Esta semana aparecían en portadas y columnas de la prensa local –al mismo tiempo que el Roig Arena ha demostrado su potencia en la agenda de conciertos- algunas cuestiones que hasta hace nada parecían irrelevantes: quién está detrás de los promotores, qué fondos los sostienen, qué modelo de negocio aplican, qué relación tienen con las administraciones públicas o qué prácticas imponen al público dentro de sus recintos. Periodistas que hoy cuestionan este modelo de explotación del espacio de postal de la Ciudad de las Ciencias, pero que nunca denunciaron la estafa continuada al público dentro de los recintos festivaleros ni se han caracterizado por señalar algún escandaloso contrato a dedo a los mismos promotores para conciertos “de la terreta”.

Los abusos de los promotores de grandes festivales

Durante años nadie consideró problemático que se implantaran modelos de festival con sistemas de pago propios que eliminan el efectivo, con precios inflados y con estructuras empresariales ligadas a grandes fondos de inversión internacionales de estados que promueven un genocidio en Palestina. Todo este fenómeno se añadió sin fricciones en el relato de eventos, éxito y marca de ciudad. Algunos de estos promotores se fotografiaban y asesoraban ante la fiebre de los eventos, festivales y ferias a presidentes de la Generalitat de distinto color político. Bastaba con salir del país y participar en festivales con tradición y arraigo en Francia o Portugal para comprobar hasta qué punto aquí se ha normalizado un modelo que, en demasiadas ocasiones, trata al público como un cliente cautivo al que sacarle dinero a través de la diversión y donde sus preferencias musicales o el interés por la vertiente artística de los protagonistas en el escenario se limita a dos frases comunes en las redes sociales.

Pero además hay vecinos no falleros y no festivaleros

Desde 2018 hasta 2026: casi ocho años de pleitos han necesitado los vecinos del entorno del Jardín del Turia, a la altura de la Ciudad de las Ciencias, para que se reconozca judicialmente su derecho a no padecer los ruidos y molestias de los festivales en el cauce del río. Y siempre, como si las Fallas no existieran. Vecinos de Alameda y Avenida de Francia, en entornos residenciales con zonas comunes, piscinas y cierta distancia respecto al impacto directo. No se trata de cuestionar su derecho a protestar, sino de entender qué ocurre cuando lo comparamos con otros barrios. Porque hay lugares donde ese conflicto ni siquiera alcanza la categoría de problema público.

El caso de los bloques-playa en el Canyamelar

Aquí, en parcelas pegadas a bloques de viviendas, se siguen autorizando eventos que poco tienen que ver con la cultura local y mucho con la explotación del ocio: Oktoberfest, ferias temáticas o eventos gastronómicos diseñados para monetizar borracheras durante semanas. Carpas instaladas a escasos metros de casas donde vive gente que trabaja, que descansa, que no tiene ni piscina ni aislamiento acústico ni capacidad económica para sostener años de litigio.

Aquí no hay titulares. Aquí hay llamadas a la asociación vecinal. Y eso también marca una diferencia de clase. Porque no todos los vecinos son iguales a ojos de la ciudad. No todos tienen la misma capacidad de convertir su problema en un problema público. No todos pueden defender sus derechos en los mismos términos. Mientras unos consiguen sentencias, otros acumulan noches sin dormir. Esto no es solo un conflicto urbanístico o social. Es una cuestión política de modelo de desarrollo.

No es cuestión de tamaño. Es una cuestión de modelo

Cabría analizar qué modelos se están priorizando. Hay estructuras empresariales que operan con lógica de rentabilidad rápida —ya sea en forma de macrofestival o de evento de consumo masivo bajo carpa—. Que venden ocurrencias a concejales que se dejan convencer rápidamente al no tener ninguna estrategia de ciudad al respecto. Frente a ellas, existe otro tejido local que lleva años funcionando, llenando salas y trayendo músicos en la Valencia de ayer y hoy.

Una red de promotores locales, veteranos y jóvenes, que sostienen la música en vivo con otra lógica: la de la continuidad, la del riesgo asumido, la del arraigo y la alianza con el ecosistema local. Proyectos como el Circuito de Música Urbana (MUV!), ciclos de conciertos como Serial Parc en jardines de la ciudad o los conciertos en la Pérgola de la Marina poniendo en uso elementos antaño abandonados demuestran que se puede programar sin expulsar, sin saturar, sin convertir el espacio en un negocio intensivo desconectado del entorno. Porque, al final, un festival gigantesco y una carpa del  Oktoberfest junto a unos bloques de viviendas pueden parecer cosas distintas, pero comparten una misma lógica cuando se implantan sin límites: la del uso del espacio urbano como recurso a explotar sin valor añadido para nadie más que el promotor de la fiesta.

En defensa del vecindario de los poblados marítimos

Y ahí es donde la ciudad se retrata en su clasismo. ¿Por qué un festival es incompatible con los residentes de la Alameda y se normalizan eventos y ferias junto a nuestras casas en el Cabanyal-Canyamelar? Porque desde que los actores políticos y económicos redescubrieron nuestro barrio —después de décadas de abandono y de planes como los de Barberá—, el Cabanyal ha pasado de ser ignorado a ser utilizado. Somos un decorado cerca de la playa donde parecen sobrar los bloques de viviendas de trabajadores. Una forma de pensar que parece encajar con la élite gobernante actual. No en vano, el inversor Roberto Centeno, emparentado con la familia Roig, ya comentó con sorpresa que en nuestra playa había hospitales, colegios e institutos, que aquello era “muy poco Miami”.

Quizá el debate no vaya solo de festivales. Quizá tenga que ver con algo más simple e incómodo: quién tiene derecho a la ciudad… y quién solo la padece. Quién tiene derecho a disfrutar del decorado desde una casa con vistas. Y quién es el vecino incómodo al que se le colocan al lado espacios cedidos para monetizar borracheras a pie de playa. Que no se les ocurra traer los festivales de la Ciudad de las Ciencias a nuestro barrio frente a la playa o la Marina Norte. Llévenselo bien lejos o invéntense un recinto fallero donde nada moleste. María José Catalá y su concejal de grandes proyectos, Sr. Marí Olano, podrían negociar de una vez algo positivo para la ciudad con la Autoridad Portuaria y encargar a la misma Marina Port a la que se le dan licencias exprés— el encaje de este nuevo negocio tan lucrativo al final de los espigones del sur, bien lejos de nuestro vecindario de llamada noctámbula al 092, de queja a la asociación vecinal y tan de colegio, hospital e instituto público, que vive —y vivirá— al lado de la playa por derecho, aunque les pese.

Para tener opiniones sólidas deberíamos ver algún dato encima de la mesa. Los expertos hablan de que las medidas de distanciamiento social aparecen reflejadas en las curvas de contagios estimados dos semanas después. Siempre hay que seguir el principio de prudencia en las medidas sanitarias pero solo conocemos algún dato sobre las primeras medidas al decretarse la alarma y estas ya fueron positivas para iniciar ese descenso que anhelamos.

Ante la falta de certezas yo apostaría por poner encima de la mesa del Consejo de Ministros un debate más importante para la recuperación de la economía nacional. El debate de territorializar medidas según posibilidades y necesidades. Planes que cursen con un mapa del Covid-19 sobre todo el territorio español que, ayudados por los gobiernos y administraciones autonómicas que forman parte del mismo Estado, gestionen datos y prioridades en diferentes escenarios de desescalado territoriales con indicadores elegidos (sanitarios, sociales, económicos, geográficos...). Así podríamos restablecer la economía o parte de ella en las zonas donde se estime que no hay riesgo. Mejor operar dentro de los focos de la crisis que efectuar una sangría abierta y general al paciente.

¿Tiene sentido que en Fuerteventura, una isla frente al Sáhara, a más de 2.000 kilómetros de Madrid con vuelos y turismo restringidos se pare toda la actividad no relacionada? ¿Hay el mismo temor a que aparezca un brote en una fábrica de cerámica en Castellón, sector estratégico en la Comunitat y en competencia con la producción china, que en una del corredor del Henares en la Comunidad de Madrid donde se reportaron el mayor número de casos en España?. Justamente tener un estado descentralizado opera mejor para sacar recursos y necesidades pensando en las características de cada territorio. Siempre nos acordamos de generar polémicas con la descentralización cuando ponemos ejemplos de desigualdad injusta (o intereses centralizadores) y ahora cabría hacerla funcionar para lo que sirve: ofrecer las mejores soluciones amoldables a lo que necesita cada territorio en beneficio del país.

Wuhan tiene 11 millones de habitantes. Es la capital de Hubei, una provincia de 56 millones. Más que en toda España. Allí se mapeó toda la provincia, distrito por distrito, aprovechando herramientas tecnológicas y preservando la confidencialidad de las personas afectadas por el coronavirus. En su proceso de reapertura hubo diferentes ritmos dependiendo de los casos CoVid-19 reportados en cada zona. Debería ser posible hacerlo mediante un buen tracking en una siguiente etapa de tests masivos a la población que proporcione más certezas estadísticas por comunidades sobre la presencia del virus. En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad junto al Instituto Cartográfico ya tienen un mapa por áreas de salud. Se podría llegar incluso a escala comarcal y para toda España. Desescalemos cosiendo inteligentente la economía del país, basándonos en datos, y no nos obliguen a cosernos en radios, como hicieron otros desde esa España mediática y jacobina alejada de las necesidades y oportunidades de un país que es mucho más que “centro y periferia”.