A las tres de la madrugada, cuando una madre o un padre se despierta porque su hijo tiene fiebre, hay una pregunta que atraviesa todo: ¿qué hago ahora?

Durante demasiado tiempo, la respuesta dependía del dinero, del trabajo o de la suerte. La enfermedad no solo era una tragedia biológica: era también una condena económica.

Eso cambió en España gracias a una decisión profundamente política. Gracias a la izquierda.

Hace ahora cuarenta años, nuestro país dio un paso histórico con la aprobación de la Ley General de Sanidad. Fue el resultado de una convicción ideológica clara: que la salud debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho.

Detrás de ese avance estuvo el impulso de un socialista imprescindible, Ernest Lluch, que entendió algo que hoy sigue estando radicalmente vigente: que un país solo progresa de verdad cuando el progreso se comparte. Que la sanidad pública no es un gasto, sino una inversión en igualdad, en libertad y en dignidad.

La Ley de 1986 no sólo creó un sistema sanitario. Construyó una idea de país: un país donde nadie tiene que elegir entre curarse o arruinarse; donde enfermar no te expulsa de la vida que has construido; donde la protección frente a la enfermedad es un derecho garantizado por lo público y no una mercancía al mejor postor.

Ese es el modelo que la izquierda ha defendido siempre. Y ese es el modelo que hoy está en disputa.

El presidente Pedro Sánchez ha sido claro: no hay Estado del Bienestar sin una sanidad pública fuerte, universal y de calidad.

Los datos lo avalan. Desde 1986 hemos ganado ocho años de esperanza de vida. Somos líderes mundiales en donación y trasplantes. Nada de eso es casualidad: es el resultado de apostar por lo público.

Y también lo avalan las políticas actuales. Desde 2018, el Gobierno de España ha incrementado el gasto sanitario en un 30% y ha transferido a las comunidades autónomas más de 300.000 millones de euros adicionales para reforzar el Estado del Bienestar.

Hoy estamos dando pasos importantes: más inversión en tecnología, impulso a la medicina personalizada, refuerzo de la investigación y una apuesta decidida en la lucha contra el cáncer. Hemos renovado y ampliado equipos de alta tecnología en hospitales de todo el país, impulsado terapias avanzadas como las CAR-T que ya están salvando vidas y situado a España como referente europeo en ensayos clínicos. Hemos ampliado derechos, como el acceso a la reproducción asistida, reforzado la salud bucodental y puesto en marcha programas como el Plan Veo para garantizar gafas y lentillas a niños y adolescentes.

Pero esos más de 300.000 millones de euros adicionales exigen resultados. Y la pregunta es inevitable: ¿qué está fallando en Canarias con el actual gobierno autonómico de CC y PP? La respuesta es evidente: una pésima gestión y una preocupante derivación hacia la sanidad privada que pone en riesgo una de las mayores conquistas sociales de nuestro país.

La realidad es inaceptable: listas de espera disparadas, urgencias saturadas, una atención primaria desbordada y profesionales sanitarios trabajando bajo una presión insostenible. Cuando la sanidad pública falla, se resiente la igualdad.

Y basta mirar fuera para entender lo que está en juego. En Estados Unidos, la principal causa de bancarrota de las familias está relacionada con los gastos sanitarios. Allí, enfermar puede significar perderlo todo.

¿Qué clase de país queremos ser?

¿Uno donde el lugar de residencia o la renta determinen tu derecho a la salud? ¿O uno donde, cuando te despiertas con fiebre a las tres de la mañana, sabes que habrá alguien para atenderte?

La izquierda lo tenemos claro. Este es el país que queremos. Y, cuarenta años después, nos corresponde cuidar, defender y proteger nuestro mayor tesoro: la sanidad pública.

Defender lo público es una decisión política. Frente a la derecha y la extrema derecha, que conciben los derechos como oportunidades de negocio o, en el mejor de los casos, como concesiones o migajas, el socialismo defiende la igualdad, la cohesión social y la dignidad de la mayoría. Defender el Estado del bienestar es defender la democracia, porque en ello nos jugamos el tipo de país que queremos ser

Los avances en políticas sociales en España siempre han venido de la mano del Partido Socialista. Nada de lo que hoy protege a la mayoría social nació por azar.

La Ley General de Sanidad de 1986, que universalizó el acceso a la salud; la educación pública y el sistema de becas, que garantizan la igualdad de oportunidades con independencia del origen o la renta; la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que reconoció la violencia machista como un problema estructural; la Ley de matrimonio igualitario, que permitió a las personas amar y formar una familia con quien quisieran; la reforma de 2005 que agilizó los procesos de separación y divorcio; la Ley de Dependencia, aprobada en 2006; la modificación del artículo 49 de la Constitución para desterrar el término “disminuido”; y la reciente aprobación de la Ley ELA son buena prueba de ello.

Lo público no es caridad, ni asistencialismo: es justicia social hecha derecho. Cuando se debilita lo público, se rompe la igualdad. Lo afirmo desde una convicción política arraigada en los valores de la izquierda a la que pertenezco, pero también desde una experiencia profesional siempre cercana a los servicios sociales y a la realidad cotidiana de quienes necesitan del respaldo del Estado, que es la mayoría social de este país: jóvenes, trabajadores, personas mayores, familias, personas con discapacidad, mujeres cuidadoras y tantos otros ciudadanos y ciudadanas que dependen de unos servicios públicos fuertes.

Esa experiencia me ha enseñado que el Estado del bienestar no es una abstracción ideológica. Es la frontera real entre la dignidad y el abandono, entre una vida protegida por derechos y una existencia marcada por la incertidumbre. Y que solo cuando esos derechos se garantizan por ley dejan de ser beneficencia y se convierten en una protección real para la vida de las personas.

Hoy, esos pilares del Estado del bienestar están en riesgo. Y lo están no por falta de recursos. El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha incrementado la financiación a las comunidades autónomas como nunca antes en nuestra historia. Sin embargo, en muchas de aquellas gobernadas por la derecha y la ultraderecha esos recursos no se destinan a reforzar la sanidad, la educación o la dependencia, sino a otras prioridades políticas, como las rebajas fiscales a quienes más tienen o la externalización de servicios, que debilitan lo público y favorecen intereses privados.

La universidad pública es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al conocimiento en condiciones de equidad. Cuando se debilita deliberadamente, se cierra la puerta del futuro a miles de jóvenes. Lo estamos viendo de forma especialmente preocupante en la Universidad Complutense de Madrid, sometida a una situación de asfixia financiera que no responde a la falta de recursos, sino a una decisión política orientada a favorecer la expansión de las universidades privadas. Decisión que impide ampliar plazas, tensiona al personal docente e investigador y eleva las notas de corte, dejando fuera a la mayoría de nuestros jóvenes que no pueden pagar una universidad privada. Así se rompe el principio de igualdad de oportunidades y se transforma un derecho en un privilegio, generando frustración y proyectos vitales truncados.

La sanidad pública es la conquista social más valorada por la ciudadanía y, sin embargo, una de las más amenazadas allí donde gobierna la derecha y/o la ultraderecha. Externalizaciones, conciertos con empresas privadas y listas de espera interminables responden a una misma lógica: debilitar lo público para abrir espacio al negocio. Nuestra sanidad es el mayor valor social que tenemos y una conquista que define el modelo de país que queremos ser, porque garantiza el derecho a la salud con independencia de la renta.

La atención a las personas en situación de dependencia es otro ejemplo claro de esta diferencia de modelos. La Ley de Dependencia, impulsada por un gobierno socialista, convirtió los cuidados en un derecho reconocido por ley, que no dependiera de la caridad, del presupuesto disponible ni del gobierno de turno, sino de la obligación de la administración de atender con dignidad a quienes lo necesitan. Sin embargo, en 2012 el gobierno de Mariano Rajoy declaró este sistema “inviable” y lo recortó de forma drástica. “Hacer lo que se pudiera”, como dijo, supuso retirar más de 2.800 millones de euros y abandonar a miles de personas, cargando además sobre las mujeres cuidadoras un trabajo invisible y no reconocido.

Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando la derecha gobierna en el Estado intenta desmantelar lo público, y cuando gobierna en las comunidades autónomas reproduce ese mismo modelo. Lo vemos hoy en Canarias, Madrid, Murcia o Andalucía, comunidades entre las peor valoradas en atención a la dependencia, con sistemas low cost y listas de espera interminables.

En Canarias, pese a los recursos transferidos por el Estado, más de 25.000 personas permanecen en lista de espera para ser atendidas. Una situación que estuvo a punto de revertirse durante el gobierno socialista de Ángel Víctor Torres gracias a una apuesta clara por reforzar los recursos públicos.

Controlar los contenidos a los que un menor puede acceder en el entorno digital es una tarea titánica, porque Internet no tiene ni horarios ni puertas. Las madres y los padres expresan, y de una forma cada vez más vehemente, una honda preocupación por lo que sus hijos pueden llegar a ver en sus dispositivos. No son pocos los que han hablado conmigo y me han trasladado esa inquietud, dado que ni los que están mejor preparados para guiar a los menores en su relación con la tecnología pueden anticiparse a lo que sus hijos e hijas se encontrarán en la Red.

La facilidad con la que los menores acceden a contenido pornográfico en Internet es pasmosa y alarmante, porque además muchas veces les llega sin ni siquiera buscarlo. Y cada vez más temprano. Cuando apenas tienen un conocimiento muy básico de su propio cuerpo y del concepto de sexualidad (los que lo tienen, dado que en algunas familias se habla más de estos temas, y en otras, menos), se ven bombardeados por imágenes híper explícitas de actos sexuales que, en la mayoría de las ocasiones, incluyen violencia y degradación contra las mujeres. Imaginen el shock en esas cabecitas.

La pornografía no es una alegre representación realista de una actividad lúdica en la que los adultos participan en igualdad de condiciones y placeres. El 88% del contenido sexual que circula en Internet muestra agresiones físicas, sometimiento por la fuerza y la realización de prácticas no consentidas o peligrosas. Uno de cada 4 jóvenes varones menores de 12 años tiene acceso y consume pornografía; la cifra se eleva al 50% de los jóvenes de 15, que ya son consumidores habituales desde su móvil. Cuando a los 15 años tu excitación depende de ver cómo a una mujer se la violenta y humilla, tratándola como a un objeto, tu salud sexual y emocional va camino de un infierno del que te costará salir cuando seas adulto. Porque va in crescendo, los expertos lo dicen y lo repiten: cada vez se necesita material más fuerte para el mismo nivel de excitación, la adicción lo exige. ¿Es esa la base de una sexualidad sana?

Para el Gobierno del PSOE, la protección de los menores en el ámbito digital es una prioridad, y se están dando pasos para que sea más robusta, como el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en entornos digitales, aprobada en Consejo de Ministros en marzo y que está en trámite en las Cortes. España no está sola en esta preocupación; otros nueve países de la UE han apoyado la iniciativa que lidera nuestro país, junto a Francia y Grecia, para fijar una edad mínima de acceso a las redes y que los fabricantes incorporen herramientas de verificación de edad y control parental en los dispositivos con acceso a Internet.

Defendí recientemente una moción en el Senado para reforzar las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno con el fin de impedir que la pornografía siga afectando gravemente el cerebro de los jóvenes, no sólo controlando su acceso sino con más educación afectivo – sexual y campañas de sensibilización para familias y educadores. Contó con el voto en contra, oh sorpresa, de PP y Vox, tan preocupados siempre por lo que uno hace en la intimidad de su cuarto, tan preocupados siempre por los niños y las niñas, pero incapaces de dar apoyo a medidas encaminadas a evitar que consuman un contenido violento que les destroza su capacidad de crear y sostener relaciones sanas y satisfactorias en la etapa adulta.

La pornografía normaliza desigualdades en sus versiones más brutales. Manda a los chicos el mensaje de que la violencia sexual es el canon, lo que les gusta a ellas, nada se pregunta, nada se habla; a las chicas se les dice que eso es lo que deben disfrutar, que no tienen opinión ni agencia en su propio placer. Súmenle a eso los cánones físicos irreales y la frustración que crean: esos hombres que nunca fallan y duran horas, esas mujeres barbies, lampiñas del cuello a los pies, siempre dispuestas.

El sexo real no tiene nada que ver con eso. La pornografía priva a nuestros jóvenes de realizar por sí mismos y por sí mismas uno de los viajes de exploración más fascinantes de nuestras vidas. Si queremos adultos sanos y una sociedad más igualitaria y justa, es imprescindible que actuemos ya para que la pornografía deje de gangrenar las mentes y los corazones de nuestra juventud.

Cada vez que publico un artículo crítico con la gestión de la Dependencia en Canarias tengo la esperanza de que sea el último, porque siempre creo que ya no se puede ir a peor. Pero luego vienen los datos y me tumban esa esperanza. Los del mes de marzo son singularmente catastróficos, pero también elocuentes sobre las prioridades y la capacidad del Gobierno de Canarias en materia de Bienestar Social y atención a la Dependencia.

9.012 prestaciones menos con respecto a diciembre. No hay forma de dulcificar ese dato. En el primer trimestre de 2025 se han reducido las prestaciones concedidas en esa cifra. Esto supone menos prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar (PECEF), menos prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS) pero también menos centros de día, menos centros residenciales y menos teleasistencias y por lo tanto, una peor atención al colectivo de personas dependientes y sus familias en Canarias, que miran atónitas a un Gobierno incapaz de atenderlas no ya como es debido, sino como obliga la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, desde hace casi 20 años.

Esta falta de diligencia y de nervio es un tiro en el pie de la Comunidad Autónoma. A menos personas atendidas, menos financiación del Estado, que aporta en función del número de personas en situación de dependencia en el sistema. A menos financiación del Estado, menos personas atendidas. Y así en bucle. Se frena el empleo en el sector, porque se necesitan menos cuidadores para menos personas. Se reduce el poder adquisitivo de las familias que invierten las ayudas en los cuidados de las personas dependientes. Y éstas, en definitiva, ven cómo se degrada su calidad de vida.

El PIA, o Programa Individual de Atención valora al dependiente y recoge los derechos que le asisten conforme a la Ley, por lo que puede contener más de una prestación: plaza en un centro de día y ayuda económica, por ejemplo. Pero no puede albergar más, y desde luego nunca varias prestaciones económicas a la vez, porque la propia legislación contempla esos límites. Desde el PSOE ya denunciamos en enero que el Gobierno de Canarias había concedido en 2024 prestaciones que cuadruplicaban el número de PIAs emitidos, una irregularidad escandalosa destinada a maquillar con cifras una pésima gestión. Y ahora, además, han salido mágicamente del sistema las 9.012 prestaciones que mencioné anteriormente. Por lo menos desde la Consejería y la Dirección General no le han echado la culpa al aplicativo informático, como el año pasado. Todavía. En cualquier caso, el motivo de esta reducción tan dramática de las prestaciones tendrá que ser respondido en sede parlamentaria por la Consejera de Bienestar Social, ya que no quiero ni pensar que para maquillar las cifras, desde la Dirección General se remitieran al Imserso en los últimos meses de 2024, de forma premeditada, prestaciones que no se estaban disfrutando, repito que no lo quiero ni pensar.

Pero hay más, el sótano de la ineptitud gestora siempre tiene una planta más. En marzo, según sus propios datos, apenas se reconocieron 182 PIAs (pienso en el ritmo de en torno a 1.000 PIAs mensuales que llegamos a alcanzar bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, y me come la indignación); frente a esto, 748 personas fallecieron sin llegar a ser atendidas en el mes de marzo, cifra que aumenta a 2.178 en el primer trimestre del año. Cientos de familias vieron irse a un ser querido que nunca consiguió del Gobierno de Canarias la atención que merecía y que la Ley le garantizaba. Si somos capaces de ponernos un minuto en la piel de esas familias, nos damos cuenta de lo importante que es gestionar bien la Dependencia y del impacto real y directo que tiene en las vidas de las personas dependientes, de cómo les cambia su mundo diario, de cómo fortalece su dignidad como ciudadanos y como seres humanos.

No menos grave es el hecho de que, a estas alturas de 2025, los Cabildos estén prestando servicios en Dependencia sin Convenio con el Gobierno de Canarias, asumiendo ellos solos la totalidad de la responsabilidad, tanto jurídica como económica. No ha habido ni siquiera, hasta este mes de abril, un borrador o un preacuerdo para firmarlo; se entiende que el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular no ha encontrado un hueco en la agenda para sentarse a hablar con los prestatarios del servicio del instrumento jurídico que ordene y dé garantías a su labor, y por ende, a las personas dependientes en las Islas. O eso, o sencillamente no hay voluntad de consenso y diálogo en este aspecto.

Insisto hasta el agotamiento en este punto: aquí estamos hablando del bienestar de personas especialmente vulnerables, de personas que realmente necesitan el apoyo de toda la sociedad, canalizado a través de la Dependencia, para su día a día. Le pido por enésima vez a la consejera y a la directora general que cumplan con sus obligaciones y aprovechen la experiencia y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras del área para devolverle a la Dependencia el ritmo que había logrado en 2022 y 2023. Para que las cifras de abril y mayo no vuelvan a avergonzarnos a todos y a machacar las esperanzas y demandas de las familias que más necesitan la mano tendida de la Administración. 

El 12 de abril se celebra el Día Internacional de la Atención Primaria, una fecha que pasa más desapercibida que otras fechas conmemorativas. Tal vez porque la propia Atención Primaria también parece que pasa por nuestras vidas un poco de puntillas. Y sin embargo, su importancia en el sistema de salud y en el Estado de  b ienestar es colosal. Este día, sin duda, merece ría más bombo.

Intenté imaginar por un momento cómo serían las cosas si no existieran los médicos de cabecera. Cómo sería la vida si no tuviéramos a mano un médico que ejerza, además de como médico, como puerta de entrada al sistema sanitario. Como consultor, como educador en salud, como amigo incluso. Pienso en tantas personas mayores que establecen una relación de sincero afecto personal con su médico, porque le ven como una persona cercana que les escucha y les cuida.

La Atención Primaria es la columna vertebral que sostiene el sistema sanitario, y su defensa y reforzamiento han de ser una prioridad política y presupuestaria. Frente a los apocalípticos partidos de derechas que se relamen anunciando una supuesta insostenibilidad del sistema, tenemos que situarnos los que creemos en su eficiencia, utilidad y sostenimiento. Porque es un sistema igual para todos, al que todos y todas tenemos acceso y derecho con independencia de nuestra situación económica e incluso administrativa.  E s un orgullo defender las siglas del PSOE, partido que desde el Gobierno devolvió la atención sanitaria a las personas en situación irregular, porque son personas antes que papeles. Que no les engañen señalando supuestos culpables: es la gestión de los responsables, y no los usuarios, la que compromete la sostenibilidad de la Atención Primaria.

Los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, celadores, trabajadores sociales, administrativos, todo el personal que desempeña su labor en los centros de salud, son claves para el buen funcionamiento de la atención sanitaria. Y no siempre lo pueden hacer en condiciones óptimas, todos lo sabemos. A menudo les faltan recursos y, entre ellos, el más importante, el tiempo. Agendas sobrecargadas para un personal que mengua en número no les permite atender con el margen necesario a sus pacientes. La saturación y la precariedad en la Atención Primaria ponen en riesgo a todo el sistema, porque son la primera ficha del dominó, y si ella cae, caen todas las demás detrás. Lo vemos en las Urgencias hospitalarias, a las que acuden muchos usuarios que no han logrado una cita en su centro de salud en un tiempo razonable. No son la causa de su habitual saturación, que es multifactorial y aquí podríamos hablar largo y tendido de modelos de gestión, pero no cabe duda de que van en busca de una respuesta que la Atención Primaria no les puede dar con la actual escasez de medios humanos y económicos.

El centro de salud de nuestro barrio es un referente que nos ancla a la comunidad. Es un lugar que conocemos desde que somos niños --desde antes incluso, pues ahí están las matronas cuidando de las embarazadas-- y un pediatra se encarga de velar por nuestra salud y desarrollo hasta que envejecemos y cronificamos  las dolencias. Al especialista lo llamamos por el nombre de su especialidad, pero al médico de cabecera lo llamamos “mi médico”, lo que atestigua hasta qué punto le consideramos una parte más de nuestra vida. La Ley General de Sanidad de 1986 (gracias, Ernest Lluch) estableció la Atención Primaria como el nivel de atención médica más cercano a la población, encargado de proporcionar atención integral y coordinar la atención especializada, y desde entonces ha ido adaptándose a las demandas sociales, a las tecnologías y a los tiempos.

La situación de los pediatras en los centros de salud es especialmente crítica; en Canarias, uno de cada cuatro pediatras tiene un cupo de más de mil pacientes. El relevo ante las jubilaciones está muy comprometido por la escasez de plazas MIR y por las condiciones de trabajo en los centros de salud, que ahuyentan a los pediatras más jóvenes. Todo el personal sanitario necesita que se dignifique su labor con mejores condiciones, entre ellos, los pediatras que son los que ponen los cimientos de nuestra salud a lo largo de la vida.

El 12 de abril es una fecha para rendir reconocimiento a quienes están en la primera línea del frente sanitario, a todo el personal de la Atención Primaria, y para recordarnos, como ciudadanos y como pacientes, que nunca hay que dejar de luchar por ella y por su mejora, porque literalmente nos va la salud en esa brega.

Todos conocimos, en nuestro barrio o en nuestra familia, a alguna mujer que tenía una persona dependiente a su cargo: un hijo/a, padre o madre, suegro o suegra, hermanos, marido… Se las tenía conmiseración por su “mala suerte”, y una cierta admiración por el modo abnegado en que renunciaron a todo para cuidar a un tercero. Pero era su problema. Durante muchos años, la dependencia no fue ni un asunto social ni un asunto colectivo, sino algo relegado al ámbito doméstico. Un “te tocó a ti” en la lotería de la vida.

Sinceramente creo que todo este país, toda la sociedad que lo conforma, tiene una deuda con el presidente Rodríguez Zapatero por la forma valiente en la que sacó adelante una Ley que contenía un mensaje claro: cuidar de los más vulnerables es, por supuesto, un asunto público que nos atañe a todos y todas, y a las Administraciones las primeras. Vino a completar un Estado del Bienestar que durante demasiado tiempo se olvidó de los dependientes y de sus cuidadoras.

Es una Ley que pone recursos al servicio de los dependientes, y un pequeño reconocimiento material para las cuidadoras. No olvidemos que son mujeres que renunciaron a un proyecto de vida propio, a un desarrollo profesional y económico, a un futuro garantizado con sus cotizaciones, porque no podían dejar desatendida (ni sus entornos lo hubieran aceptado o entendido) a una persona que no podía valerse sola.

El desgaste físico, emocional y psicológico al que se veían sometidas no tuvo una respuesta o compensación hasta la entrada en vigor de la Ley, cuando empezaron a cotizar justamente por el trabajo que realizaban en el hogar, y que, no nos engañemos, tanto le ha ahorrado al Estado. Por eso fue tan cruel que el hacha de los recortes del PP cayera antes que nada sobre sus cuellos, cuando en 2012, borrachos de austeridad, decidieron retirar esas cotizaciones. “Trabajen gratis otra vez, señoras”, se les dijo sin rubor alguno. Devolver las cotizaciones a las cuidadoras fue una de las primeras decisiones del presidente Pedro Sánchez al llegar al Gobierno y puedo decir que es una de las que más orgullo me produce.

Y consolidada esa medida, es hora de ir más allá. Es imprescindible, y así lo he defendido en el Senado, reconocerles derechos inherentes al servicio que prestan, desde fórmulas para favorecer la conciliación y el respiro familiar, hasta formación (porque cada persona dependiente tiene su propio perfil y el cuidado mejora cuando se tienen conocimientos específicos), prevención de riesgos para que en el cuidado no se vaya la salud propia e incluso una prestación económica.  

Que una mujer se pueda sentir gratificada cuidando a una persona vulnerable con la que tiene un vínculo familiar o afectivo no nos exime de retribuirlo, porque del amor no se abusa. Es exasperante ver que en Canarias hay, a día de hoy, 17.374 personas en lista de espera para la valoración de la Dependencia, 4.360 más que hace un año; esa cifra representa a miles de mujeres que siguen levantándose cada mañana sin tener garantizadas ni las prestaciones que la persona dependiente necesita ni la cobertura que ellas merecen por el trabajo que realizan.

La escritora y activista australiana G. D. Anderson dice que el feminismo no busca hacer que las mujeres sean fuertes, porque ya lo son, sino que busca cambiar la percepción que el mundo tiene de esa fortaleza. La Ley de Dependencia vino a hacer algo así. Las mujeres que levantan cuerpos en peso para asearlos y perfumarlos, que llevan al día una medicación ajena, que cocinan y alimentan, que ofrecen ocio y un cariño sin límites ya saben de lo que son capaces. Somos los demás, como sociedad y como Administración, los que tenemos que mostrar nuestro respeto a esa labor implementando de forma efectiva, completa y ambiciosa la Ley de Dependencia. 

Cualquiera de los que estamos en el Senado representando a la ciudadanía tenemos siempre la responsabilidad de legislar pensando en el bien común, pero en este caso, esa responsabilidad se agiganta porque los ojos de las personas afectadas por la ELA y de sus familias estaban sobre ese Pleno. Sus ojos y sus esperanzas. 

Pienso hoy en Alexis Tejera, que fue alcalde del municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, y que falleció de ELA apenas unos meses después de anunciar que padecía la enfermedad. Se mantuvo al frente del Ayuntamiento hasta casi el último momento, mientras tuvo fuerzas. Pienso en él porque es un ejemplo de la increíble dignidad que demuestran los afectados y afectadas. 

Pienso, cómo no, en Juan Ramón Amores, compañero del Senado y alcalde de La Roda. En su cuenta de Twitter, Juan Ramón tiene un tuit fijado en el que habla de su ELA y dice lo siguiente: “Todavía tengo sueños, ilusiones y proyectos por cumplir. Aún tengo abrazos, sonrisas y besos por repartir”. Creo que nada explica mejor por qué y para qué estamos en política. Estamos por todos los enfermos y enfermas de ELA y de otras enfermedades y procesos de alta complejidad,  que tienen sueños, ilusiones y proyectos, abrazos, sonrisas y besos. Estamos por ellos y ellas, porque puedan seguir viviendo, y que esa vida sea digna cuando la enfermedad avance. Por ellos y por sus familias, especialmente por las personas cuidadoras a las que la ley trata también de proteger. 

Las enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica y otros procesos neurológicos y no neurológicos de origen diverso, caracterizados por esa alta complejidad en sus cuidados que esta ley atiende, generan mucho dolor en quienes las padecen y en sus familias por su propio diagnóstico y por las muchas incertidumbres que se abren; confío en que esta ley disipe algunas de ellas, y contribuya a paliar al menos esa parte del dolor, agilizando los trámites administrativos del reconocimiento de la dependencia y de la discapacidad, con una mejor atención integrada entre los sistemas de cuidados sociales y sanitarios y un sistema de protección para las personas cuidadoras. Que cumpla con su finalidad, que es la de mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados.  

Estamos ante una ley cuyo objeto establece el marco jurídico que refleja el compromiso de la sociedad española y de las administraciones públicas competentes de asegurar un trato digno, respetuoso y adecuado a los pacientes y a sus familias.

El Gobierno de España y las comunidades autónomas tienen un enorme trabajo por delante y estoy convencida de que lo abordarán desde la empatía y la colaboración, poniendo todo su tiempo y esfuerzo al servicio de las personas afectadas y de la sociedad. Porque esta ley nos hace mejores a todos. Blindar en nuestra legislación una óptima atención a un colectivo de creciente vulnerabilidad nos define como un país donde protegemos la integridad y la dignidad de quienes necesitan cuidados y de quienes cuidan. Y lo hemos conseguido, con el consenso de todos y todas, es de agradecer que en una legislatura tan convulsa consigamos ponernos de acuerdo ante leyes tan importantes, necesarias y relevantes como esta.

Como socialista, tengo la convicción de que esta ley representa aquello por lo que estamos en política, que es la mejora de la vida de las personas, la búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudadanía, con especial sensibilidad a aquellos que tienen mayores dificultades. 

El martes tuve el inmenso honor de compartir la intervención con el senador Juan Ramón Amores, al que tenemos que agradecer la generosidad que ha tenido en los nueve años de enfermedad, por abanderar la lucha incansable a favor de la defensa de los pacientes de ELA. Él dice que aunque no le funcionen los brazos y las piernas, le funcionan el corazón y la cabeza. Corazón y cabeza es lo que también han puesto cientos de pacientes de ELA y sus familias para que esta ley viera por fin la luz.  A todos ellos, a Juan Ramón y a Mónica, muchísimas gracias. 

Como en todo el tercer sector, la atención a la dependencia requiere de una vocación singular. No es un trabajo mecánico ni seco, de fichar y desentenderse hasta el día siguiente, porque no se tramitan expedientes. Se trabaja para personas. Créanme si les digo que todo el personal de la Dirección General, del primero al último, es consciente de esta sensible circunstancia y la tiene presente en su día a día laboral. Lo sé porque tuve el honor de estar al frente de ese organismo durante un periodo en el que no dejé de admirar el empeño y la entrega del personal.

Cuando llegué a la Dirección General encontré un grupo de trabajadores y trabajadoras entusiastas pero comprensiblemente exhaustos, después de años de sobrecarga de trabajo (pocas manos pudiendo ofrecer soluciones para tantísimas manos pidiéndolas) y de una situación laboral precaria, en la que a menudo los trabajadores tenían que poner sus propios recursos, como sus vehículos, al servicio de su trabajo.

Enseguida entendí que esa dinámica debía cambiar si queríamos dar un impulso a la dependencia en Canarias, porque los trabajadores son los que mueven la rueda, y sin motivación ni apoyo esa rueda dejaría de girar en algún momento. No se puede explotar la vocación ni esperar que ésta supla las carencias laborales que corresponde cubrir a la Administración. 

Si algo he aprendido de mi padre, José Manuel Arocha, y de cómo afrontaba la gestión pública, es que hay que saber escuchar a los que están en la primera línea del frente, batiéndose el cobre día tras día. Durante mi etapa, procuré que las reuniones fueran habituales, en ocasiones incluso diarias; se tomaron decisiones trascendentales para la mejora del servicio, siempre con consenso, valorando pros y contras. Escuchando.

La mejora del ambiente laboral se tradujo en un aumento de la productividad, que nos llevó a atender a casi 20.000 personas en una sola legislatura, tantas como en los 13 años anteriores de vida de la ley, cumpliendo así con uno de los objetivos prioritarios que había trazado el Gobierno socialista de Ángel Víctor Torres: sacar a Canarias del vagón de cola de la dependencia. Cuando los medios se elevan a la altura de las ganas de trabajar de un equipo, pasan cosas asombrosas.

Por eso observo con pena y con rabia los retrocesos de este primer año del Gobierno de CC y PP en Canarias, que ha devuelto a la Dirección General y a sus trabajadores a una situación caótica. Baste recordar que hace unos meses se pedía ya la dimisión de la nueva directora. Trabajadores con experiencia y conocimiento se ven ahora relegados, sus aportaciones son ninguneadas y el buen ritmo que se logró se ha frenado en seco.

El goteo de bajas y abandonos en la Dirección General es continuo, ante el silencio y la inacción, preocupantes pero también elocuentes, por parte de la consejera, totalmente desentendida de su área a pesar del malestar evidente entre el personal y sus representantes.

La dependencia en Canarias necesita financiación pero también un equipo humano experimentado y motivado que gestione los recursos, y con CC y PP corremos el riesgo de perder las dos cosas. Y al final, las personas dependientes pagan unos platos que no han roto, unos platos que ha roto la soberbia de dirigentes incapaces de aprovechar todo el buen talento que tenemos.

Han pasado casi veinte años desde ese momento. Durante este tiempo, la Ley de Dependencia ha sufrido vaivenes en su aplicación que han impactado de forma significativa en quienes más la necesitan. No se nos olvidan (no se nos pueden olvidar) los drásticos recortes de la etapa de gobierno del PP, con un Mariano Rajoy aplicando sin miramientos la tijera en aspectos tan sensibles como la cotización de las cuidadoras (por qué va la Seguridad Social a recompensar que dediques tu vida a cuidar de un dependiente, si cuidar gratis es el sino inevitable de las mujeres y su mejor vocación, parecían decirnos con ese recorte), o la financiación de las Comunidades Autónomas para este fin.

De nuevo tuvimos que esperar a que hubiera un presidente socialista, Pedro Sánchez, para volver a tener un Gobierno que mirase la Dependencia como el derecho que es, no como una carga presupuestaria, y le devolviese todo lo perdido con los gobiernos del PP. Baste como ejemplo sólo recordar que el presupuesto nacional dedicado a esta área ha pasado de los 1.400 millones de euros de 2020 a los 3.200 millones en 2023.

Tras dos décadas en vigor, la Ley de Dependencia necesita una reforma para adaptarse a las nuevas necesidades y corregir situaciones que piden una respuesta. Es indispensable compatibilizar las diferentes prestaciones: las económicas y las de servicios, de forma que puedan combinarse. Existen usuarios que necesitan acudir a un centro de día o un centro ocupacional pero que, al mismo tiempo, también precisan de cuidados en el entorno familiar o cuentan con cuidadoras que tienen derecho a cotizar porque ejercen sin horarios ni convenios que las amparen.

Es momento de ampliar y mejorar la Ley para impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, dando prioridad a la atención domiciliaria y la teleasistencia frente a la residencialización, proveyendo soluciones personalizadas al usuario o usuaria, revisando también las condiciones salariales de los profesionales del sector de los cuidados.

Y si el momento es ahora, y así lo he defendido en el Senado, es porque con un gobierno del PP (o del PP con sus mejores amigos de ultraderecha, ese partido de tres letras), la Ley de Dependencia no podría avanzar, sólo retroceder. El momento es ahora porque con el PSOE en el Gobierno los derechos sociales crecen y se consolidan, como hemos demostrado siempre que la ciudadanía nos ha otorgado su confianza.

La atención a la Dependencia en las Islas retrocede, como nos temíamos, con un gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Las cifras de los últimos seis meses de 2023 reflejaban una caída de PIAs (Programas Individuales de Atención) y prestaciones que significaban 2.000 personas atendidas y 3.000 prestaciones menos con respecto a los números alcanzados entre 2022 y la primera mitad de 2023 con el gobierno de Ángel Víctor Torres. 2024 no lleva mejor camino; febrero y marzo suman alarmantes cifras negativas, con 841 PIAs menos, esto es, más personas fallecidas que atendidas. El sistema en lugar de crecer, decrece. En todo el mes de marzo y según los datos oficiales sólo se ha reconocido 1 PIA en Canarias y han fallecido 349 personas, lo que implica un grave retroceso del sistema de la dependencia. No cubrir ni siquiera la tasa de reposición ha ocurrido en muy pocas ocasiones y nunca de esta manera tan grave.

Si en 2022, en un sólo año, se llegaron a alcanzar los 7.910 PIAs y las 9.919 prestaciones concedidas fue porque hubo voluntad política para impulsar la Dependencia y, sobre todo, porque en la ejecución de esa directriz política estuvo un equipo humano excepcional como son los trabajadores de la Dirección General.

El personal, los trabajadores públicos que fichan cada mañana en la Dirección, son un tesoro para esta Administración, y no se merecen la pésima gestión de su talento que está haciendo este grupo de gobierno a través de su Consejería. Como pieza fundamental del entramado de atención a las personas dependientes, deben ser escuchados y consultados, pues están en el terreno más que nadie. Realizar cambios en estructuras, organigramas y procedimientos (cambios que repercuten directamente en la gestión diaria), o externalizar parte de la gestión, sin dialogar con la plantilla es de una falta de respeto incalificable que dice mucho (y nada bueno) de la forma de liderar de quien los hace. 

No puede ser buena señal que a los seis meses de ejercer el cargo, los comités de empresa de las dos provincias pidan tu dimisión y que un número importantísimo de empleados públicos hayan salido despavoridos. Sin duda, debería funcionar como una llamada de atención tanto para la responsable de Dependencia como para los superiores que la propusieron para el cargo y que además aplauden las pésimas decisiones tomadas. Y si bien es entendible que cada nuevo equipo de gobierno quiera dejar su impronta en la gestión, lo que no tiene defensa es que para ello se arrase con lo que funciona, ya sean procedimientos o personas. Quemar la tierra que araron otros, aunque ya nada pueda crecer en ella, se manifiesta como síntoma de cerrazón ideológica y de desinterés por el bienestar ciudadano. Cómo se nota que el PP está en el Gobierno. El mismo PP que ha laminado la aplicación de la Ley siempre que ha tenido ocasión. El mismo PP que eliminó la financiación a las autonomías para los dependientes, el mismo que redujo las cuantías de las prestaciones, el mismo que dejó a las cuidadoras sin cotización. Ese PP mancha la Dependencia en cualquier gobierno en el que esté.

Los que están al frente de la Consejería y de la Dirección General tienen que recordar cada día para quién trabajan, deben tener presente que sus decisiones afectan a la vida de ciudadanos y ciudadanas especialmente vulnerables, necesitados de mayor protección y apoyo. No para los líderes de sus partidos, ni para torpedear a los adversarios políticos. La Dependencia no es un juego, son vidas y personas. Si a lo mejor dedicaran más tiempo a gestionar y menos a “reorganizar” (insisto en las comillas) a personal formado y con experiencia, no tendríamos que avergonzarnos de las cifras negativas de febrero y marzo, que se traducen en personas dependientes no atendidas, ni echarle la culpa a un aplicativo. 

Si el objetivo de este Gobierno es desmantelar el sistema de atención a la Dependencia, parece que lo hacen con singular entusiasmo. Que sean conscientes también de a quienes se llevan por delante.

Conociendo el punto de partida, podemos ser más conscientes del enorme camino avanzado, no siempre en línea recta, no siempre exento de dificultad, en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad en España. El cambio de mentalidad que hemos vivido, tanto entre la sociedad como entre las instituciones, nos ha hecho darnos cuenta de cuán injusto y empobrecedor es para todos y todas contemplar la discapacidad en clave de problema y no en clave de diversidad.

Una discapacidad física, psíquica o sensorial es una circunstancia personal. Las discapacidades son capacidades diversas, y es responsabilidad de la Administración potenciar esas capacidades y disminuir los obstáculos para que las personas con discapacidad puedan vivir una vida plena.

Necesitamos que, no sólo los legisladores que estamos en las Cámaras, sino todas las personas con poder de decisión en la gestión pública, incorporen a su tarea diaria la integración de las personas con discapacidad. Una integración real, práctica, que se pueda comprobar en la vida cotidiana. Que antes de poner en marcha un proyecto, de colocar la primera piedra de un edificio, de elegir los columpios de un parque, de ofertar un servicio público, sea posible responder con un “sí” rotundo a la pregunta: ¿es inclusivo para todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades?

La inclusión y la integración han de ser, pues, objetivos irrenunciables a los que aspirar con cuantas decisiones políticas y presupuestarias tengamos al alcance. Así quedó reflejado en la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, aprobada el pasado año por el Gobierno de España, que fija un camino a seguir cuyo trazado fue fruto del consenso y la participación de las entidades, colectivos y organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

Garantizar la inclusión es inversión, nunca gasto. Porque las personas con discapacidad tienen pleno derecho a una sociedad que no las excluya y que elimine los impedimentos para desarrollarse y buscar su realización y su felicidad.

España está comprometida con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con las observaciones del Comité de Naciones Unidas, con lo estipulado en el Convenio del Consejo Europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, de ahí los importantes avances legislativos realizados en España en los últimos años. Pero también lo está con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que confluye este año la reivindicación de esos derechos y la garantía de su cumplimiento.

El reconocimiento de la lengua de signos, el impulso a la regulación de las Tarjetas Europeas de Discapacidad y Estacionamiento bajo la presidencia española de la Unión Europea, las modificaciones del Código Penal y del Código Civil para impedir esterilizaciones forzosas en mujeres y niñas con  discapacidad, para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica o de sufragio de las personas con discapacidad representan logros destacables que colocan a España en la vanguardia de la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Siendo la Carta Magna el texto que nos integra a todos los españoles y españolas, resultaba fundamental doblar los esfuerzos de entendimiento y consenso para una reforma del artículo 49 que desterrara el “disminuidos” con el que iniciaba este artículo. Es un término obsoleto y desfasado, que nos duele por la carga despectiva y condescendiente con la que se ha ido nutriendo durante años. Ya era hora de sacar de una vez esa palabra de la Constitución, dado que no es, ni mucho menos, el lugar al que pertenece. Las palabras, no lo olvidemos, moldean realidades, y era nuestra obligación alcanzar los acuerdos indispensables para reformar el texto constitucional en un punto en el que todos o casi todos podemos coincidir, porque a todos y a todas nos agravia un vocablo que lejos de definir a las personas con discapacidad, las veja.

Estas semanas, en las Cortes Generales hemos aprobado con el apoyo de todos los partidos políticos, a excepción de la ultraderecha de VOX que no deja pasar ocasión para retratarse como lo que es, la ansiada reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Esta reforma fue impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que, junto con la voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez, ha podido concluirse con los apoyos necesarios para ser aprobado.

Tal y como dijo Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España en el Congreso de los Diputados “reconocemos algo que debería ser evidente, que las personas con discapacidad son, sobre todo, personas como tales, sujetos de todos y cada uno de los derechos ”. “Queda mucho hasta alcanzar la plena inclusión, hasta abrazar la diversidad que nos define, hasta hacer visible lo que durante tanto tiempo fue dolorosamente ignorado. Pero hoy creo que estamos dando un gran paso en ese afán”.

¿Se puede esperar una mejor gestión de la Dependencia por parte de dos actores políticos que han demostrado una manifiesta incapacidad e incluso un cierto desprecio por este derecho social? Me temo que no. El PP nunca ha creído en una ley que nació con el pecado mortal de venir firmada por José Luis Rodríguez Zapatero. No les hizo falta ni mirar a quiénes beneficiaba: el PP de 2007, como el de hoy, boicotea todo lo que puede si lleva sello socialista.

Y lo hace hasta con entusiasmo. Recordemos que al PP cabe atribuir los mayores recortes en esta ley. Los populares redujeron todas las cantidades un 30%, tanto de las Prestaciones Económicas para los Cuidados en el Entorno Familiar, como de las Prestaciones Vinculadas al Servicio. Eliminó las cotizaciones para las cuidadoras (en femenino, pues ellas son el abrumador grueso de quienes asumen la carga de cuidados), no fuera a ser que pudieran tener alguna recompensa en su jubilación. Y suprimió el llamado nivel acordado de financiación para que las Comunidades Autónomas afrontaran la atención a las personas dependientes. No le tembló el pulso a M Punto Rajoy para publicar todo esto en el BOE.

Por su parte, Coalición Canaria tampoco tiene medallas que colgarse en la gestión de la Dependencia. Desde su misma aprobación, no se mostró ningún interés por implantarla correctamente, aprovechando a fondo los recursos procedentes del Estado. Esto nos puso enseguida en el vagón de cola del país y ahí nos mantuvimos mientras CC tuvo la gestión en su mano; no es casualidad que sólo cuando el PSOE ha tenido la competencia en esta área, la atención a las personas dependientes ha remontado, con el reconocimiento incluso de entidades tan críticas como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Tuve el privilegio de ser Directora General de Dependencia y Discapacidad entre 2022 y mediados de 2023, y conozco, por tanto, de primera mano, la capacidad, ganas y talento del personal adscrito; su trabajo infatigable condujo a un aumento sin precedentes de los Programas de Atención Individual reconocidos, y de las prestaciones concedidas: 7.910 y 9.919, respectivamente. En los últimos seis meses de 2023 ya hemos comprobado la nula voluntad de CC y PP por mantener, ni hablemos de mejorar, estas cifras, pues la caída de PIAs y prestaciones supone 2.500 personas atendidas menos y más de 3.000 prestaciones que no han llegado a quienes las necesitan.

Hay recursos, hay experiencia, hay personal capacitado: hay todo para mantener la atención a la Dependencia en el nivel que llegó a alcanzar en el tramo final de la anterior legislatura. Lo que no hay es voluntad política. Así de claro y así de triste.

Hemos vuelto a esa gestión que olvida que detrás de cada expediente se encuentra una persona y una familia, a la espera del derecho que la ley les garantiza y que, como sociedad que protege a los vulnerables, les debemos desde las Administraciones públicas.

Poco podemos esperar de CC y PP en la atención a la Dependencia. Pero ellos sí pueden esperar algo del PSOE: una oposición constructiva pero firme, peleona para defender los derechos de los más débiles pero con la mano tendida para explicarles cómo gestionamos con eficiencia y conseguimos cifras históricas en Canarias. Desde el Estado se recuperaron las cotizaciones de las cuidadoras, se incrementaron las cuantías de las prestaciones económicas y se aumentó la financiación destinada a las Comunidades Autónomas. Las personas en situación de Dependencia tienen en el PSOE y en el Gobierno de Pedro Sánchez a sus aliados.

En Santa Cruz de Tenerife, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ya venía desarrollando una ingente labor para paliar la desigualdad y vulnerabilidad entre nuestros vecinos. La enfermedad nos ha dado una sacudida inesperada y extrema, multiplicando las necesidades de quienes “iban tirando” y súbitamente se ven envueltos en una lucha por la supervivencia. Lo digo en toda su literalidad, en esta situación no caben figuras retóricas.

El equipo que compone el IMAS, me enorgullece señalarlo, está trabajando a destajo para implementar las medidas que nos permitirán no dejar a nadie atrás en esta crisis. El IMAS y las Unidades de Trabajo Social cuentan con una plantilla extraordinaria que se está dejando la piel y que son un pilar para esta ciudad. Siguiendo los principios que rigen la acción del gobierno municipal, con la alcaldesa al frente, estamos tomando medidas para llegar a cada uno de los vecinos y vecinas que lo necesiten.

En un mes hemos multiplicado el acceso a las tarjetas de alimentos, porque es un sistema efectivo a la hora de garantizar que los recursos llegan a quienes los necesitan y porque, al mismo tiempo, protege la dignidad de sus beneficiarios. De igual forma, se están entregando cestas con productos locales, frescos y naturales, para que la respuesta alimentaria cubra las necesidades nutricionales más básicas. Quienes hasta ahora han hecho uso del comedor social también tienen aseguradas tres comidas diarias a través de picnics, con lo que evitamos la aglomeración y los protegemos de posibles contactos.

La atención a las personas mayores es prioritaria porque muchas viven el confinamiento en soledad. Hemos puesto en marcha un servicio a domicilio de alimentación y medicinas para que con solo una llamada tengan acceso a lo que necesiten, además, el IMAS realiza un seguimiento diario a más de 800 mayores de Santa Cruz que están en una situación especialmente delicada, hablando con ellos por teléfono para comprobar su salud mental y servir de apoyo emocional.

Atender la emergencia del hoy no debe distraernos de ir planificando las emergencias del mañana, que las habrá, y muy duras. La salida a esta crisis sanitaria va a dejar consecuencias económicas y sociales como heridas que desde los servicios sociales tendremos que coser para que el tejido social no se rompa.

El Ayuntamiento de Santa Cruz no va a dejar de mirar a los ojos a sus vecinos y vecinas, y más aún a los que peor lo están pasando y corren el riesgo de convertir su situación en una losa crónica. A ésos los tenemos firmemente asidos de la mano, y desde los servicios sociales no pensamos soltarlos. Aquí no se va a quedar nadie atrás.