Cada 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que no solo invita a celebrar la riqueza cultural, la historia y las contribuciones que los gitanos y las gitanas hemos hecho a lo largo de seis siglos de convivencia, sino también a reflexionar sobre una realidad menos visible, las graves desigualdades que aún persisten para la población gitana, y que hacen que una gran mayoría de los gitanos vivan todavía en los márgenes de la sociedad. 

Más allá de los actos simbólicos y los gestos institucionales, este día debería servirnos para hacernos una pregunta incómoda pero necesaria, y más si consideramos que vivimos en una sociedad avanzada, plural y democrática: ¿tienen las personas gitanas sus derechos suficientemente garantizados y pueden ejercerlos en condiciones de igualdad? 

Todavía hoy muchas personas gitanas siguen enfrentando grandes brechas de desigualdad, lo que al final condena a gran parte del pueblo gitano a mantenerse en una situación de desigualdad y pobreza cronificadas. La tasa de paro es tres veces superior a la de la población general; la mayoría de quienes viven en asentamientos chabolistas son familias gitanas. La tasa de pobreza asciende al 86%, 89% en el caso de la pobreza infantil; la mayoría de los niños y niñas gitanas no terminan la educación secundaria obligatoria, y un tercio estudia en colegios segregados. La educación, un derecho fundamental para el progreso social, no está suficientemente garantizado para la infancia y juventud gitana. Y no se trata de casos aislados, sino de desigualdades estructurales que se repiten generación tras generación, realidades además que se agravan por el estigma del prejuicio y la discriminación. 

Por eso creemos que ha llegado el momento de dar un paso más como sociedad. Un compromiso real con el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano. No estamos hablando de algo lejano ni complicado, tampoco de privilegios. Estamos hablando de nuestras vidas. De nuestras familias. De nuestros niños y niñas. De nuestros mayores. De nuestros barrios. De nuestras oportunidades. De nuestro derecho a vivir con dignidad, con respeto y en igualdad de condiciones.

Creemos que ha llegado el tiempo de avanzar hacia un compromiso más claro, más firme y más útil. Por ello es importante que el pueblo gitano cuente con un paraguas jurídico que le dé amparo legal; un marco normativo que, tras siglos de leyes antigitanas, nos proteja.

Existen otros grupos de población que enfrentan realidades complejas y muy específicas, como las mujeres, las personas con discapacidad o el colectivo LGTBI y que ya cuentan con marcos específicos de protección, lo que es para nosotros una buena referencia en relación con los avances que pueden producirse con una Ley Integral para el Pueblo Gitano.

Estamos trabajando en una propuesta para avanzar hacia un marco legislativo propio para el pueblo gitano, capaz de generar consensos y de ser comprendido y asumido socialmente. Queremos acabar con los obstáculos que impiden que las personas gitanas podamos ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad. Sabemos que esta puede ser una carrera de fondo, pero creo firmemente que esta ley sería un punto de inflexión en la posición que tenemos las personas gitanas en nuestro país. Es el marco que necesitamos para dejar de estar en los márgenes de la sociedad. 

No solo permitiría abordar desigualdades, sino que también supondría reconocer institucionalmente la historia, la cultura y las aportaciones del pueblo gitano a lo largo de tantos siglos de historia compartida asumiendo que los gitanos y las gitanas somos parte inseparable de la identidad colectiva de España. 

En definitiva, este 8 de abril, Día del Pueblo Gitano, debería servirnos para recordar nuestra dura historia, homenajear a nuestros antepasados, pero también para mirar hacia el futuro buscando el consenso a través de una ley que dé garantía, integralidad y sostenibilidad a las políticas y medidas necesarias para la igualdad real y el reconocimiento del pueblo gitano. Este 8 de abril tenemos la oportunidad de reivindicar con fuerza y con ilusión; quiero ver banderas gitanas ondeando en homenaje a mi pueblo, pétalos en los ríos recordando a quienes nos abrieron camino, pero también quiero mirar al futuro con la convicción de que el avance social del pueblo gitano está más cerca que nunca y nos hace mejor sociedad.

Las medidas para favorecer la inclusión digital no pueden ser las mismas para las personas mayores que para las personas que viven en el ámbito rural; las medidas contra la pobreza infantil en una familia monoparental no son las mismas que las que necesita una familia de origen migrante; de la misma manera que un graduado universitario necesita apoyos distintos que una persona sin apenas estudios para conseguir un empleo.

La inclusión digital, la lucha contra la pobreza infantil, las políticas activas de empleo… la experiencia nos dice que las políticas generalistas suelen dejar fuera, precisamente, a las personas en situación de mayor vulnerabilidad social, bien por el desconocimiento de los procedimientos, la falta de conexión con su realidad o, simplemente, porque los criterios de acceso, sin quererlo, les excluyen.

Por eso, cada vez más se busca desde las políticas públicas dar respuestas más adaptadas a las personas o grupos potencialmente destinatarios con el objetivo, por un lado, de ser más eficientes y, por otro, de garantizar la igualdad de oportunidades.

El Plan para la mejora de la empleabilidad de la población gitana, que acaba de aprobar el Gobierno, da respuesta precisamente a esa necesidad de poder llegar con medidas, servicios y recursos públicos a grupos que tienen unas condiciones de partida de mucha mayor desventaja. El art. 50 de la Ley de Empleo de 2023 menciona explícitamente quiénes son esos “colectivos de atención prioritaria”: la población gitana, entre otros muchos. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha desarrollado un Plan que tiene en cuenta la situación de partida y las barreras específicas que tenemos las personas gitanas.

En una población con un volumen de entre 1 y 1,3 millones de personas (según el dato más reciente que aporta el informe Foessa, dic. 2024), sólo el 17% de las personas gitanas ha completado la ESO. Este dato ya justifica por sí solo la necesidad de actuaciones de los servicios públicos de empleo adaptadas al perfil de muy baja cualificación. Por otro lado, un 66% de la población gitana tiene menos de 30 años, lo que nos indica que es necesario focalizar las actuaciones en la juventud gitana. Una juventud que, en su mayoría (63%) ni estudia ni trabaja. La tasa de paro asciende al 52% en la población gitana (un 60% en el caso de las mujeres gitanas), triplicando la tasa de paro de la población general.

Pero no sólo es una cuestión de acceso a un empleo, sino de las condiciones. El porcentaje de desempleo de larga duración alcanza el 70% y la tasa de temporalidad asciende al 73% (27% en el conjunto para la población). A lo que hay que añadir, además, el impacto de la discriminación en el acceso al mercado laboral. Datos que muestran la enorme brecha de desigualdad en el ámbito laboral, justifican la necesidad de este Plan, pero también la urgencia de su puesta en marcha.

Algo tan fácil de comprender no siempre se entiende entre los responsables públicos. Y es que este Plan, promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, es un verdadero hito y esperamos que se convierta en un referente para otras políticas públicas en España. Y digo en España porque la Unión Europea lleva aplicando este enfoque muchos años, promoviendo con Fondos Europeos medidas específicas para grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como la población gitana. Esto ha supuesto que, en la actualidad, y gracias a una estrategia acertada de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en España (UAFSE), sea el FSE+ el principal instrumento financiero para promover el empleo de la población gitana en nuestro país.

Esta inversión se traduce básicamente en el programa Acceder, una iniciativa pionera que desarrollamos desde hace 25 años en la Fundación Secretariado Gitano y que ha supuesto un modelo para las políticas públicas de empleo con población gitana, y para este Plan, inspirado en la experiencia del programa durante más de dos décadas. Acceder tiene como objetivo principal la incorporación de la población gitana al empleo por cuenta ajena, algo que hace 25 años era impensable para la mayoría de las familias gitanas, dedicadas principalmente a la venta ambulante. Hoy, sin embargo, está dentro de las expectativas de cualquier familia. Y ese es el elemento de transformación social que el programa ha contribuido a generar, no sólo con la población gitana, sino también con el mundo empresarial.

Las cifras de Acceder son grandes: en los primeros 20 años del programa casi 110.000 personas participaron en el mismo, de las cuales 33.000 consiguieron un empleo, colaborando con unas 15.000 empresas. El gran cambio que supone la aprobación del Plan es que ahora el programa pasa a ser parte de las políticas públicas de empleo, lo dimensiona y da escala para conseguir mayor impacto; el Plan dota de garantía pública las actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas gitanas.

Es un Plan que aplaudimos y en el que tenemos puestas muchas esperanzas de avance social para el pueblo gitano. Por la importancia que tiene el empleo en la vida de las personas, el empleo de calidad, como generador de ingresos, pero también como palanca para la inclusión social en el caso de quienes han estado sistemáticamente excluidos del mercado laboral, por falta de oportunidades o por discriminación. Pero es importante también porque es una forma de materializar compromisos políticos en este año 2025, declarado Año del Pueblo Gitano por el Gobierno al cumplirse 600 años de la llegada a la península ibérica. No hay mejor manera de celebrar este aniversario que pasar de las declaraciones institucionales a las políticas públicas. Confiamos en que cunda el ejemplo en otros ámbitos clave para la igualdad del pueblo gitano, como la educación o la vivienda.

Todos los años, cuando empieza septiembre, numerosas marcas y negocios se suman a la vuelta al cole. Una de las épocas del año con mayor tirón publicitario, llena de canciones, coreografías y modelitos de ropa. Sin embargo, muchas niñas y niños no viven dentro de este musical. 

Desde la Fundación Secretariado Gitano lanzamos la campaña de sensibilización social #LaNoVueltaAlCole para visibilizar una realidad dramática. Una idea que rompe con esa ficción publicitaria demostrando que, para muchas chicas y chicos gitanos, esta vuelta tan llena de barreras se aleja bastante de los clichés de los anuncios. 

Tres meses después del inicio de curso, una buena parte del alumnado gitano en ESO ya sabe que repetirá o abandonará el sistema educativo. Dos de cada tres chicas y chicos gitanos no terminan la Educación Secundaria Obligatoria. Éste es el dato escalofriante que afecta a la juventud gitana y que parece no importar a nadie. Sin embargo, esta desigualdad educativa es lo que está lastrando el futuro y el progreso de toda una generación de jóvenes gitanos y gitanas, y sí debería importarnos. 

La mayoría de las niñas y niños gitanos se incorporan tarde al sistema educativo. Su trayectoria está marcada por el fracaso escolar y las repeticiones de curso: a los 11 años, el 40 % de los niños gitanos ya ha repetido. El desfase curricular se agrava, y cuando llegan a los 16 años, abandonan los estudios sin haber logrado el título de la ESO. 

El alumnado gitano se enfrenta a múltiples barreras donde confluyen factores de desigualdad. En primer lugar, el impacto de la pobreza. El 86% de las personas gitanas son pobres. La pobreza reduce tus posibilidades de tener profesores particulares, clases extraescolares, comprar material de apoyo…, las prioridades familiares son otras: hacer tres comidas al día, pagar la factura de agua o de luz. En segundo lugar, el bajo nivel educativo de la población gitana (sólo el 17% tiene terminados estudios de la ESO o postobligatorios), lo que supone que tus padres, no sólo no pueden pagarte clases particulares, sino que ellos no pueden ayudarte, porque no tienen la formación necesaria para ello. 

A esto hay que añadir la falta de referentes en tu entorno; cuando no tienes a nadie cerca que ha estudiado, no sabes cómo es la experiencia, y dar el paso a seguir estudiando es muy duro cuando lo haces solo.

Salir de esa dinámica es muy difícil si, además, estudias en un colegio segregado, algo que le sucede a un tercio del alumnado gitano. La alta concentración de chicos y chicas gitanas en determinados centros educativos o en determinadas aulas, es una realidad que, de nuevo, parece no importar a nadie. La segregación escolar es la máxima expresión del rechazo y la discriminación hacia el alumnado gitano y tiene un claro impacto negativo sobre los resultados académicos, sobre la calidad de la educación, las expectativas del profesorado o de las propias familias y, además, reduce la capacidad de socialización con otras personas. 

Por otra parte, el alumnado gitano no se siente reconocido ni identificado en el sistema educativo. La historia y la cultura del pueblo gitano siguen estando ausentes del currículo educativo. El 12 de enero de 2025 se cumplirán 600 años de la presencia documentada de los gitanos en la península ibérica y, sin embargo, la sociedad española sabe poco, o nada, sobre esta larga historia de rechazo y exclusión, pero también de orgullo, identidad y resistencia. La escuela no nos lo ha enseñado.  

Frente a esta realidad tan dura que acompaña al alumnado gitano, la deficiente actuación de las administraciones competentes en la materia. El sistema educativo no ha sabido dar una respuesta a la realidad específica del alumnado gitano, y década tras década se repiten los mismos resultados y se agranda la brecha con el resto de la población: mientras que el dato de abandono escolar en España se ha ido reduciendo hasta casi un 13%, para los chicos y chicas gitanas se eleva al 86 %.

Por eso, queremos lanzar un mensaje claro: el sistema educativo debe compensar las desventajas sociales de partida y garantizar los apoyos necesarios y suficientes para el alumnado en situación de mayor vulnerabilidad socioeducativa. 

Que esto sólo le pase al alumnado gitano tiene que ver con una desigualdad y una discriminación estructural que debe avergonzarnos como sociedad. Supone una grave vulneración de derechos de la infancia y la adolescencia en la medida en que les condena a un futuro sin oportunidades formativas o laborales, que les mantiene en la pobreza y la exclusión. Estamos desaprovechando el potencial que supone la activación y la inclusión sociolaboral de una población eminentemente joven (el 66% de la población gitana es menor de 30 años). 

Sabemos que con programas específicos de acompañamiento, orientación y refuerzo educativo los malos datos se pueden revertir. Lo hemos demostrado. Por eso, pedimos, un Plan específico de orientación y refuerzo educativo para el alumnado gitano que, desde las políticas públicas, garantice plenamente su derecho a la educación.

Tenemos que cambiar esta realidad.

La Comisión Europea publicó en diciembre de 2023 un nuevo Eurobarómetro especial sobre la Discriminación. Se trata de una amplia encuesta a casi 26.400 personas de los 27 Estados de la UE (en España la muestra fue de 1.004 personas) que se refiere a la mayoría de los colectivos o personas que suelen ser objeto de discriminación: por origen étnico y color de piel, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad, religión o creencia, y por ser una persona gitana. El anterior Eurobarómetro sobre Discriminación se realizó en 2019, lo que permite medir la evolución. 

Sorprendentemente los resultados de esta encuesta, basada en la percepción de la discriminación, han tenido poco eco en los medios de comunicación. 

Una de las conclusiones principales es que el antigitanismo se considera la discriminación más extendida de entre todos los grupos analizados (65% de media en la UE, y un 70% en España). Este dato supone un aumento de dicha percepción respecto al anterior Eurobarómetro de 2019 (61% de media en la UE, y 65% en España). Tras el antigitanismo, le siguen el color de la piel (61%), el origen étnico (60%), la identidad de género (57%) y la orientación sexual (54%). 

Este aumento de la percepción de la discriminación hacia los gitanos y las gitanas tiene una doble lectura: por un lado, supondría que hay un mayor reconocimiento o conciencia social de la discriminación; por otro lado, implicaría que la discriminación está más presente en nuestras sociedades. 

Quiero pensar que los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, desde los poderes públicos y entidades del Tercer Sector, están dando sus frutos. El trabajo de capacitación de las potenciales víctimas de discriminación para reconocer y denunciar incidentes discriminatorios, los servicios de acompañamiento a víctimas en los casos de discriminación, las fiscalías y las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas en delitos de odio y discriminación, las campañas de sensibilización al conjunto de la sociedad, o especialmente, contar con un marco legal de protección a partir de la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, son todas ellas medidas en la buena dirección. 

Sin embargo, como mujer gitana, cuando miro a mi alrededor, a mi entorno más próximo, apenas percibo cambios. Seguimos siendo un pueblo desconocido. Los prejuicios, la imagen social negativa, el rechazo y la discriminación siguen siendo para muchos gitanos y gitanas el día a día. Y, en gran medida, muchos todavía no son conscientes de sus derechos y de lo que supone la discriminación y el antigitanismo en términos de vulneración de sus derechos. Por otra parte, el patrón de quién discrimina no ha variado mucho. El cómo, cuándo y dónde siguen siendo parecidos: al intentar alquilar una vivienda, acceder a un empleo, entrar en una piscina, en una discoteca o en un supermercado, o cuando tu hijo o hija van a un colegio donde casi todos sus compañeros también son gitanos; si acaso se han abierto nuevos espacios para ejercer el discurso de odio, como las redes sociales, donde casi impunemente se lanzan mensajes antigitanos que tanto daño hacen. Eso me lleva a pensar que hay una profunda brecha entre el marco legal y político contra la discriminación hacia el pueblo gitano y su impacto real en la vida de las víctimas. 

De hecho, según el Eurobarómetro, el 37% de españoles cree que los esfuerzos de nuestro país para luchar contra la discriminación son eficaces (la media de la UE es del  31%). Este dato en España mejora respecto a 2019 (30%). Y, sin embargo, cuando se pregunta por los esfuerzos por integrar a la población gitana, sólo un 26% de españoles (24% de europeos) cree que están siendo eficaces. Es decir, la percepción mayoritaria de la sociedad es que no sólo cree que hay más discriminación hacia el pueblo gitano, sino que los esfuerzos para combatirla y generar inclusión son insuficientes. 

Celebramos este 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial, y hay que reivindicar seguir luchando contra todo tipo de discriminación desde los poderes públicos, en particular, reforzando el marco de protección a las víctimas; y eso pasa necesariamente por contar con una Autoridad Independiente que permita la aplicación efectiva de la Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, cumpliendo con las directrices marcadas por la ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia) en su último informe de recomendaciones al Estado español. Sin esa figura de la Autoridad Independiente, la ley quedará en papel mojado y no servirá para proteger a las víctimas. Por otro lado, hay avances esperanzadores en la concienciación de la sociedad y de las propias víctimas respecto a la discriminación. Pero son avances insuficientes. Tenemos que ser capaces de mostrar el impacto de la discriminación en la vida de las personas, no sólo por la vulneración del derecho a la igualdad, sino porque atenta contra la dignidad de cada persona. También y, sobre todo, de los gitanos y las gitanas.

“He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país”, declaró el año pasado el Relator de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza, Philip Alston, tras visitar algunos asentamientos y barrios en situación de alta vulnerabilidad. 

Los asentamientos chabolistas forman parte del paisaje de muchas de nuestras ciudades y sus alrededores, pero no los reconocemos como tal; incluso es triste ver cómo, ante esta realidad, se mira para otro lado. Esos asentamientos van desde pequeños núcleos segregados donde malviven tres o cuatro familias a espacios habitados por cientos de personas durante generaciones reproduciendo el ciclo de pobreza, exclusión y marginación. 

El chabolismo es un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a la población gitana, aunque también a personas migrantes y temporeros. Se trata de un problema estructural, persistente, complejo, pero, sobre todo, de una vulneración en cascada de derechos fundamentales que nos hace peores como sociedad.

El problema no es solo la chabola, vivir bajo una construcción de materiales de desecho que en la mayoría de los casos no dispone de saneamiento o suministros básicos como el agua potable o la electricidad, ni las mínimas condiciones de habitabilidad; el problema es la vivienda y su entorno. Los asentamientos chabolistas se encuentran segregados de los núcleos urbanos próximos, limitando así el acceso a los recursos y servicios públicos básicos (servicios sociales, educativos, sanitarios, de transporte, etc.) e impidiendo la relación normalizada con el resto de la ciudadanía. Vivir en un asentamiento chabolista limita cualquier oportunidad de avance social; impide cualquier tipo de desarrollo personal, social, laboral, educativo... Pero, además, vivir en un asentamiento chabolista estigmatiza. La persistencia de asentamientos chabolistas es una forma de discriminación institucional. 

Si bien es cierto que la dimensión de la población gitana que vive en chabolas ha ido disminuyendo en los últimos años en España (desde el 10% en 1991, al 3,9% en 2007 y al 2,17% en 2015), esta exclusión residencial severa persiste y parece haberse estancado. A pesar de los avances, en España tenemos identificados, al menos, 270 núcleos chabolistas, donde viven más de 2.000 familias gitanas, unas 11.000 personas, de las que una buena parte son niños y niñas. No son grandes cifras, pero son suficientes para entender que no nos lo podemos permitir como sociedad. Su existencia está amenazando la garantía de los derechos humanos de las familias gitanas, teniendo un impacto mucho más grave cuando se trata de niños y niñas, con el riesgo de que su desarrollo se vea afectado de por vida. Vivir en un asentamiento chabolista es la forma más extrema de pobreza infantil.

En España tenemos un histórico de actuaciones de realojo que han fracasado porque no han servido para apoyar los procesos de inclusión de las personas y han reproducido la segregación; iniciativas programadas solo a corto plazo que han carecido además de un enfoque integrado en el abordaje de los procesos de realojo. No incluir medidas de tipo sociolaboral, educativo, formativo, etc. junto con la dotación de infraestructuras residenciales adecuadas en entornos inclusivos ha llevado no solo a fracasos en términos de impacto en la inclusión social de las familias gitanas, sino que han sido un desaprovechamiento de recursos públicos. Ante un problema estructural y complejo, no cabe ofrecer respuestas paliativas y parciales; por eso muchos asentamientos perviven enquistados durante generaciones. 

Pero también tenemos una experiencia cada vez más extensa de programas que han aprendido de los fracasos y han tenido buenos resultados. Algunas CCAA han conseguido erradicar los asentamientos chabolistas.

No es un problema de falta de recursos. Estamos en un momento de oportunidades, contamos con los marcos políticos y los mecanismos de financiación adecuados para erradicar el chabolismo de nuestro país en 2030. 

El nuevo Marco Estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana 2021-2030 establece el compromiso común de los Estados miembros de aumentar el acceso igualitario efectivo a una vivienda adecuada, digna e inclusiva, y a los servicios esenciales a fin de garantizar que para 2030 la mayoría de la población gitana resida en viviendas normalizadas y no segregadas, sus hogares no sufran hacinamiento y dispongan  de todos los suministros básicos esenciales como el agua, el saneamiento y la energía.En consonancia, uno de los compromisos políticos de nuestra Estrategia Nacional es la erradicación del chabolismo.

Un objetivo que puede financiarse a través de los fondos europeos. En el marco del Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) y con recursos de los fondos Next Generation; pero sobre todo a través de los Fondos de Cohesión, donde hay objetivos y medidas específicas para la integración de la población gitana y la erradicación del chabolismo. En concreto, a través del FEDER pueden financiarse medidas relacionadas con las infraestructuras, y a través del FSE+ las intervenciones de acompañamiento social a las familias. 

Pero también contamos con financiación estatal. El actual Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 contempla la posibilidad de invertir en este ámbito con un programa específico para la erradicación del chabolismo (Programa Nº14), una línea de financiación ya abierta en el anterior Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y que, sin embargo, ha estado infrautilizada. 

Hay recursos suficientes; falta voluntad política y un mandato institucional para alcanzar el objetivo de Chabolismo Cero en nuestro país en 2030.

Por eso, desde la Fundación Secretariado Gitano hemos lanzado la campaña Chabolista.es. Queremos visibilizar y denunciar la persistencia de asentamientos chabolistas en nuestro país, cuarta economía europea. Basada en anuncios en medios digitales y redes sociales difundiendo un nuevo portal inmobiliario, Chabolista.es utiliza un tono irónico para mostrar una realidad que no queremos ver. Buscamos movilizar al conjunto de la sociedad sobre esta situación vergonzante para influir en los poderes públicos sobre la necesidad urgente de erradicar el chabolismo y garantizar el derecho a una vivienda digna. Y para ello proponemos un Plan Nacional para la erradicación del chabolismo, en línea con el futuro Plan de Acción de la Unión Europea contra los asentamientos chabolistas de la población gitana. Un mandato del Parlamento Europeo a la Comisión que se acaba de aprobar el pasado 5 de octubre en la reciente Resolución sobre la situación de las comunidades gitanas marginadas que viven en asentamientos chabolistas en la Unión Europea.

Por otra parte, el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, es una oportunidad no solo para reconocer el chabolismo como una forma más de exclusión residencial, sino para reforzar el mandato institucional y el compromiso político para erradicar el chabolismo.

En definitiva, tenemos un marco de oportunidades que no podemos dejar pasar. Es obligación de los poderes públicos, y responsabilidad de todos, acabar con una lacra que nos debe avergonzar como país. Una democracia avanzada como la nuestra debe dar una respuesta firme a esta lamentable realidad. Nos encontramos ante una gran oportunidad.

Hace dos semanas tuvimos una gran oportunidad para avanzar en la igualdad real y efectiva de todas las personas. En esa ocasión, debatimos la toma en consideración de la ‘Ley Trans’, una norma que aspira a que ninguna persona pueda ser discriminado por cómo siente o expresa su identidad de género. La verdad es que esperábamos que todos, pero por lo menos los partidos que dicen defender los derechos de las personas trans, votaran a favor.

Pero el Partido Socialista finalmente se puso de perfil, y su abstención, sumada a los votos en contra de Vox y PP, consiguió que la Ley no saliese adelante.

Hay quienes, también en las filas socialistas, niegan entidad a este debate, tratándolo como un asunto sin importancia, un debate sobre “identidades” frente a los problemas “reales” que en el plano material tienen muchas otras personas. Pero la discriminación que cada día experimentan las personas trans tiene consecuencias muy directas y muy reales para quienes la sufren.

Todavía hoy en España hay personas trans a las que se les niega un alquiler o un trabajo por expresar su identidad de género. El 85% de las personas transexuales están en desempleo. Las personas jóvenes trans se llevan muchas veces la peor parte: según un estudio de la FELGTB, más de la mitad ha sufrido acoso escolar. Las personas trans también son víctimas habituales de actitudes violentas, que a veces tiene desenlaces fatales, del que nuestro país es triste ejemplo: según el proyecto Trans Respect, España es el segundo en Europa con más personas trans asesinadas por su identidad desde que existen registros. Todo ello sin contar las múltiples humillaciones que se dan en su vida cotidiana, con mofas e insultos, en su mayoría movidos por la ignorancia, la incomprensión y los prejuicios, pero no pocas veces, demasiadas, también por el odio.

Teniendo en cuenta este contexto, la pregunta que se nos planteaba a los grupos parlamentarios la semana pasada era sencilla: “¿Necesita España una Ley Trans?”. Para Ciudadanos, nuestra respuesta es un sí claro y rotundo, sin dudas ni matices.

Tenemos que dar respuesta a las diferentes realidades de nuestra sociedad, hacer efectivos los derechos de todas las personas y especialmente de aquellas que forman parte de grupos vulnerables, como el de las personas trans. Y tenemos que hacerlo a través de la definición de un marco legal estatal garantista y riguroso. Una propuesta de carácter integral y transversal que a nuestro juicio se debe construir sobre dos pilares; el reconocimiento del derecho de todas las personas a la autodefinición de su identidad de género y la despatologización de la transexualidad y de las múltiples vivencias y manifestaciones que constituyen la realidad trans.

La propuesta de una Ley Trans en España no es una novedad en el campo del derecho comparado. Otros países europeos como Noruega, Malta, Portugal, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo ya han aprobado y disponen de leyes análogas en vigor desde hace años.

Esta es otra de las razones por las que sorprende, y mucho, que haya personas y partidos que se permitan frivolizar con la realidad de las personas trans insinúa que uno se “cambia de género” como quien se “cambia de camisa” y que reconocer la autodefinición de género llevaría a situaciones constantes de fraude y abuso de Derecho, utilizando la posibilidad de rectificación de género para obtener ventajas de todo tipo.

Es un planteamiento no sólo absolutamente irrespetuoso y que denota un profundo desconocimiento de la realidad de estas personas, sino que además se ve desmentido en todos los países donde estas Leyes Trans se han implantado con anterior.

Sinceramente, nunca pensé que llegaría a ver al Partido Socialista ser uno de los responsables del rechazo a la tramitación de esta norma, ni pensé que llegaría a escuchar por parte de representantes políticos algunas de las declaraciones que se han escuchado estos últimos meses en relación a las personas trans.

Como tampoco jamás hubiera esperado ver la firma de una vicepresidenta –y anterior ministra de Igualdad– y de un ministro del PSOE en un libelo, porque sólo así puede calificarse, que ponía en el centro de la diana mediática a las personas trans. Un documento que surgía, cito literalmente, frente a la “polémica creciente respecto a la utilización y la confusión, en ocasiones interesada, de algunos conceptos fundamentales en el feminismo, como son el sexo y el género” y que señalaba como peligroso el que las ideas trans van “ganando terreno en el mundo académico y activista” dado que éstas niegan “la existencia del sexo biológico, por lo que desdibuja y difumina la realidad de las mujeres”.

La realidad es que, detrás de toda esta terminología pseudofeminista, lo que se esconde es una negación de la identidad de género sentida de las personas trans, que es así calificada de ambigua o confusa –patológica, en el fondo-. Algo que, en último término, supone una negación de la propia existencia de una realidad trans por la que ninguna persona habría de sufrir discriminación alguna. 

Quiero ser muy clara en este punto. Ciudadanos siempre estará al lado de la libertad y de la igualdad de todas las personas: mujeres, trans, y todos aquellos que, por razón de su sexo, su orientación sexual, su identidad o expresión de género o sus características sexuales sufran cualquier tipo de rechazo, discriminación o violencia.

No vamos a tolerar la trampa dialéctica que algunos pretenden imponer: nadie pierde cuando se lucha por la igualdad. Además, me preocupan aquellos discursos que contraponen la lucha feminista con la lucha de las mujeres trans. Porque el feminismo es inclusivo. Es evidente que si avanzamos en la igualdad de las mujeres trans promovemos la igualdad de todas las mujeres. La lucha de las mujeres trans es mi lucha como mujer feminista.  

El impacto del reciente temporal Filomena, combinado con las restricciones de movimiento por la pandemia, han provocado una subida extraordinaria del precio de la luz, poniendo encima de la mesa una de las manifestaciones específicas más crudas de la situación en la que viven miles de familias en nuestro país: la pobreza energética, entendida como aquella que padecen quienes no son capaces de procurarse un acceso normalizado a los suministros energéticos básicos.

Se trata de un fenómeno que, lamentablemente, no resulta desconocido en nuestro país. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en el año 2019 el 7,6% de la población española tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, mientras que un 6,6% de la población pagó con algún retraso las facturas de suministros de la vivienda. Los datos oficiales apuntan a que entre 3,5 y 8 millones de personas en España se encuentran en situación de pobreza energética. En su mayoría, como señala la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, familias con bajo nivel de ingresos y menores a cargo, muchas monoparentales, y jubilados.

A la hora de valorar estas estadísticas se debe tener en cuenta que una parte importante de esta pobreza energética está invisibilizada. Además de las familias cuya incapacidad para hacer frente al coste de los suministros es evidente, como sucede en casos de impagos, hay muchas otras que simplemente consumen unos niveles de energía insuficientes porque no pueden permitirse otra alternativa. Pero el lado más desgarrador lo forman las personas que directamente no cuentan con un acceso a la red de suministros, normalmente residentes en infraviviendas o asentamientos chabolistas.

En este sentido, resulta imposible no pensar en la indignante situación en la que todavía hoy están viviendo más de 1.400 menores y sus familias en la Cañada Real, que llevan más de 100 días –todas las Navidades y todo el temporal– sin luz. Uno de los ejemplos más claros de cómo, demasiadas veces, muchos inocentes pagan las consecuencias de los actos de tan sólo por unos pocos culpables, y para el que desde Ciudadanos hemos exigido al Gobierno una actuación inmediata.

Más allá de las estadísticas, es fundamental ponerse en el lugar de una familia que no tiene luz en su hogar, y cómo esa simple circunstancia impide realizar actividades básicas de la vida diaria que muchos, por suerte, damos por descontado: calentar un vaso de leche, ducharse con agua caliente o poder hacer los deberes. Hay hogares que subsisten con medios mucho más precarios y a veces más inseguros, como cocinas y estufas de gas butano, o incluso de carbón. En los casos más extremos, que suelen coincidir las temperaturas más acusadas de los meses de verano e invierno, sus efectos pueden ser letales: en España, se estima que la pobreza energética puede provocar más de 7.100 muertes prematuras al año.

La Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entra otras normativas, reconocen el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada, lo que incluye disponer de un acceso regular de energía para iluminación, cocina o calefacción. Lo mismo ocurre con nuestra Constitución, en su artículo 47.

La pandemia, para colmo, ha arrinconado social y económicamente a muchas familias que se encuentran en situación de pobreza. El confinamiento y el toque de queda han obligado a estar más horas y más seguidas en casa, aumentando el consumo de energía (el teletrabajo, las actividades educativas online, etc). La realidad es que muchas personas no pueden hacer frente a esta situación, ya que el 8% de los hogares españoles están pasando frío durante este invierno. Todo ello ha provocado un aumento desde marzo de las solicitudes de bono social eléctrico a razón de 200 peticiones diarias. Sin embargo, ésta es una medida que deja fuera a muchas personas, bien por no tener libro de familia, por los límites de renta establecidos, etc. Además, las moratorias que el gobierno ha establecido en el pago de suministros, generan un importante problema: ¿cómo van a afrontar ese gasto los ciudadanos con un escenario laboral tan incierto? 

Los precios de la luz, más allá de las variaciones más o menos pronunciadas, son estructuralmente muy elevados. Según Eurostat, España es el cuarto país de la UE con la electricidad más cara. Pero no tendría por qué ser así. De hecho, más de la mitad del importe de la factura eléctrica que pagan los consumidores se corresponde con cargos que no tienen relación directa con el coste de la generación ni de la distribución de la electricidad, como el pago de las primas a las energías renovables, la amortización de la deuda tarifaria o la compensación de los sistemas extrapeninsulares. Conceptos todos ellos que responden a políticas públicas y que bien podrían financiarse con cargo a los Presupuestos y no ser costeado exclusivamente por los consumidores, que pagan por estos conceptos sin atender a su nivel de renta. Y, por supuesto, a todo lo anterior se suman los impuestos que se pagan en el recibo de la luz, el 10% de la factura. Entre ellos, el IVA, que en España es del 21%, más alto que en otros países de nuestro entorno, como Francia (20% en la parte variable, pero un 5,5% en la parte fija de la factura), Alemania (19%), Italia (10%), o nuestro vecino Portugal, que desde hace poco aplica un 13% sobre los primeros 100 kWh de consumo.

Nunca seremos capaces de abordar la pobreza energética si no somos capaces de conseguir una tarifa eléctrica que resulte asequible para todos los hogares. Y la solución no pasa por ninguna medida rebuscada: basta con reducir el peso en la factura de la luz todo aquello que no guarde relación con el coste directo de la energía, lo que pasa también por reducir impuestos. Desde Ciudadanos hemos propuesto, entre otras medidas, una bajada del IVA de luz y gas natural del 21% al 10%, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad provocada por el coronavirus. Un tipo más acorde con la naturaleza de bien esencial que tienen los suministros energéticos para todos los hogares.

No hay nada que impida al Gobierno tomar esta medida. Reducir el precio de la luz en la actualidad es posible y necesario para ayudar a la ciudadanía en un momento tan delicado.

Cada 20 de noviembre celebramos el Día de la Memoria Trans, una conmemoración impulsada por la activista Gwendolyn Ann Smith en memoria de Rita Hester, mujer trans asesinada tal día como hoy en 1998. Desde entonces, esta fecha sirve para concienciar a toda la sociedad sobre la discriminación y la violencia que todavía sufren en el mundo las personas por su condición transexual o transgénero. Personas a las que se les niega el alquiler de una vivienda por su forma de ser, que tienen que aguantar insultos en el autobús, agresiones en la calle, acoso en las redes sociales, discriminación laboral y humillaciones en los momentos más inesperados de su vida cotidiana. Personas valientes, a las que, sin duda, les sería más fácil callar y mantenerse en la invisibilidad, pero que han tomado el camino de la libertad, la autenticidad y el compromiso consigo mismas. Y no podemos dejarlas solas.

En España, por desgracia, las personas trans no son ajenas a esta discriminación cotidiana que se traduce en desigualdad de oportunidades. El 85% de las personas trans están en paro y tienen muy difícil encontrar un empleo. La violencia también es una realidad habitual para este colectivo. Según un estudio de la FELGTB, el 58% del alumnado trans ha sido víctima de acoso escolar, agresiones o vejaciones en la escuela. Esta violencia a veces tiene desenlaces fatales, del que nuestro país es triste ejemplo: según el proyecto Trans Respect, España es el segundo en Europa con más personas trans asesinadas desde que hay registros.

Este año, no obstante, la conmemoración de este día tiene tintes, si cabe, todavía más agridulces. Aunque, por eso mismo, también es más necesaria que nunca. Porque durante estos meses hemos sido testigos de declaraciones que creíamos enterradas en el pasado, pero que hemos descubierto con asombro, y mucha tristeza, que siguen muy presentes entre determinados sectores políticos y sociales. No deja de ser paradójico que el mismo año en el que ha cosechado el éxito una serie como Veneno, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que describe la vida y dificultades de la polifacética Cristina Ortiz Rodríguez, una de las personalidades trans que más notoriedad pública alcanzó gracias a la televisión, se produzca en paralelo un cuestionamiento abierto y hasta agresivo de las personas trans. Y no hablamos sólo de que se atreva a poner en duda su derecho a la igualdad de trato, sino que, incluso, hay quien se atreve a negar la realidad trans en sí misma.

Sinceramente, nunca pensé que llegaría a escuchar por parte de representantes políticos algunas de las declaraciones que se han escuchado estos últimos meses en relación a las personas trans. Como tampoco jamás hubiera esperado ver la firma de una vicepresidenta –y anterior ministra de Igualdad– y de un ministro del PSOE en un libelo, porque sólo así puede calificarse, contra las personas trans. Un documento que surgía, cito literalmente, frente a la “polémica creciente respecto a la utilización y la confusión, en ocasiones interesada, de algunos conceptos fundamentales en el feminismo, como son el sexo y el género”. El texto señalaba expresamente al colectivo trans, cuyas ideas, afirmaba, van “ganando terreno en el mundo académico y activista”. Algo peligroso, daba a entender el documento, puesto que el movimiento trans, supuestamente, “niega la existencia del sexo biológico, por lo que desdibuja y difumina la realidad de las mujeres”.

Ahora bien, el argumentario socialista no se quedaba en el debate teórico: su toma de posición tenía implicaciones prácticas claras con respecto al encaje de las personas trans en el orden jurídico y social. No cabe ser más contundente cuando el argumentario del PSOE sentencia: “Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado ”derecho a la libre determinación de la identidad sexual“ o ”derecho a la autodeterminación sexual“ carece de racionalidad jurídica”. Por si esto fuera poco, a continuación se ofrecen ejemplos rocambolescos de algunos “riesgos” que entrañaría el reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género. “¿Podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por este delito? ¿Cómo afecta a las políticas de paridad y de representación equilibrada?”. Frente a una realidad que cada día excluye de la sociedad a 10.000 personas trans en toda España, estas son las grandes preocupaciones del PSOE, que otrora fue pionero en promover el matrimonio igualitario en España. Ver para creer que, con respecto a los derechos de las personas trans, PSOE y Vox piensen exactamente lo mismo. Ver para creer que los prejuicios y el dogmatismo dominen el debate de las ideas en un partido que se dice progresista, pero en el que Carmen Calvo acaba pontificando sobre quién puede ser mujer y quién no, quién puede ser madre y quién no, qué mujeres tienen derecho a decidir y cuáles no, como en el caso de la gestación subrogada altruista y garantista.

Flaco favor hacen quienes redactan y avalan con su firma este argumentario a la causa de la igualdad en general y de la lucha por los derechos de las personas trans en particular, cuando pintan la realidad de su identidad de género como algo que cualquiera puede convenir por puro capricho. Por no hablar de la poca confianza que tienen en el criterio de nuestra Justicia y sus profesionales, capaces de caer sin más en una manipulación tan frívola y burda.

La realidad es que, detrás de toda esta terminología pseudofeminista, lo que se esconde es una negación de sustancialidad a la identidad de género de las personas trans que, en último término, supone una negación de la propia existencia de una realidad trans por la que nadie habría de sufrir discriminación alguna. ¿De verdad quienes han redactado esto conocen a alguna persona trans? ¿Si fuese así, con qué ligereza podrían afirmar que la realidad de la identidad que viven y sienten es algo etéreo? ¿Que no es real? ¿O que quizá lo es, pero están confundidos? Y aquí, en este punto, es donde estos críticos confluyen con quienes señalan a las personas trans como meras trastornadas.  

Sorprende igualmente también que Unidas Podemos, formación que siempre había mantenido una postura clara a favor de los derechos de las personas trans, no haya tenido el interés ni el valor de desautorizar este argumentario y desmarcarse públicamente de la postura de su socio de coalición. Tan sólo hemos visto piruetas dialécticas y, más recientemente, una bomba de humo en forma de consulta pública de una supuesta “Ley Trans”. Un artificio que cabe presumir que nunca pasará, en el mejor de los casos, de su consideración en el Consejo de Ministros. Salvo que lo que finalmente se apruebe sea una propuesta en la que, en coherencia con el argumentario socialista, no aparezca por ningún lado “el denominado ”derecho a la libre determinación de la identidad sexual“ en tanto ”carece de racionalidad jurídica“.

Quisiera ser muy clara en este punto. Ciudadanos no estará nunca del lado de quienes pretendan negar a las personas trans algo tan básico como su propia existencia. Porque nosotros siempre estaremos al lado de la libertad y de la igualdad de todas las personas: mujeres, trans, y todos aquellos que, por razón de su sexo, su orientación sexual, su identidad o expresión de género o sus características sexuales sufran cualquier tipo de rechazo, discriminación o violencia. No vamos a tolerar la trampa dialéctica que algunos pretenden imponer: nadie pierde cuando se lucha por la igualdad. Es una causa de toda la sociedad y en la que todos ganan siempre. Porque, parafraseando a un referente en la defensa de la Igualdad, Pedro Zerolo, con quien tuve el honor de compartir espacios de trabajo años atrás, antes de entrar en política: en nuestro mundo caben las personas trans y, aunque nos pese, también las personas tránsfobas, incluso aquellas que se definen como “feministas”. Pero en el de estas últimas, y a la luz de su argumentario, en el del PSOE de ahora, no parece que quepan las personas trans, y quizá tampoco quienes defendemos su derecho a poder vivir conforme a la identidad que ellos mismos sienten.

Este 20 de noviembre, como decía en un principio, tenemos mucho que reivindicar para continuar esta lucha por la igualdad de todos. Y desde Ciudadanos llevamos mucho tiempo reclamando la necesidad de una Ley estatal e integral para la Igualdad Social de las personas LGTBI, de despatologización de la realidad trans y de protección frente la discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales. Una ley que establezca un marco jurídico homogéneo que establezca una garantía común de derechos y libertades en todo el país. Que aborde esta realidad de la diversidad sexual y de género desde un enfoque integral, transversal, abierto y plural. Que reconozca, en primer término, el derecho de toda persona a la libre determinación de su identidad y a la libre expresión de su género sentido, como parte inalienable de su derecho constitucional al libre desarrollo de su personalidad.

Porque en esta materia queda también un importante camino por recorrer, lo que no implica en ningún caso ignorar los avances que se han producido en este tiempo. Desde 2009, 12 Comunidades Autónomas ya han aprobado sus propias legislaciones en materia de igualdad de trato y no discriminación de personas LGTBI y para la despatologización de la realidad trans. Estas normas establecen, entre otras garantías, la prohibición de tratamientos de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género. España no es el único país en el que se realizan estas terapias, de ahí que otros países también hayan aprobado leyes para su prohibición, siendo el más reciente de ellos Alemania, que este mismo año aprobó una ley en este sentido.

Si bien todas las leyes autonómicas contemplan algún tipo de reproche a este tipo de prácticas que nos retrotraen a tiempos más oscuros, sólo en cuatro esta prohibición se acompaña de sanciones. Una de ellas es la Comunidad de Madrid, cuya norma se aprobó gracias al impulso decisivo de mi partido, Ciudadanos. Esta comunidad puede alegar con orgullo ser la primera en haber impuesto este tipo de sanciones: en abril de 2019, con una multa que ascendió a los 45.000 euros a una clínica que ofrecía “curar” la homosexualidad. Prueba del compromiso de Ciudadanos con esta causa, la multa fue anunciada por el ya vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado. El desenlace, no obstante, entraña una lección: pagada la multa, la clínica se trasladó a Toledo, en la vecina Castilla-La Mancha, para poder continuar con sus pseudoterapias y escapar de la sanción. ¿Qué partido gobierna allí con mayoría absoluta? En efecto, el PSOE. Qué mejor ejemplo para demostrar por qué necesitamos una Ley estatal.

El momento actual de desconfinamiento nos está dejando algunas imágenes muy esperadas, como las de millones de españoles que nos reencontramos con familiares, o la reapertura de muchos comercios, y con ellos, el aliento para tantas familias. Sin embargo, hay otras imágenes que, una vez pasado el pico de fallecimientos, siguen golpeando con dureza en esta fase de la crisis. Me refiero a las grandes colas de personas en todo nuestro país pidiendo ayuda alimentaria. Me refiero a las numerosas llamadas que he recibido para decirme “las ayudas no nos llegan” y “qué hacemos para garantizar el alimento de nuestros hijos”. Personas que nunca se habían visto en una situación de este tipo porque disponían de unos ingresos y medios de subsistencia para salir adelante, y también muchas familias en situación vulnerable que han visto empeorada su condición.

La situación actual nos demuestra por un lado que nuestro sistema de ayudas, el que teníamos pero también el que se ha establecido para responder al impacto social de la pandemia de COVID-19, es insuficiente: hay personas que siguen quedándose atrás. Todo ello incluso a pesar de las numerosas iniciativas solidarias que de manera desinteresada dan respuesta a las necesidades más básicas de estas personas y que nos hacen grandes como sociedad.

Esta pandemia ha visibilizado determinadas debilidades en nuestro Estado del bienestar: las fragilidades del sistema de atención a nuestros mayores, las dificultades de accesibilidad a la información y recursos que todavía tienen las personas discapacitadas, la difícil situación en la que se encuentra el pueblo gitano, la necesidad de un abordaje de la infravivienda y el sinhogarismo, la desigualdad que afecta a la infancia y cómo influye en la brecha digital educativa, la necesidad de proteger con la mayor fuerza posible a las mujeres víctimas de violencia machista y a los menores víctimas de violencia, la precariedad laboral en la que se encontraban muchas familias y las grandes dificultades que éstas tienen para llegar a fin de mes, la desprotección a la que se enfrentan determinados sectores laborales (empleadas del hogar, vendedores ambulantes, feriantes, autónomos, etc.) o cómo los cuidados, todavía hoy, siguen siendo soportados principalmente por las mujeres, entre otras.

En estos momentos de reconstrucción social, es vital dejar las ideologías a un lado. Y, aunque la semana pasada asistí a un episodio bochornoso protagonizado por el vicepresidente del Gobierno, quien eligió utilizar una comisión que debe consensuar una respuesta a las carencias anteriormente señaladas como un foro en el que exhibir consignas políticas, yo no me doy por vencida. Desde un punto de vista político, tenemos que ser capaces de dar la talla ante los ciudadanos, promover la búsqueda de soluciones para que nadie se quede atrás en esta recuperación. Desde Ciudadanos queremos aportar utilidad con nuestras iniciativas y propuestas. Es esencial tener los pies en la tierra y conocer las demandas que nos han estado realizando desde los diferentes ámbitos de la sociedad civil y articular soluciones eficaces.

Tenemos que ser conscientes de que no podremos superar esta crisis sanitaria hasta que seamos capaces de aprender de lo sucedido y tomar nota de las medidas adoptadas, de los aciertos pero, sobre todo, los fallos y los errores, para estar preparados ante futuras amenazas similares. Debemos garantizar el cuidado efectivo de nuestros mayores ante cualquier posible rebrote, ser conscientes que las residencias son hogares no centros medicalizados. Ante cualquier mínima sospecha, tenemos que ser capaces de tomar las medidas de aislamiento, asistencia y protección adecuadas para aquellos que viven en residencias y también para aquellos que viven en sus propios hogares, especialmente en el caso de las personas mayores que están en situación de soledad crónica indeseada. Ello nos va a hacer replantear nuestro actual sistema de cuidados.

Por otro lado, tenemos que ser conscientes de la desigualdad y la pobreza existentes, y que es vital que nadie se quede atrás. Las brechas de desigualdad en nuestro país son evidentes y afectan especialmente a determinados grupos de población vulnerables. Son ellos los más afectados cuando el paro o la precariedad crecen, por eso debemos articular un itinerario de acciones concretas dirigidas a mejorar la formación y la empleabilidad como medidas para promover la salida de la pobreza. En esta materia, los sistemas de prestaciones que solo tienen mirada asistencialista no garantizan la promoción de sus beneficiarios y, por ello, debe articularse un mejor sistema para que el mayor número de personas posible, principalmente los jóvenes, puedan dar el salto formativo y laboral, que es lo que realmente va a cambiar la vida de las personas. Por lo tanto, es vital que las prestaciones incentiven la inserción laboral y que se diseñe un sistema serio y coordinado con las CCAA, para no generar más desigualdades, en el que el tercer sector debe jugar un papel fundamental.

Hay que abordar también la protección de la infancia. Ningún niño debe quedarse atrás en garantía alimentaria ni en acceso educativo. Asimismo, debemos proteger a los menores frente a la violencia, siendo vital que la Ley de violencia contra la infancia vea la luz y pueda ser tramitada por el Congreso cuanto antes.

Tenemos que tener una visión global de la situación a la que se enfrentan las familias y dar una respuesta que garantice la igualdad de oportunidades. La respuesta a esta crisis tiene dos grandes enemigos, el primero es la falta de previsión y el seguir llegando tarde a las grandes reformas, pero es todavía peor el segundo: el sectarismo político. En temas como éstos, que nos afectan a todos como sociedad, no debería existir discordia política, sino, simplemente, voluntad política para ofrecer soluciones. Eso es lo que desde Ciudadanos entendemos como ‘Política Útil’, ser capaces de entender que una pandemia global no es una campaña electoral y sí una oportunidad para aparcar diferencias y, si dedicamos las comisiones y grupo de trabajo a otra cosa que no sea el reproche, afrontar retos pendientes en materia de desigualdad. No perdamos más tiempo.

En este 8 de abril, quiero comenzar estas líneas felicitando a todo mi pueblo: feliz Día Internacional de los Gitanos. Este año, la conmemoración está condicionada por la lamentable pandemia que vivimos y que, estoy segura, superaremos desde la unidad, porque somos una sociedad fuerte y responsable. Junto a ello, quiero transmitir mis condolencias a todas las familias que han perdido algún ser querido y aliento a quienes tienen familiares enfermos.

En este contexto, me parece más importante que nunca, si cabe, reconocer la historia del pueblo gitano y sus valores, basados en la solidaridad, la familia, la unión, el respeto a los mayores o la alegría de vivir, entre otros. Una historia de dificultades, persecución atroz y rechazo que nos demuestra que somos un pueblo fuerte y resistente a la adversidad. En estos momentos, vemos como muchos de estos valores están presentes más que nunca en nuestra sociedad; cada tarde, cuando salimos a aplaudir a los balcones para agradecer y apoyar la labor de todos los profesionales que están al pie del cañón, con la puesta en marcha de numerosas iniciativas solidarias para realizar mascarillas, ayudar a hacer la compra, acompañar a un anciano, repartir alimentos, etc. Creo que es el mejor rostro que nos deja este lamentable virus: recordarnos a la sociedad que tenemos que preocuparnos los unos por los otros, debemos estar unidos y ser solidarios.

Estamos dando una lección de solidaridad como sociedad en conjunto. Porque también el Covid-19 nos deja un aprendizaje, y es que nos iguala a todos en vulnerabilidad y en responsabilidad. Porque todos somos susceptibles de ser víctimas. No obstante, también es cierto que hay desigualdades que persisten y tampoco los colectivos más vulnerables son ajenos a las consecuencias de esta crisis. Las familias gitanas viven por debajo del umbral de pobreza en un 86% de los casos, mientras que la tasa infantil entre el colectivo roza el 90%; 9 de cada 10 menores que, además en muchos casos, no disponen de medios para poder desarrollar una educación telemática, ni pueden contar con unos padres con adecuados niveles de formación que les puedan ayudar en sus tareas. Es vital que los recursos que se ponen en marcha sean accesibles para que ningún niño se quede atrás. Tampoco podemos olvidar que casi la mitad de las familias gitanas ocupadas lo hacen por cuenta propia, dedicándose en su mayoría a la venta ambulante, bien como autónomos o a través de Cooperativa. Esta perspectiva debería estar presente también a la hora de sentarnos a buscar el consenso en la respuesta política a esta crisis.

Por un lado, está el contexto social y, por otro, el ámbito de la Igualdad de Trato y la no Discriminación; es lamentable ver cómo durante esta crisis en varios lugares ha irrumpido el discurso antigitano, hemos visto muestras de rechazo y estigmatización que se han difundido en redes sociales y por algunos medios de comunicación. No podemos permitir que estas actitudes empañen lo que es una respuesta fraternal sin matices en momentos tan complicados. Son comportamientos que nos denigran como sociedad y, por ello, apelo a la responsabilidad social en esta materia y a la necesidad de contar en nuestro ordenamiento jurídico con una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación que proteja a los colectivos vulnerables.

Teniendo en cuenta el escenario expuesto, considero totalmente necesario que el Gobierno tenga en cuenta las propuestas que remitimos desde otros partidos, que se tengan muy presentes las que se realizan desde el tercer sector, dado que que están cerca de los grupos más afectados. Además, las medidas serán útiles si son efectivas, y para ello tienen que llegar a todas las personas vulnerables. Por lo tanto, es vital que se eliminen trabas administrativas para acceder a las ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas, que la prestación a la que tienen derecho los autónomos no esté condicionada a estar al corriente con la Seguridad Social. Se debería permitir una moratoria para el pago de la deuda, pero no negar la ayuda por este requisito, justo en estos momentos, cuando más lo necesitan.

Muchas personas gitanas me han traslado sus ganas de aportar para superar esta situación; otras sienten una enorme incertidumbre por la crisis posterior. En este ámbito hago una llamada a la responsabilidad al gobierno. Desde Ciudadanos consideramos que es necesario trabajar de manera conjunta para impulsar la reconstrucción de nuestra sociedad teniendo muy presente la realidad de los grupos vulnerables. Hay que reaccionar de manera inmediata, tenemos que ser propositivos, trabajar con sentido de Estado. Cuando hablamos de reconstruir un país y abordamos el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, los colores políticos deben quedarse a un lado y ver la gran tarea que tenemos por delante. En mi opinión, es lo que la sociedad espera de nosotros.

Hoy, más que nunca, quiero cerrar este texto deseando a todo el mundo Salud y Libertad.