El advenimiento de una ola reaccionaria tanto en municipios como Ripoll, donde gobernará la extrema derecha independentista, como en el resto del Estado, donde los pactos de PP y Vox se multiplican, ha provocado que algunos representantes políticos independentistas afirmen que es necesario dejar llegar al poder a estos movimientos de extrema derecha para que la ciudadanía pueda comprobar por sí misma su incapacidad y nocividad. 

Pero la realidad es que no hay que esperar a que nos gobiernen y ni siquiera darles cien días de gracia para saber cómo actúa la extrema derecha una vez tiene poder ejecutivo. De hecho, sólo hace falta levantar cabeza y observar qué está pasando en nuestro entorno europeo, en países como Hungría o Polonia donde gobierna desde hace muchos años, o en Italia, donde el neofascismo encarnado por Meloni se ha hecho recientemente con el Palazzo Chigi. En todos los casos ya se han puesto en marcha iniciativas para reducir los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+ o de los migrantes y se han intensificado los esfuerzos para ahogar a los medios de comunicación críticos, entre otras medidas. En todos estos países se está acelerando preocupantemente la reducción del espacio democrático. 

Por tanto, cuando estos partidos llegan al gobierno, transforman su peligroso discurso en iniciativas políticas concretas contra el progreso, la diversidad y la pluralidad. No tengo la intención de convertir este artículo en un glosario de las leyes que han aprobado a lo largo de sus mandatos (aunque sería un buen ejercicio periodístico) pero sí vale la pena mencionar algunas de sus principales líneas de actuación. 

Las políticas de igualdad son unas de las primeras damnificadas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Polonia, controlado por el gobierno, ha prohibido de facto el aborto y, desde entonces, se suceden los casos de mujeres que mueren en las clínicas del país por no ver garantizados sus derechos sexuales y reproductivos y, en definitiva, su derecho a la salud. Se ha expulsado cualquier temática LGTBIQ+ de las escuelas porque difieren del modelo de familia tradicional e incluso se han aprobado leyes que permiten denunciar anónimamente a parejas homosexuales convirtiendo así el espacio público en un espacio de sospecha, persecución y terror . 

Las políticas xenófobas son otro rasgo distintivo de estos gobiernos que se llevan a cabo a través de la casi total restricción del derecho de asilo. Además, en todos los casos se intensifica la violencia contra los migrantes en las fronteras, se multiplican las devoluciones en caliente y se aplican estados de excepción encubiertos para normalizar la vulneración de derechos humanos contra este colectivo. 

Y todo esto ocurre en contextos en los que no hay fiscalización del poder porque no hay espacio para los medios críticos. Los gobiernos se encargan de reducirlos a la mínima expresión mediante la limitación o no renovación de las licencias y dirigiendo la publicidad institucional de forma sesgada. El caso más grave, seguramente, es el de Hungría, donde el estado es propietario de más de 500 medios de comunicación, el 90% de los medios del país.

Además, en el caso de naciones sin estado como Catalunya, Euskadi o Galicia, no sólo supondría un recorte de derechos y libertades sociales, sino también nacionales, puesto que otra de las políticas identificativas de estos movimientos es la recentralización total de competencias. Digámoslo claro: nos jugamos que, como ya ha ocurrido en Hungría, el estado vacíe de contenido las competencias locales y regionales en materias tan cruciales como las educativas. 

Y no hace falta ser mujer, formar parte del colectivo LGTBIQ+ o ser racializado para estar en contra de la extrema derecha porque los siguientes, no lo dudéis, serán los ecologistas, los sindicatos, las ONG, la cultura y, finalmente, la democracia. Como decía el poema de Martin Niemöller, “cuando me vinieron a buscar, no había nadie más que pudiera protestar”. 

¿De verdad es necesario esperar a que se apliquen estas políticas para saber que son corrosivas para el país y para la democracia? ¿Es necesario espolear campañas de abstención masiva entre el independentismo catalán que beneficiarán directamente a estos proyectos reaccionarios y, en el caso de Catalunya, a los partidos de obediencia española? Es una grave irresponsabilidad que nos puede salir muy cara. 

La izquierda independentista tiene el deber político y moral de ser el muro de contención del neofascismo allá donde se presente y expondré tres motivos muy básicos. En primer lugar, porque nos toca blindar unos derechos fundamentales colectivos que quienes nos han precedido ganaron con sangre y sudor. En segundo lugar, porque tenemos que defender Catalunya y sus derechos nacionales e históricos ante el más que probable escenario de recentralización. Y, por último, porque tenemos la oportunidad de visibilizar ante nuestros vecinos europeos que una República Catalana será la mejor aliada para reforzar la democracia y hacer frente a la ola reaccionaria en el continente. 

Ante los momentos oscuros que se avecinan, Catalunya debe presentarse al mundo como un bastión de derechos y libertades; como un referente europeo contra el reaccionarismo. Por eso, el 23J hace falta que el mensaje sea inequívoco: Catalunya es republicana y es antifascista.

Estas últimas semanas están siendo, sin duda, muy difíciles para todas. Pero a pesar de hablar de consecuencias globales que afectan a todo el mundo, no podemos olvidar que hay colectivos a los que el confinamiento y los efectos del coronavirus les golpea de forma más cruda. Estamos hablando, por ejemplo, de las migrantes sin papeles, de las refugiadas, de las trabajadoras del hogar o de las recolectoras de fruta. Son “las nadies” de los versos de Galeano. Aquellas que, para las estructuras de poder, no existen.

Desde nuestros escaños en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo hemos defendido firmemente una idea muy clara: todas las personas, sin excepción, tenemos derecho a tener derechos. Y no por el hecho, en este caso, de ser migrantes, sino por el hecho de ser personas. El artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza los derechos de todas las personas bajo jurisdicción de los Estados de la Unión Europea (UE), sin hacer distinción de su nacionalidad y/o su situación administrativa. Es el artículo número uno y también el primero que se vulnera dentro y fuera de nuestras fronteras.

En el Estado español, más de 40.000 personas viven en situación de sinhogarismo y un cuarto de la población (más de doce millones de personas) se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Y sin embargo, detrás de este triste cuadro social, debajo de estas desoladoras cifras, se esconden las invisibles, las que no quieren que existan. Son las migradas en situación de irregularidad administrativa, es decir, las “sin papeles”.

Hoy en día, en el Estado español, hay decenas de miles de personas en esta situación. Son vecinas nuestras que viven bajo el estigma de no tener reconocidos sus derechos básicos por el hecho de no tener una residencia legal. En esta crisis, ellas nunca tendrán un ERTE, un permiso retribuido, un aplazamiento del pago de impuestos, una moratoria o la posibilidad de hacer teletrabajo porque, para el Estado, ellas no existen. Ante esta situación de vulnerabilidad extrema y de violación persistente de sus derechos, resulta esencial una regularización de todas estas vecinas y vecinos tal y como reclaman más de 1.000 organizaciones del Estado español a través de la campaña #RegularizaciónYA.

En el resto de la UE, la situación no es más esperanzadora. En el Parlamento Europeo llevamos muchas semanas trabajando para intentar asegurar unas condiciones de vida dignas y justas para las personas migrantes y refugiadas en territorio europeo. Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, nos hemos dirigido en diversas ocasiones a las instituciones comunitarias para exigir que los campamentos de refugiadas de las islas griegas sean evacuados de forma urgente y se garanticen a todas estas personas unas condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas.

Desgraciadamente, la Europa oficial se escuda demasiado a menudo en su falta de competencias en materia de extranjería y se dedica, básicamente, a dar un apoyo incondicional a la política racista, militarista y violenta de los Estados que gestionan las fronteras de la UE. Lo hemos visto de forma muy clara en el caso Griego, sí, pero también en el caso de la frontera sur española.

Estamos delante de una Europa fortaleza que, además, es selectiva a la hora de otorgar a sus ciudadanos ciertos derechos que deberían ser universales. Por ejemplo, propuestas como la de Italia pretenden regularizar solo un grupo reducido de migrantes por motivos puramente utilitaristas. Este tipo de acciones solo ayudan a reforzar las políticas de exclusión que, en muchas partes de Europa, se han promovido en los últimos años.

Pero no todo es negativo o, al menos, no del todo. Si hay un pequeño rayo de luz, vale la pena señalarlo y el ejemplo portugués es uno de ellos. Portugal ha planteado acelerar la regularización de todas aquellas personas que se encuentran en situación irregular en el país y que ya hayan solicitado el permiso de residencia. Se trata de un pequeño paso hacia el objetivo final, es decir, hacia la regularización total que permitirá no dejar a nadie al margen de las estructuras sociales.

En plena crisis de la COVID-19, entendemos que, ahora más que nunca, es nuestra obligación política, ética y moral dar respuesta a las situaciones de injusticia y vulnerabilidad que sufren las personas invisibles. Hasta la fecha, hemos presentado iniciativas en el Congreso y el Senado para reclamar al Estado el permiso de residencia y trabajo para todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Del “gobierno más progresista de Europa”, tal como se autodefine el Ejecutivo, esperamos las políticas más progresistas de Europa. En la misma dirección, también hemos exigido a la Comisión Europea que elabore de forma inminente un plan de acción coordinado entre Estados Miembro, regiones y municipios que no solo permita, sino que garantice los procesos de regularización en todo el territorio europeo.

En las últimas semanas se han ondeado muchas banderas; se han lanzado proclamas patrióticas y emotivas y, como europeos, hemos seguido presumiendo de ser los garantes de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Hemos hecho todo esto mientras se siguen dejando morir a miles de personas en el Mediterráneo y otros miles siguen sufriendo una grave situación de marginación dentro de nuestras propias sociedades.

El patriotismo no es una llevar una pulserita; el patriotismo es pensar de forma colectiva, actuar de forma solidaria y no dejar a nadie atrás en un ejercicio de empatía y fraternidad. En Catalunya prevalecen estos valores republicanos. Es por eso que, desde hace años, miles de personas entonamos un 'Volem Acollir' fuerte y determinado que, hoy, reivindicamos más que nunca. Si como dice el gobierno español, este virus lo paramos todos, que así sea. Pero con todas y todos, sin excepción ni discriminación. Contando, también, con aquellas que ahora quieren invisibles. De esta forma, no solo terminaremos con este virus, la COVID-19, sino que también estaremos luchando contra el virus de la desigualdad, el racismo y el fascismo. Un virus que también corre el riesgo de convertirse en una pandemia global.