Cuesta digerir lo que está pasando. En menos de una década hemos asistido con perplejidad a la proliferación de fuerzas políticas de extrema derecha, euroescépticas, negacionistas del cambio climático y de talante populista en diversos países: Polonia, Hungría, Finlandia, Grecia, Alemania, Austria, Letonia o Italia entre otros. Y ahora España. Una tendencia con difícil encaje para construir un país, una Europa, donde se proteja a las personas y el planeta.

Que el gobierno húngaro haya impuesto una multa de más 32.000 euros una librería por exponer el libro Heartstopper no es baladí. La entrada de esta cuarta ola ultraconservadora amenaza con derogar de un plumazo muchos de los avances y derechos conquistados durante décadas. Se trata de una guerra de acoso y derribo, que amenaza con desgastar normas sociales fundamentales para la coexistencia y cohesión como sociedad. Se arremete contra principios y valores que creíamos consolidados incluidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales o en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Textos y contextos que creímos la guía del sentido común. Los derechos más fundamentales como marco de convivencia social. 

No es casual. Es un guiso cocido a fuego lento desde los ’80 en un modelo neoliberal insostenible y extractivista en recursos, sazonado por la globalización y la deslocalización. Luego vinieron los aceleradores: la crisis financiera del 2008, la COVID, la guerra de Ucrania y precios e inflación disparadas. Incertidumbre, descontento y angustia, con una extrema derecha que aprovecha para buscar chivos expiatorios y se propone como salvadora. Una extrema derecha que sabe aprovechar la erosión de los partidos tradicionales y rentabilizar el recuerdo de otro tiempo, que no fue ni tan próspero ni maravilloso, pero que sirve de trampantojo.

Sin embargo, un recorrido por la España post 28 de mayo deja espacio a la preocupación: prohibiciones de banderas LGTBIQ+ durante el mes del Orgullo, la antesala de la vuelta a los armarios; ideas xenófobas que promueven la delación de inmigrantes sin papeles o acabar con “el efecto llamada”, impidiendo “de por vida” la regularización de los migrantes irregulares. Mientras, más de 800 organizaciones trabajamos por la regularización de medio millón de personas migrantes en España, para que tengan la oportunidad de construir una vida digna y con derechos. Se hace ideología con los carriles bici o se reabre la demanda del pin parental. Son solo algunos ejemplos de una tendencia preocupante que amenaza los derechos de millones de personas.

Negar el cambio climático a estas alturas es una irresponsabilidad. La ciencia es clara y no nos sobra tiempo. Sí nos sobran evidencias para saber que nos enfrentamos a un reto existencial. Incendios, inundaciones, ciclones tropicales, sequías, subidas del nivel del mar, procesos de desertificación y, literal, más de 90.000 estudios y análisis científicos confirmando el diagnóstico y las soluciones. Lo que necesita España es descarbonizar sus energías cuanto antes, respetando la biodiversidad y los ecosistemas, generando empleo y asegurando una transición justa.

Negar asilo y refugio a las personas que huyen de la guerra o buscan un futuro mejor es inmoral. Blindar las fronteras o deportar a los migrantes ilegales a su país de origen no es la solución. Sólo conseguirá que nazcan nuevas rutas aún más peligrosas y causará más muertes innecesarias. Desde 2014, 25.000 personas han muerto en el Mediterráneo, esa gran fosa común. Es hora de que España adopte una política migratoria que garantice el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la UE, que asegure el cumplimiento de la legislación internacional marítima y que establezca vías legales y seguras para migrar y acceder a la protección internacional. Una asignatura pendiente que arrastramos desde hace décadas.  

Negar la violencia de género es otra irresponsabilidad. Banalizar y minimizar la violencia machista es imprudente. Derogar cualquiera de las leyes actuales que protege a las mujeres debe ser una línea roja. Sólo en 2022, en España se contabilizaron más de 180.000 denuncias. Y sabemos que esas denuncias son la punta del iceberg. Siete de cada diez mujeres no llegan nunca a denunciar. 

Estos días todas las miradas están puestas en España. Lo que suceda en nuestro país tras el 23 de junio puede tener un efecto reverberación en el resto de Europa.

Hace 20 años, en su libro Kafka en la playa, Murakami escribió “cerrar los ojos no hará que cambies. Nada desaparecerá simplemente por no ver lo que está pasando. De hecho, las cosas serán aún peor la próxima vez que les abras”.

Pues eso, los ojos bien abiertos. Toca no dar por hecho lo conseguido, estar alerta y construir un muro de contención con políticas, diálogo y dejando los odios fuera del marco. 

Se aprobó la reforma laboral, por los pelos, pero se aprobó. Votación de infarto. En el último minuto. A pesar del intento de torpedear el resultado y de seguir mareando la perdiz con la votación, el circo no nos puede distraer de lo verdaderamente importante: de esta reforma salen beneficiadas las personas en situación más precaria. 

Tenemos una reforma laboral pactada, construida desde el consenso y el diálogo con la patronal y los grandes sindicatos, una reforma que aborda de frente lo que ha sido, durante la última década, los grandes yugos de nuestro modelo laboral: la precariedad y la temporalidad abusiva. Además, reequilibra la negociación colectiva –recortando la influencia de los convenios de empresa en salarios–, sanciona con mayor contundencia el fraude y pone en marcha dos nuevas figuras, en sustitución de los ERTES, para salvaguardar el empleo y que aspira a poder ayudar a empresas con problemas cíclicos o sectoriales. 

De la crisis económica del 2008 y de la reforma laboral del 2012 salimos con devaluación salarial, destrucción de empleo, subcontrataciones a la baja, mayores niveles de precariedad y pobreza laboral, recortes en la protección por desempleo y en el sistema de atención a la dependencia, consolidación fiscal y por ende mayores niveles de pobreza y desigualdad. Ahora tocaba aprender de los errores, y poner en el centro de la reforma a las personas más vulnerables que son, además, las que han vivido de forma desproporcionada el impacto económico de dos años de pandemia.

Durante casi una década, se nos quiso convencer que no nos quedaba otra, que para salir de la crisis era imprescindible apretarse el cinturón, renunciar a derechos, aceptar pulpo como animal de compañía para ser “competitivos”, bajo la promesa de que veríamos una recuperación que iba a beneficiar al conjunto de la población. Pero no fue así. Pese a los sacrificios, ni siquiera durante los años de recuperación económica –entre 2014 y 2019– logramos reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad. Y así llegamos al 2020, con cifras de pobreza superiores a las anteriores a la crisis de 2008. La pandemia irrumpió en una España desigual, en el vagón de cola de la UE, siendo el cuarto país más desigual de Europa, el tercero en cifras de pobreza infantil y en pobreza severa.

Desde que en el 2012 el PP aprobó su reforma laboral, se han registrado más de 180 millones de contratos, de los cuales 1 de cada 4 ha tenido una duración inferior a siete días. 

Jóvenes, mujeres y personas migrantes son las más impactadas por la precariedad y temporalidad. Una precariedad que tiene rostro de mujer: 7 de cada 10 salarios mínimos interprofesionales los reciben las mujeres. Ellas sufren más la parcialidad no deseada, escondiendo además muchas horas trabajadas no cotizadas en una especie de economía sumergida mixta. Los y las jóvenes también se llevan la peor parte, inmersos en una precariedad que les impide independizarse y construir un proyecto de vida. Solo entre enero y septiembre de 2021, más de 9 de cada 10 contratos firmados por personas menores de 35 años han sido temporales. Entre febrero y junio de 2020, durante los meses más duros de la pandemia, más de 7 de cada 10 puestos de trabajo destruidos correspondieron a contratos temporales, la mayoría ocupados por jóvenes.

Y detrás de cada contrato, un rostro. Los rostros de nuestros médicos y del personal sanitario, de las personas –jornaleras, reponedoras, transportistas– que durante toda la pandemia se han encargado de abastecer las estanterías de nuestros supermercados, del personal de limpieza de las residencias de nuestros mayores y hospitales. Médicos como Cristina, que durante la pandemia estuvo trabajando a destajo 240 horas al mes, entre el trabajo en un hospital y en el de campaña instalado en IFEMA, y que durante los últimos años ha ido encadenando contratos de suplencias de un centro a otro, llegando a firmar 20 o 30 contratos al año.

La reforma se aprueba en un momento clave, cuando nuestra sociedad y nuestra economía necesitan encarar profundas transformaciones –tecnológicas, medioambientales, demográficas– y deben hacerlo buscando la cohesión social, reduciendo las desigualdades, erradicando la pobreza severa de nuestro país y asegurando la igualdad de oportunidades y capacidades. 

Acabar con la precariedad del mercado de trabajo español es una de las mejores vías para mejorar la calidad de vida de muchas personas que viven en situación de pobreza y exclusión social. En paralelo habrá que asegurar la senda de incremento del Salario Mínimo Interprofesional para que al final de la legislatura, se alcance el 60% del salario medio. El acuerdo de estos días con los sindicatos –sin el apoyo de la patronal– para subirlo hasta los 1.000 euros mensuales, es un paso más en la buena dirección y que beneficia de forma directa a los más jóvenes y las mujeres, 

De esta crisis debemos salir invirtiendo en creación de empleo de calidad, aumentando el peso en la economía de sectores de mayor valor añadido y fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas para que sean más competitivas.

Pronto se cumplen dos años del inicio de la pandemia. Una pandemia que irrumpe en un mundo que ya era muy desigual, agravando desigualdades, ensañándose con los más vulnerables y empujando a 160 millones de personas más a vivir en pobreza.

Por el camino, la falta de acceso a algo tan esencial como la vacuna contra la COVID-19 o los servicios básicos de salud se han cobrado la vida de millones de personas. Otras tantas han muerto de hambre o están en una situación extrema cercana a la hambruna. Otras se han quedado sin empleo o han visto cómo se desplomaban sus escasos ingresos, viviendo al límite mientras hacen malabares para sobrevivir. Mujeres, niñas, personas racializadas y colectivos discriminados se han llevado la peor parte. 

En España, tan sólo durante el primer año de pandemia, más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa, una cifra que nos devuelve al peor momento de la crisis financiera anterior. Aquí, el impacto económico afecta especialmente a las más jóvenes, que son quienes más han sufrido la pérdida del empleo como resultado de la precariedad en la que se encuentran instalados.

En el polo opuesto, los multimillonarios que, dos años después, son todavía más ricos, mucho más ricos. Tal y como apunta el informe Las desigualdades matan la riqueza de los diez hombres más ricos del planeta se ha duplicado, alcanzando la cifra astronómica de 1,5 billones de dólares. Y acumulan seis veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntos. Hiere escribirlo. Es simplemente obsceno. La imagen de Jeff Bezos y Richard Branson, a 96 kilómetros de altura sobrevolando la tierra, resume a la perfección su desconexión completa con la realidad y una opulencia y ostentación sin límites.

Esta crisis sanitaria es el epílogo de una peligrosa senda de desregularización y desinversión en lo público iniciada tras la crisis financiera de 2008 que, año tras año se ha traducido en mayores niveles de desigualdad en todo el mundo. Desigualdades económicas, pero también sociales y políticas, que también destruyen el sentimiento de plenitud, dignidad y valía de las personas. 

Ha sido justo la inacción previa de muchos gobiernos frente a la desigualdad, lo que ha provocado que ahora fuéramos más vulnerables a los impactos de esta crisis sanitaria, social y económica. India, por ejemplo, azotada por la segunda ola de COVID tiene el cuarto presupuesto de salud más bajo del mundo y sólo la mitad de la población tiene acceso a los servicios más básicos. El bajo nivel de inversión pública en los sistemas de salud, unido a la debilidad de los sistemas de protección social y a la insuficiente garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ha dejado a millones de personas en una situación de vulnerabilidad tan brutal como innecesaria. 

Tenemos la obligación de trabajar para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Pero necesitamos que los gobiernos tengan el coraje político para tomar las medidas necesarias, asegurando que la reducción drástica de las desigualdades y la cohesión social son ejes vertebradores que marcan las políticas sociales y económicas en esta fase de recuperación, asegurando políticas redistributivas, pero actuando también sobre las causas estructurales y previniendo la reproducción de las desigualdades. 

Pueden empezar por gravar a los superricos y estas enormes ganancias amasadas durante la COVID-19, beneficiándose directamente del impacto positivo que la inyección de capital de bancos centrales y gobiernos (para amortiguar el golpe y salvar la economía) ha tenido en los mercados bursátiles. Es sencillo y de sentido común. Un dinero que debe invertirse para reforzar los sistemas públicos y garantizar derechos básicos como sanidad, educación, protección social o para luchar contra la violencia de género o mitigar el impacto del cambio climático. 

Tenemos la oportunidad de transformar nuestro modelo de sociedad y virar hacia uno que vele por los derechos y las necesidades de la gran mayoría, cierre las enormes brechas de desigualdad y reduzca drásticamente el uso de recursos naturales. 

Hoy se cierra la COP26. Con el agua por las rodillas, Simon Kofe, ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, simboliza esta última oportunidad para salvar el planeta. Sabemos que esta década es la última que tenemos para contener las temperaturas por debajo de los 1,5 grados. Por encima de los 2 grados nos esperan olas de calor extremas, escasez de agua y el colapso de ecosistemas. 

Sobre los resultados de esta COP26, hay valoraciones para todos los gustos. Existe una visión optimista que celebra los compromisos y las nuevas promesas climáticas anunciadas a bombo y platillo por jefes de estado y los jefazos de la industria. Los que sienten que algo está cambiando, que ganamos en ambición y urgencia. 

Y luego estamos los otros, los que sentimos que ya no es tiempo de fuegos de artificio, sino de planes claros, concretos y vinculantes, de una acción contundente, de plazos acelerados y de una financiación a la altura del reto, solidaria y que asegure una transición justa. Lamentablemente no es la primera vez que nuestros líderes se comprometen y no cumplen. Se nos agota el tiempo para dar un golpe de timón y asegurar que contenemos el calentamiento global. Cada mes cuenta, cada décima cuenta.

Es cierto, se ha avanzado, más que otras veces. Esta última semana hemos visto cómo se engrosaba la lista de acuerdos y de compromisos. Se pide por primera vez que se terminen las ayudas públicas al petróleo, el gas y el carbón. La industria de la aviación llevó el compromiso neto cero para 2050. Más de 100 países acordaron reducir las emisiones de metano. Otros 130 países prometieron detener la deforestación para 2030 (ya lo prometieron en 2014) y destinar miles de millones de dólares al esfuerzo. India se unió por primera vez al creciente coro de naciones que se comprometen a alcanzar emisiones “netas cero”, estableciendo una fecha límite de 2070.

Pero el conjunto de medidas aprobadas, los plazos y el carácter voluntario de una gran mayoría de los acuerdos son insuficientes. Todavía queda mucho trabajo de análisis, pero los científicos coinciden: con los acuerdos conseguidos el mundo se dirige al menos entre 2,4 y 2,7°C de calentamiento, si no más, muy por encima del umbral crítico. 

Para limitar el calentamiento a solo 1,5°C las emisiones globales de combustibles fósiles deben caer a la mitad entre 2010 y 2030. Sin embargo, los planes nacionales presentados esta semana quedan muy lejos de cerrar la brecha actual de emisiones, y apuntan que las emisiones agregadas subirán un 13% en 2030.

Incluso si el 90% de la población no produjera carbono en absoluto, las emisiones proyectadas del 10% más rico durante los próximos nueve años usarían casi todo el conjunto de emisiones posibles. Son los países ricos y más industrializados, las rentas más altas, las que tienen que multiplicar sus esfuerzos de forma exponencial.

La crisis climática es una contienda profundamente desigual. Los países que menos han contribuido a esta crisis, al haber emitido menos GEI, son los que ya están viviendo hoy sus consecuencias, y los que además disponen de menos recursos, no solo para adaptarse y mitigar su impacto, sino para hacer frente a los daños y pérdidas que eventos extremos ya están ocasionando.

Pero también ahí la cumbre ha fracasado. No se han alcanzado acuerdos para la constitución de un fondo que cubra “daños y pérdidas” de los países, ni se han asegurado fondos suficientes de adaptación y mitigación para los países más pobres. Ni tampoco hemos abordado todavía un elemento fundamental: la necesidad de revisar el derecho internacional y el estatuto de refugiado. Los desastres climáticos son ya hoy una de las principales causas de migración en el mundo y que la crisis climática puede provocar 216 millones de refugiados ambientales en 2050.

La conferencia acaba, pero nos queda mucho trabajo por hacer.

Estos días, si uno lee la prensa, parece que vamos dejando atrás la pandemia. Los ritmos de vacunación en los países ricos cada vez van más rápido-entre el 20 y el 60% de la población ya ha sido vacunada- y las estimaciones proyectan que estaremos todos inmunizados el 8 de enero de 2022.

Pero esta realidad es completamente distinta en los países de renta media y baja donde el virus seguirá arrasando. Mientras en los países ricos el ritmo es bueno: a razón de 4,6 millones de dosis diarias; en 76 países del mundo, como Chad o Tanzania, ni siquiera el personal sanitario que está en primera línea ha sido vacunado. En el continente africano las tasas de vacunación completas son inferiores al 0,2%. En los países más pobres la administración de la vacuna avanza con cuentagotas: 63.000 dosis por día, lo que significa que tardarán 57 años en librarse del virus. 

Es obsceno e inaceptable. Son cifras demoledoras que muestran cómo miles de millones de personas están condenadas a vivir bajo el riesgo sanitario del virus y sus consecuencias económicas. A lo largo del último año, la pandemia nos ha hecho retroceder más de una década en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y se han incrementado en más de 200 millones el número de personas en situación de pobreza. Si no actuamos ahora, con determinación y contundencia, veremos cómo esta doble crisis se alarga inexorablemente entre los países y comunidades más pobres del planeta.

En febrero, los líderes de G7 ya se reunieron sin llegar a acuerdos concretos para responder a la pandemia. Este fin de semana, una nueva cita, esta vez en Cornualles. Entre las dos fechas: 4 meses y un millón de personas más fallecidas a causa del COVID. 

Una vez más los líderes del G7 han demostrado no estar a la altura de las circunstancias. Frente a la mayor emergencia sanitaria en el último siglo, fracaso monumental de una cumbre que se cierra con compromisos etéreos y decisiones que demuestran mayor preocupación por proteger los monopolios y los intereses de las grandes farmacéuticas, que por proteger a las personas. Por supuesto, el anuncio de la donación de 1.000 millones de dosis es bienvenido, aunque llegan tarde y son insuficientes, ya que la cifra está muy lejos de los 11.000 millones necesarias para derrotar al virus. La Declaración de Carbis Bay para prevenir futuras pandemias también es bienvenida, aunque yo hubiera preferido compromisos firmes para acabar con la pandemia actual en lugar de promesas de futuro. 

Estas promesas y donaciones del G7 enmascaran un fracaso estrepitoso en lo más importante: acordar acciones urgentes para terminar con esta pandemia y resolver los problemas fundamentales que impiden que las vacunas sean accesibles para la gran mayoría de la humanidad. Si de verdad queremos prepararnos contra la próxima pandemia, lo que necesitamos es una red de fabricantes de vacunas administrada y financiada con fondos públicos en todo el mundo, no condicionada por las limitaciones de la propiedad intelectual. 

La protección de las patentes cuesta vidas humanas. La falta de inversión en los mecanismos COVAX de la Organización Mundial de la Salud cuesta vidas. El egoísmo y la falta de constancia de los gobiernos ricos y del G7 para poner en marcha los mecanismos que garanticen un acceso justo a las vacunas cuestan vidas: ocho vidas cada minuto que pasa.

La vacunación no puede ser objeto de mercadeo y de negociación, donde las grandes farmacéuticas controlan la producción, la distribución y el acceso. Las vacunas deben ser consideradas un bien público global. Los niveles de producción actuales distan mucho de los 12.000 millones de dosis necesarias–hasta la fecha apenas 2.000 millones de fabricadas- y aunque la suspensión temporal de las patentes, los diagnósticos y los tratamientos no son condiciones suficientes, son piezas críticas y necesarias de la solución. 

Necesitamos una hoja de ruta clara, financiada por las naciones ricas, para acelerar e incrementar la vacunación en todo el mundo, construida sobre una red global descentralizada de productores que comparta conocimientos y tecnología permitiendo precios más asequibles y una asignación justa de las dosis para todas las personas. Una hoja de ruta que responda de forma específica a conseguir la inmunización en los países más pobres y con recursos escasos para proteger a sus habitantes, ampliando las dotaciones financieras para COVAX, garantizando acceso sin coste y ampliando las inversiones para reducir la precariedad de sus sistemas de salud.

La ciudadanía lo tiene claro, pero los gobiernos no responden y siguen sin estar a la altura del desafío. Más de 2,7 millones personas han firmado la petición del movimiento PeoplesVaccine y un 70% de la población en los países del G7 afirma que quiere que sus gobiernos hagan lo correcto: apoyar la liberación las patentes para que las empresas compartan sus conocimientos y tecnología. El momento es ahora. Nadie estará salvo a menos que todo el mundo lo esté.

Si no limpiáramos nuestros hogares, no nos preocupásemos de lo que hay que comprar para que la nevera esté abastecida o no se cuidara a familiares dependientes, nuestras vidas colapsarían y la economía se desplomaría. La COVID y millones de personas intentando llevar a buen puerto la imposible tarea de trabajar mientras se atiende a niños y niñas sin cole, han servido para darnos cuenta de algo que no por obvio era menos invisible: sin trabajo de cuidados no hay nada. Y, por ende, sin las personas que los prestan, a pesar de lo minusvaloradas que están, el mundo se para.

La forma en la que repartimos los trabajos de cuidado en nuestra sociedad genera injusticias, desigualdad y pobreza. Su repercusión más obvia es la posición de desventaja de las mujeres en el mercado laboral: menos actividad, más paro, carreras laborales interrumpidas y una presencia desproporcionada en empleos con salarios bajos, en contratos a tiempo parcial o temporales. La penalización por cuidar se deja sentir si se intenta mantener el empleo y también si se renuncia totalmente a él en forma de pensiones más bajas.

Pero a esta injusticia se añade otra de la que se habla menos: la generación de un sector laboral en la sombra y lleno de vidas rotas; el sector laboral más precario de nuestro precario mercado laboral, las trabajadoras del hogar y cuidados empleadas directamente por las familias. Un colectivo que supone el 5% de todas las trabajadoras en España, nada más y nada menos que medio millón de mujeres. 

Ante la ausencia de una respuesta por las Administraciones Públicas, las familias hemos externalizado a bajo coste el cuidado de nuestros hogares y de quienes más queremos en un modelo de reparto de estas tareas muy particular, prácticamente excepcional dentro de Europa. Según un informe de UGT, el 28% de todas las trabajadoras del hogar empleadas por un hogar particular en la UE trabajan en España. 

En aquellos países donde el cuidado de, por ejemplo, personas dependientes o ancianos se ha puesto en manos de servicios públicos con una mucho mayor inversión, el número de trabajadoras del hogar se derrumba y sube con fuerza el de trabajadoras de servicios sociales. En España, unas 85.000 trabajadoras del hogar cuidan de adultos. Si, cumplidos los requisitos, pasaran a ser empleadas del sistema de atención a la dependencia, el número de trabajadoras de atención domiciliaria crecería casi un 50%. El ahorro en dependencia del Estado se sortea con el trabajo no remunerado de mujeres familiares de las personas dependientes y un colchón de trabajadoras ultra baratas. 

Y aunque el valor del trabajo de estas mujeres es incalculable y las familias se gastaron antes del COVID, 7.250 millones en contratarlas, una de cada tres es pobre; pobreza que se proyecta en su protección social futura con las pensiones más bajas de todo el Sistema de Seguridad Social. Los cálculos de Oxfam en base a datos oficiales son dramáticos: multiplican casi por tres la pobreza laboral del conjunto de personas asalariadas y por 3,4 los retrasos en el pago del alquiler o hipoteca. Una de cada 6 vive en pobreza severa y, prácticamente todas aquellas que están empleadas como internas –unas 40.000-, declaran padecer problemas psicológicos de distinta gravedad: insomnio, ansiedad, estrés continuo, aislamiento… 

Estas trabajadoras no tienen reconocidos los mismos derechos que el resto de las personas asalariadas y no es difícil relacionar estas carencias con la falta de valoración y reconocimiento social de su trabajo. Carecen de prevención de riesgos laborales, prestación por desempleo, protección ante el despido injustificado, negociación colectiva efectiva o enfermedades profesionales reconocidas. A la falta de reconocimiento formal de determinados derechos hay que añadir que son mucho más vulnerables a no ver cumplidos aquellos que, en teoría, sí tienen. No en vano son mujeres, algo más de la mitad migrantes -1 de cada 4 en situación irregular-, desempeñan su trabajo en soledad, en el espacio privado de los hogares de otros y sufren una alta dependencia económica. El 36% del trabajo del hogar se presta en la economía informal, sin cotizaciones, sin derechos, invisibles. Terreno abonado sobre el que llegó la pandemia con una especial incidencia: están entre los colectivos laborales que más han enfermado y más empleos han perdido.

Hace casi una década que entraron en vigor una serie de modificaciones en materia laboral y de seguridad social para las trabajadoras del hogar, con la idea de equiparar progresivamente sus derechos y obligaciones con las del resto de personas asalariadas, buscar vías para una protección por desempleo y alternativas al desistimiento (figura legal que permite el casi despido libre). Se fijó incluso un calendario para su incorporación en igualdad al Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, cada vez que se acerca la fecha, ésta se pospone. Se mantiene sine die a un grupo amplio de mujeres en la precariedad y la pobreza para que sus salarios sean asequibles al resto de la población, poniéndose en tela de juicio nuestro compromiso y el de nuestra clase dirigente con la igualdad entre hombres y mujeres.

Si en otros países de nuestro entorno el reparto de los cuidados entre empresas más abiertas a la corresponsabilidad, hombres, mujeres y Estado no genera tal sufrimiento, es hora de que recorramos la misma senda. En primer lugar, es esencial contar con más servicios públicos de calidad que generen empleo de calidad. El recientemente iniciado refuerzo del sistema de atención a la dependencia debe dar lugar a que las mujeres que hoy cuidan empleadas por las familias pasen a hacerlo, previa acreditación de sus competencias, como trabajadoras de servicios públicos. En segundo lugar, la ratificación del Convenio 189 de la OIT de trabajo decente para las trabajadoras del hogar –incluida en el acuerdo de Coalición- debe conllevar una mejora sustancial de sus condiciones laborales, con el reconocimiento de derechos que ahora se les niega y la puesta en marcha de políticas que proactivamente eviten que el reconocimiento formal se quede en papel mojado. 

No es de recibo que precisamente los trabajos más esenciales, aquellos sobre los que se asienta todo lo demás, sean precisamente los más precarios y los menos reconocidos socialmente. 

En el contexto de una pandemia en expansión, somos tan fuertes como la más débil de nosotras. Es hora de hacer lo que sea necesario, de ser implacable en la protección de todas las personas, y sobre todo a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Los estados deben garantizar que la atención preventiva, los servicios de salud, las medidas de protección social y otros bienes y servicios imprescindibles, como la información, estén disponibles y sean accesibles para toda la ciudadanía, independientemente de su situación administrativa. Siempre ha sido necesario y ahora es urgente reformar las políticas existentes que agravan el día a día de las personas con situaciones administrativas precarias.

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son particularmente susceptibles de sufrir las peores consecuencias de la COVID-19. Esta vulnerabilidad surge de respuestas insuficientes y políticas defectuosas que confinan a las personas en movimiento a condiciones de vida difíciles, ya sea en espacios que sufren sobreocupación (CETI) o que no son los adecuados para quienes solo han cometido una falta administrativa (CIE). Las abocan a la informalidad, desempeñando trabajos precarios que son clave, o al dejarlas fuera de los planes nacionales de respuesta y de las medidas de protección social. Esto hace que, aunque el impacto sanitario y económico afecte a toda la sociedad, estos grupos lo van a sufrir desproporcionadamente.

La pandemia está exponiendo nuestra intensa dependencia de los trabajadores y trabajadoras en ciertas ocupaciones, particularmente todas las personas empleadas en el sector de cuidados y en la producción y abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, formal o informalmente. Todas estamos agradecidas a las personas que trabajan en primera línea, desempeñando funciones esenciales que sirven al bien público, profesionales de la salud, productores y vendedores de bienes esenciales, trabajadores de la agricultura y la cadena alimentaria, trabajadores de limpieza y saneamiento, transportistas y muchos otros, especialmente en el sector de los cuidados. Muchas de estas personas son migrantes en situaciones administrativas diversas y son esenciales para la salud pública, la vida y los cuidados en esta crisis, arriesgando su propia salud y sus vidas para servir a la sociedad.

Las políticas excluyentes y la precaria situación de muchas personas migrantes, solicitantes de asilo y sus familias, pone en peligro su salud y sus vidas durante esta pandemia, y limita todo lo que pueden ofrecer como soluciones a esta crisis, desde la atención médica hasta la recuperación social y económica. Un enfoque totalmente inclusivo de toda la sociedad es esencial para una respuesta efectiva a esta pandemia.

La regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español que hemos reclamado más de 200 organizaciones y más de 40.000 firmas individuales es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas, incluidas las que enfrentan situaciones más vulnerables, pueden hacer frente a crisis sanitaria y económica desencadenada por la COVID-19, accediendo a la atención sanitaria necesaria y a las medidas de protección social que está poniendo en marcha el Gobierno. Así como la puesta en marcha de un ingreso mínimo es una de las medidas más eficaces para que la personas salgan de la pobreza, la regularización de las personas migrantes es la mejor forma de garantizar que estas medidas tan necesarias no dejan a nadie atrás.

Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo juntas, en igualdad de derechos y oportunidades como lo ha recomendado el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo. Por ello, interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana.