En la España predemocrática y de la Transición había chabolas. Casas con paneles de madera, cartón, techos de uralita... Yo recuerdo de pequeño las de enfrente de mi casa ya finalizando los 80. Unas Navidades mi madre dio algunos juguetes nuestros a una familia que ocupaba una de ellas. Lo recuerdo como algo muy pasado, muy anterior. Casi lo había olvidado.

Cuando estuve en Buenos Aires volví a ver estos poblados de chabolas. Allí las llaman «villas». Son barrios enteros construidos desde la informalidad urbana, nacidos de la necesidad de tantas personas de tener un techo, lo básico para quien quiere llevar una vida adelante. Las chabolas son también producto de una economía capitalista incapaz de resolver esas necesidades. Hace un siglo se hicieron famosas las «Hoovervilles» de la Gran Depresión que leímos en la novela de Steinbeck, Las uvas de la ira. Campesinos del Medio Oeste que perdieron sus tierras, cargaron con lo poco que les quedaba y atravesaron el país en busca de trabajo. Llegaron a California arruinados y allí levantaron sus casas con lo que encontraron. Madera, cartón, chapa. Lo suficiente para intentar tener un techo y empezar de nuevo.

Igual que pasa hoy en València mientras vemos el acaparamiento de vivienda para inversión y para turismo. Proliferan chabolas en el Grao, Torrefiel, Benimaclet... resultado de errores y de la ausencia de soluciones efectivas que, en Argentina, acabaron consolidando una sociedad de extremos: villas miseria y countries para ricos.

Una villa miseria sobre un pelotazo tan estúpido como infantil: construir un circuito de Fórmula 1 en el Grao.

Hoy sentimos la necesidad de denunciar y pedir responsabilidades. Desde el activismo político básico: el del barrio, el de la ciudad. En un mundo de organizaciones políticas que gastan demasiada energía en sus propias batallas mientras problemas como este vuelven a crecer delante de nosotros. Porque nos preocupa lo que ocurre en nuestros barrios y tratamos de comprender sus causas y consecuencias para reclamar soluciones reales a lo que vivimos cada día. Ante una sociedad que culpabiliza cada vez más al débil, hay quienes lo señalan para que lo odien. Nosotros señalamos también a quienes no son tan visibles, estén aquí o a miles de kilómetros, copa en mano, con pantalón y camisa y dinero de sobra para invertir en un fondo, en un bajo turístico, en una empresa de alquileres o en un edificio nuevo entre vecinos. Para sacar rendimiento.

Vivimos en un mundo de partidos políticos convertidos en maquinarias electorales, humores y miedos sociológicos. En una guerra cultural y mediática donde la verdad es la primera que muere. Y a los cargos públicos de esas organizaciones les preguntamos: ¿no bucean y se empapan de lo que pasa, de sus causas y consecuencias? ¿No ven, en sus viajes de trabajo pagados con dinero público, el drama del centro de Los Ángeles con sus calles llenas de miseria y gente sin techo? ¿No ven cómo Singapur o China —modelos políticos e ideológicos bien distintos— han optado, en cambio, por poner límites a la inversión inmobiliaria para proteger el acceso a la vivienda? ¿No se preguntan cosas más profundas? ¿O trabajan y viajan a hacer lo mismo que en Fitur? Postureo, fotos y seguir siendo políticos mediocres con ínfulas de estadistas de pueblo.

Generación boomer y políticos jugando ante un drama que cambiará nuestra ciudad

Aquel día de infancia, un año entre los 80 y los 90, recuerdo que mi hermana y yo nos quejamos amargamente cuando descubrimos que habían desaparecido algunos juguetes porque mi madre los había regalado a aquellos niños de la chabola de enfrente de casa, que ya no existe. Hoy soy consciente de aquella realidad social y de los remedios que se pusieron. Y también de que vivimos en una democracia de propietarios que durante décadas ha protegido mucho mejor la propiedad adquirida que el acceso a ella de quienes venían detrás. Una democracia en la que parece que no hay que incomodar a quienes tienen dos o tres viviendas y votan disciplinadamente cada cuatro años, mientras ven otro programa en la televisión que señala a los okupas o a la inmigración como culpables de sus miedos. Mientras dejábamos sin resolver el futuro.

Hubo unos años en que atronaban los bólidos a toda velocidad por el circuito urbano al lado de casa, en una Marina que era terreno público. Los oía desde casa. ¡Qué espectáculo!, decían en la tele: «¡Wow, Fernando Alonso!». Yo ya era adulto y no me creía mucho eso de montar semejante barbaridad en medio de una ciudad donde habíamos podido erradicar el chabolismo con políticas públicas y a la que hoy vuelve con fuerza sobre aquellos despojos de brilli-brilli. Un país que tenía problemas y población en los márgenes, sí. Pero con techo. Principal estructura para poder salir de ese margen.

Habíamos conquistado una democracia y, con todas sus carencias, habíamos democratizado también el acceso a la vivienda. Pero también nuestra democracia empezó a depauperarse. Mientras jugábamos a ser una ciudad rica, capaz de cerrar calles y aislar barrios para que los Fórmula 1 atravesaran Valencia, la vivienda volvía poco a poco a ser un privilegio. Después llegó la crisis financiera. Y tras ella desembarcaron los fondos de inversión, la compra masiva de inmuebles, el alquiler convertido en negocio y, más tarde, la transformación de bajos, solares y viviendas en negocio turístico. Cuatro décadas después, en aquella democracia que debía ensanchar derechos, tener una primera vivienda vuelve a ser una frontera social para una generación entera. Especialmente para quienes no tienen una casa que heredar.

Y lo siguiente, lo de ahora. Yo vivo en la casa que mi padre heredó de mis abuelos. Escribo estas líneas entre los juguetes de mis sobrinos. Siento la rabia y la impotencia de aquel niño que cedió sus juguetes contra su voluntad, pero ahora por una razón muy distinta. No por elegir un culpable fácil, sino por la necesidad de denunciar el absurdo de ver a políticos sin soluciones haciéndose vídeos tontos para caer simpáticos ante un público que es algo más que un telespectador de carreras de coches.

Antes de que sea demasiado tarde. Antes de acostumbrarnos a los pisos vacíos de los edificios cebra del bulevar sur, con precios y alquileres astronómicos, mientras vuelven las chabolas; a los robos en el Grao y la avenida de Francia, los zulos turísticos en el Cabanyal y el Canyamelar o las eternas casitas rosas de la Malvarrosa. Unos señalarán al que va en patinete y ha reventado un coche. Nosotros señalamos también la estructura que ha consentido este sindiós de verano tórrido a 40 ºC como nueva realidad. De asfalto con toldos, de ceniza de incendios y basura en las calles. De gaviotas escarbando en las papeleras repletas y de más turismo indecoroso y de borrachera por nuestro pueblo marítimo. De inversiones depredadoras, basurazo impositivo y vallas en la Marina que nos dijeron que era para la ciudad.

No ponerle límites al capital inversor también es política: significa ponerse del lado de quien, con su dinero, oprime a quienes necesitan vivir aquí.

Porque el dinero se mueve y busca dónde le dejan maximizar su negocio. Capital israelí acaba de comprar el antiguo Cine Imperial del Cabanyal para convertirlo en otro aparthotel entre callejones de vecinos de siempre. Y aspira a conseguir otra de tantas licencias municipales del mismo tipo. Mientras, en Países Bajos, una nueva fiscalidad más dura lleva a propietarios a desprenderse de sus segundas viviendas. El capital que allí empieza a encontrar límites busca aquí la puerta abierta: viviendas, bajos, edificios. Lo que unos gravan para proteger el acceso a la vivienda, aquí permitimos que especule con la nuestra.

Se ha acabado el tiempo de los parches, de seguir con el trampantojo de señalar al otro, al diferente que es pobre, al que no tiene. Igual que la época de Hoover dio paso a la de Roosevelt, necesitamos un salto, un New Deal. Política con mayúsculas entre tanto populismo. Reclamamos el poder de la política para quienes no tienen otro poder con el que salir adelante. Si Francisco Camps y Rita Barberá anunciaron el circo de la Fórmula 1, desde el barrio, desde nuestra Asociación Vecinal, denunciamos ahora la carpa de uralita, cartón y maderas y reclamamos una ciudad, un país, donde se atajen los problemas de raíz.

Para no perder otros cuatro años de brazos cruzados y laissez faire, laissez passer. Otros cuatro años en los que, al final de un mandato, de una legislatura, la solución sea asfaltar la calle Colón o la Gran Vía. O anunciar una nueva televisión, la Séptima. Sin mirar a nuestro circuito de chabolas del siglo XXI.

Esta semana aparecían en portadas y columnas de la prensa local –al mismo tiempo que el Roig Arena ha demostrado su potencia en la agenda de conciertos- algunas cuestiones que hasta hace nada parecían irrelevantes: quién está detrás de los promotores, qué fondos los sostienen, qué modelo de negocio aplican, qué relación tienen con las administraciones públicas o qué prácticas imponen al público dentro de sus recintos. Periodistas que hoy cuestionan este modelo de explotación del espacio de postal de la Ciudad de las Ciencias, pero que nunca denunciaron la estafa continuada al público dentro de los recintos festivaleros ni se han caracterizado por señalar algún escandaloso contrato a dedo a los mismos promotores para conciertos “de la terreta”.

Los abusos de los promotores de grandes festivales

Durante años nadie consideró problemático que se implantaran modelos de festival con sistemas de pago propios que eliminan el efectivo, con precios inflados y con estructuras empresariales ligadas a grandes fondos de inversión internacionales de estados que promueven un genocidio en Palestina. Todo este fenómeno se añadió sin fricciones en el relato de eventos, éxito y marca de ciudad. Algunos de estos promotores se fotografiaban y asesoraban ante la fiebre de los eventos, festivales y ferias a presidentes de la Generalitat de distinto color político. Bastaba con salir del país y participar en festivales con tradición y arraigo en Francia o Portugal para comprobar hasta qué punto aquí se ha normalizado un modelo que, en demasiadas ocasiones, trata al público como un cliente cautivo al que sacarle dinero a través de la diversión y donde sus preferencias musicales o el interés por la vertiente artística de los protagonistas en el escenario se limita a dos frases comunes en las redes sociales.

Pero además hay vecinos no falleros y no festivaleros

Desde 2018 hasta 2026: casi ocho años de pleitos han necesitado los vecinos del entorno del Jardín del Turia, a la altura de la Ciudad de las Ciencias, para que se reconozca judicialmente su derecho a no padecer los ruidos y molestias de los festivales en el cauce del río. Y siempre, como si las Fallas no existieran. Vecinos de Alameda y Avenida de Francia, en entornos residenciales con zonas comunes, piscinas y cierta distancia respecto al impacto directo. No se trata de cuestionar su derecho a protestar, sino de entender qué ocurre cuando lo comparamos con otros barrios. Porque hay lugares donde ese conflicto ni siquiera alcanza la categoría de problema público.

El caso de los bloques-playa en el Canyamelar

Aquí, en parcelas pegadas a bloques de viviendas, se siguen autorizando eventos que poco tienen que ver con la cultura local y mucho con la explotación del ocio: Oktoberfest, ferias temáticas o eventos gastronómicos diseñados para monetizar borracheras durante semanas. Carpas instaladas a escasos metros de casas donde vive gente que trabaja, que descansa, que no tiene ni piscina ni aislamiento acústico ni capacidad económica para sostener años de litigio.

Aquí no hay titulares. Aquí hay llamadas a la asociación vecinal. Y eso también marca una diferencia de clase. Porque no todos los vecinos son iguales a ojos de la ciudad. No todos tienen la misma capacidad de convertir su problema en un problema público. No todos pueden defender sus derechos en los mismos términos. Mientras unos consiguen sentencias, otros acumulan noches sin dormir. Esto no es solo un conflicto urbanístico o social. Es una cuestión política de modelo de desarrollo.

No es cuestión de tamaño. Es una cuestión de modelo

Cabría analizar qué modelos se están priorizando. Hay estructuras empresariales que operan con lógica de rentabilidad rápida —ya sea en forma de macrofestival o de evento de consumo masivo bajo carpa—. Que venden ocurrencias a concejales que se dejan convencer rápidamente al no tener ninguna estrategia de ciudad al respecto. Frente a ellas, existe otro tejido local que lleva años funcionando, llenando salas y trayendo músicos en la Valencia de ayer y hoy.

Una red de promotores locales, veteranos y jóvenes, que sostienen la música en vivo con otra lógica: la de la continuidad, la del riesgo asumido, la del arraigo y la alianza con el ecosistema local. Proyectos como el Circuito de Música Urbana (MUV!), ciclos de conciertos como Serial Parc en jardines de la ciudad o los conciertos en la Pérgola de la Marina poniendo en uso elementos antaño abandonados demuestran que se puede programar sin expulsar, sin saturar, sin convertir el espacio en un negocio intensivo desconectado del entorno. Porque, al final, un festival gigantesco y una carpa del  Oktoberfest junto a unos bloques de viviendas pueden parecer cosas distintas, pero comparten una misma lógica cuando se implantan sin límites: la del uso del espacio urbano como recurso a explotar sin valor añadido para nadie más que el promotor de la fiesta.

En defensa del vecindario de los poblados marítimos

Y ahí es donde la ciudad se retrata en su clasismo. ¿Por qué un festival es incompatible con los residentes de la Alameda y se normalizan eventos y ferias junto a nuestras casas en el Cabanyal-Canyamelar? Porque desde que los actores políticos y económicos redescubrieron nuestro barrio —después de décadas de abandono y de planes como los de Barberá—, el Cabanyal ha pasado de ser ignorado a ser utilizado. Somos un decorado cerca de la playa donde parecen sobrar los bloques de viviendas de trabajadores. Una forma de pensar que parece encajar con la élite gobernante actual. No en vano, el inversor Roberto Centeno, emparentado con la familia Roig, ya comentó con sorpresa que en nuestra playa había hospitales, colegios e institutos, que aquello era “muy poco Miami”.

Quizá el debate no vaya solo de festivales. Quizá tenga que ver con algo más simple e incómodo: quién tiene derecho a la ciudad… y quién solo la padece. Quién tiene derecho a disfrutar del decorado desde una casa con vistas. Y quién es el vecino incómodo al que se le colocan al lado espacios cedidos para monetizar borracheras a pie de playa. Que no se les ocurra traer los festivales de la Ciudad de las Ciencias a nuestro barrio frente a la playa o la Marina Norte. Llévenselo bien lejos o invéntense un recinto fallero donde nada moleste. María José Catalá y su concejal de grandes proyectos, Sr. Marí Olano, podrían negociar de una vez algo positivo para la ciudad con la Autoridad Portuaria y encargar a la misma Marina Port a la que se le dan licencias exprés— el encaje de este nuevo negocio tan lucrativo al final de los espigones del sur, bien lejos de nuestro vecindario de llamada noctámbula al 092, de queja a la asociación vecinal y tan de colegio, hospital e instituto público, que vive —y vivirá— al lado de la playa por derecho, aunque les pese.

Para tener opiniones sólidas deberíamos ver algún dato encima de la mesa. Los expertos hablan de que las medidas de distanciamiento social aparecen reflejadas en las curvas de contagios estimados dos semanas después. Siempre hay que seguir el principio de prudencia en las medidas sanitarias pero solo conocemos algún dato sobre las primeras medidas al decretarse la alarma y estas ya fueron positivas para iniciar ese descenso que anhelamos.

Ante la falta de certezas yo apostaría por poner encima de la mesa del Consejo de Ministros un debate más importante para la recuperación de la economía nacional. El debate de territorializar medidas según posibilidades y necesidades. Planes que cursen con un mapa del Covid-19 sobre todo el territorio español que, ayudados por los gobiernos y administraciones autonómicas que forman parte del mismo Estado, gestionen datos y prioridades en diferentes escenarios de desescalado territoriales con indicadores elegidos (sanitarios, sociales, económicos, geográficos...). Así podríamos restablecer la economía o parte de ella en las zonas donde se estime que no hay riesgo. Mejor operar dentro de los focos de la crisis que efectuar una sangría abierta y general al paciente.

¿Tiene sentido que en Fuerteventura, una isla frente al Sáhara, a más de 2.000 kilómetros de Madrid con vuelos y turismo restringidos se pare toda la actividad no relacionada? ¿Hay el mismo temor a que aparezca un brote en una fábrica de cerámica en Castellón, sector estratégico en la Comunitat y en competencia con la producción china, que en una del corredor del Henares en la Comunidad de Madrid donde se reportaron el mayor número de casos en España?. Justamente tener un estado descentralizado opera mejor para sacar recursos y necesidades pensando en las características de cada territorio. Siempre nos acordamos de generar polémicas con la descentralización cuando ponemos ejemplos de desigualdad injusta (o intereses centralizadores) y ahora cabría hacerla funcionar para lo que sirve: ofrecer las mejores soluciones amoldables a lo que necesita cada territorio en beneficio del país.

Wuhan tiene 11 millones de habitantes. Es la capital de Hubei, una provincia de 56 millones. Más que en toda España. Allí se mapeó toda la provincia, distrito por distrito, aprovechando herramientas tecnológicas y preservando la confidencialidad de las personas afectadas por el coronavirus. En su proceso de reapertura hubo diferentes ritmos dependiendo de los casos CoVid-19 reportados en cada zona. Debería ser posible hacerlo mediante un buen tracking en una siguiente etapa de tests masivos a la población que proporcione más certezas estadísticas por comunidades sobre la presencia del virus. En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad junto al Instituto Cartográfico ya tienen un mapa por áreas de salud. Se podría llegar incluso a escala comarcal y para toda España. Desescalemos cosiendo inteligentente la economía del país, basándonos en datos, y no nos obliguen a cosernos en radios, como hicieron otros desde esa España mediática y jacobina alejada de las necesidades y oportunidades de un país que es mucho más que “centro y periferia”.