Las mejoras que el mundo experimenta amplían la brecha entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no” Prof. A. Deaton, Premio Nobel de Economía 2015.

Confinado en casa, pero al menos tengo Internet, ésta es una de las frases escuchadas en estos días en cualquier conversación cotidiana. La crisis del Covid-19 ha dado un fortísimo impulso a las utilidades de la red de banda ancha: teletrabajo, teleformación, oficinas bancarias virtuales, comercio online, incluso la administración pública está prestando sus servicios mayoritariamente solo por vía electrónica.

Las empresas reaccionaron rápidamente tras el decreto de alarma; adquisición de pc portátiles, adaptación de servidores para trabajo compartido, instalación de plataformas de teletrabajo. Mientras tanto, las personas han tenido que adaptarse también a la nueva situación a contrarreloj; reuniones por teleconferencia, profesores descubriendo las capacidades del campus virtual, padres y alumnos adaptándose al nuevo entorno escolar. Esa voluntad de cambio ha hecho que muchos descubrieran las nuevas posibilidades que la red de banda ancha aporta en la sociedad actual. Todos querrán seguir sacando rédito a ese esfuerzo tras la crisis, cuando volvamos a la nueva normalidad.

Sin embargo esto no es así para todos, ¿Se imaginan viviendo el confinamiento sin tener acceso a Internet? quizás si fuera un ermitaño lo haría por voluntad propia. Pero, ¿Y si fuera porque no pudiera permitírselo? ¿cómo le sonarían todas las recomendaciones que ha realizado el Gobierno al respecto? Pues esta realidad está presente en nuestro país.

Según la reciente encuesta del INE sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares de 2019 en España, “El 91,4% de los hogares españoles tiene acceso a Internet ”. Es decir, más de 1,5 millones de hogares españoles no tienen acceso a los servicios de banda ancha. En la encuesta se detalla que “Las viviendas que no disponen de Internet señalan como principales motivos de tal situación los siguientes: porque no necesitan Internet (75,5%), la falta de conocimientos para usarlo (51,3%) y los altos costes del equipo (28,0%)”.

Por tanto, en más de 800.000 hogares carecen de la formación para usar Internet y en 400.000 hogares no pueden permitirse una conexión a la red. Utilizando el promedio del INE de 2,5 personas por hogar, se podría afirmar que más de 3 millones de españoles estarían sufriendo esta situación.

El panorama se torna peor aún cuando se observa el dato de “80,9% de los hogares, con al menos un miembro de 16 a 74 años, dispone de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tableta…)”, esto implica que en más de 3,5 millones hogares españoles no hay ningún ordenador o tableta. La brecha digital debido a causas socioeconómicas alcanzarían los 8,5 millones de afectados.

Como curiosidad destacable, la encuesta muestra que los niños y adolescentes ya hacen más uso de Internet que los adultos. Se nota el efecto de la generación nativa digital. En concreto, el dato indica que “La cifra de menores que usaron Internet fue del 92,9% mientras que en personas de 16 a 74 años el uso de Internet fue del 90,7%”.

Adicionalmente, hay otra causa para la desconexión digital, la pobreza energética. Tal y como escribí en 2017 en el artículo La pobreza energética y los descastados digitales: “La desconexión digital debido a la pobreza energética aísla tecnológicamente a ciudadanos. Familias que están en situación de riesgo de exclusión social, que deben renunciar a la conexión de Internet porque dedican sus ingresos al pago de la factura eléctrica, o incluso porque tienen cortado el suministro energético en su hogar”. La asociación de ciencias ambientales en su informe de 2016, cifraba en más de 8,5 millones de ciudadanos los que sufren esta desigualdad social. Además, en el informe se caracterizó la composición del hogar. Se determina que el consumidor más vulnerable está en hogares con personas mayores, familias monoparentales y familias con 3 o más niños dependientes“.

Esta brecha digital, esta carencia de acceso a las tecnologías de la información, está considerada hoy día como una merma de las capacidades básicas personales en una sociedad desarrollada. Cuando una parte de la sociedad no puede participar en la vida cultural, económica y social por esta vía, está corriendo el riesgo de caer en situación de exclusión social. ¡Que paradoja! niños y adolescentes nativos digitales están siendo descastados de su entorno digital.

Recientemente hemos conocido que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Telefónica, Cisco e IBM facilitan la continuidad educativa de los estudiantes de Bachillerato y FP poniendo a disposición del alumnado 20.000 tarjetas SIM, destinadas a familias de pocos recursos. Esta acción tiene su mérito, sin duda, por la inmediatez de la respuesta ante la urgencia del decreto de alarma.

Sin embargo, la cantidad se antoja ínfima en comparación con la mencionada cifra de 8,5 millones de afectados por la brecha digital que se manifiesta en la encuesta del INE. Tras la crisis del Covid-19 se abrirá un proceso de reconstrucción nacional. Habrá cuestiones prioritarias como recuperar la economía del país, atender las urgencias sociales, restablecer la fuerza del sistema sanitario público. En las siguientes etapas de la reconstrucción, se deberían encontrar otras acciones para reforzar el sistema inmunológico social del país. Será el momento de poner énfasis en combatir las desigualdades sociales que se han incrementado durante la alarma y que formaran parte de la nueva normalidad tras las crisis, entre ellas, la brecha digital.

Naciones Unidas impulsa los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Éstos han sido asumidos por el Gobierno de España dentro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El objetivo 9 de los ODS, Industria innovación e infraestructura, incluye la meta 9.1 donde considera explícitamente: “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos”. Por tanto, el Gobierno de España tiene la responsabilidad de completar el desarrollo de la infraestructura de banda ancha de telecomunicaciones, pero además debe disponer acciones que habiliten el acceso asequible y equitativo a Internet para todos los ciudadanos.

La Administración Pública deberá promover la ampliación de la red en las zonas geográficas donde los operadores de telecomunicación no han llegado por razones de rentabilidad económica. El objetivo debería ser que a cada hogar del país llegue, además del agua y la energía, la infraestructura de banda ancha de telecomunicaciones.

El presidente del Gobierno ha manifestado que: “en esta crisis no dejaremos a nadie atrás”. Para cumplir con esto, hay que hacer que el acceso a Internet sea asequible para cualquier ciudadano. Se debería garantizar un acceso igualitario, de manera análoga al bono social de electricidad. Es hora de plantear un acceso básico universal a Internet para toda la ciudadanía española.