La actualidad política de la ciudad de Madrid lleva unos días girando alrededor de los llamados Pactos de la Villa. En una política saturada de formas, relatos, marcos y discursos, se destaca como hecho político relevante que los cinco partidos con presencia en el Ayuntamiento (PP, Cs, Vox, PSOE y MM) han sido capaces de “superar sus diferencias” y alcanzar un gran pacto en “interés de los madrileños”, elevando a José Luis Martínez-Almeida a la categoría de “cara amable de la derecha”, perfectamente complementaria con la guerra permanente ideológica de Díaz Ayuso, en una reedición del tandem Gallardón-Aguirre. Del contenido de los acuerdos sabemos menos. Se habla menos.

Partidarios y detractores han señalado algunos elementos. Los primeros hablan de la tarjeta social (de incierta financiación a medio plazo con la estructura de ingresos del Ayuntamiento) o de las peatonalizaciones. Los segundos, de la absoluta ignorancia para con las organizaciones vecinales o la ausencia de cualquier política de género (peaje pagado por Martínez- Almeida, con alegría, a sus aliados de Vox). Sin embargo, más que las significadas ausencias, lo que más preocupa de una lectura sosegada del contenido de los pactos es algo que está expresamente en los mismos: la implementación del modelo de crecimiento económico del Partido Popular.

Sabemos cuál es. El Partido Popular es muy bueno buscando soluciones. El problema es que siempre encuentra la misma y es errónea: el ladrillo. ¿Que tenemos juzgados saturados? Construimos una Ciudad de la Justicia aunque en 20 años no se haya hecho un juicio. ¿Que tenemos listas de espera? Construimos 11 hospitales aunque como resultado tengamos menos camas ¿Problemas de movilidad? Radiales por las que nadie circula ¿Desequilibrio territorial? Aeropuertos sin aviones… La lista podría seguir

Se genera a corto plazo empleo (inestable), pero sobre todo negocio para las grandes constructoras. No sabemos si luego pasan por caja de alguna fundación amiga para financiar la campaña de alguien. Pero tenemos ciudades invivibles, ecocidas y con orientación de la inversión a la especulación urbanística. Hinchar una, dos, cien burbujas.

Quienes realizamos actividad política en la Comunidad de Madrid sabemos cuál era el plan del PP. Dos medidas urgentes: venta de parcelas de suelo público (probablemente contraviniendo la Ley del Suelo) y una reforma legislativa exprés que sustituya las licencias urbanísticas por declaraciones responsables (esto es, limitar los controles a la edificación, cambiándolos por un control ex-post sobre empresas, en muchos casos, constituidas ad hoc para el proyecto y de difícil seguimiento y responsabilidad).

Toda la inversión productiva que se retrae de otras actividades es orientada a la construcción o compra de lo construido en espera de revalorización. Ni rastro de iniciativas que busquen reorientar la inversión a sectores de alto valor añadido, donde el desarrollo económico sustituya al crecimiento inestable e inflacionario. La inexistencia del Impuesto del Patrimonio en la Comunidad de Madrid es una invitación a que, en tiempos de incertidumbre, los recursos económicos de la actividad productiva se metan al ladrillo (sí, incentivamos a acumular en vez de invertir). Eso infla los precios, genera suculentas ganancias hasta que la cosa no da más de sí y la burbuja estalla. ¿Qué hacemos cuando eso ocurre? Liberalizamos más suelo, construimos más y vuelta a empezar. Hasta que no dé más de sí. Cuando hayamos construido el último metro cuadrado nos daremos cuenta de que los ladrillos ni se comen ni generan riqueza.

Que esta sea la política del tripartito Pimpinela que gobierna la Comunidad de Madrid (hacen como que discuten, pero son hermanos) no nos debería sorprender. El modelo es tanto de Vox, como del PP como de Cs. Pero la voluntad de Martínez- Almeida de aparecer como conciliador y pactista nos hacía albergar alguna esperanza de que el Ayuntamiento no echara más carne en el asador. Bueno, algunos no la albergábamos, pero supongo que éramos los cenizos de siempre.

Porque, en los pactos de la Villa el modelo está negro sobre blanco. El suelo público de la Empresa Municipal Vivienda y Suelo que tenga destino dotacional podrá ser modificado para vivienda. Claro, los colegios y los centros de salud no son rentables cuando pasa el periodo de protección. La vivienda sí. Que tengamos barrios de protección sin dotaciones importa menos que los beneficios de las constructoras. Porque la vivienda protegida no la construirá la EMVS, sino también promotoras privadas.

No se vende suelo público, esto es cierto (demasiado expreso sería) pero se prevé la cesión de derecho de superficie por 75 años, de nuevo para la construcción de vivienda en régimen de alquiler. Estas ya no protegidas. Aquí sí que más madera para el impacto del suelo que la Comunidad de Madrid va a poner en el mercado. Las constructoras superficiarias gestionarán las viviendas. Y aquí el pacto dice “alquileres baratos”, que no sabemos lo que es porque no es un término legal.

Expresamente aparece el paradigma de la sustitución de las licencias por declaraciones responsables, que estamos combatiendo en la Comunidad. Y vemos cómo se plantea un incremento de la edificabilidad para “hacer atractiva la rehabilitación para promotores privados” (aquí sin esconder nada, total para qué).

La música de fondo haría pensar que nos encontramos ante un problema serio de vivienda en la Comunidad de Madrid. Pero ese problema no se soluciona con la “magia del ladrillo”. Más del 10% de las viviendas de Madrid están vacías. Rentistas que no tienen que abonar Impuesto del Patrimonio tienen más incentivos a esperar la hinchazón de la burbuja frente a poner las viviendas en el mercado. Su movilización tendría un impacto, al menos, tan decisivo en el precio de las viviendas como la construcción desaforada. Eso sí, sin el beneficio para las constructoras y sin atraer inversiones a las burbujas que compensan el incremento de oferta.

El propio pacto reconoce la existencia de este problema, entiendo que por presiones de la oposición municipal, pero las medidas de movilización de la vivienda vacía son inconcretas y sin recursos ni modificaciones del modelo tributario (¿IBI viviendas vacias? Jamás se supo). Mientras tanto, construcción, ladrillo, promociones, especulación y quién sabe si mordidas. Esto ocurre, además, cuando la crisis turística va a traer de vuelta al mercado del alquiler muchos pisos turísticos, incrementando la oferta y aligerando la presión al alza sobre los alquileres. Y cuando, además, tenemos el monstruoso proyecto de Chamartín dispuesto a meter una gran ciudad dentro de Madrid con todo lo que ello supone.

No se le escapa a nadie que la oposición es minoritaria en el Ayuntamiento de Madrid después de la decisión de Manuela Carmena de prescindir de los movimientos políticos y sociales que la auparon a la alcaldía en 2015. Y que, por tanto, las renuncias para llegar a un pacto eran inevitables. Pero una cosa es renunciar a elementos programáticos y otra cosa es asumir el núcleo esencial de la tesis del PP y validarlo como política de consenso: la solución a la crisis es la inflación inmobiliaria. Probablemente PP, Vox y Cs hubieran tirado por este camino como lo van a hacer en la Comunidad, pero lo adecuado era sacarlo del pacto, denunciarlo en las instituciones y combatirlo socialmente. Nunca, nunca, nunca, validarlo como correcto. Las mejoras que se han incorporado al pacto y que, sin duda, son buenas noticias para alegrarse, palidecen ante esta circunstancia. En los pactos puede y debe haber cesiones. Pero una cosa es un pacto y otra una rendición.

El resultante de este consenso artificioso es que en la Ciudad de Madrid no habrá oposición. Al menos no en el núcleo del modelo, puesto que todas las medidas que se tomen en este camino lo harán con la aquiescencia y la firma de la oposición institucional. No se me ocurre mejor manera de convertir a Martínez-Almeida en alcalde perpetuo, reforzando la posición de Isabel Díaz Ayuso y condenándonos a un futuro de baluarte ultraneoliberal y antisocial en nuestra ciudad y en nuestra región, revirtiendo todo avance que se haya conseguido.

Pero, pese a esto, es que otro modelo no es sólo posible, es imprescindible. Este camino nos lleva, directamente al abismo. Hace no tanto pusimos sobre la mesa la existencia de una mayoría social alternativa en Madrid. Y lo hicimos cuando esa mayoría fue realmente ALTERNATIVA, cuando defendía otro modelo de sociedad, de crecimiento y de desarrollo económico. Hemos cometido muchos errores y es obligatorio que aprendamos de ellos. Pero mejor hoy que mañana hay que poner sobre la mesa, entre todos los que deseamos revertir este destino oscuro al que parece estar condenado Madrid, una propuesta colectiva que se atreva a cambiar todo.

Nos va la vida en ello. Nos va Madrid en ello.

El sistema parlamentario se basa en la elección del gobierno por mandato del poder legislativo. El Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos son, en sus respectivos ámbitos, los depositarios de la voluntad popular. Los gobiernos no son más que mandatarios, literalmente titulares de un mandato, encargados de gestionar los asuntos de quien tiene de verdad, al menos formalmente, el mando, que no es nadie más que el pueblo a través de sus representantes parlamentarios.

Durante mucho tiempo el sistema político español nos acostumbró a otra cosa. Un sistema electoral diseñado para garantizar amplias mayorías (y el sistema de listas cerradas y bloqueadas, dicho sea de paso) llevaba a que los parlamentos fueran relevantes el día que se invistiera un presidente del gobierno y pasaran a vegetar durante años. Pero a partir de 2015, las mayorías absolutas son cosa del pasado. Y esto es una buena noticia para la democracia; cualquier gobierno, para desarrollar su programa, tiene que alcanzar acuerdos y consensos, necesita representar a algo más que a sí mismo. Lo estamos viendo con la gestión del COVID-19: el gobierno de España, ya de por sí plural y multicolor, debe ir al Congreso de los Diputados periódicamente a alcanzar las mayorías necesarias para adoptar sus medidas. Esto dificulta, claro, la actuación, pero supone una garantía frente al despotismo. El gobierno se explica ante la oposición, se expone a su escrutinio, a su crítica y, lo que es más importante, se muestra ante sus ciudadanos.

Un gobierno que prescindiera del parlamento, no es sólo un problema técnico o un argumento de crítica, es, pura y simplemente, un gobierno que escapa de la democracia. Y, en estos momentos de crisis, mientras vivimos debates parlamentarios a nivel estatal que se televisan y levantan pasiones, en tiempos de forzoso apagón futbolístico, oímos, si fuésemos Albert Rivera en un debate electoral, un clamoroso silencio: el de la Asamblea de Madrid.

La Comunidad de Madrid es, dramáticamente, el epicentro de la crisis del COVID-19 en España. Nuestra región tiene la tasa de incidencia y de letalidad más altas del mundo. Su gobierno, un gobierno de PP y Ciudadanos en minoría, lleva 44 días sin someterse al control parlamentario.

Debemos decir, en honor a la verdad, que los grupos parlamentarios de la oposición pecamos de inocentes. En contraste con el acoso y derribo que ha protagonizado el PP con el gobierno de la nación, cuando empezó esta crisis aceptamos la suspensión temporal de la actividad parlamentaria poniendo énfasis en la seguridad y salud de los trabajadores parlamentarios y confiando en el gobierno –quien se comprometió a mantener informada a la oposición fuera de las formalidades parlamentarias–. Había que confiar en el gobierno, esperando reciprocidad en su actuación: transparencia y responsabilidad.

Tengo que decir que nos equivocamos, porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mantenido reuniones telemáticas con la oposición, es cierto; pero las mismas no han sido periódicas, han sido suspendidas sin previo aviso y, lo que es más sangrante, la información transmitida en las mismas ni era coherente ni era fidedigna. Por poner un ejemplo: durante la reunión de portavoces parlamentarios con Isabel Díaz Ayuso en la que le preguntábamos por la situación de las residencias y donde no nos daba cifras, vimos cómo aparecía en la prensa una filtración de su gobierno contándonos que en las residencias de la Comunidad de Madrid habían fallecido más de 3000 personas (cifra que ha resultado, dramáticamente, quedarse corta).

¿Cómo ha conseguido el Gobierno de la Comunidad de Madrid sortear esta ausencia absoluta de control estando en minoría? Pues por la vía de aplicar varias estratégias:

1. Elusión de la responsabilidad. Tergiversando las circunstancias reales ha querido hacer ver que las competencias en los elementos más sensibles de la crisis (sanidad y políticas sociales) habían abandonado su ámbito pasando al gobierno central; pues eso es simplemente falso. El gobierno central ha asumido competencias de coordinación entre administraciones autonómicas y ha aportado recursos (como la actuación de la UME) y fondos extraordinarios a las Comunidades Autónomas –que deberían haber tenido recursos propios si se hubieran gestionado bien– para afrontar la crisis. Ni más ni menos. Las competencias siguen siendo autonómicas; quien no se lo crea que se lea los artículos 6, 12 y 13 del RD 463/2020 que declara el estado de alarma.

Así pues, dónde van los recursos sanitarios o si se medicaliza o no una residencia, si se contrata personal, son responsabilidades exclusivas de los gobiernos autonómicos; los resultados de estas decisiones también.

Hemos visto circunstancias grotescas; el Gobierno de la Comunidad ha llegado a inventarse una prohibición de compra de material por parte del gobierno estatal. No hay ninguna norma de ningún rango con esta prohibición. Y este invento ha venido de un intento de justificar las dificultades en las compras que se ha encontrado el gobierno autonómico en el mercado internacional. Los celebérrimos dos aviones por un importe de 46 millones de euros que iban a llegar en 48 horas y que la presidenta denunció vía twitter que el gobierno del Estado iba a bloquear, tardaron varias semanas en llegar y el material, sospechamos (ningún dato tenemos), no alcanza ni de lejos los millones mencionados.

2. Atribución de las virtudes ajenas. Hemos observado, atónitos, cómo portavoces municipales del PP de forma coordinada, han anunciado que “Isabel Díaz Ayuso ha aportado a tal o cual municipio una cierta cantidad de dinero para los servicios sociales”. Todo bien si no fuera porque ese dinero provenía de la aportación del Gobierno de España (que no tiene competencias) a las Comunidades Autónomas. Este dato se omitía. La propaganda, cuando no se cohonesta con la verdad, no es más que un embuste.

Mientras todo esto ocurría Isabel Díaz Ayuso se ha colocado como principal opositora al gobierno progresista del Estado. Sucesivas visitas –con sesión de fotos incluida– al pabellón del IFEMA, desplante al Presidente del Gobierno llegando dos horas tarde a la conferencia de presidentes, quejas (¡óigase bien!) de falta de transparencia; esto representa una estrategia muy pensada de potenciación de la figura de la presidenta como nueva dama de hierro de la derecha española.

Hay muchos comentarios que minusvaloran a Isabel Díaz Ayuso. Me parecen profundamente erróneos. Ella –y sus asesores– saben perfectamente lo que están haciendo. Dos estrategas como Miguel Ángel Rodríguez y Javier Fernández Lasquetty lo tienen claro: repetición sistemática de mensajes sencillos, batalla ideológica permanente, exaltación de la imagen de la presidenta y no preocuparse mucho si su relación con la verdad es algo “oblicua”. Repetir (quizás como farsa) lo que fue Esperanza Aguirre (como tragedia).

Pero hay un punto flaco en el plan: la debilidad parlamentaria del PP. Si ya necesita a Ciudadanos para gobernar (tratando a su socio con una deslealtad inaudita, intentando atribuir al Consejero Alberto Reyero la responsabilidad por la calamitosa situación de las residencias de la Comunidad de Madrid, derivada de décadas de gestión y privatización del PP), ahora necesita aún más a la Asamblea para tomar medidas.

El pasado 11 de abril, en Junta de Portavoces, acordamos reanudar la actividad parlamentaria (aunque fuera de forma telemática) y planteamos celebrar un pleno el día 23. En ese pleno debía comparecer Isabel Díaz Ayuso dando explicaciones de su gestión; días después la presidenta anunciaba su voluntad de comparecer, una vez más por twitter.

Un día después algo pasó, de nuevo a través de la red social del pajarito, Isabel Díaz Ayuso cambió de opinión. Ya no iría a la Asamblea el 23 de abril sino “en mayo” y con el formato del debate del Estado de la región (un formato que no se ajusta a lo previsto en el reglamento y que la permite pasarse una sesión de las dos que dura hablando ella sola, sin réplicas de la oposición). Posteriormente suspendió la reunión telemática que tenía prevista para ese miércoles con los portavoces; la oposición nos enteramos por la prensa. Queda claro que para el PP, la propaganda está por encima del respeto a la institución.

Desde Unidas Podemos Izquierda Unida intentamos enmendarlo. Solicitamos que se celebrara una Junta de Portavoces el viernes 17 para garantizar que compareciera, pero la mayoría de la Mesa de la Asamblea (PP y Cs) la ha trasladado al lunes. Mucho nos tememos que se alegarán razones técnicas o de otro tipo para librar a la presidenta del control. Intentaremos, por todos los medios, que no sea así.

Nos jugamos, claro, la dignidad de la Asamblea de Madrid (tan apaleada desde los oscuros tiempos del Tamayazo) frente a un ejecutivo que la cree suya, pero nos jugamos más os jugamos la misma esencia de la democracia parlamentaria, un gobierno que pretende gestionar la mayor crisis de la historia reciente de la Comunidad de Madrid sin respaldo ni control parlamentario. Algo que los madrileños y madrileñas, sea cual sea su ideología, ni se merecen ni deben consentir.

La transparencia se está convirtiendo en un significante vacío que cada cual intenta llenar como quiere. Isabel Díaz Ayuso con tweets y videoconferencias sin saber su contenido; pero desde luego para la Asamblea de Madrid y ante los madrileños es muy transparente, tanto que ni se la ve.