Desde que empezó la pandemia se han sucedido, al menos, hasta cuatro olas de criminalización a la juventud. La primera tuvo lugar durante el verano pasado, cuando arrancó la desescalada tras el confinamiento. En aquel momento, observamos a nivel mediático un interés por aquellas imágenes y noticias que culpaban a la juventud de que la pandemia no estuviese bajo control y, por supuesto, de los rebrotes de COVID-19.

La culpa era de aquellas personas jóvenes y desbocadas que, después de estar tanto tiempo metida en casa, salieron a la calle de forma desenfrenada, con ganas de fiesta y sin respetar las medidas de seguridad. Esa fue la imagen que se trasladó desde los poderes mediáticos de uno de los grupos que más sufrió la cuarentena, después, evidentemente, de las víctimas y sus seres queridos, del personal sanitario y esencial, y de las personas en especial situación de vulnerabilidad. 

Hablo en términos de juventud pero podemos incluir otras etapas como la infancia y la adolescencia, que son períodos cruciales de la vida en las que se construye la personalidad, las relaciones sociales, y buena parte del tiempo se pasa en los centros educativos con iguales. El confinamiento lo desajustó todo, a nivel educativo y social. También trastocó la salud mental de muchas. Pero apenas se informó, ni se informa, del impacto de la pandemia en estos colectivos y el condicionamiento que supone para su futuro todo lo vivido. Al contrario, en aquel momento se comienza a situar el foco en comportamientos irresponsables puntuales ante las medidas para evitar contagios, alimentando la idea de la juventud como un grupo homogéneo que pone en riesgo la salud del conjunto de la población, reforzando así una imagen negativa de las personas jóvenes. ¿Les suena? Con el vergonzoso episodio del brote en Mallorca ha vuelto a ocurrir lo mismo. La historia se repite. Pero esa ya es la cuarta ola. Vamos por partes. 

La segunda ola comienza con las movilizaciones por la libertad de expresión en apoyo al rapero Pablo Hasél. El enfoque mediático en aquel momento más o menos bienintencionado se redujo a buscar la opinión de expertos que explicaran cuál había sido el caldo de cultivo para tales protestas. Esta información, que para el público general puede ser interesante, desde el punto de vista de una persona joven es algo así como un insulto a nuestra inteligencia. A nosotras nos van a explicar el porqué de nuestro malestar. Sin darnos voz, además. Pues a ver si nos cuentan algo que no sepamos. Ahora bien, lo peor no es esto, lo peor es que la narrativa generalizada parte de la premisa de que los jóvenes que se manifiestan son unos vándalos. Quienes gustan de criminalizar la protesta se frotaban la manos. Oferta 2x1 en criminalización. Vamos a vincular a la juventud con acciones violentas en manifestaciones, ¿por qué no?. 

La tercera ola la vivimos con el fin del estado de alarma. El foco se puso en las celebraciones multitudinarias. Los telediarios emitieron las imágenes de la fiesta en la Puerta del Sol (es bien sabido que no hay vida fuera del centro de Madrid) que no estaba compuesta únicamente por personas jóvenes pero sí fueron ellas las que ocuparon el centro de críticas nuevamente. Es cierto, y lo voy a reconocer, que en este episodio hubo algunas voces que, ante tan clara evidencia, dijeron una obviedad: no todos los jóvenes estaban ahí, ni todos los que estaban ahí eran jóvenes. Sin embargo, ese mensaje no fue suficiente para evitar la cuarta ola de criminalización de la juventud a la que estamos asistiendo. 

Llega el verano, las vacaciones, los viajes de fin de estudios, las fiestas, y la juventud ociosa vuelve a estar en la diana. El último brote mediático ha sido el brote de un grupo de jóvenes que estaban de viaje de fin de estudios en Mallorca. La atención mediática se ha centrado en la conducta de ese grupo, es verdad que es más que reprochable, pero el problema de raíz es otro y de ese no se habla: el modelo de ocio que se promociona desde Baleares y la dependencia del turismo de nuestra economía, todo ello absolutamente incompatible con la pandemia.

Los poderes mediáticos se han dedicado a criminalizar a la juventud durante una pandemia que nos está afectando de forma muy significativa. Quienes estudian tuvieron que esforzarse mucho para adaptarse a la situación, quienes trabajan no tienen garantizado poder emanciparse, quien comparte piso y/o espacios reducidos asumió los confinamientos de forma precaria e insegura, poniendo en riesgo su propia salud y la de los demás, lo que también tendría su impacto psicológico, muchos y muchas no tuvieron un triste balcón al que asomarse. 

Hoy en día ser joven es sinónimo de precariedad. Podríamos hablar de la romantización de la precariedad por parte de los poderes mediáticos que llaman “job hopping” a “cambiar con frecuencia de trabajo” cuando el problema es la alta temporalidad del empleo o el bautizo como “coliving” al “modelo residencial basado en alquilar una habitación” cuando el problema es que los precios de la vivienda son tan elevados que imposibilitan la emancipación si no es compartiendo habitación en un piso. Pero este es otro tema y daría para otro artículo. O a lo mejor no. A lo mejor es todo un mismo fenómeno que podríamos llamar violencia mediática contra la juventud. 

El 14 de marzo el Gobierno declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros. Este decreto no puede exceder los 15 días y solo se puede prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados. Dado que las razones para declarar el estado de alarma han persistido, el Congreso de los Diputados autorizó una primera prórroga hasta el 11 de abril, una segunda hasta el 26 de abril, una tercera hasta el 10 de mayo y una cuarta hasta el 25 de mayo. La aprobación de la última prórroga hay que entenderla como una buena noticia independientemente de quién la apoyara. Si no hubiera habido prórroga, este domingo hubiéramos ido a un desconfinamiento abrupto, algo muy peligroso desde el punto de vista sanitario y de lucha contra la pandemia.

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 178 a favor, 75 en contra y 97 abstenciones. A favor votaron el PSOE (120), Unidas Podemos (35), Ciudadanos (10), PNV (6), Más País (2), Coalición Canaria (1), Nueva Canarias (1), Partido Regionalista Cántabro (1), Compromís (1) y Teruel Existe (1). En contra votaron Vox (52), ERC (12), JxCat (8), CUP (2) y Foro Asturias (1). Se abstuvieron el PP (88), EH Bildu (5), UPN (2), ERC (1) y BNG (1). Estos resultados se han convertido ya en una foto amarga de los diputados y diputadas que libremente eligieron cómo querían quedar retratados. No es el momento de cuestionar los apoyos a una prórroga absolutamente indispensable para poder vencer al virus.

Mantener el estado de alarma es una necesidad de salud pública ante una pandemia sin precedentes en la historia reciente. Se trata de una medida para salvar vidas, probablemente la más alta responsabilidad institucional a la que ha visto abocada el Congreso de los Diputados. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento amparadas por el estado de alarma se han demostrado eficaces para aplanar la curva de contagios. La reducción de la movilidad solo es posible al amparo del estado de alarma y es determinante a la hora de garantizar una desescalada en condiciones para evitar un rebrote.

Tampoco podemos olvidar que al mantenimiento del estado de alarma están asociadas las medidas del escudo social que ya están protegiendo y dando seguridad a la ciudadanía. La prohibición de despidos, la simplificación del procedimiento de ERTE, de la prestación por desempleo por causa de ERTE, la protección a trabajadores y trabajadoras temporales, la prórroga de contratos de personal docente e investigador, el mantenimiento de la actividad de centros sanitarios y servicios sociales, las medidas para las cooperativas, la prestación por cese de actividad de los autónomos/as, la prórroga automática de los subsidios de desempleo, la moratoria de hipotecas, la prohibición de corte de suministros, la ampliación del bono social, la moratoria en el pago de suministros para autónomos y PYMES, las medidas de protección de los derechos del consumidor garante a bienes y servicios no prestados, la exoneración de cuotas empresariales a la seguridad social a las empresas respecto a las personas trabajadoras afectadas por ERTE, la posibilidad de acogerse a ERTE de las entidades que tengan una parte de la actividad no declarada esencial, las medidas para los grandes tenedores respecto a los alquileres.

Estas son algunas de las medidas del escudo social que se sostienen mientras se prorrogue el estado de alarma y que revelan el compromiso de Unidas Podemos con que la crisis de la COVID-19 no la paguen los de siempre. El sufrimiento que provocó en millones de familias la crisis de 2008 y la forma en la que se gestionó, una política basada en recortes y austeridad, no fue inevitable. En estos momentos de excepcionalidad e incertidumbre, persistimos en la voluntad y el deber de ofrecer seguridad, protección y certezas a la mayoría social.

En definitiva, el estado de alarma es un instrumento que ha demostrado su eficacia frente a la COVID-19 tanto para aplanar la curva de contagios como por las medidas de protección a las personas en situación de vulnerabilidad. La autorización de la prórroga por parte del Congreso de los Diputados es una buena noticia ya que de esta manera se puede garantizar el proceso hacia una nueva normalidad sin riesgos sanitarios y sin rechazar el esfuerzo de toda la ciudadanía durante más de 50 días de confinamiento. Prorrogar el estado de alarma no era solo una cuestión de responsabilidad institucional y política, sino también de responsabilidad con la ciudadanía, de garantizar la protección sanitaria y las medidas de protección social de este Gobierno para no dejar a nadie atrás.