En el almacén de las palabras olvidadas que el académico francés Érik Orsenna evoca en sus libros hay una sección para las palabras que están en proceso de reparación. Algunas de ellas tienen un significado jurídico originario, pero se han ido apartando por el uso de su sentido primitivo. Por ejemplo, el “destierro”, que fue durante siglos una condena penal clásica, ha desaparecido de los textos jurídicos y se utiliza con frecuencia hoy para expresar el rechazo subjetivo frente a ideas o personas que se consideran nocivas. En su lugar hay otras palabras que expresan la misma idea, pero con distintos matices, como son la “devolución en caliente”, la expulsión o el internamiento en un CIE de los extranjeros que han entrado ilegalmente en un país. El “confinamiento” es otra de esas palabras que se están transformando desde el concepto primitivo de castigo judicial a la reclusión por prescripción médica o por decisión de las autoridades políticas.

Sin embargo, la palabra exilio siempre ha sido polivalente. El diccionario de la RAE la define como la separación de una persona de la tierra en la que vive, pero reviste múltiples modalidades puesto que puede ser voluntario, forzoso, por motivos políticos, religiosos, por la necesidad de protegerse contra la persecución de la justicia, o contra la repulsa social de determinadas conductas.

En España, desde principios del siglo XIX contamos con una larga tradición de exilios de las más diversas formas imaginables. Los políticos liberales se exiliaban cuando sus vidas corrían peligro por los golpes de estado militares, los reyes y clérigos también lo hacían en los periodos revolucionarios. Con Latinoamérica se han hecho muchos viajes de ida y vuelta, y también ha habido muchos argentinos, chilenos, cubanos, uruguayos, etc…, que han imitado estas antiguas costumbres de la “madre patria”. Durante la guerra civil hubo exilios cruzados, según el territorio en el que se viviera después del golpe de estado, pero tal vez el exilio más trágico por su magnitud, crueldad y duración fue el de la guerra civil. Por esa razón, cuando los políticos catalanes del contradictorio pronunciamiento independentista se han refugiado en países extranjeros para escapar de la acción de la justicia española, se han escuchado opiniones que les negaban su condición de exiliados, aun cuando desde el rigor lingüístico también lo son.

Curiosamente no se habla de los muchos exiliados que han venido a nuestro país desde Siria, Marruecos, el Líbano, Filipinas o de algunas repúblicas africanas regidas por dictaduras de sangre. La España democrática se ha ganado a pulso ser considerada una de las naciones menos sensibles a otorgar el asilo político a muchas de las personas que realmente han huido de sus países por la necesidad de salvar su propia vida y la de sus familiares. No se tiene un trato recíproco con países que en otras épocas acogieron a los españoles que lo necesitaron.

Pero, en cuanto a los españoles que hoy habitamos en “nuestra tierra”, el fenómeno que se está percibiendo en los últimos años es la importancia de una acepción de la palabra exilio diferente. Es lo que también el RAE cita como “exilio interior”. La radicalización de la política que en otros países se está dando también entre la llamada, para entendernos, izquierda y derecha, aquí se incrementa con otros factores alienantes como el extremismo religioso, los nacionalismos exacerbados y los regionalismos secesionistas. Según las mayorías relativas de los parlamentos regionales, según el territorio en el que se viva, el ámbito social en el que se desenvuelva la actividad profesional, la confesión religiosa e, incluso, la condición social o económica, hay personas que se encuentran extrañas en su propia tierra. Estos factores propician que se adopte la opción por una reclusión hacia el espacio interior, que se acentúa últimamente por las instrucciones que se dictan desde los poderes públicos para que se viva confinado en los domicilios, con el mínimo contacto con otras personas que no sean del propio círculo de convivencia.

Personalmente he optado por salir a la calle lo imprescindible, pero lo suficiente para observar que se están imponiendo los hábitos de apartarse de la acera cuando vienen de frente personas de otro color de piel, de ojos rasgados, de aspecto desaliñado, o se pasa cerca de las colas que se forman ante los comedores sociales o frente a los bancos de alimentos.

¡Menos mal que nos queda la conexión con los medios de comunicación: la televisión, la radio, los periódicos digitales! Pero cuando vas de unos a otros buscando información o debates serenos, y percibes que cada uno de ellos se dedica a hacer alarde de las “banderas victoriosas” que los financian, la única opción que queda es optar por ese exilio interior que se ha vivido por muchas personas en épocas de guerras y convulsiones sociales. Pienso en los grandes maestros de la pintura como Goya, Monet o Gauguin, o en músicos como Beethoven, Chopin o Mahler que vivieron en medio de las guerras europeas de los siglos XIX y XX.

Pero, realmente, esta no es la solución pensando en las generaciones futuras. Hace unos días un político reclamaba en el parlamento que se potenciaran los servicios de atención psicológica a la población. Fue objeto de burlas y risas. Yo me acordé de la época de la transición. Entonces estábamos mucho peor, los estados de excepción y la represión policial eran de verdad, pero no se necesitaban psiquiatras: la diferencia estriba en que entonces se tenía colectivamente la ilusión de construir una sociedad más justa y solidaria, y ahora no se ve ninguna luz que ilumine la salida del túnel.

Siempre nos quedará el exilio, pero la diferencia con los protagonistas de “Casablanca” es que París está cerrado para los turistas.

El día que mi profesor de Derecho Civil explicó el concepto de muerte civil recibí un fuerte impacto emocional. Ahora lo he recordado por el abanico de diagnósticos que se nos ofrece para calificar el fin de la vida de tantas personas queridas. Se aplicaba el concepto de muerte civil a personas que seguían viviendo, pero que habían sido condenadas a la pena de muerte o a la cadena perpetua -entonces no revisable- o a personas que profesaban en órdenes religiosas que exigían clausura de por vida y el voto de pobreza.

La causa era exclusivamente de carácter económico. Como pasaban a estar apartadas de la sociedad, aisladas de por vida, ya dejaban de tener capacidad jurídica, lo que implicaba que su patrimonio pasaba a sus herederos o a las arcas públicas de la misma forma que si se tratara de la muerte natural. Estos días algunas personas se aventuran también en traer a colación argumentos economicistas: ahorro en las pensiones, en subvenciones a geriátricos, programación masiva de eutanasias involuntarias y otros dislates incalificables.

Pero lo que realmente me perturba el sueño es pensar en amigos, conocidos o gente anónima que están en las salas de los hospitales recibiendo cuidados paliativos en la fase terminal de sus vidas, pero sin vida propia, sin que ningún familiar pueda acompañarlos, sin poder sentir el calor de las personas que los quieren y que sienten la angustia de no poder acompañarlos en su tránsito hacia la otra vida. Cada vez admiro más al personal sanitario que intenta paliar ese estado de soledad definitiva de quien espera la muerte natural, pero todavía tiene su corazón latiendo.

Al enfrentarme a la realidad que nos ofrecen las noticias, también reivindico el trabajo y la dedicación de las cuidadoras, celadores y personal de esos cientos de residencias, en todo el país, que llevan trabajando muchos años con sueldos de miseria y sin que nadie reconozca su trabajo. Hemos visto que algunos de estos centros carecen de las condiciones mínimas de salubridad y comodidad, con alarmante escasez de personal. Y surge una pregunta que golpea mi conciencia. ¿Ha tenido que venir la pandemia para que la sociedad sea consciente de lo que ha estado pasando? ¿Cuántos años, cuántos gobiernos han tolerado esta indignidad? ¿No se está condenando a muchas personas a una muerte civil?

Nuestra autocomplaciente sociedad avanzada del siglo XXI no ha elaborado los mecanismos sociales que sustituyan a los antiguos modelos de convivencia familiar. Antes, las personas mayores permanecían en sus casas o en las de sus descendientes o allegados, eran respetados y cuidados por sus hijos, hijas y nietos a los que transmitían los valores de la solidaridad intergeneracional que poco a poco se van diluyendo. También estaban, pero en una proporción muy inferior, los asilos para personas desvalidas donde confluían la virtud de la caridad social con la entrega de personas abnegadas al servicio de los demás.

Hoy aquel sistema se ha sustituido por una red de residencias geriátricas muy dispar, como la sociedad misma. La muerte nos iguala, pero la categoría de las residencias, no. Las hay de diversas clases, como los vagones de tren: las privadas son para las personas pudientes, que tienen todo el derecho a gastar su dinero como tengan por conveniente; hay otras, también excelentes, de gestión pública que son modélicas; y otras más modestas que son gestionadas por comunidades religiosas y caritativas que merecen nuestro aplauso. Pero se ha constatado la existencia de un número, tal vez excesivo, que queda pendiente de identificar y determinar en una necesaria auditoría postvirus, que no reúnen las mínimas condiciones exigibles.

Desde luego, todo es cuestión de prioridades presupuestarias. Pero si algo debemos sacar en claro del impacto de la pandemia en los geriátricos (casi la mitad de los fallecidos) es que hay que planificar los mecanismos para que esto no vuelva a suceder; y que hay inversiones que deben hacerse para salvaguardar la dignidad de las personas, aun cuando no reporten beneficios a las arcas públicas.

La ley divide las competencias en estas materias, que siempre serán subsidiarias a los cuidados debidos por los propios familiares (para eso la ley sigue blindando las legítimas de los hijos), entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Ministerio Fiscal que debe ejercer la superior vigilancia de todo centro geriátrico que albergue a personas que padecen limitación de sus capacidades intelectuales. También los jueces deben garantizar que los internamientos en estos centros se realicen con plena garantía del derecho a la libertad individual de cada persona.

A pesar del escándalo en los medios de comunicación, todavía no he visto que este tema sea prioritario en las propuestas de los partidos políticos para el gran pacto de reconstrucción del país. Hay que diseñar un modelo eficiente a nivel competencial, y dar solución a problemas importantes como los derivados de la evolución de los procesos degenerativos de las personas que no son capaces de ejercer sus derechos civiles. Ni siquiera pueden otorgar un testamento vital disponiendo su voluntad para que se les garantice una muerte digna.

Los efectos de la pandemia se han cebado con suma crueldad en estas personas. Muchas de ellas ya estaban hace tiempo en el limbo, que yo llamaría para vergüenza nuestra, de muerte incivil.

Pocas palabras, que permanecían dormidas, han saltado a la actualidad con tanto ímpetu como la del confinamiento. También, como tantas otras, proceden del lenguaje jurídico y se utilizan con un significado distinto al originario. Pero siempre quedan en su ADN ecos de su primitiva acepción.

En el diccionario del español jurídico, confinamiento se define como “pena restrictiva de libertad consistente en condenar al reo a un pueblo o distrito, situado en territorio peninsular o insular, en el que debe permanecer en libertad, bajo la vigilancia de la autoridad”. Así proviene del derecho histórico en el que se aplicó a personajes como Juana la Loca, Napoleón o Jovellanos. No hay que confundirla con la pena de destierro que vendría a ser la “orden de alejamiento” actual, ni con el extrañamiento, que es la expulsión del país por un determinado tiempo.

Estas penas siguen recogidas en los códigos de muchas naciones. El código penal de 1932 de la II República dejaba en manos del tribunal que la pena pudiese ser cumplida en el propio domicilio; y el artículo 87 del CP de 1973 introdujo una medida humanitaria al disponer que los tribunales, al concretar el punto de cumplimiento de la condena, debían tener en cuenta el oficio, profesión o modo de vida del sentenciado, para que pudiera cuidarse de su subsistencia. En los códigos modernos se han suprimido por considerar que favorecían un trato desigual a las personas pudientes, especialmente a los penados en causas políticas.

El confinamiento que en la actualidad padecemos todos es de carácter sanitario y, por ahora, esencialmente voluntario, alejado de aquél uso tan frecuente durante la dictadura de Franco en los periodos de “estado de excepción”, que facilitaba las detenciones arbitrarias, sin control judicial ni derecho a asistencia de abogados, cuando convenía para garantizar la “pax romana” de aquella época. Los de mi generación vivimos el de la primavera de 1968, cuando en las universidades se levantaron las protestas, y como previsión frente al riesgo de contagio del mayo francés. Entonces saltarse el confinamiento o una reunión de más de tres personas implicaba poder ser castigado por la justicia militar.

La verdad es que hoy las razones sanitarias que inspiran la reclusión domiciliaria pretenden la garantía del bien común y son muy diferentes a aquellas sanciones penales. Pero últimamente he constatado, por las conversaciones cibernéticas que mantengo con los amigos de mi edad, que empezamos a tener pesadillas nocturnas. Parte de la culpa la tiene la película 'La trinchera infinita', pero también las negras sombras de los recuerdos que nos transmitieron nuestros padres de los confinamientos durante en la guerra civil y en la postguerra, por un virus mucho peor: el del miedo.

Fueron muchas las personas que estuvieron escondidas en las casas de los pueblos, en los campos o en los pisos de las ciudades por el riesgo de ser detenidas por los unos o por los otros, según el bando en el que les cogió la sublevación militar. Nos contaban que se vivía con angustiosa incertidumbre lo que estaba pasando. Se temía la muerte propia o la de familiares y amigos, como consecuencia de los bombardeos, las 'sacas' o los 'paseos'. Llegaban noticias confusas sobre los frentes de guerra, muchas de ellas 'fake news', en lenguaje actual, de los llamados quintacolumnistas. Según la emisora de radio que se lograra sintonizar les llegaba una información diferente de la situación en los frentes, de la evolución de la guerra. Este año cumplirían los cien años los de la quinta del biberón -los pocos que quedan vuelven a estar en riesgo extremo- y con diecisiete años los llevaban al frente sin equipamientos, mascarillas ni armamento adecuado. ¡Qué diferencia a la de los jóvenes de hoy que desde sus confinamientos siguen estudiando, viendo películas, viajando por el mundo a través del internet, bien alimentados, con la preocupación de no perder la línea y de hacer gimnasia para mantenerse en forma!

Todo es muy distinto hoy, pero a mí la palabreja confinamiento no me gusta. Las escalofriantes cifras de muertos y heridos, no poder salir del piso en el que vivo, ver las fuerzas de seguridad patrullando por las carreteras pertrechados con sus fusiles, las noticias sobre la construcción de hospitales de campaña, que en aquellos tiempos se denominaban 'de sangre', y los 'partes' diarios evocan un escenario bélico.

Me da la impresión de que se está poniendo a la ciudadanía en una posición muy difícil por las discrepancias entre los líderes cuando hablan de la reconstrucción de la economía, la internacionalización del conflicto o la evaluación de los desastres después de la batalla. Cunde la alarma ante las diferentes versiones de la situación en el frente que difunden las emisoras según el color político de quienes las subvencionan.

Menos mal que nos quedan los aplausos de las ocho de la tarde. Yo cada vez salgo a mi ventana con más ilusión. Por encima de todo, de las incertidumbres que siembran los tuiteros profesionales, y los 'whatshapp' cargados de odio que invaden nuestra intimidad, los vecinos del barrio seguimos mayoritariamente esperanzados en que esto termine pronto. No sabemos cómo. Pero, por favor, dejen de jugar a la guerra, que es mucho lo que está en juego.