y el rechazo del grueso social hacen que nos preguntemos: ¿por cuánto tiempo más va a ser legal una actividad que tan solo responde al disfrute con el maltrato animal?

Parece, según lo publicado por el Gobierno acerca de las ayudas al sector cultural, que la tauromaquia queda fuera de estas medidas de protección. Se especifican todas las artes: cine, teatro, danza, pinacotecas... Quedan excluidas las prácticas taurinas. ¿Será este el primer Gobierno que vea la tauromaquia como el negocio cruel de una minoría, como incultura, como antiarte?

Tanto las cifras de asistencia oficiales a las corridas de toros, publicadas por el propio Ministerio de Cultura, como los ingresos a las arcas públicas que reporta la tauromaquia son insuficientes para afirmar que tal actividad genera beneficios, más allá de lo que se lleven los pocos promotores taurinos que se lucran. ¿Será finalmente 2020 el año de la abolición de la tauromaquia? Muchos territorios del Estado español ya no permiten práctica taurina alguna, en otros está próxima su abolición total y otros pocos se resisten a asumir su flagrante hundimiento. Hasta el turismo, al que tanto se apelaba para justificar la perpetuación taurina, ya se desmarcaba de estas actividades antes de la crisis del coronavirus. Recordemos la sonada manifestación antitaurina organizada en Marbella por visitantes turísticos  y colectivo de extranjeros asentados en la Costa del Sol. Si ya sabemos que tarde o temprano la tauromaquia será ilegal, ¿por qué postergar por más tiempo esta medida? ¿Por desconocimiento, por interés electoralista, por dejadez? En cualquier caso, es imposible eludir por más tiempo este problema y todos los que genera.

España se encuentra sumida en una crisis cuyas consecuencias para nuestra sociedad aún es imposible pronosticar. Lo que sí sabemos es que los fondos públicos han de volcarse en reconstruir y reparar todas las carencias, estragos y dolor causados por la pandemia de coronavirus. Que las partidas presupuestarias multimillonarias han de ir destinadas a defender a las ciudadanas y ciudadanos para que nadie se quede desamparado tras este shock mundial.

Una propuesta compartida con muchas y muchos compañeros es que se estudie y diseñe un plan socioeconómico integral acerca del mundo taurino, y que las subvenciones ordinarias que ya recibía sean destinadas a reconvertir al sector, dentro de una sociedad que avanza sin pausa hacia la ética, los cuidados y el respeto por la vida. Concebimos vías sostenibles que generen beneficios económicos, como el ecoturismo rural para conocer la etología del animal más representativo de nuestro país, el desarrollo de parques, santuarios y reservas que preserven el patrimonio natural y animal, así como proyectos agrícolas y de comercio local.

Después del confinamiento habrá que reestructurar y ajustar nuestro país. Harán falta muchos cambios para equilibrar las necesidades públicas con los intereses privados y, en esta ecuación, la alternativa más saludable es transformar (o simplemente dejar atrás) a este sector minoritario, incluir a los toros dentro del marco de protección animal e ilegalizar cualquier forma de espectáculo basado en la desnaturalización, la humillación, el dominio y el maltrato animal.

Aguardamos muy atentos a que esta medida se formalice, para que no se destine un solo céntimo de dinero público a este inhumano fin. De no ser así, tomaremos de nuevo las redes, las calles y las instituciones para convencer y obligar a la clase gobernante a iniciar otras vías que aborden los problemas generados por la tauromaquia.