Una de las citas más célebres de Yoda en la saga de ciencia ficción Star Wars dice: ¡Mejores cosas que luchar debería estar haciendo un Maestro Jedi! Buscando sabiduría. Encontrando equilibrio. Pero estos son los días que vivir nos ha tocado.

En estos días que nos ha tocado vivir hemos podido leer y escuchar multitud de opiniones sobre el papel que debe jugar la ciencia en la sociedad y en la gestión política. Si en algo coinciden todas ellas es en la necesidad de recuperar un tejido científico potente que se ha ido destruyendo poco a poco desde la crisis de 2008. Mientras que algunos países apostaron por la ciencia y la tecnología para salir de la crisis, en otros, y en España en particular, la ciencia, junto con la sanidad y la educación (además de la cultura) perdieron protagonismo en la agenda política de nuestros mandatarios y lo que es más grave, perdieron peso en los diferentes Presupuestos Generales del Estado. Se cifra en 20.000 millones de euros la cantidad que se ha dejado de invertir en ciencia desde 2008. Se optó por políticas de austeridad, que en el caso de los sectores mencionados fueron completamente erróneas, ya que esos gastos eran en realidad inversiones que hubieran permitido un incremento de la actividad económica (como se vio en países que así lo entendieron y que se recuperaron mejor de la recesión). Si la ciencia española pudo aguantar se debió, sin duda, al trabajo intenso de los científicos en el CSIC, en las universidades y en las OPI y su competitividad a la hora de captar recursos europeos.

Estando así las cosas, en abril de 2017, la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) suscribieron un Manifiesto por la Ciencia en el que reclamaban “el reconocimiento del protagonismo y responsabilidad que la ciencia debe ejercer en la gestión política, con la eficacia que demandan los ciudadanos, mediante la restitución del Ministerio de Ciencia”. Poco más de un año después, en junio de 2018, en el marco del Gobierno que surgió a partir de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, se creó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cuando Pedro Duque aceptó el reto de encabezarlo despertó grandes expectativas en la comunidad científica. No solo se daba la bienvenida al nuevo Ministerio, al mismo tiempo se valoraba la figura de su titular como una persona de sólida formación científica y técnica, con una innegable experiencia internacional ni más ni menos que como astronauta de la Agencia Espacial Europea.

El ministro y su equipo actuaron con diligencia para resolver algunos de los problemas más urgentes del sistema de ciencia y tecnología español. Por ejemplo, el 8 de febrero de 2018, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que contenía una serie de medidas urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad. A finales de ese mes, el Parlamento ratificó por unanimidad este Real Decreto presentado por Duque ante el Congreso de los Diputados. Sí, por unanimidad (cuesta creerlo viendo a sus señorías estos días). Muchas de estas medidas habían sido reclamadas por la comunidad científica desde hacía años, en algunos casos desde el mismo origen del moderno sistema científico español, y en otros para corregir desviaciones provocadas por disposiciones establecidas en el último decenio que han ocasionado un notable daño a la ciencia y la investigación en nuestro país.

Una importante disposición que se adoptó en aquel decreto fue la de dotar de nuevos medios y capacidades a la Agencia Estatal de Investigación, otra de las reivindicaciones del Manifiesto por la Ciencia anteriormente mencionado. Desafortunadamente la posterior imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado impidió que se recuperaran importantes inversiones para la ciencia. En marzo de 2019, se disolvió el Parlamento, se convocaron elecciones y el Gobierno entró en funciones. Con el nuevo parlamento que surgió de la urnas en las elecciones del 28 de abril se activaron con intensidad las comisiones parlamentarias de ciencia y universidad en el Congreso y en el Senado. Lamentablemente el juego político impidió que se formara el necesario gobierno de coalición y las elecciones tuvieron que repetirse en noviembre de 2019. Obviamente, sin presupuestos y en funciones, muchas de las tareas que se habían planteado en la agenda del Ministerio de Ciencia tuvieron que esperar, aún así se incrementó el número de contratos de investigación Ramón y Cajal para reincorporar talento investigador.

En diciembre de 2019, se firmó un acuerdo programático entre los dos partidos que actualmente forman la coalición gubernamental. Ese documento recoge un paquete de medidas en materia de ciencia e investigación que también habían sido reclamadas por la comunidad científica: incremento de la inversión pública en I+D+i, contratación de personal en los centros de investigación, incremento de contratos postdoctorales y predoctorales, etc.

El nuevo Gobierno arrancó en enero de 2020. En el Consejo de Ministros se mantuvo el Ministerio de Ciencia e Innovación con el mismo titular. Dos meses más tarde, la situación dramática provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 no ha hecho más que ratificar la necesidad de continuar el camino emprendido. En unas declaraciones en Expansión el pasado 16 de abril, el ministro afirmaba: “Cuando salgamos de esta situación tenemos que ser conscientes de que la apuesta por el conocimiento y la innovación es lo que nos permite vencer a nuevos virus, que vendrán, pero también tener una mejor formación, más empleo cualificado, una mayor competitividad y, por todo ello, un sistema de pensiones sostenible. Hay que invertir en ciencia sean cuales sean las circunstancias”. Así lo recordaba también al día siguiente en El País Perla Wahnón, presidenta de la COSCE: “Tras muchos años de una financiación insuficiente, es necesario dotar a la ciencia de los recursos necesarios para que pueda desempeñar con solvencia los cometidos que se le exigen”.

En la cadena de acontecimientos aquí expuesta, la comunidad científica ha podido sentirse defraudada en ocasiones porque esperaba más. Incluso en un tiempo tan incierto se habría agradecido mayor puntualidad en las convocatorias y resoluciones, evitando dejar periodos sin financiación a los grupos de investigación, así como avances significativos en la eliminación de la burocracia. Aún así es evidente que las aspiraciones de las sociedades científicas, los centros de investigación, las universidades y el Ministerio son semejantes.

¿Qué esperamos pues de la nueva normalidad? Es fundamental el aumento sustancial y sostenido de la financiación de la ciencia, incluyendo las ciencias sociales y las humanidades, la implicación del tejido empresarial y productivo en la generación de conocimiento, así como el establecimiento de oficinas de asesoramiento al Gobierno y al Parlamento en materia de ciencia e investigación. Para alcanzar estos objetivos hará falta la connivencia de los científicos y los investigadores con los gestores de la política científica, un apoyo decidido del resto del Gobierno al Ministerio de Ciencia e Innovación, así como amplios acuerdos en materia de ciencia e investigación entre los grupos políticos de todo el arco parlamentario y... escribiendo esto un 4 de mayo, desear y decir aquello de “may the force be with you”.