Probablemente, mientras el lector lea este artículo, el exhaustivo informe del que he tomado prestadas estas palabras habrá llegado ya a las sedes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y de Presidencia del Gobierno. En el sobre que lo envuelve, el remitente es claro: Amnistía Internacional. La mayor organización de Derechos Humanos del mundo, un referente mundial en la lucha por un sistema legal justo y progresista que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1977.

Cuando Amnistía te hace una petición de este calado, lo mínimo que se puede esperar de un gobierno que se ha definido a sí mismo como “el más progresista de la historia” es una actuación decidida, ágil, que proteja el valor fundamental que tienen los derechos humanos para la ciudadanía. Pero el presidente Sánchez, el ministro del Interior, Grande Marlaska y el ministro de Justicia, Campo Moreno, aquellos que ostentan competencias en la materia, ya nos tienen acostumbrados a hacer oídos sordos a los dictados internacionales.

Ni tan siquiera delante de los efectos sanitarios y sociales de la pandemia, en medio del dolor y el sufrimiento de tantas personas, este Gobierno que alardea de respetar derechos no ha tenido a bien de permitir que los presos políticos pudieran pasar el confinamiento en sus casas, como pedían las Naciones Unidas y el Consejo de Europa para prevenir la propagación del virus en las cárceles, perjudicando así no sólo a este colectivo sino al conjunto de presos.

Es evidente que con su silencio, Sánchez y sus ministros se van alejando de cualquier otro actor dentro del bloque progresista que les permitió la investidura. No se alejan solo de Amnistía Internacional o de la ONU. No se separan solo del 80% de la población catalana que exige la autodeterminación y la amnistía para los presos políticos. No se distancian solo de los partidos políticos de Catalunya. Se alejan incluso de aquellas demandas públicas de libertad de los presos que hace muy poco sostenían sus socios de gobierno de Unidas Podemos.

Sánchez haría bien de actuar ahora que los plazos procesales todavía se lo permiten: si en algún momento quieren convertir la retórica vacía de los últimos meses en hechos, ese momento es ahora que tienen una última oportunidad antes de llegar a Estrasburgo.

Es la hora que aquellos que ostentan la competencia para hacerlo exijan a la fiscalía y la abogacía del Estado que se desmarquen del PP y de VOX y soliciten al Tribunal Constitucional la libertad de los presos políticos. Si no, España llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un espectáculo dantesco: el líder de Òmnium Cultural, la principal entidad civil de Europa en número de socios, encarcelado; políticos democráticamente electos privados de libertad o en el exilio; la comunidad internacional pidiendo su liberación; y el gobierno respaldando las tesis jurídicas de la extrema derecha y aquél infame ‘a por ellos’ que auspició el Borbón después del 1 de octubre.

Al presidente Sánchez, y al conjunto de su Gobierno, le quedan pocos días para decidir. Cuando transcurra el corto plazo que queda para que la fiscalía y la abogacía del estado respondan al Constitucional, se le habrá acabado el tiempo. Después tanto la sociedad catalana como Amnistía Internacional sabremos si amparado por la mayoría progresista ha apostado por la valentía política o si se siente más cómodo fortaleciendo la autarquía legal que viene definiendo al régimen del 78. Y aunque Amnistía advierta en su informe que el derecho a protesta en el Estado español está en riesgo, si el gobierno de España se aleja de los derechos civiles, responderemos de forma pacífica pero contundente para defender estas libertades a las que nunca vamos a renunciar.