La crisis alimentaria de 2007 y 2008, provocada por la alta especulación financiera, supuso el aumento de precios de los alimentos a niveles nunca antes conocidos. Los efectos se dejaron sentir especialmente en África, donde la crisis golpeó a sus pequeños productores agravando situaciones de pobreza de millones de hogares.

Las decisiones políticas posteriores siguieron la senda ya iniciada años antes por muchos gobiernos africanos que cambiaron las leyes, entregaron tierras y ofrecieron beneficios fiscales a las empresas del agronegocio para atraer inversiones. Un modelo que no solo no ha sido una solución sino que ha agotado la fertilidad del suelo, contaminado la tierra con agrotóxicos, despreciado las semillas locales, deforestado importantes áreas rurales y destruido recursos acuíferos.

Muchas voces se han alzado en los últimos años para señalar que solo la agroecología en un marco de soberanía alimentaria puede configurar una alternativa firme que acabe con estas crisis; sin olvidar que la gran mayoría de las productoras locales en África son mujeres.

Las mujeres en Mozambique, a pesar de ser quienes producen los alimentos, no tienen los derechos sobre la tierra. Son sus maridos quienes toman las decisiones y quienes comercializan los productos y se quedan con el dinero. De ahí que muchas de ellas se estén organizando en asociaciones vinculadas a la producción de alimentos ecológicos y a la recuperación de semillas autóctonas. Estructuras que les permiten defenderse del modelo y las prácticas sociales que pretenden alejarlas del control de su trabajo en el campo.

En México, la situación de las campesinas es similar, pues el 50% de la tierra se rige por sistemas de propiedad social, ejidos o comunidades donde el núcleo de población es quien ostenta la propiedad. De gran parte del trabajo en el campo mexicano se encargan las mujeres, pero actualmente es casi imposible para ellas acceder a la titularidad de la tierra. En Chiapas defienden modelos ancestrales de cultivo como la milpa, un policultivo basado en el maíz combinado con otras hortalizas. Aseguran que, conjugando este sistema con las actuales prácticas en agroecología, podría garantizarse la seguridad alimentaria.

Yemen padece una hambruna devastadora. Según Naciones Unidas se trata de la peor crisis humanitaria del planeta en los últimos cien años, con trece millones de personas en riesgo de inanición. Los dos bandos en pugna han privado a la población yemení de su derecho al acceso a medicinas, agua y comida. Se ha utilizado, por tanto, el hambre como arma de guerra.

Los campesinos del norte del país han denunciado los ataques reiterados de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre sus granjas, campos y cosechas, negando la producción local y dificultándola a futuro por la alta toxicidad que provocan sus bombardeos sobre la tierra. Una práctica perversa que ha aniquilado la economía rural y la forma de vida de gran parte de la población yemení que se ha visto obligada a huir a la ciudad.

Una suerte similar sufre Sudán del Sur. La violencia generalizada y el desplazamiento continuado en estos años de guerra han perjudicando especialmente las actividades agrícolas, han restringido el acceso a los campos y han destruido la economía de subsistencia de la mayoría de los hogares. Además, el gobierno sursudanés ha impedido deliberadamente la llegada de alimentos y ayuda humanitaria a una parte de la población civil.

La inseguridad alimentaria no es la única consecuencia para la población campesina.

Unos seis millones de personas en Sudán del Sur viven en áreas con presencia de minas terrestres y restos explosivos de guerra, lo que provoca un gran riesgo para los habitantes de las zonas rurales, que deben cultivar campos o circular por caminos plagados de minas.

Son las tres de la madrugada de un día cualquiera de agosto en la ciudad de El Paso. Las calles del centro son un hervidero de jornaleros, contratistas y capataces. En cada esquina grupos de trabajadores esperan a que las furgonetas o autobuses de los ranchos los trasladen a las fincas en las que recogerán chile durante toda la jornada. Les aguarda un largo día de trabajo y duras condiciones laborales. Del ritmo apresurado que consigan mantener para llenar los botes y la calidad de la cosecha que va en ellos dependerá su salario, que fluctúa entre los 60 y los 100 dólares al día.

Lo que queda de tiempo y energía apenas alcanza para volver a casa, ducha, cena y a dormir para poder levantarse nuevamente a las 2 de la mañana.

Este fenómeno de migraciones y desplazamientos de los trabajadores del campo no es exclusivo de la frontera estadounidense. Existe un flujo internacional de mano de obra que ha venido a sumarse al de los productos y los capitales.

La protección de los derechos humanos de estos trabajadores, así como un marco de trabajo legal que garantice condiciones laborales y salarios dignos evidencian el nivel democrático del país receptor y sin duda favorecen la cohesión social, ya que contribuyen a erradicar la desigualdad y la discriminación.

La población campesina supone un tercio de la población mundial, a la que alimenta. Sin embargo, el 80% de las personas que sufren hambre y pobreza en el mundo viven y trabajan en zonas rurales. La situación que atraviesa la población campesina a lo largo de los cinco continentes es uno de los exponentes más representativos de los estragos de la globalización económica. África es uno de los escenarios donde esto se reproduce más vívidamente.

En Mozambique, el fenómeno de la usurpación y el acaparamiento de tierras por parte de las grandes empresas agroalimentarias y las mineras ha abocado a muchos campesinos al hambre y a la pobreza. El país se encuentra entre los 10 menos desarrollados del mundo.

En general, resulta difícil descifrar las opacas fórmulas de transacción bajo las que las compañías trasnacionales están apropiándose de los recursos africanos. La explotación de los recursos mineros, el agua o la tierra para el agronegocio son puestos en bandeja por los gobiernos a través de alquileres, ventas o concesiones de tierras.

La mayoría de las concesiones en Mozambique se han hecho sobre tierras ya cultivadas por agricultores locales, a quienes se desplaza con engaños y presiones a zonas peores. Las élites políticas sirven en bandeja sus recursos y la soberanía alimentaria a los intereses extranjeros, en lugar de garantizar la supervivencia de la agricultura familiar y acorralar la especulación con aquello que les da de comer.

Mientras, numerosos hospitales de éstas y otras zonas rurales atienden la desnutrición que muchas niñas y niños padecen desde su nacimiento. En ocasiones, como herencia de sus propias madres que, paradójicamente, producían lo necesario para alimentar al resto del mundo.

La fotoperiodista Judith Prat acompaña a un equipo de consulta familiar de Zaragoza. Se quejan de falta de recursos y de atención política.

La Atención Primaria afrontará lastrada por años de recortes el control de la siguiente etapa de la pandemia

El centro de salud aragonés donde trabaja Rosa Magallón es como los del resto de comunidades autónomas: un dique imprescindible en la contención del coronavirus y de otras patologías que no dan tregua aunque el sistema sanitario español esté colapsado. Por eso, ella y su equipo continúan ofreciendo asistencia domiciliaria a gente mayor que no puede permitirse acudir presencialmente para cumplir con sus curas diarias.

“La capacidad resolutiva de la atención primaria ha permitido que la mayoría de los enfermos y sus familias sean atendidos en sus propios domicilios con los cuidados habituales”, explica Magallón a eldiario.es. “Tengo 25 o 30 pacientes domiciliarios de los que hay que hacerse cargo a nivel médico, pero también psicológico: están sufriendo mucha ansiedad y depresión estos días”, cuenta.

Magallón es una más de tantas profesionales sanitarias de España, pero a la vez no es una cualquiera: es la única profesora titular universitaria en España de Medicina Familiar y Comunitaria y, además de su trabajo en el Centro de Salud Arrabal y en la Universidad de Zaragoza, la doctora es presidenta de la Red Española de Atención Primaria, “una organización pequeña cuyo foco no es una profesión, en este caso la medicina, sino el paciente. Por eso está formada también por farmacéuticos, enfermeras y trabajadoras sociales”, enumera.

Esta asociación reivindica que el 80 y 90% de los casos confirmados o sospechosos de coronavirus se están llevando desde un servicio de atención primaria sin ayudas económicas y sin consideración hacia sus profesionales: “Hemos pasado de ser la puerta de entrada a ser la puerta ignorada del sector”, se lamenta su portavoz. Con todo y con eso, solo tiene buenas palabras hacia la actitud y la cohesión de su equipo, que lleva más de cinco semanas implicándose sin descanso en las casas, en el centro y en cinco residencias de la capital aragonesa.

Rosa Magallón se queja de que, mientras otros servicios como el 061 cuentan con pruebas PCR, en el Centro Arrabal han tenido que trabajar sin ellas hasta hace bien poco. “Ha sido y está siendo muy duro. Hemos creado desde el principio un sistema de detección precoz de la COVID-19 que requiere un esfuerzo tremendo”, explica la especialista en medicina familiar.

En un día, pueden llevar seguimiento telefónico de hasta 40 personas, apuntando sus síntomas en un Excel y haciendo una check-list con los diferentes estados. “Hemos dado altas asintomáticas por teléfono a un montón de pacientes, con todas las sospechas e incertidumbre que eso conlleva y sin que se nos haya apoyado. No nos han dado opción a test que sí ha tenido el 061, donde además han contratado a gente para hacer tareas que podríamos haber asumido nosotros desde el minuto uno”, critica.

Según ella, este “desprecio” no lo ha recibido ningún sanitario que trabaje en UCI o en hospital: “El esfuerzo autoorganizativo para no colapsar los hospitales y hacernos cargo de la mayoría de los pacientes ha sido poco o nada reconocido”.

No obstante, el lunes, Pedro Sánchez llamó a las autonomías a reforzar este servicio tras el estado de alarma de cara a una desescalada de la enfermedad. “Nos quieren para hacer estudios epidemiológicos a toda la población. Yo no voy a ofrecer mi centro de salud para eso cuando no hemos podido hacer nuestra labor clínica, diagnóstica y asistencial en buenas condiciones”, avisa Magallón.

“No se nos ha consultado para nada y no se ha contado con nosotros hasta el final. Ha sido una dejadez extrema”, replica. De hecho, para atender a los contagiados tienen que protegerse aún con equipos muy escasos: los monos verdes y amarillos que llevan en el centro de salud están confeccionados por una asociación de vecinos del barrio y, solo cuando salen a las residencias con foco de infección, usan “diez EPIs que nos dio el Colegio de Médicos, que reciclamos y lavamos con lejía todos los días”. 

Además, “hay administraciones sanitarias que han ignorado el papel de cercanía y responsabilidad respecto de las personas mayores que viven en las residencias con unos resultados que son ya bien conocidos. La Atención Primaria de Salud ha tenido que autoorganizarse para evitar la entrada de coronavirus en las mismas y tratar de controlar los focos cuando se han producido”.

El equipo del Centro de Salud Arrabal presta atención a cinco residencias en la ciudad de Zaragoza y, de todas ellas, solo una ha registrado un brote de coronavirus. “Nos desbarató mucho porque contabilizamos 18 muertos y estábamos abandonados a nuestra suerte. Me he tenido que embroncar para conseguir las PCR que llevamos allí”, denuncia Magallón.

“Nuestra incapacidad para agilizar la atención de los pacientes genera mucha impotencia. No sé si hubiera alterado el número de defunciones, pero el cabreo no nos lo quita nadie. No consultan a las trincheras, cuando somos personal cualificado, y solo nos tienen a la espera de recibir órdenes desde los despachos”, recuerda.

A pesar de todo, Magallón es optimista con los otros cuatro centros de mayores “limpios” de coronavirus. “De hecho, el que tiene el foco de infección es el único con servicio medicalizado. En los otros, las verdaderas heroínas son las auxiliares, que llevan cinco semanas metidas en las residencias, durmiendo en colchonetas en el suelo y controlando quién pasa y quién no para evitar el riesgo al máximo”, concede.

Desprotegidas, invisibles y precarias, las trabajadoras de las residencias batallan contra la COVID-19 por apenas mil euros al mes. Para la mayor experta en atención primaria de nuestro país, “estas mujeres son a quienes debemos aplaudir a las ocho de la tarde”. Rosa Magallón, que pide más atención para su especialidad a nivel nacional, también se acuerda de ellas. Otra primera línea olvidada de una lucha en la que, confía, “aún se pueden enmendar los errores”.