En una guerra asimétrica como la que ha desatado el presidente Donald Trump – con la colaboración estelar de su aliado y amigo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu – contra Irán, si el contendiente más poderoso no logra una victoria clara y determinante, pierde, mientras que el más débil gana solo con sobrevivir. Pero en este caso, además, la tregua pactada in extremis entre EEUU e Irán, con la mediación de Pakistán, después de que Trump hubiera amenazado con aniquilar el país y acabar para siempre con la civilización persa, se hace sobre la base del plan de 10 puntos elaborado por Teherán cuya formulación es una clara humillación para el agresor, pues incluye puntos como la compensación por los daños sufridos por Irán- algo que después de una guerra corresponde solamente al vencedor -, mediante la creación de un fondo de inversión y financiero, o la continuación del enriquecimiento de uranio al que Irán ya había renunciado en la negociación previa al inicio de los ataques que ha sufrido.

Trump Always Chickens Out. Trump siempre se acobarda. El acrónimo TACO que describe la actitud del presidente estadounidense – bravuconería inicial y repliegue posterior – en muchos asuntos, como la imposición de aranceles desproporcionados, la anexión de Groenlandia, incluso de Canadá, la ocupación del canal de Panamá, las amenazas a Ucrania y a Rusia para que acuerden una paz que él iba a conseguir “en 24 horas”, corre por las redes y se hace – una vez más – viral, sobre todo en EEUU, pero también en todo el mundo. El golpe a su credibilidad y coherencia, ya muy dañadas, tendrá graves repercusiones políticas, tanto en el interior, con la defección de muchos de sus seguidores, incluidos algunos prominentes, como en el escenario internacional donde tanto sus aliados como sus adversarios tomarán buena nota de esta debilidad.  

 ¿Por qué ha acordado Trump un alto el fuego aceptando, en principio, los términos fijados por el país al que según él había vencido ya ampliamente? Pues precisamente porque no solo no lo ha vencido, sino que ha tenido que asumir que no podía ganar sin cambiar radicalmente el nivel de la agresión para convertirla en una guerra larga de alta intensidad, incluyendo una invasión terrestre que requeriría más de 200.000 tropas con equipos pesados, cuyo despliegue en la zona hubiera requerido meses, sin aliados como los que tuvo EEUU en la invasión de Irak, y sin el apoyo político imprescindible para esa clase de guerra que no se podía hacer en ningún caso sin la aprobación del Congreso

Tal vez sus asesores militares, a los que probablemente no escuchó cuando se lanzó a esta aventura – ante la promesa de Netanyahu de un final rápido y feliz – le hayan advertido ahora que ni siquiera con la destrucción de las infraestructuras civiles el régimen de los ayatolás iba a ceder, además de que esas acciones constituirían sin duda crímenes de guerra, que los militares podrían negarse a ejecutar porque en estos casos la obediencia debida no les exime de responsabilidad. Trump se enfrentaba también a una creciente oposición interior a la guerra, también entre los republicanos -incluso entre los MAGA-, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y aunque necesitaba una victoria, ya no tenía alternativa a salir de ese avispero sin importar las condiciones.

El ataque no ha conseguido ninguno de diversos y cambiantes objetivos que el presidente estadounidense y miembros de su administración han ido alegando en estos 40 días. La muerte de Ali Jamenei y otros muchos dirigentes no ha tenido ninguna repercusión, han sido sustituidos sin problemas. El esperado levantamiento popular que iba a estallar en cuanto empezaran los bombardeos no ha existido. La anunciada caída del régimen no solo no se ha producido – a pesar de que Trump lo haya declarado extinto varias veces – sino que la agresión lo ha fortalecido y radicalizado. El uranio enriquecido sigue donde estaba, y ni siquiera se ha logrado acabar con sus drones y misiles, que seguían en el momento de acordar la tregua castigando duramente a Israel y a los países del Golfo. Pretender que la reapertura del estrecho de Ormuz es una victoria es bastante ridículo, porque ya estaba abierto antes de que la guerra empezara. Sin duda, la operación ha fracasado, y si ciertas condiciones contenidas en el plan de diez puntos iraní salieran finalmente adelante tendríamos que hablar de una derrota sin paliativos.

Cabe preguntarse, una vez más, por qué Trump se ha lanzado a esta aventura con un planteamiento inicial sin ninguna posibilidad de éxito, sin tener en cuenta la capacidad de resistencia y respuesta iraní, sin considerar las consecuencias que iba a tener – en su país también – el más que probable cierre del estrecho de Ormuz, sin planificación rigurosa como demuestra el hecho de haber empezado a desplegar fuerzas terrestres tres semanas después del comienzo del ataque. Es cierto que contener a Irán es un objetivo permanente de EEUU desde que el régimen de los ayatolás enseñó los dientes secuestrando a los miembros de su embajada en Teherán. Y tiene además una lógica estratégica, ya que en toda la zona de Oriente Próximo y Medio es el único aliado de China, del que recibe el 9% del petróleo que consume, y también de Rusia, después de la caída de Bashar al-Asad en Siria, y sobre todo porque es la única potencia de la región hostil a EEUU, y, por tanto, un obstáculo clave para el control de un área de gran importancia por la producción y exportación de hidrocarburos, y de otros productos como fertilizantes, helio y aluminio, de enorme peso en la economía mundial, como ha demostrado esta crisis. Además de ser un riesgo permanente para su gran aliado, Israel. 

Varios presidentes estadounidenses han intentado debilitar a la República Islámica mediante sanciones, asesinando a ciertos dirigentes, o autorizando a Israel a llevar a cabo acciones puntuales preventivas o de castigo, excepto Obama, que intentó la vía del acuerdo, pero ninguno se había atrevido a lanzar un ataque directo de gran envergadura por los riesgos inherentes a tal operación, y sus pocas probabilidades de éxito. Trump, con su habitual narcisismo, ha creído que él iba a triunfar – para su mayor gloria - donde los demás habían fracasado, y se ha estrellado contra la realidad. Irán no amenazaba actualmente a EEUU ni a sus intereses en la región ni estaba desarrollando armas nucleares, tal como han afirmado miembros importantes de su administración. Trump no necesitaba esta guerra, ni hacerla ha reportado ningún beneficio a su país, iniciarla ha sido un error que no podrá ocultar con sus siempre petulantes declaraciones

Los intereses de Israel son muy diferentes. Netanyahu vive de la guerra. Gracias a ella sus tres procesos penales por corrupción se alargan indefinidamente. Gracias a ella sigue en el poder, que estuvo a punto de perder por las masivas manifestaciones en contra de su antidemocrática reforma judicial, justo antes de los atentados del 7 de octubre que dieron lugar a la brutal reacción sobre Gaza y cambiaron radicalmente el escenario político interno en Israel, volviéndole a reforzar políticamente. Es sabido que en tiempo de guerra la mayor parte de la opinión pública se radicaliza, se sitúa detrás del líder, sea quien sea, por instinto de supervivencia, y las críticas se reducen porque en esas condiciones resultan antipatrióticas. La amenaza de Irán, cuyos dirigentes insisten en que desean la destrucción del Estado judío, da miedo a la gente, el miedo crea odio y el odio da lugar a la violencia, que es el caldo de cultivo en el que Netanyahu y los neonazis que le rodean gobiernan con comodidad. Nunca le ha interesado una paz duradera con Teherán, ni siquiera aunque su programa nuclear estuviera controlado. 

Por eso hizo todo lo que pudo contra el acuerdo de 2015, hasta que consiguió que Trump – “el mejor amigo que ha tenido Israel” – lo abandonase sin que hubiera habido ningún incumplimiento iraní, por eso interrumpió las conversaciones para un nuevo acuerdo en junio de 2025 bombardeando – con apoyo de EEUU – las plantas nucleares de Irán, y por eso ha vuelto a torpedearlas ahora, con un nuevo ataque, cuando estaban peligrosamente (para él) cerca de alcanzar un acuerdo, que habría permitido a Irán un levantamiento, siquiera parcial, de las sanciones y la supervivencia del régimen. Es probable que intente torpedear también la negociación que se abre ahora de nuevo con la tregua, aunque puede que se conforme con que le dejen manos libres en Líbano, un escenario secundario de la guerra que no preocupa a Trump – ni a casi nadie - porque no afecta al precio del petróleo ni a la inflación, en EEUU o en el resto del mundo.

No se puede decir nada bueno del régimen teocrático, dictatorial y represor de Irán en el que la libertad – no solo la religiosa – brilla por su ausencia, y sobre todo respecto a las mujeres, aunque hay otros regímenes en la zona muy similares que son muy amigos de EEUU y de Europa. Pero la República Islámica nunca ha atacado a nadie, solo se ha defendido. Reaccionó en 2024 ante una agresión directa, el bombardeo israelí de su consulado en Damasco. Respondió a los ataques de la guerra de los doce días, en junio de 2025, pero detuvo su respuesta en el momento en que cesaron los bombardeos. Ha reaccionado ahora ante un ataque ilegal que no tenía la mínima justificación, y se ha defendido con todo lo que tenía como es su derecho, pero ha propuesto o aceptado un alto el fuego y la apertura de Ormuz cuando lo ha visto viable y con mínimas garantías.

Es evidente que Irán ha apoyado, con armas, dinero, e incluso asesores de la Guardia Revolucionaria, a los grupos chiíes enemigos de Israel, como Hizbolá en Líbano, las diferentes milicias de las Fuerzas y Unidades de Movilización Popular en Siria e Irak, y los hutíes en Yemen, así como a Hamás, aunque es de confesión suní. Pero si admitimos que proveer a los que combaten a un tercero es un acto de agresión contra este que justifica su respuesta armada hacia quien les presta ayuda, tendríamos que asumir también que EEUU y Europa están agrediendo a Rusia al dotar de armas, dinero, y asesores militares a Ucrania, y Putin estaría autorizado a atacarlos en justa respuesta. 

¿Qué va a pasar ahora? El primer paso es que el alto el fuego se consolide, porque en estos casos siempre suele haber acusaciones mutuas de alguna vulneración, que desata una respuesta, y a su vez otra del lado contrario, amenazando así la continuidad de la tregua. Si la situación se estabiliza, habrá que ver el resultado de las negociaciones que tendrán lugar a partir del viernes en Pakistán. El plan de diez puntos presentado por Irán es absolutamente incompatible con el de quince que propone EEUU. Trump ya ha anunciado que se levantarán las sanciones y los aranceles a Irán, lo que ya es un triunfo para la República Islámica, que todavía no ha hecho ninguna cesión, salvo la apertura limitada y controlada del estrecho de Ormuz. Pero Washington no puede aceptar en ningún caso algunos términos del plan iraní, como la retirada de sus fuerzas de combate de Oriente Medio - a no ser que se trate solo de las fuerzas que han sido desplegadas para esta operación -, el derecho a enriquecer uranio – aunque Teherán se compromete a no fabricar armas nucleares -, la extensión del acuerdo a todos los grupos de resistencia vinculados a Irán – lo que incluiría a Hizbolá y a Hamás -, o las garantías de que no se volverán a producir ataques al país, refrendadas por una resolución de Naciones Unidas.

El acuerdo, por tanto, no será fácil y cabe la posibilidad de que fracase o se estanque. Pero será difícil que la guerra se reanude en Irán porque a ninguna de las partes – salvo a Netanyahu – le interesa. La situación en la zona puede seguir siendo tensa, ya que no es probable que Israel se avenga a terminar su operación en Líbano, y tanto Hizbolá como otras milicias chiíes seguirán realizando acciones ofensivas. Además, aunque la paz se abriera paso, la normalización y la regulación del tráfico por Ormuz tardará en completarse, y la recuperación de la producción de hidrocarburos – sobre todo de gas - y de fertilizantes en la zona requerirá meses, por los daños sufridos en las instalaciones de varios países, lo que seguirá afectando, a pesar del optimismo inicial, al precio del petróleo y a los mercados financieros, que son los que con su debilidad han provocado que se concretara esta tregua, por encima de cualquier consideración moral o ética.

Habrá tiempo, si la paz se consolida, para analizar las consecuencias políticas, económicas, y reputacionales que esta agresión ilegal y absurda ha tenido para todos los actores implicados. Pero en una primera lectura parece que aquí el único que gana es Netanyahu, que es el impulsor real del ataque. El régimen islamista iraní seguirá reprimiendo a sus disidentes y a las mujeres, recuperará su capacidad militar y, cuando lo haya hecho, la tensión y tal vez la guerra se reproducirán, con lo que este conflicto solo habrá servido para sembrar muerte y destrucción, como casi todos, sin ningún resultado positivo. Rusia ha recibido una inyección económica muy importante con la crisis del petróleo, y China apenas ha sufrido y acrecienta su papel de potencia moderada y transaccional en comparación con su competidor directo. EEUU es quizá el que más pierde, recibe un golpe más - y muy duro – a su papel como líder mundial fiable y sólido, y en particular entre sus aliados árabes, solo por la megalomanía y la insensatez de un líder, Trump, cuya estabilidad mental está ya siendo puesta en duda en su país. Este es nuestro principal aliado, el que se supone que protege y defiende a Europa, y exige que le paguemos por ello. Con aliados así, quién necesita enemigos.

Comienza la cuarta semana de la guerra iniciada por la agresión ilegal e injustificada de EEUU e Israel sobre Irán, con toda la región en llamas –como era previsible– y un severo deterioro de la economía global que va a más a medida que los ataques israelíes a instalaciones petrolíferas y yacimientos de gas iraníes son respondidos por el régimen de los ayatolás con otros equivalentes en los países del Golfo Pérsico, causando daños que tardarán mucho tiempo en recuperarse, incluso después de que termine el conflicto. Y debemos dar gracias de que Rusia y China se abstengan de apoyar a Irán, con el que les unen acuerdos y tratados, aunque ninguno defensivo, porque si intervinieran estaríamos en el camino hacia la tercera – y tal vez última – guerra mundial. Cada vez se hace más evidente la insensatez y falta de planificación estratégica en la decisión del presidente Trump de autorizar a su amigo Netanyahu a lanzar el ataque, y acompañarlo con sus propias fuerzas aeronavales, cuando según el jefe de la lucha antiterrorista de EEUU, Joe Kent, Irán no representaba en estos momentos ninguna amenaza

Todo el mundo sabía que, en caso de recibir un ataque, Irán cerraría el estrecho de Ormuz para provocar una crisis en el suministro de hidrocarburos, que tendría un grave impacto en todo el mundo, incluido EEUU. Era el arma más poderosa de la República Islámica, tal vez la única efectiva que tenía para disuadir o crear presión hacia sus agresores. Y era tan evidente que iba a usarla, que no es creíble que esa acción no fuera considerada por los Estados Mayores estadounidenses y el gabinete de la Casa Blanca cuando se estudió lanzar un ataque sobre Irán. La decisión de hacerlo, obviando las consecuencias, solo se entiende desde la personalidad instintiva y arbitraria de Trump que no admite crítica, ni acepta que le contradigan. Ahora intenta paliar los efectos de su error levantando unilateralmente las sanciones al petróleo ruso, incluso al iraní, mientras exige a sus aliados que se impliquen en la guerra, no porque los necesite sino para diluir su responsabilidad. Su infantil reacción ante el lógico rechazo de éstos, diciendo que podría retirarse de algunas bases en Europa, si no fuera una más de sus fanfarronadas, no causaría mucho disgusto, sino todo lo contrario, al menos en España

Hay pocas dudas de que Netanyahu convenció a Trump de que no podían desaprovechar un momento en el que a las protestas ciudadanas en Irán, reprimidas salvajemente por la guardia republicana de los ayatolás en enero, se unía la posibilidad de descabezarlo, aprovechando informaciones precisas de sus servicios de inteligencia, y que la consecuencia sería el derrumbe definitivo del régimen islámico, lo que daría paso a una época de paz y prosperidad en la región, bajo la ya indiscutida hegemonía de Israel, de la que por supuesto el presidente de EEUU y su familia se beneficiarían. Tal vez nadie se atreviera a decirle que desde las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki ninguna guerra se ha ganado desde el aire –y aún allí la invasión del ejército de EEUU era ya inevitable e inminente–, y si alguien se lo dijo no le hizo ningún caso. Ahora, hasta Netanyahu cree necesaria una intervención terrestre, aunque él no puede hacerla.  

Trump, siempre contradictorio, mientras asegura que Irán está derrotado y el final de la guerra está muy cerca, ordena el despliegue de hasta 5,000 marines y buques de desembarco anfibio hacia la zona de operaciones, lo que anunciaría algún tipo de operaciones en tierra, aunque las posibilidades de ese contingente son limitadas. Podrían tratar de ocupar la isla de Jarg, centro neurálgico de la distribución de petróleo crudo y refinado iraní, para aumentar la presión sobre Teherán. Tal vez invadir algunas o todas las pequeñas islas del estrecho de Ormuz: Siri, Farus, Abu Musa, Tunb, para proteger desde ellas el paso de buques civiles en combinación con sus fuerzas aeronavales, o incluso lanzar golpes de mano sobre instalaciones costeras iraníes en el continente o en la isla de Qeshm. Puede que no tuvieran problemas graves para culminar estas acciones dado su dominio aéreo, pero esto solo sería útil a corto plazo, pues mientras los iraníes conserven alguna capacidad militar esas posiciones no podrían mantenerse durante mucho tiempo. Una invasión terrestre es otra cosa, en la de Irak participaron 180.000 efectivos, y en Irán sería muchísimo más difícil y costosa, además del tiempo que llevaría –incluida una caótica posguerra– y el número de bajas estadounidenses que causaría, así que no es probable que Trump se decante por emprender esa aventura.

Irán, por su parte, podría responder minando el estrecho de Ormuz, lo que ha evitado hasta ahora porque también impediría el paso de sus propios barcos y los que se dirigen a China, India y algunos otros países, que hasta ahora tienen el paso libre. El minado es lo que más teme Trump porque tendría repercusiones económicas aún peores que las actuales, ya que retirar las minas –según del tipo que sean– puede llevar meses, y eso después de terminar las hostilidades, porque los cazaminas y dragaminas, además de ser muy escasos, no pueden hacer su trabajo –lento y previsible– bajo fuego enemigo.

También se especula con una operación de fuerzas especiales –estadounidenses o israelíes– para hacerse con el uranio enriquecido iraní, que consistiría, según fuentes occidentales, en 441 kilos con una concentración del 60% (se necesita que sea superior al 90% para fabricar armas nucleares), incluso hay quien dice que ya habrían infiltrado en el país algunos elementos para prepararla. Pero esto puede ser muy complicado. No porque ignoren dónde está, los servicios de inteligencia israelíes han demostrado sobradamente, que tienen un control absoluto de todo lo que les interesa en Irán –sino porque puede estar repartido en varios lugares de muy difícil acceso y las unidades que lo hicieran correrían un gran riesgo y podrían fracasar. Aquí conviene recordar la operación Garra de Águila que intentó rescatar, en abril de 1980, a los rehenes de la embajada de EEUU en Irán, cuyo estrepitoso fracaso le costó la reelección al entonces presidente Jimmy Carter. Además, esta acción tampoco tendría mucho sentido puesto que la amenaza nuclear iraní solo ha sido una excusa para el ataque. Irán había aceptado ya, unos días antes, degradar todo el uranio enriquecido y reducir su almacenamiento a cero, según declaró el ministro de asuntos exteriores omaní, mediador en la negociación

En todo caso, cualquier intervención de fuerzas terrestres podría enviar más ataúdes a EEUU, y cada uno de ellos –ya van 13– es un golpe a la credibilidad política de Trump, que había prometido no enviar soldados a guerras lejanas, cuyos apoyos políticos están ya muy tocados por la repercusión de la guerra en el precio de la gasolina –esencial para los estadounidenses– y en la inflación, cuya subida él criticó tanto durante la presidencia de Joe Biden. Apenas a ocho meses de las elecciones de medio mandato, la inquietud aumenta en las filas republicanas, y con ella la presión al presidente para que termine la guerra antes de que el daño sea mayor

Desde el principio de la guerra Trump ha estado emitiendo señales contradictorias sobre cómo y cuándo podría acabar. En realidad está enredado en la trampa a la que le arrastró Netanyahu –un pavo seducido por un zorro–, con el señuelo de una victoria fácil y un colapso rápido de la República Islámica, y parece que no sabe cómo salir de ella. Cuando fue bastante claro que el régimen de los ayatolás se iba a mantener a pesar del ataque –por más que se le descabece una y otra vez– sin una invasión terrestre, el presidente de EEUU pasó a considerar la opción de promover en Irán un liderazgo obediente a Washington –al modo venezolano–, diciendo que él quería intervenir en la sucesión del asesinado líder supremo Alí Jamenei, y que cualquiera que no fuera de su agrado duraría poco. Pero esa posibilidad acabó también con la elección del hijo de Alí, Mojtaba, que pasa por pertenecer al ala dura, y con la radicalización política que ha producido lógicamente un ataque tan destructivo como el que están sufriendo. En todo caso, esta opción mantendría el régimen islamista, igual que mantiene el chavismo en Venezuela, lo que da una idea de lo que le importan al presidente estadounidense la defensa de los derechos humanos de los iraníes y la libertad de sus mujeres.

Descartadas esas dos salidas, Trump no sabe si terminar la guerra ya, proclamando haber conseguido una victoria aplastante como jamás se ha visto, aunque sea efímera, o ir a una escalada que podría durar mucho tiempo sin tener garantías de que la victoria vaya a ser así sustancialmente superior, y enredándose más en un conflicto que políticamente no le interesa prolongar. Aunque una señal en favor de esta última opción podría ser la petición del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, de 200.000 millones de dólares adicionales que podrían financiar la guerra durante varios meses, tal vez esto sea solamente una previsión de máximos para mantener abierta esa posibilidad mientras no se decida lo contrario, o para enviar a Irán un mensaje más amenazante y disuasorio. 

Tampoco se puede descartar una negociación, en la que Irán se aviniese a someter a control internacional su programa nuclear, cesar en sus ataques y reabrir Ormuz, lo que no sería sino volver a la situación anterior a la agresión lanzada por EEUU e Israel, pero con la nación persa muy dañada y con su capacidad militar muy disminuida. El régimen islámico no estaría ahora en condiciones de rechazar un acuerdo que le permitiera sobrevivir, ya que sus reservas de misiles –y en menor medida de drones– podrían agotarse en pocas semanas, y con ellas su capacidad de respuesta. De hecho puede ser que ya existan contactos indirectos –probablemente a través de Omán– aunque es evidente que los términos del posible acuerdo no son aún satisfactorios para ambas partes, quizá por diferencias radicales en lo que respecta a la suspensión del programa iraní de misiles balísticos, que Teherán nunca ha aceptado. Tal vez esa cesión sería lo que Trump necesita para declarar una victoria total, sin avergonzarse demasiado.

Pero cualquier final rápido de la guerra –con o sin negociación– chocaría con la posición de Israel cuyo deseo –reiterado desde hace décadas– es acabar para siempre con el régimen de los ayatolás, o al menos prolongar la guerra hasta lograr la máxima destrucción, no solo del poder y potencial militar del país, sino de todos sus recursos e infraestructuras. Parece evidente que los intereses y los propósitos de EEUU e Israel en relación con Irán son cada vez más divergentes. Netanyahu no sufre ningún problema político interno por la subida de precio de los hidrocarburos, ni una oposición fuerte a la guerra dentro de Israel, al contrario, la guerra es lo que le mantiene en el poder. Le ha tocado la lotería con la decisión de Trump dejarle intervenir y no piensa dejar de cobrarla, también en Líbano donde está haciendo una masacre aprovechando que el foco está ahora en el Golfo, y porque tiene vía libre, ya que lo que haga allí no afectará a la economía de EEUU. Por cierto, ante esta ambiciosa ofensiva israelí, que seguramente abocará en una nueva ocupación del territorio libanés al sur del rio Litani, habría que preguntarse qué hacen allí las fuerzas multinacionales –también españolas– de FINUL.

Es posible que el primer ministro israelí esté susurrando a Trump –con ayuda de los lobbies estadounidense de judíos, evangelistas sionistas, y de la industria militar– que parar la guerra sin terminar el “trabajo” solo llevaría a que antes o después Irán se recuperara y hubiera que empezar de nuevo. Y eso probablemente sea verdad porque después de esta guerra, el régimen iraní habrá tomado buena nota de que si no se refuerza y no desarrolla armas nucleares puede volver a ser atacado en cualquier momento, cuando hasta ahora no había reanudado el enriquecimiento de uranio después de los ataques de junio de 2025, según la Directora Nacional de Inteligencia de EEUU, Tulsi Gabbard. Y asimismo cabe esperar un incremento de la represión política, que los regímenes autoritarios suelen justificar con las amenazas externas. También puede pasar que en la posguerra la debilidad del régimen iraní, aboque a una descomposición interna del país, provocada por la rebelión de las minorías étnicas –kurdos, azeríes, baluchis– y por la desesperación de la población ante el desastre económico que producen las sanciones. Pero esto llevaría a un escenario caótico, fuera de control, que no aportaría más seguridad a la zona sino más incertidumbre y peligrosa inestabilidad.

La conclusión es que este innecesario e insensato desastre no tiene ninguna salida buena. Si se detiene ahora habrá sido inútil, sin ningún resultado real, solo habrá servido para causar destrucción y muerte sin sentido, basta recordar que las bombas caen también sobre los disidentes, las mujeres y las niñas iraníes. Y si continúa, es aún mucho peor, porque realmente nadie sabe para qué ni hacia dónde, salvo Netanyahu. No hay un plan para el día después, como no lo hubo en Libia, ni en Irak, ni en Afganistán, no se ha definido cómo sería Irán sin los ayatolás, quién lo dirigiría, con qué apoyos. No se han considerado las consecuencias de la guerra en la región y en la economía mundial, como si fueran sorprendentes o inesperadas. Lo único que demuestra esta guerra ilegal es que esa teoría que se nos quiere hacer tragar ahora de que el viejo orden, en el que la justicia, la legalidad, la cooperación, y la paz, eran al menos una aspiración, es ya insostenible y ha sido sustituido irremediablemente por el imperio de la fuerza, además de ser criminal, inmoral y cruel, es también estúpida, caótica e ineficaz. Esperemos que esta dramática situación sirva al menos para abrirles los ojos a muchos que insisten en mantenerlos cerrados, y provoque una reacción contundente en contra de la prepotencia criminal de Trump y Netanyahu en Irán, en Líbano y en Palestina.

El miércoles, día 4, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo una declaración institucional en la que resumió la firme oposición del gobierno de coalición a la agresión ilegal de EEUU e Israel a Irán, que se ha concretado en la negativa a permitir el uso de las bases españolas, con un lema que hizo fortuna hace 23 años cuando millones de españoles se opusieron a la participación de España en la invasión de Irak: no a la guerra. Dos días después, en una comparecencia junto al primer ministro portugués, Luis Montenegro, volvió sobre el tema para calificar el ataque a Irán de un grave error del que un aliado leal está obligado a advertir a quien lo comete. 

Caben pocas dudas de que la operación militar contra Irán es un error – que nunca es incompatible con un crimen – no solo porque no va a lograr su principal propósito, derribar el régimen de los ayatolás, sin poner un potente ejército sobre el terreno, ni mucho menos mejorar las condiciones de los reprimidos disidentes políticos y mujeres iraníes, sino probablemente todo lo contrario, sino porque está provocando el incendio de todo Oriente Medio, un conflicto regional incontrolable que amenaza con expandirse y prolongarse con consecuencias desastrosas, tanto para sus habitantes como para buena parte del mundo, incluyendo a Europa, por el corte de suministro de hidrocarburos, y la subida de precio correspondiente, que elevará la inflación y perjudicará a la industria y la agricultura. Sin contar con las consecuencias futuras que podrían concretarse en un aumento del terrorismo, como pasó después de la guerra de Irak, o en un flujo masivo de refugiados. Estados Unidos toma las decisiones y Europa sufre las consecuencias.      

La posición del gobierno español ha tenido un eco importante en Europa y en otras partes del mundo. Otros gobiernos han adoptado decisiones en sentido similar, algunos tan inesperados como el italiano, aunque en su mayoría de forma más tímida, o han expresado su apoyo. Pero, sobre todo, la figura de Pedro Sánchez se está convirtiendo en una referencia para algunos partidos progresistas o de izquierdas, y para muchos europeos que ven que es posible otra política, distinta a la de sus dirigentes, ante los abusos del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su mentor, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El reverso de la moneda es que dentro de España esa posición ha desatado – tal vez precisamente porque puede ser muy popular - una dura reacción en contra por parte de la oposición y sus medios de comunicación afines

Las críticas al gobierno – sea del color que sea – objetivas o subjetivas, con mucho o poco fundamento, no solo son admisibles sino necesarias para el buen funcionamiento de una democracia. Pero cuando hay una crisis internacional grave y el gobierno del país toma al respecto una decisión, que se ajusta a la legalidad internacional, protege a España de consecuencias indeseadas, y responde al sentimiento mayoritario de la población, tratar de minar su posición con críticas públicas y destructivas, que son eco de las que recibe de una potencia extranjera, es mezquino e indigno y perjudica gravemente, no a un partido, sino a la nación, porque esa decisión se ha convertido ya – se quiera o no – en la posición de España ante la comunidad internacional. 

El Gobierno de España, el actual o cualquier otro en el futuro, con independencia del partido o partidos que lo sustenten, debe someter al Congreso las decisiones importantes de política exterior, así como consultarlas con la oposición para recabar su apoyo y obtenerlo, salvo que su propuesta sea gravemente contraria a los intereses del país, porque solo así la posición española será lo suficientemente sólida y respetada. Pero siempre que la oposición sea leal y no busque solo el desgaste político del gobierno, porque en ese caso cualquier diálogo o intento de acuerdo se hace imposible.

Difícilmente puede llegarse a una posición común con los que asumen sin inmutarse los graves insultos y amenazas del presidente estadounidense a España – no a Pedro Sánchez, a España -, los que ponen por delante de su pretendido patriotismo su ansiedad por derribar al gobierno, y la inquina que sienten hacia su presidente – lógicamente para gobernar ellos -, mientras le acusan a él de electoralismo, probablemente porque no tienen argumentos para atacar la decisión. Aunque ahora no hay elecciones generales, que deben celebrarse en el verano de 2027, y - en términos políticos - para entonces esto será la prehistoria. Por otra parte, si la gran mayoría de la población española – el 68% según una encuesta reciente – están poco o nada de acuerdo con la intervención de EEUU e Israel contra Irán, ¿qué debía hacer el Gobierno, ir en contra del deseo de los españoles y apoyar un ataque claramente ilegal, que además va a crear más inseguridad de la que intenta prevenir? ¿Se habrían calmado así las críticas de aquellos que acusan al Gobierno de tratar de beneficiarse políticamente mientras buscan su propio interés político aunque para ello tengan que debilitar la posición internacional de España?

Las críticas disparan en todas direcciones, intentan buscar cualquier argumento, aunque unos contradigan a otros, sin importar que sean mínimamente consistentes. Pretender confrontar el respeto a los derechos humanos, vulnerados sistemáticamente por el régimen iraní, con el respeto a la legalidad internacional es absurdo, ambas cosas están en el mismo cesto. El gobierno, y toda la izquierda, condenan sin matices la brutal represión de los ayatolás y sus secuaces. Pero nadie es tan ingenuo como para pensar que esta operación se hace para restaurar los derechos humanos en el país, aunque algunos sean tan cínicos que lo digan. Este objetivo no ha figurado nunca entre las múltiples y cambiantes razones que han dado Trump y sus acólitos para justificar la guerra. El primer derecho humano es el derecho a la vida, sin él los demás no existen, y la guerra lo niega. El más de centenar de niñas sobre las que cayeron las bombas de EEUU en una escuela del sur de Irán, antes estaban discriminadas, ahora están muertas.

Por otra parte, afirmar que España no es solidaria con sus socios o aliados no se sostiene ya que ni la OTAN ni la UE están involucradas en este ataque unilateral de Israel y EEUU. ¿Tenemos que ser solidarios con Trump – que probablemente ni siquiera actúa en beneficio de EEUU sino en el de su amigo Netanyahu y en el suyo propio - mientras amenaza e insulta a nuestro país, impone aranceles unilaterales, y anuncia en la Estrategia de Seguridad su injerencia política declarando la intención de cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas? ¿Tenemos que someternos a sus deseos por miedo, ante la posibilidad de que pueda perjudicarnos económicamente? ¿Ante una amenaza que solo es una más de sus bravuconadas, porque las relaciones comerciales exteriores son competencia de la UE y EEUU no puede imponer sanciones individuales y separadas a un Estado miembro? 

Nuestras obligaciones bilaterales con EEUU en el ámbito militar son exclusivamente las contenidas en el convenio sobre cooperación para la defensa, que permite el uso de las bases españolas de Rota y Morón a las unidades militares estadounidenses que el Gobierno español haya aprobado, solamente a efectos de defensa mutua o en el marco de los planes de contingencia de la OTAN. En el resto de los casos se requiere una autorización expresa del Gobierno español, que no la ha dado para el ataque a Irán, sin ninguna hostilidad hacia EEUU, cumpliendo estrictamente el convenio, porque se trata de una operación claramente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional.

Los mismos que acusan a España de insolidaridad, señalan alborozados que sí que se están usando las bases españolas en esta operación porque en ellas han hecho escala, o de ellas han salido, aviones militares que han intervenido en la guerra. Pero eso tampoco tiene sentido. España puede prohibir que se empleen las bases para el ataque y puede denegar el apoyo logístico imprescindible para los aviones o barcos de EEUU, pero no puede bloquearlos, no puede impedir que vayan a otras bases y operen desde allí, que es lo que están haciendo. Las fuerzas estadounidenses son lógicamente libres de ir donde quieran, siempre que no empleen las bases españolas como punto de apoyo y suministro. Los que sostienen que el Gobierno miente obvian que si las bases se estuvieran usando normalmente, Trump no estaría tan indignado ni insultaría a España.

Menos fundamento tiene aún sostener que el envío a Chipre de una fragata española, encuadrada – junto a otras griegas e italianas – en el grupo de combate francés del portaaviones Charles de Gaulle, supone entrar en la guerra y revela la falsedad de la posición antibelicista del gobierno. Esto es una falacia. La guerra consiste solamente en bombardear Irán, y estos barcos no van a hacerlo ni a apoyarlo de ninguna forma. Van a desplegar a 1.500 kilómetros del Golfo Pérsico, que es donde se desarrolla, y su misión es solo defensiva: proteger a un país miembro de la UE si recibe un improbable ataque aéreo. La diferencia de este despliegue con el ataque a Irán es muy clara y determinante, no hacen falta juristas: defenderse es legal – además de ético y justo –, lo autoriza el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas; atacar sin haber sido agredido antes o sin seguir una resolución del Consejo de Naciones Unidas, es ilegal, además de criminal.

Lo que puede ser discutible es que haga falta ese espectacular despliegue naval para defender un país sobre el que realmente no se cierne ninguna amenaza que deba ser repelida o disuadida. De hecho, Chipre no ha sido atacado, solamente el domingo, día 1, un dron impactó en la base de Akrotiri - que es de soberanía británica y por tanto no es territorio chipriota - causando “daños mínimos” según fuentes oficiales, y otros dos fueron interceptados el lunes. Tres drones de muy escaso poder destructivo, disparados desde Líbano, cuyo objetivo parece más una provocación que un intento de causar daños relevantes. Cabe preguntarse por la finalidad de esta acción ¿Les interesa a los ayatolás o a sus aliados atacar a Reino Unido cuyo gobierno ha criticado la operación y negado en principio el uso de sus bases a EEUU, aunque luego lo haya aceptado, solo con “propósitos defensivos”? ¿Ganaría algo Irán si Reino Unido se uniera al ataque? Y, por otra parte, el ataque a una base británica que se encuentra en un país de la Unión Europea, ¿ayudaría a que a la posición de la UE fuera menos beligerante con Teherán y más crítica con EEUU o a lo contrario? Y qué decir del misil derribado cuando se dirigía hacia Turquía ¿Qué interés puede tener Irán en atacar a Turquía, cuyo gobierno, calificado por Teherán de amigable, ha negado a EEUU el uso de sus bases y colabora con los ayatolás en la represión de los kurdos? Así que aquí, sin que se pueda descartar ninguna hipótesis, como podrían ser dos o tres errores sucesivos, habría que ser bastante desconfiados y preguntarnos con Cicerón: cui prodest?, es decir ¿a quién beneficia?

El gobierno español no tenía ninguna obligación de mandar una fragata a Chipre y tal vez no debería haberlo hecho. Pero no porque suponga participar en la guerra contra Irán, ya hemos dicho que eso no se sostiene, sino porque no hace ninguna falta, Chipre no va a ser atacado y todo el mundo lo sabe. Parece que el gobierno quiere compensar, ante sus críticos en Europa, su posición contra la guerra - que no necesita en absoluto ser compensada - con una muestra de solidaridad europea, es decir, reafirmando que si se trata de defender a sus aliados o socios europeos, España está disponible. Pero nadie puede dudar de que lo está cuando tenemos desplegados en Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia casi 2.000 efectivos con aviones, y carros y vehículos de combate, aunque no participamos en la guerra en Ucrania. No tenemos que demostrar nada a nadie.

De todas formas, no parece que las críticas al gobierno en toda esta crisis, incluyendo el envío de la fragata, busquen la mejora de la acción exterior de España y de su papel en ella, sino obtener un rédito político, por mínimo que sea, o al menos dar argumentos a los que los necesitan para seguir creyendo lo que ya creían. Ese es el juego político, y todos los practican con mayor o menor fortuna. Pero este no es, desde luego, el mejor momento. Lo que está pasando ahora va mucho más allá de las pequeñas, y a menudo inútiles, batallas políticas internas. Estamos asistiendo a un desmoronamiento del orden internacional y de los principios por los que se han regido las democracias liberales – aunque con carencias y lejos de la perfección –en los últimos 80 años. Esto es terrible y enfrentarse a ello exige una toma de conciencia y la unión de todos los demócratas, o al menos de todos los progresistas, olvidando intereses y egoísmos inútiles. 

Lo que se nos propone ahora es el regreso a la ley de la selva, no solo en el escenario internacional, también en la política social y económica. Hay guerras de muchas clases y siempre las ganan los mismos, pero la agresión armada es la peor, el último recurso de los poderosos para imponer su voluntad, porque es muy difícil disfrazar de eficacia o justicia el bombardeo de casas, hospitales y escuelas. Reclaman una falsa libertad que consiste en que el pez grande se come al chico, el fuerte usa su fuerza, sin escrúpulos, y quien intenta impedirlo o pide explicaciones es un ingenuo o un traidor. Y eso nunca se ha llamado libertad, sino abuso. Es necesario detener ya esta deriva perversa que nos lleva a un mundo distópico, insolidario, agresivo, en el que las generaciones que nos siguen no podrán encontrar un futuro estable y seguro. Alguien tendrá que dar el primer paso para que otros sigan, tomen el relevo y atraigan a más y más, hasta levantar una muralla que se abra a la paloma y el laurel y se cierre al veneno y al puñal. Muchos tendrán que ponerse en pie y gritar: no a la injusticia, no a la explotación, no a la guerra. 

Es imposible comprender y valorar el ataque que fuerzas israelíes y estadounidenses han desencadenado en la mañana del sábado contra Irán sin tener en cuenta los antecedentes de la hostilidad de EEUU hacia el régimen teocrático y dictatorial de los ayatolás, que comenzó con el secuestro del personal de la embajada estadounidense el mismo año que accedieron al poder –1979–, y sobre todo la de Israel, para cuyos sucesivos gobiernos ha sido siembre la bestia negra, la cabeza e impulsor del eje de resistencia, la única oposición sólida que le queda en la región, el país que puede poner en peligro su existencia, y que ha declarado además que esa es su intención. El comienzo del proceso iraní de enriquecimiento de uranio, a mediados de los 80, hizo sonar todas las alarmas no solo en Israel, que ya tenía armas nucleares desde hacía casi 20 años, sino también en EEUU –su principal e incondicional valedor – y en Europa.

En 2015, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania y la Unión Europea, firmaron un acuerdo con Irán, el Plan Integral de Acción Conjunto, por el que se limitaba y controlaba el programa nuclear iraní, que sus dirigentes reclamaban con fines pacíficos, a cambio del levantamiento de las sanciones que castigaban a Irán prácticamente desde el comienzo del régimen islamista. Pero en 2018, Donald Trump, entonces en su primer mandato como presidente de EEUU, se retiró unilateralmente del tratado, sin que hubiera ningún incumplimiento por parte de Teherán, solo por presiones de su amigo, entonces y ahora primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Washington volvió a aplicar las sanciones, Irán volvió a enriquecer uranio, y Europa terminó por seguir la iniciativa de EEUU.

Podía haber sido el final de un problema, incluso el principio de una distensión. Pero no lo fue porque a Netanyahu nunca le ha parecido suficiente que Irán dejara de enriquecer uranio, no se fía, cree que la única garantía de seguridad para Israel es acabar con el régimen de los ayatolás, y por tanto rechaza cualquier acuerdo que le permita sobrevivir, aunque sea a cambio de paralizar su programa nuclear. Para neutralizar este último, lo único que necesita es que Washington le autorice a atacar las instalaciones nucleares iraníes siempre que lo considere oportuno, lo que con Trump en la presidencia tiene garantizado, como sucedió el pasado mes de junio, con la llamada guerra de los doce días, en la que también intervino la fuerza aérea de EEUU para destruir los objetivos que eran inaccesibles para Israel. Después de aquel ataque, Trump afirmó, con su habitual fanfarronería, que la capacidad nuclear iraní había quedado completamente destruida. Parece que ahora admite implícitamente que no fue así, o cree que han conseguido reconstruirla en seis meses, lo que desde luego sería una hazaña.

No obstante, en el segundo mandato de Trump –“el mejor amigo que he tenido en EEUU”, Netanyahu dixit– la amenaza ya no procede solamente del posible desarrollo de armas nucleares, algo que recuerda a las tristemente famosas armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, sino también de los misiles iraníes, que, según Trump, podrían llegar a EEUU, pero cuyo alcance máximo es de 2.000 kilómetros, así que no llegarían ni a Europa occidental. Es difícil negar a Irán la posibilidad de tener misiles, como tantos países, si nunca los ha empleado para atacar a nadie, solo para responder a los ataques de Israel, como el que se produjo en junio, es decir para defenderse, pero eso no importa si hay fuerza para impedirlo, solo hay que presentar a Irán como agresor. Además, siempre según el presidente estadounidense, se trataría de atacar al “país más terrorista del mundo” Aunque sea verdad que el régimen de los ayatolás haya proveído y apoyado a grupos considerados terroristas en occidente, que hablen de terrorismo los autores o cómplices del asesinato de 20.000 niños en Gaza, los que asesinan y roban su tierra en Cisjordania a los palestinos, los que han matado en su casa a científicos o políticos sin más condena que la suya, los que han bombardeado un colegio infantil en el sur de Irán en el que han muerto al menos 53 niñas, es un cruel sarcasmo.

 La única razón del ataque actual no tiene nada que ver con las armas nucleares ni con los misiles ni con el terrorismo, sino con tratar de aprovechar el impacto de la protesta de miles de ciudadanos iraníes que comenzó el 28 de diciembre, provocada por el grave deterioro de las condiciones de vida causado por las sanciones de EEUU y Europa – e instigada probablemente por agentes extranjeros –, y que fue reprimida duramente los días 8 y 9 de enero con una masacre que podría haber causado decenas de miles de muertos. El verdadero objetivo de la operación es acabar con el régimen de los ayatolás en Irán, permanente obsesión y objetivo de Netanyahu, pero eso no se puede conseguir con bombardeos desde el aire o el mar, por destructivos que sean, sería necesaria una invasión terrestre, que – además de requerir una preparación y concentración de fuerzas en la región que llevaría meses -, comportaría muchas dificultades y riesgos, pues el ejército de Irán es muy numeroso y cuenta con algunas fuerzas bien preparadas, como la Guardia Revolucionaria. 

   Por eso Trump y Netanyahu hacen continuos llamamientos a que el pueblo iraní se rebele aprovechando los bombardeos, y acabe con el régimen de los ayatolás desde dentro, pues esa sería la única forma viable de conseguirlo, aunque esto es muy improbable que suceda porque el ataque debilita las protestas y acrecienta la agresividad del gobierno.El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei podría haber muerto en los ataques, pero eso no produciría necesariamente un cambio sustancial en el régimen, sino solo su sustitución por otro líder religioso, mientras el aparato represivo se mantenga. En todo caso, si no fuera así, si Irán cayera en una descomposición política interna súbita, sin que esté organizada una transición consistente, tampoco sería positivo para la estabilidad y la paz de la región.

Pretender que este ataque se produce para evitar que Irán desarrolle armas nucleares es insostenible. Hace 20 años que el ayatolá Jamenei publicó una fatua prohibiéndolo, y eso ha vinculado y vincula aún religiosamente a su Gobierno y a sus Fuerzas Armadas. En la segunda ronda actual de negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear, el 17 de febrero en Ginebra, los negociadores iraníes anunciaron un entendimiento con EEUU, y los estadounidenses confirmaron progresos, a falta de concretar detalles. En la tercera, menos de 48 antes del ataque, Irán entregó una propuesta completa y detallada. El ministro de asuntos exteriores de Omán, Badr Albusaidi, que ha actuado como mediador, declaró el viernes en EEUU que se estaba a punto de alcanzar un acuerdo, que Irán había aceptado reducir a cero sus reservas de uranio altamente enriquecido, rebajar la concentración de sus reservas de uranio altamente enriquecido dentro del país y permitir el acceso total del Organismo Internacional de la Energía Atómica para su verificación, incluso acompañados de inspectores de armas estadounidenses. Según él, una nueva reunión programada para la semana próxima en Viena podría servir para firmar ya un acuerdo sobre los principios y comenzar enseguida su desarrollo

No ha sido, por tanto, la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, sino, por el contrario, la inminencia de que el acuerdo se produjera, o la imposibilidad de seguir rechazándolo ante las completas cesiones iraníes, lo que ha desatado el ataque. Las negociaciones se revelan así como un engaño, una coartada para justificar un ataque que llevaba planificándose y preparándose al menos desde hace un mes, cuando el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln se dirigió al Golfo Pérsico, seguido por el envío de aviones de todo tipo a las bases estadounidenses de la zona y. finalmente, del envío de otro grupo de ataque naval, el del portaaviones Gerald Ford, completando el mayor despliegue de EEUU en la zona desde la guerra de Irak

Si Trump llegó a considerar en algún momento la posibilidad de un acuerdo, lo que es más que dudoso a la luz de los despliegues militares, es evidente que han pesado más los deseos de Netanyahu, que es en la práctica quien dirige la política de EEUU en Oriente Próximo, y la presión interior de los lobbies judíos y de los evangelistas sionistas que han sido siempre sus apoyos políticos más fieles. Trump accedió por segunda vez a la Casa Blanca prometiendo que no emprendería ninguna guerra, pero cambió rápidamente de opinión, y ordenó bombardeos en Yemen, Siria, Irán –en junio–, Nigeria, Venezuela… Llegó a declarar que como no se le había otorgado el Nobel de la paz se sentía libre para lanzar operaciones militares, un argumento que da una idea de la catadura moral e intelectual del personaje. Ahora, en un momento en el que su aceptación política está derrumbándose entre los estadounidenses, incluyendo muchos republicanos, nada como una bonita guerra donde los héroes americanos se baten por la libertad (¿de quién?, no será de los iraníes cuyos derechos no han sido siquiera mencionados en las negociaciones), para volver a agrupar las mentes y los corazones detrás del comandante en jefe, y recuperar algo de su perdido carisma político.

El ataque ha producido la lógica respuesta de Irán, tal vez más masiva y violenta de lo que se preveía, atacando con sus misiles y drones Israel y las bases de EEUU en los países vecinos, Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, Catar, aunque con pocos daños por la cúpula de hierro israelí y los sistemas antimisiles estadounidenses. Pero Irán tiene otras armas, como cerrar el estrecho de Ormuz y provocar una crisis mundial de petróleo –aunque también les afectaría a ellos–, incluso incrementar sus ataques a instalaciones de otros países árabes, y movilizar a sus milicias afines en la región, empezando por los hutíes de Yemen que podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb y bloquear el mar Rojo y el estrecho de Suez. Y puede que las utilice si el ataque dura varios días, como parece probable, y se enfrentan a una situación desesperada, con lo que la crisis se expandiría y amenazaría no solo la seguridad de la región, sino la de todo el mundo. Esos son los riesgos de acercar imprudentemente una cerilla a un barril de pólvora

La reacción europea, como ante el genocidio en Gaza o el ataque a Venezuela, ha sido débil, decepcionante, e indulgente con el agresor. La Alta Representante, Kaja Kallas dice que la situación es peligrosa, pero le echa la culpa al agredido, Irán –que no había atacado a nadie–, porque es un régimen represivo y criminal, como si esa fuera la razón de la agresión, o con el ataque fuera a dejar de serlo. Habla de vías diplomáticas, pero ni siquiera pide que se detengan los ataques ni, por supuesto, los condena. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, muestra su preocupación, pide moderación a “todas las partes” (¿los atacados deben moderar su defensa?), pero tampoco menciona a Trump ni condena la agresión que al parecer debe haberse producido por generación espontánea. Antonio Costa y otros dirigentes europeos piden que acaben cuanto antes “los combates”. No tienen vergüenza. ¿Cómo se puede condenar la agresión a Ucrania y mostrar equidistancia, cuando no aceptación, ante la de Irán? ¿No son ambas una flagrante violación de la legalidad internacional?

El régimen represivo y brutal de los ayatolás en Irán es absolutamente condenable, y ojalá desapareciera en favor de otro democrático. Pero ni las sanciones ni los ataques mejoran los derechos y libertades de los iraníes, al contrario, caen sobre ellos, causan más miseria y muerte, y endurecen aún más al régimen. Pero es que la presión militar y económica sobre Teherán no se hace para implantar allí un régimen que respete los derechos humanos, sino uno que no sea una amenaza para Israel. Si cumple esa condición, no habrá ningún problema con que cuelguen de las grúas a homosexuales o disidentes, como no lo hay con los centeneres de ejecuciones en Arabia Saudí, que tampoco es una democracia

El ataque a un país soberano sin mediar agresión por su parte o resolución del Consejo de Seguridad es ilegítimo e ilegal según el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Pero la realidad es que en estos tiempos Trump puede hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera. Y lo hace, ante la pasividad de China –que no quiere líos que le desvíen de su programa, a pesar de necesitar el petróleo iraní–, la impotencia de Rusia –que bastante tiene con Ucrania–, y la vergonzosa tolerancia europea. Si este tipo de acciones se aceptan sin reaccionar, todas las normas internacionales saltan por los aires, sustituidas por la ley del más fuerte. Cualquier país puede arrogarse el derecho de atacar a otro solo porque su régimen no le guste o le parezca amenazador, con lo que se pueden multiplicar las guerras. Y eso, considerando el número y diseminación de las armas nucleares, puede llevar al mundo a estallar en mil pedazos. ¿Podrían al menos los dirigentes europeos, aún indiferentes a la legalidad, considerar ese riesgo y oponerse frontalmente a este tipo de acciones unilaterales?

El 24 de febrero de 2022, el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, dio la orden de invadir Ucrania, poniendo en marcha lo que se puede calificar -además de un crimen- como uno de los mayores errores estratégicos de la posguerra fría, que ha aislado a Rusia y la está arruinando, sobre todo en pérdidas humanas, aparte de envenenar - probablemente para siempre- las relaciones con un país al que teóricamente Moscú intentaba atraer. Un error que respondía a otro: el ninguneo a Rusia después de la disolución de la Unión Soviética y la expansión ilimitada de la OTAN, incluido el propósito de integrar a Ucrania. Fue quizá este último paso lo que provocó la decisión de Putin, como muchos analistas habían advertido previamente, pero también la incapacidad del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a pesar de sus promesas electorales, para resolver la guerra civil en el Donbass, que había causado ya más de 14.000 muertos, a lo que se añadía el resentimiento y deseo de revancha de Putin y su círculo político y militar más próximo, que cristalizó contra los dirigentes ucranianos que querían unirse a occidente y se mostraban hostiles hacia la población rusófona.

Los estados mayores rusos evaluaron mal la capacidad de sus propias fuerzas, planificaron mal la operación y -sobre todo- infravaloraron la capacidad de resistencia ucraniana, apoyada rápidamente por occidente e impulsada a resistir, sobre todo por EEUU y Reino Unido con promesas de apoyo y victoria segura, más por interés de los que la apoyaban - debilitar a Rusia y a Europa- que por el del propio país, que en todo caso se defendió bravamente. El ejército ruso mostró sus debilidades operativas y logísticas y la “operación militar especial” que pretendía derribar en pocos días o semanas al gobierno ucraniano prooccidental y sustituirlo por otro prorruso que devolviera Ucrania al redil del dominio de Moscú, se convirtió en una guerra de desgaste que cumple ahora cuatro años.

Las líneas del frente apenas se han movido desde hace más de dos años, pero las bajas han aumentado exponencialmente. Aunque no hay cifras oficiales, y si las hay son sesgadas o incompletas, una media de las estimaciones de diversos organismos nos daría unas 550.000 bajas ucranianas, de las que 125.000 podrían ser muertos, a los que hay que sumar 14.000 civiles muertos y 36.000 heridos. En Rusia las cifras serían dos veces o dos veces y media más: 1.200.000 bajas con cerca de 300.000 muertos. Unos números terribles, escalofriantes, para situar la raya de la frontera unos kilómetros más allá o más acá entre dos países que tienen raíces comunes y podrían colaborar. La guerra ha provocado además una catástrofe humanitaria y una terrible destrucción. Han abandonado el país 5,9 millones de ucranianos y hay otros 3,7 millones de desplazados internos. La reconstrucción ucraniana costará más 500.000 millones de dólares. 

¿Terminará este año esta masacre sin sentido? ¿O tendremos que asistir a un quinto aniversario con decenas de miles de muertos más, cuando no a una escalada de consecuencias incontrolables? Es difícil ser optimistas a la luz de las posiciones actuales. Las negociaciones de paz auspiciadas por EEUU -en las que Europa no participa a pesar de ser el primer apoyo y donante de Ucrania, y sin duda la región más afectada por su resultado, después de la víctima- no han tenido hasta ahora resultado, ni en los intentos anteriores ni en las recientes tres rondas tripartitas llevadas a cabo en Abu Dabi y en Ginebra. Trump ha señalado varias veces fechas límites para alcanzar un acuerdo, amenazando con terribles consecuencias si no se cumplían… y no se han cumplido. La última es en junio, y amenaza a Zelenski con quitarle el apoyo militar que aún le presta -inteligencia satelitaria y la red de comunicaciones starlink de Elon Musk-, limitado pero esencial para su defensa, y con retirarse de las garantías de seguridad para la posguerra, que los europeos se resisten a comprometer sin el apoyo de Washington. Zelenski tendría que convocar en mayo la elección presidencial -suspendida desde 2024 por la ley marcial-, junto con un referéndum sobre el acuerdo de paz, pues sin él no se puede ceder territorio y además le interesa políticamente. Pero para eso primero tendría que haber un alto el fuego, y sigue sin haber un acuerdo que lo permita.

Aunque los negociadores, sobre todo los estadounidenses y ucranianos, hablan de progresos significativos, lo cierto es que los puntos más importantes están todavía sin cerrar y las expectativas no son buenas. El asunto clave sigue siendo la cuestión territorial. Putin reclama el 22% de la provincia de Donetsk que aún está en poder de Ucrania, una zona de casi 6.000 kilómetros cuadrados que incluye las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk y constituye una de las líneas de resistencia mejor fortificadas de todo el país, lo que le permitiría controlar completamente la región del Donbass. Zelenski se niega a retirarse sin más de un territorio que ha costado muchas vidas defender, pero Putin afirma que si no se le entrega continuará la guerra hasta que lo consiga, y eso, al ritmo actual del avance ruso, puede tardar más de un año. Hay otros asuntos conflictivos, como la administración de la central nuclear de Zaporiya, las garantías de seguridad a Ucrania -Putin no quiere tropas extranjeras-, o los límites al ejército regular ucraniano y su neutralidad, que hasta ahora tampoco han sido resueltos.

No obstante, la paz podría estar más cerca que antes, porque los contendientes tienen más estímulos para buscarla que en los cuatro años pasados. En lo que respecta a Rusia, aunque ha aguantado las sanciones mejor de lo que se esperaba diversificando su comercio -y en especial las exportaciones de hidrocarburos- hacia China, India y otros, su economía empieza a resentirse. Los recursos que recibe son cada vez menores, por la bajada del precio del petróleo y por la presión que ejerce Trump hacia sus clientes, y sobre la flota fantasma petrolera rusa, para obligar a Putin a negociar. La economía rusa se ha convertido en una economía de guerra, donde las inversiones se dedican sobre todo al esfuerzo bélico, que oficialmente llega al 8% del PIB, equivalente a un 25% del gasto público, aunque analistas independientes creen que alcanza el 10% del PIB. Esto perjudica a la pequeña empresa y al sector industrial no militar, ya de por sí bastante débil en Rusia y que con la guerra sufre la falta de mano de obra. El coste de las importaciones sube, la inflación es del 6% -afectando sobre todo a los alimentos-, y la tasa de interés está en el 21%. Con ello, el nivel de vida de la población está empezando a deteriorarse, y como es probable que en los próximos meses la situación vaya a peor, puede que el descontento aumente y dé lugar a cierta inestabilidad política. 

Sin embargo, el colapso económico y político de Rusia que los occidentales y los ucranianos esperaban como la solución definitiva a la guerra de agresión rusa está lejos de ser una realidad. A pesar del desgaste económico, el déficit público del país ha sido en 2025 un 2,6% del PIB, menor que el de la mayoría de los países europeos, y el crecimiento previsto en 2026 es del 0,8%, inferior al de años precedentes, pero aún superior al que se espera en economías como la francesa o la italiana. El control de la información, unido a la tradicional resiliencia del pueblo ruso, hacen que la guerra sea aceptada por la mayoría como inevitable y como parte de la recuperación del papel protagonista de Rusia en el mundo, aunque les cause ciertos perjuicios domésticos. Putin goza todavía de gran popularidad -al menos en la Rusia profunda-, que perdería si accediera a una paz decepcionante. Tal vez el presidente ruso tenga ahora más interés en la paz por las circunstancias económicas que hemos descrito, pero no tanto como para renunciar a sus objetivos. Aún puede aguantar años, se siente fuerte, sobre todo por el cambio de posición de EEUU y el evidente deterioro de Ucrania, cree que puede lograr una victoria mayor, y está dispuesto a continuar la guerra hasta alcanzarla. 

Por el contrario, Ucrania necesita imperiosamente la paz, porque está al límite y cabe la posibilidad de que, si las circunstancias no cambian radicalmente, no pueda aguantar mucho tiempo más de guerra. El cambio de rumbo que Trump ha dado a la posición de EEUU en el conflicto, por intereses geopolíticos y económicos, está siendo demoledor. En el aspecto económico y militar, la ayuda estadounidense a Ucrania se redujo en 2025 un 99%, cuando había llegado a ser casi el 40% del total el año anterior. La carga de compensar esta defección ha recaído en su mayor parte sobre Europa, que aumentó drásticamente las cantidades aportadas, en un 59% la ayuda financiera y humanitaria -entregada sobre todo por la UE, cuyos préstamos y subvenciones constituyeron el 89% de estos capítulos en 2025- y en un 67% la ayuda militar, procedente sobre todo de Alemania, Reino Unido y los países escandinavos. La UE y sus países miembros habían invertido en Ucrania, hasta el final de 2025, más de 200.000 millones de dólares (por 115.000 de EEUU) pero van a tener serias dificultades para mantener en solitario el nivel de ayuda imprescindible para el esfuerzo de guerra ucraniano por mucho tiempo. 

En diciembre, el Consejo Europeo aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, que en estos momentos está vetado por Hungría, al igual que el nuevo paquete de sanciones. Si sale adelante, esta ayuda, que podría ser la última de esa magnitud, cubrirá casi dos tercios de los 136.000 millones que necesita Ucrania en apoyo militar y financiero hasta 2027. Nadie sabe aún de dónde van a salir los 46.000 restantes. Para compensar el corte del suministro de equipos militares de EEUU, la OTAN lanzó la iniciativa PURL, por la cual los europeos compran armas estadounidenses para entregárselas luego a Ucrania, por valor de 3.700 millones de euros en 2025. Pero también en este capítulo empieza a haber dificultades. El ministro de defensa alemán ha declarado que ya no podrá entregar más munición a Ucrania porque sus depósitos están vacíos, y puede que no sea el único.

Peor aún que la posible escasez de ayuda financiera o militar, es el problema del personal combatiente, para lo que Ucrania solo cuenta con sus propios recursos, salvo una pequeña partida de voluntarios. Los combatientes ucranianos están en inferioridad numérica respecto a los rusos y, aunque han demostrado una gran resistencia, muchos de ellos están agotados porque no han tenido relevo en meses o incluso años. El nuevo ministro de Defensa del país, Mykhailo Fedorov, declaró en enero ante el Parlamento ucraniano que 200.000 de sus soldados están ausentes sin permiso, es decir, que han desertado, y unos dos millones de ucranianos son “buscados” por evitar el servicio militar. 

En el campo de batalla, las unidades ucranianas pierden terreno desde el fracaso de su ofensiva en el verano de 2023. Los rusos avanzan muy lentamente, con enormes bajas, pero sin pausa a pesar de la resistencia, a veces heroica, de los defensores: 3.600 kilómetros cuadrados en 2024, 4.800 en 2025… apenas un 1,5% del país en dos años, que eleva el territorio ocupado al 20,5%, además de haber expulsado a los ucranianos del reducto que habían conquistado en la provincia rusa de Kursk. Más allá del frente, Rusia intensifica, como cada invierno, los ataques con misiles, drones y bombas planeadoras contra las zonas residenciales e infraestructuras eléctricas y térmicas de Ucrania, sometiendo a cientos de miles de civiles a vivir sin luz y sin calefacción, con temperaturas de -20º. La gente está cansada, no puede más. Según una encuesta de Gallup, publicada en agosto, el 24% de la población estaría a favor de continuar la guerra hasta la victoria, mientras el 69% de la población apoyaría una negociación para terminar la guerra lo antes posible, aunque con condiciones. En definitiva, a pesar de su tenacidad, los ucranianos saben que la guerra no puede ser ganada, que su resistencia depende absolutamente de la ayuda exterior, y necesitan una salida. Quieren la paz.

Algunos de los que sostuvieron durante años que Ucrania ganaría la guerra a Rusia en el campo de batalla (¿quién les asesoraría?) se resisten a abandonar su tesis, en contra de toda evidencia. Otros -incluido Zelenski- han asumido ya la imposibilidad de la victoria e intentan ahora, como último recurso, buscar un empate: que ambas partes cedan, ni vencedores ni vencidos, lo que estaría muy bien, pero no se corresponde con lo que pasa en la zona de operaciones, ni con la inflexible voluntad de Putin de seguir hasta alcanzar sus objetivos cueste lo que cueste, ni con la posición de Trump. En el terreno, la fuerza rusa se impone -lenta pero inexorable- y no hay ningún elemento para creer, ni en las evaluaciones más optimistas, que la situación se pueda dar la vuelta. La realidad indica que cuanto más tarde la paz, la situación de Ucrania será peor.

Excepto si los países europeos fueran a la guerra contra Rusia, lo que por supuesto no van a hacer. Y si Ucrania va a estar sola en el campo de batalla, pretender que se siga combatiendo… hasta el último ucraniano -como piden desde su confortable sillón algunos europeos- no solo no tiene ningún sentido, sino que comporta dos riesgos que los belicistas se niegan a asumir. El primero, poco probable pero muy peligroso, que una larga continuación de la guerra, unida a un deterioro político interno grave de Rusia, precipite una escalada que podría llegar al empleo de armas nucleares, lo que también podría producirse por una cadena de malentendidos o de errores, arrastrando a Europa o al mundo a la guerra. El segundo, mucho más probable, pero que a algunos les preocupa menos porque solo es peligroso para Ucrania, que la prolongación de la guerra solo lleve a más muerte y más destrucción al país, para acabar meses o años después, teniendo que aceptar las condiciones que ahora exige Rusia, o quizá otras peores.

Esto no es derrotismo, es realismo, considerando la evolución de la situación. Ojalá ganara la guerra Ucrania, agredida por Rusia, utilizada por occidente, heroica en su resistencia. Pero no puede. Muchos de los que desean que siga combatiendo, sin que eso vaya a mejorar sus expectativas, no lo hacen por solidaridad, sino porque así se debilita a Rusia, a la que unos tienen miedo y otros quieren ver separada definitivamente de Europa, por razones políticas. Algunos pretenden que Ucrania sea el escudo que proteja a Europa contra Rusia. Y eso, ante la sangre ucraniana que riega cada día sus campos y ciudades, es de un cinismo inaceptable. La mejor forma de ayudar a los ucranianos es conseguir cuanto antes una paz lo más justa posible, para empezar ya la reconstrucción del país y abordar después el difícil proceso de establecer una arquitectura de seguridad compartida, que incluya a Rusia, y nos permita consolidar la cooperación pacífica en Europa y evitar nuevas agresiones, con mucha más efectividad que un rearme masivo y un mantenimiento de la tensión, que, lejos de preservar la paz, han sido muchas veces en la historia los desencadenantes de los conflictos que en teoría pretendían prevenir. Esa sería, sin duda, la mejor garantía de seguridad futura, para Ucrania y para Europa.

Cuando el presidente de los EEUU hizo público su Plan Integral (PI) para terminar con el conflicto en Gaza, en septiembre de 2025, muchos dijeron -dijimos- que era una imposición neocolonial a los vencidos, que pretendía perpetuar el dominio israelí sobre la Franja, o sustituirlo por una ocupación internacional, bajo el dictado de Trump, para mantener a los palestinos que no quieran exiliarse tutelados y sometidos, además de robarles su territorio para explotarlo. Pero después de 70.000 muertos, con una grave hambruna afectando ya a miles de niños, ésta era -por desgracia- la única alternativa a la continuación del genocidio, y Hamás la aceptó, al menos en sus fases iniciales, para detener la masacre, aun conscientes de que se trataba de una rendición incondicional que iba a impedir sine die cualquier forma de autogobierno o de control de su territorio.

Poco después, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2803, con la única abstención de China y Rusia, que se han desentendido absolutamente de esta tragedia. Se trata de una de las resoluciones más vergonzosas, deplorables e injustas jamás aprobadas (ha habido otras), que asume sin más el Plan Integral de Trump, entre alabanzas, y consagra la impunidad de Israel, la ocupación de Gaza y el sometimiento de los palestinos, sin ningún respeto a sus derechos humanos y políticos.

Como era de esperar, la implementación del PI solo favorece a Israel y mantiene a los gazatíes en condiciones inhumanas. No hay bombardeos masivos, pero el punto 3 del plan: “(…) se suspenderán todas las acciones militares (...)”no se ha respetado. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han matado ya al menos a 525 gazatíes, incluido un centenar de menores. La Franja ha sido dividida en dos zonas por una línea amarilla en la que las FDI disparan a todo el que se acerque. En la parte ocupada por Israel, el 55% del territorio, se está destruyendo sistemáticamente todo lo que quedaba de viviendas o infraestructuras palestinas, un indicio de que los gazatíes nunca van a volver allí. Por ahora, los más de dos millones que han sobrevivido están confinados en una zona de 160 kilómetros cuadrados -para hacernos una idea, el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo tiene una extensión de 237-, viviendo hacinados, la mayoría en tiendas de campaña, entre escombros, en medio de unas condiciones climáticas insoportables que, sin recursos, sin apenas asistencia médica ni de ONGs, están causando muchas muertes.

La única parte que se ha cumplido del plan ha sido la entrega por Hamás de los rehenes -vivos o muertos- que aún tenía, y la liberación por Israel de 250 palestinos condenados y 1.700 detenidos sin cargos, amén de 360 cadáveres que -según fuentes palestinas- presentaban signos de tortura. Las estipulaciones del punto 7 del PI: “(…) se enviará inmediatamente la ayuda completa a la Franja de Gaza (…)”y el 8: “La distribución y la ayuda (...) se llevará a cabo sin interferencia de ninguna de las dos partes”, no se cumplen, pues Israel decide y limita la entrada de una ayuda muy insuficiente y controla su distribución. El punto 12: “quienes deseen irse (…) podrán hacerlo y serán también libres de regresar.”, tampoco se cumple: el 4 de febrero Israel abrió el paso de Rafah con Egipto, pero filtra la entrada y la salida imponiendo sus condiciones y rechazando a quien quiere, sobre todo entre los que regresan. La UE tiene allí una misión civil absolutamente inútil porque las FDI deciden sin consultar con nadie

Con la RES 2803, el Consejo de Seguridad ha privatizado la paz en Gaza, otorgándole la autoridad “de transición” a una Junta o Consejo de Paz, propuesta por Trump en el PI, que en realidad no es una organización regida por un tratado internacional, al modo de la OTAN o la UE, sino un club cuyo fundador señala las normas y decide quienes pueden ser los socios, sin más justificación que su sola voluntad, y que carece por tanto de la neutralidad necesaria para poder implementar cualquier plan de paz que no responda a los intereses o deseos de quien la dirige. La Carta de la Junta de Paz que el presidente de EEUU presentó el 22 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos no menciona siquiera a Gaza, define a la Junta como “una organización internacional que busca (…) asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, pero no dice en base a qué principios se establecerá esa paz ni de dónde obtiene la Junta su legitimidad, porque no menciona en ningún momento a la Carta de Naciones Unidas ni ninguna legislación internacional.

Trump es el presidente vitalicio nombra a su sucesor, aprueba o veta todas las decisiones de la Junta, tiene autoridad exclusiva para crear, modificar o disolver entidades subsidiarias, incluso puede disolver la propia Junta cuando lo considere necesario o simplemente no renovándola al final de cada año impar. Invita a los países que le parece oportuno, que -si aceptan- se convierten en miembros, pero solo por tres años a menos que paguen 1.000 millones de dólares, en cuyo caso pasan a ser miembros permanentes…mientras la Junta exista. En definitiva, la organización es en la práctica un consejo consultivo al servicio de Trump, su único dueño y señor, que la utilizará no ya para lograr la paz en Gaza, sino para asumir el liderazgo de un nuevo orden mundial.

A esta cosa, a la que Trump definió en su red Truth Social como “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar” (!), y de la que dijo en rueda de prensa que “podría” sustituir a Naciones Unidas, no se han unido ni Brasil, ni China, ni India, ni Rusia, ni la Unión Europea, que fue invitada como tal además de muchos de sus miembros, de los que solo han aceptado participar Bulgaria y Hungría. Solo 27 países de los 62 que fueron invitados se han sumado a la iniciativa, con algunos dirigentes tan prestigiosos y pacifistas como el bielorruso Lukashenko, o Netanyahu que, como es sabido, tiene mucho interés en la paz en Gaza y en otros lugares de Oriente próximo y medio. De Latinoamérica solo se han unido la Argentina de Milei, El Salvador de Bukele, y el Paraguay de Peña, lo mejor de cada casa. De África, Egipto y Marruecos; ningún país subsahariano ha recibido invitación. Nueve países de la UE -entre ellos España- han rechazado explícitamente la invitación, además de Australia, Noruega, Nueva Zelanda, y Reino Unido. Trump retiró la invitación a Canadá por el discurso de su primer ministro, Mark Carney, en Davos. No es solo la UE; es que, de los 31 aliados de la OTAN -además de EEUU-, se han unido tres. Un rotundo fracaso.

Por debajo de la Junta de Paz se crea un Comité Ejecutivo, que será su órgano de trabajo, y también un Comité Ejecutivo para Gaza. Ambos comparten la mayoría de sus miembros, aunque en el segundo hay un representante de Catar, Emiratos y Turquía. Se trata de una mezcla de políticos directamente vinculados a Trump: Marco Rubio, Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner, además del ínclito Tony Blair, con empresarios o financieros: Mark Rowan, de Apollo Global Management, Ajai Banga, del Banco Mundial, o -en el Comité de Gaza- el milmillonario chipriota-israelí Yakir Gabai. No es ningún secreto que la paz, tal como la entiende Trump, puede ser un buen negocio.

El Comité Ejecutivo de Gaza, en el que, por supuesto, no hay ningún palestino, dirige, controla y supervisa al Comité Nacional para la Administración de Gaza, que es el encargado de la gestión diaria en la franja, o en lo que queda de ella. Compuesto por 15 empresarios o economistas palestinos, bajo la dirección del banquero y experto en infraestructuras Ali Shaath, carece de poderes reales y tiene escasa capacidad de acción, incluso la entrada y salida de sus miembros dependen de Israel, que aún no ha permitido el ingreso en la franja de los que se encontraban fuera en el momento de ser designados

Finalmente, tal como prevé la Resolución 2803, se creará una Fuerza Internacional de Estabilización de Gaza (FIS), bajo el mando del general estadounidense Jasper Jeffers, especialista en operaciones especiales y contraterrorismo, lo que da una pista sobre las reales intenciones de esta fuerza. Según la Resolución, la FIS “operará bajo la orientación estratégica de la Junta de Paz”, lo que significa en la práctica que hará lo que ordene Trump, puesto que él se reserva la dirección unipersonal de la Junta y el derecho de veto a cualquier decisión que adopte ésta, o sus organismos subordinados. Esto podría plantear dos problemas: el primero, que los países que participen -todavía no se sabe cuáles serán- tendrán que ser parte de la Junta de Paz, pues en caso contrario sus fuerzas serían mandadas desde un organismo en el que no están representados, y el segundo -más grave-, que si la misión se prolongase más de tres años y Trump hubiera dejado la presidencia de EEUU, como según su plan seguiría presidiendo el Consejo de Paz, y teniendo en cuenta el papel vitalicio y autocrático que se reserva en la Junta, la fuerza estaría dependiendo de un civil sin ningún título para ejercer esa responsabilidad

La RES 2803 señala que la Junta de Paz y las presencias internacionales civiles y de seguridad estarán autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2027, pero prevé que la FIS pueda ser prorrogada, lo que seguramente será inevitable a la luz de la situación actual de la franja. Entre otras cosas habrá que ver cómo la FIS se relaciona con las FDI y si éstas se avienen a retirarse de la Franja a medida que la FIS asegure el control y la estabilidad, tal como dictamina la resolución, y a qué ritmo -que está por determinar-, porque Netanyahu no se fía de nadie que no sea israelí ni parece dispuesto a abandonar definitivamente el control militar de la franja. Lo veremos cuando llegue el momento. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que los combates y los bombardeos han generado 68 millones de toneladas de escombros, que hay que retirar, y Alí Shaath considera que se necesitarán al menos siete años de trabajo para que Gaza renazca. Así que prever que todo estará arreglado y las previsiones finales de la RES 2803 se habrán cumplido al final de 2027 es un pensamiento ilusorio.

Con todo, la cuestión esencial es qué va a pasar con la Franja, cómo quedará la final del proceso, y qué va a pasar con los palestinos. En Davos, Kushner hizo público un “plan de desarrollo Trump para la Nueva Gaza” de 30.000 millones de dólares, con una costa repleta de rascacielos y resorts de lujo, que implica la demolición total de lo que existe para crear un territorio diferente y artificial, en el que los palestinos no tendrán ningún papel ni capacidad de decisión, como no la han tenido en su concepción. El punto 2 del PI: “Gaza será reurbanizada en beneficio de su pueblo ( ...)” se convierte en un cruel sarcasmo, porque no serán los gazatíes los que residan en esos lujosos edificios. 

Para ellos se reservan lo que los israelíes definen como “burbujas humanitarias”, de las que ya existe un modelo llamado Primera Comunidad Planificada Gaza, financiada por Emiratos, que podrá albergar hasta 25.000 palestinos en un barrio construido sobre las ruinas de Rafah. La idea es fragmentar territorial y socialmente Gaza, creando una especie de islas palestinas libres de Hamás, aseguradas por contratistas extranjeros, con residentes sujetos a un riguroso proceso de selección externa y controles biométricos. Una especie de reservas indias o bantustanes de las que los gazatíes podrían salir bajo control para trabajar al servicio de los ricos propietarios o turistas de la “Nueva Gaza”

Todas las afirmaciones del PI y de la RES 2803 relativas al futuro palestino: “Una vez que se haya llevado a cabo fielmente el programa de reformas de la Autoridad Palestina… se podrán dar por fin las condiciones para una vía factible hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina” eran, como cabía esperar, falsas Ninguna autoridad palestina va a controlar esa Nueva Gaza construida para el turismo de lujo, a no ser que se trate de testaferros teledirigidos por los verdaderos amos. Después de sufrir un genocidio – justificado en unos atentados terroristas en los que no participaron el 99,9 % de los gazatíes – que ha matado a 30.000 mujeres y 20.000 niños y ha destruido todo lo que tenían, los palestinos de Gaza siguen siendo asesinados, se les roba su territorio, igual que a sus hermanos de Cisjordania, y se ven sometidos, privados de su derecho a gobernar su propio país, por una Junta de Paz, al servicio personal de Trump, respaldada por una resolución infame de Naciones Unidas. Qué tristeza, qué vergüenza, qué desolación.

     Pero la historia no termina aquí. A pesar de la evidente traición de los gobiernos árabes - que algún día lo pagarán porque la mayoría de los ciudadanos de esos países no apoyan ese abandono ante el genocidio de sus hermanos -, a pesar de la indiferencia, cuando no la complicidad, de los gobiernos europeos y de otras potencias, los palestinos han resistido, llevan décadas resistiendo, y resistirán hasta que sean libres si tienen al menos el apoyo de todas las personas decentes del mundo que estén dispuestas a transformar en hechos su indignación. Debemos hacer todo lo que podamos: enviar ayuda, protestar, manifestarnos, presionar a nuestros dirigentes para que les defiendan. No podemos abandonarlos, porque su resistencia nos devuelve parte de nuestra dignidad como seres humanos. Porque lo que les pasa a ellos es un anuncio de lo que se nos viene encima a todos en un mundo regido por la violencia, la depredación, y la ley del más fuerte. Tenemos que ayudarles, aunque solo sea porque así nos ayudamos a nosotros mismos. Porque nosotros también tenemos miedo. Nosotros también somos palestinos.

El evidente fracaso de la reunión que mantuvieron, el miércoles 14, los ministros de asuntos exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y de Dinamarca Lars Lokke Rasmussen, a petición propia, con el vicepresidente de EEUU, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciado por la patética expresión a su término de los representantes groenlandés y danés: “profundo desacuerdo”… “Trump tiene el deseo de conquistar Groenlandia”…, certifican el fracaso de cualquier opción de diálogo y acuerdo con la administración del presidente Donald Trump respecto a su pretensión de hacerse “por las buenas o por las malas” con el dominio de la isla ártica. Es de suponer que Motzfeldt y Rasmussen iban a negociar, proponer concesiones para explotar recursos minerales —todo el mundo supone que es eso lo que quiere Trump— o una mayor colaboración militar, pero nada de esto ha sido suficiente. Si el presidente estadounidense ha dejado claro que no aceptará nada que no sea el dominio total de la isla, es porque su ambición va más allá de quedarse con sus riquezas naturales. Solo la anexión le permitiría dominar completamente Groenlandia —que en caso de independencia podría buscar ofertas económicas en otros países—, controlar su zona económica exclusiva, las rutas de acceso al Ártico, y —sobre todo — reclamar una zona de plataforma territorial extendida en ese océano de cerca de 900.000 kilómetros cuadrados, incluida parte de la cordillera submarina de Lomonósov que también reclama Rusia, donde podría haber ingentes cantidades de minerales y petróleo.

La reacción de Copenhague ha sido un rechazo firme al intento de suprimir la soberanía danesa, en tanto los groenlandeses quieran conservarla, como es el caso en palabras recientes de su primer ministro, además de hacer una petición de respaldo a sus socios europeos. Pero la respuesta de la Unión Europea ha sido contemporizadora y débil. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen ha tardado dos semanas en hacer una declaración afirmando que Groenlandia puede “contar con nosotros política y económicamente”, pero sin criticar a EEUU. Podría haber anunciado el posible empleo del instrumento anticoerción, aprobado en 2023 con vistas a China, que permite acciones económicas muy contundentes, pero de eso ni se habla. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha mostrado su rechazo con gran firmeza… retórica, para concluir con la valiente decisión… de crear un consulado en la isla (!). Ha habido muchas reuniones de dirigentes europeos para estudiar planes y medidas, que han acabado con la decisión de enviar a la isla algunos pequeños contingentes militares para que hagan allí ciertas maniobras disuasivas, no se sabe contra quién, porque según los servicios de inteligencia daneses desde hace diez años no se ha visto por allí ningún barco chino.

El envío de tropas europeas es puramente simbólico, lo que coloquialmente se llama mostrar bandera. Alemania, por ejemplo, ha enviado 13 efectivos, Finlandia 2. Por supuesto, ninguno de los contingentes, incluso los más numerosos, tienen por misión enfrentarse a una hipotética – e improbable – acción militar estadounidense, sino más bien dar una señal de solidaridad, más bien poco enérgica, a los daneses y también ante los propios ciudadanos europeos que asisten asombrados a la pasividad de sus líderes. Su misión, si es que se puede llamar así dado su escaso volumen y capacidades, es reforzar la defensa de Groenlandia y, en general, de la zona ártica, ante la preocupación mostrada por Trump en estos aspectos. Por supuesto la OTAN podría hacer mucho más en la zona si fuera necesario - que no lo es, al menos por ahora – como poner en marcha un plan específico, un Artic Sentry similar al Baltic Sentry, que se aprobó en Helsinki hace ahora un año para proteger el flanco norte, en relación con la guerra en Ucrania, y algunos aliados han ofrecido ya esta posibilidad a Washington. Pero Trump no quiere ninguna ayuda, al contrario, ha anunciado nuevos aranceles para los países que hayan desplegado tropas en la isla que empezarán en el 10%, para subir al 25% en junio. 

Con esto, el presidente estadounidense deja claro que su problema no es la seguridad y los estados europeos que han enviado tropas salen de su ambigüedad para caer en el ridículo. Aunque Trump había alegado la defensa de la isla como la razón más importante de su ambición, no era difícil entender que ese no era su objetivo. Además de una posible mayor implicación de la OTAN si fuera necesaria, el tratado defensivo bilateral que EEUU firmó con Dinamarca en 1951 —revisado en 2004 y 2023— permite a la potencia americana establecer todas las bases y efectivos militares que desee para defender la isla y proteger las rutas de navegación, sin límites. La base espacial de Pituffik, ha sido ampliada varias veces, incluso Dinamarca ha tolerado armas nucleares en la isla —en 1968 hubo un grave accidente que produjo contaminación radiactiva—, y ha sido EEUU el que ha reducido voluntariamente su presencia militar de casi 10.000 efectivos, durante la guerra fría, en 17 bases, a menos de 300 en una, en la actualidad.

Trump no va a tratar de obtener la isla por la fuerza. Esa amenaza es solo un intento de intimidación, como lo es su insistencia en que no admite nada que no sea que la isla este bajo su dominio, o la imposición de nuevos aranceles a todos los que se opongan a su deseo de incorporarla a la soberanía de EEUU. Va a emplear todos los instrumentos de coacción de los que dispone para lograr sus propósitos, pero no va a llevar a cabo ninguna acción militar —y mucho menos letal— porque supondría el fin de la Alianza Atlántica, y aunque no siente ninguna simpatía por ella no es probable que quiera llegar tan lejos. Eso sería, además, un golpe —tal vez definitivo— a la cooperación con Europa, a la que necesita para vencer en su pugna con China, aunque no la respeta porque la ve débil y desunida. Pero, en cualquier caso, solamente la amenaza de emplear la fuerza contra otro aliado, constituye ya una violencia inaceptable y debería ser suficiente para que se convocara una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en la que se requiriera a EEUU el absoluto respeto a la letra y al espíritu de la Alianza, o —en caso contrario— su abandono de la organización, y de las bases e instalaciones que tiene o utiliza en el continente. Algo que, por supuesto, nadie en Europa quiere hacer.

Parece que algunos dirigentes europeos —atlantistas empedernidos— están pensando que esta crisis es temporal y que, si la Alianza Atlántica aguanta, aunque sea maltrecha, cuando el mandato de Trump termine, las cosas pueden volver a ser como eran. Pero va a ser que no, la relación entre ambas orillas del Atlántico ya nunca volverá a ser la misma. Por tres razones: la primera es que para que eso suceda faltan tres largos años y, vista la actitud del presidente estadounidense hacia la Unión Europea, reflejada claramente en su estrategia de Seguridad Nacional, en este tiempo pueden pasar muchas cosas que empeoren la relación EEUU- Europa hasta extremos insoportables; la segunda, porque su sucesor puede ser su vicepresidente J.D. Vance, cuya hostilidad hacia la UE y su sistema político es aún mayor, como expresó sin pudor en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en febrero de 2025, y si es elegido podría tener dos mandatos, es decir nos iríamos a 2037; la tercera —y tal vez la más importante— porque lo que está pasando pone en evidencia que es posible y, por tanto, que puede repetirse. O, dicho de otra forma, que no se puede fiar incondicionalmente la defensa de Europa a una potencia externa sobre la que no tenemos ningún control y que en cualquier momento puede dejar de ser fiable, incluso ser hostil, dejándonos solos e inermes. Esto ya se sabía desde el fin de la guerra fría, y por tanto del interés vital compartido, pero muchos se negaron a verlo por comodidad, por desconfianza hacia sus vecinos, o por razones ideológicas.

Ahora algunos sacan a la luz el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que podría ser invocado por Dinamarca para recabar la solidaridad —también militar— de sus socios. Este artículo es un trasunto del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, la cláusula de defensa mutua. Su redacción es prácticamente idéntica, y convierte de iure a la UE en una alianza defensiva, incluso si el texto contiene una referencia a la responsabilidad de la OTAN en la defensa colectiva de Europa —cuya inclusión fue una exigencia de Reino Unido y otros gobiernos atlantistas en Maastricht—, que no minora en absoluto la obligación mutua adquirida por los Estados miembros. La diferencia entre ambos, es que la Alianza Atlántica creó una estructura militar —la OTAN— para hacer realidad la defensa colectiva, totalmente dirigida por EEUU, que ponía la mayor parte de la fuerza, y la UE nunca ha emprendido la tarea de poner en marcha su propia estructura militar para tener los instrumentos que hicieran efectivo ese compromiso. Si la capacidad común de defensa colectiva europea se hubiera empezado a crear hace tres décadas, cuando el escenario estratégico en Europa había cambiado radicalmente y se aprobó el TUE, ahora no tendríamos que ponernos de rodillas para que Trump sea bueno, no nos abandone ni coaccione a un aliado europeo, ni estaríamos temblando ante Putin, que desprecia —con razón— lo que los europeos podamos decir o hacer.

¿Va a conseguir la actitud de Trump, su hostilidad hacia la UE, su amenaza a Groenlandia, que cambie esta pasividad y se aborde en serio de una vez la construcción de una defensa común europea autónoma y suficiente? Probablemente, no, al menos mientras perdure la guerra en Ucrania y la hipotética amenaza rusa sobre Europa, que muchos creen —o dicen creer— que no se puede afrontar sin el concurso de EEUU, por más que esa amenaza sea claramente inverosímil a la luz de la capacidad económica, industrial, demográfica y militar de Rusia, excepto en lo que se refiere a armas nucleares. La tendencia a aceptar lo que sea, con tal de que Trump no abandone a Europa, no cambiará ni siquiera cuando termine la guerra, porque lo más probable es que la situación de tensión se mantenga, si no se abandona la actitud belicista en favor de un acuerdo amplio de seguridad compartida en el continente, y habrá países —bálticos, nórdicos, Polonia, etc.— que seguirán confiando exclusivamente en EEUU para su defensa, aunque eso suponga acatar sin límites las órdenes de su amo y señor.

La única posibilidad que parece factible es que algunos países europeos, los que tengan menos reticencias a compartir su soberanía y más confianza mutua, se decidan a crear una Unión Europea de Defensa, poniendo en común sus capacidades militares y adquiriendo, entre todos, aquellas que sean imprescindibles y aún no posean, o no en el grado necesario. Solo la suma de los presupuestos de defensa actuales de Alemania, España, Francia e Italia, supera en un 50% al de guerra de Rusia, que no va a poder mantenerlo mucho tiempo, y Francia dispone de suficiente fuerza nuclear para disuadir cualquier agresión. Tampoco les falta la capacidad tecnológica, aunque haya que acudir a algunos equipos o componentes externos como hacen todos, también EEUU. Es posible hacerlo fuera del marco de los tratados de la UE, sin resultar incompatible, recordemos una vez más que la moneda común se inició también fuera de los tratados y ahora forma parte de ellos, incluso su aceptación es obligatoria para los países que se incorporen a la Unión, aunque algunos Estados miembros aún no la hayan adoptado.

Hay que hacerlo, y además cuanto antes. Porque la dependencia militar conduce a una sumisión política —como se está viendo estas semanas—, y esta a su vez a una subordinación comercial y económica, que se ha traducido, en este caso, en la exigencia de un incremento exagerado de los presupuestos militares —en detrimento del gasto social— y en la imposición de los aranceles que Trump ha decidido unilateralmente, además de obligarnos a comprarle energía más cara y a invertir en su país. Hemos elegido a nuestros gobernantes —entre otras cosas y es tal vez la más importante— para que nos defiendan, no solo de Putin, también de Trump y de cualquiera que intente coaccionarnos, dinamitar la forma política y social que hemos adoptado, limitar nuestra voluntad para decidir lo que queremos ser y cómo queremos afrontar nuestro futuro. Tenemos que exigirles determinación y coraje, porque nuestra libertad y nuestra dignidad no admiten un sometimiento que, aunque se escude en el realismo o en la conveniencia coyuntural, suele ser consecuencia de la debilidad y del miedo al riesgo.

El ataque de EEUU a Venezuela, comparable —si no cuantitativamente sí en cuanto a su ilegalidad— con la invasión rusa de Ucrania, ha derivado en el establecimiento de un protectorado extractivo sobre el país caribeño, teledirigido desde Washington, que va a durar “muchos años” en palabras del presidente Donald Trump, erigido en detentador del poder absoluto sobre su presa. Podría usar su poder para promover la democracia, pero prefiere mantener el régimen chavista —descabezado por el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro— porque es la coartada que necesita para mantener una imposición que sería imposible sobre un país democrático con líderes limpios.

Más allá de los intereses económicos, Trump ha dejado claro en Venezuela que no tiene escrúpulos para emplear la fuerza contra cualquier país que ose enfrentarse a su poder. Su Estrategia de Seguridad Nacional contempla el derecho de emplear medios militares en todo el continente americano para combatir la migración, las drogas y la delincuencia que puedan afectar a EEUU o a sus intereses, lo que puede propiciar más acciones militares en la región. La tensión con Colombia se ha aminorado después de que Trump haya hablado por teléfono con su presidente, Gustavo Petro, pero el régimen cubano que fundó Fidel Castro en 1959 —insostenible sin la ayuda de Venezuela— caerá probablemente a corto plazo, y algo similar puede pasar en cualquier momento en Nicaragua. En cuanto a México, el régimen político no está en peligro, pero EEUU podría atacar, desde el aire o con fuerzas de operaciones especiales, instalaciones, depósitos o centros de producción de drogas, violando el espacio aéreo, y por tanto la soberanía del país, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum intenta contemporizar.

La locura imperialista no termina aquí. Aprovechando la conmoción general que el despiadado ataque a Venezuela ha producido, Trump y sus más cercanos aumentan ahora la presión para anexionarse Groenlandia – una idea que ya avanzó en su primer mandato -, a la que necesitaría por razones “de seguridad nacional e internacional”, amenazando incluso con emplear la fuerza militar si no pueden comprarla. Esta pretensión es aún peor que la presión sobre Latinoamérica porque el país al que pertenece la gran isla nórdica es Dinamarca, miembro de la UE y uno de los fundadores de la OTAN. Por supuesto, que Groenlandia siga siendo danesa no implica ningún riesgo para la seguridad de EEUU, que tuvo hasta 17 bases allí, mantiene aún una muy grande —Pituffik— con la misión de detectar los misiles intercontinentales que puedan acercarse a EEUU por rutas transpolares, y podría obtener fácilmente el permiso para instalar todas las que considere necesarias para garantizar la seguridad de la isla y controlar las rutas que pasan cerca. Trump quiere Groenlandia por razones económicas —tierras raras, petróleo, minerales—, geopolíticas —acceso al Ártico, que pretende repartirse con Rusia, control de la ruta polar Paso del Noroeste—, pero también porque aumentar el territorio de su país, en nada menos que 2.200.000 kilómetros cuadrados, le haría pasar a la historia de EEUU como uno de sus más gloriosos presidentes.

Trump no va a lanzar ninguna operación militar sobre Groenlandia, eso sería una locura que acabaría definitivamente con la OTAN y obligaría a una reacción en Europa que arrastraría incluso a los más atlantistas. La mención a esa posibilidad tiene el único fin de intimidar a Copenhague para tener ventaja en la inevitable negociación. La única vía para conseguir sus objetivos pasa porque la isla se independice de Dinamarca y después, aunque no sea inmediatamente, se una a EEUU, probablemente como Estado libre asociado, al modo de Puerto Rico. Es el camino que siguió Texas en el siglo XIX para pasar de México a EEUU, y Trump pretende allanarlo ofreciendo a sus habitantes dinero, que muchos de ellos necesitan. De ese modo no compraría Groenlandia a Dinamarca, sino a los groenlandeses. Pero este proceso necesita tiempo, y Trump tiene prisa, quiere que sea durante su mandato y preferiría que fuera este año, porque si en las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en noviembre, perdiera la mayoría en alguna de las cámaras del Congreso, a pesar de las maniobras —legales o ilegales— que sin duda va a hacer para que eso no pase, podría tener problemas para completarlo. Mientras tanto, intentará que Dinamarca le otorgue concesiones para explotar recursos y aumentar sus inversiones y su presencia militar y política para favorecer sus propósitos.

Y la UE, ¿cómo reacciona ante la amenaza a la integridad territorial de uno de sus miembros? Silencio. El Consejo Europeo ni siquiera se reúne para tratar el asunto. Solo seis miembros de la UE —incluida España— más Reino Unido, emiten un comunicado afirmando que corresponde a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que les conciernen, pero dicen también que la seguridad del Ártico debe ser alcanzada de forma colectiva, y que “Estados Unidos es un socio esencial en este empeño”. Nadie se atreve a ir más lejos. Y aún es más de lo que se hizo ante el ataque a Venezuela, cuando la Comisión hizo una llamada a la calma y al diálogo, después de una agresión criminal e ilegítima, con una vaga mención a la legalidad internacional, pero sin decir quién la vulneraba ni emitir ninguna condena, y solo España firmó un comunicado con cinco países latinoamericanos rechazando el ataque, ante la parálisis de los demás europeos. El doble rasero respecto a Rusia, que ya se vio en Gaza, vuelve a mostrarse sin pudor.

La UE podría, si quisiera, hacer muchas cosas para pararle los pies a Trump, no solo en su asalto a Groenlandia, sino en la agresividad hacia la Unión que refleja la Estrategia de Seguridad Nacional, y en general en su matonismo imperialista indiferente a cualquier norma, acuerdo o institución que limite su voluntad. Podría al menos reunirse el Consejo Europeo y emitir un comunicado en el que se reflejase claramente su condena ante violaciones del derecho internacional —con nombres y apellidos— y su disposición a oponerse firmemente a este tipo de acciones. Podría romper el acuerdo de aranceles, o imponer a EEUU unos equivalentes, y negarse a cumplir los compromisos que adquirió en julio Ursula von der Leyen en Escocia: compra de energía estadounidense por valor de 750.000 millones y otros 600.000 millones en inversiones, e incluso podría aprobar sanciones como las que se imponen a Rusia. Los que son miembros de la OTAN podrían convocar una cumbre del Consejo Atlántico para debatir el asunto de Groenlandia, que, aunque no llegara a ninguna resolución —pues se requiere unanimidad— obligara a EEUU a exponer sus intenciones y someterse a las críticas. Podría intentar revitalizar Naciones Unidas, activando la Resolución 377 A “Unidos por la Paz”, aprobada la Asamblea General de Naciones Unidas en 1950, que permite puentear al Consejo de Seguridad cuando este sea incapaz de actuar en favor de la paz —por oposición de uno de sus miembros permanentes—, y dictar resoluciones y autorizaciones a los Estados, incluyendo el uso de la fuerza, para restablecer la paz.

Sobre todo, podría utilizar —aunque solo fuera en grado de amenaza— dos acciones especialmente peligrosas para Washington. La primera, un acercamiento político y económico a China, que decantaría la balanza en favor del país asiático en su pugna con EEUU. La segunda, una propuesta para abandonar el dólar como moneda de referencia en las transacciones mundiales, para lo que podría ponerse de acuerdo con un buen número de países del sur global, incluidos China, India, Brasil y algunos árabes. Esto sería demoledor para la economía estadounidense, con un déficit anual de 2,5 billones de dólares y una deuda pública de 39 billones que solo puede sostenerse gracias a que el mundo entero compra dólares. Se da el caso de que Maduro había acordado, poco antes del ataque, renunciar al dólar para su comercio petrolífero con China, igual que hizo Sadam Hussein en 2003, solo unos meses antes de que Irak fuera invadido con la excusa de las armas de destrucción masiva. La fortaleza del dólar es vital para EEUU y la mera amenaza de renunciar a él por parte de la UE o de países importantes puede paralizar cualquier iniciativa, porque no es probable que se atreva a bombardear Berlín o París.

¿Por qué no se hace nada de esto? ¿Por qué la UE calla, se somete, y se humilla? Hay muchas razones relacionadas con el innegable deterioro de la cohesión comunitaria: división entre estados miembros, debilidad política interna en muchos de ellos, egoísmos nacionales, falta de liderazgo. Pero sobre todo hay una razón común que paraliza cualquier crítica hacia Trump, y es la guerra en Ucrania. La mayoría de países europeos piensan que EEUU es imprescindible para detener a Rusia, incluso después de un hipotético acuerdo de paz. A pesar de que Trump ha demostrado que está más bien de parte de Rusia, los europeos no encuentran alternativa a su apoyo porque han perdido por completo – voluntariamente – cualquier capacidad de interlocución con Moscú, y están dispuestos a arrastrarse para que Trump no abandone a Ucrania y a Europa a su suerte, ante un temor a Rusia que resulta infundado a la luz de la capacidad militar real que está demostrando en la guerra, pero que es esgrimido sin cesar por los belicistas.

Desde luego Washington —y a Londres— le tocó la lotería cuando Putin invadió Ucrania, ya que su peor pesadilla ha sido históricamente que se consolidara un poder autónomo en la Europa continental que escapase de su control, y mucho más peligroso aún si era en cooperación con Rusia. Aunque no era raro que les tocara porque habían comprado todos los números. La larga guerra en Ucrania ha requerido toda la energía de Rusia y ha producido una gran debilidad en la UE, y esto ha permitido a Trump hacer lo que quiere donde quiere, sin más límites —como él ha dicho— que su propia moral (?), o forzar en los países OTAN un aumento del gasto militar hasta el 5%, imponer aranceles unilaterales indiscriminados, obligar a la UE a inversiones y compras en EEUU, y exigir la entrega —de una u otra forma— de Groenlandia. Todas son cuestiones que él ya había puesto encima de la mesa en su primer mandato, pero que entonces no pudo llevar a cabo, en parte porque no tenía el dominio de la política interna de su país que ahora tiene, pero también porque entonces la UE estaba en un momento bastante más alto, trabajando en su autonomía estratégica y seguramente habría resistido la presión. Ahora, aunque acabe la guerra en Ucrania, la paz nunca será tan sólida y definitiva como para que los países europeos se puedan liberar de sus miedos, y por ende de su dependencia, si no cambian hacia una concepción distinta y más amplia de la seguridad europea. 

Es difícil romper con aquél de cuya protección dependes, incluso criticarle. La UE se encuentra inerme ante los insufribles abusos del emperador de América, debido a su incapacidad para construir la potencia política autosuficiente que por su economía, población y grado de desarrollo podría ser. Ahora sufrimos las consecuencias de tantos años de comprar nuestra seguridad a un país cuyos intereses, en Europa y en cualquier parte del mundo, responden exclusivamente a la búsqueda de su beneficio. Siempre ha sido así, pero al menos había una invocación a la multilateralidad, cierto respeto a las normas, se buscaban justificaciones, se respetaba a los aliados. Con Trump todo eso desaparece y el imperio muestra su faceta más cruda y cruel. Muchos se sorprenden ahora: ¿Cómo es posible que mantenga el régimen chavista, que insulte al presidente de Francia, que exija la entrega de Groenlandia? Pero eso es lo que nos merecemos.

Trump no engaña a nadie, su Estrategia de Seguridad Nacional indica, negro sobre blanco, que considera el sistema político europeo un error —que él va a ayudar a corregir— y que los únicos aliados que reconoce son los partidos patrióticos, es decir, la extrema derecha, que precisamente pretende acabar con la Unión y regresar al nacionalismo. A pesar de ello, y a pesar de la evidencia de sus actos, hay dirigentes europeos, empezando por el cínico y patético Mark Rutte y arropados por el silencio cómplice de Ursula von der Leyen, que aún sostienen que se trata de discrepancias menores y que EEUU sigue siendo un aliado fiable que ama a Europa y siempre va a protegerla. 

Pero esta ficción resulta ya insostenible, y los ciudadanos europeos son cada vez más conscientes de ello. EEUU se ha convertido en un peligro para Europa y para el mundo, que además puede prolongarse mucho en el tiempo porque es probable que el sucesor de Trump sea J.D. Vance, que podría tener dos mandatos, y es tan malo o peor que él, al menos en lo que respecta a Europa. No podemos ser cómplices ni víctimas de sus imposiciones. Es inevitable ya emprender un cambio de rumbo, por difícil que sea cuando aún no se ha resuelto la guerra en Ucrania. La UE tiene que desconectar de Washington, rechazar frontalmente el imperalismo trumpiano, emprender un diálogo directo con Rusia para llegar a una paz lo menos lesiva posible para Ucrania, acordar con Moscú un nuevo paradigma de seguridad europea compartida que evite nuevas agresiones, y avanzar en su unión política hasta convertirse en un actor global sólido, independiente y pacífico, que a todos interese tener como socio y a nadie le compense agredir. Cuanto más tardemos en hacerlo, más vamos a sufrir los abusos del emperador americano, más se van a deteriorar las relaciones internas y externas europeas, y más va a crecer —alimentada desde el otro lado del Atlántico— la serpiente de la ultraderecha que pone en peligro la paz y la democracia en nuestras naciones.

Aunque largamente anunciado, tanto por las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, como por el importante despliegue de sus fuerzas armadas en el Caribe y por las acciones militares y de bloqueo previas, el ataque lanzado sobre Venezuela en la madrugada del sábado día 3 ha conmocionado a la comunidad internacional y sobre todo a los venezolanos, tanto a los que lo deseaban como a los que no. Hasta 150 aviones estadounidenses han bombardeado objetivos militares, bases, puertos y aeropuertos, en Caracas y otros lugares, mientras la fuerza especial Delta secuestraba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y los llevaba a un barco con rumbo a Nueva York donde serán objeto de “toda la ira” del sistema judicial de EEUU –en palabras de la fiscal general–, bajo la imputación de conspiración narcoterrorista.

Hasta ahora, no se ha demostrado ninguna vinculación de Maduro con el narcotráfico. Incluso un informe de inteligencia rechazaba su vinculación con el Cártel de los Soles, que Trump esgrime para justificar su acción. Veremos cómo se prueba en el juicio. Y de paso, qué responsabilidad tiene su mujer en sus actividades, aunque no sería la única ocasión en que una esposa de un presidente fuera imputada por el mero hecho de serlo. En todo caso, lo de menos es la relación que el presidente de Venezuela pudiera tener con el tráfico de drogas, pues –tal como hemos comentado alguna vez– Trump ha indultado recientemente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue condenado a 45 años por el mismo delito. Esta acción contra Venezuela tiene el claro objetivo de reforzar la imagen de Trump, dañada por el asunto Epstein, y sobre todo de demostrar que tiene la capacidad de imponerse sin escrúpulos allí donde sea útil para los intereses de EEUU, como afirmó el Secretario de la Guerra, Pete Hegseth.

Con esta acción, Trump se inclina hacia la posición de su secretario de Estado, Marco Rubio, ardientemente partidario de aplicar la Doctrina Monroe, que desde su nombramiento ha puesto todo su interés en acabar con Maduro y su régimen. También con el de Cuba, a la que Trump dijo querer “ayudar”, y después probablemente con el de Nicaragua, con lo que se terminaría con todos los gobiernos más hostiles al poder estadounidense en la región, con la excepción de Brasil, que es un bocado demasiado grande, y de Gustavo Petro en Colombia, al que Trump ha amenazado de nuevo.

Pocas horas después del ataque, Trump comparecía en su residencia de Mar-a-Lago, donde está de vacaciones, para alabarse a sí mismo y elogiar un ataque “como no lo ha habido” desde la Segunda Guerra Mundial. Según él, este ataque traerá la paz y la libertad a Venezuela. No tuvo ningún pudor en mencionar expresamente el petróleo, que va a volver a ser una enorme fuente de riqueza con la intervención de las grandes compañías estadounidenses del sector, que van a ir allí a recuperar los derechos que les fueron arrebatados hace 50 años. Dio por finiquitado el régimen bolivariano, amenazó con lanzar un segundo ataque si fuera necesario, y afirmó que EEUU va a “dirigir” Venezuela a partir de ahora para promover una transición hacia un régimen amistoso.

No obstante, Maduro sigue siendo legalmente presidente de Venezuela. Según el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana, solo perdería esa condición por muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como por revocación popular de su mandato. Como ambas instituciones tienen mayoría chavista, y además no se ha cumplido aún el plazo constitucional para una consulta de revocación, solo una renuncia de Maduro que podría ser provocada por la presión de EEUU, tal vez a cambio de un mejor tratamiento penal, podría abrir la vía legal a un cambio en la presidencia. En estos momentos hay un vacío de poder en el país, ya que la presidencia debería recaer en la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y habría que celebrar una nueva elección presidencial en 30 días, pero solo cuando la presidencia esté vacante, lo que no es el caso todavía, al menos según la Constitución vigente.

Naturalmente, esa Constitución sería derogada si este ataque produjera la caída del régimen bolivariano. Pero en estos momentos no está claro que eso vaya a pasar, al menos de una forma inmediata. Los soldados estadounidenses se han ido después de terminar su misión, y solo volverán si Trump ordena otro golpe similar, ya que invadir el país sería complicadísimo y no lo van a hacer, si bien mantendrán el control aéreo y naval. Una gran parte de los venezolanos que aún siguen en el país –y la casi totalidad de los que están fuera– celebran la captura del presidente, pero ellos no tienen el poder, que sigue en principio en manos de los chavistas, aunque hayan perdido a su líder. Se trata de un régimen que ha gobernado el país más de 20 años, y no será fácil desmontarlo sin una importante colaboración interna. Todas las instituciones, incluidas la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo son, como hemos dicho, chavistas, y la oposición –perseguida y reprimida– no está tan unida ni organizada como querría su líder, María Corina Machado, que tampoco parece tener mucho futuro después de que Trump haya dicho sorprendentemente que no tenía el apoyo ni el respeto de su país.

La situación interior del país es todavía muy confusa y es difícil saber lo que está pasando. Está por ver qué papel juegan en el futuro la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros líderes del chavismo, como su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, o el histórico Diosdado Cabello, ministro del interior. Según algunas informaciones, el ministro de defensa, Vladimir Padrino, que es también el General en Jefe del Ejército, estaría tomando decisiones, e incluso reclamando el liderazgo.

Desde luego está claro que la posición que tome el ejército va a ser determinante para la supervivencia o la caída del régimen. Si los militares se mantienen leales al chavismo –la totalidad de los generales lo eran hasta ahora– les resultaría fácil reprimir cualquier intento popular de revertir la situación, a pesar de la presión de EEUU, y las cosas podrían seguir como están. Pero también cabe la posibilidad de que Washington haya tocado a algunos altos cargos, militares o civiles, quizá a cambio de impunidad, y que tenga ciertos apoyos internos. El mejor escenario sería el de una negociación que terminara en una transición pacífica. Aunque también podría pasar lo contrario, que el régimen se endureciera o incluso que, si el ejército se dividiera políticamente, se produjera un enfrentamiento civil que podría ser duro y prolongado en el tiempo. Solo en los próximos días o semanas tendremos alguna respuesta a estas incógnitas.

Aunque Maduro fuera un dictador, aunque no respetara las reglas de la democracia liberal, aunque reprimiera duramente a la oposición, aunque se mantuviera en el poder mediante unas elecciones fraudulentas, nada justifica ni legitima el ataque militar de una potencia como EEUU a un país soberano, sin que haya mediado agresión alguna por parte de este, ni haya una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lo autorice. Trump y Rubio no defienden la democracia, ni siquiera quieren acabar con el tráfico de drogas – no lo conseguirán si no combaten el consumo interno - solo actúan en favor de los intereses políticos y económicos de su país –el petróleo en este caso– o de los suyos propios. EEUU ha promovido y sostenido muchas dictaduras, algunas de ellas muy sangrientas –sobre todo en Latinoamérica– y sigue apoyando a regímenes no democráticos, como en Egipto, Arabia Saudí, o incluso Eritrea, con cuyo gobierno Trump pretende reanudar relaciones amistosas. La intervención militar en Venezuela es absolutamente arbitraria, ilegal, contraria al derecho internacional, e ilegítima. Si todos los países se atribuyeran el derecho a intervenir sobre aquellos otros cuyo régimen político no les gustara, el caos y la violencia global estarían asegurados.

Trump, que llegó a la presidencia con promesas de no intervención y proclamas de pacifismo, decide bombardear un país que no ha atacado a nadie, y secuestrar a su presidente, simplemente porque quiere y puede, porque nadie se lo impide. Ya dejó claro en su reciente Estrategia de Seguridad que lo haría en el continente americano cuando y como quisiera. Pero no solo allí, amenaza con bombardear Irán si su gobierno reprime a los manifestantes contrarios, lo que es una intervención directa en la política interior de un país soberano, mientras aplaude la represión de Nayib Bukele en El Salvador. Impone aranceles unilaterales donde le parece, a veces por motivación política, y desprecia a Naciones Unidas y a cualquier institución supranacional, norma o acuerdo internacional que limiten su voluntad. Si no se le ponen límites, terminará dictando a todos los países del mundo lo que tienen que hacer y cómo, y qué partidos o dirigentes deben gobernar, excepto en China y Rusia, los únicos a los que respeta

La reacción internacional ha oscilado entre tibia e inexistente, excepto por China, la más afectada como importadora del petróleo venezolano, que ha condenado el ataque con firmeza apelando al derecho internacional y a la no injerencia. Rusia condena escuetamente y llama al diálogo, a Putin le conviene el reparto del planeta que hace Trump. Europa calla y acata. Solo la izquierda repudia una acción militar claramente criminal. La socialdemocracia europea llama a la calma y al diálogo, haciendo vagas referencias a la legalidad internacional, igual que Naciones Unidas que debería imponer esa legalidad. La extrema derecha – desde Milei a Abascal– aplaude abiertamente. La derecha asiente satisfecha, igual que la vergonzosa Comisión Europea, insistiendo en que el régimen bolivariano es ilegítimo. Les falta un telediario para empezar a acusar de amigos de Maduro a todos los que critiquen la agresión estadounidense. Y no es así, claro, muy pocos van a derramar una lágrima por Maduro, pero muchos van a llorar si no se le paran los pies al aspirante a dictador universal, a la vista de su trayectoria. Cabe preguntarse si realmente sabemos lo que nos jugamos, si nos damos cuenta de que este episodio no va de que un dictador entre o no en prisión, sino de defender un sistema internacional que garantice la paz y la libertad en nuestro maltratado y dividido planeta.

Desde el inicio de su segundo mandato en enero de este año, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó que se clasificaran como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), hasta diez cárteles de producción y tráfico de drogas de Venezuela, México, Colombia y Centroamérica, alegando que amenazan la seguridad nacional de su país. Naturalmente, las drogas y el terrorismo son dos cosas completamente diferentes, en el primer caso se trata de obtener beneficios económicos y solo causará víctimas o daños materiales en la medida en que esos intereses se vean perjudicados, mientras que el terrorismo no busca beneficio económico sino matar y destruir con fines políticos. Pero esa clasificación permite a Trump a atacar a esas organizaciones sin vulnerar las leyes de su país, e incluso en casos como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, vincularlas con la cúpula política venezolana para declarar a Venezuela como narcoestado, a pesar de que los propios servicios de inteligencia estadounidenses han negado que el presidente Nicolás Maduro esté de ninguna forma involucrado en ellas.

En julio, Trump firmó una orden ejecutiva clasificada por la que autorizaba el empleo de medios militares para combatir a las que había clasificado como FTO sin restricciones territoriales. En agosto, se empezaron a desplegar medios navales y aéreos en el Caribe, y el 2 de septiembre se produjo el primer ataque a una lancha procedente de Venezuela acusada de transportar droga hacia EEUU. Desde entonces las fuerzas armadas estadounidenses han destruido en el Caribe o en el Pacífico 24 lanchas procedentes de Venezuela o de Colombia, con un saldo de 99 víctimas mortales, sin que en ningún caso se haya demostrado que transportaban droga, lo que desde luego tampoco habría autorizado el asesinato extrajudicial de los ocupantes de los barcos, sino en todo caso su detención. De lo arbitrario de estos ataques da cuenta la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano, muerto cuando su barco pesquero fue atacado y destruido.

Es dudoso que el objetivo real de Trump sea acabar con los narcotraficantes, cuando él mismo ha indultado a algunos de los más importantes condenados por tribunales de EEUU, entre ellos el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años por tráfico de drogas, o Ross William Harris, que cumplía doble cadena perpetua, y otros como Michael R. “Harry-O” Harris, Ross William Ulbricht, y Larry Hoover. Y si acabar con las drogas es uno de sus propósitos no es el único, al menos en el caso de Venezuela, pues ha declarado públicamente su intención de eliminar el régimen de Maduro, e incluso al propio líder venezolano, llegando a ofrecer 50 millones de dólares por información para su captura. Desde luego, el despliegue en el Caribe de las fuerzas estadounidenses no es el necesario para combatir a lanchas de traficantes, sino más bien para una invasión. Al menos ocho buques de guerra, incluido el mayor portaaviones nuclear del mundo, el Gerald R. Ford, con más de 90 aviones, además del despliegue en bases cercanas de otros aviones de reconocimiento P3, cazas F35, e incluso bombarderos estratégicos B52, y el de unos 15.000 soldados y marines.

La amenaza bélica directa ha suscitado reacciones políticas en EEUU. En la Cámara de Representantes los demócratas han presentado dos resoluciones sobre poderes de guerra para impedir que Trump lance un ataque unilateral, pero han sido rechazadas por la mayoría republicana. En el Senado se ha registrado también una resolución para que el presidente deje de utilizar las fuerzas armadas a menos que esté autorizado por una declaración de guerra o por un permiso específico para el uso de la fuerza militar, y otra que establecería un plazo de 60 días para que el Congreso autorice el despliegue militar después de que se haya notificado al Congreso la existencia de un conflicto, pero es más que probable que los republicanos impongan también aquí su superioridad. Trump impone su voluntad contando con mayoría en ambas Cámaras y en el Tribunal Supremo

No obstante, es perfectamente consciente de que una invasión podría abocar a un caos político en el país y a un largo conflicto, si parte de las fuerzas bolivarianas se refugiaran en zonas poco accesibles del interior del país para constituir guerrillas, o que causaría muchas víctimas - lo que le alejaría definitivamente de su anhelado premio Nobel de la paz -, y ha optado, al menos por ahora, por ejercer una presión creciente para forzar a Maduro a rendirse y abandonar el poder. La escalada empezó el 29 de noviembre cuando declaró el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela. El 10 de diciembre la Guardia Costera incautó un petrolero con crudo venezolano, y el 16 Trump ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados (por EEUU) que entran y salen del país. Se trata de medidas de fuerza que no responden a ninguna agresión o amenaza venezolana y que son absolutamente ilegales según el derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas. Lo hace porque puede, y porque la fuerza es su única ley.

La presión para acabar con el régimen venezolano es muy bien recibida por la oposición a Maduro y por los ocho millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país por razones políticas o económicas. También por muchos países, incluidos los europeos, y por demócratas en todo el mundo que rechazan la falta de democracia en el país, la violencia que se ejerce contra los opositores y el fraude que se produjo en la elección presidencial de 2024. Pero la coincidencia de intereses entre los opositores venezolanos y las acciones del presidente de EEUU es puramente coyuntural.

No parece que a Trump le pueda preocupar mucho el fraude de la elección presidencial en Venezuela, cuando él intentó hacer lo mismo en la que perdió en 2020 contra Joe Biden, incluida la presión al Secretario de Estado de Georgia para que encontrara 11.780 votos y una arenga a sus seguidores para animarlos a que asaltaran el Capitolio, aunque no consiguió revertir el resultado. Ahora, el Partido Republicano que él lidera está manipulando los distritos electorales (gerrymandering) en varios estados para favorecer sus expectativas electorales, y el presidente firmó un decreto – sin tener competencias para ello - que obliga a los votantes a aportar un comprobante de su ciudadanía y exige que todos los votos por adelantado se reciban el día antes de la cita con las urnas, lo que podría privar de su derecho -o dificultar que lo ejerzan – a muchos millones de personas, sobre todo pobres, minorías étnicas o emigrantes que carecen de documentación, ya que en EEUU no existe un documento oficial de identidad, además de hacer depender la validez del voto adelantado de la eficacia del servicio postal.

Tampoco es verosímil que le inquiete que no haya democracia en el país caribeño o que Maduro sea un dictador, cuando ha recibido con todos los honores al príncipe saudí Mohamed bin Salman, que controla en la práctica uno de los países menos democráticos del mundo – regido por la versión más radical de la ley religiosa islámica – y justificó el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi. Trump es el hombre que el 26 de julio de 2024, en la campaña para su reelección, dijo a los votantes cristianos de Florida: “En cuatro años, no tendrán que votar de nuevo. Lo habremos solucionado tan bien que no tendrán que votar”. Acepta la democracia formal porque no puede hacer otra cosa, pero ni le gusta ni mucho menos haría ningún esfuerzo por preservarla en otro país. Al contrario, ha demostrado que está dispuesto a dinamitarla allí donde sea conveniente para los intereses políticos y económicos de EEUU o los suyos propios

Trump no oculta que su verdadero propósito es quedarse con el petróleo venezolano. Ha declarado que quiere revertir la nacionalización que decretó el presidente Carlos Andrés Pérez hace 50 años, por la que se indemnizó entonces a las empresas de EEUU que lo explotaban: “Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos robaron todo nuestro petróleo… Y lo queremos de vuelta”. EEUU ha pasado en poco tiempo de importador de crudo a tener excedentes. Sus exportaciones de petróleo se han multiplicado por diez en la última década, pasando de 0,4 millones de barriles diarios en 2014 a más de 4,1 millones en 2024. Hacia Europa han pasado de ser prácticamente inexistentes en 2014 a superar en 2024 los dos millones de barriles diarios debido al bloqueo de las exportaciones rusas. Si tuviera el control del crudo de Venezuela, que produce alrededor de un millón de barriles diarios y tiene las mayores reservas del mundo, sería la primera potencia en hidrocarburos por delante de Arabia Saudí y Rusia

Pero parece que los opositores venezolanos están dispuestos a que EEUU se quede con su petróleo, incluso a que invada su país, con tal de que Maduro abandone el poder. Y no solo eso, también a asumir un régimen promovido por Washington y obediente a sus instrucciones, porque las intenciones de Trump, más allá del expolio, van hacia instalar en el poder a dirigentes afines ideológicamente y sumisos en todos los países latinoamericanos en los que pueda hacerlo. Ya ha designado su siguiente víctima: Colombia. Después de haber revocado el visado del presidente Gustavo Petro y haberlo calificado de narcotraficante en octubre, el 10 de diciembre le amenazó directamente: “Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”. Por supuesto, Colombia es una democracia, Petro fue elegido con todas las garantías, y está luchando contra el tráfico de drogas con bastante éxito. Pero no es dócil, no se somete a la voluntad del emperador. 

Tampoco va a necesitar el presidente estadounidense esforzarse mucho en este caso, Petro termina su mandato en mayo de 2026 y no puede presentarse a la reelección. Lo único que tendrá que hacer es injerirse en el siguiente proceso electoral y presionar en favor del candidato que prefiera, como intervino para apoyar al candidato del derechista Partido Nacional, Nasry (Tito) Asfura en la reciente elección presidencial en Honduras, donde 20 días después de la jornada electoral todavía no se conoce el nombre del ganador, mientras se suceden manifestaciones en todo el país para protestar contra el “fraude electoral”. O como hizo en Argentina, aprobando una ayuda de 20.000 millones de dólares, condicionada a que el partido de su amigo Javier Milei ganara las elecciones legislativas de medio mandato, lo que probablemente condicionó el resultado.

La elección del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile ha tenido que ser una excelente noticia para Trump, igual que lo fue, en octubre, la derrota del Movimiento al Socialismo en Bolivia. En 2026 habrá también elección presidencial en Brasil, en la que Lula da Silva optará a un cuarto mandato frente a Flavio Bolsonaro, y no hay ninguna duda de a quién apoyará, con todos sus medios, Trump, como hizo con su padre, en cuyo favor impuso al país aranceles del 50%, aunque no pudo evitar que su gran amigo fuera condenado a 27 años de cárcel por tentativa de golpe de estado. Igual que muy probablemente intentará influir, en favor de candidatos afines, en las otras dos elecciones presidenciales que se celebrarán en 2026, en Costa Rica y Perú.

 En 1823, el quinto presidente estadounidense, James Monroe, hizo pública la doctrina de política exterior que lleva su nombre, más conocida por el lema: “América para los americanos”, por la que declaraba que cualquier intervención europea en el continente americano sería considerada una amenaza para la seguridad de EEUU, que a su vez se comprometía a no intervenir en los asuntos europeos ni en las colonias europeas existentes. Una formulación que en principio parecía tener una intención anticolonial, pero que rápidamente derivó en la expansión del control estadounidense sobre el continente, hasta que en 1904 el Corolario (Theodor) Roosevelt la reformuló claramente añadiendo que si una nación americana se comportaba de forma errática o amenazaba intereses de EE. UU, tenían derecho a intervenir para reordenar la situación, legitimando así un intervencionismo unilateral que desde entonces se ha traducido en innumerables injerencias, invasiones, y cambios de régimen forzados en la región, que pasó a ser el “patio trasero” de la primera potencia americana, sometido a sus intereses.

La Estrategia de Seguridad Nacional, que el presidente estadounidense firmó el 4 de diciembre incluye lo que llama el Corolario Trump en referencia a este precedente, para consagrar un control del continente americano que no excluye la intervención militar cuando sea conveniente para combatir la migración, las drogas y la delincuencia que pudieran afectar a EEUU o a sus intereses, ni renuncia a la injerencia directa: “EEUU recompensará y alentará a los gobiernos, movimientos y partidos políticos de la región que se alineen con nuestros principios y estrategia”. Una declaración de intenciones neoimperial que remite a tiempos pasados y debería suscitar el rechazo frontal de todos los países independientes del mundo, pero que no ha provocado ninguna reacción notable. Tampoco en Europa, que tiene indudables lazos históricos y culturales con la región, pero sigue agachando a cabeza ante el aspirante a dictador universal y simultáneamente a premio Nobel de la paz. Esperemos que nuestros países hermanos de América resistan lo suficiente hasta que la historia cambie de signo, aunque lamentablemente, por lo que parece, eso va a tardar bastante más de lo que desearíamos.

Siguiendo la retórica autoelogiosa y pretendidamente excepcional de todos los decretos y documentos que firma el presidente Donald Trump, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de EEUU, publicada el 4 de diciembre, comienza diciendo que todas las anteriores, desde el fin de la Guerra Fría, han sido meras listas de deseos, no han definido claramente lo que quieren, sino que han formulado vagas perogrulladas y han juzgado mal lo que deberían querer. Solo la primera administración de Trump probó que “con el liderazgo adecuado y las decisiones correctas… él y su equipo aprovecharon con éxito las grandes fortalezas de Estados Unidos para corregir el rumbo y comenzar una nueva era dorada” que ahora va a continuar con su segundo mandato. El culto a la personalidad del líder, que recuerda los regímenes fascistas del siglo XX, tampoco es nuevo, muchos miembros de su administración comienzan sus declaraciones con una mención a las increíbles y adecuadas decisiones que su amado jefe y guía ha tomado.

La consecuencia es que este documento plasma un giro radical en la forma en que EEUU concibe las relaciones internacionales, tal como las han venido describiendo todas las estrategias de seguridad de los últimos 80 años, incluyendo la que el propio Trump firmó en 2017 para su primer mandato. El multilateralismo, el papel de las organizaciones internacionales, el valor del derecho internacional para resolver conflictos, brillan por su ausencia. El orden internacional basado en normas deja de ejercer su papel regulador para ser sustituido por equilibrios de poder regionales y globales dirigidos por los países más grandes, más ricos, más fuertes cuyo dominio de las relaciones internacionales considera “una verdad eterna”. Elude la competencia entre grandes potencias, y diseña un mundo dividido en esferas de influencia, que serán respetadas, aunque EEUU debe mantener su hegemonía. La fuerza sustituye al derecho.

La prioridad absoluta es el control de su hemisferio, es decir, del continente americano, aunque solo se refiere al sur, en el texto no aparece la pretendida anexión de Canadá. No hay ningún pudor en recuperar la Doctrina Monroe de dominio continental exclusivo, y añadirle un “Corolario Trump” que consagra una presencia neoimperialista en toda la región, sin descartar el empleo de medios militares cuando sea conveniente para combatir la migración, las drogas y la delincuencia que pudieran afectar a EEUU o a sus intereses. Tampoco renuncia a la injerencia: “EEUU recompensará y alentará a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”. Aunque el objetivo real es que sean expulsados de la región los “competidores no hemisféricos”, en una referencia clara a la creciente influencia china, o incluso europea, que podría debilitar su dominio.

Con su mayor rival adopta un tono conciliador y transaccional. Propone “reequilibrar la relación económica de Estados Unidos con China”, lo que implica un enfoque sólido y continuo en la disuasión, incluyendo la prevención del conflicto por Taiwán y el mantenimiento del Mar de China Meridional abierto y libre. La disuasión se debe basar en el mantenimiento de la superioridad militar estadounidense pero no dice nada de la posible defensa militar de Taiwán si fuera atacada por la República Popular, ni tampoco pone demasiado énfasis en su relación con los aliados en el Pacífico ni en extender su influencia allí, que ha sido una prioridad desde la presidencia de Barack Obama.

Donde aparece el cambio más importante es en la relación con Rusia. La estrategia Trump de 2017 definía a Rusia como una potencia revisionista que buscaba configurar un mundo antitético a los valores e intereses estadounidenses. Ahora, después de la invasión de Ucrania y casi cuatro años de guerra, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin ha rechazado varios intentos de Trump de alcanzar un alto el fuego, la prioridad es “negociar un cese rápido de las hostilidades en Ucrania, con el fin de estabilizar las economías europeas, evitar una escalada o expansión no deseada de la guerra y restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”. Para ello se propone “gestionar las relaciones europeas con Rusia”, ya que a los europeos nos falta autoconfianza a pesar de que tenemos “una importante ventaja de poder duro sobre Rusia en casi todos los aspectos, salvo las armas nucleares” (lo que desmonta la necesidad de que aumentemos los presupuestos de defensa hasta el 5%). Y establece, además, siempre en sintonía con Rusia, que la OTAN no puede ser una Alianza en expansión perpetua.

Este planteamiento no favorece, por supuesto, el interés de Ucrania, ni tampoco el de Europa, sino exclusivamente el de Trump, ya que encaja en su esquema de esferas de influencia y en su deseo de evitar la confrontación con potencias que puedan poner a su país en riesgo. Pero ciertamente responde a un realismo, tan amargo como inevitable, porque sin el apoyo de Washington la resistencia de Ucrania es inútil. Aunque la tesis no es nueva, verla reflejada en un documento como la estrategia de seguridad ha causado un buen disgusto en la mayoría de las capitales europeas, pero en Londres ha sentado como un tiro, y en los Países Bálticos, Polonia y Chequia, igual que en los Escandinavos, como un cañonazo. La afinidad que todos estos países han tenido tradicionalmente hacia EEUU por razones de seguridad, incluso la simpatía que hayan podido sentir hacia las críticas de Trump a la integración política europea y sus propuestas de renacionalización, se han visto sin duda oscurecidas por esta estrategia.

Pero el asunto de Ucrania no es el único problema con los europeos. La crítica comienza citando el declive económico: “Europa continental ha perdido participación en el PIB mundial (del 25% en 1990 al 14% en la actualidad), en parte debido a regulaciones nacionales y transnacionales que socavan la creatividad y la laboriosidad”. Se trata de una manipulación más de la factoría Trump. Es evidente que el meteórico desarrollo de China en las últimas tres décadas ha reducido el porcentaje en el PIB mundial de todos los demás actores mundiales, también de EEUU. Pero el PIB per cápita de la UE ha subido de 15.470 dólares en 1990 a 41.422 en 2023, lo que supone un crecimiento anual de más del 5% de media, mientras que la inflación en esos años ha estado en una media del 3,3%, es decir, los europeos somos ahora más ricos en términos reales que en 1990, a pesar de la entrada en la UE, a partir de 2004, de 13 países con economías mucho más débiles que la media anterior, y de la epidemia de Covid-19.

La clara intención de esta falsedad es ilustrar lo mala que es la regulación, la verdadera bestia negra de los ultraliberales como Trump y sus amigos milmillonarios dueños de empresas multinacionales cuyos beneficios se pueden ver reducidos por las regulaciones europeas, en especial por las multas que la UE ha impuesto a alguna de ellas por abuso de posición dominante o por utilización fraudulenta de datos para entrenar la Inteligencia Artificial. Pero la regulación es un instrumento para el equilibrio en las relaciones económicas y comerciales, exteriores e interiores, imprescindible para que funcione la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales que está en la esencia de la UE. Y es, además, el único medio de protección de ciudadanos y consumidores ante el poder de las grandes empresas cuyo único fin es la maximización de beneficios, a costa de lo que sea y, de quien sea. Trump quiere una Europa ultraliberal que se parezca a EEUU, o a la Argentina de Milei: ausencia del Estado, libertad para explotar o depredar sin rendir cuentas, darwinismo social, desigualdad libre y feroz. La economía se regula sola: el pez grande se come al chico, fin de la historia.

El odio a la regulación afecta, por supuesto, a todas las medidas para combatir el cambio climático, un invento woke de los europeos, que perjudica la industria de EEUU, en particular su exportación de hidrocarburos, No importa que un informe reciente de Lancet Countdown, una organización científica de la Universidad de Londres, respaldado por Naciones Unidas, evalúe en 546.000 las muertes anuales causadas por el cambio climático y en 124 millones las personas que sufren inseguridad alimentaria. ¿A quién le importa? No a los industriales estadounidenses, ni a los votantes de Trump que tienen aire acondicionado y agua corriente en su bella casa.

Según este documento, la debilidad económica y la hostilidad hacia Rusia no son los únicos problemas de Europa, es peor el peligro real de la desaparición de la civilización: “Los problemas más importantes que enfrenta Europa incluyen las actividades de la Unión Europea… que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismas”.

¿En Europa no hay libertad política, se censura la libertad de expresión y se suprime a la oposición política? Pero, ¿usted de qué Europa habla? ¿Quién le ha contado eso, Sr. Trump? ¿Sus amigos europeos ultraderechistas que insultan gravemente cada día a los dirigentes y a las instituciones, agreden a la gente, y se quejan de falta de libertad mientras se manifiestan violentamente con símbolos y consignas nazis sin que nadie se lo impida? No, presidente, es usted el que insulta a las periodistas cuyas preguntas no le gustan, el que ha declarado terrorista un movimiento político no armado como Antifa, el que detiene y deporta, sin ninguna garantía jurídica a inmigrantes que solo hacen su trabajo, el que despliega unidades militares para reprimir o intimidar a manifestantes en Chicago y otras ciudades gobernadas por la oposición demócrata. Eso en Europa no pasa. Pero los extremistas europeos estarán felices de ver cómo difunde su propaganda

Y más encantados aún de ver cómo según su estrategia el problema es la Unión Europea que socava la soberanía y provoca la pérdida de identidades nacionales. Claro que sí, regresemos al nacionalismo, que ha causado tantas muertes y tanto dolor en el pasado europeo. Destruyamos la Unión Europea que es el mejor proyecto político que ha tenido jamás el continente, el único que ha sido capaz de superar esas divisiones y traer la paz y la prosperidad entre naciones enfrentadas durante siglos. Porque solo destruyéndola tendrá EEUU las manos libres para presionar a Estados pequeños y débiles, manipularlos y dominarlos, algo que ahora le resulta mucho más difícil.

En lo que respecta a Europa, los fines de la estrategia de seguridad de Trump se pueden resumir en destruir todo lo que los europeos han construido en las últimas siete décadas. Vierte juicios falsos e inamistosos, y no dice lo que EEUU quiere hacer sino de lo que los europeos deben cambiar, nos da instrucciones. Siempre en la misma dirección, la de la ultraderecha, como cuando alude a la teoría del gran reemplazo: la política migratoria es errónea —a pesar de que ahora está siendo restringida duramente—, debido a la falta de democracia, y acabará con la civilización europea. “Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos”.

No son solo consejos inamistosos. No se van a quedar de brazos cruzados. “La diplomacia estadounidense debe seguir defendiendo la democracia genuina, la libertad de expresión y la celebración sin complejos del carácter y la historia de las naciones europeas”. “Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este resurgimiento del espíritu, y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, sin duda, motivo de gran optimismo” “Nuestro objetivo debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual” Y en la parte ejecutiva (prioridades): “Cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas”. Está claro, están dispuestos a intervenir, a injerirse en los asuntos políticos de naciones para las que cínicamente reclaman soberanía plena, y que se atreven a seguir llamando aliadas.

El tono ofensivo, incluso hostil, que emplea este documento hacia Europa, y en particular hacia la UE, es la mejor demostración de que las políticas de apaciguamiento con el rey de América que han intentado los dirigentes políticos europeos, la sumisión a un gasto de defensa desproporcionado, la aceptación de aranceles unilaterales, las compras de energía e inversiones, los halagos, la connivencia ante los crímenes de su protegido israelí, no han servido de nada. El silencio sigue, cuando ya no puede quedar ninguna duda de sus intenciones. Solo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y algunos exdirigentes europeos han protestado contra sus amenazas de interferir. Los demás callan aún, tal vez por miedo, tal vez esperando que pase la tormenta. Pero la tormenta no va a pasar, lo más probable es que a Trump le suceda su vicepresidente, JD Vance, que dejó claro en febrero, en Múnich, lo que opina de las democracias europeas.

Somos los ciudadanos los que tenemos que oponernos a que se destruyan nuestros avances políticos, y créanos, Sr. Trump, vamos a hacerlo. No necesitamos que salve nuestra civilización, estamos muy contentos con ella. Los estados de bienestar europeos son los más avanzados del mundo en lo que respecta a servicios públicos, igualdad, desarrollo sostenible y protección social. Según el índice de democracia que publica anualmente The Economist, de las únicas 25 democracias plenas que existen en el mundo, 16 son europeas, mientras que EEUU figura en el grupo de democracias defectuosas. En EEUU hay 547 presos en cárceles por cada 100.000 habitantes, la media en la UE es de 115. No nos dé lecciones, Sr. Trump, basta con que nos respete.

El 29 de octubre, el ínclito Donald Trump, presidente de EEUU y aspirante a líder - ¿o dictador? - mundial, escribió uno de sus innumerables mensajes en su red truth social (es su forma habitual de comunicar al mundo sus magnas decisiones), que decía: “Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”. Una decisión que es de lejos la más sorprendente de las que ha tomado hasta ahora en su segundo mandato. Y también la más peligrosa.

EEUU no realiza ensayos nucleares desde 1992. En el siglo XXI solo los ha hecho Corea del Norte, el último en 2017, y declaró una moratoria en 2018. En el pasado siglo, los últimos fueron los de India y Pakistán, en 1998, China y Francia los acabaron en 1996, Reino Unido en 1991, Rusia en 1990, e Israel en 1979, aunque nunca lo ha confirmado. En total, se realizaron en todo el mundo más de 2.000 pruebas nucleares, con una potencia conjunta de unas 36.000 veces la bomba lanzada en Hiroshima en 1945, de las que algo más de la mitad fueron estadounidenses. Es difícil determinar los daños que los ensayos y accidentes nucleares han causado, porque se han mantenido siempre en secreto por todos los países, pero una estimación de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear evaluó en 2,4 millones el aumento de muertes a causa de sus efectos. Solo en EEUU las estimaciones oscilan entre 340.000 y 460.000 fallecimientos, en su mayoría por leucemia y otros cánceres causados por radiación, directa o en alimentos como la leche. Amplias áreas del Pacífico, Argelia, y Kazajistán han quedado inhabitables para muchas décadas por la contaminación radiactiva.

El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, de 1996, no ha entrado en vigor, porque necesita la ratificación de los 44 países que en ese momento disponían de energía nuclear para usos pacíficos. Corea del Norte, India y Pakistán no lo firmaron. China, Egipto, Estados Unidos, Irán e Israel lo firmaron, pero no lo ratificaron, y Rusia retiró su ratificación en 2023, en vista de que EEUU no lo ratificaba. No obstante, todos los estados nucleares han detenido en la práctica los ensayos, sobre todo porque ya no son necesarios. Los avances técnicos actuales permiten que esas armas sean probadas sin realizar explosiones reales, que pueden ser sustituidas por simulaciones con ordenadores y experimentos de nivel subcrítico en laboratorio, que no implican peligro.

EEUU se retiró unilateralmente en 2002 del Tratado sobre Misiles Antibalísticos con Rusia, que limitaba las defensas antimisiles para que la vulnerabilidad de ambos impidiera la agresión de ninguno. En mayo, Trump anunció la creación de la Cúpula Dorada, un sistema de defensa antimisiles basado en múltiples satélites, sensores, e interceptores que detectará y destruirá cualquier misil balístico o de crucero disparado contra EEUU, lo que anularía su vulnerabilidad, proporcionándole una superioridad decisiva. En octubre, Rusia probó dos nuevas armas de propulsión nuclear que ha desarrollado desde 2018, y que serían capaces teóricamente de evitar ese escudo: el misil de crucero Burevestnik, y el submarino no tripulado Poseidón. Ambos tienen la capacidad de portar ojivas nucleares, pero, por supuesto, en esas pruebas no las llevaban

La reacción de Trump viene de la confusión entre probar vectores de lanzamiento nuclear – lo que también hace habitualmente EEUU- y ensayar armas nucleares. O de la ignorancia, recibe informaciones y no las procesa adecuadamente. El 31 de octubre, 48 horas después del mensaje de Trump, el vicealmirante Richard Correll declaró, en una audiencia en el Senado para su confirmación como jefe del Mando Estratégico, que ni Rusia ni China han llevado a cabo ningún ensayo nuclear. Después, el 2 de noviembre, el Secretario de Energía, Chris Wright – que es realmente el que tendría la competencia – afirmó que EEUU no está planeando efectuar explosiones nucleares. Las aguas se calman, y la cosa se queda en un trumpazo más. Aun así, el día 6 el presidente ruso, Vladimir Putin afirmó que, si EEUU retomaba los ensayos nucleares, también Rusia lo haría. A veces las cosas se complican solo por un error y pueden terminar muy mal.  

En todo caso, el principal peligro sigue siempre ahí. Según estimaciones del Instituto para Estudios de la Paz de Estocolmo, en enero de este año había en el mundo un total de 12.241 ojivas nucleares de las cuales 2. 627 - 1.477 estadounidenses y 1.150 rusas – han sido retiradas para su desmantelamiento, aunque todavía podrían volver a estar operativas en tanto no sean destruidas, y las otras 9.614 están disponibles para su uso. Estas últimas están repartidas así: Rusia, 4.309; EEUU, 3.700; China, 600; Francia, 290; Reino Unido, 225; India, 180; Pakistán, 170; Israel, 90; Corea del Norte, 50. Del total de 9.614 disponibles, 3.912 están actualmente desplegadas, es decir instaladas en misiles terrestres o navales, o en bombas de aviación listas para ser armadas. Solo los cinco primeros países tienen alguna ojiva nuclear en estado de disponibilidad, pero entre las estadounidenses y las rusas suman casi un 90% de todas las que están desplegadas.

Hay, por tanto, nueve Estados que poseen armas nucleares. Cuando se aprobó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), en 1970, solo las tenían EEUU, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China, que eran además lo miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El TNP tenía dos objetivos, además de regular el uso civil de la energía nuclear: que ningún otro país se dotara de armas nucleares y que aquellos que las tenían fueran reduciéndolas hasta su total desaparición. 

Ninguno de los dos se ha cumplido. Los países que no son parte del tratado – aparte de Sudán del Sur por su reciente independencia – son India, Israel y Pakistán, que nunca lo firmaron, y Corea del Sur que se retiró en 2003. Y estos son justamente los cuatro que han adquirido armamento nuclear después del tratado. El TNP no ha servido para disuadir a nadie de este desarrollo, incluso el caso de Corea del Norte – que lo ha conseguido ya en el siglo XXI - demuestra que no pasa nada si un país se retira y produce sus propias armas nucleares. Al contrario, se está extendiendo la idea de que solo la posesión del arma nuclear protege de una invasión como la que sufrió Irak en 2003, y no se puede descartar, que otros países la desarrollen, como Irán – debido a la presión que sufre y a la cancelación por Trump en 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto -, lo que podría llevar a otros países de la región a hacer lo mismo, y aumentar el riesgo de una conflagración nuclear allí, dadas las fuertes tensiones existentes.

Tampoco los Estados nucleares han avanzado hacia el desarme como estipula el artículo VI del TNP. No ya los nuevos, que lo que han hecho ha sido aumentar el número de sus ojivas, tampoco los iniciales, que ahora – 55 años después - tienen más potencia nuclear que nunca. Y si los Estados nucleares no se desarman, lo que hace el tratado es perpetuar una relación de dominio militar entre los que ya poseían estas armas o han hecho caso omiso del TNP, y los que lo han respetado. Cada cinco años se realiza una revisión del tratado y en 2026 tendrá lugar la XI, aunque no se pueden esperar grandes resultados después del fracaso de las dos anteriores. Por eso, en 2021 vio la luz una nueva iniciativa, el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, con el objetivo de suprimir completamente estas armas de destrucción masiva, que ha sido firmado por 94 países, entre los cuales – lamentable pero lógicamente - no figura ningún Estado nuclear. Muchas organizaciones antinucleares, pacifistas o ecologistas han pedido reiteradamente que al menos los Estados nucleares adopten la doctrina de no primer uso, es decir, el compromiso de no usarlas el primero – solo como respuesta –, ni contra ningún país no nuclear. Pero solo China contempla este principio en su doctrina, los demás no aceptan limitaciones, aunque todos dicen que su objetivo es solo la disuasión

Es cierto que el número de armas nucleares ha disminuido desde unas 39.000 en los años 70 a poco más de 12.000. Esta reducción, que afecta casi en su totalidad a Rusia y EEUU se ha producido en parte por los tratados START entre ambas potencias (o con la Unión Soviética), pero sobre todo porque un número tan elevado no era rentable ni eficaz, era necesario cambiar la cantidad por la calidad. Los vectores de lanzamiento se han hecho mucho más precisos y eficientes y la potencia de las ojivas ha aumentado, con lo que la capacidad destructiva total es mayor ahora que nunca en el pasado. Las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, en 1945, eran atómicas o de fisión y tenían una potencia de 15 y 20 kilotones (equivalentes a miles de toneladas de trinitrotolueno). Las ojivas nucleares actuales son casi todas termonucleares, de fusión, o de hidrógeno como se las conoce popularmente, y su potencia oscila entre 100 kilotones y pocos megatones (millones de toneladas de TNT). La más potente actualmente en servicio en EEUU – la B-83 – tiene 1,2 megatones, pero las ha habido y las hay mucho más potentes.

Las simulaciones han mostrado que una explosión de 500 kilotones en una ciudad densamente poblada podría causar dos millones de muertes, inmediatas o diferidas. Un solo misil estadounidense Trident II D5 – que también usan los británicos – lleva hasta ocho cabezas nucleares W88 de 475 kilotones que puede enviar individualmente a distintos blancos. Cada uno de los 14 submarinos estadounidenses de la clase Ohio puede transportar 20 de estos misiles, es decir 160 cabezas nucleares, cada una de ellas con una potencia más de 30 veces superior a la que estalló en Hiroshima, que podrían causar cientos de millones de víctimas, si se dirigen a diferentes ciudades muy pobladas, además de contaminar enormes superficies de terreno hasta hacerlas inhabitables.

No parece que nada ni nadie pueda parar esta locura. En 2019, Trump retiró unilateralmente a EEUU del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que prohibía el despliegue de misiles con capacidad nuclear con un alcance entre 500 y 5.500 kilómetros, es decir que solo afectaba a Europa, y a continuación lo hizo Rusia. El único tratado de limitación de armas nucleares que queda en vigor es el START III, o Nuevo START entre EEUU y Rusia, en vigor desde 2011, por el que ambas partes se comprometían a reducir el número de ojivas desplegadas a 1.550 – aunque esa cifra puede superarse porque las cabezas múltiples cuentan como una – y a 800 los vectores de lanzamiento estratégicos, de los cuales 700 pueden estar desplegados, y establecían unos mecanismos de verificación completos y minuciosos. El tratado tenía una vigencia inicial de 10 años, y en 2021 los presidentes Biden y Putin acordaron renovarlo por cinco años más, por lo que expira en febrero de 2026 si no vuelve a renovarse.

En febrero de 2023 Rusia suspendió su participación en el tratado con lo que el mecanismo de verificación quedó paralizado, aunque aseguró que seguiría respetando los límites que contiene. El 22 de septiembre de este año, Putin propuso su prolongación por un año, y parece que la administración estadounidense ha acogido favorablemente esta propuesta. Esto podría ser una buena noticia, pero sin un régimen efectivo de verificación mutua, la renovación solo sería un compromiso de respetar los límites que no tendría garantías ni credibilidad. La no renovación podría dar lugar a una nueva carrera para incrementar los arsenales nucleares, aunque es difícil ver cómo eso podría empeorar la situación actual porque las armas existentes pueden ya destruir el planeta.

Trump se declara contrario a las armas nucleares, aunque sus actos lo desmienten. Ha afirmado muy orgulloso que EEUU tiene más armas nucleares que ningún otro país – una más de sus falsedades – y que son suficientes para destruir el mundo 150 veces, lo que es exagerado, pero en esencia cierto, y no es el único que puede hacerlo. Presumir de esto da una idea de la catadura moral y política del actual presidente estadounidense. Y él es la autoridad única en esta materia, con el poder total y absoluto para ordenar emplear las armas nucleares de su país. No tiene que consultar con nadie, nadie puede objetar, es solo su decisión la que pone en marcha la catástrofe. Pasa igual con Putin, desde la aprobación de la nueva doctrina nuclear rusa, en 2020, retocada en 2024, el presidente ruso decide en solitario el empleo de armas nucleares, incluyendo su posible utilización en respuesta a un ataque con armas convencionales que pueda crear una “amenaza crítica a su soberanía o integridad territorial” o a las de su aliada, Bielorrusia.

Que estos dos individuos de cuya estabilidad emocional cabe dudar, y de cuya falta de ética y escrúpulos no cabe ninguna duda, tengan en sus manos el destino de la humanidad es terrorífico, y debería provocar una respuesta del resto del mundo. Uno de ellos podría empezar una guerra nuclear, por su sola voluntad, el otro respondería en minutos, y todas las potencias nucleares se verían involucradas. Si se desencadenara ese Armagedón, la explosión de tres o cuatro mil ojivas nucleares, con la potencia que tienen actualmente, podría acabar con toda o la mayor parte de la vida en el planeta. 

Esta es la dura y cruda realidad: la decisión de un solo hombre puede provocar la desaparición de los 8.200 millones de humanos que existimos, o al menos de la mayoría, y contaminar letalmente casi todo el planeta, durante decenios o siglos. La mayor parte de la humanidad sigue en sus asuntos, sus problemas económicos, sus peleas políticas, sin prestar atención a la espada de Damocles que pende de un hilo encima de sus cabezas. Preferimos no pensarlo, mirar para otro lado. Pero eso no va a acabar con el problema. Cuando nos despertemos, las armas nucleares seguirán ahí.

En los últimos tiempos, estamos viendo pasar cosas en el escenario internacional que, si las hubiéramos visto en una película, las habríamos rechazado por inverosímiles. Una guerra de casi cuatro años de duración entre los dos mayores países de Europa -por superficie- que hasta hace poco más de tres décadas pertenecían a la misma estructura política. El crecimiento imparable de la ultraderecha o el neofascismo en países que fueron destruidos por ideologías similares hace apenas 80 años, incluida Alemania, y la ostentación pública de símbolos de aquella negra época. El exterminio sistemático de un pueblo, el palestino, transmitido por televisión en directo, sin que nadie en el mundo mueva un dedo por impedirlo. Y como guinda del pastel -o quizá como su levadura-, un presidente de la mayor potencia del mundo, Donald Trump, que actúa como un monarca absoluto del Ancien Régime, despreciando cualquier límite -legal o ético-, y tomando decisiones erráticas y caprichosas, como cuando decreta en el avión presidencial, por su única y santa voluntad, subir un 10% los aranceles a Canadá porque en una de sus televisiones regionales se ha emitido un anuncio que no le gusta.

Ahora resulta que el increíble Trump, que siempre alcanza acuerdos increíbles -aunque luego por alguna oscura razón nunca se cumplen-, y casi cada día logra cifras y resultados nunca vistos anteriormente e increíbles -que efectivamente son difíciles de creer-, nos anuncia que ha conseguido la increíble hazaña de acabar con ocho guerras y promover para todas ellas acuerdos de paz allí donde todos habían fracasado. Casi uno por mes de presidencia, asegura orgulloso, lo que inevitablemente le debería otorgar el reconocimiento como gran pacificador de la historia universal y hacerle merecedor del galardón correspondiente, es decir el premio Nobel de la paz, que le igualaría a su odiado -¿y envidiado?- antecesor, Barack Obama, al menos en ese aspecto. Las ocho guerras resueltas por el presidente estadounidense en tan poco tiempo serían: Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, Israel y Hamás.

Seguramente en su propia red, que el hombre al que The Washington Post documentó 30.573 mentiras en su primer mandato -21 por día- tiene la desfachatez de llamar Truth (verdad) Social, nadie va a discutir este éxito histórico, pero la realidad es muy distinta. En algunos de estos escenarios o no ha habido ninguna guerra o esta terminó hace mucho tiempo sin que fuera Trump el artífice de su final. Entre Serbia y Kosovo no había actualmente ninguna guerra, la guerra de Kosovo terminó hace 26 años, en 1999, con los bombardeos de la OTAN sobre Belgrado, y Trump no ha logrado ningún acuerdo de paz, puesto que Serbia sigue sin reconocer la independencia de su antigua provincia. Entre Egipto y Etiopía no ha habido tampoco ninguna guerra, solo se trata de una tensión diplomática por la construcción de la Gran Presa Etíope del Renacimiento, inaugurada en septiembre, que tanto Egipto como Sudán consideran una amenaza a su seguridad hídrica. No ha habido ningún acuerdo y la tensión continúa.

La firma del Acuerdo de Washington entre la República Democrática del Congo y Ruanda para poner fin a las hostilidades en su frontera, iniciadas por el grupo rebelde M23, no ha traído la paz, los enfrentamientos armados siguen produciéndose igual que antes del acuerdo, aunque este sí que ha servido para que ambos países concedieran a EEUU acceso preferencial a los minerales estratégicos existentes en la zona. El pretendido papel mediador de Trump en el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira -que por supuesto sigue sin resolverse- solo fue reconocido por el gobierno pakistaní, India desmintió que esa mediación hubiera existido, incluso emitió una protesta diplomática. Camboya y Tailandia alcanzaron en julio un acuerdo de alto el fuego en su conflicto fronterizo, con la mediación de Malasia, la única acción de Trump fue amenazar a ambas partes con aranceles, pero tampoco ha tenido mucho éxito puesto que ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua y el enfrentamiento continúa

La guerra intermitente entre Armenia y Azerbaiyán terminó en 2023, cuando este último país conquistó y abolió la República de Artsaj, y expulsó de allí a los armenios. Los líderes de ambos países acudieron a Washington donde se comprometieron a cesar las hostilidades, aunque no firmaron ningún acuerdo de paz y los enfrentamientos continúan. Lo que sí que obtuvo Trump es que se concediera a EEUU el derecho a construir un corredor a través de Armenia para conectar Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, que dará lugar a una ruta corta y directa entre Turquía y el mar Caspio, controlada por Washington, para facilitar el tránsito entre Asia y Europa. En lo que respecta a la guerra entre Israel e Irán, no solo no ha terminado, sino que lo único que hizo Trump fue bombardear Irán en apoyo del ataque que había realizado previamente Israel sin que hubiera mediado agresión o provocación por parte de Teherán. Una violación en toda regla de la Carta de Naciones Unidas que solo permite responder a una agresión. El resultado es que la tensión entre ambos ha aumentado y los iraníes tienen más incentivos que antes para desarrollar la energía nuclear con fines militares

Pero la desvergüenza alcanza su máxima expresión cuando se jacta de haber llevado la paz al eterno conflicto entre Israel y Palestina, después de haber presumido públicamente de que había entregado a Netanyahu las mejores armas de EEUU y de felicitarle por haberlas empleado muy bien. El acuerdo para Gaza propuesto por Trump es colonialista y abusivo, exige a Hamás una rendición incondicional, impide a los gazatíes acceder a su autogobierno, no establece plazos ni exigencias de una retirada israelí, ni ofrece garantías, no ya de una paz que está aún más lejana, ni siquiera de un alto el fuego consistente. Desde su teórica aceptación, Israel ha limitado la ayuda humanitaria y ha roto la tregua cinco veces causando al menos 238 palestinos muertos, de los que una tercera parte serían mujeres y niños, además de seguir destruyendo casas

La conclusión es que el gran pacificador, no ha pacificado nada, todo es propaganda y autobombo como es habitual en él. Lo que sí ha hecho es volver a retirarse del acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, de la Unesco y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha suprimido su contribución a la UNRWA, que ayuda a más de seis millones de refugiados palestinos, no solo en los territorios ocupados, también en Jordania, Líbano y Siria. Más importante aún, su retirada de la Organización Mundial de la Salud junto con el cierre de la principal agencia de ayuda exterior, USAID, ha causado ya miles de muertes en África por la carencia sobrevenida de alimentos medicinas. Esa es la paz de Trump.

Ahora, el hombre que ordenó los ataques aéreos y navales sobre Yemen durante casi dos meses entre marzo y mayo, causando la muerte de 224 civiles; el que decidió el bombardeo de Irán, en junio, sin que mediara ninguna agresión por parte de este país; el que ha armado, y financiado el genocidio israelí en Gaza para crear un resort turístico de lujo, y sigue tolerándolo cuando Netanyahu rompe unilateralmente el plan del que tanto presume; el que ha autorizado y se vanagloria de destruir lanchas -13 hasta ahora- y asesinar a sus ocupantes en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, con 64 víctimas, bajo una acusación de narcotráfico que nadie ha probado, y que en todo caso exigiría llevar a sus culpables ante un juez; el mismo que instigó los ataques al Capitolio del 6 de enero de 2021, para revertir el resultado de una elección democrática, que se saldó con cinco policías muertos y 174 heridos, y ha indultado a los que lo llevaron a cabo; el que ha lanzado la más cruel persecución, detención y deportación de inmigrantes que viven y trabajan en su país, destrozando vidas y familias, causando al menos 18 muertos y 50 desaparecidos, además de los que han muerto al regresar a su país de origen, es el mismo que aspira con absoluta desvergüenza y cinismo a ser reconocido con el premio a la paz más importante que existe en el planeta. Parece una broma macabra, pero no lo es. En tiempos de los hechos alternativos y de la descarada manipulación de la verdad es posible que cualquier criminal de guerra pueda pasar por un adalid de la paz.

Lo que sí se está convirtiendo en una broma es el propio Nobel de la paz, un premio que ya ha tenido en el pasado errores incomprensibles e imperdonables, como cuando le fue otorgado a Henry Kissinger, promotor y defensor de las criminales dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, Jorge Videla en Argentina, y Hugo Banzer en Bolivia. O a Menajem Beguin, comandante del Etzel (Irgún), una organización terrorista sionista de extrema derecha responsable entre otros del atentado del hotel Rey David en 1946 (91 muertos) o de la masacre de Deir Yasim en 1948 (200 muertos, en su mayoría mujeres y niños). Incluso más recientemente, al presidente Barack Obama, que mantuvo las guerras de Irak y Afganistán, además de intervenir en otros nuevos escenarios como Libia o Siria, y autorizó numerosos asesinatos extrajudiciales con frecuentes daños colaterales que causaron numerosas víctimas civiles. Este año, el Comité noruego del Nobel ha vuelto a cubrirse de vergüenza otorgándoselo a la opositora venezolana de la derecha más extrema María Corina Machado, declarada amiga de Benjamin Netanyahu y partidaria de Javier Milei, que ha pedido la intervención militar extranjera en su país para derrocar a Nicolás Maduro, lo que, si se produjera, causaría inevitablemente una guerra que provocaría numerosas víctimas. Con estos antecedentes, si en el futuro se lo dieran al actual presidente de EEUU tampoco sería para muchos una gran sorpresa.

El mundo está retrocediendo hacia tiempos oscuros y violentos. Ya no valen las reglas ni el derecho internacional, lo único que cuenta es la fuerza. Las instituciones multinacionales o internacionales han perdido no ya su poder -nunca han tenido mucho- sino hasta su influencia. El que puede hacer hace, y si nadie le frena, sigue hasta el final. Trump es probablemente el mayor culpable de este estado de cosas, y el primero que emplea la violencia o la coacción cuando le conviene, aunque solo con los que considera débiles, ante los fuertes su actitud se vuelve obsequiosa y complaciente como les suele suceder a los más innobles. No es un pacificador, es un propagandista de sí mismo que busca cualquier oportunidad para apuntarse un éxito, aunque no sea suyo o incluso aunque no exista. Y también un aprendiz de dictador, está poniendo en riesgo la democracia dentro de su país, con un efecto irradiador muy peligroso en el resto del mundo, que aprovechan muy bien los extremistas de derechas, sobre todo en Europa. Y lo peor es que puede hacerlo, porque pocos osan enfrentársele. El Partido Demócrata está desaparecido, salvo excepciones como el candidato a la alcaldía de Nueva York, y las protestas ciudadanas son aún poco relevantes, puede bombardearlas con mierda.

Tampoco en el exterior encuentra ninguna oposición relevante. China está demasiado ocupada aún en alcanzar el nivel económico, tecnológico y militar suficiente para enfrentarse al hegemón con garantías de éxito, y por el momento su interés se centra en ampliar sus relaciones comerciales para proseguir su crecimiento, igual que India, todavía en fase de construcción interna. Rusia está al límite de su capacidad con la invasión de Ucrania, y los países del sur global están desunidos. Si Europa no reacciona, vamos sin remedio a caer bajo el dominio de una colusión global entre la extrema derecha y la tecnoautocracia de las grandes compañías estadounidenses, uno de cuyos más activos e importantes líderes, Peter Thiel -gran amigo del increíble Trump-, declaró que creía que la libertad y la democracia ya no son compatibles. Naturalmente, se refiere -como Milei, como el propio Trump- a la libertad del predador para devorar a su presa sin rendir cuentas ante nadie, porque la libertad de manifestarse contra el líder supremo o de oponerse a sus políticas la solucionan desplegando la Guardia Nacional.

Lo que están creando no es un mundo en paz, sino sometido. Cuando Trump habla cínicamente de lograr la paz mediante la fuerza está diciendo que para curar al enfermo hay que transmitirle más virus, está hablando de la paz de los cementerios. Cuando ya no hay ningún adversario vivo, llega la paz, claro. Tampoco están promoviendo un mundo más libre, sino un sistema controlado absolutamente por unos pocos para su beneficio personal, mediante herramientas tecnocráticas, exclusivas y reservadas, de enorme eficacia. Pero por estos lares tenemos cierta experiencia y sabemos que lo que dice Thiel es la fórmula del fascismo. La verdad está justamente en lo contrario, sin una democracia, no solo formal sino real y efectiva -también social-, no ha habido ni puede haber paz ni libertad. Y que no tengan ninguna duda de que vamos a defenderlas.

El Plan de 20 puntos para la paz en Gaza, que presentó el 29 de septiembre el presidente de EEUU, Donald Trump, debería tener como primer resultado el final del genocidio brutal y sistemático que están llevando a cabo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por orden del gobierno de Benjamín Netanyahu sobre la población gazatí. Pero si se atiende a la literalidad de la propuesta, parece más bien que está redactado para perpetuar el dominio israelí sobre la franja y mantener a los palestinos controlados, sometidos, y colonizados. El plan ha sido elaborado por Trump, con las enmiendas que ha propuesto Netanyahu, sin contar en absoluto no digamos ya con el consenso, ni siquiera con la opinión de Hamás ni de ninguna organización o representante gazatí. Una imposición en toda regla, que esperemos se abra en los próximos días a negociar los cambios que propongan los palestinos, aunque no hay ninguna garantía de ello.

La propuesta se refiere exclusivamente a Gaza, sin considerar su relación con el resto de los territorios palestinos, Cisjordania y Jerusalén Este, salvo una vaga mención al conjunto en el punto 19. La futura gobernanza de la franja se fía —punto 9— a un comité que estará compuesto por palestinos cualificados —no se dice quién o cómo los elegirá— y expertos internacionales, bajo la supervisión y el control de un nuevo órgano internacional de transición, el “Consejo de Paz”, dirigido por el presidente de EEUU, que se encargará de la reconstrucción y el desarrollo del territorio, siguiendo las directrices del propio Trump. Según el punto 15, la seguridad se confiará a una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) formada por EEUU con socios internacionales y árabes, que instruirá y apoyará a las fuerzas policiales palestinas autorizadas en Gaza y colaborará con Israel y Egipto para garantizar la seguridad de las zonas fronterizas. En resumen, los gazatíes estarán tutelados y sometidos a las decisiones de Trump, no podrán gobernarse a sí mismos, y la ocupación israelí, en el caso de que desaparezca, será sustituida por otra internacional igualmente excluida de su control.

El plan es absolutamente desequilibrado en favor de Israel. Netanyahu conseguiría la devolución de todos los rehenes (punto 4) y la desmilitarización de Hamás (punto 13), con la entrega de todas sus armas —lo que equivale a su rendición— sin comprometerse a un calendario de retirada, ni garantizar el cese de la ocupación, ni aceptar un futuro Estado palestino, ni siquiera una Gaza autogobernada. La ambigüedad de los compromisos israelíes es evidente en el punto 16: “A medida que la FIS establezca el control y la estabilidad, las FDI se retirarán de acuerdo con las normas, etapas y plazos relacionados con la desmilitarización acordados entre las FDI, la FIS, los garantes y los Estados Unidos… las FDI cederán progresivamente a la FIS el territorio de Gaza que ocupan, de conformidad con un acuerdo con la autoridad de transición…”. Es decir, no hay plazos, no hay garantías, no hay mecanismos de verificación, no habrá sanciones por incumplimientos. Solo los acuerdos a los que eventualmente se llegue. Un desequilibrio con los compromisos que se exigen a Hamás —entregar a los rehenes en 72 horas— que solo puede entenderse desde la lógica del vencedor y el vencido.

No obstante, el plan contiene al menos dos estipulaciones, que en la situación desesperada en la que está la población gazatí, son irrechazables, que consisten en la detención inmediata de la guerra, es decir del genocidio, (Punto 3: “Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará inmediatamente”), y en la entrada sin límites de ayuda humanitaria (Punto 7: “Tan pronto como se acepte este acuerdo, se enviará inmediatamente la ayuda completa a la Franja de Gaza… incluida la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales”… Punto 8: “La distribución y la ayuda en la Franja de Gaza se llevarán a cabo sin interferencia de ninguna de las dos partes, a través de las Naciones Unidas y sus agencias, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales”…) Es difícil evaluar cuántas vidas palestinas pueden salvar estas dos medidas, si realmente se llevan a cabo, pero probablemente decenas de miles. Tantas, que toda la injusticia, la imposición, la inseguridad, el ventajismo para Israel, que emanan del plan, palidecen al lado de los beneficios que podría aportar a una población azotada por la hambruna, destrozada por las bombas, exhausta. Sobre todo, porque la alternativa, como ha dicho claramente Trump, es que dé luz verde a Netanyahu para que haga lo que quiera sin límites. Por supuesto que es un chantaje, pero hay ocasiones en que no cabe sino someterse a él.

Otros contenidos del plan son también favorables para los gazatíes o para Hamás, como la liberación de 250 presos condenados a cadena perpetua, y de 1.700 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y todos los niños detenidos en este contexto (punto 5), o que a los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les ofrecerá un paso seguro a países de acogida, y los que entreguen sus armas se beneficiarán de una amnistía (punto 6), aunque hay serias dudas de que Netanyahu vaya a cumplir esta parte. Con todo, el aspecto más positivo y transcendente, después de las vidas que pueden salvarse, es la paralización de la limpieza étnica y de la expulsión de los gazatíes de su territorio, para permitir la anexión y colonización definitiva de la franja por Israel, el objetivo final de Netanyahu, según declaraciones de varios de sus ministros. Punto 2: “Gaza será reurbanizada en interés de la población de Gaza, que ya ha sufrido lo suficiente ”. Punto 12: “Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen marcharse serán libres de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse…” Punto 16: “Israel no ocupará ni anexionará Gaza…”. Veremos.

Mientras los palestinos sigan en sus territorios todavía pueden tener un futuro, ya que, si no logran constituir un Estado propio, antes o después Israel tendrá que reconocerles la plena ciudadanía, como pasó con los negros en Sudáfrica, porque un sistema colonial, discriminatorio, no se puede mantener indefinidamente. Y esto sería mucho más desestabilizador para el Estado judío que la solución de dos estados. A pesar de ello, y a pesar de que el punto 19 del Plan dice que, en determinadas condiciones, se podría “abrir una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”, Netanyahu sigue diciendo que eso nunca pasará, tal vez porque está sometido a una gran presión de los miembros más radicales de su gobierno como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotritch, que le exigen rechazar el plan y le amenazan con una crisis política que le costaría no solo su puesto, sino probablemente también su libertad, como consecuencia de los tres procesos penales que tiene pendientes. No cabe descartar, por tanto, que, aunque no se haya atrevido a rechazar el plan de Trump, el primer ministro israelí haya dado a su gobierno alguna garantía y pretenda no cumplir el acuerdo, al menos en su totalidad.

¿Es posible que, una vez que los rehenes sean devueltos y Hamás entregue sus armas, Netanyahu alegue o invente cualquier incumplimiento para reanudar la masacre? ¿O que mantenga indefinidamente la ocupación si al final no se establecen plazos para las fases de su repliegue? Por supuesto, esto y cosas peores son posibles, la extrema derecha israelí ya ha demostrado con creces su falta de escrúpulos y su desprecio a cualquier norma, acuerdo o presión internacional. Excepto a una: la que provenga de Trump. Del mismo modo que si él le exige pedir disculpas a Catar, Netanyahu lo hace —y delante de las cámaras—, si le manda parar en Gaza, el primer ministro israelí parará, no tiene alternativa, pues sin el apoyo explícito de Trump, el mundo se le echaría encima. Es de esperar que el presidente de EEUU, por muy arbitraria y errática que sea su política internacional, no tolerará una vulneración explícita del acuerdo por Israel. Al final, es su plan y se juega la poca credibilidad y el poco prestigio que le queda. Ya ha sido bastante humillado porque a Putin no ha podido imponerle su voluntad, pero a Netanyahu sí puede y es posible, incluso probable, que no se lo consienta. 

En todo caso, los gazatíes no tienen nada que perder, su situación ya no puede empeorar. Aunque el gobierno israelí incumpliera el acuerdo, todo lo que podría pasar es que volvieran a las condiciones actuales, porque no pueden ser más graves, están sufriendo ya una limpieza étnica sin límites, un total exterminio. La devolución de los rehenes – vivos o muertos – es un acto de justicia y humanidad, que además quitará a la derecha extrema y la extrema derecha occidental el único argumento que les queda en favor de Israel. ¿Qué diría gente como Felipe González si devolvieran los rehenes y siguiera la masacre? Además, mantener rehenes no ha frenado la fría crueldad de los supremacistas israelíes. Y el desarme de Hamás, si se produjera, tampoco perjudicaría a los palestinos porque está claro que no tiene fuerza para oponerse a la implacable máquina de guerra que Netanyahu ha lanzado sobre toda la población de la franja.

La desesperada situación en Gaza ha movido a los dirigentes de Hamás y de Yihad Islámica a aceptar la entrega de todos los rehenes, aunque naturalmente quieren negociar el resto de las condiciones que han venido impuestas, sobre todo la garantía de la retirada de las FDI en plazos concretos y acordados, ciertos límites a su desarme, así como un autogobierno palestino sin injerencia extranjera, aunque ellos no estén en él. El gobierno israelí se niega a aceptar cambios en el plan que había negociado previamente con Trump, pero ninguno de los dos está en condiciones de romper la baraja, así que al final todo dependerá una vez más de lo que decida el presidente de EEUU. Los líderes de Hamás y la Yihad son conscientes de las circunstancias dramáticas en las que están más de un millón de gazatíes, incluidos 200.000 niños, hacinados en Al Mawasi, sin casas, sin agua ni comida, ni electricidad, ni medicinas, abocados a la muerte o a abandonar la tierra en la que su pueblo ha vivido desde hace 1.600 años, sin tener dónde ir. Seguramente los que están allí rezan para que el plan entre en vigor, para que callen las armas, para que llegue la ayuda humanitaria y poder dar de comer a sus hijos aunque sea a cambio de su libertad. Mientras Netanyahu probablemente reza para que Hamás rechace el acuerdo, porque así tendría luz verde para completar su siniestro trabajo.

No obstante, hay algunos puristas que están muy lejos de Al Masawi, por ejemplo, en Europa, también en España, que quieren ser más palestinos que los palestinos, y los animan a rechazar un acuerdo, que es sin duda —como hemos dicho— injusto, colonialista, y poco fiable, pero que no tiene hoy por hoy alternativa. ¿Qué pueden ofrecerles a los gazatíes a cambio de su rechazo? ¿Seguir muriendo hasta que se consiga algo mejor? ¿Y quién lo va a conseguir? ¿Quién puede detener a Netanyahu mientras tenga el apoyo incondicional de EEUU? Una posición maximalista, repetida en la historia, de superioridad moral de ciertas elites europeas que creen saber mejor que los oprimidos lo que es la opresión, y cómo los oprimidos deben resistir, aunque a ellos solo les oprima el pantalón vaquero, no va a ayudar en nada a los que ven desesperados morir de hambre a sus hijos. Apoyar a los palestinos es una obligación, pero decirles qué deben hacer, no es un acto de humanidad o de justicia, es un acto de soberbia.

Por supuesto, las protestas deben seguir, tenemos que continuar elevando nuestra voz, ahora para que se permita a Hamás negociar unos términos menos abusivos del acuerdo, después —cuando entre en vigor— para que se respete estrictamente en todos sus puntos, finalmente —si se consolida— para cambiarlo por otro que lleve a la libertad completa del pueblo palestino, para que pueda vivir seguro y en paz en su tierra y conseguir un Estado independiente, libre, democrático, que incluya toda Cisjordania —sin asentamientos— y Jerusalén Este. Siempre, para denunciar el genocidio, los crímenes del gobierno de Israel, el asesinato masivo de civiles, mujeres y niños, por el que sus autores deberán pagar algún día en nombre de la justicia y la dignidad humana. Solo la determinación de la sociedad civil, solo nuestros gritos, nuestra presión, nuestra firmeza en rechazar lo intolerable, pueden obligar a nuestros gobiernos a moverse para pararlo. Hay que conseguir que España, que toda Europa, rompa las relaciones políticas, diplomáticas, culturales, comerciales y económicas con Israel. Un boicot total hasta que paren esta carnicería y devuelvan sus derechos al pueblo palestino.

Lo que el plan de Trump propone no es la paz, es solo un alto el fuego, no puede haber paz sin libertad y sin justicia. Los palestinos seguirán luchando por ella, y nosotros seguiremos apoyándolos. Pero no podemos olvidar que acabar con el régimen de apartheid de Sudáfrica —que empezó el mismo año en el que se proclamó el Estado de Israel— costó 30 años desde las primeras manifestaciones contra el régimen supremacista y desde sus primeras exclusiones de las competiciones deportivas internacionales, a mediados de los años 60, hasta el boicot total que cambió las cosas en los 90. Esperemos que en esta ocasión sea mucho más rápido. Pero seguro que no va a ser este mes, ni este año, ni mientras Trump esté en el poder, ni aun después de una forma inmediata tal vez. Por eso, sin parar nuestras protestas, no hay alternativa a apoyar la entrada en vigor del plan de Trump —por mucho que nos disguste— para tratar de salvar la vida de decenas de miles de personas, también de niños, condenados a morir por el único y terrible hecho de ser parte del pueblo palestino. La primera condición para disfrutar de los derechos humanos, políticos, sociales, o económicos, es estar vivo.

La guerra en Ucrania no puede desvincularse de la situación internacional que la hizo posible e incluso la indujo, y por tanto tampoco se puede lograr una paz estable sin tener en cuenta ese contexto. Una paz que no tome en consideración las causas -que no razones- que condujeron a la guerra, las circunstancias en las que se ha desarrollado y -sobre todo- cómo influirá la nueva situación, si se consigue detenerla, en el escenario europeo y mundial, sería una paz frágil y probablemente efímera. Es imprescindible que el eventual acuerdo incluya no solo aquellos elementos que faciliten una reconciliación a medio plazo entre los contendientes, sino que contribuyan también a la estabilidad y la seguridad duradera del entorno geopolítico en el que debe desarrollarse.

La guerra fría terminó con una derrota total de la Unión Soviética. Los rusos asistieron al fin de su dominio sobre parte de Europa, con la desaparición del Pacto de Varsovia, después sobre sus vecinos más próximos, con la disolución de la URSS, y vieron como la OTAN se expandía hasta incluir a los países bálticos que habían sido parte de ella. Los vencedores no tuvieron ninguna consideración con el vencido ni le dejaron ninguna puerta abierta hacia el futuro, suficientemente digna para los rusos. Apenas un Consejo OTAN-Rusia en el que Moscú ejercía un papel subordinado: tenía voz, pero no voto, ni posibilidad alguna de hacer valer sus intereses. Y del mismo modo que la Alemania humillada del Tratado de Versalles dio lugar al revanchismo de Hitler y su III Reich nazi y agresivo, era de prever que cuando Rusia se recobrara iba a intentar una revancha, en la medida de sus fuerzas, para tratar de recuperar, si no todos sus antiguos dominios, al menos su carácter de potencia influyente y digna de respeto. 

La humillación y el rencor son palancas políticas muy poderosas, sobre todo cuando se combinan con intereses geopolíticos y económicos, y se visten con argumentos étnicos, históricos o patrióticos. Rusia intervino por primera vez fuera de sus fronteras en 2008, en Georgia, en defensa de las minorías rusas secesionistas de Osetia del Sur y Abjasia, aunque previamente había desplegado una fuerza “de paz” en Transnistria en 1995, para apoyar a los prorrusos que declararon esta zona independiente de Moldavia. Cuando el Euromaidan provocó un brusco viraje de Ucrania hacia occidente, con un régimen candidato a la OTAN y muy hostil hacia Rusia, Moscú no dudó en respaldar a los prorrusos rebeldes del este y el sur del país, anexionándose Crimea y ayudando militar y económicamente a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk.

Ucrania era la víctima perfecta para que Putin diera un manotazo al tablero geopolítico europeo tratando de revertir la posición pasiva de Rusia ante la expansión de la OTAN. No solo se podían argüir preocupaciones de seguridad, más o menos razonables, sino también lazos históricos, religiosos y étnicos, aunque solo con una parte de la población ucraniana porque Ucrania -tierra de frontera- ha sido formada en sus fronteras actuales, diseñadas por Lenin y ampliadas por Stalin, por dos mitades: la que perteneció al imperio ruso y la que formó parte de Polonia o del imperio austro-húngaro, con una convivencia muy complicada desde su independencia de la URSS. 

Ni la expansión y presión de la OTAN, ni la animadversión del actual gobierno ucraniano, justifican de ningún modo la invasión, que es un acto de agresión contrario al derecho internacional y a los compromisos adquiridos por Moscú. Pero tampoco se puede obviar que Rusia tiene unos intereses de seguridad, y también una ambición -tan criticable como la de otras potencias- de recuperar influencia en su entorno geográfico. Asuntos que, con independencia de la valoración ética o política que les otorguemos, deben ser considerados, porque plantean una realidad existente de un país relevante que no puede ser ignorada, pues hacerlo no los hará desaparecer, sino que por el contrario puede traer consecuencias negativas y peligrosas. La paz no se consigue con ideales planteamientos teóricos, ni acudiendo a las tablas de la ley, sino con un análisis riguroso de la relación de fuerzas, los fines deseados y los riesgos asumibles. Y eso vale tanto para el fin de la guerra en Ucrania como para las futuras relaciones con Rusia. 

Un alto el fuego indefinido, a la coreana, sería un drama geopolítico para Europa, que se vería sometida permanentemente a una tensión militar que frenaría el desarrollo económico y la convivencia pacífica en el continente. Es necesario un acuerdo de paz, permanente y estable, que sea además acompañado por un tratado de seguridad mutua entre la OTAN y Rusia para evitar nuevos episodios bélicos como el que sufre Ucrania. Que Rusia lo acepte o no, dependerá de los términos en los que se formule, que no serán lógicamente los mismos que Putin propuso en diciembre de 2021, pero podrían ser suficientemente atractivos como para que los considere aceptables, teniendo en cuenta que Rusia está sufriendo mucho por las sanciones, y también necesita la paz. 

Esto es algo que no contemplan los belicistas europeos, que están por elevar la apuesta militar, seguir alimentando la guerra con la esperanza de que todavía Ucrania pueda ganarla, y en todo caso continuar con la tensión con Rusia después de que la guerra acabe, no se sabe muy bien con qué objetivo. Trump acaba de dar un impulso a sus planteamientos cuando ha declarado, en uno de sus muchos cambios erráticos y radicales de posición, que Ucrania todavía podría recuperar todo el territorio ocupado e incluso más allá. Eso sí, con el dinero que le den los países europeos y las armas que estos le proporcionen, después de comprárselas a EEUU. El negocio es el negocio.      

La realidad es muy diferente. Ni Ucrania va a ganar la guerra, ni una carrera de armamentos va a lograr que Rusia se apacigüe. Si el régimen ruso actual no cambia radicalmente, solo la derrota y la destrucción de la Federación Rusa tal como es ahora, podría modificar el escenario geopolítico europeo hacia otro realmente diferente y estable, en el que Rusia olvidara definitivamente los imperios zarista y soviético, para convertirse en una democracia pacífica y cooperativa. Pero esto es inviable cuando hablamos de una potencia nuclear, que no dudaría en utilizar los miles de armas de este tipo que posee, si viese en peligro existencial al país o incluso al régimen que ahora la dirige, lo que arrastraría a todo el planeta a un escenario apocalíptico. Y este, nos guste o no, es el problema clave, el nudo de la cuestión. Si Rusia no tuviera armas nucleares, muchos de los que parecemos ahora demasiado prudentes animaríamos a los ejércitos europeos o aliados a impedir por la fuerza cualquier intento imperialista de Putin.

Además, Putin no está solo. La conferencia de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en septiembre en Tianjin, reunió a los líderes de China, India, Irán, Rusia, y seis países más, que suman el 40% de la población mundial y el 25% del PIB, además de invitados como Corea del Norte o Indonesia. Se está prefigurando un bloque muy potente de oposición a la hegemonía de EEUU, y por extensión a una OTAN en la que Europa solo puede hacer seguidismo de las decisiones que se toman en Washington. Si se mantiene una relación de hostilidad con Rusia después de la paz en Ucrania, se estará empujando a Moscú a echarse en los brazos de Pekín, lo que de alguna forma reproduciría los dos bloques de la guerra fría, obligando a todos a alinearse con uno u otro e impidiendo cualquier posición de equilibrio o moderada. Y eso es lo último que interesa a los que pretendemos vivir en un mundo seguro, cooperativo y pacífico.

Si no se puede derrotar a Rusia sin llevar a todo el planeta a un apocalipsis termonuclear, y si el mantenimiento del régimen actual durante los próximos años parece más que probable, habrá que intentar llegar un acuerdo, sin ceder por supuesto en los principios esenciales, pero explorando cómo el país más extenso del mundo puede encajar en un sistema de seguridad paneuropeo, sólido e indivisible, que ponga en común los intereses de todos hasta que dejen de ser incompatibles ¿Qué sentido tiene mantener la tensión militar de forma permanente si no se atisba ninguna solución? Ni va a alejar el peligro de la conflagración global a la que nos referimos, ni va a aumentar la seguridad de los países más o menos amenazados `por Moscú. No vale decir que es injusto o inviable, hay que intentarlo porque no existe ninguna alternativa mejor.

Aquí topamos con la idea, ampliamente difundida por Europa gracias a la interesada insistencia del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, secundada por muchos líderes europeos y amplificada por la mayoría de los medios de comunicación más relevantes, según la cual Ucrania solo sería la primera etapa de un maquiavélico plan de Putin para apoderarse de toda Europa, al menos de todo el territorio de la antigua Unión Soviética -lo que incluiría a los países bálticos-, y cualquier concesión que se le hiciera serviría para estimular sus ambiciosos planes, del mismo modo que el apaciguamiento de Hitler que se intentó en Múnich, en 1938, le permitió después invadir Polonia. Aunque esto es una fantasía, Hitler habría empezado la guerra aunque no hubiera habido acuerdo.

En opinión de quien esto suscribe, este planteamiento es un despropósito que no se sostiene a la luz de la realidad y los datos comprobables. El ejército ruso no ha sido capaz en tres años y medio, no ya de doblegar a Ucrania, sino ni siquiera de ocupar las cuatro provincias que el legislativo ruso declaró rusas en 2022 a instancias de Putin. Tardó siete meses en expulsar de su propio territorio a un pequeño contingente ucraniano, y necesitó para ello del concurso de soldados norcoreanos. ¿Este es el ejército que va a enfrentarse a la OTAN e invadir Europa? Rusia es una enana militar, económica y demográfica, no ya ante la OTAN sino ante Alemania, Francia y Reino Unido si fueran capaces de actuar juntas fuera del marco aliado. Los belicistas europeos sostienen que Rusia estará lista para enfrentarse a la OTAN en pocos años, pero nunca dan ningún dato o indicio que avale su tesis, lo que hace sospechar que el temor que muestran puede estar relacionado con el desproporcionado aumento del gasto militar que preconizan para enfrentar esa supuesta amenaza. ¿De dónde iba a sacar Rusia, que está ahora al límite de sus posibilidades, los recursos para dar ese enorme salto en su potencia militar? Curiosamente, Trump, que es quien exigió el aumento del gasto militar, no cree en esa posibilidad y recientemente calificó a Rusia de “tigre de papel”.

Lo que si podría hacer Putin es intervenir militarmente en Moldavia o en Georgia si sus gobiernos atacaran a las minorías rusas o amenazaran con acoger bases de la OTAN, ya que la Alianza ha demostrado en Ucrania que no iría a la guerra por ellas. También seguirá con su guerra híbrida contra Europa, que ya existía mucho antes de la invasión de Ucrania y no cesará hasta que haya un tratado o acuerdo de seguridad, y se traduce en acciones de hostigamiento, con violaciones breves del espacio aéreo o marítimo, sabotajes como ruptura de cables submarinos, campañas de desinformación, incidentes fronterizos, ciberataques, atentados, interferencias electrónicas, apoyo a partidos y movimientos disgregadores, manipulación de elecciones, entre otras. Y tampoco es descartable que intente probar la fortaleza de la cohesión de la OTAN, mediante una acción militar aislada de pequeña entidad, aunque no en estos momentos que bastante tiene con Ucrania. Pero si la Alianza responde con la decisión firme de ir a la guerra por cualquiera de los aliados, ahí acabará la aventura, porque la desproporción de fuerzas es enorme, salvo que empleara armas nucleares lo que implicaría su propia destrucción.

La situación es grave, no podemos arriesgarnos a una tercera guerra mundial, que podría ser la última, o a un período de tensión que militarizaría nuestros países en perjuicio de los estados de bienestar, sin horizonte de cambio en muchos años. Hay que reflexionar sin pasión. Las posturas maximalistas en defensa de la justicia, aunque fueran sinceras -que en su mayoría no lo son, si miramos a otros escenarios- sirven de poco. Es fácil decir que hay que pararle los pies a Putin, pero nadie dice cómo. Los responsables políticos tienen que analizar fríamente las opciones posibles, con sus pros y sus contras, confrontar los deseos y aspiraciones -por legítimos que sean- con la ineludible realidad, que suele ser muy cabezota. Y elegir la solución mejor y más segura para sus ciudadanos que casi nunca suele ser la buena, sino la menos mala.

El único futuro deseable es que se acabe cuanto antes la guerra en Ucrania y podamos iniciar -antes de que sea tarde- la labor de restañar heridas y construir un entorno pacífico y estable en el continente que proporcione seguridad a todos los europeos sin detrimento de su libertad, lo que implica recuperar a Rusia como un miembro responsable y colaborativo de la comunidad internacional y retomar sus relaciones comerciales y políticas con Europa, que es a la que pertenece y donde debe permanecer. La continuación de la guerra no favorece a nadie, no va a mejorar nada, lo más probable es que la situación se envenene y se vuelva mucho más peligrosa. Y sobre todo no va a mejorar el futuro de Ucrania, ni la vida o el bienestar de sus ciudadanos. El mejor favor que podemos hacerles a los ucranianos ahora es ayudarles a terminar la guerra en las mejores condiciones posibles, incluso si no son las deseables, y contribuir después generosamente a la reconstrucción de su país y a la consolidación de la paz.

Junto con la disputa territorial, que abordamos en nuestra anterior entrega, la otra gran cuestión que es necesario resolver para lograr una paz estable y duradera en Ucrania, es el futuro del país -o de lo que quede de él si al final Rusia retiene parte de su territorio- en términos de seguridad y defensa. Es decir, cómo se va a garantizar que un posible alto el fuego, o un más difícil acuerdo de paz, van a ser respetados y Ucrania no va a sufrir una nueva agresión por parte de Rusia en el futuro. Este es un asunto enormemente complicado, porque aquí las posturas están aún más distantes, si cabe, que sobre la adscripción de las zonas ocupadas por el ejército ruso. Rusia exige que Ucrania renuncie para siempre a su integración en la OTAN, que no acoja bases o instalaciones militares de otros países, y limite sus fuerzas armadas a un mínimo para su defensa, lo que sería tanto como dejarla inerme y a merced de su agresivo vecino, mientras que para Moscú esto significaría simplemente la desaparición de cualquier riesgo o amenaza en su frontera occidental más extensa. Por el contrario, los países europeos miembros de la UE y de la OTAN quieren que Ucrania se arme y militarice al máximo para convertirla, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un “erizo de acero indigerible para posibles invasores”, es decir, para Rusia.

En 2007, el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que Rusia no iba a seguir tolerando la continuación de la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, que se venía produciendo desde el final de la guerra fría y la disolución de la Unión Soviética. La respuesta de la Alianza llegó al año siguiente, en la cumbre de Bucarest, en la que se acordó que Ucrania y Georgia “se convertirán en miembros de la OTAN ”, y se iniciaba el diálogo a estos efectos, aunque algunos países europeos advirtieron antes, y en la propia reunión, que esto podía ser un casus belli para Rusia. Cuando en 2014, Ucrania dio un giro político brusco para alinearse con occidente, a raíz de la revolución y golpe de estado de Euromaidan -que expulsó del poder al presidente prorruso Viktor Yanukovich, y se saldó con la anexión rusa de Crimea y la guerra por la independencia de las provincias de Donetsk y Luhansk-, los dirigentes rusos consideraron que un régimen hostil en su mayor vecino, que muy probablemente se adheriría a la OTAN en poco tiempo, constituía una grave amenaza para su seguridad. O tal vez lo que más les preocupaba era que iban a perder para siempre el control y la adhesión de Ucrania, que tenía lazos históricos y familiares con Rusia desde hacía siglos, y también importantes recursos minerales e industriales.

En diciembre de 2021, Rusia propuso a Estados Unidos y a la OTAN sendos tratados bilaterales de seguridad -llegó a entregarles borradores- en los que se incluía, entre otros puntos, la renuncia a acoger en la Alianza a países que formaron parte de la Unión Soviética, con mención expresa a Ucrania, además de otras medidas restrictivas que afectaban a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Ambos rechazaron la propuesta, aunque no se negaron a dialogar en los foros ya existentes como la OSCE o el Consejo OTAN-Rusia, y en lo que respecta a Ucrania ratificaron que cada país era libre de elegir sus preferencias en política exterior y a qué alianzas quería pertenecer. Lo que siguió, a partir de febrero del año siguiente es bien conocido y dura hasta hoy.

Después de tres años y medio de guerra, aunque el ejército ruso no ha sido capaz de doblegar a Ucrania, ni siquiera de ocupar por completo las cuatro provincias que la Duma y el Consejo de la Federación declararon rusas en 2022, Putin sigue manteniendo las mismas exigencias de neutralidad y desmilitarización de su vecina, y se niega, no ya a un acuerdo de paz, sino ni siquiera a aceptar un alto el fuego hasta que tenga garantías de que son aceptadas. Los aliados europeos, asumen que Ucrania no entrará en la OTAN por ahora, al menos mientras Trump sea presidente, solo porque él -que es quien manda en la Alianza- no lo quiere. Pero están dispuestos a seguir armando a Ucrania, e incluso se ha formado una alianza ad hoc, la coalición de voluntarios, que está preparada para mandar tropas a Ucrania a fin de garantizar que un alto el fuego o un acuerdo de paz es respetado por Rusia, y el país no volverá a sufrir otra invasión.

La cuestión es hasta qué punto es probable que esa nueva invasión se produjera, si es que la paz se logra, y es respetada, también por Ucrania. En principio, de acuerdo con los antecedentes, hay que pensar que el actual régimen ruso podría convivir en paz con lo que quede de Ucrania, y no necesitaría volver a invadirla ni ocuparla… siempre que en Ucrania hubiera un régimen amigo, próximo a Moscú, que no suponga ningún riesgo para Rusia, ni para los rusos o rusófonos que aún vivan en su territorio. Desde luego, Putin ha dejado bien claro que le gustaría volver a una unión entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, las tres grandes naciones eslavas herederas de la Rus de Kiev que dominó el este de Europa en el siglo XI, pero seguramente se daría por satisfecho con revertir en Ucrania la revolución de Euromaidan y volver a ver como máximo dirigente del país a alguien similar a Yanukovich, es decir más próximo a Moscú que a Bruselas, o -dicho más claro- directamente subordinado a los deseos de Rusia. 

Putin nunca ha ocultado su deseo de un cambio de gobierno en Ucrania hacia otro más amistoso. De hecho, ese era probablemente el primer objetivo de la invasión, ya que no se hizo con efectivos suficientes como para ocupar todo el país. En la respuesta rusa a la propuesta de armisticio de EEUU, durante las conversaciones que mantuvieron ambos en marzo en Arabia Saudí, Rusia incluyó como requisito que hubiera elecciones presidenciales en Ucrania, inmediatamente después de un alto el fuego -cuyo inicio condicionaban a cesiones previas inasumibles para Kiev-, para poder negociar y, en su caso, llegar a un acuerdo de paz con alguien más condescendiente que Zelenski. El mandato del presidente ucraniano terminó en mayo de 2024, pero continua en el cargo porque legalmente no puede haber elecciones mientras esté en vigor la ley marcial, es decir, mientras haya guerra. En todo caso. Putin no puede tener ninguna garantía de que no sea reelegido, si las elecciones se celebran en libertad y no bajo la presión de Rusia.

Por supuesto, todo este planteamiento es inaceptable, para Ucrania, para Europa, y para el mundo, desde cualquier punto de vista democrático. Intentar imponer en Kiev un régimen afín que devuelva a Ucrania a la órbita de influencia Rusa va más allá de cualquier preocupación de seguridad, para convertirse en un diktat que no se puede tolerar. Bien es verdad que los países occidentales, y en particular los anglosajones, no se pueden rasgar demasiado las vestiduras, porque Yanukovich fue elegido en 2010 democráticamente, y ellos ayudaron a derrocarlo, apoyando -cuando no instigando- el Euromaidan. Pero, desde entonces, las sucesivas elecciones han legitimado el nuevo régimen, y de cara al futuro no hay alternativa a que los ucranianos decidan libremente. 

Que Ucrania no entre en la OTAN, y que no se instalen en su territorio bases o lanzadores de misiles, es seguramente una decisión correcta, porque no es descabellado que Rusia considere ese escenario como una amenaza grave a su seguridad y actúe en consecuencia. Tampoco sería aceptable que Rusia lo hiciera en México o Canadá. Pero eso no debe impedir que el país sea libre, seguro y democrático, como lo fue Finlandia hasta 2023, a pesar de ser neutral, y como lo es Austria en la actualidad, incluyendo la posibilidad de unirse a la UE cuando cumpla las condiciones. Garantizar esa libertad, libre de coacciones o presiones, también de las que pudieran venir eventualmente de otros países, así como la seguridad futura de Ucrania, es sin duda una causa justa que puede y debe apoyar la UE, y otros países democráticos, de modo que los ucranianos no se sientan desamparados, y a merced de su poderoso vecino, cuando la guerra termine.

La cuestión -difícil y polémica- es cómo se pueden lograr esas garantías. Parece que la coalición de voluntarios a la que antes nos referimos, dirigida por el premier británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, no considera la vía política y se decanta por una solución militar, ya que se ha mostrado dispuesta a desplegar en el país una “fuerza de seguridad” una vez hayan cesado las hostilidades. Macron, que es particularmente belicoso -tal vez porque Putin le engañó también a él-, ha declarado que 26 países estarían dispuestos a participar en la operación, que sería terrestre naval y aérea, aunque no todos estarían presentes físicamente en Ucrania.

Esta intervención, si finalmente se produce, se va a enfrentar a desafíos muy importantes, empezando por la estructura de mando, pues no se sabe qué cuartel general podría dirigirla, y si funcionaría con elementos de tantos países trabajando juntos de forma ocasional, ni tampoco de qué autoridad u organismo político dependería y recibiría directrices, porque también habría que crearlo ad hoc, ya que la OTAN no participaría y habría países de fuera de la UE como el propio Reino Unido. Aún se ignora dónde y cómo desplegarían las fuerzas terrestres, porque no es lo mismo que haya un acuerdo de paz y la situación sea estable, a que sea un alto el fuego y ambos contendientes mantengan sus posiciones en la línea de contacto, aunque haya una zona de separación. Además, es muy difícil que se pudiera reunir el número de efectivos suficientes, que deberían ser al menos 100.000 para ejercer una mínima disuasión, y tampoco los europeos están muy seguros de sus posibilidades, así que están pidiendo -suplicando- a Trump que les dé alguna cobertura en esta iniciativa, aunque solo sea aérea, para que Washington se vea también involucrado en cualquier respuesta rusa. 

El principal problema es que Rusia no acepta este despliegue, que considera hostil, y ya ha indicado que cualquier combatiente en territorio ucraniano podría ser blanco de sus ataques. Es de suponer que esto se refiere al momento actual, no a cuando hayan terminado las hostilidades, y cabe la posibilidad de que, en el curso de las negociaciones de paz, Rusia acabe por aceptarlo. Pero, aun así, cualquier incidente que hubiera después podría involucrar a las tropas europeas desplegadas y entonces veríamos que respuesta darían estas y qué consecuencias podría tener. Es importante saber cuáles serán las reglas de enfrentamiento de la fuerza, es decir qué es lo que pueden hacer si se viola el alto el fuego o el acuerdo de paz, teniendo en cuenta que la violación podría venir también de la parte ucraniana, si parte de su territorio queda en manos rusas.

Si la fuerza europea se despliega lejos de la zona de contacto y su mandato solo contempla la autodefensa, su presencia no tendrá ningún efecto y para eso es mejor no ir. Si su misión incluye detener y neutralizar a aquellos que infrinjan los acuerdos, se puede dar un enfrentamiento directo entre unidades europeas y rusas que podría derivar en una escalada, y acabar en una guerra europea total, de consecuencias imprevisibles. Si esto sucediera, Europa tendría sin duda el apoyo de EEUU, y como estamos hablando de potencias nucleares -también Francia y Reino Unido lo son- no se puede descartar que se convirtiera en una guerra termonuclear que arrasaría Europa y quizá el mundo.

Esto no es una película distópica, es algo verosímil si se despliegan en Ucrania fuerzas europeas que Rusia considere hostiles, con orden de combatir. Para llegar a ese resultado, no hace falta enviar unidades militares. Basta con hacer saber a Rusia que, si vuelve a invadir Ucrania, la OTAN en bloque entraría en guerra. Eso la disuadiría más que un despliegue limitado, como seguramente la hubiera disuadido del primer ataque si la OTAN hubiera asumido entonces ese compromiso con Ucrania, en vez de alimentar la guerra para que sea la tumba de Putin a costa de la vida de miles de ucranianos.

Tanto la decisión de “erizar” Ucrania como la de desplegar fuerzas europeas van en la dirección de la confrontación, es decir, en asumir la vía militar para las futuras relaciones con Rusia, incluso después de la paz. Tal vez por el temor de que Rusia continúe con sus agresiones en otros países si percibe pasividad, como Hitler continuó con Polonia después de que Inglaterra y Francia intentaran apaciguarlo en Múnich, una eventualidad altamente improbable, de la que trataremos en la próxima -y última- entrega. Esta línea de acción conduce a mantener en Europa la tensión durante años, tal vez décadas, siempre con el peligro de que en cualquier momento se desate una guerra catastrófica, y en todo caso provocando más inversión en armas y equipos militares, en detrimento del gasto social que comporta el estado de bienestar en el que vivimos.

Pero hay otro camino, que es buscar la paz mediante el entendimiento y el diálogo, a través de la construcción de un marco de seguridad paneuropeo en el que Rusia se sienta respetada y pueda defender sus intereses sin necesidad de agredir a nadie. En el que se establezcan medidas de confianza y cooperación para garantizar la seguridad indivisible de todo el continente, incluido, por supuesto, el total respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países. Esto es posible, lo ha sido desde que terminó la guerra fría, y si no se ha hecho ni se hace, si se opta por la vía de la confrontación, es bien por miedo o por intereses inconfesables. Pero los europeos no queremos este belicismo, esta militarización, este coqueteo con la guerra, queremos vivir y criar a nuestros hijos en paz, sin matar ni morir por razones que solo atañen a los que rigen nuestros destinos.  

Las protestas y manifestaciones contra el genocidio en Gaza que han llegado a paralizar en España un evento deportivo importante como la vuelta ciclista -más allá de las críticas injustas, falaces y cínicas de los mismos que apoyaron activamente, no hace mucho, los cortes de tráfico y los disturbios en la calle Ferraz, y de los que parecen dar más importancia a una prueba deportiva que a la muerte de 18.000 niños- son fruto de un brote popular de indignación, que honra a la sociedad española y da un toque de atención a la inactividad de buena parte de la clase política ante este drama. Ha tenido repercusión en Europa y en parte del mundo, y podría producir un cierto efecto contagio que despierte en otros lugares conciencias adormecidas y saque a mucha gente a la calle, hasta que esta pequeña ola se convierta en un tsunami que detenga las acciones criminales del Gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Más vale tarde que nunca.

España está siendo uno de los países más activos, tal vez solo por detrás de Sudáfrica entre los más relevantes, y junto con algunos pequeños estados europeos como Irlanda, Bélgica o Eslovenia, en la escasa oposición que ha tenido en el mundo el sistemático exterminio de los palestinos programado y ejecutado por el Gobierno de Netanyahu. Al apoyo explícito del presidente Pedro Sánchez a la protesta de los españoles -no a la violencia de unos pocos-, que le ha valido la calificación de podemita por parte de la derecha, ha seguido la decisión de Televisión Española de renunciar a participar en Eurovisión si admiten a Israel, y la solicitud del Consejo Superior de Deportes al Comité Olímpico Internacional para que Israel sea excluido de todas las competiciones internacionales oficiales, como se ha hecho con Rusia por su invasión de Ucrania. No es mucho aún, pero lo suficiente para que un político de derechas, como el liberal Dominique de Villepin, que ha sido primer ministro de Francia, haya declarado en una entrevista en France Info que España está salvando en este asunto el honor de Europa. Y también para que el secretario general de la ONU haya elogiado la posición española.

Con todo, la iniciativa más importante, hasta ahora, es el anuncio hecho por el presidente Sánchez de decretar formalmente un embargo total del comercio de armas y cualquier material de uso militar entre Israel y España, así como su tránsito por nuestro país. Aunque teóricamente desde que empezó la destrucción de Gaza este comercio habría sido paralizado, la realidad es que la cooperación en el sector de defensa ha continuado, tal vez no con nuevos contratos, pero sí con la continuación de los que ya estaban en marcha. Y tampoco la prohibición de tránsito se ha llevado a cabo con el rigor suficiente. Ahora se trataría de ejecutar la prohibición de una manera absoluta.

Pero el Gobierno ha retrasado por dos veces, en dos Consejos de Ministros sucesivos, la aprobación del decreto que debe establecer el embargo, causando un notable enfado en la izquierda, que desearía medidas mucho más contundentes contra Israel, pero exige que al menos se cumpla la promesa hecha por el presidente sin más dilación. Y es que una cosa es la decisión política -que solo necesita voluntad- y otra las complicaciones de su puesta en práctica, que tiene lógicamente repercusiones legales, económicas, y -sobre todo- en el campo de la defensa nacional, difíciles de gestionar.

El problema no es lo que exportamos a Israel: desde el principio de la guerra esto solo se ha producido de forma residual y con suministros no letales. Ni tampoco la importación directa de armas, que no ha sido relevante, aunque aquí sí que ha habido excepciones: recordemos el contrato de suministro de balas de pistola israelíes para el ministerio del Interior que tardó seis meses -hasta abril de este año- en ser rescindido. La dificultad estriba en el futuro de ciertas armas y equipos que han sido contratados en Israel por su calidad tecnológica o fabricados en España en colaboración con empresas israelíes, que proporcionan la tecnología y, en ocasiones, alguno de los componentes y han acordado con empresas españolas uniones temporales o licencias de fabricación.

Hay más de 40 programas de armamento y equipos militares que dependen de esta cooperación, en sectores tan sensibles como ciberdefensa, radares o drones, aunque algunos ya han sido suspendidos. Los más importantes para las Fuerzas Armadas españolas son: SILAM, un programa desarrollado por Rheinmetall Expal y EM&E, en colaboración con la israelí Elbit Systems, que fabrica en Córdoba lanzacohetes múltiples basados en el PULS israelí; SPIKE, un misil guiado antitanque encargado en España a la empresa Pap Tecnos, filial de la israelí Rafael, que ya está instalado en helicópteros españoles Tigre, en cuya fabricación participarían también empresas españolas como Escribano, Tecnobit y FMG; y un POD láser, designación de blancos de guerra aérea, para los cazas Eurofighter, contratado con la empresa israelí Rafael Air & Space. Los dos primeros de estos programas, por valor de mil millones de euros, han sido ya suspendidos por el Ministerio de Defensa, pero aún está por ver si la fabricación de Silam en Córdoba se va a interrumpir, y buscar una alternativa al Spike, que será quizá mucho más cara. Además, habrá que suprimir la colaboración entre ambos países en la fabricación para terceros países, como es el caso del blindado ASCOD Sabrah para Filipinas, del que la empresa española Santa Bárbara Sistemas fabrica el chasis y la israelí IMI la torreta y el sistema de armamento y dirección de fuego. 

 Ahora hay que ver qué materiales se pueden seguir fabricando -o incluso utilizando- después de la ruptura con las empresas israelíes, si hay otras empresas -como Airbus o Indra- que puedan ofrecer alternativas a los que tengan que dejar de producirse, o dónde podrían adquirirse esos equipos de sustitución. También qué repercusiones tiene la nueva situación para las empresas españolas implicadas, incluso para sus trabajadores, si se interrumpe la producción, qué consecuencias puede tener el cese de la cooperación en la capacidad a corto, medio y largo plazo en las Fuerzas Armadas españolas, porque afecta a capacidades militares críticas, así como los costes financieros que puede comportar la resolución de contratos vigentes y -en su caso- las ayudas que necesiten las empresas españolas que cesen en su actividad o la disminuyan.

Todos estos asuntos son enormemente complejos y es de suponer que el Ministerio de Defensa, y probablemente el de Economía y Comercio, sin oponerse a la decisión del presidente, hayan pedido tiempo para estudiarlos y encaminar su resolución. Pero esto no se arregla en quince días ni en veinte, aunque se asuman consecuencias negativas, y como la política manda y los socios de coalición no admiten más espera, es más que probable que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe finalmente el decreto, aunque se siga trabajando en algunos asuntos sin resolver que probablemente sean objeto de polémica política en las próximas semanas o meses.

Lo más importante es que otros países, en Europa y en otras partes del mundo, pueden seguir el ejemplo de España e ir poco a poco limitando los recursos de Israel. El temor a que esto suceda puede ser la razón de la desproporcionada, furiosa y prematura respuesta del Gobierno israelí. La actitud de la UE y de la mayoría de sus Estados miembros ha sido hasta ahora muy reticente a tomar ninguna medida contra Israel, a pesar del doble rasero que supone su inacción respecto las 18 rondas de sanciones que ha aplicado a Rusia, cuando en Ucrania, en mucho más tiempo, ha muerto la tercera parte de civiles que en Palestina. Esto pasa porque algunos países europeos consideran que tienen una deuda histórica con el pueblo judío, que les impide sancionar, o incluso criticar, a Israel, y porque la mayoría no quieren enfadar a EEUU, el padrino y valedor incondicional de Netanyahu, cuyos crímenes genocidas apoya sin condiciones.

No obstante, algo empieza a moverse. En agosto, Fiedrich Merz, canciller de Alemania, el país europeo que más ha apoyado a Israel por su sentimiento de culpabilidad respecto al holocausto, anunció el fin de la exportación al estado judío de armas que puedan ser utilizadas en Gaza. El Gobierno francés emitió el martes la condena más dura a Israel desde que empezó la guerra, pidiéndole que termine con su campaña destructiva, que ya no tiene lógica militar, en Gaza, y que levante de inmediato todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en la franja. El miércoles la Comisión Europea presentó una propuesta para anular parcialmente la rúbrica comercial del acuerdo de Asociación UE-Israel, algo que España e Irlanda pidieron en febrero de 2024 y que el presidente español reclamó de nuevo en el último Consejo Europeo. Se trata de una sanción muy limitada porque solo afecta a un 37% de las exportaciones israelíes, lo que se traducirá en menos de 230 millones de euros en aranceles, pero es más que nada. Al ser una suspensión parcial no necesita el consenso de los 27 y puede eludir el seguro veto de Hungría -que también aquí, como en Ucrania, apoya al agresor- y tal vez de la República Checa. De todas formas, dentro de 30 días tendrá que ser aprobado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, y eso va a depender sobre todo de Alemania, aunque parece probable que salga adelante.

En el aspecto político, el Gobierno israelí ha recibido un duro revés con el informe de la comisión independiente del departamento de derechos humanos de Naciones Unidas, en el que se dictamina sin matices que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. En España, los políticos de derecha y extrema derecha se niegan a aceptarlo, aunque no reconocer la autoridad de la ONU implica situarse en una zona antisistema y marginal. Pretenden que solo el Tribunal Penal Internacional (TPI) puede dictaminar que Israel comete genocidio. No deben saber que el TPI, que ya ordenó en noviembre de 2024 el arresto de Netanyahu y el entonces ministro de defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, no puede hacer ese dictamen porque no juzga a países, solo a personas. Es sorprendente que no sepan esto. O quizá lo confunden con el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), que se ocupa de los litigios entre países, y que en enero de 2024 ordenó a Israel, ante una denuncia de Sudáfrica, a la que después se adhirió España, que tomara todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, reconociendo que la denuncia es plausible, y que garantizara la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito de la Convención sobre el Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. Naturalmente, el Gobierno de Israel ha hecho caso omiso de las órdenes del TIJ, que tardará años en emitir una sentencia final, aunque ya ha dicho suficiente.

Netanyahu y su Gobierno pueden seguir acusando de antisemitismo a todo el que le condene o se oponga a sus acciones criminales, incluidas las numerosas personalidades y organizaciones judías que rechazan el genocidio en todo el mundo, incluso en el interior de Israel, aunque eso ya no sirve, pues con su abuso el término ha perdido toda su carga emocional. Pero se le está empezando a acabar el tiempo. La semana que viene se celebrará en Nueva York la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas y en ella muchos nuevos países reconocerán al Estado Palestino, entre ellos algunos tan importantes como Francia o Reino Unido, miembros del Consejo de Seguridad. Inmediatamente después, Netanyahu visitará a Trump y, aunque le pedirá tiempo, es posible que el presidente estadounidense le dé un plazo para detener sus operaciones y hacer la paz, o limite sus ambiciones. Por eso tiene tanta prisa por destruir todo lo que pueda y presionar a los palestinos para que se vayan. Pero es probable que si la reacción que ahora está empezando se intensifica no pueda completar sus siniestros planes.

Es cierto que el Gobierno español puede hacer mucho más, que la UE puede hacer infinitamente más, que muchos países, incluidos los árabes, Rusia, China, y otros, guardan un silencio ominoso. Pero esto es solo el comienzo. Así se fraguó el principio del fin del régimen de apartheid de Sudáfrica, con su exclusión de las competiciones deportivas en los años 60 del siglo pasado, seguida por restricciones comerciales y sanciones económicas, hasta llegar a un boicot comercial total a finales de los 80 que logró hacer caer al gobierno segregacionista, en favor de un nuevo régimen multirracial y democrático. Ese debe ser también el camino para acabar con el gobierno criminal y supremacista de Israel. El clamor popular debe crecer y multiplicarse hasta obligar a los gobiernos, empezando por los europeos, incluso algún día al de EEUU, a que eleven la presión sobre Israel y llegar, si es necesario, a la ruptura total de relaciones políticas y comerciales, para forzarle a cesar en este genocidio despiadado.

Es nuestra responsabilidad, la de todos. Están muriendo miles de personas, civiles inermes, mujeres, niños, no solo por las bombas, también por enfermedades que no pueden ser tratadas porque no hay medicamentos y los hospitales han sido destruidos, y también por hambre. Se están arrasando sus casas, sus escuelas, sus infraestructuras, para que no tengan donde vivir y abandonen Gaza, que así podrá ser anexionada y colonizada por Israel, como ya está haciendo en Cisjordania. No lo podemos permitir, el silencio es culpable. Tenemos que aumentar nuestra presión sobre el gobierno para que tome medidas más radicales, como la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Netanyahu, y para que empuje a otros países europeos a hacer lo mismo y a aprobar la total suspensión de relaciones comerciales entre la UE e Israel. Cualquier mensaje, cualquier grito, cualquier acto puede contribuir, por poco que sea. Tenemos que hacerlo por los palestinos, pero también por nosotros mismos, para no sentirnos avergonzados y miserables por consentir este horrible crimen contra la humanidad.   

El incidente de los drones rusos que llegaron a Polonia –probablemente a causa de interferencias en su guiado por satélite– ha mostrado lo fácil que puede ser que un error o un incidente no controlado, en el aire o en el mar, desemboque en una escalada bélica cuyas consecuencias serían impredecibles, pero en todo caso trágicas. Esta puede ser la principal razón, junto con el dinero que la guerra le ha costado hasta ahora a EEUU, por la que su presidente, Donald Trump, ha intentado, desde el comienzo de su segundo mandato, alcanzar la paz en Ucrania. Los europeos parecen bastante más belicosos, partidarios de imponer duras condiciones a Rusia, como si no les preocupara tanto la extensión del conflicto, aunque ellos serían, lógicamente, los primeros afectados

Trump no ha conseguido que la paz avance porque sus iniciativas han sido volubles y erráticas, como siempre, amenazando sobre todo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski –al que llegó a acusar de provocar la invasión–, pero también al ruso, Vladímir Putin, con anuncios de sanciones en plazos que se han ido cumpliendo sin que pasara nada. El presidente estadounidense se resiste a presionar más a Putin porque quiere llegar a acuerdos políticos, económicos y comerciales con él, incluida la explotación conjunta de minerales en la zona de Ucrania que ocupa, que pueden reportar grandes beneficios a EEUU, e intenta alejarle de China, su único rival estratégico.

Por eso consiente que el presidente ruso ignore una y otra vez sus propuestas, como cuando se encontraron el 15 de agosto en Alaska, y Putin rechazó, una vez más, el alto el fuego inmediato que le pedía el presidente estadounidense. Y por eso cuando se reunió tres días después con Zelenski y los dirigentes europeos que le acompañaban –decepcionados porque Trump no hubiera mantenido la exigencia de alto el fuego– no pudo ofrecerles ningún resultado positivo, ni siquiera fue claro en las garantías de seguridad que daría a Ucrania después de la paz, sino solo el proyecto de una reunión directa entre Putin y Zelenski –a la que seguiría otra trilateral con él mismo– que no se ha producido ni tiene por ahora perspectivas de hacerlo. Putin se siente fuerte y no tiene prisa, ha declarado que si Zelenski está preparado puede ir a rendirle pleitesía a Moscú.

Rusia rechaza un alto el fuego incondicional porque favorece a Ucrania, que está en un momento de severa debilidad y podría aprovecharlo para reponer armamento y munición, dar descanso a sus desgastadas tropas, y recuperarse, todo ello sin haber comprometido ni su renuncia a integrarse en la OTAN ni la cesión de ninguna parte de su territorio. El interés de Rusia es justamente el contrario, sus fuerzas están ganando terreno, pueden seguir avanzando –aunque con muchas bajas–, y la continuación de las operaciones daña más a Ucrania. Por eso solo lo admitiría si Kiev se comprometiera a desmilitarizarse, no recibir más ayuda militar de occidente, y renunciar a a la OTAN definitivamente. Como esto no va a suceder, Putin prefiere negociar la paz, incluido el futuro de los territorios que ocupa, antes de acceder a detener las operaciones militares.

El primer obstáculo para la paz, el más difícil de superar, es la cuestión territorial. Rusia ocupa algo más del 19% del territorio ucraniano, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, y parte de las provincias de Luhansk, Donetsk, Zaporiya y Jerson, que fueron declaradas parte de la Federación en octubre de 2022, de las cuales controla alrededor del 80%, con diferencias entre unas y otras, pero ninguna en su totalidad. Zelenski se niega a ceder formalmente cualquier parte de Ucrania, basándose en que su Constitución lo prohíbe. Un alto el fuego mantendría de facto la situación como está, pero un tratado de paz tendría que decidir sobre ella de iure, y con el acuerdo de ambas partes. Por eso Kiev solo quiere un alto el fuego, que le permitiría ganar tiempo, y el 18 de agosto, en Washington, la cuestión territorial ni siquiera se trató. Pero si Putin insiste en negociar antes de detener las operaciones militares, es precisamente porque quiere la resolución definitiva de este asunto, que, junto con la neutralidad de Ucrania, es para él una condición irrenunciable para la paz, y que antes o después tendrá que ser abordado

Parece que Trump ha asumido que es inevitable que Ucrania pierda parte de su territorio. También algunos dirigentes europeos, aunque no lo expresen abiertamente. Pero muchos otros, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaran indignados que no se puede consentir una modificación de fronteras por la fuerza. Esto es cierto, claro, pero también se les podía haber ocurrido cuando consintieron, incluso propiciaron, la ruptura por la fuerza de Yugoslavia, y llegaron a bombardear Belgrado causando víctimas civiles –sin respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas– para forzar la secesión de Kosovo, lo que evidentemente modificaba las fronteras de Serbia. Incluso ahora, podían aplicar el mismo criterio a Israel, que se ha anexionado ilegalmente los altos del Golán y Jerusalén Este, sin que nadie en Europa haya tomado la mínima acción en contra, y amenaza con hacer lo mismo con el resto de los territorios palestinos. O a Marruecos que se ha anexionado el Sahara Occidental, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, con la aprobación o el consentimiento de casi todos los que se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que Rusia se quede con parte del territorio ucraniano.

De todas formas, unas injusticias flagrantes no pueden justificar otras igual de deplorables. Defender la integridad territorial de Ucrania, y en general la inviolabilidad de las fronteras reconocidas internacionalmente, es sin duda una causa justa, respaldada por numerosos tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Acta Final de Helsinki (1975), o la Carta de París (1990). Y en el caso concreto de Ucrania por el Memorando de Budapest (1994) y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Rusia y Ucrania (1997), que Ucrania rescindió unilateralmente en 2018 después de que Rusia se anexionara Crimea. Ambos acuerdos reconocían las fronteras de Ucrania y garantizaban su inviolabilidad. Fueron firmados por Rusia en la época de Boris Yeltsin, ciertamente cuando su país estaba en sus horas más bajas, aunque eso, por supuesto, no cambia su carácter vinculante que Putin no ha respetado.

Pero la cuestión no es si Ucrania tiene derecho a conservar todo su territorio –esto es algo que admite poca discusión–, sino cómo podría recuperar el que en estos momentos está ocupado por las tropas rusas o quién se lo va a devolver, porque ya es evidente que el ejército ucraniano no está en condiciones de revertir la situación, ni siquiera con la ingente ayuda militar y económica que ha recibido, por importe de unos 300.000 millones de euros hasta hora. Y si nadie más se va a involucrar directamente para echar a los rusos de allí, seguir defendiendo que Ucrania tiene que mantener su integridad territorial no es más que un brindis al sol que por sí solo poco va a ayudar a los ucranianos. ¿Cómo conseguir que Rusia ceda? Probablemente, este mes la UE aprobará un nuevo paquete de sanciones, el 19º desde que empezó la guerra, pero no hay ninguna garantía de que vaya a tener más éxito que los dieciocho anteriores en disuadir a Moscú, ni parece posible que la población rusa se vaya a movilizar contra la guerra o contra la cúpula política del país, la última posibilidad en la que algunos basaban sus esperanzas.

¿La situación va a ser más favorable para Kiev dentro de un año o dos? Más bien parece lo contrario, lo más probable es que siga perdiendo terreno, incluso la resistencia ucraniana puede estar próxima al colapso si no se alcanza pronto un alto el fuego. Es cierto que Rusia está sufriendo por los ataques a sus infraestructuras energéticas y por las sanciones también, pero todo indica que Ucrania no va a resistir lo suficiente para que la economía rusa se deteriore hasta el punto de que no pueda continuar la guerra.

En este escenario, ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo, como hacen algunos dirigentes europeos, que solo es aceptable una paz justa, que implicaría lógicamente la retirada de las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano, incluida Crimea? Nadie en su sano juicio puede pensar que esto va a suceder en un futuro previsible. Lo que nos lleva a plantearnos la espinosa cuestión de si los países europeos que siguen empujando a Ucrania a resistir, los que rechazan una paz realista coherente con la situación sobre el terreno, lo hacen para ayudar a los ucranianos o solo para utilizar a su país como un escudo en el que se estrelle Putin, y así evitar que tenga otras tentaciones, limitándose ellos a poner el dinero y las armas, mientras los que mueren son los ucranianos. Convendría que estos belicistas vieran la encuesta realizada por Gallup en julio de este año, según la cual solo el 24% de los ucranianos apoyaban continuar la guerra hasta la victoria, mientras el 69% eran favorables a negociar su fin tan pronto como sea posible.

La cuestión territorial se envenena aún más porque Putin, además de exigir quedarse con el territorio que ocupa, pretende que Ucrania le entregue graciosamente la parte del Donbás que aún no controla, que es una mínima parte de Luhansk, pero en Donetsk se trata de más de 6.000 kilómetros cuadrados, incluyendo las importantes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, donde Ucrania tiene instalado su principal sistema defensivo. Hay que recordar que una de las causas, que no razones, de la invasión rusa, fue la guerra interminable de baja intensidad, entre 2014 y 2022, entre fuerzas ucranianas y los voluntarios prorrusos que habían proclamado dos repúblicas independientes en esas provincias, con la ayuda logística, económica y militar de Moscú.

La tesis de Putin es que todo el Donbás es ruso, y como su ejército va a ser capaz de conquistar, antes o después, esa zona, si se la dan ahora parará, pero si no seguirá hasta que lo consiga. Cuando Trump habla de un “intercambio de territorios” se refiere tal vez a que Rusia podría devolver a Ucrania las pequeñas zonas que ocupa en las provincias de Járkov, Sumí, y Dniepropetrovsk, que solo sumarían en total unos 750 kilómetros cuadrados, y renunciaría a las partes que no controla de Zaporiya y Jerson, que de todas formas no son suyas, así que ese pretendido intercambio no pasa de ser una falsedad.

Moscú podría hacer otras concesiones, como entregar la administración de la central nuclear de Zaporiya a EEUU, para que suministre energía ambas partes, o incluso ceder, para reconstruir Ucrania, las reservas de su banco central que estaban depositadas en bancos occidentales y fueron bloqueadas cuando comenzó la guerra, por valor de más de 400.000 millones de dólares. Hasta ahora solo se han empleado los intereses de ese dinero para preservar la seguridad jurídica de los depósitos internacionales, pero eso podría cambiar y en todo caso es muy difícil que Rusia lo recupere, así que cederlo solo sería un signo de buena voluntad, y Putin podría usarlo en la mesa de negociaciones

Nada de esto puede compensar a Ucrania de la pérdida de casi una quinta parte de su territorio, y mucho menos la entrega sin combatir de la zona de Donetsk aún en manos ucranianas, que tiene un enorme valor estratégico y psicológico. Zelenski no puede aprobar esa entrega de ninguna manera, sería su muerte política, y una tragedia para todo el país, pues la población ucraniana jamás entendería que todos los que han muerto para defenderlo no hayan servido para nada. La solución de la cuestión territorial parece, por tanto, tan complicada, que amplios sectores de Ucrania y de sus apoyos occidentales prefieren no abordarla por ahora. Pero eludirla no va a resolver el problema, ni va a conducir al fin de las hostilidades. De hecho, solo cuando haya un acuerdo entre ambas partes en esta cuestión, se logrará una paz mínimamente estable y duradera. Si no, solo habrá como mucho una pausa en la guerra, y bastante frágil.

Por supuesto, no se debe excluir la posibilidad de tratar con Rusia, en el marco de las negociaciones de paz, el futuro de las zonas ocupadas. Excluyendo, desde luego, Crimea, que para Rusia no está en discusión, se podría proponer para el resto de los territorios una transición en varias fases, que incluyera la vuelta de todos los refugiados y, después de un tiempo, la celebración de un referéndum en cada una de las provincias – en su totalidad -, bajo supervisión internacional, que incluyera como una de las opciones el mantenimiento de la soberanía ucraniana con autonomía muy amplia, que permitiera relaciones especiales con Rusia, algo bastante parecido a lo que Moscú reclamaba para el Donbás antes de la invasión, en el marco de los acuerdos Minsk II.

Será muy difícil que Putin acepte esta solución, o cualquier otra que le haga perder parte de lo conquistado, sobre todo después de que la anexión formal de estas provincias haya sido aprobada por el legislativo ruso. Pero en política internacional hay pocas cosas definitivas o inamovibles. Todo puede depender de que se le ofrezcan estímulos suficientes en otros aspectos también muy importantes para él en un escenario de paz, como son el futuro de Ucrania y sus garantías, o el papel que podría tener Rusia en una futura arquitectura de seguridad europea y en la defensa de sus propios intereses. Todo está interrelacionado y todo debe discutirse a la vez. Siempre bajo la premisa de que, en ocasiones como esta, una mala solución puede ser mejor que ninguna. O, dicho de otro modo, la pérdida de territorios es reversible, tal vez, algún día. La pérdida de vidas humanas no lo es, se trata del máximo sacrificio que, si no va a alcanzar el objetivo que pretende, o bien sirve a intereses espurios o bien se convierte en inútil y absurdo.

Donald Trump ha empezado su segundo mandato como presidente de EEUU con todo el poder de la primera potencia mundial en sus manos. Un partido que le respalda sin fisuras, mayoría en las dos cámaras legislativas, y un Tribunal Supremo favorable. Lo está usando para imponer su voluntad, a veces errática, siempre arbitraria, sin consideración a ningún límite político, legal, o ético, tanto en el interior de su país donde la democracia está claramente amenazada -es un problema que deben afrontar los estadounidenses-, como en el resto del mundo. En lo que respecta a la Unión Europea, hacia la que siempre ha mostrado una hostilidad irracional, ha conseguido someterla, en apenas seis meses, a tres chantajes: militar, económico y político, que la debilitan sustancialmente, asfixian su incipiente proyecto de autonomía estratégica, y amenazan gravemente su proyecto de integración, e incluso su modelo social.

El primero de estos chantajes ha sido la exigencia de que todos los aliados europeos de la OTAN -23 de los 27 miembros de la UE- eleven hasta 2035 su presupuesto de defensa al 5% de su Producto Interior Bruto, bajo la amenaza de retirar su apoyo militar a Europa, lo que ha causado pavor en algunos de los países europeos por la evidencia de que Europa no está aún en condiciones de defenderse a sí misma -precisamente porque siempre ha confiado en EEUU- y ante la sobredimensionada amenaza de Rusia como consecuencia de su agresión a Ucrania. Por supuesto, EEUU no se va a retirar de Europa en ningún caso, por su propio interés, y para disuadir a Rusia no hace falta aumentar los presupuestos militares en un solo euro, bastaría una declaración de Trump diciendo que declararía la guerra a Rusia el mismo día que atacara a un miembro de la OTAN. Pero ese no es su problema. Él no cree que Rusia, con la que intenta alcanzar un acuerdo estratégico, vaya a atacar a la OTAN o la UE. Simplemente opina que los países europeos deben pagar para compensar lo que EEUU ha gastado antes en la defensa de Europa, y sabe que ese aumento revertirá en su mayoría en la industria militar estadounidense, en detrimento del desarrollo de la europea que no está en condiciones de absorberlo. A pesar de ello, todos los países europeos, con la honrosa excepción del presidente del Gobierno español, han acatado la orden, muy lesiva para su política económica, incluso los que no tienen posibilidades o voluntad de cumplirla.

El segundo chantaje, de carácter económico, se escenificó en un terreno muy poco neutral, el campo de golf de Turnberry, propiedad de Trump, en Escocia, el día 27 de julio. Allí, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con una actitud obsequiosa y halagadora hacia su anfitrión, aceptó la imposición unilateral de un arancel general del 15% a los productos europeos que se exporten a EEUU, contra un arancel cero por parte europea a los productos estadounidenses, ante la amenaza de que ese arancel fuera del 30%. Un gravamen arbitrario que evidencia un claro abuso de poder por parte de Trump, y una cesión incomprensible e inaceptable de la UE, que demuestra su debilidad y su desunión ante la presión de Trump. Un acuerdo muy lamentable, lesivo para la economía europea, pero también humillante en la forma y en el fondo. No solo estaba en juego una cierta cantidad de dinero, sino la integridad y la dignidad de Europa.

La justificación de von der Leyen es que así se ha evitado una guerra comercial. No es cierto. Una guerra consiste en un conjunto de acciones coordinadas, del tipo que sean, para imponer la voluntad propia a la del adversario, y eso es lo que ha pasado aquí. Trump ha realizado un primer asalto, imponiendo aranceles unilaterales del 50% al acero y el aluminio europeos y amenazando con un 30% a todos los bienes exportados a EEUU, y la UE se ha doblegado a cambio de una rebaja. Una rebaja sobre algo injusto y arbitrario es igual de ignominiosa que la amenaza original. Von der Leyen no ha evitado una guerra que ya había comenzado, lo que ha hecho es rendirse y perderla sin pelear, aceptar dócilmente el diktat de Trump, dejando a la UE en una posición de debilidad y sometimiento que solo augura más y mayores agresiones o coacciones futuras.

Tampoco ha evitado que la confrontación fuera mayor. Difícilmente puede ser mayor, cuando las condiciones impuestas a la UE son absolutamente leoninas. Aunque parezca increíble, la fijación de los aranceles a los productos europeos en solo un 15%, respecto al 30% que Trump había decidido arbitrariamente, no ha sido tampoco gratis. La UE ha tenido que aceptar otros compromisos adicionales, aún más gravosos que los propios aranceles: compra de energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares en tres años - sobre todo GLP- y otros 600.000 millones en inversiones en EEUU -probablemente en armamento y sistemas militares-. Se supone que lo que se trataba de evitar con la capitulación europea es que la guerra comercial escalara sin límites, pues como la UE tiene un superávit en el intercambio de bienes con EEUU de 235.600 millones de dólares, si se llegara al bloqueo comercial total perdería esa ventaja. Pero hay que contar que en el intercambio de servicios -sobre todo digitales- la UE tiene un déficit de 148.000 millones, con lo que la balanza real es de 87.600 millones a favor de la UE. Conclusión: para salvar 87.000 millones, que serán muchos menos con los aranceles impuestos, la UE se ha comprometido a gastar 1,35 billones en EEUU, en detrimento de la inversión interna, del desarrollo tecnológico propio, de su industria, y en lo que se refiere a la compra de energía, del impulso a las energías renovables que necesita la política medioambiental europea. Un negocio redondo.

Pero la historia no ha terminado. Trump ha declarado que, si esa inversión de 600.000 millones no se hace efectiva a tiempo, volverá a subir los aranceles, no ya al 30%, sino al 35%, se ve que hay una penalización del 5% por lucro cesante. Además, ya ha anunciado aranceles especiales a la industria farmacéutica que podrían llegar al 250% (!) y no se puede descartar que aparezcan otros a productos específicos que él considere, con su superior criterio, que no deben incluirse en la tarifa general del 15%. No conocemos todos los detalles del acuerdo, pero es probable que EEUU esté presionando para que la UE levante las restricciones a productos alimentarios de ese país que no cumplen las condiciones sanitarias exigidas en Europa, y para que se abstenga de sancionar a las grandes tecnológicas estadounidenses, o de controlar sus contenidos. Los que esperaban que el sometimiento europeo calmara al ogro naranja, los que argüían que la ventaja de la cesión era que traería previsibilidad y certidumbre, incluida von der Leyen, se van a llevar una gran decepción. Es sabido que, si te sometes a un matón, si no le pones límites, él se crecerá y seguirá abusando ti.

Había que plantar cara. Podía hacerse, no se ha hecho y según todos los indicios es un grave error, que tal vez podría corregirse aún en el futuro si la presión de Trump no cesa. La UE tiene los medios y las herramientas para hacerlo. La Comisión tenía una lista de medidas arancelarias que costarían a EEUU 93.000 millones de euros. Las grandes tecnológicas estadounidenses, que están ganando sumas astronómicas en Europa, pueden ser sometidas a impuestos más elevados y a controles más estrictos. Y, sobre todo, tiene una bala de plata, el Instrumento contra la Coerción Económica, que encaja como un guante en el contencioso con EEUU, y que permitiría medidas tan efectivas como imponer restricciones a las empresas estadounidenses para acceder a los mercados europeos, o a las licitaciones públicas. Además, en el límite, un bloqueo comercial total perjudicaría más a EEUU -que perdería 1,3 billones de inversión-, que a Europa.

¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué la tercera potencia económica del mundo se rinde sin más ante una imposición unilateral e injusta de Trump? ¿Qué habría pasado si la presidenta de la Comisión hubiera planteado que la inversión europea de 1,3 billones solo sería posible en un escenario de aranceles recíprocos equivalentes, y no se hubiera movido de ahí? ¿Por qué el mundo entero se somete a la voluntad de EEUU, cuyo PIB apenas llega a la cuarta parte del mundial y es muy inferior a la suma de los de la UE y China? ¿Qué pasaría si la UE, Reino Unido, Canadá, México, Brasil, India y China, se pusieran de acuerdo en imponer aranceles del 100% a EEUU y adoptar entre ellos una política de aranceles cero? No parece imposible, considerando que todos ganarían.

Pero no se ha intentado nada, y es difícil de entender. En Europa, el problema es la falta de voluntad política, seguramente impulsada por el miedo. Miedo a romper los lazos trasatlánticos después de ocho décadas, miedo a un escenario económico incierto, a la inestabilidad que la falta de un protector externo produciría en una Unión aún muy frágil e inmadura. Miedo a que EEUU abandone militarmente a Europa en represalia, y aquí volvemos al primero de los chantajes. Y también, probablemente, por intereses políticos y económicos de ciertos gobiernos y sectores sociales de la derecha europea, que es la que en estos momentos tiene el poder en las instituciones comunitarias y en los gobiernos de los principales Estados miembros, y que en su mayoría prefiere el dominio de EEUU a una autonomía que tal vez tuviera dificultades para controlar.

Finalmente, el sometimiento militar y económico conduce inevitablemente a un sometimiento político, y ese es el tercer chantaje que cierra el círculo. Trump no oculta que utiliza su poder económico -y detrás, en la sombra, su poder militar - para imponer su ideología en todos los lugares del mundo en los que detecta una oportunidad, y cree que puede hacerlo impunemente. Impone a Brasil aranceles del 50% para presionar en favor de su amigo, el expresidente Bolsonaro, juzgado por conspirar para un golpe de estado. Sube los aranceles a Canadá hasta el 35% porque su gobierno anuncia que reconocerá al Estado Palestino. Apoya a Milei, a Bukele, a Netanyahu, a cualquier dirigente o partido de extrema derecha, siempre en contra de todo lo que huela a las políticas sociales que ha destruido en EEUU y pretende anular en todo el mundo.

Europa ha estado sometida políticamente a EEUU desde la segunda guerra mundial, pero ahora, con la administración Trump, la presión se intensifica. Desde la intervención del vicepresidente J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, criticando duramente el sistema democrático europeo, pasando por el apoyo directo de Elon Musk a Alternativa para Alemania en las últimas elecciones, hasta el propio presidente advirtiendo a los europeos que, si no frenan la emigración, Europa será destruida. Siempre dando argumentos a la ultraderecha, a los nacionalistas, a los que quieren socavar el proyecto europeo que tanto odia. La propia exigencia de aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB aboca a la destrucción del estado de bienestar europeo que le molesta como modelo. Mark Rutte, Secretario General de la OTAN y lacayo servil de Trump, afirmó, en diciembre de 2024, que los ciudadanos de los Estados miembros de la OTAN deben “aceptar hacer sacrificios”, como recortes en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social, para aumentar el gasto en Defensa. Ya no es solo un chantaje militar y económico, se trata de imponernos un modelo político-social contrario a un sistema que ha sido respaldado democráticamente por los europeos.

¿Queremos ser colonias de un imperio decadente dirigido por un individuo narcisista, sin escrúpulos, de tendencias fascistoides? Europa pierde su alma a chorros, cuando acata sin críticas los dictados de Trump, cuando se lanza a un rearme desmesurado en detrimento de programas sociales, cuando acepta en silencio -o incluso es cómplice- del genocidio de los palestinos, cuando trata a los emigrantes como delincuentes, cuando cría en su seno millones de ultraderechistas xenófobos, nacionalistas y violentos. Esta no es la Europa que apuntaba la esperanza de un mundo mejor, no es la Europa que queremos. Sin su alma, no es más que una zona de libre comercio que solo sirve a los intereses de los poderosos ¿Cuándo nos hemos perdido?

Los europeos estamos siendo humillados y ofendidos por la prepotencia de Trump y la pasividad, cuando no la aquiescencia, de los dirigentes europeos. Rutte y von der Leyen no actúan por su cuenta, son epígonos de los Merz, Macron, Meloni…y siguen sus instrucciones. No nos los merecemos. Necesitamos líderes capaces de recuperar la autoestima europea y de enfrentarse al dictador estadounidense en defensa de nuestros valores e intereses. Necesitamos revivir esa Europa defensora de los derechos humanos, social, solidaria, pacífica, esa Europa humanista de la que podamos de nuevo sentirnos orgullosos, y en la que podamos vivir seguros y libres. La alternativa es el sometimiento a Trump y a la extrema derecha, el declive de la democracia, el odio, la fractura social, la violencia. No podemos permitirlo, Hay que hablar, hay que gritar, hay que resistir.

El enorme ruido político y mediático de la sesión plenaria del Congreso sobre medidas contra la corrupción, que tuvo lugar en la mañana del miércoles, ha opacado el debate que se celebró el mismo día por la tarde sobre política exterior y de seguridad, que tal vez es más importante que el primero para el futuro de España, en el que se trataron asuntos que exceden el marco interno de nuestro país para afectar al escenario europeo e incluso mundial. Unos asuntos que al parecer no interesan en absoluto al Partido Popular ni a Vox, cuya única obsesión es expulsar del poder al presidente del Gobierno, al que acusan de utilizar estos temas, de enorme trascendencia, como cortina de humo para tapar o eludir los problemas internos que los casos de corrupción en su partido le están ocasionando.

El primero de estos asuntos, y el más mediático, era el informe de Sánchez al Congreso sobre la cumbre de la OTAN celebrada en la Haya el día 25 de junio, que se dedicó casi monográficamente al aumento del presupuesto de defensa de los aliados hasta el 5% del PIB en 2035, excepto el de EEUU –el promotor de esta iniciativa– que no tiene ninguna intención de alcanzarlo. Sánchez informó de su negativa a aceptar llegar a ese porcentaje, y de su compromiso de cumplir los objetivos de fuerza señalados por la Alianza, para lo que solo haría falta alrededor del 2% –lo que fue ratificado al día siguiente por el jefe de Estado Mayor de la Defensa–, y explicó que la excepción española había sido confirmada por una carta del secretario general de la Alianza y por otra suya, que son claras y vinculantes.

El 5% es un porcentaje arbitrario que no está relacionado con el Plan de Capacidades de la OTAN ni responde a ningún estudio real de necesidades, sino exclusivamente a la voluntad del presidente de EEUU, Donald Trump, que considera que EEUU ha gastado mucho dinero en Europa –aunque es evidente que lo ha gastado por su propio interés– y ahora toca que los europeos gasten más para compensarles, naturalmente comprando material estadounidense, puesto que es sabido que la industria europea no está en condiciones de absorber esos aumentos desmesurados de la inversión. Trump trata esto como un negocio, no hace ninguna referencia a que el incremento de gasto sea necesario para hacer frente a una amenaza rusa, porque no la considera – él quiere acuerdos con Putin– mientras los dirigentes europeos se afanan en esgrimir esa amenaza –irreal– porque no osan decirles a sus votantes que aceptan ese aumento, en detrimento del gasto social, solo porque se lo exige el presidente de EEUU.

La realidad es que muchos de los gobiernos europeos aceptan la imposición de Trump ante su amenaza de abandonar Europa a su suerte, cuando aún la Unión Europea no ha sido capaz de construir su propia defensa autónoma, aunque eso no va a pasar en ningún caso porque EEUU no está en Europa para defender a los europeos, sino para defenderse a sí mismo y controlar a sus aliados. Otros han aceptado pensando en no cumplirlo para no enfrentarse con el poderoso agente naranja, y reprochan a nuestro gobierno que no haya adoptado también esa postura más inteligente. Pero Sánchez lo ha entendido muy bien, no se trata de no cumplirlo, sino de no aceptarlo, de plantarse ante una decisión que no mejora la seguridad de España y va en detrimento de mejorar la vida de los españoles. Sánchez ha sido el único que ha tenido coraje para defender ante Trump la soberanía de su país, sin perjuicio de la solidaridad en el seno de la OTAN, que no se puede abandonar alegremente –como pidieron algunos portavoces en el debate, y como a muchos nos gustaría– hasta que no exista una alternativa europea autónoma, sólida y suficiente que asegure la defensa colectiva.

Las acusaciones por parte del PP y de Podemos –que cada vez convergen más en su obsesión por desacreditar a Sánchez– de que el presidente español “firmó” el objetivo del 5%, y que por tanto estaría mintiendo a los españoles, no se sostienen desde el momento en que EEUU aceptó también la declaración final –muy genérica‐ y ya había dicho antes que ellos no tienen intención de llegar a ese porcentaje. Además, ese planteamiento ha sido desmentido por varios dirigentes europeos que han acusado de insolidaridad a nuestro país, y por el propio Trump que ha declarado literalmente que España “es el único país que no va a pagar todo, se va a quedar en el 2%, así que van a pagar a través del comercio”. Va a ser difícil que España pague a través del comercio ya que el comercio exterior español se gestiona a través de la UE, y cualquier sanción o arancel tiene necesariamente que afectar a toda la Unión por igual Pero, en todo caso, nótese que Trump nunca habla de invertir o gastar en defensa, sino de pagar. A veces el lenguaje delata a quien lo emplea. Pagar ¿a quién? Y sobre todo ¿por qué? ¿Se trata de pagar a EEUU, comprándole armas a cambio de protección, sujetos a represalias si no se paga, en la mejor tradición gangsteril de Chicago en los años 20 del siglo pasado? ¿A ese punto de descaro y falta del mínimo pudor político hemos llegado?

Pues sí, hemos llegado a una falta de pudor tal que el Consejo Europeo se ha negado, en su reunión del día 26 de junio, a tomar ninguna medida contra Israel a pesar de tener sobre la mesa un informe de la Comisión en el que se establece claramente la vulneración por parte del gobierno israelí de los derechos humanos y la legalidad internacional. Un informe que nunca hubiera visto la luz sin la insistencia de España y Bélgica para que se elaborara, y que deja bien claro que Israel incumple el artículo 2 del acuerdo preferencial de asociación que tiene con la Unión Europea, en el que se establece el respeto a los derechos humanos como un elemento “esencial” del acuerdo. ¿Qué más se necesita?

Apoyándose en este informe, Sánchez exigió la suspensión inmediata del acuerdo, pero no hubo la unanimidad necesaria. Hay varios estados miembros que por una mal entendida y peor aplicada responsabilidad histórica con los judíos, prefieren aceptar un genocidio similar al que se hizo con ellos antes que revisar su sentimiento de culpa para situarlo en dimensiones éticas y humanitarias que impidan que se repita. Y otros que simplemente no quieren meterse en líos con el gran valedor de Israel, el presidente Trump. La responsabilidad europea en consentir, cuando no apoyar con entusiasmo, los crímenes de guerra de Netanyahu, el asesinato de miles de mujeres y niños, la limpieza étnica en Gaza, el robo de terrenos y asesinatos en Cisjordania, no solo es una vergüenza que mancha la reputación que pudiera tener la UE en el mundo como modelo democrático, sino que envenena a la UE por dentro, destruyendo sus principios, sus fundamentos éticos, sin los cuales es solo una estructura comercial sin ningún futuro político. El día 15 se reúne de nuevo el Consejo Europeo y es de esperar que se tome alguna medida contundente, como la suspensión del acuerdo preferente. Si no es así, el presidente Sánchez debería decidirse por actuar unilateralmente, como han hecho otros en otros casos, y suspender completamente las relaciones políticas y comerciales con Israel, con la seguridad de que tendrá el apoyo de la mayoría de los españoles.

El tercer asunto que llevó Sánchez al Congreso, la Conferencia de Naciones Unidas sobre financiación al desarrollo que se celebró en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio, fue el que menos interés suscitó en el debate, tal vez porque era el menos político o en el que la polémica interesaba menos. Y no obstante es de enorme importancia, porque la ayuda al desarrollo se ha reducido en un tercio y está en su punto más bajo en las últimas décadas. Solo la supresión de USAID por parte de Trump puede causar 14 millones de muertes en el mundo. A ello se une una deuda descomunal que está asfixiando a los países menos desarrollados, y que es la forma actual de neocolonialismo de los países ricos con los pobres.

En Sevilla se adoptaron decisiones de gran importancia en cuanto a la reducción o renegociación de la deuda y en respecto al aumento de la ayuda al desarrollo, y se estableció un mecanismo permanente de seguimiento de las resoluciones adoptadas. Sánchez comprometió el tantas veces esperado 0,7% del PIB para este objetivo, en 2030. Si es que es presidente en esa fecha, claro, porque en el documento programático del reciente congreso del PP figura justo lo contrario, la disminución de lo que ahora se dedica. Como el rey de Washington se desvincula de este asunto, pasa olímpicamente de ayudar a nadie que no sean los suyos, muchos otros aprovechan para subirse al carro del egoísta “primero nosotros”, sin darse cuenta de que las desigualdades terminan por alcanzar, de una manera u otra, a todos.

Tal vez sea ya el momento de poner sobre la mesa una idea que puede parecer ahora utópica, incluso extravagante, pero no más que tantas otras que fueron consideradas así en el pasado y luego fueron progresivamente asimiladas e incluso hechas realidad. Se trata de considerar la ayuda al desarrollo como un gasto más de defensa, y por tanto contabilizarla en ese capítulo. Esa ayuda no solo incrementa la seguridad humana en los países a los que se dirige, sino que contribuye a la seguridad global, probablemente más que lo que se gasta en armamento, porque sociedades que tienen cubiertas sus necesidades esenciales, y no sufren tensiones sociales, son menos propensas a la violencia, a los enfrentamientos civiles o con sus vecinos, a incurrir en tráficos de personas, drogas o armas, o a que surjan células terroristas en su seno. Si se superaran las terribles desigualdades entre naciones y todas las sociedades humanas tuvieran un bienestar material, y un nivel cultural adecuado y similar a los demás, los enfrentamientos podrían ser cada vez menos frecuentes hasta desaparecer. La ayuda al desarrollo, con la entidad que tiene, no va a lograr eso por sí sola, pero sin duda puede contribuir a un mundo más estable, más justo, y por ende más pacífico.

En todo caso, lo que nos jugamos en la OTAN, en la UE y en NNUU es mucho más que la posición de España en la defensa de unos principios políticos, humanitarios y legales elementales, pero que en el contexto actual resultan casi heroicos, lo que honra a nuestro país y le sitúa en una senda ética y solidaria que muchos españoles – espero que la mayoría– llevamos en nuestro corazón. Es más incluso que un revulsivo para una Europa anquilosada, débil, desorientada, que no encuentra otro camino que acatar ciegamente las decisiones y deseos del sátrapa americano. Se trata de algo más importante: la resistencia de un sistema internacional basado en normas, en los derechos humanos y en la legalidad, frente al regreso de la ley de la selva donde el más fuerte tiene todos los derechos y ninguna responsabilidad.

Está creciendo un mundo despiadado, insolidario y cruel en el que no existe ningún límite al egoísmo ni al poder del que puede ejercerlo con absoluta impunidad. Un mundo en el que los derechos humanos no son para todos, sino que vuelven a depender del color de la piel, de la religión, del género, de la orientación sexual, o del lado en el que hayas nacido de una raya pintada en un mapa. Un mundo en el que un dirigente de una potencia hegemónica puede ordenar bombardear otro país por su única decisión, sin haber sufrido ninguna agresión por parte de él, solo por si acaso, vulnerando toda la legalidad internacional, para ser después elogiado hasta la adulación por muchos de sus aliados europeos por su acción, e incluso propuesto para el premio Nobel de la paz por el responsable de un genocidio que está exterminando al pueblo palestino, dejando morir a niños de hambre, ante la indiferencia de gobiernos y sociedades que se consideran democráticos. Un mundo en el que el futuro del planeta no importa nada ante la posibilidad de obtener beneficios pingües e inmediatos.

Es una regresión a un pasado siniestro que no podemos dejar volver. La elección no es solo entre armas o escuelas, es entre civilización o barbarie, como dijo el portavoz de los Comuns en el debate. Es el neoimperialismo que vuelve a imponerse a los que no osan plantarle cara, y les dice lo que tienen que gastar y en qué, lo que tienen que aplaudir y lo que tienen que condenar, con razón o sin ella. Es el neofascismo que intenta de nuevo marginar a los pobres, los desheredados, los diferentes, cuando no directamente eliminarlos, en favor de los privilegiados, los que comulgan con las buenas costumbres, los nuestros, los que acatan y sostienen el sistema que coloca a cada uno en su sitio, los que obedecen al poderoso.

Es de agradecer que el presidente Sánchez haya plantado cara a esa deriva insana y peligrosa, tanto en la OTAN, negándose a seguir las órdenes del jefe, como en la UE exigiendo el rechazo al genocidio israelí, y en NNUU promoviendo el aumento de la ayuda al desarrollo y el alivio de la deuda a los países más pobres. Todas las disfunciones en estos organismos, su deterioro democrático, tienen un solo origen: Donald Trump, aunque naturalmente él no está solo. Las opciones que sostiene el gobierno español son sociales, éticas y humanitarias, y colocan a nuestro país en el lado correcto de la historia. Se trata de una posición valiente y justa, digna de ser apoyada por todos, aunque a algunos nos parezca aún demasiado tímida. En todo caso, es una pequeña llama entre las cenizas que cubren cada vez más el mundo, porque España sola no tiene fuerza suficiente para cambiar el rumbo de lo que deciden los más poderosos. Pero tal vez esa pequeña llama pueda reanimar las brasas que aún arden, bajo las cenizas, en la mente y el corazón de millones de personas. Entonces el fuego iluminará el horizonte y devorará el lado oscuro. Hay que seguir resistiendo.