Estas últimas semanas están siendo, sin duda, muy difíciles para todas. Pero a pesar de hablar de consecuencias globales que afectan a todo el mundo, no podemos olvidar que hay colectivos a los que el confinamiento y los efectos del coronavirus les golpea de forma más cruda. Estamos hablando, por ejemplo, de las migrantes sin papeles, de las refugiadas, de las trabajadoras del hogar o de las recolectoras de fruta. Son “las nadies” de los versos de Galeano. Aquellas que, para las estructuras de poder, no existen.

Desde nuestros escaños en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo hemos defendido firmemente una idea muy clara: todas las personas, sin excepción, tenemos derecho a tener derechos. Y no por el hecho, en este caso, de ser migrantes, sino por el hecho de ser personas. El artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza los derechos de todas las personas bajo jurisdicción de los Estados de la Unión Europea (UE), sin hacer distinción de su nacionalidad y/o su situación administrativa. Es el artículo número uno y también el primero que se vulnera dentro y fuera de nuestras fronteras.

En el Estado español, más de 40.000 personas viven en situación de sinhogarismo y un cuarto de la población (más de doce millones de personas) se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Y sin embargo, detrás de este triste cuadro social, debajo de estas desoladoras cifras, se esconden las invisibles, las que no quieren que existan. Son las migradas en situación de irregularidad administrativa, es decir, las “sin papeles”.

Hoy en día, en el Estado español, hay decenas de miles de personas en esta situación. Son vecinas nuestras que viven bajo el estigma de no tener reconocidos sus derechos básicos por el hecho de no tener una residencia legal. En esta crisis, ellas nunca tendrán un ERTE, un permiso retribuido, un aplazamiento del pago de impuestos, una moratoria o la posibilidad de hacer teletrabajo porque, para el Estado, ellas no existen. Ante esta situación de vulnerabilidad extrema y de violación persistente de sus derechos, resulta esencial una regularización de todas estas vecinas y vecinos tal y como reclaman más de 1.000 organizaciones del Estado español a través de la campaña #RegularizaciónYA.

En el resto de la UE, la situación no es más esperanzadora. En el Parlamento Europeo llevamos muchas semanas trabajando para intentar asegurar unas condiciones de vida dignas y justas para las personas migrantes y refugiadas en territorio europeo. Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, nos hemos dirigido en diversas ocasiones a las instituciones comunitarias para exigir que los campamentos de refugiadas de las islas griegas sean evacuados de forma urgente y se garanticen a todas estas personas unas condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.

Desgraciadamente, la Europa oficial se escuda demasiado a menudo en su falta de competencias en materia de extranjería y se dedica, básicamente, a dar un apoyo incondicional a la política racista, militarista y violenta de los Estados que gestionan las fronteras de la UE. Lo hemos visto de forma muy clara en el caso Griego, sí, pero también en el caso de la frontera sur española.

Estamos delante de una Europa fortaleza que, además, es selectiva a la hora de otorgar a sus ciudadanos ciertos derechos que deberían ser universales. Por ejemplo, propuestas como la de Italia pretenden regularizar solo un grupo reducido de migrantes por motivos puramente utilitaristas. Este tipo de acciones solo ayudan a reforzar las políticas de exclusión que, en muchas partes de Europa, se han promovido en los últimos años.

Pero no todo es negativo o, al menos, no del todo. Si hay un pequeño rayo de luz, vale la pena señalarlo y el ejemplo portugués es uno de ellos. Portugal ha planteado acelerar la regularización de todas aquellas personas que se encuentran en situación irregular en el país y que ya hayan solicitado el permiso de residencia. Se trata de un pequeño paso hacia el objetivo final, es decir, hacia la regularización total que permitirá no dejar a nadie al margen de las estructuras sociales.

En plena crisis de la COVID-19, entendemos que, ahora más que nunca, es nuestra obligación política, ética y moral dar respuesta a las situaciones de injusticia y vulnerabilidad que sufren las personas invisibles. Hasta la fecha, hemos presentado iniciativas en el Congreso y el Senado para reclamar al Estado el permiso de residencia y trabajo para todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Del “gobierno más progresista de Europa”, tal como se autodefine el Ejecutivo, esperamos las políticas más progresistas de Europa. En la misma dirección, también hemos exigido a la Comisión Europea que elabore de forma inminente un plan de acción coordinado entre Estados Miembro, regiones y municipios que no solo permita, sino que garantice los procesos de regularización en todo el territorio europeo.

En las últimas semanas se han ondeado muchas banderas; se han lanzado proclamas patrióticas y emotivas y, como europeos, hemos seguido presumiendo de ser los garantes de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Hemos hecho todo esto mientras se siguen dejando morir a miles de personas en el Mediterráneo y otros miles siguen sufriendo una grave situación de marginación dentro de nuestras propias sociedades.

El patriotismo no es una llevar una pulserita; el patriotismo es pensar de forma colectiva, actuar de forma solidaria y no dejar a nadie atrás en un ejercicio de empatía y fraternidad. En Catalunya prevalecen estos valores republicanos. Es por eso que, desde hace años, miles de personas entonamos un 'Volem Acollir' fuerte y determinado que, hoy, reivindicamos más que nunca. Si como dice el gobierno español, este virus lo paramos todos, que así sea. Pero con todas y todos, sin excepción ni discriminación. Contando, también, con aquellas que ahora quieren invisibles. De esta forma, no solo terminaremos con este virus, la COVID-19, sino que también estaremos luchando contra el virus de la desigualdad, el racismo y el fascismo. Un virus que también corre el riesgo de convertirse en una pandemia global.