El Código Penal es el baremo con el que se mide la sanidad democrática de una sociedad. Y desde hace aproximadamente una década, nuestro Código Penal ha ido progresivamente a la deriva hacia modelos cada vez más autoritarios. Desde 1995, fecha de su publicación, a la actualidad, no solo se ha incorporado al catálogo de penas la denominada prisión permanente revisable, sino que se ha producido un significativo incremento de la gravedad de las penas. Como quiera que ello no ha ido acompañado de significativos incrementos o descensos de la criminalidad, más allá del factor criminógeno de la propia ley, debemos pensar que el incremento de la gravedad de las penas es consecuencia de un menor respeto de la libertad individual. Si, por su parte, la Democracia es un sistema político que sitúa el respeto a la libertad individual como piedra angular de la paz social, limitando el uso de la fuerza contra los ciudadanos por parte del Estado, cabría concluir que los vientos autoritarios arrecian.

Algunos organismos internacionales ya han advertido también de retrocesos democráticos en todo el orbe, aunque España, de momento, no sale mal parada. Sin embargo, la polarización política y el desinterés o el desprecio por la opinión del adversario o, simplemente, de quien opina de forma diferente, son factores de riesgo que anuncian el lento pero inexorable deterioro de un sistema político que requiere de racionalización y diálogo. Los lamentables excesos verbales, cuando no insultos personales y falsedades clamorosas, que nos deja, un día sí y otro también, el debate en el Congreso son buena prueba de ello, hasta el punto de que la propia función de los parlamentos está en tela de juicio y su prestigio, cayendo en picado entre la ciudadanía.

El empobrecimiento del diálogo se manifiesta de muchas maneras, sobre todo por quienes ya han decidido que un parlamento es un lugar donde lucirse para conseguir el mejor zasca o el titular que más pasiones despierte. Para ello vale (casi) cualquier cosa, pero uno de los instrumentos más socorridos es la falacia ad hominem. Una falacia es una argumentación que no respeta los postulados lógicos; o, dicho de otra forma, una argumentación que parece razonable, pero que es tramposa. En la falacia ad hominem se trata de fundamentar la propia posición atacando no los argumentos en contra, sino a quien defiende los argumentos en contra. Por ejemplo: Luisa afirma que la casa es verde; Juan afirma que la casa es azul; Luisa contrargumenta que la casa es verde porque Juan es tonto. Desde luego, que Juan sea tonto no tiene nada que ver con que la casa sea verde o no. Pero al oyente le puede parecer que si Luisa es tonta, Juan debe tener razón (porque se supone que no lo es). Disculpen que me haya detenido en ello, pero es para poner de manifiesto un tipo de argumentación que más a menudo de lo que algunos desearíamos se escucha en los debates políticos de toda índole, también en los del Parlamento de Cantabria. Advierto, sin embargo, que no es un recurso utilizado por la totalidad de las y los diputados… pero se utiliza. Ahora bien, lo interesante del caso es cómo se utiliza, porque la falacia ad hominem se sirve del ataque personal, la microagresión, el insulto, el desprecio o el ninguneo personal como argumento.

Excluyendo los ataques directísimos contra el presidente del Gobierno de España, que, generalmente, no tiene nada que ver con el objeto del debate y ni siquiera pasaba por allí, en la utilización de este tipo de falacias en nuestro Parlamento autonómico, me parece distinguir dos tipos de sesgo: un sesgo, llamémosle, geográfico y un sesgo de género. Así, quienes se sientan en las bancadas a la izquierda del presidente (sesgo geográfico), por un lado, y las mujeres (sesgo de género), por otro, lo padecen (lo padecemos) en mayor medida. Que se pueda detectar un sesgo no significa que solo esas personas lo padezcan, sino que esas personas lo padecen más; lo que implica, no lo olvidemos, ser objeto de una mayor agresividad verbal.

Si esto fuera así, desde luego habría mucho que reflexionar sobre la función del Parlamento y de los parlamentarios, pero, ahora, me gustaría detenerme en otra cuestión: en las razones por las que se recurre como argumento consciente e, incluso, aplaudido a la falacia ad hominem.

La falacia ad hominem no es bien recibida, por ejemplo, en un debate con el vecino; quien la utilizara estaría, además de actuando ilógicamente, infringiendo las reglas de la cortesía; pero tiene muchas ventajas, entre otras que permite a quien la utiliza sentirse vencedor en la contienda. Ahora bien, también tiene inconvenientes. Por un lado, no permite identificar correctamente los problemas. Así, cuando un grupo de personas protesta contra el Gobierno en determinadas calles de Madrid, intentar contrarrestar sus argumentos calificándoles de borjasmaris, está ocultando quién son en realidad: no son ciudadanos más o menos anticuados o fuera de contexto, son militantes y activistas al servicio de un partido político. Pero, sobre todo, la falacia ad hominem tiene el inconveniente de que no engaña a quien espera argumentos razonables. Más aún, la falacia ad hominem se utiliza cuando no hay argumentos, porque si los hubiera, no sería necesario tan burdo recurso. Si se piensa bien, en realidad cuanto más burdo o grosero es el ataque personal, menos razón tiene el que ataca.

Todo eso es la falacia ad hominem, un magnífico instrumento contra la democracia nuestra de cada día.

Una vez más se ha constatado que la investigación, en España, es como Santa Bárbara: nos acordamos de ella solo cuando truena. Y, como ahora está tronando mucho, mucho se está clamando sobre la importancia que tiene la investigación científica para avanzar en la frontera del conocimiento. O sea que, lo que las sociedades más avanzadas y con las economías más potentes del mundo sabían, ha quedado meridianamente claro en la lucha contra la COVID-19.

En España y en Cantabria, el grueso de la investigación se realiza en el seno de las universidades públicas. No es cuestión de ofrecer datos que cada poco aparecen en los periódicos, pero sí conviene recordar ambos aspectos a los efectos de lo que diré a continuación: la investigación es esencial para la competitividad de nuestra economía y para la mejorar la calidad de vida de las personas e, incluso, como se está viendo, para seguir viviendo. Y, en la medida en que la mayor parte de la investigación de calidad, en nuestra Comunidad Autónoma, se realiza en el seno de la universidad pública, hablar de una es prácticamente hablar de la otra. 

En general, la universidad pública de Cantabria ha sido apoyada -con altibajos- por los distintos gobiernos autonómicos, aunque ninguno como el actual que, de la mano del vicepresidente del Gobierno y consejero de Universidades, que ha incrementado en un 3,49% el presupuesto a la Universidad de Cantabria (UC). El apoyo a la UC como institución, sin embargo, no ha ido tradicionalmente en paralelo con el apoyo a las y los investigadores en forma de convocatoria de ayudas para proyectos de investigación. Así, mientras otras comunidades autónomas apoyan a las personas y a los grupos de investigación con convocatorias autonómicas de ayudas, la opción estratégica de los sucesivos gobiernos de Cantabria había sido apoyar a la institución y no directamente a las y los investigadores.

La falta de apoyo a investigadores y grupos de investigación, con financiación específica, tiene como consecuencia que quienes investigamos en la UC nos encontremos en inferioridad de condiciones cuando concurrimos a convocatorias nacionales o internacionales. Esto es especialmente indudable (y grave) respecto de los investigadores jóvenes, que tienen mayores dificultades en su ya de por sí larga y complicada carrera académica. Sí ha existido, sin embargo, algún tímido apoyo a la investigación o a la transferencia al margen de la financiación a la universidad. De hecho, algunas instituciones han sido -y siguen siendo- especialmente activas, como, por ejemplo, el Parlamento de Cantabria, que financia anualmente ayudas a la investigación de enorme importancia para las Ciencias Jurídicas y Económicas, o la que se conocía como Cátedra Cantabria, de la que tuve el honor de ser titular en 2010 y que permitía una importante transferencia de conocimiento. Pero se trataba de ayudas muy singularizadas y con fines muy específicos.

Por eso es muy loable la decisión de Pablo Zuloaga de convocar, por primera vez en Cantabria, ayudas a la transferencia de conocimiento. Estas ayudas, que hay que interpretar como un paso más en su decidido apoyo a la Ciencia, tienen, en estos momentos, un significado especial. En primer lugar, porque va a facilitar que el conocimiento ya existente en la Universidad de Cantabria sobre cuestiones relacionadas con la superación de la pandemia y de la reconstrucción fluya, de forma práctica y directamente aplicable, hacia la sociedad; en segundo lugar, porque es un impulso para investigadores e investigadoras universitarios que, desde hace un par de años, someten también a evaluación su actividad de transferencia, especialmente a jóvenes y mujeres, los dos sectores que tienen más dificultades para ello. Y, finalmente, porque abre el paso a la esperanza de que se consolide, en Cantabria, la conciencia de que el futuro se construye investigando.

Esperamos pronto el anunciado Pacto por la Ciencia y la Investigación y la Ley de investigación y transferencia, que debería comprometer un 2% del presupuesto de la Comunidad Autónoma, pero, con la vista puesta en el 3% que marca la 'Estrategia de Lisboa'. Las investigadoras esperamos el Pacto por la Ciencia; un pacto que como se perfila como un instrumento contra la invisibilización que padecemos y que ayudará a consolidar a muchas jóvenes investigadoras que, quizá, no toparán tan pronto con su techo de cristal.

Es muy importante para Cantabria que el Gobierno continúe avanzando en los objetivos marcados, incluso aunque otras necesidades solo aparentemente más perentorias inviten a abandonar el camino trazado. La publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, el pasado 11 de mayo, de la convocatoria de ayudas a la transferencia de conocimiento en materia de investigación sea bienvenido. Es solo un primer paso, pero estoy segura de que será muy bien recibido por la comunidad universitaria. 

El Estado español se define como un Estado de Derecho. Eso significa que es la racionalidad jurídica el tamiz al que ha de someterse la acción política, tantas veces tan irracional, tan voluntariosa, tan apasionada. El proceso es harto conocido: la voluntad política impulsa las leyes y la racionalidad jurídica las construye (o así debería ser); de modo que política y Derecho están íntimamente vinculados, como dos elementos inseparables para la organización de la sociedad, cuyo fin -no lo olvidemos- son las personas. Pues bien, la COVID-19 ha alterado tanto este camino entre la política y el Derecho, como nuestro orden habitual.

La semana pasada advertíamos sobre el debate abierto sobre la legitimidad de las medidas adoptadas frente a la COVID-19 y del propio estado de alarma. La estrategia política de trazo cubista de Pablo Casado, que se está desarrollando ante los medios de comunicación esta semana, parte de aquel debate y muestra un orden alterado en la relación entre política y Derecho.

El debate sobre el estado de alarma surgió en las cátedras universitarias –¡tan dada la universidad a hablar de cuestiones ajenas a la realidad!, dirán algunos–; pasó a los tribunales de Justicia la semana pasada, con controvertidos pronunciamientos, lo que pone de manifiesto la complejidad del problema. Esta semana hemos sabido que el Tribunal Supremo no ha admitido el recurso contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria causada de la COVID-19, y contra los tres reales decretos posteriores de prórroga, porque considera que no es competente para ello. El Tribunal Constitucional, por su parte, el 30 de abril, justificó las limitaciones del estado de alarma en la protección de la salud de las personas y en los próximos días empezará a analizar el recurso presentado por Vox, que afirmaba, en pocas palabras, que el estado de alarma, en realidad, es un estado de excepción encubierto porque suspende derechos fundamentales y libertades públicas.

 Y, finalmente, esta semana, el debate sobre el estado de alarma ha sido retomado por el Partido Popular como munición contra la acción del Gobierno. Pero, más allá del discurso meramente político -lo que parece una patente de corso-, los argumentos del señor Casado para votar en contra de la prórroga del estado de alarma son dos: primero, es posible mantener el mando único y las medidas de restricción de movimientos sin necesidad de recurrir a la figura del estado de alarma, porque para eso está Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, y, segundo, el Gobierno ha “desbordado” los preceptos de esa figura legal y se ha situado, por tanto, fuera de la Constitución, que es el argumento central del recurso de Vox ante el Tribunal Constitucional.

Si bien se mira, ambos argumentos son contradictorios, aunque, bien aderezados de acusaciones de “inmoralidad”, “chantaje” y referencias a Venezuela, tales contradicciones pasan desapercibidas. Son contradictorios porque si el estado de alarma no es necesario, porque ya hay una ley de 1986 que habilita al Gobierno a adoptar las medidas, por ejemplo, como el confinamiento, ¿cómo puede ser que el Gobierno se sitúe fuera de la Constitución al “desbordar” el estado de alarma? Porque, o es innecesario –y entonces no hay problemas de constitucionalidad– o no lo es –y solo entonces podrá haber problemas de constitucionalidad–. Parece un juego de palabras, pero si bien se mira, es bastante simple.

Las contradicciones no acaban aquí, porque junto a lo anterior, se rechaza la prórroga del estado de alarma, que es la fórmula para someter a control parlamentario los extraordinarios poderes que está asumiendo el Gobierno central ¡mientras se reclama que se mantengan tales extraordinarios poderes! pero sin control parlamentario: es decir, la propia oposición da la impresión de que renuncia a controlar al Gobierno.

¿Por qué, entonces, el principal partido político de la oposición entra en este juego que tiene con el corazón encogido a media España, que teme una nueva subida descontrolada de la tristemente famosa “curva”, mientras la otra media se aterroriza pensando en la deriva autoritaria de dejar a un Gobierno sin control parlamentario? ¿Ocultará alguna estrategia mágica para salvar España? De momento, el señor Casado ha afirmado que hay que bajar impuestos y rectificar en lo concerniente a los ERTE y las medidas sociales, esas que ha implementado el Gobierno para paliar los terribles efectos de la pandemia. Pero, paréceme a mí, cual Sancho Panza, que bajar impuestos sin mayores matices y ampliar coberturas sociales, simultáneamente, solo tiene una posible salida: mayor endeudamiento, que habrá que pagar, finalmente, con impuestos.

Aunque, ciertamente, esta es ahora una cuestión secundaria. La principal es si el sistema de cobertura sanitaria y social, que con tanto esfuerzo se ha construido en estas semanas, se desmontará en el próximo pleno del Congreso. Y si se hace, no se engañen, no se hará por razones jurídicas.

Mucho se está debatiendo en estos días, en círculos jurídicos, la cuestión de si el estado de alarma dictado por el Gobierno de España y convalidado y renovado por el Congreso de los Diputados es, en realidad, un estado de excepción encubierto. La cuestión, que presenta, según algunos, aristas jurídicas, también tiene importantes consecuencias políticas: el estado de excepción otorga especiales poderes al Estado para afectar gravemente al orden constitucional, suspendiendo derechos fundamentales de los ciudadanos e, históricamente, se asocia a periodos de retrocesos democráticos.

Por ello es preciso resaltar, ya ahora, que la decisión fue del Gobierno y que después ha sido validada en sede parlamentaria. En términos políticos, esto significa que el Gobierno optó por un estado, como mínimo, más respetuoso y garantista para los derechos de los ciudadanos, apartándose, con ello, de tentaciones autoritarias. Las críticas, sin embargo, arrecian, impulsadas por quienes quieren acabar con el estado de alarma y con cualquier tipo de restricción -de movimiento, para trabajar, etcétera.- y, por quienes quieren que “se supere el estado de alarma”, para que se dicte -por considerarlo jurídicamente más correcto- estado de excepción, con las tensiones que conlleva.

Aunque, por la gravedad de la situación que estamos viviendo, este debate pueda parece superfluo, la necesidad de ajustar las actuaciones de los poderes públicos a la legalidad es irrenunciable en un Estado de Derecho y, especialmente, ante situaciones excepcionales, como la que estamos viviendo. De modo que, en términos jurídicos, la valoración de la decisión del Congreso de validar, primero, y prorrogar, después, el estado de alarma requiere responder a la cuestión de si existe una base legal que avale la decisión gubernativa y parlamentaria de impedir a los ciudadanos el ejercicio pleno de las libertades y derechos reconocidos en la Constitución, pues, el problema se plantea, evidentemente, en relación con las concretas y estrictas medidas de confinamiento. A tales efectos, se afirma que el estado de alarma solo autoriza a limitar los derechos y libertades, pero no a afectar a su “contenido esencial”, que es lo que haría el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma. O dicho de otro modo, que el que se nos impida salir de casa; ir al trabajo o a la playa, no solo limita nuestras libertades y derechos, sino que las suprime, como si de una pena privativa de libertad domiciliaria se tratare.

Pues bien, en este punto es preciso distinguir dos cuestiones distintas, y en este orden: si el estado de alarma, primero, y las medidas concretas dictadas en este estado de alarma, después, cuentan con apoyo legislativo. Ya ha sido dicho que el estado de alarma, previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, está previsto, precisamente, para epidemias sanitarias. Luego, la primera de las cuestiones está superada y restaría por ver si las concretas medidas -nuestro tan drástico confinamiento y los efectos que de ello se derivan- también cuentan con aval legislativo. Para ello hay que buscar en otra ley orgánica, en este caso la LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en Materia de Salud Pública que permite al Gobierno (art. 3) dictar “las medidas oportunas para el control de los enfermos y […] las medidas que considere necesarias en caso de riesgo”. De modo que, deberíamos analizar si las medidas adoptadas son las necesarias para aplanar la curva de contagios y proteger la salud y la vida de las personas. En este punto se puede considerar que hay que dejar morir a algunos para salvar la economía, pero, desde luego, no se puede negar que para evitar muertes y contagios, estas durísimas medidas son necesarias y útiles.

Puestas en una balanza la economía (y la más que previsible y grave crisis económica que se nos avecina) y la vida y la salud de las personas, cada cual puede pensar lo que considere oportuno, ciertamente, pero nuestro ordenamiento jurídico nos da los criterios para decidir: la vida y la salud deben primar sobre cualquier otro valor o interés. De ser esto así, el Gobierno no solo ha adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los ciudadanos sino que, además, jurídicamente no podía dejar de hacerlo.

Y esta es la situación: el futuro es incierto; se avecina una crisis de proporciones difícilmente cuantificables; pero, entre la bolsa y la vida, creo que nuestra Constitución también elige la vida.