Hay una manera muy eficaz de imponer una idea: convertirla en sentido común. Que nadie tenga que argumentarla porque “es de cajón”. Eso es lo que está haciendo la derecha con la “ley del concebido no nacido”: vender como puro sentido común algo que en realidad es una jugada ideológica de enorme calado. ¿Quién va a estar en contra de “ayudar a las mujeres embarazadas”? Ese es exactamente el truco, disfrazar de obviedad lo que es una operación política de fondo, para que cuestionarla te haga parecer la mala de la película.

Isabel Díaz Ayuso la aprobó en Madrid con PP y Vox y el feto pasa a contar como uno más de la familia desde la semana 14, con becas y ayudas incluidas. Veremos cómo encaja esto con el principio de “prioridad nacional” de la ultraderecha que el PP ha asumido rápidamente. Alberto Núñez Feijóo promete llevarla a toda España. Que nadie se confunda: esto no es una ley de familia.

El sentido común que nos quieren colar es que “el feto ya es de la familia, faltaría más”. Suena bonito. Pero toda la vida el derecho ha distinguido, con buen criterio, entre proteger la vida en camino y decir que ya hay una persona completa con estatus propio ahí dentro. Esa distinción no era un simple tecnicismo, era lo que permitía que existieran a la vez el cuidado del embarazo y el derecho de la mujer a decidir. Borrarla de un plumazo, disfrazándolo de “ayuda a la maternidad”, no es cariño, es allanar el terreno.

Es la misma jugada que se hizo en Estados Unidos antes de tumbar el derecho al aborto. Es ir sembrando aquí y allá la idea de que el feto “ya es alguien” en leyes que nada tienen que ver con el aborto, hasta que ese debate ya está medio ganado sin que nadie lo haya discutido de cara. No se ataca la ley del aborto de frente. Se la rodea poco a poco, con “sentido común”, hasta que se cae sola.

Y se ha hecho no con un debate público sobre el aborto, sino con una ley de “ayudas a la familia”, aprobada a toda prisa fuera del periodo normal de sesiones, para que nadie tuviera tiempo de mirarla con calma. Eso no es cuidar a las familias. Es usar a las familias de tapadera para colar otra cosa.

Mientras tanto, a la infancia ya nacida que le den. Se legisla con solemnidad por un embrión de tres meses, pero en Madrid no hay comedor gratis ni escuela infantil pública de verdad. Un feto no pide sueldo, no hace huelga de cuidados, no reclama conciliación ni denuncia el techo de cristal. Por eso sale tan barato y tan rentable.

Al final esto es muy simple, y no hay que dejar que lo compliquen para que parezca inofensivo: la mujer deja de ser quien decide y pasa a ser el trámite por el que el Estado reconoce a “otro” antes que a ella. No es un debate de becas ni de burocracia. Es la pregunta de siempre: ¿quién manda sobre tu cuerpo, tú o el Estado que ahora te vigila desde el tercer mes con la excusa de que te quiere? Cada vez que se acepta como normal que “el feto ya cuenta”, se acepta también, sin decirlo, que la mujer embarazada cuenta un poco menos.

Desde Euskadi esto puede quedarnos lejos. Es fácil verlo como el incendio en casa del vecino. Pero Feijóo no quiere esta ley solo para Madrid: la quiere “nacional”. Y las encuestas de cara a 2027 señalan que PP y Vox suman hoy mayoría absoluta en el promedio de sondeos. Eso significa una ley también en Euskadi, sin que el autogobierno sirva de escudo: derecho civil y derechos fundamentales son competencia estatal, y ahí no hay Estatuto ni Concierto que blinde nada. Lo que hoy se ensaya en Madrid con nombre de trámite administrativo, mañana puede votarse en el Congreso. Lo demás es batalla cultural pagada con dinero público y disfrazada de obviedad. Y las mujeres, otra vez, el campo de batalla.

‘Lawfare’ rima con ‘warfare’. Pocas veces el lenguaje ha sido tan honesto. ‘Warfare’ significa el arte de la guerra, y Clausewitz, el gran teórico de los conflictos armados, definió la guerra como la política interpretada por otros medios. Siempre, eso sí, cuando la estrategia se antepone a las tácticas y el objetivo final no se pierde en el fragor de cada escaramuza.

El ‘lawfare’ es exactamente eso: guerra política librada con togas y titulares en lugar de con tanques y trincheras. Es el uso de los tribunales como arma para conseguir lo que no se puede lograr en las urnas, con la colaboración de medios de comunicación igualmente dispuestos a hacer el trabajo sucio. No se persigue la verdad. Se persigue al adversario. Y la diferencia entre ambas cosas, aunque debería ser evidente, se ha vuelto incómodamente borrosa.

Hubo un momento en que la estrategia se anunció en voz alta, con una claridad que en otras circunstancias habría resultado escandalosa. En noviembre de 2023, José María Aznar lanzó su llamada a filas: “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva.” Una convocatoria sin uniforme, pero con destinatarios muy precisos. Isabel Díaz Ayuso se encargó de completar el organigrama: jueces, fiscales, periodistas, rectores, empresarios. Cada cual, desde su posición, cada cual aportando lo que podía al esfuerzo común. Clausewitz lo habría reconocido de inmediato: no era un comentario político, era una orden de operaciones.

La mecánica es conocida y eficaz. Primero, una filtración: un fragmento arrancado de un sumario bajo secreto, descontextualizado, entregado a una redacción afín. Después, el titular: contundente, condenatorio, escrito en presente de indicativo como si la sentencia ya existiera. Y finalmente, el silencio: cuando los hechos no se sostienen, la rectificación aparece tarde, en letra pequeña y sin la misma energía. El daño ya está hecho. La imagen ya está destruida. La absolución, si llega, llega en voz baja.

El resultado es que la política ha abandonado el lugar donde debería hacerse. El Parlamento, que tendría que ser el espacio donde se confrontan las ideas y se toman las decisiones que afectan a la vida de la gente, se ha convertido en un circo romano: un espectáculo diseñado para agitar y entretener, mientras los movimientos reales se producen en los pasillos de los juzgados. Los ciudadanos, que deberíamos ser el centro y el fin de toda política, hemos pasado a ser espectadores de un combate que no elegimos y que nos resulta ajeno.

Lo más perverso del ‘lawfare’ no es lo que hace, sino lo que consigue que creamos. Nos instala en una lógica donde todo el mundo parece sospechoso, donde la presunción de inocencia suena a ingenuidad anticuada, y donde el debate político se dirime en los tribunales en lugar de en el terreno de las ideas. Y en ese escenario, quien controla los hilos judiciales y mediáticos siempre parte con ventaja.

Clausewitz también teorizó sobre la niebla de guerra: esa confusión permanente que impide distinguir con claridad lo que está ocurriendo de verdad. El ‘lawfare’ cultiva esa niebla con esmero. La alimenta cada mañana en los quioscos y cada noche en los telediarios. Porque una ciudadanía desorientada, que ya no sabe en quién confiar ni qué es verdad, es una ciudadanía más vulnerable y más fácil de conducir.

Pero las guerras tienen consecuencias para quienes las libran, no solo para quienes las padecemos. Cada juez que hace política desde el estrado, cada periodista que convierte una filtración en condena anticipada, cada empresario que pone su influencia al servicio de la operación, contrae una deuda con la democracia que tarde o temprano habrá que saldar. No en términos de revancha, sino de responsabilidad. Las instituciones que se dejan instrumentalizar pierden algo que no se recupera fácilmente: la confianza de la ciudadanía en que están al servicio de todos, y no solo de quienes en cada momento dan la orden.

La respuesta no puede ser simétrica. No se gana esta guerra jugando en el mismo terreno. Se gana haciendo exactamente lo contrario de lo que el ‘lawfare’ persigue: devolver la política a la gente, rescatar el debate público del lodazal judicial y mediático en el que lo han hundido. La pregunta que la ciudadanía deberíamos hacernos es cuánto estamos dispuestos a perder antes de exigir que la justicia vuelva a ser justicia y la política vuelva a ser política. Porque la niebla siempre acaba por disiparse. La pregunta es si cuando eso ocurra seguiremos reconociendo lo que hay detrás.

Hay una tentación que se instala en los momentos de desgaste político y que resulta tan peligrosa como cómoda: la de asumir que el próximo gobierno ya tiene nombre y apellidos antes de que nadie haya votado. Esa resignación anticipada, ese “ya se sabe cómo va a acabar esto”, no es lucidez ni realismo. Es el primer paso hacia la derrota.

Las fuerzas progresistas que han gobernado desde 2018, cuando una moción de censura devolvió la dignidad a unas instituciones capturadas por la corrupción, tienen por delante el tramo que falta de trabajo político imprescindible. No para sobrevivir. Sino para ganar.

Y para ganar, hay que salir de la trampa en la que la derecha lleva años intentando meter a todo el mundo: la del escándalo permanente, la del sumario filtrado, la del titular extraído de un folio judicial que nadie ha podido leer entero. Nunca antes la ciudadanía había vivido algo parecido a un 'minuto-resultado' de la justicia, donde la condena llega antes que el juicio oral y la presunción de inocencia se evapora en un tuit. Ese ruido ensordecedor no es información, es estrategia. Y la mejor respuesta no es el contraataque en ese mismo terreno, sino cambiar de conversación: volver a hablar de la gente, que es de lo que debería tratar la política y de lo que hace demasiado tiempo ha dejado de hacerlo.

Esa conversación tiene contenido concreto y abundante. Desde 2018 hasta hoy, España ha vivido transformaciones que hace apenas unos años habrían parecido imposibles. El salario mínimo ha subido más de un 60%, pasando de 735 euros a los 1.221 actuales. Se han aprobado leyes que amplían derechos para mujeres, para personas LGTBI, para las personas trabajadoras de plataformas digitales. Se ha regulado el alquiler. Se ha blindado la sanidad pública frente a los recortes. Durante la pandemia, el Estado estuvo donde la gente lo necesitaba, con ERTEs que salvaron millones de empleos.

Y cuando el mundo se puso más difícil, también se respondió. Frente a la inflación que golpeó los bolsillos de las familias, se desplegaron medidas de contención: la rebaja del IVA en alimentos básicos, las ayudas al transporte, los límites al precio del gas. Frente a las dificultades que las guerras en Ucrania y Oriente Medio generaron para las empresas y para el tejido productivo, se pusieron en pie apoyos para sostener el empleo y la actividad. Se acompañó a quien lo necesitaba, que es exactamente para lo que sirve un Estado.

Y mientras la derecha miraba hacia otro lado, o peor, mientras parte de ella tendía puentes de comprensión hacia quienes financian esas guerras o aplaudía en silencio a Netanyahu mientras Gaza ardía, el progresismo mantuvo una posición clara: no a la guerra, condena al genocidio, defensa del derecho internacional y de una paz que no puede construirse sobre cadáveres de civiles. No es una postura cómoda. Es la única postura decente.

Pero hay algo más profundo que las políticas concretas. Hay una diferencia de valores que merece nombrarse sin vergüenza. La derecha opera desde un instinto de preservación que podríamos llamar el síndrome del egoísmo: proteger lo propio, blindar lo que ya se tiene, mirar hacia adentro. Su proyecto no es injusto porque sea malvado. Es injusto porque es excluyente.

El progresismo parte de otro lugar. De la convicción de que una sociedad solo es justa cuando se mide por cómo trata a quien peor lo tiene. De que el mérito no puede ser el único argumento cuando el punto de partida no es el mismo para todas las personas. Que nadie debería quedarse atrás simplemente por haber nacido donde nació o en la familia que le tocó. Eso no es utopía. Es el mínimo que nos debemos como sociedad. Es, sencillamente, civilización.

La campaña no empieza en 2027. Empieza ahora, con una rendición de cuentas a la ciudadanía que devuelva la política a donde siempre debió estar: en lo que le importa a la gente, en lo que siente, en lo que vive cada día. Sin ruido, sin trincheras, sin espectáculo. La batalla no está perdida. Está, todavía, por librarse.

La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

El “No a la guerra” no es solo una consigna; es un símbolo profundamente arraigado en el imaginario social español. Desde las movilizaciones contra la invasión de Irak, en 2003, esa expresión condensa una ética cívica: el rechazo a la violencia como herramienta política y la defensa del derecho internacional. Entonces, millones de personas entendieron que no solo estaba en juego una guerra lejana, sino algo más profundo: los límites de lo que una democracia debe aceptar.

Hoy, ese debate sigue vigente, pero no solo en el terreno moral, sino también en el lenguaje. Porque las guerras no empiezan únicamente con misiles: empiezan con palabras. La forma en que se nombran los conflictos condiciona cómo los entendemos y qué estamos dispuestos a aceptar. Como bien explica George Lakoff, quien define el marco del debate define también la realidad política. Hablar de “intervenciones”, “operaciones de seguridad” o “respuestas defensivas” no es neutral; es una forma de suavizar, legitimar o desplazar responsabilidades.

La guerra de Irak es un ejemplo claro. Se construyó sobre una idea repetida hasta la saciedad: la existencia de “armas de destrucción masiva”. Aquella expresión no solo informaba, sino que creaba un marco de urgencia y amenaza que justificaba la intervención. Después se demostró que no era cierto, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, en el contexto de Irán, vemos dinámicas similares. Se habla de “ataques preventivos”, de “disuasión” o de “seguridad nacional”. Son términos que sugieren necesidad y defensa, incluso cuando lo que está en juego es una acción que vulnera la legalidad internacional. 

También en España se libra esta batalla por el lenguaje. El PP se mueve en la posición compleja de autodefinirse por oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Esa estrategia le lleva a adoptar posturas que, en ocasiones, recuerdan a la lógica de 2003: alineamiento con determinados aliados y apelaciones abstractas a la estabilidad, incluso cuando el consenso social es más crítico. Al mismo tiempo, el rechazo a medidas internas, como el decreto orientado a proteger a la ciudadanía, queda atrapado en una dinámica de confrontación que prioriza el desgaste político sobre el debate de fondo.

Vox refuerza ese marco con un lenguaje más directo y polarizador: “enemigos”, “amenazas” o “respuesta contundente”. Es un vocabulario que simplifica la realidad y facilita la aceptación de soluciones drásticas. Frente a ello, la izquierda insiste en términos como “derechos humanos”, “legalidad internacional” o “protección social”. No son solo diferencias ideológicas: son formas distintas de construir la realidad.

A este marco se añade el uso de los derechos de las mujeres en Irán como argumento moral de la derecha. El problema no es denunciar esas vulneraciones, que existen, sino utilizarlas de forma selectiva para justificar posiciones políticas o militares. Un ejemplo especialmente revelador es el uso del argumento feminista de Isabel Díaz Ayuso apelando a la situación de las mujeres iraníes para criticar posiciones contrarias a la intervención. Sin embargo, esa apelación plantea una contradicción evidente: los mismos actores políticos mantienen relaciones estrechas con países como Arabia Saudí o Qatar, donde los derechos de las mujeres también están seriamente limitados. Desde alianzas económicas hasta grandes eventos deportivos, el criterio parece variar según el contexto.

Como advierte Lakoff, los marcos no solo describen el mundo: lo moldean. Y cuando se utilizan de forma selectiva, distorsionan el debate público. Por eso el “No a la guerra” sigue siendo relevante. No como consigna automática, sino como ejercicio de memoria y de responsabilidad. Recordar Irak no es mirar al pasado, sino entender cómo se construyen los relatos que hacen posible una guerra.

Porque, en última instancia, las palabras no solo describen la realidad: marcan los límites de lo aceptable. Y cuando esos límites se difuminan, lo que se debilita no es solo el debate público, sino la propia democracia. Decir hoy “No a la guerra” es también decir “no” a la manipulación del lenguaje. Es exigir claridad, coherencia y responsabilidad. Y es, en definitiva, una forma de compromiso cívico con una idea sencilla, pero fundamental: que la paz también se defiende con palabras.

El debate abierto estos días por Gabriel Rufián y Emilio Delgado vuelve a situar sobre la mesa una cuestión decisiva: cómo debe organizarse la izquierda para no perder en un sistema electoral que penaliza la fragmentación y favorece la concentración del voto. El modelo español no es neutro. La circunscripción provincial y el reparto de escaños en cada territorio generan umbrales efectivos que, en muchas provincias pequeñas y medianas, hacen que dividir el espacio progresista se traduzca directamente en pérdida de representación. 

No basta con obtener un buen resultado global; importa cómo se distribuye el voto provincia a provincia. Además, el sistema de partidos obliga a concurrir con marcas definidas y listas cerradas en cada circunscripción. La competencia entre fuerzas afines, cuando no está coordinada, termina beneficiando a quienes concentran mejor su apoyo. Las reglas son conocidas: ignorarlas es un error estratégico.

En este contexto, hablar de “arraigo” exige precisión. El arraigo de la izquierda no reside exclusivamente en siglas concretas ni en liderazgos con fuerte identidad territorial. Reside en las necesidades reales de la gente en cada territorio, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Se construye donde hay precariedad laboral, donde el acceso a la vivienda es imposible, donde los servicios públicos sostienen la vida cotidiana. La hegemonía no se decide solo por quién encabeza una papeleta, sino por qué proyecto ofrece y con qué credibilidad lo hace.

El electorado progresista comparte un núcleo de valores reconocible. La solidaridad frente al egoísmo competitivo implica asumir que la sociedad es más que la suma de individuos y que los riesgos vitales deben afrontarse colectivamente. La justicia social frente a un liberalismo que convierte derechos en mercancías significa defender que la sanidad, la educación o la dependencia no pueden depender del poder adquisitivo. Y la igualdad de oportunidades va más allá del mantra de la meritocracia: competir en igualdad requiere corregir desigualdades de origen, no limitarse a premiar a quien ya parte con ventaja.

La cuestión de fondo es si los partidos están dispuestos a actuar en consecuencia. ¿Serán capaces de anteponer el objetivo común a los cálculos internos? ¿Habrá generosidad para evitar el paracaidismo de candidatos desconectados del territorio? ¿Podrán las direcciones entender que, en determinadas provincias, la mejor fórmula no siempre coincide con el interés orgánico inmediato?

La izquierda social está más unida de lo que a veces parece. Comparte expectativas claras: un Gobierno que responda a los retos actuales (vivienda, transición ecológica justa, reindustrialización, cohesión territorial) y que frene el avance de la ultraderecha sin resignarse a gestionar inercias. No reclama uniformidad, sino resultados tangibles y una línea clara de actuación.

Superar el ciclo de fragmentación exige un plan de unidad realista, ajustado a las reglas del sistema electoral y centrado en propuestas concretas. Gobernar no es prometer un futuro abstracto, sino mejorar el presente. La pluralidad puede ser una fortaleza si se convierte en cooperación estratégica. Si no, se transformará en una desventaja estructural.

Las normas del juego no van a cambiar a corto plazo. La responsabilidad política consiste en entenderlas y actuar con inteligencia colectiva. Porque, en un escenario competitivo y polarizado, dividirse no es una expresión de identidad: es, sencillamente, abrir la puerta a la derrota.

La comunicación nunca es neutral, pero en tiempos de polarización se vuelve abiertamente estratégica. El debate público actual demuestra que la batalla cultural en torno al feminismo no se está librando solo en el terreno de las leyes o las políticas públicas, sino, sobre todo, en el plano de la retórica: en las palabras que se eligen, los silencios que se imponen y los marcos desde los que se invita a interpretar los hechos.

Las recientes reacciones políticas y mediáticas ante denuncias de violencia sexual que afectan a figuras públicas lo evidencian con claridad. Más allá de los casos concretos, emerge un patrón discursivo que desplaza el foco desde los derechos de las mujeres hacia la sospecha, la ironía o el descrédito del propio feminismo. Declaraciones como las realizadas por Isabel Díaz Ayuso en relación con la denuncia vinculada a Julio Iglesias no son el centro del problema, sino un síntoma de una estrategia más amplia: construir un marco en el que el feminismo aparece como exagerado, inquisitorial o injusto.

La retórica es poder. Cuando se trivializan las denuncias, se ridiculiza el lenguaje feminista o se presentan los avances en igualdad como un exceso, no se está opinando inocentemente: se está moldeando el sentido común. Estos marcos discursivos buscan invertir la carga simbólica, convertir a quienes denuncian en sospechosas y a los privilegiados en víctimas de una supuesta “deriva ideológica”.

El debate público actual demuestra que la batalla cultural en torno al feminismo no se está librando solo en el terreno de las leyes o las políticas públicas, sino, sobre todo, en el plano de la retórica: en las palabras que se eligen, los silencios que se imponen y los marcos desde los que se invita a interpretar los hechos

Frente a esta ofensiva, la comunicación con propósito es una herramienta indispensable. Romper el marco no significa reaccionar desde la indignación, sino disputar el relato con precisión y conciencia. El lenguaje no sexista no es una imposición ni una moda, sino una estrategia para nombrar la realidad con rigor, visibilizar las desigualdades estructurales y evitar la violencia simbólica que opera cuando se cuestiona sistemáticamente la credibilidad de las mujeres.

Ganar la batalla cultural implica comprender que cada palabra importa. No basta con tener razón: hay que saber comunicarla. Defender el feminismo hoy exige intervenir en el plano retórico, desmontar marcos hostiles y construir narrativas que anclen la igualdad en los derechos humanos y en los valores democráticos. En un escenario de ruido y polarización, comunicar con conciencia no es solo una responsabilidad política: es una forma de resistencia.

El debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) suele reducirse, demasiadas veces, a una cuestión de coches: a favor o en contra, derecho individual frente a imposición institucional. Sin embargo, ésta no es la pregunta relevante. La verdadera cuestión es mucho más básica: ¿tenemos derecho a respirar un aire limpio en nuestras ciudades? La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera un derecho fundamental y alerta de que, en España, la contaminación provoca cada año miles de muertes prematuras y agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La infancia es especialmente vulnerable, y los entornos escolares siguen estando rodeados, en demasiados casos, de tráfico intenso y humos tóxicos.

En Euskadi, la implantación de las ZBE avanza a diferentes velocidades, generando desigualdades que afectan directamente a la salud. Bilbao es la ciudad que ha dado los pasos más firmes. Su plan de ZBE incorpora restricciones progresivas a los vehículos más contaminantes, mejora del transporte público y medidas de peatonalización que comienzan a transformar barrios enteros. Vitoria-Gasteiz, referente internacional en sostenibilidad urbana, está siendo sorprendentemente lenta en aplicar su ZBE, atrapada entre presiones comerciales y falta de consenso político. Donostia, por su parte, mantiene una estrategia aún demasiado tímida. Su ZBE es limitada y de escaso impacto real, lo que dificulta una mejora sustancial de la calidad del aire.

No estamos hablando de un detalle técnico. Esta disparidad significa que la posibilidad de respirar un aire más limpio depende hoy del código postal. Y no debería ser así. La salud de la ciudadanía no puede estar condicionada por decisiones políticas que se posponen por miedo al coste electoral. En esta línea, el Ararteko, en su recomendación general 1/2024, ha recordado a las instituciones vascas que no basta con cumplir formalidades. Urge aprobar cuanto antes los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y las ZBE, adaptarlos a la legislación de cambio climático y delimitar áreas con suficiente superficie y ambición para responder a la emergencia climática. Además, el defensor del pueblo vasco exige fijar plazos claros, incluir zonas de especial sensibilidad como entornos escolares y barrios residenciales, y regular también las ZBE en municipios menores de 50.000 habitantes, donde la calidad del aire no siempre es mejor.

En este contexto, el trabajo de Clean Cities está siendo fundamental. Esta red de entidades sociales, ecologistas y de salud pública, entre ellas Ecologistas en Acción, Ecodes, ConBici, ISGlobal, Salud por Derecho o la Red de Ciudades que Caminan, lleva años defendiendo que la transformación urbana no sólo es posible, sino rentable social y económicamente. Han puesto en la agenda pública datos sobre los efectos de la contaminación en la salud, han movilizado a vecinas y vecinos para reclamar entornos escolares seguros y han exigido que las ZBE no sean meros anuncios sin impacto real.

El Ararteko coincide también con esta visión al insistir en la necesidad de transparencia y participación ciudadana. Sus recomendaciones incluyen garantizar el acceso a toda la información pública sobre los PMUS y las ZBE y abrir procesos de participación vecinal en su tramitación. No se trata sólo de cumplir la ley, sino de construir ciudades donde la ciudadanía se sienta parte activa de la solución.

Las ciudades vascas tienen ahora una oportunidad histórica. No se trata de librar una guerra cultural contra el coche, sino de asumir un acto de responsabilidad colectiva

Gracias a este trabajo colectivo y a la presión social, ciudades como Bilbao, Barakaldo o Irún han dado pasos valientes para reducir el tráfico motorizado y devolver espacio público a peatones y ciclistas. Clean Cities no se limita a denunciar: propone soluciones basadas en la evidencia científica y en la experiencia de ciudades europeas que ya han demostrado que reducir coches mejora de forma inmediata la calidad del aire, la salud y, en definitiva, el bienestar y calidad de vida de las personas.

La evidencia científica es incontestable. Menos tráfico y menos vehículos contaminantes significan más salud y mejor calidad de vida. Posponer las ZBE o aplicarlas de forma simbólica no es neutral: equivale a mantener niveles de contaminación que enferman y matan.

Las ciudades vascas tienen ahora una oportunidad histórica. No se trata de librar una guerra cultural contra el coche, sino de asumir un acto de responsabilidad colectiva. Como recuerdan desde Clean Cities, apostar por calles más seguras, tranquilas y saludables no quita calidad de vida, la multiplica. El Ararteko también ha sido claro: no podemos permitirnos seguir esperando. Regular las ZBE con ambición y transparencia es, además de una obligación legal, una cuestión de justicia. Respirar aire limpio no es un privilegio. Es un derecho.

Vivimos en una época donde la palabra seguridad se ha vaciado de contenido o, peor aún, se ha reducido a una narrativa estrecha centrada exclusivamente en la protección frente al “otro”: la delincuencia, el extranjero, la disidencia. Pero, ¿y si resignificáramos la seguridad desde una óptica más humana, más amplia y más urgente?

“Herramientas y Narrativas climáticas para desarmar la guerra cultural en materia de transporte y movilidad sostenible” plantea un desafío crucial: construir una nueva hegemonía discursiva en torno a la movilidad sostenible y el cambio climático, centrada en el derecho a la ciudad y la seguridad en términos de salud pública. Este giro conceptual no solo es necesario, sino inevitable si queremos responder a la verdadera amenaza que enfrentamos: un colapso ambiental que ya está deteriorando nuestra calidad de vida.

Más de 30.000 muertes prematuras al año en España están relacionadas con la contaminación del aire. Esta tragedia no ocupa titulares con la frecuencia que merece, pero sus víctimas están entre nosotros: niños y niñas con problemas respiratorios, personas mayores que no pueden salir a caminar, trabajadores atrapados horas en desplazamientos insalubres. Y, sin embargo, seguimos atrapados en una lógica que prioriza la “libertad” de usar el coche frente al derecho colectivo a respirar aire limpio. Esa “libertad” —negativa, individualista, excluyente— está siendo exaltada a costa del bienestar colectivo. La libertad no puede seguir siendo el privilegio de contaminar sin consecuencias. Debe ser resignificada como la posibilidad de vivir en entornos seguros, accesibles, limpios y equitativos.

El cambio de narrativa que propone la investigación realizada por Konekta Comunicación, no se basa en imposiciones, sino en la construcción de sentido común. Propone hablar de escuelas libres de tráfico, de ciudades saludables y de igualdad de acceso a la movilidad. Se trata de devolverle contenido a conceptos vaciados: que seguridad signifique que nuestros hijos e hijas no respiren partículas contaminantes que ni vemos ni olemos ni podemos palpar, que las personas mayores puedan caminar sin miedo a ser atropelladas, que quienes viven en barrios periféricos no tarden el doble en llegar al hospital o al trabajo.

Es cierto que políticas como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han sido percibidas como punitivas o elitistas. Y ese es un llamado de atención legítimo: la sostenibilidad no puede imponerse desde arriba sin tener en cuenta la desigualdad. Pero el error no está en la política ambiental en sí, sino en la falta de una narrativa que la haga comprensible, cercana y justa. Lo que falta es pedagogía, participación y voluntad de traducir los beneficios comunes de manera tangible y cotidiana.

La bicicleta, en este sentido, es una oportunidad para resignificar no solo cómo nos movemos, sino cómo vivimos. Es una herramienta concreta para hablar de seguridad en términos reales: evitar enfermedades, reducir el estrés urbano, fortalecer comunidades. Y también es una forma accesible y democrática de ejercer el derecho a la ciudad.

Hoy, resignificar la seguridad no es un gesto semántico, es un acto político. Es declarar que no hay libertad sin aire limpio, que no hay equidad sin transporte público digno, que no hay futuro sin salud ambiental. La lucha contra la crisis climática no será ganada solo en cumbres internacionales, sino en las aceras, en los carriles bici, en las conversaciones cotidianas. Y para ello, necesitamos una nueva forma de contar esta historia.

Porque la verdadera seguridad, hoy, no es la que se mide en cámaras de vigilancia o número de policías, sino la que garantiza que unos progenitores puedan llevar a su hijo o hija al colegio sin temer por su salud. Es hora de desarmar viejas narrativas para construir otras que nos protejan de verdad.

“Ser científico es ser un ingenuo. Nos obcecamos tanto en discutir la verdad que olvidamos que muy pocos quieran que lo hagamos. Pero la verdad siempre está ahí, la veamos o no, la elijamos o no.

A la verdad no le importa lo que necesitamos, no le importan los gobiernos, ni las ideologías, ni las religiones… (La verdad) nos esperará eternamente, y este es le regalo de Chernóbil. Antes tenía el precio de la verdad, ahora solo me pregunto, cuál es el precio de la mentira“.

Este es el legado que Valery Legasov, científico que participó en la comisión de investigación del accidente de Chernóbil, dejó antes de suicidarse dos años después del desastre nuclear.

Los cerca de 50.000 habitantes de Prípiat, la población situada a solo tres kilómetros de la planta, fueron evacuados 36 horas después del accidente. Durante las siguientes semanas se procedió a la evacuación de 67.000 personas que vivían en todo el perímetro contaminado y los efectos de la radiación. Los efectos psicológicos derivados del accidente siguen haciendo estragos 38 años después provocando numerosos casos de suicidio, problemas de alcoholismo y casos de depresión.

El 26 de abril de 1986 se priorizó ocultar la tragedia frente a alertar a una población que en muchos casos desconocía la existencia de una central nuclear junto a sus casas y mucho más el impacto y dimensión de la tragedia.

Los bulos, la desinformación, las mentiras son hoy un arma que nos deja desprotegidos como sociedad ante una catástrofe. Son elementos que pretenden distorsionar la realidad para priorizar intereses partidistas y que dejan a la población indefensa y sin capacidad para poder tomar decisiones dirigidas a la prevención.

La emergencia climática es una evidencia científica, una verdad que la ciencia lleva años discutiendo y alertando. Sin embargo, no es una alerta que suene en nuestros móviles.

Al contario, vivimos enganchados a nuestros dispositivos, mirando videos en Instagram o leyendo menajes que nos llegan por WhatsApp sin ser consientes de que en ellos se libra una batalla, una guerra cultural polarizante en un tema como es la crisis climática. Una crisis que al igual que una enfermedad nos afecta a todas las personas por igual y que sin embargo algunos han decidido que prefieren mantenerlo como caballo de batalla pese a que eso suponga desproteger a la sociedad.

Que el pasado 29 de octubre la alerta por DANA no sonara a tiempo en los teléfonos de los 1,8 millones de personas de los 75 municipios afectados en la provincia de Valencia, no solo está sujeta a la incompetencia declarada de sus gobernantes. Tiene que ver con esa disonancia cognitiva que sufren quienes de repente tienen que aceptar que el cambio climático es una verdad que está ahí y que no se puede tapar.

El precio de la mentira tiene nombres y apellidos, pero también constata que no tomar medidas ante las consecuencias del cambio climático pone en riesgo la seguridad de las personas. Nadie puede negar ya la existencia de la crisis climática, no porque esa verdad nos la cuente la ciencia, sino porque no hay nada más empírico que sufrirlo en nuestras propias carnes.

Los gases de efecto invernadero son los principales causantes del calentamiento y los automóviles a motor generan el 60% de esa contaminación. No los vemos, no los sentimos y pocas veces los olemos, pero como la verdad, están ahí y no hacer nada nos desprotege. Porque las mentiras no nos aseguran la salud, nos desprotegen y generan desigualdad entre iguales.

Ahora sólo necesitamos que quienes gobiernan sepan tomar medidas que protejan nuestra salud, nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro campo, nuestra economía… porque en esta guerra todas las personas estamos en el mismo bando y nuestra principal amenaza es la inseguridad climática.

Queridos lectores, para quienes no les suene este inicio, no se preocupen. Para los que sí, no se asusten, seguimos en la Euskadi del siglo XXI pese a que las apariencias nos sitúen en el siglo pasado. Las últimas noticias son ciertas, ayer se nombró al último diamante de la temporada: el señor Pradales fue proclamado lehendakari y su pareja de baile tal y como se venía rumoreando, será el Partido Socialista de Euskadi, que dotará a la corte del Gobierno vasco de un importante cortejo.

La elección del octavo diamante tuvo lugar como siempre en el salón del pleno del Parlamento Vasco presidido por su máxima mandataria Bakatxo Tejeria, que momentos antes de la elección de Imanol Pradales ya se mostraba eufórica con exclamaciones no muy usuales en la corte. El baile fue aburrido, todos los pasos estaban medidos y ya de antemano se sabía que el señor Pello Otxandiano no conseguiría pareja capaz de hacerle salir triunfante del baile.

Al margen de hacer efectivo el nombramiento del diamante de esta temporada, me pregunto cuánto pude interesar a estos lectores que les cuente los detalles más sórdidos del baile, aparte de mencionar algún pisotón que otro. Pero quien escribe quiere destacar la gran afluencia a este baile de mujeres y jóvenes que sentados en los escaños del gran salón se mostraban poco interpelados. Este incomparable reparto, más afín a la Euskadi actual que en anteriores temporadas, tiene visos de poder ofrecer a la sociedad debates y conversaciones que interesen más a mujeres y a jóvenes y lograr que el murmullo y la conversación pública se desarrolle en torno a temas que importan a esta parte de la sociedad.

Sin embargo, querido lector y lectora, no les puedo asegurar que las mil medidas ofertadas por el diamante pongan solución a las necesidades del día a día de esta parte de la sociedad, porque si lo que importa es el prestigio de las cosas y no la dignidad de las personas, el baile seguirá siendo soso, aburrido y no abordará los problemas de la sociedad vasca. Porque no me digan ustedes que devolver el prestigio a Osakidetza no pasa por devolver la dignidad a los y las profesionales de la atención primaria para que, aparte de dotarles de recursos, les doten del aura necesaria para lograr respeto social y para que quienes opten al MIR vean su futuro apostando por la prevención y no por generar un sistema de enfermos que sanar. Y es que quien les escribe lo hace desde la habitación de un hospital y estos días llegan a mis oídos quejas y lamentos y no solo desde boca de quienes permanecen en cama.

Todas las temporadas cuentan con el mismo patrón, el de las intenciones que acaban en saco roto y son enmendadas campaña tras campaña. Al diamante de esta nueva temporada, al señor Imanol Pradales, le sobraron minutos para exponer sus políticas porque al parecer no daba más de sí el programa de gobierno que debía explicar. Ojalá esta temporada sí haya tiempo para actualizar el estatuto a los tiempos que corren y no acabemos pareciéndonos a la familia Bridgerton.

Pero la pregunta que ronda es la de si el debutante podrá brillar con intensidad mientras las familias sufren dificultades o la juventud no logra emanciparse a cuenta del precio de la vivienda y la precariedad de sus salarios. Mientras la soledad sigue siendo una pandemia para nuestros mayores y la salud mental una epidemia peligrosa con una sanidad que responde más a un negocio privado que a un servicio público. Mientras no se apuesta de manera definitiva por una transición ecológica justa en lo económico y en lo social y no se deja de poner excusas para descarbonizar la industria y el transporte e intentar parar y mitigar los efectos de la crisis climática. O mientras Euskadi no logra ser una sociedad feminista o más igualitaria entre mujeres y hombres sin violencia machista, sin brechas salariales y con más mujeres en cargos de responsabilidad.

Por de pronto, a esta que escribe le llega que también será varón la persona designada como 'número dos' del Ejecutivo y que, por de pronto, se esperan obras para dar cabida a todo el Gobierno que supera en dos el número los asientos disponibles en el salón para el próximo baile. Baile que no se celebrará hasta después del verano, por lo que solo queda desearles un feliz descanso. 

El otro día escuchaba como la llamada 'generación z' es más permeable a llevar a cabo conductas de riesgo para su salud, porque sus efectos nocivos se producen con el tiempo y perciben que está lejos de producirse. Esa lejanía es la causa por la cual las cosas dejan de preocuparnos o nos preocupan en menor medida. Me explico: no nos afecta de igual manera los efectos que un fenómeno extremo pueda provocar en India, en el sur de Francia o en nuestro municipio. La emocionalidad e interés aumenta en las personas a medida que el acontecimiento se desarrolla más cerca de sus vidas.

Y esto es más o menos lo que sucede con la percepción que se tiene de las instituciones públicas. El interés y conocimiento que la ciudadanía tiene de ellas es directamente proporcional a su cercanía y esto se traduce en una mayor participación en los comicios para elegir a sus gobernantes. Es por tanto habitual, ver cómo el electorado se vuelca en las elecciones para elegir a su alcalde o alcaldesa, pero se vuelve más apática cuando se trata de elegir un Parlamento cuya sede está a más de 1.000 kilómetros.

Pero esa lejanía se acorta cuando lo que se decide en ese Parlamento (el europeo) son políticas en materias que afectan a nuestras vidas como es el cambio climático. Y es que el próximo Parlamento que salga elegido este 9 de junio será el último con capacidad real para desarrollar políticas capaces de mitigar los perores efectos de la crisis climática, las sequías o los fenómenos meteorológicos extremos.

Que olas de calor, inundaciones o incendios afecten a nuestro día a día pone de manifiesto la necesidad de políticas para luchar contra el cambio climático y de medidas para mitigar los efectos de éste. El calentamiento global ya no es aquel oso polar que veíamos flotar a la deriva sobre un cascote de hielo en la Antártida, a miles de kilómetros; el cambio climático lo padecemos todas.

Y digo todas porque nuestro continente (el europeo) es el que más rápido se calienta y el número de muertes relacionadas con las altas temperaturas se ha incrementado un 30% en lo que llevamos de siglo y según la revista científica 'Nature', el 63% de esas personas fallecidas en 2022 fueron mujeres. Pero si lo queremos ver de más cerca, España es el segundo país de Europa con mayor número de muertes atribuibles al calor y en las cuales además del género, la clase social es también un factor determinante: la inseguridad alimentaria se ceba con las familias con menos recursos y las zonas más pobres son las más afectadas por incendios.

El cambio climático es una realidad que tenemos encima y es necesario que la Unión Europea siga liderando políticas climáticas y que se aborden soluciones consensuadas para protegernos de los riesgos que el clima tiene para la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Porque hay que recordar que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la inacción climática viola los derechos humanos de los ciudadanos, pero en mayor medida el de las ciudadanas, y por eso es vital que el 9 de junio, votemos las europeas, porque no hay ni más tiempo ni más distancia que recorrer.

Tal vez, vivir en campaña permanente nos hace insensibles al período electoral en el que nos encontramos. La ciudadanía, vacunada contra el ruido mediático generado por la polarización política que sufrimos, transita inmunizada a los mensajes trabajados en el seno de los partidos políticos que el 21 de abril optan a diferentes objetivos electorales.

La escasa pulsión electoral que sobrevuela el electorado vasco hace que la campaña electoral tome relevancia y que los partidos políticos lo apuesten todo a la última semana de campaña conocedores de que una bolsa importante de electores decidirá su voto casi a pie de urna.

El escaso nivel de conocimiento de los principales candidatos, junto con el escaso carisma de quienes los acompañan en la contienda electoral, provoca una campaña centrada en las siglas de los partidos con marcado carácter territorial. Y, en este contexto, ¿cómo se venden los partidos?

Comencemos por quien parte como novedad en unas elecciones al Parlamento Vasco, la candidatura de Sumar. Si bien es identificada por su líder Yolanda Díaz, en Euskadi la encabeza una gran desconocida, pero apoyada por IU-Ezker Anitza o Equo Berdeak, partidos con dilatada experiencia institucional en Euskadi. El fondo blanco ayuda a centrar la mirada en la marca a la que acompañan elementos que parecen ser extractos de la ikurriña y que 'vasquizan' el proyecto que quiere ocupar un espacio político huérfano ahora y lograr una “Euskadi berria”.

Sin embargo, el rosa fucsia de Sumar tiene a su derecha un PSE-EE decidido a que Euskadi siga instalado en políticas estancadas. Al partido socialista le hace falta un pepito grillo en su hombro izquierdo que impulse políticas progresistas, tal y como lo demuestra el Gobierno de coalición de España. En Euskadi, sin embargo, deja claro que se siente más cómodo gobernando con la derecha vasca. Y es que el rojo socialista no falla, pero ya no se identifica con políticas de izquierdas. Su eslogan lo deja claro, son “quienes deciden” y ya han decidido.

A Imanol Pradales no le basta con el apoyo explícito de los socialistas vascos. La pérdida continuada de votos en las últimas elecciones lastra una campaña centrada en unas siglas desgastadas por la gestión del PNV de los últimos años y con una desmovilización en las filas 'jeltzales' desconocida hasta la fecha y con poca experiencia en campañas de movilización. Ser una “fuerza nueva” evoca más al pasado que a un futuro de bienestar por construir. Las franjas rojas y verdes son elementos que históricamente han acompañado a las siglas del partido, pero han dejado demasiado solo a un candidato vendido al PSE-EE y en una carrera de fondo con Pello Otxandiano. Ambos, Pradales y Otxandiano, rivalizan por quedar primeros el 21 de abril en la crónica de un Gobierno anunciado. Porque piensen lo que piensen los y las votantes del PSE-EE, Eneko Andueza ya ha decidido y, pase lo que pase, gobernará el PNV.

Una de las principales premisas en campaña, si los datos te son favorables, es no 'meter la pata'. EH Bildu es sabedor de ello y de que sus siglas cotizan al alza tras los resultados en las contiendas electorales de 2023. Por eso, han decidido pasar de puntillas en esta campaña. Sin estridencias. Y para eso, qué mejor candidato que Otxandiano, discreto y agazapado tras unas gafas que ocultan al menos una timidez implícita. Esta discreción se ha trasladado al cartel en el que candidatos y candidatas se mantienen en un segundo plano dando el protagonismo al estruendoso verde de su marca.

“El cambio es ahora”, eslogan elegido por EH Bildu roza el utilizado por un Podemos que en 2015 situado en la cresta de ola pretendía asaltar las instituciones y que ahora Arnaldo Otegi rescata para alcanzar el cielo vasco. Mientras, los de azul, el Partido Popular, acostumbrados a centrar la batalla en relatos 'madrileños', sufren una campaña territorializada con la vivienda y la salud como ejes. No caben 'ayusadas' en una “Euskadi abierta” que nos tendrán que explicar a quién o a qué.

Y en esta ensalada de colores y eslóganes estamos las vascas y los vascos a la espera de pasar el trago y que el 22 de abril nos encontremos con que nada haya cambiado y, por tanto, no logremos tener una Euskadi nueva, porque quien decide ha decidido que el bienestar en Euskadi continúe en construcción 'in saecula saeculorum'.

La noche del 23J ha sido una noche intensa. De nervios. Era patente el interés que despertaban estas elecciones en quienes defendemos los derechos de las mujeres, de quienes pensamos que la crisis climática o la transición ecológica son retos de país y de quienes apoyamos toda medida dirigida a mejorar la vida de los y las trabajadoras, de los y las jóvenes o de nuestros mayores. Es un interés que pasa por defender a una mayoría social que ha demostrado querer un futuro mejor con un Gobierno progresista.

El resultado de ayer lo deja claro, la ciudadanía no quiere un Gobierno “facha”. Las mujeres, las personas LGTBI y los y las jóvenes quieren un Gobierno progresista. Ahora el balón está en quienes conforman el arco parlamentario y rechazan tener a Alberto Feijóo en La Moncloa, porque si Pedro Sánchez no consigue suficientes apoyos en su investidura, habrá repetición electoral. Y es que a pesar de que salten, bailen y griten eslóganes ofensivos en Génova, lo que se consiguió el 23J es que no vaya a haber un Gobierno de retroceso, un Gobierno de recortes, un Gobierno de censuras y mentiras del Partido Popular y Vox. Feijóo nos ha dejado algunas enseñanzas, como que las mentiras tienen patas cortas o que ganar unas elecciones no implica gobernar, con ejemplos como los de Extremadura, Gipuzkoa o Vitoria-Gasteiz.

Ayer se votó progreso, y votamos por haber logrado que las mentiras y los bulos no puedan gobernar nuestras vidas y que a pesar de lo que los sondeos auguraban apenas hace un mes se ha conseguido una remontada ante la derrota moral a la que la derecha ha querido someter a todas las personas que ayer salieron a votar sin miedo y con esperanza. 3.008.887 personas han confiado en Sumar, 127.031 en Euskadi. Vascos y vascas salieron a votar este 23 de julio para que Yolanda Díaz esté en un Gobierno que cuide de la gente y rechazar cualquier Gobierno con la extrema derecha y con Santiago Abascal de vicepresidente.

Euskadi lo ha dejado claro, la victoria de PSE-EE, junto con los resultados de PNV y EH Bildu, certifican la apuesta de la ciudadanía vasca por la reedición de la mayoría que ha sostenido a la coalición progresista de la que Sumar ha sido parte fundamental esta legislatura. En estas elecciones, Sumar aspiraba al menos a repetir los resultados de las elecciones de 2019 con un representante en cada territorio. Y no se ha conseguido.

No se ha logrado llegar a quienes en 2019 confiaron en las formaciones que hoy conforman Sumar y mucho menos en quienes las apoyaron en 2015. Sin embargo, son casi 70.000 votos más los que se consiguen respecto a las elecciones municipales del pasado mayo. Por eso, hay que ponerse a trabajar desde hoy mismo para recuperar ese apoyo. Es necesario volver a ilusionar haciendo realidad todo aquello que hemos dicho durante la campaña electoral. Éstas han sido las primeras elecciones de Sumar, un proyecto de mirada larga y que será clave para afrontar los retos que vienen.

También en Euskadi. El espacio de Sumar está en transformación y las personas y formaciones que lo conformamos estamos dispuestas a consolidar este espacio político llamado a ser determinante en Euskadi, como ya lo es en el estado trabajando por mejorar la vida de las personas y que todas ellas puedan dormir mejor.

Está siendo un 'día de después' de infarto. Y ya no por los resultados de las elecciones municipales y forales. Pedro Sánchez acaba de devolvernos a campaña electoral con un adelanto que nadie esperaba.

Los resultados obtenidos por los partidos que conforman el Gobierno de coalición, junto con el aumento de la abstención, dan señales evidentes y Sánchez adelanta las elecciones con un socio de Gobierno que desaparece y con una Yolanda Díaz con poco tiempo para negociar la coalición y las listas de Sumar.

Probablemente Sánchez ha medido y le salen las cuentas centrado en el bipartidismo y con un PP más Vox que no suman suficiente. Lo que me pregunto es si alguien ha hecho alguna lectura correcta de lo que significa que la abstención sea quien obtiene los mejores resultados con una tendencia creciente.

En el día de después, se escucha a los diferentes responsables de las diferentes formaciones culpar de su fracaso a la abstención como si se tratase de un monstruo que cada cita electoral sale del armario a tragarse a los y las votantes. La abstención es el resultado de la incapacidad de movilizar principalmente a jóvenes, mujeres y personas de la llamada clase baja que son quienes concentran, en mayor medida, ese 40% de potenciales votantes que optan por no votar.

En esa parálisis, EH Bildu ha sido la única formación que ha sumado votos. También en Vitoria-Gasteiz, donde partidos como Elkarrekin se desangran y donde el PNV recibe un castigo importante. No ha ocurrido sólo en la capital de Euskadi. Ahora el trabajo se centra en los despachos donde los diferentes dirigentes tendrán que trazar sus estrategias sabiendo que en dos meses se vuelve a las urnas y vamos a ver qué peso tiene esto en las decisiones que se tomen antes del 17 de junio, día en la que se constituyen los ayuntamientos.

Los resultados señalan un cambio de ciclo político claro que da la oportunidad a la generación de nuevas alianzas. El análisis en las primeras horas de la mañana podía ser uno, pero el anuncio del adelanto electoral genera otros marcos a tener en cuenta.

El Partido Popular ha anunciado por boca de sus diferentes portavoces que no va a permitir que gobierne EH Bildu y, en Vitoria-Gasteiz, eso supone darle la alcaldía a una candidata socialista. Es un PP cuyo eslogan era “Cambio” dispuesto ahora a que nada cambie y vuelvan a ser el tándem de PNV y PSE-EE quienes gobiernen en minoría la 'green capital'. Y a la vez, un PSE-EE que en 2015 se negó a entrar en la estrategia de evitar que gobernara la lista más votada queda ahora señalado por sus opciones para impedirlo.

Veremos también qué movimientos se dan estas próximas semanas, una vez que la disolución de las Cortes coge a pie cambiado a un PNV herido, con una reflexión importante que hacer y con una renovación generacional pendiente. Mientras, Arnaldo Otegi ya ha iniciado contactos para conformar alternativas progresistas en Euskadi, justo lo que el 23 de julio se juega en España y también en Europa, donde un Gobierno de Feijóo y Abascal dejaría sin apoyo las políticas climáticas en un momento donde las sequías y las inundaciones nos alertan de que no hay margen para no alinearnos con lo que expertos y expertas están advirtiendo.

El todo o nada de Sánchez es un órdago al futuro. Por eso, quienes hoy se esconden tras el monstruo de la abstención deben salir a derrocarlo. Y para ello, es importante interpelar a los y las más jóvenes, a quienes están engullidos por el monstruo de la abstención y que deberían tener un futuro por delante y no ser presa de otros monstruos como el de la crisis climática.

En periodo electoral, la ciudadanía vemos cómo se nos divide en grupos más o menos homogéneos en relación a la intención de voto (convencidos, abstencionistas, votantes primerizos, …), o en clave geográfica (por municipio o barrio) o en términos demográficos (edad, género, estado civil, nivel de estudios, …). Todo con el fin de fijar prioridades en el plan de campaña y definir un mensaje que se ajuste a nuestros intereses para elaborar estrategias basadas en las emociones. Porque si existe algo irracional, eso es el voto electoral. Se vota más con las tripas o el corazón que con la cabeza.

La campaña se inició con un mensaje central en clave de primera vuelta de las elecciones generales. Discursos y anuncios en torno a políticas públicas que se escapaban del ámbito competencial municipal y foral y pulsos entre formaciones para mostrar quién es más útil “en Madrid”. Cuando la campaña bajó al mensaje local, a los que se ha venido llamando “las cosas del comer”, Covite denunció que 44 integrantes de las candidaturas de EH Bildu para las elecciones forales y municipales en Euskadi y Navarra habían sido condenados por pertenencia y colaboración con ETA.

Sin embargo, una vez anunciado que los siete candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre renunciaban a tomar el acta si resultasen elegidos, y pese al esfuerzo de algunos y algunas candidatas por centrar la campaña en el mensaje más local, se mantiene el ruido proveniente desde quien quiere convertir estas elecciones en un plebiscito a Pedro Sánchez.

Y es que, en mitad de campaña, se mantiene el ruido generado por elementos trumpistas como Díaz Ayuso, que no permite que la ciudadanía escuche lo que de verdad importa, propuestas y soluciones a problemas en ámbitos tan dispares como la movilidad, el urbanismo, la dependencia, la fiscalidad o la mitigación de los efectos del cambio climático. Ya no es el algoritmo quien colapsa la conversación pública, sino el incesante ruido que genera quienes no tienen nada que ofrecer.

Tengo dudas de que una campaña electoral a estas alturas sea capaz de movilizar una abstención que las encuestas fijan en torno al 40%. No se esperan, por tanto, y a pesar de ruido, que vayan a darse demasiados cambios más allá de los trasvases de votos dentro de los mismos bloques (derecha-izquierda). Pero, tal vez, esto sea suficiente para que la foto que ofrecen los últimos sondeos salga movida en Vitoria-Gasteiz.

Solo a partir del próximo domingo veremos qué tiene más peso en el electorado gasteiztarra, si mirar al futuro o amar la ciudad que una o uno quiere. Si bien los eslóganes pretenden llegar al corazón, a las emociones del electorado, el cartel se ha convertido en un elemento simbólico que apenas tiene presencia en la sociedad de la información donde las redes sociales echan humo estos días. Partidos políticos de todos los colores lo confieren todo al algoritmo y Twitter, Instagram y TikTok llenan el universo digital de videos publicitarios, entrevistas y mítines.

Yo, que soy una nostálgica, sigo observando los carteles con el ánimo de que me cuenten qué hay detrás. Y observo que el uso del primer plano de la candidata, el fondo blanco y el verde como color principal son los elementos comunes en los carteles de PNV y EH Bildu. Yo les agradezco el uso del blanco, primero porque permite relajar la vista en un momento de caos visual y narrativas surrealistas y, porque deja volar la imaginación de quien lo observa, permitiendo crear ese marco o contexto donde situar a la candidata. Y el verde es un color que transmite serenidad, estabilidad y equilibrio.

Así que las dos candidatas en liza para alcanzar la alcaldía de Vitoria-Gasteiz coinciden en la estrategia visual. Sin embargo, es el PSE-EE quien puede ofrecer la gobernabilidad a izquierda y a derecha.

En tiempos de saturación, el uso de su color corporativo le puede jugar una mala pasada al PSE-EE ya que, si bien el color rojo puede despertar muchísimas sensaciones o incrementar el ritmo cardíaco trasmitiendo energía o pasión, un exceso, podría proyectar urgencia, peligro e incluso ira y no está el horno para bollos. El eslogan que acompaña a la candidata recuerda demasiado al utilizado por Podemos años atrás, a no ser que el “contigo” esté dirigido al PNV y no a la ciudadanía, claro.

No parece que existan dudas de que Maider Echevarria vaya a dotarle de ese brochazo rojo que le falta al cartel del PNV para identificarlo con los colores de su logotipo. Así que sobrevuela el interrogante de si en el caso de que EH Bildu gane las elecciones, se va respetar la lista más votada.

Ainhoa Domaica y su azul “Partido Popular” se ha autoenmendado y ha señalado que no va a permitir que Vitoria-Gasteiz sea gobernada por EH Bildu acatando el mandato de la “jefa” del PP madrileño. Ya lo decía yo al inicio, en periodo electoral escasea lo racional y es que, no hay nada más irracional que enviar mensajes al electorado murciano queriendo gobernar en Vitoria-Gasteiz.

Ánimo que ya nos queda menos.

Es evidente que la lucha contra el cambio climático está ya presente no solo en la agenda informativa sino en la agenda de la opinión pública. Según el barómetro de Tezanos, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía por encima del problema como el del acceso a la vivienda o el de la corrupción y el fraude en España.

En la lucha contra el cambio climático es necesario tanto la implementación de medidas de mitigación encaminadas a reducir y limitar las emisiones de los conocidos gases de efecto invernadero como medidas dirigidas a reducir los efectos de éste. Por eso, es importante que cada ciudadano y ciudadana tomemos conciencia y tengamos claro de qué forma podemos contribuir en la reducción de las emisiones contaminantes y cuáles son las diferentes soluciones para abordar los efectos que ya soportamos.

Una medida mitigadora es, por ejemplo, el uso de medios de transporte públicos o la movilidad activa (desplazarnos en bicicleta o caminando). Coger la bicicleta o el tranvía diariamente se convierten así en una actitud imprescindible para frenar el cambio climático. Este ejercicio individual de optar por el transporte eficiente atiende a una cotidianidad mucho más común entre las mujeres y, si no, no tienen mas que acceder a un medio de transporte público cada mañana para convencerse de ello. Además, pueden consultar el informe “El cambio climático en Euskadi desde la perspectiva de género”, elaborado por Ihobe en colaboración con Emakunde, que señala que son las mujeres quienes contribuyen a la reducción de las emisiones a través de una movilidad más sostenible, basada en trayectos a pie o en transporte público en oposición al uso del vehículo privado que, habiendo estado tradicionalmente más asociado a los hombres, sigue siendo hoy en día su patrón de movilidad más extendido en los traslados diarios al trabajo.

Los desplazamientos de las mujeres y sus itinerarios, sin embargo, no solo son al trabajo, sino que también están relacionados con las diferentes tareas de los cuidados. Cuidados que asociamos con los niños y niñas, las personas dependientes o nuestros mayores sin caer en la cuenta de que cada desplazamiento en transporte público contribuye a generar entornos más amables, más saludables y menos ruidosos. Cada desplazamiento que no hacemos en un coche de combustión nos acerca más a la recuperación de nuestras calles como espacios para el disfrute y su conversión en lugares de encuentro y espacios saludables y seguros para la infancia y para nuestros mayores.

La reducción de tubos de escape en nuestras calles y el aumento del uso del transporte público contribuye a hacer ciudades más respirables y menos estresantes. Y es que situar la salud física y mental en el centro de nuestras prioridades cuando apostamos por el transporte público o la movilidad activa en nuestros desplazamientos diarios, también va de cuidarnos y de cuidar.

En los últimos meses se ha incorporado al debate de la movilidad urbana otra medida mitigadora: las zonas de bajas emisiones (ZBE), áreas urbanas en las que el acceso y circulación de vehículos contaminantes queda restringido debido a sus emisiones. Dicho debate se ha centrado en hablar del coche, dejando en un plano invisible la salud de las personas que es de lo que se trata de proteger. Y es que no debemos olvidar que hablar de zonas de bajas emisiones, es hablar de la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades y entonos residenciales o escolares y eso pasa por la reducción del número de tubos de escape circulando por nuestras calles.

Según la OMS, la contaminación atmosférica es una emergencia sanitaria mundial y cuarta causa de muerte, siendo niños, niñas y adolescentes las personas más vulnerables a los efectos adversos para la salud. Según la prestigiosa revista científica 'The Lancet', los efectos en las personas más jóvenes causados por estar expuestos a toxicidades ambientales perdurarán en su organismo de por vida. Y hace ya unos años, que la OMS señaló que 1.800 millones o lo que es lo mismo, el 93% de los niños y niñas menores de 16 años de todo el mundo respiran aire tan contaminado que pone en riesgo su salud y desarrollo cognitivo.

Por eso, hablar de zonas de bajas emisiones es hablar de salud. De salud para nuestros pulmones y también de salud mental. Piensen en lo que consideran una ciudad amable donde se pueda caminar con tranquilidad entre arbolado y calles seguras, probablemente pensarán en una ciudad donde niños y niñas puedan hacer vida en la calle de forma autónoma y segura alejados del ruido del tráfico y la contaminación. Una ciudad donde las personas mayores y quienes tengan algún tipo de afección cardiopulmonar puedan respirar aire limpio y gozar de buena salud y, por tanto, de calidad de vida. Por eso, hacer uso del transporte público y de la movilidad activa es también hablar de cuidados y de eso las mujeres sabemos un rato.

Cuatro años han pasado desde aquel primer capítulo. Era junio de 2018 cuando desvelé el acta de manifestaciones que pronosticaba los resultados de los exámenes de las oposiciones de Anestesiología y Traumatología de la OPE de Osakidetza.

Aquella impunidad con la que se había gestado un modelo por el cual unas pocas personas gozaban de ventaja para acceder a una plaza fija en nuestro sistema público de salud parecía saltar por los aires. O eso pensaba yo cuando ideé poner negro sobre blanco ante un notario el resultado de unas oposiciones cuyo resultado estaba ya cantado.

Fue duro para alguien como yo, alejada de aquel ‘vox populi’, conocer que las oposiciones de las especialidades hospitalarias de Osakidetza vulneraban todo principio de igualdad de oportunidades. Era tan burdo el sistema clientelar generado que resultaba hasta difícil de creer. Sin embargo, que las actas acertaran de pleno el resultado de quienes serían las notas más altas en las dos especialidades no daba lugar a dudas.

Lo complicado era probar lo que algunos llamaron anomalía y que se trataba de un fraude en toda regla. Pese a que se hacían denuncias ‘in voce’ de lo que año tras año ocurría en las oposiciones de Osakidetza, no había pruebas que demostrasen la estafa. Las actas notariales supusieron tal evidencia que se pudo comenzar a tirar del hilo esperando que alguien tirase de la manta. Pocos osaron hacerlo y quienes lo hicieron se han visto represaliados de una u otra forma.

Pude acceder a revisar las actas de los diferentes tribunales de las oposiciones de las especialidades hospitalarias y comprobar que solo hacía falta un poco de interés para ir atando cabos. Era todo tan burdo que rozaba lo grosero pese a tener que leer entre renglones cubiertos de cinta correctora que pretendían tapar lo más evidente.

Una vez tuve posibilidad de acceder a los exámenes de la especialidad de anestesiología, pude comprobar que todos ellos tenían el nombre de su autor o autora escrito en la parte superior con la misma grafía. Unos documentos que debían mantener el anonimato lo habían perdido. Y lo que parecía una pieza crucial en el capítulo de la investigación judicial no parece haberlo sido.

El Ararteko, en el informe que elaboró, no tuvo dudas, tampoco la Fiscalía, cuyo decreto era claro. Incluso el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, dejó su cargo acreditando su responsabilidad política ante tal escándalo.

En siguientes capítulos comenzaron a desfilar imputados e imputadas por dependencias judiciales y también denunciantes y denunciantas por despachos de Osakidetza. Todo bajo un silencio atronador que facilita que lo punible consiga ser impune.

Esta semana se ha conocido que se da por concluida la investigación judicial pese a que algunos sindicatos habían pedido más tiempo para conseguir que se tuvieran en cuenta otras pruebas excluidas de las pesquisas, como los exámenes de las especialidades denunciadas. Sin embargo, parece cerrarse esa posibilidad. Se acabó el capítulo con pocas esperanzas de que dé lugar a otro.

Hace cuatro años pensé, pobre ilusa de mí, que las actas serían el elemento clave para acabar con un modelo tan injusto como cruel con tantas y tantos profesionales médicos. Sin embargo, ya hace tiempo que hubiese registrado una tercera acta adivinando que todo quedaría como estaba. El gatopardismo ha sido el principio por el cual se ha regido todo, también el renovado modelo de oposiciones médicas que permitirá que el patrón continúe. Nada habrá acabado, todo seguirá igual.

'Iros todos a la mierda' es lo que Evaristo decía a los políticos del mundo en 2003 en la canción del mismo nombre. Han pasado casi 20 años y el desapego a la política de los más jóvenes hace crecer la abstención mientras la desconfianza en la clase política llega ya al 90% según el Eurobarómetro.

La pandemia hunde la confianza de la ciudadanía en los diferentes Gobiernos y los jóvenes cada vez se muestran más irreverentes. Tal vez que sean las personas de entre 20 y 35 años las de mayor porcentaje sin vacunar no es casualidad. En el concierto de La Polla Records se juntaron varias generaciones, irreverentes “trasnochados” pero también esa generación de 'milenials' a quienes tampoco les gusta que le digan lo que hay que hacer.

“Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control... ¿todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro”. Esa aldea gala debía ser el Buesa Arena, un espacio de propiedad pública que dio cobijo a negacionistas y “desinformados” acerca del uso de la mascarilla. Y el concierto de despedida de los de Evaristo se convirtió en una bacanal cuyas consecuencias las traerán sus majestades los Reyes de Oriente convertidas en número de contagios y en ocupación de camas UCI.

Quienes accedieron al concierto tuvieron que haber mostrado su certificado de vacunación junto con el documento nacional de identidad. Eso al menos decía el decreto de Urkullu. Desconozco si estos controles se llevaron a cabo en este recinto público mientras se amenazaba con multa a pequeños hosteleros que se buscaban la vida para pedir dichos documentos a todo pichipata que quisiera acceder a sus establecimientos. Si el control se llevó a cabo, se podría decir que quienes accedieron al escenario a lanzar proclamas negacionistas lo hacían con sus dosis de la Pfizer, Moderna u otra debidamente inoculadas.

En todo caso llevamos semanas viendo como los números de contagios se multiplican exponencialmente. Llevamos semanas en alerta sanitaria sin que se haya tomado ni una sola medida adicional que no sea el cierre de quirófanos y fiándolo todo a la vacunación ante la estupefacción de expertos y expertas. Llevamos semanas con profesionales sanitarios alertando sobre lo que se nos venía y lanzando SOS desde la atención primaria. Llevamos semanas sin que rastreadores y rastreadoras tengan recursos suficientes para realizar la tarea más importante para frenar la trasmisión comunitaria. Llevamos semanas sin hacer nada.

Es difícil dar crédito a la existencia de algo que ni vemos ni olemos ni podemos tocar. Y no me refiero al Labi. Estamos cansadas y cansados de una pandemia que en boca de la clase política estaba superada al pensar hace apenas dos meses en celebraciones como la de Santo Tomás, San Sebastián y por supuesto la Navidad. Así que es difícil convencer de que el virus, de que la COVID-19, sigue ahí cuando te quitas la mascarilla para darle un sorbo a la caña y ya no te la pones. Sigue ahí cuando te quitas la mascarilla para gritar “Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar” y el virus sí.

Dudo que este miércoles, Sánchez haga más que recordar a las y los presidentes autonómicos que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores es un hecho y que únicamente la podemos retirar si la distancia interpersonal es superior al metro y medio. Queda pendiente reducir aforos y horarios, algo que muy a pesar del ocio nocturno y de la hostelería en general, son medidas que los expertos están señalando como necesarias y de competencia autonómica. Fiarlo todo a Sánchez es volver a tirar balones fueras y ya son muchos: a la hostelería, al personal sanitario, a la ciudadanía, …

Yo, por mi parte, haré los deberes y cenaré en mi núcleo convivencial para poder cantar plácidamente '¡No somos nada!'.

Ya han pasado tres años. Miro hacia atrás y tan pronto me parece que ha pasado una vida como siento que fue ayer mismo cuando me reunía con tres anestesistas para que me contaran las intrigas palaciegas de las pruebas de acceso a funcionario de nuestro sistema público de Salud. Años atrás, cuando ni siquiera había pasado por mi cabeza entrar en política, siempre había anhelado como ciudadana ser escuchada por una clase política cada vez más alejada de su sociedad. La política en las instituciones es una puesta en escena constante con muchos focos y cada vez menos frutos.

Aquel día, Rober, Marta y Manoel entraron por primera vez en mi despacho. Llevaban años trabajando como anestesistas en Osakidetza sin tener plaza fija. Pero lo más desesperante era que habían desistido de estudiar para sacar la oposición. Las plazas de especialistas hospitalarios están adjudicadas antes incluso de redactarse los exámenes me explicaron. La verdad es que la historia me sonaba a república bananera. No es que me costara creerles, es que en realidad no quería creer aquello que me decían que sucedía en el acceso al empleo público en Euskadi. Todo el mundo lo sabe en Osakidetza y nadie se atreve a denunciarlo por temor a represalias y porque, además, no hay forma de probarlo: lo tienen bien montado y con el amparo de los de arriba.

Tenía que haber una forma de desmontar aquello. Quienes ocupaban el tribunal de la OPE de cada especialidad era quienes 'colocaban' a los suyos. ¿Cómo? Pues facilitándoles las respuestas del examen. ¿Y por qué tenían los miembros del tribunal el examen? Porque eran quienes los confeccionaban.

En fechas en las que se produjo la reunión con los tres anestesistas ya era público quienes formaban los tribunales de las diferentes especialidades por lo cual no sería difícil adivinar quiénes iban a ser las personas opositoras que sacaran mejor nota y, por consiguiente, plaza fija por ser allegadas a los miembros del tribunal. Pero, si lo hacíamos público, era evidente que se hubieran cambiado los planes y no hubiéramos podido demostrar nada. De manera que, recurrí a las 'artes adivinatorias' e hicimos un acta ante notario mediante la cual manifestábamos quiénes iban a ser las personas con mejores notas en dos de las especialidades, traumatología y anestesiología. Ahora sólo había que esperar a que se hicieran las pruebas y saliesen los resultados.

En los primeros días de junio ya podíamos sacar una de las actas, así que convocamos a la prensa a una rueda de prensa el lunes 4. Los lunes suelen ser días tranquilos a nivel informativo y nos permitiría poner el foco en un escándalo que ya duraba demasiado tiempo oculto entre las bambalinas de Osakidetza. Sin embargo, el viernes anterior 'saltó la liebre' y un miembro de tribunal de la especialidad de cardiología denunciaba públicamente que algo raro pasaba en las OPE. El motivo de salir a airear los trapos sucios pudo ser que no consiguiera meter a los suyos entre los primero para que alcanzaran una de las plazas a concurso, pero supuso el inicio de las 'Opes dopadas'.

Tras un fin de semana en el que Osakidetza se había colado en la agenda informativa, llegó el momento de hacer pública el acta con el 'pleno al quince'. La sala de prensa era un hervidero. Apenas había pasado año y medio desde que me había convertido en parlamentaria vasca y enfrentarme a todos aquellos y aquellas periodistas me producía un vértigo que solo conseguía controlar pensando que aquello era el inicio del final del clientelismo enquistado en nuestro Servicio Vasco de Salud.

El acta acertaba con nombre y apellidos las personas que alcanzaban las mejores notas y, por lo tanto, se aseguraban una plaza fija. El golpe de efecto había provocado una herida de muerte en quienes hasta entonces estaban al frente del Departamento de Salud del Gobierno vasco y de Osakidetza. Llegados a este punto, he de decir que ése no era ni mucho menos el objetivo. La meta era conseguir un modelo de oposición que garantizara la igualdad de oportunidades para todas las personas que se presentaban cada año a las pruebas de especialistas hospitalarios y dejar atrás las corruptelas y el clientelismo que se había generado entono a estas.

Sin embargo, el Departamento de Jon Darpón optó por ponerse a la defensiva y negarlo todo señalándome a mí y a mi grupo como los culpables de que se produjeran estas anomalías en Osakidetza por no denunciarlo previo a la realización de la prueba, o lo que es lo mismo, no haber dado la voz de alerta para que no se les hubiera podido pillar. El consejero y las personas de mayor responsabilidad del Departamento de Salud y de Osakidetza eran conocedoras de que los procesos llevaban años siendo amañados, pero aceptarlo suponía autoinculparse. Así que optaron por la peor de las estrategias, la del ataque con la única munición que tenían a su alcance, la de mentir y descalificar.

Un mes después, de manera extraordinaria, se celebró una comisión en el Parlamento Vasco para que Darpón y su equipo comparecieran a dar explicaciones. Fueron ocho horas de comisión. Era evidente lo que nos iban a contar, así que yo elaboré los discursos de mis tres turnos de intervención de los cuales no tuve que mover ni una coma. Fui la diana de todos los ataques del consejero, primero mencionando Venezuela, luego la piscina y el chalet de Pablo Iglesias y, finalmente, intentando ridiculizarme por leer mis discursos, mientras él mismo no levantaba cabeza de los papeles que sus asesores le hacían llegar.

La comisión solo sirvió para evidenciar la necesidad de una comisión de investigación que diera luz al escándalo de las 'Opes dopadas'. Pese a ello, cuando llegó el momento de votar en el pleno, la iniciativa consiguió únicamente el respaldo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Mientras los sindicatos hacían su trabajo y la Fiscalía comenzaba a investigar, no sin dificultades para acceder a diferente documentación en manos de Osakidetza, desde el Parlamento intentábamos acceder a toda esa documentación no sin dificultades que obstaculizaban nuestra labor como parlamentarias.

Para acceder a todo aquel ingente material solo se podía hacer con papel y boli en mano. No había posibilidad alguna de que nos fotocopiaran la información o hacer fotografías de todas aquellas actas que evidenciaban manipulación en los resultados pese a encontrarnos párrafos enteros cubiertos con cinta correctora.

Nunca fue fácil investigar acerca del 'modus operandi' de quienes durante años habían convertido Osakidetza en un reino de taifas. Pero era tan burda la forma de obrar, que junto con otras denuncias que se produjeron por parte de miembros de los tribunales y el estudio psicométrico de los resultados de más de veinte especialidades, no había manera de mantener aquel buque de la vergüenza a flote. Era el momento de reprobar a un consejero que con la boca “llena de rigor, prudencia y transparencia” se había quedado 'desnudo' ante la evidencia y la dimisión de parte de sus colaboradores.

Aquella iniciativa no llegó a debatirse, unos días antes de que llegara al pleno, Jon Darpón presentaba su renuncia al lehendakari. En la comparecencia en rueda de prensa para dar mi parecer al respecto, se me interpeló acerca de si pensaba que aquello era un triunfo para Elkarrekin Podemos. No pude ser más clara, era el triunfo de todas aquellas personas opositoras que merecían igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, pero sobre todo era el triunfo de tres personas valientes, Rober, Marta y Manoel, que se atrevieron a denunciarlo sabiendo que aquello les iba a pasar factura.

Hoy, tres años después, solo espero que a quienes ahora corresponde, consigan culminar aquel trabajo y mejoren un modelo de OPE, que aún mantiene agujeros para que quienes tiene padrino puedan colarse. El resto queda en manos de la justicia. Una justicia que, según leo en prensa, sigue a la espera de que Osakidetza le aporte la documentación que lleva años esperando.