La propuesta para modificar las leyes electorales se presenta como una modificación técnica, pero en realidad introduce un cambio que refuerza el poder de los partidos ya dominantes y consolida las desigualdades en la competencia democrática.

Se nos dice que esta reforma pretende aportar seguridad jurídica, pero lo que hace en la práctica es establecer un criterio político para ordenar las candidaturas: primero quienes más votos tuvieron en el pasado y después quienes menos. Es decir, se institucionaliza la lógica de que quienes ya tienen más poder político ocupen también las posiciones de mayor visibilidad en el proceso electoral.

Desde una perspectiva democrática, esto es profundamente cuestionable. En unas elecciones, todas las candidaturas deberían concurrir en condiciones de igualdad, sin que las propias normas del sistema electoral establezcan jerarquías entre unas y otras. Las instituciones no están para reproducir las correlaciones de fuerza existentes, sino para garantizar que la ciudadanía pueda elegir libremente entre opciones políticas en igualdad de condiciones.

Esta reforma va exactamente en la dirección contraria: refuerza a quienes ya tienen representación y reduce simbólicamente el espacio de visibilidad para nuevas fuerzas políticas, plataformas ciudadanas o candidaturas emergentes. Es un pequeño cambio normativo, sí, pero con una lógica muy clara: blindar el sistema político existente y hacerlo menos permeable al pluralismo.

Además, resulta especialmente preocupante que una modificación de la legislación electoral se pretenda aprobar por el procedimiento de urgencia y lectura única, reduciendo al mínimo el debate parlamentario. Cuando hablamos de las reglas del juego democrático, lo mínimo exigible es debate, deliberación y posibilidad de mejorar la norma, no una tramitación acelerada para aprobar un cambio que favorece a quienes ya ocupan las posiciones de poder.

Hay alternativas mucho más democráticas y neutrales, como el sorteo o el orden alfabético, que garantizan igualdad entre candidaturas y que se utilizan en muchos sistemas electorales precisamente para evitar cualquier sesgo.

Por eso creemos que esta modificación no responde a una necesidad real de reforzar la seguridad jurídica ni a dotar de un criterio objetivo y homogéneo a una cuestión procedimental del proceso electoral, sino a una lógica política de consolidación de las fuerzas mayoritarias. Y desde una izquierda que defiende el pluralismo político, la igualdad democrática y la apertura de las instituciones a nuevas representaciones sociales, no podemos avalar una reforma que va en sentido contrario.

Hace un par de meses se cumplían 40 años de la aprobación de la Ley del Euskera, un hito histórico en la articulación de la pluralidad de la sociedad vasca, tras décadas en las que la dictadura franquista aplicó una política lingüística ultranacionalista, contra la plurinacionalidad y contra los derechos fundamentales.

El Gobierno vasco decidió, bienintencionadamente, reivindicarlo con una declaración titulada “El acuerdo, clave de futuro”. En su discurso el lehendakari Urkullu reivindicó aquel pacto y afirmó “queremos rendir homenaje a aquellas personas que abrieron el camino de un futuro próspero a la labor a favor del euskera. Tuvieron el valor de convertirse en compañeros y compañeras teniendo diferentes perspectivas, sensibilidades y tendencias”. En una línea que lleva años manteniendo, ya que en 2012, con motivo del treinta aniversario, escribió  “se dieron cuenta de lo prioritario de dirigir adecuadamente la convivencia lingüística, de la importancia que tenía esta convivencia para la construcción de Euskadi” y “también los partidos de la oposición (EE, PSE, UCD, PCE-EPK), actuaron con total responsabilidad. Para todos ellos es ahora nuestro agradecimiento.”

Lo cierto es que ya solo nos mantenemos activos tres de los cinco partidos que posibilitaron aquel pacto lingüístico. Aunque en los últimos años hemos podido leer diferentes reflexiones críticas de algunos protagonistas como Lizundia (EE, “se ha exigido demasiado euskera para ciertos puestos de trabajo”) o más recientemente Eguiguren (PSE, “ha primado la imposición y la obligación”).

En aquella primera legislatura 1980-1984 el PCE-EPK contaba con un representante parlamentario, y a pesar de las controversias orgánicas que sacudieron al partido en esos años, sus distintas tendencias apoyaron aquel acuerdo para la normalización del euskera y para la convivencia lingüística.

Cuarenta años después hay que señalar que se están produciendo graves incumplimientos, en sentidos contrapuestos, por exceso, pero también por defecto. Y es que en aquellos debates parlamentarios se trataron varias enmiendas sobre la cooficialidad lingüística específicamente en la Administración General del Estado en Euskadi. Una AGE que ha desatendido flagrantemente el deber de atención bilingüe, como reiteradamente ha señalado el Comité de la Carta de lenguas minoritarias, del Consejo de Europa. Así como una RTVE que vive de espaldas al euskera. Solo recientemente parece que se están replanteando estos vergonzosos incumplimientos.

Por el lado opuesto, podríamos hablar sobre la falta de pluralidad en EITB (recuérdese la purga del ERE de Radio Euskadi), sobre los problemas lingüísticos en la segregada educación vasca, sobre la privatización de los euskaltegis y los traumatizantes exámenes-reválida de HABE, pero me gustaría ejemplificar nuestra valoración crítica, recordando las recientes controversias sobre perfiles lingüísticos por la sentencia de Irun (trabajadores públicos) o por la sentencia de Barakaldo (trabajadores subcontratados).

Los perfiles lingüísticos que establece nuestra normativa tienen grandes repercusiones en el mundo del trabajo. En su concepción original, como requisito debían ser usados proporcionalmente para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y como mérito iban a ser un incentivo razonable en la promoción del euskera.

Pero se están produciendo dos problemas que desvirtúan lo acordado. Por un lado, el creciente incumplimiento de los índices de obligado cumplimiento, exigiendo el perfil en un número de puestos desproporcionado y desconectado con las necesidades del servicio para atender la demanda ciudadana real y con las realidades sociolingüísticas de cada administración. Y por otro, su distorsionante valoración como mérito, que vacía las opciones reales de quienes no tienen perfil. Y aún más, como se ha denunciado en Osakidetza, prioriza a la gente con perfil para puestos sin perfil, dejando sin personal bilingüe a puestos dónde sí son necesarios, y agrava además la imprescindible atracción de trabajadores sin perfil. Algo que paradójicamente podría solventarse tan solo generalizando los criterios de bolsas del IVAP o la priorización del personal con perfil para cubrir plazas perfiladas, como ya hacen varias administraciones vascas.

Este sistema ha ido evolucionando hacia un país en el que el 14% de la población adulta que tiene perfil lingüístico B2 o superior va conformando el empleo público del país, excluyéndose de esta manera a mucha gente, y configurando unas instituciones que no representan la pluralidad social. Una evolución que deja fuera no sólo a quienes no saben euskera, sino a quienes lo entienden pero no lo dominan, e incluso a euskaldunes que no pueden superar los exámenes de perfil.

Es evidente que aquel acuerdo lingüístico está hoy gravemente dañado. Y el autoengaño nostálgico no es una vía adecuada para afrontar esta ruptura. Se está tramitando ahora el trascendental nuevo Decreto de perfiles, y propuestas necesarias han sido despachadas negativamente (gratuidad de euskaltegis, exigencias proporcionadas y liberaciones de estudio para trabajadores y trabajadoras de subcontratas, indicadores de evaluación y de medición de la demanda lingüística efectiva en cada municipio/sector, reconocimiento de títulos oficiales asimétricos de comprensión en la línea de lo que nos ha mostrado el Euskaraldia…).

Estaríamos a tiempo de reconducirlo con un nuevo pacto lingüístico transversal. Pero si el Gobierno vasco cierra esa puerta, el lehendakari debería ahorrarse sus palabras de puesta en valor de un acuerdo que no habría sido capaz de cumplir.

Corría el año 1997 cuando en la facultad de Historia un grupo de estudiantes discutían entorno a una mesa en la cafetería durante largas horas de palabras, debates, conversaciones casi siempre entorno a la política, la historia, la filosofía y también los más banales temas cotidianos. Diversidad ideológica dentro de un amplio espectro progresista, y uno, el que escribe, afiliado a una organización política llamada PCE, o mejor dicho, a sus juventudes y a una cosa llamada Izquierda Unida.

Una de esas conversaciones tornó cierto día sobre una figura conocida popularmente como “el califa rojo”, ex alcalde de Córdoba y máximo responsable de las dos organizaciones donde yo militaba. Había bastante unanimidad en las valoraciones de esta persona y un compañero contaba la anécdota sobre la opinión que Anguita suscitaba en su abuelo, hombre de costumbres y tradiciones arraigadas en nuestra tierra, católico practicante y votante más que probable del PNV. “Qué bien habla este hombre, cómo me gusta todo lo que dice este hombre, cuánta razón tiene este señor. Qué pena que sea comunista, sino le votaría”.

La anécdota refleja muy bien aquello que el propio Julio Anguita expresaba con aquello de “queredme menos y votadme más” que a buen seguro ha vuelto a rondar en la cabeza de muchas y muchos simpatizantes y militantes del PCE y de IU durante los dolorosos días posteriores al fallecimiento del Califa Rojo el pasado 16 de Mayo, ante la abrumadora oleada de reconocimiento a su figura expresada desde los más diversos rincones y latitudes ideológicas.

Hay quienes deducen que la mejor manera de convencer al abuelo de mi amigo para que vote las ideas y el programa político de Anguita, es decir, las ideas y el programa del Partido Comunista, es esconder precisamente la palabra Comunista y al Partido Comunista. “¡Cómo si mi abuelo fuera tonto!”, respondería mi amigo.

Julio Anguita se nos ha ido suscitando mucho reconocimiento y simpatía por su trayectoria política y personal sin esconder su condición, sus ideas o su filiación política. De hecho es su filiación y su militancia en un partido, el Comunista, y en su proyecto de convergencia creado allá por 1986 bajo el nombre de Izquierda Unida, lo que ha posibilitado que, tras su pérdida física, todo el mundo en este país supiera quién era Julio Anguita.

Han sido millones las muestras de duelo y reconocimiento a nuestro ex Secretario General y Ex Coordinador Federal en IU. Han sido muchas y muchos los mensajes también poniendo en valor las políticas y posicionamientos de Julio durante su etapa como Secretario del Partido y como Coordinador de IU y portavoz en el Congreso de los Diputados. El cariño mostrado estos días desde tantos lares tiene mucho que ver con su forma de hacer política, radical en el contenido pero sin estridencias ni circo romano. Un estilo que se ganó el respeto de propios y extraños.

Muchos de los mensajes que se podían leer tanto en los medios de comunicación como en las tan presentes hoy en día redes sociales, nos muestran la enorme huella que deja Julio en la clase trabajadora de nuestro país. Pero también nos advierten de la importancia de cuidar la idea de lo colectivo y de la transmisión de los valores colectivos en nuestra sociedad. Ha sido muy habitual estos días leer cosas como “el único político que valía la pena”, “el único político que dijo las cosas claras”, “Anguita fue el único que se opuso a Maastricht” o alabanzas como “muere el último político de los de antes, de los de verdad” y cosas por el estilo.

Por eso me parece importante recordar que Julio Anguita era la voz de un sujeto colectivo, de un partido, de una organización y de mucha gente con carné partidario o sin él, que compartía esas ideas y esos posicionamientos. Si lo fiamos todo a las figuras personales, por únicas y excepcionales que sean como en el caso de nuestro querido Julio Anguita, sin tener en cuenta que son parte de algo colectivo, no sabremos continuar su camino y nos encontraremos huérfanos políticamente tras la desaparición física.

La tradición comunista nos enseña que el mejor homenaje es continuar la lucha, porque esta nunca es individual y nos corresponde a todas y todos aportar nuestra parte, nuestro granito de rebeldía para conseguir ese sueño por el que luchó Julio y por el que aseguró que merecía la pena hasta morir.

*Jon Hernández, secretario general del PCE-EPK, miembro de IU y parlamentario de Elkarrekin Podemos*Jon Hernández