Una crisis sanitaria internacional de esta envergadura se puede concebir en dos términos; por un lado, desviar la atención y pensar que las cosas vuelven a su cauce de forma natural e inventando una realidad paralela (léase Administración Trump), o, por otro lado, asumiendo la administración pública el papel que le corresponde por responsabilidad.

He aquí donde se enmarca el objetivo del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, donde aúna a todos los agentes políticos, sociales y económicos de Canarias en un acuerdo excepcional y extraordinario ante la mayor adversidad que ha tenido nuestra tierra a consecuencia de la emergencia sanitaria; la COVID-19, con repercusión sin precedentes en nuestra economía y estructura social.

El Pacto que tendrá que aprobarse en sede parlamentaria, incorpora compromisos y líneas estratégicas, e incluye la tarea imprescindible de establecer un marco presupuestario adecuado para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda implementar un conjunto de medidas para atender todas las necesidades sociales y reactivar su economía. Este Pacto basa su legitimidad de acción en cinco prioridades estratégicas, que pivotan sobre el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, derechos sociales), el refuerzo de nuestra capacidad sanitaria y sociosanitaria, la atención y apoyo a las personas vulnerables, recuperación del empleo, e impulso de la actividad económica.

Todas estas prioridades estratégicas son clave para el nuevo escenario al que tenemos que hacer frente. Pero permitirme que ponga en valor el refuerzo de la capacidad sanitaria que en este documento aparece en primer lugar (siendo todas sumamente importantes), y que me resulta todo un acierto en la manera que se concibe.

Si queremos minimizar el impacto de un nuevo episodio epidémico, tenemos que fortalecer una serie de capacidades sanitarias que nos brinde la oportunidad de actuar de manera precoz y eficiente, sin que ello suponga una merma de la actividad asistencial ordinaria, estableciendo los medios necesarios a través de indicadores y protocolos de vigilancia, para que podamos realizar la monitorización de los nuevos casos sospechosos y de los confirmados.

Este eje vertebrador en materia sanitaria viene presidido por el compromiso de los recursos presupuestarios necesarios para que desde nuestra comunidad autónoma podamos; entre otras cosas, incrementar la capacidad de los laboratorios canarios de realización de pruebas diarias (PCR), y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible los posibles casos.

Un compromiso presupuestario para impulsar las inversiones necesarias en los espacios hospitalarios que garantice la implantación de medidas de prevención y control de la infección en todas sus áreas, contando con el stock suficiente de equipos de protección individual para el personal sanitario y los pacientes. Paralelamente destaca el Pacto, el acometer las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes de agudos y críticos. En el caso de los críticos, se busca duplicar el número de recursos que se pueden activar en menos de 48 horas respecto a la situación habitual.

El refuerzo de la red de Atención Primaria es otra pieza angular en la estrategia, y a buen seguro que muchos profesionales de la medicina convendrán conmigo que esta parte a veces tan olvidada, se nos antoja imprescindible para abordar en su conjunto y de forma más eficiente las estrategias sanitarias, incluida esta de la COVID-19. Una Atención Primaria reforzada lleva aparejada una calidad asistencial a los usuarios. Enhorabuena por plasmarse de forma tan clara en el documento.

Son muchos los aspectos que podría seguir abordando, pero ante todo y como portavoz en materia sanitaria del Grupo Parlamentario Socialista, quiero expresar que hago mío desde ya este documento, y que colma el compromiso de aquellos que apostamos por una sanidad pública y de calidad como garante de la equidad entre canarios.