En España, el acceso a una vivienda digna y adecuada, lejos de ser un derecho efectivo, se ha convertido en un problema grave que es motivo de incertidumbre e inestabilidad para muchas familias que deben dedicar a la vivienda una fracción excesiva de unos ingresos que, muchas veces, son insuficientes debido a la precariedad laboral que se ha instalado en nuestro país.

El parque residencial en España está formado por más de 25,5 millones de viviendas para una población que prácticamente no crece. En consecuencia, de los 480.000 hogares que se constituyen o cambian de vivienda con una compraventa cada año, alrededor del 80% (400.000) se forman en viviendas ya existentes que, en la mayor parte de los casos, al margen del precio, presentan problemas de inadecuación a las necesidades actuales.

El 92% de las viviendas que componen el parque inmobiliario fueron construidas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. Por lo tanto, la mayoría no se ajustan al marco de ahorro energético necesario para combatir el cambio climático, lo que, a su vez, deriva en importantes costes económicos y en situaciones de pobreza energética que hay que atajar. Pero, además, muchos de estos hogares tampoco disponen ni de la accesibilidad necesaria para responder a las demandas de una población cada vez más envejecida, ni incorporan prestaciones para preservar la salud de quienes viven en ellos y mejorar su confort y la habitabilidad. Ya no responden bien a nuestras formas de vida y de trabajo, como ha quedado de manifiesto durante el confinamiento que ha sido necesario para contener los contagios por la COVID-19.

En este escenario, el comportamiento del sector de la construcción, por su peso en el PIB, es clave en la evolución de cada crisis económica. En la anterior recesión fue parte del problema y, en la que ha provocado la pandemia por coronavirus, puede ser un agravante del paro. Sin embargo, la situación en la que se encuentra actualmente la actividad en rehabilitación, muy por debajo de las necesidades reales de renovación urbana y del esfuerzo que realizan nuestros vecinos europeos, puede conferirle otro papel y convertir al sector en parte de la solución. En un contexto de pérdida masiva de puestos de trabajo, permitiría crear 400.000 empleos y absorber así una parte de los trabajos que se han perdido en otros sectores que han sido directamente castigados por la COVID-19.

Los recursos públicos son muy limitados. Por eso, es necesario acertar en las prioridades y en políticas públicas de reactivación económica que, además, respondan a desafíos reales que tenemos que afrontar como sociedad cuanto antes.

Garantizar el acceso a la vivienda requiere, por un lado, aumentar el parque público de viviendas, especialmente de alquiler, que no llega al 2,5% en estos momentos. Para ello, hacen falta recursos y una estrecha colaboración público-privada que esté guiada por el objetivo de construir ciudad de calidad para todos, como hacen los países de nuestro entorno. Son necesarios concursos públicos de arquitectura que prioricen la calidad de nuestras viviendas y del entorno construido como base del bienestar individual y colectivo que, en plena crisis del coronavirus, confinados en nuestras casas, hemos comprobado que esencial para nuestra salud.

Y, por supuesto, es fundamental impulsar la rehabilitación con un Plan Nacional de Renovación Urbana que, pensado estratégicamente para reactivar la economía, puede convertir tres problemas (acceso a la vivienda, renovación urbana y lucha contra el cambio climático) en una solución, creando, al mismo tiempo, empleo estable a largo plazo. Actualizar nuestras viviendas, y edificios constituye uno de los retos más acuciantes de nuestro tiempo si entendemos que el derecho a una vivienda y a una ciudad que nos proporcionen bienestar y calidad de vida son una prioridad para recuperar la confianza en un futuro mejor.