¿Decimos entonces que hay que abandonar al sector platanero con toda la economía directa e indirecta que representa? No, aquí planteamos llevar el debate del reparto hídrico al grueso de la población.

Cuando hablamos del agua atendemos directamente a agricultoras/es del plátano, como colectivo diferenciado dentro del sector agrario, agricultoras/es de otros recursos agrícolas y consumidoras/es. Y desde el inicio de cualquier debate tenemos que entender esta dimensión global.

Recientemente nos hemos levantado leyendo titulares muy alarmantes que ponen en peligro la agricultura de Isla de La Palma. Datos muy preocupantes con el anuncio del peor invierno vivido en los últimos 40 años, nivel de lluvias ya por debajo del 70% del valor normal de lluvias, y el Ejecutivo estudiando declarar la emergencia por sequía en Canarias.  

A esta realidad añadimos que el propio Cabildo reconoce que pierde millones de metros cúbicos en el canal Barlovento-Fuencaliente. Sin embargo, no podemos saber el porcentaje de pérdidas porque no existe una gestión eficaz de aguas en La Palma, ni han hecho auditorías para ese fin tampoco.  Es decir, la transparencia hacia la ciudadanía, que es finalmente la afectada por la sequía, no existe. 

El verano está a las puertas y la sequía ya ha dejado a muchas familias agricultoras de la isla sin riego. Ejemplo de las medianías sin agua de Barlovento, cortes en Fuencaliente desde hace ya dos años. Los Llanos y El Paso con grandes dificultades para hacer efectivo el abasto de aguas. Ante esta situación, la posición del Consejo Insular de Aguas en el reparto del agua disponible para la agricultura es la de priorizar el agua hacia el sector platanero.

Si bien el Consejo Insular de Aguas de La Palma tiene potestad para la priorización del agua disponible, ¿la comunidad de agricultores, los vecinos afectados, no tienen derecho a participar en estas decisiones? La Ley 12/1990 de 26 de julio, la que rige actualmente el agua de Canarias, y cuyo objetivo es “cerrar en Canarias un período polémico y difícil en materia hidrológica, abriendo una nueva etapa en la que el agua no debe ser un obstáculo para la convivencia de todos los canarios, cuyas diferencias deben dejarse a un lado ante la tarea común de ordenar y aprovechar racionalmente un recurso vital para todos, en cada isla con sus especialidades”. Entendemos entonces que, si se trata de un aprovechamiento racional y para todos, dedicar toda el agua a un producto de exportación, genera, cuanto menos, cuestionamiento moral, sobre todo en este tiempo en el que una pandemia nos ha mostrado la total dependencia del exterior en cada una de las islas Canarias.

¿Realmente queremos mantener esta dependencia tan extrema de productos del exterior? ¿no tenemos miedo a los peligros especulativos del petróleo y cómo afecte a la entrada de alimento en las Islas? En la historia, cercana y pasada, encontramos múltiples ejemplos de conflictos territoriales por el control de fuentes de petróleo y gas, a ello añadimos unos altísimos niveles de contaminación mundial que nos están llevando a una deriva habitacional sobre el planeta (duras condiciones climatológicas, sequías, incendios y, ya, un emerger de nuevas epidemias que, según expertas/os, se repetirán cada pocos años por la cantidad de nuevas cepas de bacterias, nocivas para el ser humano, que se están descongelando debido a los deshielos). 

Es importante conocer un concepto que nuestros abuelos manejaban con una maestría envidiable. La soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de manera ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Por lo tanto, podemos entender que la pérdida de las medianías, por una decisión jerárquica no consensuada, nos lleva a la pérdida de la posibilidad de una soberanía alimentaria en La Palma. La soberanía alimentaria asegura el alimento de calidad y de cercanía, además del crecimiento de la economía local. Depender del exterior, siempre será estar en la puerta del muelle esperando que esta vez no lleguen papas de Israel.  

¿Decimos entonces que hay que abandonar al sector platanero con toda la economía directa e indirecta que representa? No, aquí planteamos llevar el debate del reparto hídrico al grueso de la población. Por supuesto no se pretende dejar sin trabajo y sustento a miles de familias de nuestra isla.

De hecho, no son los colectivos que defienden la transparencia y la eficiente gestión de aguas de La Palma los que hacen daño a las agricultoras y agricultores del plátano. Recordemos que durante el confinamiento por el estado de alarma, el kilo de plátanos se pagaba al productor/a entre 3 y 30 céntimos, cuando el coste de producción es de 60 céntimos por kilo. Sin nombrar la famosa pica, que ha llevado a miles de kilos de plátano al barranco. Conociendo estos datos, y conociendo la fuerte dependencia de alimento del exterior ¿no es alarmante que se hayan gastado millones de metros cúbicos de agua en detrimento de fruta y verdura de cercanía que podíamos estar disfrutando en la Isla?