Cuando el Nuevo Plan de Movilidad fue anunciado por el Ayuntamiento de Murcia recibió una contestación por los vecinos de Espinardo y el barrio del Carmen. Se les prometen unos barrios más amables, con menos coches y unos nuevos aparcamientos -lejos de sus domicilios y negocios-. ¿Cómo es posible que si van a mejorar su calidad de vida estén manifestándose en las calles?

Mi respuesta para esta cuestión -después de más de una década luchando contra los abusos del Ayuntamiento de Murcia- es muy sencilla: ni el PP con sus 26 años de andadura municipal ni el PSOE con los 16 años de permanencia en la Glorieta han querido contar con los ciudadanos de Murcia antes de llevar a cabo un Plan de semejante envergadura. No han querido perder el tiempo en hablar con la gente de barrios, ni con los representantes de plataformas que hemos luchado denodadamente en las pedanías por tener un mejor servicio de transporte público, incluido nuestra frontal oposición a cerrar líneas, como la Senda de los Garres o Ermita del Rosario, cuesta del Cementerio de la Alberca,la línea 70 de Avileses-Murcia, la 72 de Los Conesas-Murcia (anulando el enlace en La Arrixaca con El Campus Universitario de la 78 para sus estudiantes ), Aljucer, La Arboleja (se anunció su cierre pero no llegó a producirse ). Y ya puestos en harina, la nefasta decisión de la Comunidad Autónoma del cierre de expediciones y líneas en Alcantarilla y Molina Del Segura (Alcayna, Altorreal).

No puede ser esta carrera a lo loco por el tranvía en Murcia y cerrar el tráfico de la ciudad sin más al transporte rodado de fuera de la capital, mezclando el transporte privado con el público de las pedanías, cargarse el sistema radial, con los ejes vertebradores de La Gran Vía de Murcia y la Estación de Autobuses de San Andrés, que han estado funcionando desde la transición de manera satisfactoria; donde desde cualquier punto del municipio, se podía y se puede llegar a cualquier pedanía o municipio de la Region con apenas uno o dos transbordos.

Los premios internacionales y unas elecciones a las puertas de la primavera no pueden ser la justificación para discriminar ¡una vez más! al 61% de la población y a una parte de la ciudad, donde ahora tienen fluidez de tráfico y mañana tendrán atascos y más contaminación; ya esta pasando en ciudades como Barcelona -un quebradero de cabeza poder circular-, achicando avenidas enteras con bloques de hormigón y creando un caos circulatorio que antes no tenían.

Desde Aljucer y San Ginés pedimos que la línea histórica que se nos cerró en el 2012 -la 61- y recuperada parcialmente por sus vecinos y vecinas en 2021 ,vuelva a tener las 18 expediciones que tenía antes del cierre -ahora 14-, que pueda llegar a La Redonda (ahora La Glorieta ) que tenga parada en el Hospital Virgen de la Arrixaca, tanto a la ida como a la vuelta de San José, con 2 conductores por la mañana y 2 por la tarde (ahora hay solo 2 ). También nuestro apoyo y solidaridad con los vecinos y vecinas de La Senda de Granada que llevan años reclamando transporte público; si el vial es demasiado estrecho para un autobús convencional, se buscan soluciones como un rayo -microbús-,más pequeño pero con más frecuencia de paso .

Cuantos más servicios públicos de transporte en las pedanías, menos tráfico privado en la capital y menos contaminación. Con menos imposiciones y restricciones también es posible pacificar el tráfico rodado y bajar las emisiones contaminantes que afectan a todo el municipio.

Aquí en Murcia a los del PP (que llevan desgobernándonos y dividiéndonos 30 años) siguen con la estrategia electoral de repetir  cien veces una mentira para al final convencer a los ciudadanos de que es una verdad rotunda.

Cuando ganan unas elecciones tienen la obligación de prestar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad. No es ningún secreto para nadie que en el ADN de la derecha española los servicios públicos son un estorbo: primero empiezan supuestamente fiscalizándoles para después reducirlos y finalmente cerrarlos; eso ha pasado con la sanidad, enseñanza, servicios sociales o vivienda pública.

Y ahora les hablo del transporte publico municipal de Murcia -autobuses- y, en concreto, de la huelga de los conductores de LATBUS -los que nos prestan el servicio a las pedanías de Murcia- quienes llevan dos semanas de huelga indefinida con todo el derecho y toda la razón del mundo porque están viendo desde hace muchos años que en esta Murcia de Vicente Medina se miente descaradamente por boca de los responsables de transportes de los últimos veinte años. “El transporte de las pedanías no es rentable”, y con este mantra contaminan a la sociedad murciana para que crean que es cierto y justificar la desastrosa gestión del transporte público en esta área del municipio. De modo que el primer factor de la estrategia electoral es la mentira.

En 2015 las competencias del transporte público de pedanías tenían que haber sido transferido de nuevo, como dice la ley del transporte regional, al Ayuntamiento de Murcia, hecho que no se ha llevado a cabo al rechazar el consistorio murciano tal obligación, incurriendo en una ilegalidad. Así, el segundo factor de la estrategia electoral es la dejación de funciones administrativas.

Cuando el 28 de abril se llegó el acuerdo de desescalada de las comunidades autónomas, en el área del transporte publico se pusieron cuatro fases de reapertura.

Movilidad Urbana y periurbana:

Fase 0: Incremento progresivo de frecuencias en el transporte público, especialmente en horas punta. Preparación de planes de movilidad reforzada, incluyendo gestión de la demanda. En la distribución de la ocupación se prestará especial atención a la habilitación de espacios para personas con discapacidad.

Fase 1: El transporte publico en entornos urbanos e interurbanos a niveles de oferta de servicios del 80 -100%. Medida de gestión de la demanda de viajeros. Se establecerá un factor de ocupación de referencia.

Fase 2: Sin explicitar

Fase 3: Todos los servicios de transporte publico al 100%

Este acuerdo de desescalada está al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de 2020 del estado de alarma.

El tercer factor de estrategia electoral es el incumplimiento flagrante de las leyes del Estado.

Para la reapertura del transporte publico en el plan de desescalada está destinada una partida presupuestaria de 800 millones de euros, de los cuales a la Región de Murcia le corresponderían unos 47,5 millones aproximadamente. Si el consejero de Transportes afirma que el transporte en pedanías es deficitario, y le han inyectado dinero para reabrir las líneas y no lo ha hecho: ¿a dónde ha ido a parar esa ayuda que no es reembolsable?

El cuarto factor de estrategia electoral es el supuesto desvío de fondos públicos.

Si los ciudadanos de las pedanías tenemos problemas insufribles para coger un autobús publico que nos lleve en condiciones a nuestros puestos de trabajo, hospitales de referencia especialistas, colegios, universidades etc., porque los horarios de paso son terribles: en el mejor de los casos tienes un autobús cada media hora y no siempre, cada hora, cada hora y media, cada dos horas, cada dos horas y media , cada tres horas, ¡¡cada tres horas y media y hasta no tener ni autobús!!

En la capital, en cambio, con unos horarios cada quince minutos y unos precios de los billetes subvencionados hasta el 70%, el servicio del transporte es inmensamente mejor, y ¿por qué?, por obra del espíritu santo. Cuando hay voluntad de dar un buen servicio se hace y cuando no, no, cuestiones económicas aparte.

El quinto factor de estrategia electoral es la discriminación hacia la mayoría que conformamos el municipio, las pedanías.

Concluyendo, queridos lectores, que no nos vuelvan a decir ni el consejero de Transportes ni el alcalde de Murcia que el transporte en pedanías es deficitario. Estamos cansados de la Murcia de Mariano Jose de Larra de “Vuelva usted mañana”, de tanto que llevamos pidiendo al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma para que normalicen la situación del transporte y respeten los puestos de trabajo de todos los conductores.

Pedir el apoyo a todas las pedanías para que los trabajadores de LATBUS, que están haciendo el plante que nos debería haber tocado a los usuarios del transporte, y que salgamos de nuestra cansera murciana y exijamos y peleemos por los servicios públicos que pagamos con nuestros impuestos.

Son muchos los cambios que se han producido en el sistema de relaciones laborales de nuestro país en las últimas décadas. Lo triste es que, casi siempre, esas modificaciones han supuesto la precarización y la pérdida de derechos de quien detenta la posición más débil de la relación laboral: las personas trabajadoras. Los gobiernos centrales han sido de distinto color político a lo largo del periodo, pero la tónica ha sido similar en lo que a deterioro de derechos del trabajador se refiere.

Por ello, con este artículo se pretende, sin muchos rodeos, hacer un estudio comparativo de forma general sobre las políticas laborales desarrolladas en nuestra joven democracia, desde que ésta echara a andar allá por diciembre de 1978 hasta nuestros días, hasta la llegada del nocivo coronavirus y todo lo que ello ha supuesto.

En primer lugar, es preciso señalar que la Organización Mundial del Trabajo (OIT), organismo dependiente de la ONU, viene, desde hace años, alertando y previniendo de que en un mundo globalizado neoliberal y sin reglas de mercado ni justiprecio, incide en la desprotección del derecho a un trabajo digno y en el derecho a obtener a través del mismo unos ingresos suficientes para vivir dentro del Estado del Bienestar (no a tener cualquier trabajo y a ser remunerado de cualquier manera). Continúa la OIT advirtiendo que este modelo socioeconómico trae más desigualdades sociales, más conflictos de orden público y menos ingresos a las arcas públicas para implementar los servicios públicos y sociales, necesarios para desarrollar una vida digna en todo el mundo (tanto en los países desarrollados como en el primer mundo).

Lo ocurrido en nuestro país desde el ocaso del franquismo, corrobora plenamente los planteamientos de la OIT. De hecho, cada vez que se ha aprobado una reforma laboral en España por alguno de los distintos gobiernos, ha sido con el falso propósito de rebajar el paro o sortear crisis. Ninguna de ellas ha sido de carácter temporal, pues todas han socavado los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y ninguna ha conseguido otro propósito que el crear más desigualdades sociales y más rentas salariales para los ejecutivos y accionistas de las grandes empresas y del sector financiero.

Cuando el PSOE ganó las elecciones en el año 1982, todos nos las prometíamos muy felices con su compromiso de sacar del paro a 800.000 personas con ayudas directas a la contratación por parte de los empleadores. Teníamos una tasa de paro, por culpa de la crisis del petróleo, de 2,5 millones de personas (en 1985 se llegó a superar esta cifra a más de 3 millones). Fue un rotundo fracaso porque no se consiguieron los objetivos previstos y encima se aprobó una reforma del Estatuto de los Trabajadores en el año1984 que nos costó una huelga general porque empresarios y Gobierno consideraban el del año 1980 demasiado paternalista. Esta reforma se llevó a cabo sin consenso ninguno, solo la firmaron PSOE y UGT, sin el respaldo de las demás fuerzas políticas y sindicales.

A partir de la segunda legislatura socialista el giro en las políticas laborales fue brutal, como consecuencia de la entrada en los puestos clave de gobierno de tecnócratas en vez de “políticos” en los ministerios de industria y energía, economía, hacienda y comercio, agricultura, pesca y alimentación, trabajo, etc. El objetivo ya no era el empleo, sino la entrada en la OTAN y la Unión Europea. ¿Se acuerdan de las campañas anti-OTAN de los socialistas en la oposición (“OTAN, de entrada no”, era su lema)? Así llegó el famoso referéndum del año 86, donde después de pasar de “OTAN de entrada no”, ya era necesario “OTAN sí”, si queríamos entrar en la UE.

En esa época, también asistimos al desmantelamiento de nuestra industria (Plan de Reconversión Industrial), agricultura, pesca, etc., también por el mismo motivo. Y golpe tras golpe a la clase trabajadora, nos llegó la reforma laboral del 94. Se inauguró el trabajo temporal, se aprobaron las Empresas de Trabajo Temporal, se amplió el periodo para cobrar la prestación de desempleo de seis meses, que pasó a un año trabajado. El argumento del gobierno consistía en repetir lo que pregonaba la CEOE. La patronal sostenía que el mercado laboral español era supuestamente el más rígido de nuestro entorno, con rigidez en la movilidad geográfica y en la contratación laboral. Curiosamente, lo que nunca han alcanzado a explicarnos gobierno central y grandes empresarios es por qué, con la misma normativa laboral, en comunidades con más iniciativa para invertir en I+D+i y en actividades de alto valor añadido (por ejemplo, País Vasco), se dan permanentemente cifras de ocupación muy superiores a la media nacional incluso en periodos de crisis. ¿Será que el problema es otro y los culpables son ellos?

Y sin detenerse esa dinámica de voracidad de la patronal, llegamos a la reforma laboral del año 2010. Sus autores, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro de trabajo procedente de la UGT, Valeriano Gómez. En esta ocasión, se facilitó de nuevo el despido, se rebajó la indemnización, se permitió a las empresas despedirnos si consideran que sus beneficios van a bajar en el siguiente ejercicio, se amplió el cómputo de años para cobrar la pensión, que pasó de los 15 últimos años a los 25 años de la vida laboral del trabajador y se alargó la edad de jubilación a los 67 años.

Con la reforma laboral del año 2012, entraron en escena el presidente Mariano Rajoy, el ministro de economía Luis de Guindos (el de Lehman Brothers en 2009) y la ministra de trabajo Fátima Báñez, años después fichada por la propia CEOE en 2019. Con éste y otros cambios legales sucesivos, las empresas se vieron facultadas para despedir trabajadores estando de baja justificada por motivos de “productividad”. El despido improcedente de los contratos indefinidos se reduce de 45 a 33 días por año trabajado y el despido objetivo se generaliza a 20 días por año trabajado. Se aprueba la prevalencia de la negociación del convenio de empresa por encima del convenio colectivo, quitando poder de negociación a los sindicatos, entre otras muchas cosas. Hasta tal punto fueron lesivas esas medidas para la gente trabajadora que, cuando los representantes de la patronal salieron ante los medios para hacer su valoración de las mismas, se les veía haciendo verdaderos esfuerzos para evitar que se notara su sentimiento de júbilo ante el incremento del poder empresarial que se había producido a costa de la mayor debilidad de las personas trabajadoras de este país. La situación fue tan hiriente, que aún permanece en nuestro recuerdo ese torpe empeño en esconder sus sonrisas de oreja a oreja.

En definitiva, hemos asistido a cuatro gobiernos distintos, UCD, PSOE, PP y la coalición PSOE-Unidas Podemos, y a cuatro enfoques a la hora de afrontar las crisis, con siete presidentes del gobierno, otros tantos ministros de trabajo y 52 reformas laborales hasta la fecha.

Y ahora, en un momento como el que estamos viviendo, surge nuestra nueva ministra, Yolanda Díaz. Venida de la Costa Da Morte, gallega, abogada laboralista y ministra de trabajo, que ha visto en la calle, mirando a los ojos de la gente, el sufrimiento de los precarios. Ha visto el dolor de los que se quedan por el camino sin casa y sin expectativas de futuro para sus hijos y para ellos, sin ninguna culpa, por el simple hecho de haber sido despedidos de sus puestos de trabajo (tengan la edad que tengan) cuando sus empresas, o se han recuperado o no han conocido la crisis (que de todo hay), por la maldita política neoliberal.

Comprueben ustedes por un momento a otro “hijo del pueblo”. Felipe González Márquez, también abogado laboralista en sus inicios, andaluz, hijo de un tratante de ganado, de familia humilde, que llegó a ser, para muchos de nosotros, un semidios que durante 14 años consecutivos tuvo el apoyo de la clase trabajadora y, al final, terminó labrándose una puerta giratoria en Gas Natural. Y mientras tanto, haciendo reformas contra quienes le apoyábamos.

Yolanda Díaz Pérez, una mujer de aspecto frágil y voz quebrada, que sin hacer mucho ruido desde su ministerio y, sin experiencia en el gobierno de un país, está adoptando las medidas correctoras de justicia social que sus predecesores en 42 años no se atrevieron a hacer por miedo al poder económico o, directamente, por formar parte de él. Me refiero a iniciativas tales como: la prohibición de despedir por el coronavirus, la obligación de mantener el nivel de empleo en los 6 meses posteriores a la finalización de los ERTEs que se están produciendo, la prestación por desempleo a personas dedicadas al trabajo doméstico, la supresión de la posibilidad de despedir a aquellas personas que hubieran causado bajas por enfermedad, asegurar los salarios de las personas trabajadoras ante la paralización de las actividades no esenciales, etc.

Bienvenida “hija de las mareas”. Enhorabuena y gracias por comportarte como una ministra de trabajo que de verdad tiene sensibilidad hacia las familias trabajadoras de este país. Sigue así y no nos traiciones, como tantos otros han hecho cuando ocupaban tu lugar.