Desde la noche del 23-J todos sabemos que Feijóo no será presidente. El PP y Feijóo, también. Cual verdad de Perogullo, nadie ha dudado en nuestro país, desde el minuto uno, que Feijóo no superará en su investidura fallida los 172 escaños. El PP y Feijóo, tampoco.

En el líder del PP no existe bisoñez, sino deliberada consciencia. O ambas cosas... Más allá de la obvia constatación de que a Feijóo la liga estatal le queda muy grande, atribuirle una mínima creencia de que podría obtener los votos del PNV (reiteradas calabazas mediante) o de Junts constituiría una manifestación de candidez de dimensiones siderales en exceso denigrante para su persona. Más bien al contrario, la única tesis que se compadece con su larga trayectoria política - culminada con un ascenso vertiginoso, cruento y despiadado con su antecesor – reside en atribuirle conciencia previa y premeditada de que este largo camino hacia la investidura fallida está abocado al fracaso al burlar, de forma indisimulada, la correcta inteligencia constitucional del procedimiento de investidura.

Un investidura artificiosa, fingida, impostada y manifiestamente opuesta a la esencia de las reglas constitucionales. Lo más parecido a una reedición del patético espantajo que vivimos con la moción de censura de Vox y Ramón Tamames como candidato.

La Constitución quiere que sea candidato a la investidura bien quien tenga la certeza de alcanzarla bien quien tenga probabilidades de lograr la mayoría necesaria atendiendo a la única lógica existente en nuestro régimen constitucional: la aritmética parlamentaria. El PP de Feijóo ha quebrado esta regla esencial del marco constitucional para convertir, de forma declarada y manifiesta, el procedimiento y debate de investidura en un puro alegato o mítin político-electoral ajeno al propósito de una investidura efectiva de Presidente.

La noche electoral del 23-J confrontó a Feijóo con su lúgubre destino. La triste victoria en escaños, celebrada en el balcón de Génova al grito de “Ayuso, Ayuso” evidenciaba una clamorosa derrota política al mostrarse la imposibilidad de acceder al Gobierno. Una derrota exigua, pero incontestable, que lleva a recordar otro amargo fracaso electoral, el de 1993, protagonizado por Aznar y sus consecuencias: política de “tierra quemada”, el “todo vale” y la quiebra de las reglas constitucionales para alterar el libre juego democrático. Al igual que Aznar en 1993, Feijóo va con todo y no le importa erosionar el edificio constitucional en el esencial trámite de legitimación del Poder Ejecutivo que constituye la investidura.

Un mínimo sentido de la lealtad constitucional exige no presionar al Jefe del Estado pretendiendo la imposición de un candidato a la investidura. Feijóo no desperdició un solo día antes de la propuesta regia para postularse explícitamente haciendo valer una mayoría en escaños y votos irrelevantes para el éxito de la investidura y con el indisimulado propósito cerrar filas entre los suyos, reforzar su liderazgo partidista comprometido e iniciar una precampaña electoral ante una remota repetición de los comicios. ¡Tantos golpes de pecho proclamando lealtad al Rey y juramentándose como constitucionalistas de bien para crear una coacción ambiental en torno a la figura regia al servicio de sus espurios intereses partidistas! Ni Rajoy se atrevió a tanto cuando, sabedor de no contar con apoyos parlamentarios suficientes, “declinó” la propuesta del Rey en 2016 a pesar de no renunciar a postulaciones posteriores o disgustarle sobremanera la inmediata oferta regia a Pedro Sánchez.

El Rey ha hecho lo que tenía que hacer ante el órdago de Feijóo a las instituciones constitucionales. Si bien la lógica constitucional podía invitar a que propusiera directamente a Pedro Sánchez por ser el único aspirante que tenía “posibilidades” de alcanzar la investidura con éxito, el riesgo a una previsible crisis constitucional sin precedentes –vista la actitud del PP– aconsejaba satisfacer los deseos de Feijóo. El Rey ha querido preservar un interés constitucional superior abortando cualquier intento del aspirante de la mayoría parlamentaria minoritaria de deslegitimar un futuro Poder Ejecutivo emergido de una investidura exitosa. Y otro tanto ha ocurrido con los otros dos actores constitucionales decisivos: el aspirante a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Pedro Sánchez estuvo a la altura optando por respetar y acatar la decisión regia, sin emponzoñarla con previos pronunciamientos que la condicionaran, para dejar sin excusas a Feijóo ante la previsible posterior investidura socialista. La actual actitud montaraz de la derecha y extrema derecha española aconseja darles pocos pretextos y defender sin fisuras las instituciones constitucionales como salvaguarda del régimen democrático. 

La presidenta del Congreso de los Diputados no podía ni debía hacer otra cosa que refrendar la propuesta regia de investidura. Puede resultar curioso el dilatado periodo que la Presidencia ha otorgado a Feijóo para intentar pactos antes de presentarse al debate de investidura: 35 días. De nuevo, la coacción ambiental de Feijóo se cernió, en esta ocasión, sobre la Presidencia del Congreso al exigir, al menos, “dos o tres semanas”. Y la presidenta hizo lo que tenía que hacer para evitar futuras “excusas del mal perdedor” entrando en juego la credibilidad de las instituciones constitucionales y dispuesto el PP a desdeñarla.

No hay otro término para calificar la posición del PP de Feijóo: una investidura impostada. La candidatura a la investidura no es un derecho del aspirante de la mayoría parlamentaria y, salvo que se burle el espíritu constitucional, no está al servicio de sus intereses partidistas si existe una opción parlamentaria viable que, en tiempo y forma, alcance ese objetivo y permita el arranque del Gobierno de una nueva Legislatura.

“El ciclo político abierto por las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 puso en jaque la solidez de las vigas maestras sobre las que se ha asentado nuestra arquitectura constitucional durante las últimas cuatro décadas.

Los resultados electorales producidos por dichos comicios - con su mimética reproducción en las elecciones de 26 de junio de 2016 - y su posterior traducción parlamentaria inauguraron un periodo de inestabilidad política que ha puesto a prueba la resistencia de los materiales constitucionales con los que se ha construido el edificio constitucional desde la misma aprobación de la Constitución en 1978.

No parece exagerado afirmar que los sucesivos Episodios Constitucionales vividos durante los últimos cinco años han comprometido la posición neutral de la Jefatura del Estado, han evidenciado riesgos desconocidos de colapso sistémico ante la inviabilidad de la investidura presidencial, han provocado el choque institucional entre Parlamento y Gobierno, han abocado a una centralidad parlamentaria inerme frente a los recursos otorgados a la instancia gubernamental, han catapultado el control parlamentario a lo más alto desfigurándose la función parlamentaria legislativa en beneficio de la legislación de urgencia, han elevado la posición constitucional del Senado, incluso, en su caracterización como Cámara de segunda lectura - en conflicto emergente con el Congreso de los Diputados -, han mostrado la indiscutibilidad de la ley presupuestaria como clave de bóveda de la acción política, han permitido cuestionar el carácter constructivo de la moción de censura presidencial, han demostrado la incapacidad de alumbrar con éxito cualquier conato de reforma constitucional y han puesto en cuestión el marco legal aplicativo de los estados excepcionales.

Durante el último quinquenio, la vida política española ha estado plagada de múltiples primeras veces y de jornadas históricas que, en el ámbito constitucional, se han traducido en la activación de mecanismos constitucionales inéditos de los que se dudaba, tanto en términos políticos como doctrinales, de su virtualidad y se presumía su inverosimilitud e inviabilidad práctica. Entre ellos destacan, sin duda, la renuncia de la mayoría parlamentaria a concurrir a la investidura presidencial, la disolución parlamentaria sancionatoria provocada por la incapacidad de investir Presidente del Gobierno y la repetición electoral, el triunfo de la moción de censura, la intervención forzosa de una Comunidad Autónoma o el confinamiento domiciliario de toda la población durante meses por razones sanitarias.

Estos terrenos inexplorados del Derecho Constitucional español han provocado tensiones políticas y debates académicos de primer orden ante el jaque al que se ha visto sometido el orden constitucional. El análisis obligado de hipótesis cercanas a la ciencia ficción constitucional ha demostrado que ninguna hipótesis de laboratorio, otrora considerada ridícula, merece ser desdeñada y que no existe una geometría constitucional perfecta desvinculada de los actores políticos, esto es, que el ordenamiento constitucional no resulta suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema político. El régimen constitucional precisa de partidos políticos comprometidos con la gobernabilidad democrática y con un leal entendimiento de los principios sobre los que se asienta un régimen parlamentario…“

“… Pero los partidos políticos no optarán por el diálogo y el consenso transversal si la sociedad los castiga electoralmente por ello. Hoy por hoy, de forma mayoritaria, los ciudadanos identifican y confunden acuerdo y pacto con renuncia, abdicación o traición. En consecuencia, el problema de la falta de una cultura de pactos no solo reside en los partidos políticos sino que está inserta en la sociedad. Solo cuando el electorado premie los esfuerzos y las renuncias en favor de la estabilidad y la gobernabilidad - particularmente, en los asuntos de Estado – los partidos recorrerán la senda del diálogo y el acuerdo sin pánico a jugarse su propia existencia´...”

“… la estabilidad constitucional disfrutada durante casi cuatro décadas y perdida en el último lustro únicamente se recuperará cuando, superada la amenaza del sorpasso político entre las fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, se alcance la consolidación del sistema de partidos surgido de la implosión sufrida en 2015. Esta consolidación deberá ir acompañada de una cultura política partidista favorable al acuerdo político transversal en todos los órdenes y, en particular, en las llamadas cuestiones de Estado – la primera de ellas, sin duda, consiste en garantizar el normal funcionamiento del ordenamiento constitucional...”.

[Extractos del libro de inminente aparición Investiduras fallidas y Constitución ignota (2015-2020)]

La declaración del estado de alarma para combatir la pandemia provocada por la COVID-19 mereció en un primer momento críticas aisladas pero, más recientemente, observamos una auténtica ofensiva que cuestiona la legitimidad constitucional del estado de alarma en beneficio de la que se supone que debería ser la forma de emergencia constitucionalmente adecuada: el estado de excepción.

No se ponen en duda las medidas adoptadas por el Gobierno (el confinamiento de la totalidad de la ciudadanía) sino la modalidad de emergencia afirmándose que tales medidas suponen limitaciones a derechos que solo pueden verse suspendidos en un estado de excepción. No se discute la restricción de derechos sino cómo hacerlo de forma constitucional y legalmente adecuadas. El debate planteado no lo es en favor de la preeminencia de los derechos sino en cuál es la forma correcta para restringirlos.

Afirmar que los derechos fundamentales están amenazados por el estado de alarma no es otra cosa que un exabrupto. Nadie puede decir, desde una mínima honestidad intelectual, que los derechos fundamentales susceptibles de suspensión en un estado de excepción ex art. 55.1 CE han sido siquiera afectados por la declaración del estado de alarma: ni las garantías frente a la privación de libertad (art. 17) ni la inviolabilidad del domicilio (18.2) ni el secreto de las comunicaciones (18.3) ni la libertad de expresión, ni el derecho a la información (20) ni el derecho de reunión o de manifestación (21) ni el derecho de huelga (28).

La detenciones policiales observan las garantías constitucionales, los medios de comunicación públicos y privados ejercen plenamente su función y nada impediría ejercer el derecho de reunión, manifestación o de huelga sin otras limitaciones que las propias de su régimen legal ordinario aplicado a las exigencias actuales de distanciamiento personal.

Es cierto que la libertad deambulatoria (libertad de circulación ex art. 19 CE) ha sido totalmente arrumbada por el estado de alarma a pesar de que su suspensión también queda reservada al estado de excepción ex art. 55.1 CE. No existe manifestación más clara de la restricción de la libertad de circulación consagrada por el art. 19 CE que el confinamiento de la totalidad de la población española en sus domicilios.

Es evidente que existe un solapamiento en la LO 1/81 entre la facultad vinculada al estado de alarma para “limitar la circulación de personas” (art. 11) y la reserva de su suspensión en favor del estado de excepción (art. 20). Pero es aún más evidente que el confinamiento domiciliario resulta tan ajeno al estado de excepción (art. 13) como propio del estado de alarma al aplicarse este último a “crisis sanitarias” y “epidemias” (art. 5) que permiten “limitar” o “condicionar” la circulación de personas. Ahora bien, no me cabe duda de que el legislador imaginó esta facultad de forma restringida, humana y/o territorialmente, y nunca pensó que acabaría sirviendo para declarar un confinamiento domiciliario de la totalidad de la ciudadanía.

La declaración del estado de alarma ha respetado desde el minuto uno la literalidad y el espíritu de la LO 1/81 aunque esta norma merezca una futura revisión clarificadora del solapamiento normativo ya advertido.

Si nadie cuestiona el confinamiento total para combatir la pandemia ni, en consecuencia, la restricción de la libertad de circulación de los españoles, ¿qué sentido y alcance jurídico-constitucional tiene reivindicar la declaración del estado de excepción? Ninguno. La legitimación parlamentaria de la declaración o prórroga de un estado de alarma o de excepción resulta hoy idéntica y es el resultado de una explicación pública y de un debate parlamentario.

Afear al Gobierno un ejercicio ilegítimo del estado de alarma no tiene base constitucional alguna. Completar esta imputación con la de falta de calidad democrática y con un intento gubernamental de deteriorar el funcionamiento del Parlamento como institución democrática central tampoco tienen sustento pero revelan la finalidad última que persigue ese reproche inicial: deterioriar políticamente al Gobierno.

Con la mitad de la población mundial recluida en sus domicilios, amenazada en su salud y vida y experimentando una realidad inédita en toda la historia de la humanidad, deberían tenerse más claras las prioridades, evitándose los artificios jurídicos e iniciándo el esfuerzo intelectual necesario para abordar los muchos retos jurídicos y constitucionales (privacidad, tecnología, derechos sociales, estado del bienestar, etc.) que nos planteará la era postCOVID-19.