El 4 de octubre pasado, el Gobierno de España presentaba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2023, comenzando así la andadura de las terceras cuentas del gobierno de coalición. Unas cuentas públicas centradas en la justicia social y la eficiencia económica que, por un lado, refuerzan el Estado de Bienestar con unos servicios públicos de calidad y que, además, consolidan el crecimiento y la creación de empleo a través del cambio de modelo productivo impulsado por los fondos europeos.

En lo relativo al primer pilar sobre el que se asientan estos presupuestos, la justicia social, estas cuentas combaten la subida de la inflación protegiendo a las familias, trabajadores y colectivos más vulnerables, garantizando el poder adquisitivo de nuestros mayores y empleados públicos.

Así, por primera vez en 13 años, el Gobierno aporta 2.957 millones de euros a la hucha de las pensiones, incrementando la partida destinada un 11,4%, hasta alcanzar los 190.687 millones de euros, por lo que se produce una revalorización de las pensiones conforme al IPC en torno al 8,5%, que beneficiará a más de 1,2 millones de pensionistas madrileños. Respecto a los empleados públicos en Madrid, más de 410.000 trabajadores y trabajadoras percibirán la mejora salarial de hasta un 3,5% en 2023, así como el incremento adicional del 1,5% para 2022.

La protección de los colectivos más vulnerables en estos presupuestos se recoge en el incremento del Ingreso Mínimo Vital conforme al IPC, lo que beneficiará a cerca de 132.000 personas en la Comunidad de Madrid. Además, habrá una línea directa de financiación de 8,38 millones de euros para realojos en la Cañada Real, la mayor bolsa de pobreza de nuestra región. Asimismo, cerca de 300.000 desempleados madrileños se verán más protegidos con estos presupuestos, ya que se recupera el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación. Una reivindicación histórica que devuelve derechos perdidos durante los gobiernos del PP.

El apoyo a las familias queda reflejado en varias medidas presupuestarias, como la prórroga de las ayudas al transporte, que supone un ahorro importante para las familias frente a la inflación, y una apuesta por la movilidad sostenible. En Madrid, más de 462.000 usuarios se podrán beneficiar de esta medida. Además, se incrementa en 102 millones de euros el bono social térmico, que recibirán más de 137.000 personas en nuestra Comunidad.

Pero una ayuda fundamental para las familias es la vivienda, uno de los factores de exclusión social más importante que sufrimos los madrileños. Las medidas de acceso a una vivienda para los más jóvenes aumentan un 5,4%, destinando 31,8 de euros para la consolidación del Bono Alquiler Joven en 2023, que en Madrid tendrán a más 10.600 jóvenes como beneficiarios.

Además, Madrid contará con 416 millones de euros para un programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, 140 millones para un programa de construcción de viviendas en alquiler social para 2023 y 70 M€ para construcción de viviendas en alquiler social a nuestra región. Y a la par, estos presupuestos recogen el desbloqueo de la Operación Campamento que prevé la construcción en torno a 12.000 viviendas.

Por otra parte, se refuerzan dos derechos fundamentales: educación y sanidad. El gasto educativo aumenta en un 6,6%. Se destinan 400 millones de euros más para becas y ayudas al estudio, pudiendo beneficiar en toda España a unos 890.000 becarios y becarias, de los cuales 117.000 están en Madrid. Asimismo, se da un impulso a la formación en nuevas tecnologías, destinándose más de 500 millones euros entre el programa Código Escuela 4.0, la adquisición de kits de robótica para facilitar el aprendizaje de la programación y el programa de nueva dotación para materiales educativos. Casi un millón de niños y niñas (890.000) se verán beneficiados en Madrid por este programa.

En cuanto a la sanidad pública, el gasto sanitario aumenta un 6,7% respecto al año anterior, incluyéndose 172 millones para el marco de atención primaria, destinándose 500 millones de euros para infraestructuras de atención primaria y salud mental, que verán reforzado el servicio de atención a la salud mental para combatir el acoso escolar, con 15 millones de euros más.

El primer pilar de estos nuevos presupuestos es la justicia social, pero el otro es la eficiencia económica y, sin duda alguna, estas cuentas transforman el modelo productivo de nuestra Comunidad. Para ello, contamos con un aliado indispensable que son los fondos europeos Next Generation EU, ya que tres de cada cuatro euros del Plan de Recuperación incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, se destinan a impulsar un cambio del modelo productivo en nuestra Comunidad.

Y todo ello, con un reparto justo de la carga de la crisis, impulsando una fiscalidad más justa, progresiva y eficiente, que se basa en pedir una mayor aportación a quienes más tienen. Así, 709.000 trabajadores y trabajadoras madrileñas que ganan un salario bruto de menos de 21.000 euros brutos, se verán beneficiadas por la rebaja en 400 euros de media de su IRPF. Más de 143.000 trabajadores que hoy pagan IRPF quedarán exentos gracias al incremento del mínimo exento, que pasa de 14.000 a 15.000 euros brutos. 197.000 autónomos se beneficiarán del incremento de las reducciones para los rendimientos de actividades económicas, que les permitirá reducir su factura fiscal en unos 120 euros de media. Más de 72.000 empresas se beneficiarán de la rebaja del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, gracias a la cual se ahorrarán más de 715 euros de media.

Respecto a las inversiones, Madrid tiene asignada una inversión total de 1.320,4 millones de euros, un 13,9% más que en los presupuestos del año anterior, 154 millones de euros. El Ministerio más inversor es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que mantiene su esfuerzo en Madrid en 1.263,7 millones. Todos los sectores ven incrementada su inversión. El sector aeroportuario aumenta en un 17,5% (19 millones de euros más), al pasar de 108,4 millones a 127,4, convirtiendo a Madrid en la primera comunidad de España en inversión real en el sector aeroportuario. El sector ferroviario sube un 28,1%, al pasar de 265 millones a 339,6, destinándose 59,1 millones para alta velocidad, 88,4 para ampliación de la red de Cercanías, 155,9 millones para material rodante y mejora de talleres de Cercanías, compra de nuevos trenes, actuaciones en estaciones y controles de acceso inteligentes. Y en cuanto a carreteras, el proyecto de Presupuestos incluye 131,6 millones para carreteras en la Comunidad de Madrid. Para el mantenimiento y mejora de la seguridad vial se contempla un presupuesto de 71,8 millones, y se realizarán actuaciones tan esperadas como el Bus-VAO de la A-2, la implantación de carriles VAO en la A-42 y la reducción del ruido en autovías, como en el tramo de la A-42 a su paso por el barrio de La Alhóndiga de Getafe; continuarán las obras de remodelación del Enlace M-40 – A-6, y se mejorarán las conexión entre la M-21 y la M-14 y los enlaces M31 – Nudo Supersur, Nudo Eisenhower A-2, así como el acceso viario intermodal de mercancías en Vicálvaro desde la M-45.

Otros ministerios que invierten en Madrid son el Ministerio de Cultura y Deporte con 70,98 millones de euros, incrementando la inversión en 19,4 millones de euros, con respecto a 2022, correspondiendo 37,92 de éstos al programa Museos y 21,9 millones de euros dedicados a la reforma y rehabilitación del Salón de Reinos. También el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática incrementa sus inversiones hasta los 40,99 millones de euros, destinando 22,05 millones de euros para el Plan de Transición Energética y 600.000 euros para el Museo de Colecciones Reales. Las inversiones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid serán 25,1 millones de euros: 5 millones de euros más que en 2022: 5,20 millones de euros para actuaciones en el trasvase Tajo-Segura y 1,4 millones de euros Real Acequia del Jarama.

Estos son los datos que desmontan la estrafalaria interpretación de los presupuestos que, una vez más, el Gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid abanderan como buques insignia de una oposición frontal al Gobierno de España, emulando al nacionalismo más rancio de la historia.

La inversión crece más donde es más necesario que crezca, como ocurre en Madrid. Por ello, nuestra región es la quinta comunidad autónoma de 17 donde más sube la inversión, un 13,4%. La media de inversión por Comunidades se sitúa en 2,9%. Cataluña se sitúa 1 décima por encima, en el 3%. Madrid está 10,5 puntos por encima de la media de inversión por comunidades. La inversión en Madrid crece cuatro veces más en Cataluña.

Pero que nadie se equivoque, esto es así porque Madrid lo necesita, no porque se reparta el dinero público al azar, por interés político o por capricho. En Madrid son precisas muchas inversiones y es necesario dedicar recursos porque durante los mandatos de Rajoy no se hizo, y no se hizo con el silencio cómplice y partidista de los dirigentes madrileños del PP. De hecho, en cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid ha recibido un 46,3% más de recursos que en los últimos cinco años del anterior Gobierno del PP.

El Gobierno de España no quiere fomentar la competición y el enfrentamiento entre CCAA al que siempre nos quiere abocar el PP, incentivando la crispación y falseando la realidad. El Gobierno de España no actúa respondiendo a intereses partidistas ni a los de las grandes corporaciones y fortunas, sino a los de la gente. El Gobierno trabaja por la igualdad, por la justicia social, por el desarrollo y el progreso, incentivando una economía sana que no se base en el abandono de los más vulnerables o cargue el esfuerzo sobre las clases medias y trabajadoras.

Afortunadamente los madrileños y madrileñas contamos con el Gobierno de Pedro Sánchez para responder a los problemas que nos plantea la crisis, que tiende la mano al diálogo institucional y político, pero que no cede ni un centímetro en la defensa de los intereses de la mayoría..

Para hacer frente al boom del parque móvil en la ciudad de Madrid, comenzaron a erigirse en Madrid a lo largo de los años 70, los conocidos popularmente como scalextrics, unas moles de hormigón de engorrosa estructura que pretendían conducir el incipiente tráfico madrileño. 

Con el paso de los años, comenzaron a ser desmontados. El scalextric de Atocha, inaugurado en 1968, se derribó en 1985, dando paso a una glorieta despejada. Un año después, en 1969, se levantó el de Cuatro Caminos, 383 metros de pasarela con dos carriles por sentido, que unía Raimundo Fernández Villaverde con Reina Victoria; fue derribado en 2004. Igual camino siguió el de Santa María de la Cabeza, que conectaba dicha calle con Ferrocarril y Embajadores, transformándose 30 años después de su construcción, en un bulevar con varios carriles separados por una zona arbolada. El desmontaje más reciente ha sido el de Joaquín Costa, que durante medio siglo conectó esta calle y la de Francisco Silvela con la Avenida de América. Soportaba 80.000 vehículos diarios, siendo la novena vía con mayor tráfico de Madrid. En la actualidad, ha recuperado el aspecto que tenía en el siglo XIX, con aceras más anchas y la recuperación de algún espacio verde. 

El último y único scalextric que permanece en nuestra ciudad es el paso elevado de Puente de Vallecas. ¡Qué casualidad! Este es mucho más que una infraestructura para coches que separa los distritos de Puente de Vallecas y Retiro. Es una brecha física y social que separa dos realidades urbanas muy diferentes: a un lado, el distrito que encabeza los índices de vulnerabilidad de Madrid. Al otro, uno de los distritos menos vulnerables, cuyos hogares tienen rentas que duplican las de sus vecinos de enfrente.

El trazado de scalextric, que sigue el límite administrativo entre estos dos distritos, recorre con precisión milimétrica la cicatriz de la mayor herida de nuestra ciudad: la desigualdad. 

Madrid es hoy una ciudad desequilibrada socialmente que, segregada territorialmente, con fronteras visibles e invisibles que separan el norte y el sur, pero también el centro y la periferia. La derecha se ha esmerado en construir dos ciudades dentro de la ciudad: por un lado, está el Madrid que brilla, dentro de la M-30, convertido en un parque temático de ocio y diversión, un jugoso negocio. Y por otro, está el Madrid de la periferia, donde residen la mayoría de los madrileños y madrileñas. Donde la desigualdad crece cada día. 

Separando estas dos ciudades dentro de la ciudad, se levanta el scalextric de Puente de Vallecas, como un monumento a la segregación. Un muro que parece decir a quienes viven en San Diego y Numancia: “no te atrevas a cruzar esta frontera. No te atrevas a soñar que tu vida puede ser como la del otro lado”. 

Ha llegado la hora de derribarlo; porque en este caso, derribar es integrar. Durante mi etapa de concejal, como portavoz de desarrollo urbano del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, aprendí que el urbanismo jamás es neutro. Puede segregar o unir; puede suavizar las consecuencias de la desigualdad, o aumentar las brechas. 

La demolición del scalextric es una deuda histórica que Madrid tiene con Puente de Vallecas. Una demanda vecinal que los distintos gobiernos municipales se han negado a abordar; eso sí, siempre con buenas palabras. 

Lo que hace falta son hechos. Hay que iniciar ya un proyecto de demolición y reconfiguración del espacio que ocupa el paso elevado. Basta ya de excusas, de estudios y más estudios para no ejecutar una actuación que debería abordarse desde un nuevo modelo de movilidad para Madrid: con un aumento del transporte público, carriles bici seguros, bien conectados, zonas peatonales y estanciales. 

Puente de Vallecas es un distrito orgulloso de su identidad y su singularidad, pero necesita tener una ilusión. Es evidente que el desmontaje de este scalextric no es la solución a sus bolsas de pobreza, pero abre la puerta a una vida mejor: a respirar un aire más limpio, a soportar menos ruidos, a disfrutar de un entorno tranquilo y seguro, con espacios verdes como lugares de encuentro y convivencia. Algo que no debería ser un sueño, sino un derecho. Y promoverlo tendría que ser la prioridad del gobierno municipal, convirtiéndolo en su gran operación de ciudad. 

La pandemia ha cambiado nuestra forma de entender el espacio público, la movilidad y la forma en que utilizamos la ciudad. Muchas capitales aprovecharon las lecciones que aprendimos durante el confinamiento para reinventarse, pero Madrid se está quedando atrás. Tenemos que mirar a nuestro alrededor con los ojos de quien libra una batalla por la salud y la calidad de vida, y crear en cada barrio las condiciones y oportunidades para que las personas se desarrollen de forma plena, segura y saludable.

El último scalextric de nuestra ciudad no puede estar en el sur, como una reliquia de lo que hemos quitado en el resto de la ciudad, pero mantenemos en Vallecas. Por eso, su eliminación no puede esperar más.

Hace poco más de un año, mi última intervención en el Pleno de la capital fue para defender que había que poner fin a este muro social con forma de puente. Ante la inacción del gobierno municipal, 14 meses después todo sigue igual. Porque en Madrid nada cambiará, mientras gobiernen sucesivos recambios, peones intercambiables de un PP podrido. Porque para cambiar Madrid, se necesita un cambio político. 

Hace unas semanas, el gobierno de Almeida anunció a bombo y platillo la puesta en marcha del Plan Integral de Alquiler Municipal. Este plan contó con el respaldo de los representantes de todos los grupos municipales en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) pero escondía una trampa que dejaba fuera a quienes más necesitan de las instituciones públicas, la cual no detectamos en un inicio pero posteriormente hemos logrado, en parte, subsanar. Vamos a analizarlo detenidamente.

En principio, se trata de un plan orientado a ampliar la oferta de vivienda de alquiler asequible en la ciudad de Madrid que se estructura en cuatro líneas o programas de actuación.

El primero pasa por continuar la promoción directa de vivienda pública por parte del Ayuntamiento. En este sentido, la actual corporación sigue la hoja de ruta fijada por el gobierno anterior, que, tras sanear la empresa pública de vivienda, puso en marcha la construcción de casi cuatro mil nuevas viviendas para ampliar el exiguo parque residencial del Ayuntamiento. Evidentemente, el objetivo era muy ambicioso y, pese a que a lo largo del mandato se iniciaron muchos de estos proyectos, la mayoría no llegaron a concluir, quedándose en distintas fases de redacción, licitación o ejecución de las obras. Lo que ha hecho el gobierno actual, acertadamente a nuestro juicio, ha sido proseguir la construcción de estas viviendas con el fin de ponerlas a disposición de personas y familias vulnerables en régimen de alquiler social. 

Se trata de un significativo avance de la derecha madrileña si tenemos en cuenta que su política de vivienda ha consistido, tradicionalmente, en promover para vender en momentos de bonanza económica, y renunciar a la promoción pública para dedicarse exclusivamente a la venta del patrimonio público cuando llegaba una crisis.

El segundo programa, conocido como SIA, también da continuidad al iniciado en la etapa de Manuela Carmena bajo las siglas ALMA, que consiste en que el Ayuntamiento ofrece, a través de la EMVS, un servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos para proporcionar seguridad y garantías a ambas partes y fomentar así el arrendamiento entre particulares.

El tercero, al que han denominado “conFIANZA Joven”, está muy asociado al anterior y consiste en adelantar el pago de la correspondiente fianza a todos los menores de 35 años que accedan a una vivienda en alquiler mediante el sistema de intermediación del Ayuntamiento.

Hasta aquí, el actual gobierno no se aparta de las medidas impulsadas por sus antecesores en lo que al fomento del alquiler se refiere, pero el Plan Integral de Alquiler sí plantea un programa novedoso, al que han bautizado “ReVIVA” y tiene como objetivo fundamental movilizar viviendas que o bien están vacías o bien se dedicaban al alquiler turístico. La administración se propone captar tales viviendas para destinarlas al alquiler no estacional y ampliar así la escasa oferta existente en nuestra ciudad. Lo que se pretende es que los propietarios cedan sus casas a la EMVS durante un mínimo de cuatro años para que esta las adecúe (asumiendo el propietario el coste de los arreglos necesarios) y se las ofrezca a inquilinos a un precio que nunca puede superar el 30% de sus ingresos (brutos mensuales), el umbral que establece Naciones Unidas para que el coste de la vivienda no desequilibre en exceso la economía familiar. 

Como se puede observar, la finalidad de este programa es difícilmente discutible desde un punto de vista progresista. Movilizar vivienda vacía y VUTs, ampliando con ello la oferta de alquiler estable y dejando en manos de la administración la gestión de los arrendamientos. Aparentemente, nada que objetar. 

Sin embargo, el conflicto surge al entrar en la letra pequeña. El ejecutivo de Almeida, en un exceso de celo, sitúa el umbral de acceso a las viviendas de este programa en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que impedía que personas y familias con ingresos inferiores a 28.198 euros brutos anuales, pudieran ser beneficiarios del programa. 

Bien es verdad que el Reviva nunca ha estado dirigido a sectores con una capacidad adquisitiva baja o muy baja, para quienes la EMVS tiene otras ayudas y líneas de actuación. Tanto por la cantidad de viviendas que pretende captar (unas 400 en tres años) como por el precio medio de las mismas, el programa se orienta a inquilinos solventes que aseguren que nos será la administración quien finalmente tenga que asumir el pago de la totalidad o gran parte de las rentas. Pero siendo esto así, tampoco tenía sentido establecer un umbral tan elevado que impida el acceso a personas o familias que, sin llegar a disponer de tres veces el IPREM, dispongan de recursos suficientes para hacer frente al alquiler sin tener que destinar más del 30%de sus ingresos a dicho pago.

Por ilustrarlo con un ejemplo concreto, un inquilino cuyos ingresos brutos se sitúen en torno a los dos mil euros -bastante por debajo de 3IPREM- puede acceder a una vivienda cuyo alquiler no supere los seiscientos cincuenta euros al mes. Y no es descabellado pensar que la EMVS vaya a captar viviendas vacías o que se dedicaban al alquiler turístico que puedan rondar esos precios.

Era inadmisible, por tanto, excluir a quienes conforman precisamente el nicho natural de un programa de estas características. Personas y familias cuyos ingresos superan los requeridos para ser adjudicatarios de vivienda pública pero que tienen dificultades para acceder al mercado privado del alquiler en una ciudad como Madrid. Por ello, y para evitar que queden fuera del Reviva, hemos propuesto sustituir el umbral (arbitrario) de las 3 veces el IPREM por una condición (objetiva) como es acreditar la solvencia necesaria para pagar la cuota de arrendamiento sin que esta supere el 30% de los ingresos familiares. De esta manera, incrementamos la cantidad de beneficiarios potenciales y, sobre todo, posibilitamos la entrada de personas que necesitan la ayuda de la administración para acceder a un alquiler estable y asequible. Esta propuesta ya ha sido incorporada al programa. 

Sin embargo, incomprensiblemente, el gobierno de Almeida se ha negado a bajar el importe mínimo de arrendamiento de 450 a 350 euros, lo cual disminuye significativamente el beneficio que supone la rebaja del umbral a 3 veces el IPREM, pues al reducir el tope inferior aumentaríamos las opciones de que esas rentas puedan acceder a la ayuda. Del mismo modo, tampoco han aceptado limitar el bono vivienda hasta las 5,5 veces el IPREM, en lugar de las 7,5 previstas actualmente, una medida que permitiría dirigir los recursos públicos a quienes verdaderamente los necesitan, que en el caso de este programa son aquellos solicitantes que se encuentran entre las 3 y las 5.5 veces el IPREM.

Pese a que no es nuestro programa, las fuerzas progresistas del Ayuntamiento de Madrid hemos vuelto a demostrar que estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad desde una incuestionable lealtad institucional. En este caso en un tema tan crucial como es la vivienda. Sin embargo, ante la polémica generada nos corresponde también hacer un ejercicio de autocrítica. Este plan no debería haber sido aprobado hasta corregir las disfunciones que PP y Ciudadanos pretendían pasar por alto. Y más teniendo en cuenta que estos partidos se han parapetado en nuestro voto favorable para no asumir su responsabilidad y reconocer los errores cometidos. 

Probablemente, ningún otro alcalde de Madrid ha tenido una oposición como la que disfruta Almeida y seguramente a ningún otro se le hubiera ocurrido dilapidar con tanta ligereza semejante privilegio. Por eso, y llegados a este punto, debemos hacer una reflexión. Almeida no merece más votos de confianza. Se le ha acabado el crédito. Incumple los pactos, utiliza su posición para atacar al gobierno de España y antepone los intereses de Ayuso a los de los madrileños. La perversa utilización que ha hecho del plan de alquiler nos obliga a decir que hasta aquí hemos llegado. Es momento de reconducir el rumbo y construir una alternativa creíble y atractiva al tándem de la derecha con la ultraderecha. 2023 está cada vez más cerca y esta ciudad merece un gobierno mejor. Un gobierno de progreso.

Cuando los madrileños hemos salido de nuestras casas tras el duro confinamiento por la pandemia de la COVID-19, hemos encontrado un Madrid distinto. Nosotros y nosotras tampoco somos ya los mismos. En estos más de 50 días, hemos modificado nuestros hábitos de compra, de ocio, nuestra forma de practicar deporte, la manera en la que trabajamos, en la que nos educamos, el consumo de cultura, … ni tan siquiera las relaciones humanas son ya las mismas.

Cuando por fin podamos volver a la calle de forma habitual, en Madrid todo será distinto. Durante un tiempo, que todavía no está definido, será necesario mantener distancias sociales, habrá que evitar las aglomeraciones y los aforos se reducirán drásticamente.

El transporte público tendrá que reducir su flujo de viajeros para poder cumplir con las condiciones de seguridad. Las tiendas, los bares, las bibliotecas, los museos, los parques, las escuelas, los transportes… Todo va a ser utilizado de una forma diferente.

Madrid no está preparada para afrontar con éxito esta situación. Es una ciudad de distancias inmensas donde para la mayoría es impensable hacer a pie, o en bicicleta, trayectos cotidianos como ir a la escuela o al trabajo. Los espacios donde juegan los niños y las niñas son pequeños recintos de caucho acotados por una valla de madera. Faltan lugares en los que hacer deporte, pasear o simplemente relacionarnos con otros al aire libre, cerca de nuestros hogares, a los que se pueda llegar fácilmente caminando.

Madrid es una ciudad en la que el espacio público ha sido colonizado desplazando la vida social a los bares y centros comerciales. Es evidente que no cabemos todos y que hace falta sitio para las personas. Y por ello, tenemos que hacer una apuesta inequívoca por recuperar el espacio público.

La elección es clara: debemos definir una nueva estructura urbana centrada en la movilidad peatonal y ciclista que libere espacio público para que las personas podamos usar Madrid con seguridad.

Todos estamos de acuerdo en que Madrid tiene que ser diferente a partir de ahora. Nos encontramos ante un reto que puede ser también una oportunidad. Es urgente repensar cómo habitamos esta ciudad y cómo vamos a replantearla desde el punto de vista urbano para que sea más fuerte, resiliente y útil para quienes vivimos en ella.

Madrid tiene que definir un nuevo proyecto urbano que atienda las necesidades inmediatas de las personas en el nuevo escenario que ha generado la crisis de la COVID-19, pero que, además, sirva para afrontar con solidez los imprevistos que nos deparen los próximos años. Dar respuesta a ese reto pasa por trabajar en dos grandes frentes: cambiar la escala urbana y recuperar el espacio público para los ciudadanos.

Evidentemente, habrá que abordar intervenciones inmediatas y otras que necesitarán un poco más de tiempo para implementarse. Pero de lo que no cabe duda es que el momento es ahora. Muchas ciudades lo están haciendo. Madrid no debe quedarse atrás. Es necesario hacer profundas remodelaciones de la ciudad ahora, para dotar de diversidad funcional, utilidad y seguridad al espacio público.

Para ello, tenemos que hacer de Madrid una ciudad policéntrica, en la que los barrios sean la referencia y ganar espacios públicos para la convivencia y la movilidad peatonal.

Esta crisis ha puesto en evidencia que es hora de no avanzar más hacia la planificación urbana sino hacia la planificación de la vida urbana. Y el barrio es el ámbito en el que podemos permitirnos vivir con seguridad y esa es la escala en la que tenemos que diseñar la ciudad: a la del barrio; una escala más humana capaz de tenerla a nuestros pies.

Para ello, Madrid debe realizar una transformación muy profunda del espacio urbano que hasta esta crisis era altamente monofuncional, centrado en la zona central de la ciudad y caminar hacia una ciudad policéntrica, que ofrece calidad de vida en distancias cortas, que nos permita acceder más fácilmente a las seis funciones sociales urbanas esenciales: habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender y descansar.

Si, como dicen los expertos, esta pandemia durará más meses de lo que pensamos y cada vez transcurrirán menos años entre una pandemia y la siguiente, tenemos que preparar a Madrid para luchar contra las enfermedades. Y la respuesta está, sin duda, en los barrios.