Con la temporada de verano, nos adentramos en la nueva normalidad en las Islas. Han sido algo más de cuatro meses muy duros, donde todos los canarios hemos actuado con responsabilidad y hemos realizado un enorme esfuerzo para posicionarnos como uno de los territorios españoles que menos dudas ha generado para iniciar el proceso de desconfinamiento con todas las garantías sanitarias.

Pese a ser una de las comunidades con menor incidencia de la COVID-19, Canarias es una de las regiones más perjudicadas por la paralización de la economía. Su situación de ultraperiferia y su gran dependencia del sector turístico requieren que se conceda a las islas un tratamiento singular, y el Estado es consciente de ello.

Esta semana, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha visitado el Archipiélago a bordo del vuelo de presentación de las Islas Canarias como destino seguro, como parte de una acción promocional del Gobierno de Canarias, apoyada por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, para la recuperación de destinos vacacionales en condiciones de seguridad, sostenibilidad e innovación.

Durante la visita, la ministra reiteró el compromiso del Gobierno de España con las Islas, anunciando un plan específico de inversiones para Canarias. Un plan ambicioso, destacaba, que destinará inversiones a necesidades heredadas y a infraestructuras en el Archipiélago, y que se suma también a otras medidas puestas en marcha durante la crisis sanitaria por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el Plan de Impulso del Turismo a nivel nacional, con una partida de más de 4.000 millones de euros.

Sin duda, detrás de cada crisis hay una gran oportunidad y ahora es el momento de sentar las bases para la recuperación de Canarias.

El turismo es un sector estratégico para el conjunto de la economía española pero, muy especialmente para Canarias, donde esta actividad representa el 35% del PIB y el 40% del empleo de las Islas.

Ahora que todo el país comienza a abrirse al turismo, la prioridad se centra en mantener los estándares de seguridad sanitaria que hagan de España un destino seguro, ya que jugamos con la incertidumbre de los países emisores y con la confianza que pueda tener el turista para salir de su país.

Tanto la ministra Reyes Maroto, como el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurab Pololikashvili, coincidieron en avalar y poner de ejemplos las medidas que el sector turístico canario ha puesto en marcha para hacer de las Islas un destino seguro frente a la pandemia del coronavirus, donde el visitante se encontrará con controles y protocolos organizados que les hagan sentir cómodos.

Canarias ha hecho y está haciendo las cosas bien. Todos los canarios hemos actuado con responsabilidad y hemos realizado un enorme esfuerzo para posicionarnos como uno de los territorios españoles que menos dudas ha generado para iniciar el proceso de desconfinamiento con todas las garantías sanitarias.

Y fruto de ese trabajo y de la labor realizada por el Gobierno de Canarias, con el apoyo del Ministerio de Turismo, hoy las Islas son un destino seguro para el desarrollo del turismo en la nueva etapa de pospandemia, y una excelente opción para los turistas, que encontrarán en nuestro territorio buena sanidad y un espacio donde hay respuestas adecuadas ante cualquier circunstancia de emergencia.

Desde el comienzo de la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y desde que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumió el puesto como máximo responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, los esfuerzos por buscar una solución legislativa para atender la situación de estos menores vulnerables han sido incesantes. Fue en el Congreso de los Diputados cuando, por primera vez, los populares tomaron la decisión de no respaldar la admisión a trámite de la proposición de ley en una muestra de falta de compromiso y absoluta insolidaridad, ni siquiera permitiendo su tramitación. No hubo debate, no hubo enmiendas, no hubo negociación. Simplemente, la bloquearon. A estos también se sumaron Junts y Vox, a los que estos últimos a nadie sorprenden, cuando su principal argumento es que para acabar con el efecto llamada sólo hay una solución: “Devolver a los migrantes a su país de origen”.

Esta actitud obstruccionista no ha sido un hecho aislado. Durante todo el año se han mantenido multitud de encuentros y reuniones para intentar que el PP volviera a la negociación y que se sumara a un acuerdo mayoritario para buscar una solución estructural a este problema de Estado. Porque, recalco, este es un problema de todos y todas y no solo de unos pocos. En diciembre de 2024, tras la última reunión mantenida entre el ministro Torres, junto al presidente canario, Fernando Clavijo, y los populares, quedó claro, una vez más, que no había voluntad política por parte de la oposición para buscar un poco de luz entre tanta oscuridad. No solo se desentendieron del problema, sino que recurrieron a falsedades para justificar su falta de acción.

El último acuerdo pasa por una modificación estructural para el reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas sin excepción. Sin embargo, esta no ha llegado a las Cortes Generales y el PP ya ha vuelto a mostrar su negativa. Desde el PSOE sabemos que esta reforma no es la solución definitiva a la crisis migratoria, pero sí supone un paso firme hacia un modelo más justo y sostenible. Se trata de una respuesta estructural que ofrece una salida viable y realista a un problema que afecta a Canarias, donde la presión migratoria es una realidad que exige compromisos y no bloqueos partidistas.

Esta estrategia del PP no es nueva. Es un patrón repetido de hipocresía: mientras claman por la protección de la infancia española, rechazan cualquier medida que beneficie al resto de menores. No hay otra explicación para esto que el racismo institucional que subyace en sus decisiones. Distinguen por el color de piel y se olvidan de aquellos que vienen buscando un futuro mejor.

Como apuntaba recientemente el ministro Ángel Víctor Torres en una entrevista, el PP se ha dedicado a “reventar” cualquier intento de acuerdo a través de “mentiras y bulos”, y me reafirmo con sus palabras. Cada vez que hemos dado un paso en firme, ellos han colocado una piedra en el camino y han puesto palos a las ruedas en lugar de aportar soluciones.

El Gobierno de España no se cansará. Seguiremos trabajando para garantizar los derechos de todos los menores, sin distinción de origen, raza, religión ni sexo. La solidaridad no puede ser selectiva, ni puede favorecer más a unos que a otros, y mucho menos, la infancia no puede ser utilizada como arma política. La verdadera pregunta es: ¿hasta cuando el PP seguirá bloqueando el futuro de estos niños y niñas?

Este inicio de curso ya de por sí está marcado por el fuerte impacto que la guerra de Ucrania está causando sobre la economía; sin embargo, el plan para nosotros sigue siendo el mismo: buscar soluciones efectivas a los problemas más acuciantes. 

En mi caso, como político y, actualmente, portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, he seguido muy de cerca y he trabajado junto a mis compañeros en todos aquellos asuntos relacionados con esta materia, y de los que hemos hablado mucho en estas últimas semanas.

El claro ejemplo de que la oposición en este país protesta por todo, por sistema, y no está a la altura, lo vimos con la presentación del nuevo paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, aprobado por el Estado, y que incluía un aumento del porcentaje de las ayudas al transporte público.

En Canarias, Coalición Canaria, con su demagogia habitual, se apresuró a comparar el servicio de transporte canario con el que ofrecen los trenes de cercanías en el resto del territorio, que no tiene nada que ver, ni en su configuración ni en volumen de pasajeros. Les encanta decir que a los canarios se nos trata como ‘ciudadanos de segunda’, cuando lo que se busca con este tipo de propuestas es beneficiar y mejorar lo que ellos han olvidado durante sus años de gobierno. 

Afortunadamente, este ejecutivo socialista, presidido por Pedro Sánchez, ha mirado desde el primer momento por Canarias y por incrementar la subvención al transporte al 50%, incluyendo las diferentes modalidades, subvencionando el urbano y el tranvía, una excepción que no se ha concedido al resto de comunidades autónomas, ni siquiera a Baleares, dado que el transporte en guagua es un servicio esencial para todos los canarios y canarias, también con un porcentaje de uso y de población mayor respecto a otros territorios.

Esta medida supondrá una inversión por habitante superior a la prevista en el resto del territorio, con unos 24 millones de euros en total, que se añaden a los 170 millones que se derivan cada año al transporte público de las islas.

Este avance, aparte de beneficiar a los bolsillos de las familias, apuesta por un modelo energético más eficiente y verde, además de contribuir a la Agenda 2030 que busca lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta. Con ello, queremos reducir el uso del vehículo privado, contribuyendo, al mismo tiempo, a disminuir la dependencia energética y la huella de carbono.

Desde que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres gobierna en las islas, Canarias ha sido compensada en todos los paquetes de medidas que ha desarrollado el Gobierno central dentro de sus competencias, algo que no sucedía desde hace décadas, donde asuntos relativos a carreteras, por ejemplo, llevaban años atascados, o la vivienda, a la que le hemos dado un gran impulso, a través del Plan de Vivienda de Canarias.

Otro asunto que también demuestra la implicación de este Gobierno con las Islas es el reciente reparto de 86 millones de euros de fondos europeos destinados a financiar actuaciones de rehabilitación residencial y construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Al inicio de la legislatura nos propusimos dar un giro radical a la política y a la forma de gestionar, y estoy convencido de que el trabajo y el esfuerzo realizado nos han permitido ir alcanzando objetivo tras objetivo. Sabemos que esto no ha acabado, y que aún tenemos tiempo para seguir desarrollando todos nuestros compromisos. 

Seguimos con la vista puesta en el presente, pero también en el futuro, alejados de aquellos discursos que buscan crear ruido y desestabilización. España no necesita en estos momentos campañas electorales que vayan en contra de los derechos de la ciudadanía, sino propuestas que estén encaminadas a proteger a la clase trabajadora, que siempre es la que hace más esfuerzos en situaciones de crisis.

No nos quedaremos callados. A pesar de las dificultades, y de no contar con una oposición que esté a la altura, cumpliremos y no fallaremos a aquellos ciudadanos que han confiado en nosotros y que siguen apostando por el proyecto socialista.  

No obstante, lo cierto es que la lucha contra el cambio climático dejó hace tiempo de ser una cuestión de debate, para convertirse en una realidad que pone en jaque nuestra forma de vivir en sociedad. 

Desde mi responsabilidad individual como ciudadano, pero también como político y actualmente portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, soy consciente de la necesidad de poner freno a esta amenaza medioambiental con acciones y medidas contundentes que nos puedan devolver la esperanza.

En esta cuestión, debemos tener en cuenta las singularidades de todos los territorios que conforman la Unión Europea, y ser conscientes de que debemos encontrar soluciones ajustadas a cada realidad. Estoy absolutamente convencido de que el éxito solo vendrá cuando se haga frente a  este problema global desde lo local. 

Este gobierno socialista, liderado por Pedro Sánchez, así lo está poniendo en práctica, con planes nacionales que vertebran líneas de trabajo específicas con las Comunidades Autónomas, para que desde lo regional y local se puedan seguir dando pasos para adaptarnos a este cambio de paradigma. 

Conozco muy de cerca, porque trabajo codo con codo con el Ministerio de Transportes en mi día a día, los tres instrumentos que se han desarrollado para coordinar las políticas de movilidad: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030; la Ley de Movilidad Sostenible y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que persiguen conseguir, entre otros, una movilidad del futuro que sea descarbonizada, segura, digitalizada y vertebrada en torno al transporte público.

Y en lo local, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres también está situando a Canarias como ejemplo ante otros territorios a la hora de mitigar y adaptarse a los efectos de esta realidad climática. De hecho, en estos años se ha multiplicado sustancialmente la generación de energía renovable, de tal forma que Canarias, en los últimos tres años, ha conseguido generar más megavatios con energía verde que en los ocho anteriores a esta legislatura.

Además, recientemente, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha anunciado que ahondará en el estudio de emisiones de efecto invernadero en el Archipiélago, para intentar estimar cuál es la huella de carbono que genera el transporte aéreo y marítimo, con el fin de compensarla.

Sin embargo, y como detallaba antes, aunque debemos poner ambición y ganas en seguir avanzando, tampoco podemos olvidar las singularidades de nuestro territorio.

Esta semana, como señalaba anteriormente, la Eurocámara ha aprobado una enmienda a la directiva complementaria que regula las emisiones de CO2 en el transporte aéreo, y con la que se exime a Canarias del pago de derechos en los vuelos con países del Espacio Económico Europeo hasta 2030, algo que ya se había conseguido para las conexiones entre islas y la Península.

El Partido Socialista sigue sumando avances en pro de todos los canarios y canarias, ya que esta medida ha sido posible gracias a una enmienda del Grupo Socialista Europeo impulsada por el eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar, que logró los apoyos necesarios de distintos partidos políticos y obtuvo el respaldo mayoritario de la Eurocámara.

Aunque aún no se ha aprobado definitivamente, ya que debe ser ratificada por el Consejo Europeo y la Comisión Europea, para Canarias es una excelente noticia, ya que en regiones dependientes de medios como el avión o el barco, cualquier gravamen adicional puede afectar en gran medida al transporte de mercancías y al sector turístico, que en el caso de Canarias representa el 35% del PIB. 

Sin duda, es un gran avance, con el que se refuerza el trato singular y el respeto a las especificidades de las RUP en la transición hacia la descarbonización.

Siendo conscientes de esta situación, desde el Gobierno de Canarias se está liderando un proceso de descarbonización con una fuerte apuesta por el uso de renovables, y con medidas para convertir al Archipiélago en un destino turístico sostenible; compensando así la huella de carbono en este periodo de transición hasta que los trayectos aéreos y marítimos puedan ser descarbonizados. 

Se están dando pasos muy importantes, y este partido socialista está liderando y ofreciendo respuestas e instrumentos eficientes para que España siga avanzando de forma activa hacia la transición ecológica, teniendo en cuenta que esta sea justa e igualitaria para todos y todas.

Nos lo propusimos, lo estamos llevando a cabo y seguiremos trabajando firmemente en avanzar hacia una sociedad más sostenible y comprometida con la protección del medioambiente.

Elegí como título Rehumanicemos nuestra mirada, porque ya entonces empezaban a germinar ciertas manifestaciones y conductas xenófobas, tanto por parte de la ciudadanía como de algunos representantes públicos, agravando aún más el clima de crispación.

He querido retomar esta idea y volver a hacer hincapié en la importancia de la mirada y la forma en la que analizamos y juzgamos la situación de cientos de personas que arriesgan su vida en el mar, esperanzados por encontrar un futuro mejor al otro lado de la orilla.

El pasado domingo, Salvados dedicaba su programa al racismo, y Gonzo les preguntaba a los deportistas Iñaki Williams y Sitapha Savané sobre qué debía cambiar en la mirada de un blanco para ir terminando con el problema del racismo. Sin titubeos, Savané destacó que “está bien no ser racista, pero hay que ser antirracista”.

No puedo estar más de acuerdo con el deportista, porque no solo basta con rechazar el racismo, sino también hay que combatirlo, y no podemos ponernos de perfil y mostrarnos impasibles ante situaciones como las que, lamentablemente, hemos tenido que presenciar en las Islas en contra de la población migrante.

Desde que soy padre, siempre he intentado inculcarle a mi hija la importancia de viajar, de conocer otras culturas, otras costumbres y tradiciones; en definitiva, otras realidades e historias diferentes a la suya, porque solo así será capaz de ver el mundo con otros ojos y ser más tolerante.

El mes pasado tuve la oportunidad de conocer, a través de la obra teatral canaria Moria, la experiencia de dos mujeres que residen temporalmente en este campamento de refugiados en la isla de Lesbos.

La trama cuenta la historia de dos refugiadas, una originaria de Afganistán, que abandonó su país tras sobrevivir a cuatro bombardeos y atentados; y otra que dejó atrás su Bagdad natal, junto a sus tres hijos, tras la desaparición de su marido.

Ambos relatos me sobrecogieron, no solo por la especial sensibilidad con la que están contados, sino porque también me acercaron e hicieron reflexionar sobre una realidad muy dura y muy diferente a la vida, más o menos acomodada, que tenemos en muchos países de occidente.

En una parte de la obra, mientras las mujeres conversan entre ellas, una le dice a la otra: ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos tratan así? La otra le responde: Porque ellos no entienden que estamos huyendo de la muerte. Esta escena aún me retumba en la cabeza.

Creo que es indispensable que todos nos aproximemos, conozcamos y nos informemos sobre los verdaderos motivos por los que estas personas han decidido dejar todo atrás. Al fin y al cabo, solo están tratando de cambiar la dura realidad que el destino les asignó.

Como responsable público, y como senador del PSOE, me gustaría recoger el guante que nos lanzaron esta semana las organizaciones del tercer sector que participaron en la ponencia sobre migración que se celebró en la Cámara Alta, en la que instaban a la clase política a no contribuir y frenar todos aquellos mensajes que alienten el odio, el racismo o la xenofobia.

El PSOE siempre será garante de la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y la convivencia intercultural. Por ello, seguiremos trabajando para mejorar la gestión y los sistemas de acogida en las Islas, a la vez que luchamos por que Europa reconozca la necesidad de contar con un Pacto de Asilo y Migraciones que no cargue en las regiones fronteras como Canarias toda la presión migratoria.

Si echo la vista atrás, haciendo balance de este último ejercicio, no puedo estar más satisfecho de todo lo que ha conseguido el Partido Socialista, en general, pero especialmente en Canarias, y del trabajo que están desarrollando todos los representantes socialistas canarios en cada una de las administraciones. 

Aunque han sido muchos los contratiempos y las situaciones adversas a las que hemos tenido que hacer frente, siempre hemos tenido presente la defensa de los intereses del Archipiélago y el bienestar de todos los canarios y canarias. 

Ha sido un año que no ha dado tregua, y que ha puesto a prueba, sin duda, la capacidad de resistencia y de respuesta del Gobierno de Ángel Víctor Torres y de todos los que formamos el partido en las Islas. 

Desde Canarias se ha luchado, de forma incansable, para que el Gobierno central  respete el fuero canario y mantenga sus compromisos con el Archipiélago. En este último año se han conseguido numerosos avances: la autorización por parte del Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos y cabildos insulares puedan hacer uso del superávit; las ayudas extraordinarias en políticas sociales y vivienda, con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, o la ampliación de la cobertura de los ERTE para paliar los efectos de la pandemia en el sector turístico canario, entre otros.

Afortunadamente, ahora nos encontramos con un Gobierno del Estado que está mostrando sensibilidad y compromiso con las necesidades y demandas de Canarias, al contrario de lo que ocurría en la etapa del Partido Popular.  

Prueba de ello es el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2021, que incorpora un incremento del gasto social sin precedentes y asigna al Archipiélago más de 7.000 millones de euros, cumpliendo con la palabra dada y tapando la boca a quienes decían lo contrario.

Es una excelente noticia que podamos contar con unas cuentas que representan una oportunidad de progreso y esperanza para todos y que, además, incorporan las mayores partidas de la historia para esta comunidad autónoma, situándonos por encima de la media nacional en inversión por habitante.

Cuando me embarqué en el proyecto político del Partido Socialista, siempre tuve claro que lucharía hasta la extenuación por aportar mi granito de arena y cambiar, en la medida de lo posible, la sociedad en la que vivimos, creando más y mejores oportunidades de futuro. Y creo que, honestamente, junto al gran equipo que me acompaña, lo estamos consiguiendo. Estamos haciendo un buen trabajo, con muchas cosas que mejorar, por supuesto, pero, poco a poco, dando pasos firmes y seguros. 

Esta semana escuchaba a mi compañero de partido Chano Franquis, durante  su comparecencia en el Parlamento de Canarias, que la aprobación del Plan de Vivienda de Canarias -otro objetivo conseguido- no era un logro ni una victoria del PSOE, era un paso más en la lucha y defensa de los intereses de todos los canarios y canarias, fruto del acuerdo, coordinación y diálogo entre varias fuerzas políticas.  

Creo que esto es, precisamente, lo que nos debe mover a todos los que formamos parte de la clase política. Generosidad y altura de miras para dejar a un lado nuestras diferencias, las posturas partidistas y los egos, y luchar por cambiar y aportar mejoras a la sociedad en la que vivimos. 

Es cierto que nuestras islas están viviendo un repunte preocupante en la llegada de embarcaciones y de personas, pero no debemos olvidar que los que deciden arriesgar su vida para llegar a Europa lo hacen para huir de la durísima realidad que tienen en sus países de origen y que los aboca al hambre, la violencia y, en muchos casos, a la muerte. Y no por las imágenes de sus compatriotas en un hotel.

Canarias siempre se ha caracterizado por ser una tierra sumamente acogedora, y quiero pensar que el principal interés de todos es el de mejorar las condiciones de las personas que llegan para darles el trato que merecen. En eso debemos centrarnos, desterrando el oportunismo político sobre un tema tan delicado y no permitiendo que muchas formaciones utilicen el sufrimiento de vidas humanas para ganar rédito. 

Desde el punto de vista humano, resulta preocupante las cientos de vidas que se ponen en riesgo al atravesar el océano de la mano de mafias sin escrúpulos; y desde el punto de vista de la administración, debemos centrarnos en dar respuesta a los problemas que estamos teniendo para acoger en condiciones óptimas al elevado número de migrantes que llegan a nuestras costas, más si tenemos en cuenta los protocolos sanitarios que deben aplicarse para prevenir contagios por coronavirus. 

Los canarios conocemos muy de cerca el sacrificio que significa dejar todo atrás en busca de un futuro mejor. Aunque también hemos ofrecido nuestra hospitalidad para recibir a aquellos que vienen de fuera, pero es evidente que no podemos hacerlo solos. 

Estamos ante una situación crítica, ante un drama humanitario que necesita de un impulso de todas las administraciones para encontrar una solución.

Tanto la Unión Europea como el Gobierno central deben asumir el problema migratorio del Archipiélago como algo propio. Al fin y al cabo, Canarias es Europa y también España, y el fenómeno migratorio no puede empezar y terminar en las Islas.

Confío en que el Estado acometa acciones urgentes y contundentes, lo antes posible, para reconducir la situación, y procure una atención digna a todos aquellos que huyen de un futuro incierto en sus países de origen.

Sin duda, también se deben mejorar los dispositivos de vigilancia, tanto el Frontex como el SIVE, y activar, en la medida de lo posible, todos aquellos mecanismos de solidaridad para que los migrantes puedan proseguir su viaje. 

Propongo que continuemos trabajando para dar una solución humana a aquellos que llegan a nuestras costas y que lo hagamos con espíritu constructivo y sin perder de vista, en ningún momento, que hablamos de personas que merecen todo nuestro respeto y humanidad.

La situación generada por la COVID-19 ha reforzado la importancia y urgencia de las líneas sobre las que ya estaba trabajando el Ministerio de José Luis Ábalos dentro del Área de Transportes, a la que estoy ligado como portavoz de la Comisión de Transportes del Senado.

En una de las últimas sesiones de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, el ministro Ábalos recordaba la filosofía con la que había nacido en esta legislatura el Ministerio que preside, un departamento centrado en dar respuesta a los retos en materia de movilidad sostenible y agenda urbana, y dejando atrás su antigua denominación como Ministerio de Fomento, ligado, casi en exclusiva, a la construcción de infraestructuras.

Y este planteamiento cobra aún más sentido en la situación en la que nos encontramos, donde la crisis ocasionada por la COVID-19 ha paralizado al sector del transporte. Hemos comprobado que el cese de parte de la actividad ha tenido un impacto positivo en el entorno natural. Por eso, esta ha sido una buena oportunidad para corroborar la importancia de priorizar sistemas de movilidad más sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Este contexto nos lleva a entender la movilidad como un concepto más amplio que engloba, no solo aquello que es inherente al transporte desde una perspectiva tradicional - desplazamientos-, sino que, además, incluye todo lo que rodea al sistema, desde el entorno hasta los usuarios. 

Para ello, el Ministerio de Transportes ha elaborado una Estrategia de Movilidad, en la que enumera más de cuarenta líneas de actuación y 150 medidas concretas para afrontar la emergencia climática, atender a los nuevos usos sociales y pautas de movilidad de la población y aumentar la coordinación y cooperación entre administraciones a nivel europeo, nacional, regional y local. 

Desde esta visión, el Ministerio ha presentado recientemente el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que se encuentra actualmente en proceso de información pública, hasta el próximo mes de octubre, con el objetivo de que cualquier ciudadano u organización pueda trasladar sus aportaciones para mejorar y completar la normativa. 

Tenemos que ir dando pasos de gigante en torno a la movilidad con una visión más verde. 

En Canarias, por ejemplo, el mayor consumo energético se registra en el transporte, con especial relevancia en el transporte terrestre y aéreo. Recientemente, la Consejería de Transportes regional, junto a los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife ha presentado los proyectos de ferrocarril que se van a desarrollar en estas dos islas. El transporte guiado se presenta como una alternativa viable, a largo plazo, para superar el colapso de la red viaria insular y dotar al Archipiélago de una movilidad sostenible, competitiva, ecológica, segura y con un mínimo impacto en el territorio.

Y esta es la clave, avanzar hacia un modelo energético más autosuficiente, basado en las energías renovables, y con una menor dependencia del petróleo. 

El Partido Socialista incluyó la lucha contra el cambio climático en su propuesta electoral y también en los programas de gobierno en aquellas administraciones en las que está presente. 

Incluso, en Canarias, ha sido pionero en establecer un área específica a través de la Consejería de Transición Ecológica. Además, desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con la colaboración de los cabildos insulares, se ha impulsado el Plan Extraordinario de Transición Ecológica, que favorece la contratación de desempleados para proyectos vinculados a la economía verde y circular. 

Nos lo propusimos, lo estamos llevando a cabo y estoy convencido de que en el futuro próximo conseguiremos buenos resultados y avanzar hacia una sociedad más sostenible y comprometida con la protección del medioambiente.

Por una parte, el Estado realizará un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros a los ayuntamientos y se compromete a permitir la utilización del superávit, así como a mantener la exención de la regla de gasto en 2020. 

Por otro lado, el pacto también contempla que las corporaciones locales que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Gobierno sus remanentes irán percibiendo, de manera proporcional a los recursos que cedan, un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. Es decir, en palabras más sencillas, tras ceder esas partidas al Estado, este las devolverá libres de déficit y listas para gastar. 

Además, se ha acordado una disposición adicional que permite, en el caso de Canarias, que los cabildos insulares puedan también hacer uso de su superávit.

Igual conviene recordar a la frágil memoria del Partido Popular que los acuerdos alcanzados con la FEMP vienen a paliar la nefasta gestión del PP durante los años que estuvo al frente del Ejecutivo central. 

¿Recuerdan sus señorías del PP todos los puntos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobaron en el año 2012? ¿Recuerdan también quiénes gobernaban entonces los Ayuntamientos más endeudados de España? Finalmente, señorías, han tenido que pagar justos por pecadores.

Igual no estaría de más hacer memoria y recordar que esta Ley ha condicionado que los municipios y cabildos puedan recurrir, desde entonces, a sus propios recursos. Y no solo eso, sino que además ha obligado a las instituciones públicas cumplidoras, como ha sido el caso de Canarias, a tener que pagar a los bancos cuantías desorbitadas de intereses por no poder utilizar esas partidas. 

Mejor les diera vergüenza oponerse ahora, de manera absolutamente incomprensible, a una medida que solo busca la reactivación económica y social para el conjunto del país, y paliar, de alguna forma, el desastre que han supuesto las medidas económicas aprobadas durante el periodo de gobierno del PP. 

Ningún gobierno había puesto sobre la mesa una medida como esta y ahora, en un claro intento de oportunismo político, uno más de tantos otros, quieren oponerse a que el país avance y siga adelante, intentando salir, poco a poco, de esta asfixia. 

El Partido Popular, que ha sido el responsable de esta guerra, es el que ahora, cuando se encuentra una trinchera que permita a los ayuntamientos gastar el superávit, quieren liderar la revuelta, lo que refleja la hipocresía y cinismo de esta formación.

Con estas medidas, el Partido Socialista, que preside Pedro Sánchez, pretende dar un impulso a la reactivación económica y social, en un intento lógico y coherente por desahogar a las administraciones que tanto están sufriendo esta crisis económica derivada de la pandemia, ya que son precisamente las corporaciones locales e insulares las primeras a las que la ciudadanía acude para solicitar ayuda, y también las primeras en dar respuesta a sus necesidades. 

Aunque ha sido un acuerdo complicado, con un largo periodo de negociación, al final se ha cerrado la mejor opción posible que, sin duda, corrobora y vuelve a poner de manifiesto el firme compromiso del partido socialista con el desarrollo y la política local. 

Es un acuerdo que puede ser mejorable, pero desde el consenso y el diálogo con todas las partes, a través de un debate sosegado en el Congreso de los Diputados.

Y en este punto me gustaría destacar el buen trabajo del Gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres, ya que fue la primera institución en posicionarse a favor de que estos recursos fueran gestionados directamente por los cabildos y ayuntamientos. 

Porque Ángel Víctor Torres y el PSOE en Canarias son conscientes de que se trata de una muy buena noticia para las Islas, que da respuesta a las necesidades de las administraciones más cercanas a los ciudadanos y permite materializar esas ayudas en mejoras en la calidad de vida de todos los canarios y canarias, que, sobre todo ahora, están sufriendo las graves consecuencias que la pandemia está ocasionando en nuestro principal motor económico, el turismo. 

Señores del Partido Popular, por favor, den ejemplo y estén a la altura de los esfuerzos que está realizando la ciudadanía de este país para salir adelante. Dejen a un lado, de una vez por todas, las diferencias políticas. Está en juego nuestro futuro.

Desde esta semana, Canarias se encuentra ya en la fase 3 de la desescalada. Las ocho islas lo han conseguido con una nota muy alta, posicionándose como uno de los territorios españoles que menos dudas ha generado para iniciar el proceso de desconfinamiento.

La lección de conciencia y empatía de la ciudadanía del Archipiélago ha sido la clave más importante que para que las islas se conviertan en un ejemplo de responsabilidad a nivel nacional.

Ahora toca trabajar firmemente para dar un impulso a la economía. En este sentido, el Gobierno de Canarias firmó el pasado 30 de mayo, con ayuntamientos, cabildos, partidos políticos y agentes sociales y económicos, el Pacto para la Reconstrucción Social y Económica del Archipiélago, que movilizará 14.000 millones de euros, de los que el Ejecutivo regional aportará 8.500 millones procedentes de recursos propios, a los que se sumarán 5.000 más del Gobierno de España.

El proyecto supone un paso decisivo y fundamental para afrontar la salida de la crisis en las Islas, poniendo el énfasis en los colectivos más vulnerables, la defensa del empleo, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la recuperación del turismo, principal motor económico de las Islas.

De igual manera, es de justicia reconocer el importantísimo esfuerzo que está realizando el Estado, que ya está trabajando, a través de Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía; la modernización del modelo productivo y la mejora del sistema fiscal, así como la posición de España ante la Unión Europea.

Precisamente, esta semana he mantenido, junto a mis compañeros Luc André Diouf y Nina Santana, una ronda de contactos con ayuntamientos de la isla de Gran Canaria para recoger sus demandas y necesidades, tras la crisis generada por la COVID-19, y elevarlas a esta Comisión para su debate y análisis.

Las corporaciones locales necesitan todo el apoyo posible, sobre todo en materia de asuntos sociales y educación, ya que los ayuntamientos son las primeras administraciones a las que la ciudadanía acude para solicitar ayuda.

El Gobierno de Canarias trabaja codo con codo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que comprende las circunstancias específicas de las Islas y es sensible a sus necesidades.

Conscientes de esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado recientemente que el Estado autoriza a las Islas a hacer uso del superávit y elevar su deuda para hacer frente a las consecuencias de esta crisis. Aunque quizás no se ha destacado ni valorado lo suficiente, esta noticia es un hecho importantísimo para las Islas, todo un logro del Gobierno de Ángel Víctor Torres ante un reivindicación histórica, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comprendido.

Me gustaría incidir en que ahora tenemos la oportunidad de mantenernos unidos, desde las formaciones políticas y todos los agentes sociales y económicos, hasta las Administraciones locales, sindicatos y patronales. Con ese objetivo trabaja incansablemente el PSOE, firme defensor de la unidad de acción y de la importancia de alcanzar medidas consensuadas para salir cuanto antes de esta crisis.

No desaprovechemos esta ocasión. Debemos estar a la altura de lo demostrado por la ciudadanía. No podemos fallarles. Es necesario dejar a un lado nuestras diferencias políticas, legítimas y comprensibles, pero que no tienen cabida cuando lo que está en juego es nuestro futuro.

Tendámonos la mano, hagamos ese esfuerzo.

El estado de alarma en el que estamos inmersos ha llevado consigo un importante descenso de la actividad económica en todo el país y, de forma especial, en Canarias, en donde el sector turístico, que concentra el 35% del PIB y el 40% del empleo regional, se ha convertido en una de las principales víctimas.

Amparados en la propuesta realizada por el Gobierno central, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor se han convertido en un salvavidas para buena parte de las trabajadoras y trabajadores.

Desde el Gobierno, se han intensificado esfuerzos por agilizar con la máxima celeridad posible su tramitación con el fin de causar la menor repercusión en el colectivo afectado. En este sentido en Canarias, los últimos datos oficiales, publicados el pasado día 23, constatan que la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de ERTE por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19, quedando pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% del total. A esto se suma la resolución de otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Por otro lado, se ha hecho una apuesta firme por dotar de liquidez a las pymes y autónomos, que están viviendo momentos de especial complejidad, y se han buscado soluciones para los colectivos laborales más vulnerables, como las empleadas del hogar, los trabajadores temporales o los fijos discontinuos.

Más de un millón de autónomos cobrará en estos días la prestación extraordinaria por el cese de actividad, que se sumarán a los más de 900.000 que ya empezaron a cobrarla el pasado 17 de abril. Por otro lado, los aplazamientos de impuestos aprobado por el Gobierno para Pymes y autónomos, que facturen menos de 600.000 euros, han alcanzado los 400.000 contribuyentes, que han presentado 626.000 solicitudes para aplazar el pago de impuestos por un valor de 2.334 millones de euros.

Además, muchos de los trabajadores están viviendo un proceso de adaptación, optando por el teletrabajo como primera vía para realizar su actividad.

A la vista de estas circunstancias, el Gobierno de Pedro Sánchez presentan el Plan de Transición hacia la nueva normalidad cuyo objetivo principal es la protección de la salud pública e ir reactivando de forma progresiva la actividad económica, después del grandioso esfuerzo realizado por la sociedad. La recuperación social y económica debe tener en cuenta a los diferentes sectores, pero con una especial atención a la protección de los trabajadores más afectados.

Ni que decir tiene que la salida a esta situación pasa por la unión de todos, desde las organizaciones políticas, las empresas y los representantes de trabajadoras y trabajadores. Todos debemos avanzar en un pacto de reconstrucción que permita sumar e impulsar la actividad económica para que podamos recuperar la situación anterior.

No va a ser una tarea fácil porque el actual panorama sin precedentes de esta pandemia está sujeto a continuos cambios que, a nadie se le escapa, conllevan una importante dificultad añadida.

Por ello, 139 después de la primera manifestación del Día Internacional del Trabajo, que comenzó como homenaje a los Mártires de Chicago, aquellos sindicalistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, desde mi cargo como senador por el PSOE por la isla de Gran Canaria, pongo el acento en la unidad de acción de los trabajadores, volviendo a los orígenes de una celebración que forma parte de nuestra razón de ser como organización política al servicio del progreso social.

Pero, además, abogo por que esta jornada sirva también como reconocimiento a la labor encomiable que están haciendo millones de trabajadores que, durante el actual estado de alarma, se han convertido en esenciales en nuestra vida y que, gracias a su esfuerzo y dedicación, hemos podido vivir tanto la pandemia como el confinamiento en las mejores condiciones posibles.

Agradecimiento que hago extensivo también a todas las personas que, desde sus casas, con su compromiso y responsabilidad han contribuido a frenar esta pandemia.

Estoy absolutamente convencido de que las medidas excepcionales que se han adoptado nos ayudarán a salir de esta crisis y a recuperar nuestro tejido productivo. Nuestro compromiso pasa por convertir esta profunda crisis sanitaria, llena de incertidumbres, en una situación estructural y pasajera, que superaremos juntos.

Precisamente, en este sentido, el presidente Pedro Sánchez ha defendido en el ámbito de la Unión Europea la necesidad de realizar un esfuerzo colectivo y poner a disposición de los países afectados la ayuda necesaria para hacer frente a la pandemia. Ya ha conseguido que Europa conceda más de 240.000 millones de euros sin condiciones de recortes ni reformas estructurales; 200.000 millones de euros destinados a créditos para empresas, procedentes del Banco Central Europeo, y 100.000 millones de euros para ayudas al empleo.

Como senador por el PSOE y representante político de los canarios, considero que ahora es el momento de que todas las formaciones políticas trabajemos duro, pero, sobre todo, que trabajemos unidas, porque la unidad es la única fórmula para salir de esta crisis, dejando a un lado nuestros puntos de vista partidistas y particulares, necesarios y legítimos, en cualquier caso, pero que nos alejan del objetivo más importante: la reconstrucción de nuestro territorio.

Y creo que Canarias está dando buen ejemplo de ello, con Ángel Víctor Torres al frente del Ejecutivo. Su análisis de la situación del Archipiélago y su defensa de Canarias en Madrid, han favorecido que el Estado refuerce su gasto mensual con las Islas, derivando, entre otros, más de 340 millones de euros para los ERTE, 100 millones de euros en ayudas para autónomos, otros 100 millones para asistir a los desempleados canarios, más de 5,3 millones para ayudar a las familias al pago del alquiler.

Un conjunto de acciones que son, sin lugar a dudas, un manto de protección para Canarias, y que el Ejecutivo regional ya está complementando con estrategias propias.

La semana pasada, el Gobierno canario aprobaba una batería de medidas, en todos los ámbitos, con la participación y el consenso de las fuerzas políticas regionales, las administraciones públicas y los agentes sociales, poniendo el foco en la atención a los más vulnerables, ya que el Archipiélago es una de las regiones españolas que más está sufriendo las consecuencias de la COVID-19.

No obstante, mantenemos la esperanza, con el convencimiento de que el trabajo duro que estamos realizando dará sus frutos a corto, medio y largo plazo.

Lo primero ha sido dar respuesta a la ciudadanía de nuestra tierra, sobre todo a quienes son más vulnerables, con el refuerzo del sistema sanitario en las Islas, y la aprobación de una renta de emergencia social propia. Además, también se ha aprobado la exención de alquileres sociales a más de 17.000 familias los meses de abril y mayo, así como el establecimiento de líneas de ayudas, de carácter extraordinario, para aquellas entidades que atienden a personas en situación de dependencia y con discapacidad.

Como no podía ser de otra manera, desde el Archipiélago también se ha pedido al Estado que prorrogue los ERTE, para favorecer la recuperación de nuestro sector esencial, el turismo, y medidas específicas para desempleados, pymes y autónomos.

Reitero mi convencimiento de que vamos a superar todas las dificultades. Esta crisis tiene que convertirse en una oportunidad para mejorar, para aprender de los errores pasados y seguir adelante con confianza y optimismo.

Y, para ello, es indispensable que todos y todas rememos en la misma dirección, y seamos ejemplo de un país que lucha unido, con un mismo pulso, por la reconstrucción de nuestro territorio.