Cada 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes; un día que, este año, nos permite reflexionar sobre las migraciones en el especial contexto de pandemia, que sin duda ha afectado con más fuerza si cabe a las personas que ya se encontraban, previamente, en situación más vulnerable. 

Las personas migrantes son uno de esos colectivos, por haber sumado todo lo que acarrea la pandemia a su situación de mayor inestabilidad y precariedad laboral, más dificultades para el acceso a la vivienda, la discriminación xenófoba… Por si todo fuera poco, ahora sufren discursos desde determinados sectores políticos que los culpabilizan o les acusan de “recibir paguitas”. 

Esos discursos tratan de que veamos a estos colectivos vulnerables como enemigos únicamente por su color de piel o su lugar de nacimiento. Y no: en Podemos Ahal Dugu Navarra, y en la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno Foral, tenemos claro que el único enemigo es la vulnerabilidad. El único enemigo es el riesgo de pobreza, la exclusión y el racismo. 

La discriminación a la persona migrante es un añadido a las dificultades que se encuentra cualquiera cuando comienza una vida fuera de su país de origen, y también al llamado “duelo migratorio”: un duelo que existe y con el que, sin embargo, pocas veces empatizamos. No está de más hacer un ejercicio, consistente en mirar a esas personas que migran “a” Navarra con la misma actitud con la que miramos a quienes migran “desde” Navarra. 

Hace unos meses se estrenaba un documental titulado “Entre dos tierras”, que muestra el duelo migratorio de las personas españolas que viven en Londres. Se marcharon buscando una vida mejor y, lo hayan conseguido o no, se sienten extranjeros tanto en el país que les acoge como en el que nacieron. Incluso cuando tienen un bache de falta de empleo se sienten atadas a ese país que ya es suyo, en el que se han construido una vida. Y saben que, de vuelta a su tierra, tampoco lo tendrán fácil para trabajar y menos con los niveles salariales que maneja aquel otro país. Miramos esas historias con empatía porque “son de los nuestros”; y seguro que denunciaríamos a cualquiera que, en tierras británicas, propusiera facilitar por ejemplo, la repatriación de las navarras que no tengan trabajo. 

Entonces… ¿por qué no aplicamos esa misma mirada empática hacia las personas migrantes que viven aquí, entre nosotras y nosotros?

Helena es búlgara. Socióloga de formación. Vino a Navarra porque quería trabajar, enviar dinero a su casa, construirse un futuro. Hoy trabaja de dependienta en un comercio. Su sueldo, sin ser brillante, es mucho mejor que cualquiera que pudiera conseguir en Bulgaria. Ha aprendido castellano, aunque sigue pensando en búlgaro; pero, cuando habla con su gente de allí, le dicen que “vaya acento tienes ya”. Lleva 8 años aquí, tiene amigas y amigos, incluso novio. Vive de alquiler, y  planes de compartir piso. Quizá alquilado, quizá realizando una gran inversión en común. 

Jorge es ecuatoriano. Trabaja como autónomo en el sector de las reparaciones. Paga su cuota, aporta a la Seguridad Social… pero el volumen de trabajo fluctúa. Como a todas las personas autónomas. Él no ha tenido problemas de idioma, porque su lengua materna es el castellano. Incluso, ahora mismo, 10 años después de llegar, entiende algunas palabras en euskera cuando las lee por escrito. Tiene a su familia aquí, con su mujer también ecuatoriana, y dos hijos escolarizados en Navarra. ¿Entendemos que él, también, se siente “entre dos tierras”, como esas personas españolas que viven en el Reino Unido? ¿Podemos lograr el mismo nivel de empatía con Jorge, o con Helena, del que nos suscitan los testimonios que podemos ver en ese documental “Entre dos tierras”?

El duelo migratorio no es exclusivo de “los nuestros”, los navarros y navarras que emigran. También lo sufren personas extranjeras que viven aquí y echan de menos el ceviche, la mussaka o el arroz jollof; y los paisajes de Quito, los colores de la tierra nigeriana, o el olor a especias de una calle de Rabat. Ellas también son “nuestras”. Ejercitemos la empatía recordando que todas las personas somos administrativamente extranjeras… en 194 países del mundo. En todos aquellos en los que no hemos nacido. 

Por eso, desde las instituciones, Podemos Ahal Dugu trabaja para hacer de Navarra una tierra de acogida, conscientes de que las migraciones son una oportunidad para tener una sociedad más rica en muchos ámbitos. Porque la diversidad intercultural es una riqueza y porque los movimientos migratorios pueden hacernos mejores, más solidarias, más convencidas de que todas somos personas con los mismos derechos, hayamos nacido donde hayamos nacido. 

Desde el Gobierno de Navarra vamos a seguir favoreciendo que las personas migrantes aprendan las lenguas propias de nuestra Comunidad; favoreciendo que accedan con facilidad a los trámites administrativos; apoyándoles en su formación para el mercado laboral; acogiendo a las personas que deciden emprender su vida entre nosotras...; en definitiva, facilitando su desarrollo en todos los sentidos. Las más de 106.000 personas que son navarras -porque viven en nuestra tierra aunque naciesen en otras-, merecen de toda la sociedad, de todas las instituciones y de todos los partidos responsabilidad, solidaridad y la garantía de sus derechos.

La prostitución no es “un fenómeno”, “un problema” o “un debate”. La prostitución son proxenetas y puteros que explotan y demandan. La prostitución, son, sobre todo y ante todo, ELLAS.

Mujeres de origen migrante, cuyas circunstancias no podemos ni debemos olvidar en ningún momento. 

ELLAS son mujeres que viven en el club y deben pagar cada día la “plaza” aunque no tengan ingresos, ELLAS son mujeres cuya deuda se ve aumentada cada día que no puedan pagarla, ELLAS son mujeres con menores a cargo a los cuales tienen que alimentar y darles un sitio donde vivir, ELLAS son mujeres con una familia en su país de origen que no saben en qué “trabajan” realmente y les piden dinero cada mes, ELLAS son mujeres sin redes familiares cercanas que les apoyen, ELLAS son mujeres a las que el sistema no les permite tener un permiso de trabajo, ELLAS son mujeres que cada día del año, sin COVID o con COVID, arriesgan su salud por prácticas sexuales sin protección, por consumo obligado de drogas y alcohol, por consumo de ansiolíticos para contrarrestar el consumo de drogas, por aguantar violencia cada día, por ser estigmatizadas por toda la sociedad, por vivir con el miedo de una redada de la policía y una expulsión, por…

A esas aproximadamente 700 mujeres que son prostituidas en Navarra cada año, las podemos encontrar en los 14 clubs que hay actualmente abiertos, en decenas de pisos, o en la calle. Hace pocos años, había abiertos más de 20 clubs; pero han ido cerrando en favor de los pisos. Son más “discretos”: menos visibles para la policía y para la sociedad, y “mejores” para los puteros, porque trabajan 24 horas y el control es menor.

Que un 95 % de estas mujeres sea de origen extranjero (migrante) no es una casualidad. Este dato refleja que la prostitución se aprovecha de mujeres pobres, en muchas ocasiones provenientes de entornos familiares/sociales violentos y/o con cargas familiares. Mujeres buscando una oportunidad para vivir una vida mejor y que, mediante el engaño, las promesas falsas de dinero fácil y rápido o la pura necesidad de comer... han acabado en la prostitución.

Prostitución y mujer migrante son realidades indisociables que nos hablan de explotación, violencia, vulnerabilidad e “irregularidad”. Cualquier medida que les afecte, directa o indirectamente, hay que estudiarla con el foco y la mirada puestos en ELLAS.

Desde las instituciones, debemos abordar las políticas públicas con su mirada, conociendo bien su realidad, teniendo organizado el apoyo, gestionando los recursos necesarios, ofreciendo alternativas integrales, respetando sus procesos personales, regularizando su situación administrativa, reconociendo su condición de víctima de violencia machista, y detectando y protegiendo a las víctimas de trata.

Empecemos por ahí: por fortalecer un sistema público que, de manera integral, aborde la situación de todas y cada una de estas mujeres. Construyamos un sistema basado en la atención a la mujer, que acoja y acompañe. 

Todo lo demás, por muy bienintencionado que sea, puede agravar más aún la situación que padecen estas mujeres.

Hace ahora 6 años, un vídeo de una campaña de Save The Children se hizo mundialmente conocido. La protagonista era Lilly, una niña de 11 años que comenzaba un vídeo de 94 segundos soplando las velas de una tarta. También soplando una vela concluía esa secuencia de imágenes. Había pasado un año, en solo un minuto y medio; pero su vida había cambiado por completo. Porque Lilly, a la que veíamos en su apacible casa de Londres al comienzo del vídeo, había pasado en 94 segundos por el estallido de un conflicto armado, bombardeos, huidas campo a través, un campo de refugiados… 94 segundos de contener la respiración y de pensar que, efectivamente, los dramas humanos no entienden de fronteras: podría pasar aquí, decía Save The Children. 

Esa distopía –ejercicio de imaginación que coloca, en un escenario distinto al normal, una realidad que sí existe– nos permitía imaginarnos a nosotras mismas haciendo el camino inverso al que deben recorrer muchas personas migrantes, que buscan refugio y asilo. Personas que huyen de guerras, de conflictos armados, de mafias… Personas que, no lo olvidemos, son seres humanos con todos sus derechos; aunque no se llamen Lilly, aunque no sean europeas. Son, además, personas titulares de un derecho fundamental: el derecho a comenzar su vida, con plenitud y seguridad, en cualquier lugar del mundo.

Las administraciones públicas somos, debemos ser, garantes de los derechos de la ciudadanía, sin distinguir raza, sexo, orientación sexual, condición socioeconómica… o procedencia. Pero si algún colectivo de personas migrantes requiere de una especial protección, ese es el de las refugiadas y solicitantes de asilo; unas personas a las que se les recuerda en el Día Mundial de la Persona Refugiada, cada 20 de junio. 

Estamos hablando de 70 millones desplazadas a las fuerza en todo el mundo, casi 26 millones de personas refugiadas y de 3 millones y medio de personas solicitantes de asilo. Cada poco más de dos segundos, una persona es obligada a desplazarse de su lugar de origen. Una realidad dramática a la que no podemos ser ajenas, a pesar de que ni España ni Navarra estén en el top de las regiones receptoras de estas personas. 

Por ello, y como garantes de sus derechos que debemos de ser, el objetivo de Gobierno de Navarra es hacer mejores los mecanismos de acogida y protección de quienes se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen por cualquiera de las causas que ya hemos mencionado, u otras que pudieran producirse. 

Actualmente, el Estado financia y gestiona los programas de acogida para las personas solicitantes de asilo y protección internacional. Sin embargo, el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra estamos hoy alineados en la idea de que una gestión autonómica de estos programas nos permitirá mejores y mayores cotas de protección. 

Conseguir la gestión autonómica de estos programas no es administrativamente sencillo, puesto que no deja de ser el traspaso de una competencia. Pero hemos iniciado ya los trabajos internos, aquí en Navarra, con el objetivo de estar preparadas al máximo para hacernos cargo de la gestión en cuanto sea posible. La confianza que albergamos es que, a lo largo del año que viene, comencemos con ella. 

Las personas refugiadas, como señalaba, merecen una especial protección, entre todas las personas migrantes. Cualquiera, por desgracia, podríamos necesitar refugio en un momento dado. Todos y todas somos, potencialmente, personas refugiadas. Sin duda, nos gustaría encontrarnos administraciones y sociedades abiertas y dispuestas a acoger, en vez de colocar vallas y controles violentos como los que se encuentran. Está pasando, y no podemos ser ajenas a ello; aunque las personas, las niñas y los niños que lo sufren no sean europeos, como aquella Lilly del vídeo de Save The Children.

*Patricia Ruiz de Irizar, directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra.*Patricia Ruiz de Irizar

En todos los malos momentos, en todas las crisis y emergencias, sean estas de la naturaleza que sean, hay oportunidades que no se pueden dejar escapar y debemos actuar en consecuencia. Una de las oportunidades más claras que está dejando esta pandemia es la de poder poner fin, o al menos mejorar sustancialmente, una de las leyes más injustas que actualmente tenemos en España y que no es otra que la Ley de Extranjería.

La oportunidad es obvia y, sobre todo, justa. Tratar a las personas migrantes que viven entre nosotras como ciudadanas de pleno derecho, permitirles trabajar de manera legal y por lo tanto con todas las garantías laborales de la que gozamos las personas ‘nacionales’.

Aprovechemos la oportunidad de contar con personas que están deseando trabajar y que además lo están deseando sin tener que sufrir ninguna traba legal. Desde profesionales universitarios altamente cualificados hasta las personas que recogen las hortalizas o la fruta en nuestros campos, las que cuidan a peques y a nuestros mayores en estos tiempos de zozobra o aquellas que todavía están estudiando y solo desean acabar sus estudios para poder labrarse un futuro esperanzador.

Actualmente, en España es imposible trabajar de manera legal para una persona migrante que llega al país, aunque tenga una oferta de trabajo, si al menos no lleva dos o tres años de residencia, algo que atenta contra derechos humanos elementales pero sobre todo atenta contra la aplicación del sentido común, en un país en, donde no nos engañemos, decenas de miles de trabajos solo son aceptados por personas de origen migrante.

En el caso de las personas que solicitan asilo es todavía más cruel y, permítanme que lo expresé, estrambótico. Al solicitar asilo, a los seis meses puede obtener permiso de residencia y trabajo, pero si al final su solicitud de asilo es denegada (cuatro de cada cinco casos en España), aunque esté ya trabajando, pierde su permiso, evidentemente el trabajo, y vuelve al estatus de persona “irregular”. Estrambótico como señalaba antes porque una persona que se encuentra ya integrada después de haber pasado por un duro proceso de guerra, persecución y violencia se ve privada de sus derechos de la noche a la mañana y una empresa local de un trabajador o trabajadora.

Las medidas que ha puesto el Gobierno de España permitiendo trabajar a personas migrantes sin título homologado en el ámbito sociosanitario y sin permiso de trabajo en las tareas agrícolas, son apenas un pequeño gesto, totalmente insuficiente pero que al menos abre una puerta que hasta el momento estaba herméticamente cerrada.

Son muchas las organizaciones y personas que piden una apertura total de esa puerta y que se regularice a todas las personas migrantes que ya viven entre nosotras, no solo en Navarra y en el Estado español sino en toda Europa.

Me sumo sin dudarlo a esa petición, a título individual, pero también como Directora General de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra. Desde las instituciones tenemos la obligación de garantizar los derechos de todas las personas y los derechos de las personas migrantes dependen de un permiso de residencia y trabajo.

Sigamos la estela que nos ha marcado Portugal y a la que se ha sumado también Italia en los últimos días. Volvamos a sentir orgullo de sentirnos europeas, la Europa mestiza, progresista e intercultural que se enfrentará y derrotará al nacionalismo xenófobo de la ultraderecha.

Aprovechemos esta oportunidad, seamos realmente tierra de acogida y de garantía de derechos.

*Patricia Ruiz de Irizar, directora general de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra.*Patricia Ruiz de Irizar