Cuando tenía quince años, compré unos plantones de pino canario y un drago, árboles emblemáticos de nuestra tierra. Uno de aquellos pinos se lo regalé a una amiga que vivía en el barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane. Recuerdo perfectamente el camino desde mi casa, en Tajuya, cargándolo con cuidado: se me hizo largo, pero iba llena de ilusión.

Aquella casa, por desgracia, ya no existe. El volcán la sepultó. En el jardín de la casa de mis padres planté el otro pino y el drago. Crecimos juntos. Ellos seguirán ahí cuando nosotros ya no estemos.

Años después, mientras estudiaba Ingeniería Agronómica en Valencia, me acompañó siempre un pequeño ficus benjamina en su humilde maceta. Me siguió de piso en piso de estudiante durante toda la carrera. Hoy, más de treinta años después, continúa en casa de mi hermana.

Los árboles nos enseñan algo sencillo, pero profundamente importante: nuestra vida es breve, pero lo que sembramos puede perdurar durante generaciones.

Por eso, para mí, defender el arbolado urbano no es solo una convicción política; es, ante todo, una convicción personal.

El pasado mes de diciembre, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 7/2025 de protección del arbolado urbano, una norma nacida de la iniciativa popular y respaldada por miles de canarios y canarias. Un texto que permaneció demasiado tiempo olvidado en un cajón desde 2019, y que desde el Grupo Socialista impulsamos para que viera la luz en esta legislatura.

La ley es clara: los árboles no son un estorbo ni un mero elemento decorativo. Son esenciales para nuestra salud y fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Proporcionan sombra, reducen la temperatura en verano, mejoran la calidad del aire, nos protegen del viento y hacen nuestros barrios más habitables.

La norma establece que la tala debe ser siempre una medida excepcional y debidamente justificada. Antes de cortar un árbol, se deben explorar todas las alternativas posibles. Si se elimina uno, se tienen que plantar más. Se prohíben las podas agresivas sin criterio técnico, y se obliga a los ayuntamientos a contar con un inventario completo y público de su arbolado.

Sin embargo, en nuestro municipio, Los Llanos de Aridane, estamos todavía lejos de cumplir plenamente con estos principios. No disponemos de un inventario accesible y actualizado de los árboles urbanos. Tampoco existe un protocolo claro y público que garantice que, antes de talar, se valoraron todas las opciones. Nos falta, además, una ordenanza municipal específica que regule estas actuaciones y que establezca un régimen sancionador adecuado. Y, con demasiada frecuencia, la ciudadanía no es informada ni participa en decisiones que afectan a árboles de gran valor.

Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista presentamos una moción en el último pleno municipal. Nuestro objetivo no era solo cumplir con la Ley 7/2025, sino ir un paso más allá y mejorarla en su aplicación local, adaptándola a la realidad de nuestro municipio y reforzando sus garantías.

Queremos que Los Llanos de Aridane sea un referente en Canarias y en España en la protección del arbolado urbano. Queremos demostrar que es posible avanzar y mejorar sin destruir aquello que nos da vida.

Nuestras propuestas eran razonables y necesarias: elaborar y publicar un inventario detallado del arbolado; exigir informes técnicos previos a cualquier tala; garantizar que siempre prevaleciera el principio de conservación y, además, introducir mejoras clave como la aprobación de una ordenanza municipal específica que regulara con claridad estas actuaciones y el establecimiento de una comisión técnica de seguimiento, en la que también pudiera participar la ciudadanía. Asimismo, proponíamos poner en marcha un plan anual de incremento de la masa arbórea mediante nuevas zonas y corredores verdes.

En el pleno, logramos que los grupos políticos de la Corporación respaldaran la mayoría de estas medidas, aunque rechazaran precisamente dos de las propuestas que suponían un mayor avance: la creación de esa comisión de seguimiento con participación vecinal y la aprobación de una ordenanza municipal clara y específica.

Aun así, valoramos positivamente el compromiso adquirido por el Grupo de Gobierno con la protección del arbolado. Es un paso importante, pero no suficiente. Seguiremos trabajando para que ese compromiso se traduzca en herramientas concretas y en una gestión más transparente, participativa y eficaz.

Porque defender los árboles es defender la salud de nuestras vecinas y vecinos. Es pensar en los niños y las niñas que jugarán a su sombra dentro de veinte años. Es apostar por barrios más frescos, más bonitos y habitables. Es apostar por el futuro.

Alicia Vanoostende Simili, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y diputada en el Parlamento de Canarias

Con el Año Nuevo, llegan los propósitos: apuntarse al gimnasio, comer más sano, dejar de fumar… y en el caso del Grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane, lo mismo, prometer muchas cosas que luego se quedan, año tras año, en la lista de “pendientes”.

Porque si algo caracteriza a este mandato es su constancia. Constancia en no cumplir.

Empezamos por el gran clásico: el Plan General de Ordenación Urbana. Se anunció como prioridad absoluta, casi como el propósito estrella. Se sacó el documento inicial a exposición pública y, acto seguido, el Ayuntamiento entró en una especie de retiro espiritual de dos años para rescindir el contrato con el equipo redactor y dárselo a una empresa pública. Desde que comenzó esta legislatura, en junio de 2023, y con final en mayo de 2027, el avance ha sido… contemplativo. Mucha reflexión, poco planeamiento.

Otro propósito que quedó para “mañana” es la famosa auditoría del Ayuntamiento. Promesa electoral que debía aportar transparencia y claridad. A día de hoy, la auditoría sigue en el mismo sitio que muchos expedientes municipales: en algún cajón del tiempo. O a lo mejor es que el pueblo no entendió bien las promesas electorales de Coalición Canaria.

Mención especial merece el PIDL, el Plan Insular de Desarrollo Local. En 2025 llegaron 1,5 millones de euros del Cabildo de La Palma. Y aquí el Gobierno municipal demostró una creatividad admirable… para cambiar de idea. Primero para recuperar el parque acuático de El Jable, luego para reformar la calle Doctor Fleming, después la reconstrucción del campo de fútbol de La Laguna, más tarde la montaña Tenisca. Un auténtico tour de obras imaginarias. El resultado final fue claro: pasó el año y no se ejecutó absolutamente nada. Eso sí, ahora llegan otros cinco millones más y el alcalde saca pecho. Debe ser por la excelente ejecución… de anuncios.

En la reconstrucción tras el volcán, el Gobierno presume mucho, pero la realidad es bastante más modesta: algunos caminos en más de dos años y cero vivienda pública. La épica se queda en nota de prensa.

Los números tampoco ayudan al optimismo: sólo gastaron 5 de cada 100 euros en inversiones. Así es complicado reconstruir nada, salvo el desespero de vecinos y vecinas. Aunque dirá el señor alcalde que eso es por culpa de los socialistas y de Madrid.

Y por si fuera poco, seguimos sin presupuesto para 2026, otro pequeño detalle sin importancia… aparentemente.

La gestión diaria del Ayuntamiento merece capítulo aparte. Trámites eternos, escritos vecinales sin respuesta, procedimientos que parecen “el juego de la oca”, cuando te despistas, vuelves a la casilla de salida. La Administración más cercana se ha convertido en la más lejana.

En materia cultural, el Ayuntamiento decidió que gestionar el Parque Cultural Islas Canarias, el mejor centro cultural de la isla y de propiedad municipal, era demasiado esfuerzo. Solución: cedérselo al Cabildo. Un reconocimiento sincero de incapacidad propia y de pleitesía hacia el presidente del Cabildo, eso sí.

En limpieza, el centro luce aceptable; los barrios, en cambio, parecen estar esperando a que también llegue el Año Nuevo.

Y las prioridades de este grupo municipal… En luces de navidad, dedican 100.000 € al año, para solo dos meses (y de noche) sin ningún escrúpulo ni control, mientras solo otros 100.000€ de fondos del Ayuntamiento para ayudas de emergencia social, miradas con lupa y con desconfianza hacia las familias más vulnerables.

Mientras tanto, para este gobierno la política no es gestionar, sino repartir fondos a asociaciones, multiplicar fiestas y eventos y gastar por encima de las posibilidades reales del municipio. Los vecinos del centro, especialmente, ya no celebran tanto: están cansados del ruido y de una ciudad convertida en escenario permanente.

Desde la oposición, tres concejales frente a 18 de Gobierno, solo les pedimos algo sencillo: menos samba y más trabajar, que el Gobierno municipal deje de vivir de los anuncios y empiece a vivir de la gestión.

Porque Los Llanos de Aridane no necesita más propósitos de Año Nuevo, sino hechos. Y de esos, de momento, seguimos a dieta.

*Alicia Vanoostende Simili, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y secretaria general de la Agrupación Local del PSOE

El apagón en La Gomera en agosto de 2023 provocó una serie de decisiones del Gobierno de Canarias que perpetúan un modelo energético obsoleto.

El Gobierno de Canarias declaró la Emergencia Energética y convocó un concurso exprés para nuevas plantas de refuerzo energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Dos años más tarde, se han publicado las ocho plantas propuestas que, aunque están diseñadas como soluciones temporales y funcionarían solo en caso de fallos energéticos, lo harían quemando diésel o propano, combustibles fósiles y contaminantes.

Aún más preocupante es la excesiva cercanía de alguna de ellas a zonas habitadas, como es el caso de las plantas de Tigaiga en los Realejos (Tenerife) y Salinetas en Telde (Gran Canaria), que ya han sido rechazadas por los vecinos y vecinas por el más que comprensible temor a un riesgo para la salud y la seguridad de las personas.

La aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto-ley 7/2025, el “Decreto contra apagones”, introducía un giro decisivo en la arquitectura del sistema eléctrico español ya que priorizaba legal y operativamente el almacenamiento mediante baterías como eje de estabilidad y flexibilidad del sistema.

Esta norma no solo atendía a la urgencia climática y tecnológica, sino que marcaba un punto de inflexión para territorios como Canarias, donde el modelo de respaldo, basado en energías fósiles, sigue anclado en soluciones del pasado.

Con este Decreto se abría una nueva posibilidad, que era la de facilitar el uso de baterías para reforzar el sistema eléctrico en lugar de seguir apostando por combustibles fósiles. Y todo ello porque las baterías no solo responden de forma inmediata a las contingencias, también pueden gestionar excedentes renovables, aportar servicios de frecuencia y reducir la necesidad de mantener encendidas centrales térmicas en reserva.

Era un cambio estructural, que podría haber resuelto la emergencia energética de Canarias. De hecho, el Gobierno de Canarias valoró positivamente este Decreto y anunció, tras los apagones de La Palma, que se apostaría por la instalación de baterías para evitar futuros fallos en el sistema.

Desde el PSOE creemos firmemente que hubiera sido también una alternativa más segura, limpia y viable no sólo para La Palma, sino para todas las islas. Es más, creemos que habría sido una solución a los problemas generados por la ubicación de plantas contaminantes cerca de zonas residenciales, como es el caso de Los Realejos o en Salinetas.

Era además una oportunidad para que Canarias asumiera con valentía un nuevo modelo, que abandonara el respaldo fósil y se situara a la vanguardia con un sistema eléctrico moderno, sostenible y autónomo.

Pero todo eso ha quedado en nada.

Con el único objetivo de acorralar al Gobierno de España, tanto el Partido Popular (PP) como Podemos votaron en contra de la convalidación de esta norma, aunque con ello perjudicaran a Canarias.

Y si esto ya no es una novedad en el PP, sí resulta sorprendente en un partido como Podemos, que presume de política útil y de ser un partido ecologista.

Sin la convalidación de este Real Decreto Ley, volvemos a quedar rezagados en la transición energética y seguiremos obligados a funcionar bajo la lógica del siglo pasado.

Nos quedamos sin respuesta a los apagones y sin atender a las peticiones de la ciudadanía. Perdemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida, de proteger el territorio, de generar empleo y convertirnos en referente en sostenibilidad energética.

Lamentablemente, una vez más, la guerra política ha primado sobre el bienestar de las personas.

Alicia Vanoostende Simili, portavoz de Transición Ecológica del Grupo Parlamentario Socialista y diputada socialista por La Palma

El AIEM, cuya propuesta de modificación se debate estos días, pretende lo mismo pero respecto a determinados productos que se importan y que también se fabrican o se cultivan en Canarias. No para recaudar impuestos sino para compensar el sobrecoste de las actividades industrial y agrícola en las Islas, y posibilitar que compitan en condiciones más justas. No para que pague arancel aquello que se importe sino para los consumidores compren local. No para encarecer la cesta de la compra sino para conseguir que metamos en ella una mayor proporción de referencias de kilómetro cero.

Los detractores dirán que los aranceles introducen distorsiones en el libre mercado, que el proteccionismo solo trae pobreza y que la globalización es el fenómeno que mejor lucha contra ella. Pues sí y pues no. Como hemos visto estas semanas aciagas de confinamiento no podemos confiar en que todo venga de China ni en dedicarnos solo y exclusivamente al turismo. La tan deseada diversificación de la economía necesita de estímulos directos (vía ayudas) e indirectos (vía impuestos).

El nuevo marco legislativo nos condiciona por partida doble. Por un lado la ley de cadena alimentaria obliga a fijar en contrato los costes de producción y a respetar márgenes comerciales razonables en cada eslabón de la comercialización hasta llegar a establecer los precios de venta al público. Esta transparencia es algo bueno para el agricultor, el ganadero y el pescador y sacará a la luz el sobrecoste de nuestra insularidad ultraperiférica: los productos canarios se tendrán que vender más caros.

Por otro lado, esa nueva regulación prohíbe sin matices la venta a pérdidas, prohibición que debería ser suficiente para acabar con la entrada en las islas de productos excedentarios de grandes operadores peninsulares y extranjeros a precio de saldo cuyo impacto sobre el agro local adquiere proporciones de catástrofe. Aun así, muchas referencias seguirán entrando a un precio inferior, que es precisamente lo que se pretende compensar con el AIEM.

La nueva normalidad nos va a exigir contabilizar los costes de otras cuestiones que todavía se consideran de manera tangencial como la lucha contra el paro y la despoblación, la necesidad -por salud pública- de equilibrar la dieta con alimentos más sanos, además de las consideraciones medio ambientales que estaban sobre la mesa: limitar los fitosanitarios, contener las emisiones de efecto invernadero o favorecer la prevención de incendios forestales. Una tarea compleja porque “lo barato” en dinero es siempre muy tentador.

Vamos por buen camino. El AIEM y el resto de medidas han conseguido posicionar el producto local canario en el mercado de forma relevante. Una encuesta realizada el año pasado para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca detectó, como características más positivas para las personas que residimos en Canarias, respecto a los alimentos de origen local, su frescura, calidad, el beneficio para la isla y su mejor sabor, por ese orden. Y a pesar de esa buena consideración estamos todavía en poco más del 50% de autoconsumo de productos frescos con un peso el PIB que no llega al 2%. Tenemos un margen de crecimiento muy importante. Y aun así, para el 32% de los encuestados el precio de los productos locales sigue siendo un problema.

La revisión del AIEM previsiblemente no va suponer el incremento del coste de la cesta de la compra de los productos frescos en cuyos precios intervienen múltiples factores, es posible que se reduzcan los márgenes comerciales de los importadores y permitirá competir mejor al sector primario que ofrece frescura, calidad y mejor sabor, como hemos visto. Y que pueda crecer, ofrecer empleo y crear riqueza, que de eso se trata.

*Alicia Vanoostende es consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.