Esta misma semana, se han conocido los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2020: el paro ha aumentado en la Región de Murcia en 2000 personas. Pero el Estado de Alarma se declaró el 14 de marzo, con casi todo el trimestre ya transcurrido.

También esta misma semana, UGT ha afirmado que los empleos que ya se han destruido en la región por la crisis generada por la COVID-19 ascienden a 50.000. A esa cifra habría que añadirle las 86.000 personas trabajadoras afectadas por ERTEs.

Los datos se siguen acumulando de forma apabullante. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se ha reducido en la región en 2.869 en el primer mes de Estado de Alarma. Las previsiones del Colegio de Economistas de Murcia señalan que una de cada diez empresas que se han acogido en el último mes y medio a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) estarán abocadas a un procedimiento concursal.

Sin embargo, y por muchas cifras que sigamos exponiendo, aún no tenemos una visión completa del panorama desolador que se nos avecina. Una desolación que viene a complicar un punto de partida que ya era difícil. Según la investigación que publicamos como Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN-RM), dos de cada diez personas con trabajo en la región se mantenían en riesgo de pobreza y exclusión.

El porcentaje anterior se debe en gran parte a la precariedad en el empleo. Una precariedad que puede, cómo no, empeorar. Todas aquellas familias y personas cuyas economías dependían de actividades irregulares en el tiempo o no reconocidas (venta ambulante, recogida de residuos, trabajo sexual…) están actualmente en una situación desesperada.

Que el panorama que se nos avecina sea desolador no implica necesariamente que la desolación deba extenderse en el tiempo. No todo está perdido, no todo está fuera de nuestro control. Son muchas las medidas que se pueden tomar y muchas las políticas que se pueden poner en marcha para que, como sociedad y sin dejar a nadie atrás, salgamos de esta.

El empleo debe ser una de las claves en la salida de la pandemia. Ya contamos con leyes y herramientas, en las que se puede seguir profundizando, dirigidas a mejorar el acceso al empleo de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Las cláusulas sociales, por ejemplo, deben servir para que la contratación pública impulse el compromiso de las empresas privadas con la promoción de empleo para personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Las empresas de inserción, por su parte, jugaban ya un papel crucial para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas que partieran en situación de desventaja.

El empleo, además, no puede contraponerse a otras políticas sociales urgentes que consigan que el que nadie quede atrás sea una realidad y no una mera consigna. No debe enfrentarse el derecho a unos ingresos mínimos con el derecho a un empleo de calidad. Debemos, por el contrario, proteger y desarrollar ambos derechos porque la evidencia nos dice que se refuerzan entre sí.

El modelo de ingresos mínimos, en formas de distintas leyes autonómicas de rentas básicas, ya existe en nuestro país. Una de las comunidades autónomas donde la renta básica funciona más y mejor es el País vasco. Según un estudio realizado por las investigadoras Sara de la Rica y Lucía Gorjón para el Instituto de Economía Laboral (IZA), la renta básica no retrasa la reincorporación al mercado laboral de las personas que la reciben y, si bien el efecto varía según la demografía, acelera la vuelta al trabajo de las personas mayores de 45 años y de aquellas con formación media y superior. 

La propuesta de ingresos mínimos pone las políticas sociales en la senda del respeto a la dignidad de las personas. La experiencia de las entidades de EAPN-RM nos permite afirmar que la inmensa mayoría de las personas no quieren vivir subsidiadas ni depender de ayudas. La inmensa mayoría de la gente quiere autonomía, un empleo que le permita vivir con dignidad y llevar las riendas de su propia vida.

Además, tal y como afirma EAPN-ES, “esta política fundamental en el Estado de Bienestar no es un gasto sino una inversión, no es un lastre sino un fundamento de desarrollo económico sostenible”.  Entre el retorno que esta medida tendría se puede citar la devolución fiscal de parte de esos fondos a las arcas públicas (mediante impuestos indirectos de los bienes y servicios adquiridos por los hogares beneficiarios), la reducción del gasto en atención a situaciones de emergencia social y la creación de valor en la economía local y el mercado interno

La nueva normalidad de la que nos hablan, debería ser efectivamente nueva y dar lugar a un nuevo mercado laboral en el que los derechos y la dignidad en el trabajo sean incuestionables.

Hemos descubierto que, como sociedad, la necesidad que tenemos de ciertos empleos no se correspondía con la importancia que les dábamos. Las personas que atienden los supermercados, quienes limpian los espacios públicos y comunes, quienes atienden las residencias… nos son imprescindibles. Su labor debe tener también un reconocimiento en forma de derechos laborales. No podemos aplaudirles al tiempo que aceptamos que muchos de estos trabajos formen parte del 20% de pobreza en el empleo que existía en nuestra región antes de la pandemia.

Las empresas de economía social, espacios de fomento de iniciativas económicas solidarias, deben recibir nuevos impulsos. Desarrollar sectores como el de energías renovables, la conservación del medio ambiente, la agricultura ecológica o el comercio justo, local y sostenible, desarrollaría formas de empleo dignos.

En esos cambios que deben suceder en el mercado laboral debe jugar un papel adecuado la digitalización. No se trata de denunciar que las tecnologías actuales van a acabar con tantos miles o millones de empleos. Se trata de avanzar conjuntamente en esos cambios para que sus efectos positivos lleguen a toda la sociedad. La formación digital debe alcanzar a todo el mundo para que podamos cerrar la brecha digital que, en estos momentos, provoca, por ejemplo, que haya muchas niñas y niños que sí se están quedando atrás.

La reconstrucción de nuestro modelo económico y social debe empezar por cuestionar el “re”. La Región de Murcia contaba con un 32% de riesgo de pobreza y exclusión social y, como ya hemos dicho, un 20% de pobreza en el empleo. Hay mucho que construir pero mejor si nos vamos desprendiendo de todo aquello que no sirve para el bien común.