Singapur, con solo cinco millones y medio de habitantes, acaba de superar la barrera de los 10.000 contagios y es ahora el país del sudeste asiático con más casos por delante de Indonesia, que tiene casi 300 millones de habitantes, o Filipinas, con 150 millones. A pesar de que los fallecimientos por la COVID-19 se mantienen bajos –solo 11 desde el inicio de la crisis a principios de febrero–, para un país que en los primeros momentos fue puesto como ejemplo de superación y control de la crisis, pasar la barrera de los 10.000 infectados ha supuesto un batacazo moral.

Lo que han denominado el “cortocircuito”, evitando utilizar la palabra confinamiento, empezó el 7 de abril y estaba previsto hasta el 4 de mayo, aunque ciertas medidas ya se habían implementado anteriormente. El Gobierno, sin embargo, acaba de anunciar una extensión hasta el 1 de junio y nuevas medidas más restrictivas durante al menos dos semanas para intentar parar una ola de contagios que desde hace una semana supera los 1.000 casos diarios.

Hasta ahora colegios, universidades, lugares de ocio y comercios no esenciales permanecían cerrados pero se permitía a la población hacer deporte o ir a la compra siempre y cuando se hiciese junto a las personas con las que se convive y manteniendo una distancia de un metro con el resto. Los parques continuaban abiertos y los transportes públicos no habían alterado sus frecuencias. 

Las nuevas medidas llegan por la incapacidad del Gobierno, a pesar de los esfuerzos, de contener los focos del virus que se han desatado en los dormitorios donde conviven miles de trabajadores extranjeros que desarrollan su labor no solo en la construcción sino en otros sectores esenciales del país como el mantenimiento público o la industria portuaria.

Un 90% de los casos se están dando en estos viveros que el Gobierno intenta atajar trasladando a los trabajadores no contagiados a otras instalaciones y realizando test de forma masiva para asegurarse que su fuerza de trabajo está disponible una vez se levante paulatinamente el confinamiento .

Algunas fuentes calculan que la economía de este país-estado acostumbrado al crecimiento continuado caerá hasta un 8,5% en 2020, teniendo en cuenta que hasta el momento el Gobierno ha inyectado más de 60 millones de dólares (40 millones de euros) en forma de incentivos para sus ciudadanos y comercios.

Los casos fuera de los dormitorios no pasan de una treintena, pero el Ejecutivo ha advertido de que podría existir una “reserva” del virus que aún no ha salido a la luz y por eso han reducido la lista de comercios considerados esenciales, rebajando así un 5% la cifra de personas que acuden a sus lugares de trabajo. También se están tomando medidas para reducir las aglomeraciones. Por ejemplo, a ciertos mercados solo se podrá ir en días alternos en función de la última cifra del documento de identidad.

Y como no podía ser de otra manera, en un país conocido como 'fine country' o país de las multas, el gobierno ha desplegado un batallón de agentes de seguridad, formado básicamente por voluntarios, que controlan que se cumpla estrictamente la normativa.

Por no llevar la mascarilla puesta o por no mantener la distancia de seguridad se imponen multas de forma inmediata. La primera vez es de unos 200 euros y la segunda de unos 700. Los ciudadanos, además, pueden denunciar casos de incumplimiento a través de una aplicación online.