La visita del presidente Pedro Sánchez a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco del 21 al 23 de julio se ha enmarcado en una estrategia del Palacio de La Moncloa destinada a impulsar las relaciones económicas de España - la 12ª potencia económica mundial y la 4º de la UE- con su principal aliado y socio estratégico a nivel internacional, los Estados Unidos de América. El mensaje ha sido nítido en los encuentros con las más de 30 multinacionales y fondos de inversión: España es un país confiable y en fuerte crecimiento, en ascenso en todos los sectores económicos tras superar la crisis de la Covid-19. La última visita oficial del presidente Sánchez a EEUU se realizó en septiembre de 2019 bajo la administración Trump en la Casa Blanca y con una agenda de marcado carácter institucional: Naciones Unidas, Cumbre Desarrollo Sostenible, etc. En esta nueva visita la agenda ha estado orientada a exponer a los principales inversores y empresas - en especial tecnológicas - de EEUU los datos sobre la fuerte recuperación de la economía española así como el éxito del proceso de vacunación en nuestro país. Las previsiones actualizadas del FMI para 2022 augurando un incremento del PIB del 5.8% sitúan a España con el mayor crecimiento de las economías desarrolladas por delante incluso del mismo EEUU, Alemania o Japón. Este dato viene acompañado de uno de los mayores porcentajes de población vacunada a nivel mundial.  

La llegada a España de los fondos “Next Generation EU” - 140.000 millones de euros - ha sido el eje central en esta gira por los centros financieros y empresariales de Estados Unidos. La oportunidad de atraer nuevas inversiones a nuestro país ya se constató el pasado 19 de mayo en el seminario organizado por elDiario.es “Los fondos europeos de recuperación: Así va a cambiar España”. Con la asistencia del presidente Pedro Sánchez así como del Presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli y del Vicepresidente de la Comisión Europea, el letón Valdis Dombrovskis, este encuentro en Madrid permitió visualizar las innovaciones que conllevaran los fondos europeos para España. En esta visita de trabajo con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se intercambiaron propuestas con las empresas e inversores de EEUU en seguimiento de la estrategia española de movilizar desde el sector privado en 2022/2026 una cifra próxima a los 500.000 millones de euros. Unas inversiones que el Palacio de La Moncloa quiere destinar a la transición ecológica y digital enunciada en el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” presentado en abril - con el visto bueno de la Comisión Europea - para incentivar sectores como el 5G, el hidrógeno verde o la fabricación de coches eléctricos.

En Nueva York y California, sendos encuentros con el ex alcalde de la ciudad de los rascacielos Michael Bloomberg y el CEO de Apple Tim Cook acapararon la atención de los medios de comunicación. En el almuerzo con Bloomberg las cuestiones financieras - pero también las políticas - ocuparon buena parte de la conversación. Bloomberg tras el fiasco de su candidatura en las primarias demócratas (invirtió más de 500 millones de dólares y solo obtuvo doce delegados) decidió respaldar con elevados donativos a su viejo amigo el actual Presidente de EEUU, Joe Biden. Es conocida la influencia del multimillonario y su agencia de noticias económicas, Bloomberg News, en los ámbitos políticos, financieros y empresariales de EEUU. Ese mismo día en el Manhattan, donde el presidente Sánchez vivió en los años 90, se concedió una entrevista al canal MSNBC y se mantuvo en la recién inaugurada oficina económica y comercial española una ronda de encuentros con bancos y fondos de inversión como JP Morgan, Bank of America o Soros Fund. 

En California, tras exponer en un foro universitario en Los Ángeles - fundada por los españoles en 1781 - el futuro imparable del español en EEUU con cerca de un 20% de población hispanohablante, el presidente Sánchez visito la emblemática sede de Apple en Palo Alto. Tim Cook, según las informaciones posteriores, dio continuidad a las conversaciones de su visita en 2019 al Palacio de La Moncloa y a su agenda de proyectos en España que esta expandiéndose aceleradamente gracias a los fondos “Next Generation EU”. Esta misma voluntad de acogerse a los fondos europeos de recuperación fue expresada en Los Ángeles por los máximos responsables de HP, Intel, PayPal o LinkedIn interesadas en los proyectos de la transición digital diseñada en el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. El sector audiovisual, con España como escenario para las nuevas plataformas, fue otro de los objetivos de la intensa agenda en California: Netflix, HBO, Disney o Warner fueron los interlocutores.

EEUU y España, como se preveía al planificar esta visita, están próximos a dar un salto cualitativo en su relación en el área económica y política. La nominación de Julissa Reynoso, de ascendencia dominicana e hispanohablante, como nueva Embajadora de EEUU en Madrid refuerza estas expectativas al abrir una valiosa línea directa con la Casa Blanca. La diplomática de carrera Reynoso, a la que tuve el placer de conocer durante su brillante ejercicio como Subsecretaria Adjunta en el Departamento de Estado encargada de Centroamérica y Caribe durante la administración Obama (2008-2016), es además un peso pesado del Partido Demócrata. En la actualidad se desempeña como jefa de gabinete de la Primera Dama - la profesora Jill Tracy, esposa del Presidente Biden - que ha destacado por promover una activa agenda feminista y medioambiental desde su llegada a la Casa Blanca. 

El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken en una extensa llamada para felicitar al nuevo ministro de exteriores español, el ex embajador en Paris José Manuel Albares, ha confirmado la sintonía entre Washington y Madrid. El Departamento de Estado explicó en una pormenorizada nota de prensa el interés de EEUU en cooperar en temas como Cuba, Venezuela y Nicaragua o la crisis migratoria en Centroamérica - tratada en junio entre Biden y Sánchez en Bruselas - así como en el Mediterráneo y el Sahel. Madrid esta muy bien posicionado para ser un mediador - como en la Centroamérica de lo 80 - en un diálogo entre Washington y los gobiernos de izquierdas de La Habana, Caracas y Managua. Las conversaciones en Ciudad de México entre gobierno y oposición venezolanas - impensables hace unos meses - o el nombramiento de los diplomáticos latinos Ricardo Zúñiga y Juan González en puestos claves en la Casa Blanca y el Departamento de Estado son claros mensajes de un cambio de rumbo en EEUU ante América Latina. En Centroamérica, Suramérica, Mediterráneo y el Sahel, todas regiones con fuerte presencia de la Cooperación Española, es factible establecer una colaboración entre la AECID y la USAID, la agencia de EEUU de ayuda al desarrollo. La nueva secretaria de estado de cooperación internacional Pilar Cancela - acreditada experta en diplomacia parlamentaria, género y cooperación - apuesta por liderar la ayuda al desarrollo en la UE y establecer sinergias con las agencias de cooperación de EEUU para alcanzar las metas de la “Agenda 2030” de NNUU. 

La Casa Blanca y el Palacio de La Moncloa tienen dos citas clave, de mutuo interés, en el calendario internacional. La Cumbre de la OTAN en la primavera de 2022 en Madrid y la Cumbre de las Américas en Washington - tras aplazarse debido a la Covid-19 - a principios de 2022. Ambas congregarán respectivamente a los líderes de los estados miembros de la Alianza Atlántica y la Organización de Estados Americanos para abordar los desafíos en el mundo postpandemia. En Madrid se elegirá un nuevo secretario general de la OTAN y España como país anfitrión - su apuesta es por una mujer y europea - tendrá mucho que decir. El fracaso neoliberal y el imparable retorno al poder de los gobiernos de izquierdas y progresistas revaloriza la autoridad de Madrid en la OEA donde España es estado observador desde 1972. Varios países e instituciones del subcontinente han solicitado a Washington invitar a España a la Cumbre de las Américas en reconocimiento a su liderazgo en la región. El éxito de la visita del presidente Sánchez a EEUU, cuyas empresas tienen a día de hoy inversiones en 89.000 millones de euros y más de 200.000 empleos en España, invitan al optimismo en esta esperanzadora etapa desde la llegada el pasado 20 de enero del Presidente Joe Biden a la Casa Blanca.

Wilton Eniel Gutiérrez, un niño nicaragüense de diez años, vagaba solo el pasado abril por el desierto en Texas cuando lo encontró una patrulla fronteriza. Las imágenes - escalofriantes - muestran al menor sollozando y explicando que el grupo de migrantes con el que viajaba le habían dejado “botado” la noche anterior. Ni siquiera sabía que estaba ya en los Estados Unidos. En la Casa Blanca esos sollozos entrecortados impactaron no solo emocionalmente - la vicepresidenta Kamala Harris es hija de migrantes - sino también políticamente: la situación en la frontera sur de EEUU amenaza con descontrolarse. Todo parece justificar las tesis de Trump sobre la “necesidad” del famoso muro fronterizo.

Guatemala y Honduras - los restantes países les siguen a escasa distancia - viven una explosión demográfica. Al mismo tiempo, la Covid-19 ha disparado en Centroamérica los indicadores de pobreza, desempleo e incluso de inseguridad alimentaria - Hambre, con mayúsculas -. El auge de las “Maras” - sanguinarias pandillas de delincuentes - hace insoportable la vida diaria. En el triángulo norte - Guatemala, Honduras y El Salvador - el índice de muertes violentas es superior a países en guerra como Irak o Afganistán. Incluso existen contra algunos gobiernos acusaciones en tribunales de EEUU de infiltración por los cárteles mexicanos. 

La migración de Centroamérica a Estados Unidos - México está reconvirtiéndose de país emisor a zona de tránsito - va a incrementarse en los próximos años. La Covid-19 es el nuevo acelerador migratorio. El cambio climático es otro: los huracanes “Eta” e “Iota” en Centroamérica han arruinado las cosechas y extendido - aún más - la miseria. Los gobiernos nacionales, sin distinción de ideologías, son duramente criticados pero frente a estas desgracias - huracanes y epidemias - no han recibido ayuda exterior significativa. Entre las contadas excepciones, España, cuya reina Doña Letizia se desplazó a Honduras con un amplio envío de la Cooperación Española. La retórica de Trump de que un muro puede detener fuerzas de esta magnitud es, simplemente, pensamiento mágico.

El presidente Joe Biden se juega en buena medida la continuidad en la Casa Blanca en Centroamérica. La migración es parte central del polarizado debate político en EEUU. Prueba de ello es el mandato a la vicepresidenta Kamala Harris y a un equipo de experimentados asesores - los latinos Juan González y Ricardo Zúñiga sobresalen - para construir una nueva política para la región.

Centroamérica es un desafío que algunos en Washington - y también en Bruselas - consideran irresoluble. No todos compartimos esa visión. El Departamento de Estado ha anunciado que ampliará y reconducirá la ayuda - para eludir la corrupción - a través de la sociedad civil. La ayuda exterior - recortada drásticamente por Trump - es un paso en la buena dirección. Pero ni los 4.000 millones prometidos por la Casa Blanca serán suficientes sin una estrategia integral.

En 2003 se firmo el Cafta, un tratado de libre comercio de EEUU con el área. El Cafta - de corte neoliberal - solo ha agudizado los desequilibrios. En cambio, si mañana EEUU firmase un acuerdo comercial preferencial real con los países del triangulo norte - extensivo a Nicaragua, Costa Rica y Panamá - la migración caería. Si este acuerdo preferencial se coordinase con el actual acuerdo comercial regional con la UE, impulsado por el entonces presidente Zapatero y firmado en Madrid bajo la exitosa presidencia española de la UE en 2010, la migración caería más aún. Al poder exportar Centroamérica sus productos y cosechas - a precios y salarios dignos - los campesinos y trabajadores urbanos se quedarían en sus casas en vez de arriesgarse en el peligroso viaje al norte. Las caravanas de migrantes se quedarían sin pasajeros.

También hay que avanzar en el control de la criminalidad. ¿Es imposible? En Centroamérica se desarticularon decenas de tramas de alto nivel de narco-corrupción. ¿La fórmula? Comisiones de apoyo a la judicatura y policía locales - en su mayoría honestas - enviadas por la ONU y otros organismos internacionales. Estas comisiones fueron retiradas en su día a pesar - ¿ o más bien a causa? - de sus éxitos incontestables contra los carteles del narcotráfico y las “Maras”. 

Este 2021 la sensibilidad política - tras la reunión de la vicepresidenta Kamala Harris con un grupo de abogadas centroamericanas - ha variado y la puerta a su retorno se está abriendo. Si estas comisiones internacionales de apoyo regresan veremos avances inimaginables en seguridad. 

El “Plan Centroamérica” que la vicepresidenta Harris está impulsando es una acertada iniciativa. La solución de las crisis ( en plural ) en Centroamérica requieren sin embargo incorporar a más actores internacionales. EEUU, en solitario, no puede hacer frente hoy a todos los retos y demandas de la región. Centroamérica tiene enormes potencialidades en turismo, energía, agricultura, industria, pesca, etc. Pero necesita infraestructuras y seguridad para crecer - con inclusión social - y competir en unas condiciones mínimas en este mundo global.

España fue decisiva en los acuerdos de Paz en la década de los 90. También lo fue nuevamente - con inversión y cooperación - en el posterior “Plan Puebla Panamá”  para la reconstrucción tras los conflictos armados internos. Fue Madrid quien lideró los esfuerzos de la UE en ambos procesos.

Pedro Sánchez - al igual que Joe Biden - se ha ganado el respeto de Centroamérica por su apoyo ante la Covid-19 y los huracanes “Eta” e “Iota”. La presidenta del Parlamento Centroamericano, la exfiscal hondureña Fanny Salinas así como varios gobiernos del área han planteado al presidente Sánchez en la reciente y fructífera Cumbre en Costa Rica con los lideres regionales una propuesta ambiciosa: incorporar a España y la UE al “Plan Centroamérica”, en particular en infraestructuras y seguridad. 

España y la UE son el primer donante en cooperación al desarrollo a Centroamérica y el segundo inversor en el área. La ampliación del Canal de Panamá o la red eléctrica regional son (excelente) obra de empresas españolas. La lucha contra los cárteles - liderada por la judicatura y policía locales en cooperación con la DEA y el FBI - ha alcanzado logros resonantes cuando ha contado, sobre el terreno, con la experiencia de la judicatura y las policías españolas. El “Plan Centroamérica” avanzará más rápido y más lejos con la contribución española y europea hacia sus metas.

Una alianza entre Biden y Sánchez a favor de Centroamérica sería sin duda una excelente noticia para la región. Una coalición entre EEUU, España y la UE en este 2021 - bicentenario de la pacífica independencia centroamericana - para dar esperanza y futuro reales a Centroamérica. 

El pasado 9 de mayo, Día de Europa, dio inicio con un acto oficial en Estrasburgo la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”. Esta iniciativa interinstitucional -que finalizará en 2022 bajo la presidencia semestral de Francia de la Unión Europea- es un foro sin precedentes desde la Convención Europea del 2002 y abre la puerta a una profunda redefinición de los objetivos y la estructura del proyecto europeo.

La Conferencia es una iniciativa de la diplomacia francesa y alemana -con una destacada participación española- que ha obtenido el respaldo de las tres instituciones europeas: la Comisión, el Consejo y el Parlamento. La puesta de largo en Estrasburgo contó con la asistencia -presencial, no telemática - del presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Portugal, Antonio Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Todos coincidieron en la necesidad de reflexionar sobre el futuro del proceso de unidad europeo ante la nueva situación creada por la pandemia de la COVID-19, la aceleración del cambio climático y los crecientes desafíos, internos y externos, a los tradicionales valores democráticos que han sido la seña de identidad principal de la UE.

España está desarrollando una activa presencia en esta conferencia. El firme compromiso europeísta de nuestro país desde su adhesión en 1986 a la entonces Comunidad Económica Europea es un aval en Bruselas para las opiniones y propuestas españolas. La Moncloa es consciente también de la transcendencia de los debates de esta conferencia para España. Existe un creciente consenso en que la Conferencia va a desembocar en una reforma de los tratados europeos. Los plazos estimados colocan la firma de este nuevo tratado en el segundo semestre de 2023, durante el ejercicio de la presidencia semestral de España de la Unión Europea, lo que conllevaría que el nuevo tratado europeo llevase el nombre de una ciudad española. 

Pedro Sánchez ha realizado una fuerte -y exitosa- apuesta por resituar a España, tras la década perdida por la crisis financiera de 2008, en el centro de la gobernanza europea. El incremento del peso político y económico de España -la 4ª economía de la UE- es una realidad incontestable avalada, además, por las excelentes perspectivas económicas de la Comisión Europea. Las previsiones oficiales, revisadas al alza esta última semana desde Bruselas, avanzan un crecimiento del 5,9% en 2021 y el 6,8% en 2022. España se convertirá, así, en el país con mayor crecimiento de la Unión Europea gracias a los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo “Next Generation EU”. En esta línea, la incorporación de Madrid al eje París-Berlín y la creación de un G3 en el seno de la Unión Europea han sido uno de los ejes de la política exterior española en esta última etapa. La articulación de geometrías variables y coaliciones temáticas (el grupo de países amigos de la cohesión, el grupo de países del sureste europeo, migración, etc) son un valioso complemento de la acción exterior de España en el seno de la UE, pero, obviamente, la alianza con el eje franco-alemán es la vocación estratégica de la diplomacia española. 

La “Conferencia sobre el Futuro de Europa” cuenta por primera vez con una amplia participación de la sociedad civil. A tal efecto se ha creado una plataforma digital multilingüe que permite a cualquier ciudadano u organización presentar propuestas con el único requisito de respetar los valores europeos. El Consejo Europeo, bajo la actual presidencia semestral de Portugal , la Comisión Europea y el Parlamento Europeo -con la presencia destacada de la socialista española Iratxe García- han establecido un comité ejecutivo que está coordinando los trabajos de la Conferencia con el objetivo de dar la máxima proyección a los resultados de este debate europeo. Hay que señalar que los jóvenes son parte central de este proceso con una amplia presencia en la representación ciudadana en la Conferencia. Están desarrollándose en estos momentos decenas de eventos, tanto virtuales como presenciales, vinculados a esta plataforma multilingüe a nivel local, regional, estatal o europeo desde múltiples organizaciones de la sociedad civil. 

El “Movimiento Europeo” ha trabajado intensamente para abrir la Conferencia -a diferencia de la Convención de 2002 limitada a las instituciones- a la participación de la ciudadanía y de los jóvenes europeos. Esta entidad europeísta fundada por Churchill, Spaak, Madariaga y De Gaspieri tras la II Guerra Mundial se ha erigido como el principal dinamizador desde la sociedad civil de los debates con una perspectiva federalista en sintonía con el reciente documento de la “Estrategia Exterior Española 2021/2024”. La eurodiputada búlgara Eva Paunova y el catedrático español Francisco Aldecoa -que lideran desde Bruselas y Madrid el “Movimiento Europeo”- están impulsando propuestas para alentar la integración europea en áreas como la salud, el cambio climático o la reforma de los tratados. En las próximas fechas está previsto en Tenerife un importante encuentro del Movimiento Europeo -con la asistencia del Parlamento y la Comisión Europea- para profundizar en los debates multilaterales de la Conferencia. 

España tiene puestas muchas esperanzas en las conclusiones de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”. Desde Moncloa confían en dar un salto adelante en la integración política y económica del continente, así como reforzar el contenido político de su Presidencia semestral en 2023 con la firma por los 27 jefes de estado y de gobierno europeos de un nuevo tratado institucional -en seguimiento a los suscritos en Maastrich 1992 y Lisboa 2007 -en una ciudad española. Seria el colofón ideal a una Presidencia europea en la que España aspira, tras alcanzar una plena recuperación de la crisis de la COVID-19 con los 140.000 millones del fondo “Next Generation EU”, a asumir el liderazgo de una UE más ecológica, digital, social y federal en este siglo XXI.

La Comisión Europea ha anunciado que España será el país con mayor crecimiento de la UE con un 5,6% en 2021 y el 5,3% en 2022. Una noticia cuya trascendencia y derivadas - no solo económicas sino también políticas - no ha pasado desapercibida ni en las capitales ni en los principales diarios económicos de los 27 socios europeos. Estos datos consolidan la posición española como la cuarta economía de la UE, que cuenta además con la red de seguridad de los 140.000 millones de euros del fondo de respuesta a la COVID-19 “Next Generation UE”. Hay que recordar ahora que algunas voces de la oposición - como Aznar en 1992 al calificar de “pedigüeño” a Felipe González en plena negociación de los fondos de cohesión no han contribuido a la llegada de estas ayudas europeas ni con sus declaraciones durante la Cumbre de Bruselas ni en la reciente votación en el Congreso de los Diputados.

Moncloa ha situado desde 2018 a varios españoles en Bruselas decisivos para la aprobación del fondo de recuperación postCOVID-19 así como en la creciente influencia en la UE postBrexit. España tiene -a diferencia de la crisis financiera de 2008- la Vicepresidencia de la Comisión Europea y el Alto Representante de Política Exterior que ostenta Josep Borrell y a Iratxe García como la Presidenta del Grupo “Socialistas & Demócratas” que con 150 diputados son la segunda fuerza de la Eurocámara. La intervención de Borrell y de García han decantado la balanza en múltiples acuerdos en el seno de la Comisión y el Parlamento. A mayores en el área económica España está reforzada al ejercer sendas vicepresidencias en el Banco Central Europeo y en el Banco Europeo de Inversiones.

Madrid ha hecho valer también su recuperada interlocución con Latinoamérica, que con más de 700 millones de consumidores es un socio económico prioritario para la UE. La renovación de los acuerdos comerciales europeos con México y Chile así como la esperada ratificación del acuerdo con Mercosur llevan el sello inequívoco de la diplomacia española. La reunión ministerial de los países de América Latina y la UE del pasado diciembre en Berlín bajo la Presidencia alemana visualizó el calado de esta relación transatlántica: 800.000 millones de euros de inversiones europeas en la región en 2018 y el tercer socio comercial tras EEUU y China.

España es la 12ª economía del mundo -reforzada tras las previsiones de crecimiento para 2021 y 2022- y desempeña un activo papel en la nueva geopolítica postCOVID-19. En Naciones Unidas la influencia de la diplomacia española se reflejó en la Cumbre de El Pardo que el pasado noviembre reunió, entre otros, a los presidentes y primeros ministros de Suecia, Canada, Sudáfrica, Bangladesh, Corea del Sur, Senegal y Nueva Zelanda así como al Secretario General de la ONU, el ex primer ministro socialista portugués António Guterres, en una nítida apuesta multilateralista. La presencia económica y cultural en Africa o Asia-Pacífico, antes anecdótica, es especialmente visible tanto a nivel empresarial (energía, construcción, etc.) como en la apertura de nuevas sedes del Instituto Cervantes. Un dato para no olvidar: La segunda lengua extranjera mas demandada en las universidades y grandes empresas chinas, japonesas y surcoreanas es el castellano.

El creciente liderazgo de Madrid en la UE tiene a favor también el triunfo del demócrata Joe Biden que augura una clara sintonía entre la nueva Casa Blanca y Moncloa. El expresidente Obama expresó en 2018 tras reunirse con Sánchez su admiración por las innovadoras políticas progresistas y medioambientales en España. En Bruselas se da por descontado que el español será uno de los invitados europeos de la administración demócrata en la primavera de 2021 a la “Cumbre de las Américas”. La Casa Blanca ya ha enviado mensajes para contar con los buenos oficios de España en algunos de los dossieres - Cuba, Venezuela, Brasil y la Amazonía, etc.- que abordará esta Cumbre que reunirá en Washington a los líderes de los países del hemisferio occidental.

La decisión de la canciller Angela Merkel de no optar a la reelección este próximo septiembre abrirá grandes incertidumbres en Alemania. La agónica victoria en segunda vuelta en el congreso democristiano este enero del sucesor oficioso de la canciller, el moderado Armin Laschet -el candidato mas votado en primera vuelta fue un duro en inmigración y antieuropeísta - hace presagiar el fin de la “Grossen Koalition” del SPD y la CDU. Los analistas coinciden -desde el diario conservador “Frankfurter Allgemeine Zeitung” al semanario progresista “Der Spiegel”- en dibujar tras las elecciones una amplia fragmentación del Bundestag y una etapa de prolongada inestabilidad en Berlín. 

Mientras, un Emmanuel Macron con sombrías perspectivas tras la revuelta de los “chalecos amarillos” esta apostando por un repliegue nacionalista de Francia. No sólo en política interior con medidas contra el “secesionismo islámico” o el endurecimiento de las leyes de seguridad. Las reticencias al acuerdo comercial UE-Mercosur o a las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte - claves para la estabilidad de los Balcanes - han causado profundo malestar en Bruselas. Este giro de la diplomacia gala muestra el nerviosismo ante el ascenso de la extrema derecha de Marine Le Pen. Macron también teme en 2022 a una posible candidatura de la izquierda y los ecologistas al Palacio del Elíseo encabezada por la alcaldesa socialista de París, la francoespañola Anne Hidalgo.

España aparece este 2021 -ante la retirada de Merkel y la incógnita Macron- como la principal opción en el continente para asumir el liderazgo de la Unión Europea. Madrid es valorada en los centros de mando de las instituciones comunitarias -el Consejo, la Comisión y el Parlamento- como un actor confiable y central en la gobernanza europea. A favor de Moncloa juegan la salida del Reino Unido, la inestabilidad italiana - con un débil gobierno técnico encabezado por Draghi, ex presidente del BCE - y el enfrentamiento crónico con Bruselas de Polonia y sus aliados iliberales del “Grupo de Visegrado”. El presidente Sánchez se posiciona en este escenario - con el aval de la solida recuperación anunciada por la Comisión Europea - como el referente de la mayoría de los estados y las instituciones comunitarias para liderar la UE tras el Brexit y - vacunas mediante - el fin de la epidemia del COVID-19.

El 9 de agosto de 1974 el presidente Richard Nixon - ante el más que previsible triunfo del “Impeachment” - anuncia su dimisión en una comparecencia en la Casa Blanca y cede el testigo a su vicepresidente, Gerald Ford. El escándalo del espionaje del Watergate - desvelado por una ardua investigación de “The Washington Post” - había colocado sin opciones al líder republicano y tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes existían ya las mayorías (2/3 en el Senado y mayoría simple en el Congreso) para aprobar la destitución del presidente de EEUU. Un dato histórico menos conocido es que Nixon, a pocos días de dejar la Presidencia, llamó a uno de sus últimos senadores leales, el californiano Alan Cranston, y le espetó: “Aún podría apretar un botón y acabar con millones de personas”. Esa misma noche, su secretario de Estado, Henry Kissinger, y su secretario de Defensa, James Schlesinger, informados de la conversación telefónica por el horrorizado senador y por los servicios de inteligencia, acordaron retirar al presidente Nixon el control de los códigos nucleares. La resolución - por obvias razones de seguridad nacional - fue tomada en el más estricto secreto y se dieron instrucciones a la Junta de Jefes de Estado Mayor de que cualquier orden del presidente sobre el lanzamiento de misiles nucleares debería ser refrendada - como mínimo - por el secretario de Estado o el de Defensa. La decisión fue probablemente acertada, pero tras su revelación en la década de los 90 han sido múltiples los juristas que han señalado la evidente ilegalidad del procedimiento. 

Los sucesos en el Capitolio el día de Reyes de 2021 ya han entrado en los libros de historia. No existen precedentes en los mas de doscientos años de democracia en EEUU de un asalto a la sede de la soberanía nacional con el propósito declarado - y alcanzado por unas horas - de impedir la certificación del resultado de las elecciones presidenciales. La gravedad de los hechos - además de las cuatro víctimas mortales y el medio centenar de heridos - han provocado un impacto emocional sin precedentes en EEUU. La ciudadanía asistió atónita a la que el presidente electo Joe Biden definió como una “insurrección, no una protesta”. Esta vez hasta el líder de la minoría republicana en el Senado - el hasta ayer incondicional trumpista Mitch McConnell - se ha sumado calificando lo acaecido de “Insurreción fallida” y “acto criminal”. Sin embargo, a pesar de su espectacularidad, la toma del Capitolio - ya existían los precedentes de las ocupaciones de varias sedes legislativas estatales - no debería sorprender a nadie en el interior ni el exterior de EEUU. La conclusión lógica del heterogéneo movimiento trumpista - una amalgama de populismo, nacionalismo y extremismo de derechas - era su radicalización y enfrentamiento directo al sistema democrático cuando este ya no le fuese útil para sus propósitos. Tanto el candidato Donald J. Trump en 2016 como el ya presidente en 2020 advirtió de que no aceptaría ni reconocería ningún resultado que no fuese su propia victoria. 

El Senado y el Congreso finalmente han podido certificar la victoria electoral del candidato demócrata. De hecho, la violencia desatada en el Capitolio ha mermado los apoyos trumpistas: de 15 senadores que anunciaron que objetarían los resultados solo siete - entre ellos el inefable Ted Cruz, presidenciable para 2024 en todas las quinielas - se atrevieron a dar el paso de cuestionar el veredicto electoral. Presionado por la oleada de indignación nacional - el ex presidente republicano George W. Bush y los ex presidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton lideran el rechazo al asalto al Capitolio - la Casa Blanca ha emitido un breve comunicado comprometiéndose a una “transición ordenada”. Sin embargo, a estas alturas nadie cree ya en la palabra del presidente Trump. El temor creciente entre las élites - esta vez tanto demócratas como republicanas - es que Donald J. Trump ante la perspectiva de acabar procesado - y condenado - tras su salida de la Casa Blanca decida tomar decisiones irreparables. La tesis más alarmante a esta hora en EEUU no es novedosa - fue discutida en una reunión en el despacho oval en diciembre - : una operación militar de alto alcance contra uno de los países del Eje del Mal ( Irán y Corea del Norte tienen todas las papeletas) con la que la Casa Blanca podría justificar la postergación de la ceremonia de toma presidencial del 20 de enero.

Ante esta posibilidad, el “estado profundo” - como los seguidores conspiranoicos de QAnon lo definirían - se ha activado. La administración demócrata entrante y la cúpula del Partido Republicano no están dispuestos a entrar en guerra con una potencia extranjera - nuclear en el caso de Corea del Norte - en medio de la mayor crisis institucional en la democracia estadounidense. En Washington ya se habla abiertamente de un “impeachment express” que aparte al presidente saliente de su cargo. Otra opción sobre la mesa - un grupo de legisladores demócratas ya la ha solicitado - es la aplicación de la enmienda 25º de la Constitución de EEUU que posibilita declarar “incapacitado” para el cargo al presidente. Debería ser impulsada por el vicepresidente Mike Pence - calificado de “cobarde” por Trump por participar en la sesión de certificación de resultados - y una mayoría de miembros del Gabinete. Las escasas dos semanas en el cargo - con el poder omnímodo de la Presidencia - que aún le restan a este presidente son un riesgo demasiado alto para la democracia estadounidense. Es evidente que las instituciones en EEUU actuarán en las próximas horas. La única duda es si lo harán de forma pública mediante un “impeachment express” o la enmienda 25 o bien de forma más discreta limitando en la práctica - como en 1974 con el presidente Nixon - los actuales poderes del (todavía) inquilino de la Casa Blanca.

Nueva York. 1946. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - en uno de sus primeros encuentros tras la creación de la ONU en 1945 - se reúne en sesión extraordinaria, a petición de Polonia, el país cuya invasión dio inicio a la 2ª Guerra Mundial, con un único punto en el orden del día: “La cuestión de España”. Tras una durísima ronda de intervenciones contra el gobierno instalado desde 1939 en Madrid  - se llega a plantear una intervención militar en España para restaurar la República - se aprueba, con diez votos a favor y una única abstención, la Resolución número 4 que será seguida en junio de la número 7, en las que se cataloga a España como una “amenaza para la Paz y la Seguridad internacionales”. En diciembre de 1946, a solicitud del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de Naciones Unidas -donde están representados todos los estados miembros -  examina la situación y acuerda por abrumadora mayoría la Resolución 39, que expresa textualmente “En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”. La hostilidad reinante era tal, que el idioma español a pesar de las reiteradas solicitudes de los países hispanoamericanos solamente fue incluido como una lengua oficial de ONU - sus oponentes argüían que podría dar aliento al régimen franquista -  después de una intervención de buenos oficios de la República de Filipinas ante Estados Unidos. Esta era la infame imagen (ampliamente justificada) de la España franquista en el mundo al crearse las Naciones Unidas donde no fue admitida - entre reticencias y salvaguardas - hasta bien entrado 1955.

Nueva York. 2020. Al cumplirse el 75º aniversario de la creación de las Naciones Unidas, Pedro Sánchez interviene - por videoconferencia ante la epidemia de COVID-19 - ante la Asamblea General con un firme y aplaudido discurso a favor de los derechos humanos, el feminismo, la lucha contra el Cambio Climático y defendiendo una respuesta solidaria global frente al coronavirus. La España de 2020 es sin duda - a diferencia abismal de 1946 - un país respetado y un socio confiable en el seno de la comunidad internacional por sus incuestionables valores democráticos y su decidido compromiso con la Paz.

España - la 12ª potencia económica mundial, la cuarta economía de la Unión Europea y la líder de una Comunidad Iberoamericana con mas de 700 millones de ciudadanos - tiene mucho que decir ahora sobre el presente y el futuro de la principal organización multilateral mundial. La excelente sintonía personal entre Antonio Guterres, actual Secretario General de la ONU - en su día primer ministro socialista de Portugal (1995-2002) - con el presidente Pedro Sánchez ha contribuido también a la creciente influencia en la escena internacional de la diplomacia española.

Madrid ha promovido importantes encuentros durante este 75º aniversario en la sede de Naciones Unidas como el “Pacto para los Refugiados en Centroamérica/México” - con un papel muy destacado de la AECID, la agencia española de cooperación internacional -, el Grupo de Países Amigos de las Víctimas del Terrorismo“ o la reunión ministerial de la Alianza de Civilizaciones, que de la mano de su nuevo Alto Representante, el exministro español Miguel Ángel Moratinos, está adquiriendo un nuevo impulso.

Sánchez ha desplegado una amplia agenda internacional para recuperar los espacios que como consecuencia de la crisis financiera de 2008 - agravada con la inestabilidad institucional y la repetición de elecciones - nuestro país había ido cediendo en la escena global. Tras los destacados logros en el seno de la Unión Europea - donde Madrid se ha unido a Berlín y París en la gobernanza de la UE postBrexit - y la recuperación de la interlocución con las capitales iberoamericanas la diplomacia española ha vuelto a liderar iniciativas en otras zonas geográficas: desde la Asociación Euromediterránea con la próxima celebración del 25ª aniversario del Proceso de Barcelona a una relación renovada con China y la Unión Africana. El éxito alcanzado al situar a Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Responsable de Política Exterior ha fortalecido la autoridad de España en diferentes crisis internacionales en los últimos meses, desde Bolivia a Líbano.

La diplomacia española aspira desde hace décadas a su incorporación al Consejo de Seguridad - el corazón de las Naciones Unidas - en reconocimiento a su peso e influencia en el concierto internacional. España ya ocupa por derecho propio una silla permanente en el G-20 y varias veces se ha planteado la posibilidad de su incorporación a un G-8 ampliado - donde se encuentran Canadá o Italia con economías ligeramente superiores a la española -. Brasil, India y Sudáfrica emitieron este septiembre una declaración conjunta urgiendo la reforma y ampliación “sin dilaciones” del Consejo de Seguridad de la ONU.

La ultima propuesta desde Iberoamérica fue presentada en 2019 en Nueva York por una delegación del Parlamento Centroamericano - a la que tuve el placer de acompañar - al Secretario General Antonio Guterres y abogaba por la incorporación de España y México, entre otras naciones, como nuevos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El planteamiento emitido desde Centroamérica y Caribe - una región con mas de 20 estados miembros - manifestaba que Iberoamérica, como uno de los principales bloques geopolíticos, requiere una presencia permanente en el Consejo de Seguridad.

España podría lograr en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno - que se reunirá el 21 y 22 de abril en el Principado de Andorra - sumar respaldos y voluntades a esta aspiración tradicional de nuestra diplomacia. México - Presidencia 2020/2021 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - y miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2021-2022 puede ser un valioso aliado en esta batalla para lograr que Iberoamérica tenga una representación acorde con su creciente peso demográfico, económico y político en el planeta. Sin duda es la hora de que España vea reconocido su firme compromiso multilateral y liderazgo global con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Tilden or Blood” (“Tilden o Sangre”). Este era el encabezamiento de los pasquines que circulaban por todo Estados Unidos tras las elecciones presidenciales del martes 7 de noviembre de 1876. La campaña previa había enfrentado en un clima de polarización extrema al demócrata Samuel J. Tilden frente al republicano Rutherford B. Hayes. En los mítines demócratas se tildaba de victimistas a sus adversarios y se les acusaba de ondear la “camisa ensangrentada”. En los mítines republicanos las masas coreaban “No todos los demócratas eran rebeldes, pero todos los rebeldes eran demócratas”, en referencia al bando sudista en la reciente guerra civil. EEUU se asomó entonces al abismo con un partido y un candidato que no aceptaban los resultados del Colegio Electoral - la instancia que en su sistema electoral indirecto designa al Presidente -. En aquellos días - aunque en 2020 nos sorprenda - el Partido Republicano era el principal defensor del voto de los afroamericanos frente a un Partido Demócrata que trató de impedir que estos pudiesen ejercer su recién adquirido derecho al sufragio tras el fin de la esclavitud. Estas son algunas de las inquietantes similitudes (polarización extrema, conflicto racial e intento de restringir el voto) con aquel olvidado otoño de 1876 donde el presidente saliente - el general Ulysses S. Grant - ordenó en secreto agrupar el grueso del ejercito en torno a Washington en previsión del estallido abierto de un nuevo conflicto civil.

Al iniciar este 2020 el 45º presidente de EEUU, Donald J. Trump, tenía prácticamente asegurada la reelección según el amplio consenso existente en Washington. La economía proseguía en expansión y la tasa de desempleo alcanzaba mínimos históricos. El país - a pesar de la retorica belicista de algunos viejos halcones republicanos - no se había implicado en ninguna aventura militar en el exterior. Muy al contrario, proseguía la retirada de tropas desde Oriente Medio a Europa y el traspaso de responsabilidades a los aliados regionales. Trump había detectado con claridad la “fatiga de guerra” de la sociedad estadounidense tras dos décadas de una interminable y ubicua guerra contra el terrorismo. Hasta los líderes del Partido Demócrata asumían la derrota en noviembre dando ya por amortizado a su candidato, el exvicepresidente Joe Biden, tras constatar el fiasco de un “impeachment” a Trump que solo había logrado cohesionar y enfervorizar a las bases republicanas.

El matemático Nassin Taleb expuso en 2007 una innovadora teoría conocida como el “Cisne negro”. Simplificando viene a enunciar que un acontecimiento inesperado y excepcional (generalmente negativo) puede tener un profundo impacto y alterar radicalmente un escenario previo. La irrupción de la COVID-19 puede convertirse en el trágico cisne negro de la presidencia Trump. El desastre en la gestión de la epidemia  - avanzando hacia los 200.000 decesos -  y propuestas tan surrealistas del líder de EEUU como “inyectar desinfectantes”, unido al desplome de la actividad económica han situado al Partido Demócrata a un paso de la Casa Blanca.

Sin embargo, el presidente Donald J. Trump - tantas veces subestimado - tiene un plan. Su retórica extremista y racista fue tachada de disparatada en su día pero movilizó a los perdedores - sobre todo blancos - de la globalización ante una inmigración presentada ( falsamente ) como competencia en empleos y ayudas sociales. Funcionó. En 2020, Trump, que ya perdió en voto popular en 2016, no aspira a ganar este ni a nivel nacional ni tan siquiera en la mayoría de estados antes oscilantes - con fuertes minorías hispanas y afroamericanas - como Florida o Carolina del Norte. Hay una máxima que se atribuye al presidente Harry Truman, que ganó su reelección contra todos los pronósticos: “Si no puedes convencerlos, confúndelos”. La Casa Blanca hoy tiene idéntico objetivo que Hayes - el candidato republicano en 1876 y finalmente presidente - : Transformar una clara derrota electoral tanto en voto popular como en el Colegio Electoral en una victoria. ¿Es esto posible? Lo fue en 1876 donde tres estados revocaron - en medio de acusaciones cruzadas sobre la fiabilidad del escrutinio - sus delegaciones iniciales al Colegio Electoral. En un ambiente de polarización y confusión adecuados es factible que el 20 de enero de 2021 Donald J. Trump jure en Washington su segundo mandato ante el presidente del Tribunal Supremo de EEUU.

El masivo voto por correo - calificado por la Casa Blanca como un “fraude monstruoso” - debido a la epidemia de COVID-19 unido al recorte de los fondos federales para el servicio postal anuncia días o semanas de agónicos recuentos en medio de impugnaciones y recursos judiciales. Cada estado - e incluso múltiples condados - de los 50 que conforman EEUU tiene sus propias normas electorales. A mayores, múltiples autoridades locales republicanas han reducido los centros de votación - no precisamente abundantes - en los distritos demócratas. El ex presidente Barack Obama ya advirtió de la intención de la Casa Blanca de restringir el voto de las minorías y barrios pobres “con precisión quirúrgica”. Es de temer una jornada electoral caótica en varios estados clave con interminables colas de votantes en las calles como las que se vieron en Ohio y Pensilvania en 2016.

El Colegio Electoral - integrado por 538 electores - se reúne en diciembre para designar al Presidente. Pero varios estados poseen regulaciones - Florida por ejemplo - que prevén que si en determinados plazos no ha sido posible elegir a sus representantes, son las autoridades estatales las que designan la delegación al Colegio Electoral. Esto abre un escenario escalofriante en el cual, aunque varios estados hubiesen votado mayoritariamente por Biden, el retraso en el recuento - unido a la deslegitimación previa del voto postal y los incidentes en la jornada electoral - permitiesen a las autoridades estatales republicanas (la citada Florida, Ohio, Iowa, etc) enviar una delegación pro Trump al Colegio Electoral. No es nada descartable que el Tribunal Supremo - como en las disputadas elecciones de 2000 entre Al Gore y George W. Bush - tenga que tomar la ultima palabra. Una decisión bastante predecible dada la clara mayoría conservadora entre sus magistrados.

Al comenzar 1877 después de meses de tensión creciente y tras el discutido dictamen - por 8 a 7 votos - de un Comité Electoral consensuado por el Senado y el Congreso, milicias armadas rivales (muy similares a las que vimos hace unos días en las calles de Portland) estaban ya desplegándose en varios estados del país. Ante el riesgo inasumible de una nueva guerra civil - como describió magistralmente el estadounidense Gore Vidal en su novela histórica 1876 publicada en el centenario de los hechos - el Partido Demócrata y su candidato dieron un paso atrás y reconocieron al republicano Rutherford B. Hayes como el 19º presidente de EEUU. El fallido presidenciable demócrata Samuel J. Tilden se retiró entonces tras pronunciar un discurso de reconciliación nacional que concluyó con la elegante sentencia:  “Tengo la satisfacción de haber sido electo para el mas alto puesto sin tener luego que padecer las servidumbres y desvelos de su ejercicio”. Esta por ver lo que hará el presidente Donald J. Trump si la situación se repite. Hagan sus apuestas.

El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es la mayor institución multilateral financiera en América Latina. Es sin duda –por su histórica vocación social más allá de los meros balances contables– más que un banco. Es una historia de éxito desde su creación en 1959 basada en el respaldo a las empresas privadas y al sector publico financiando infraestructuras estratégicas y proyectos sociales de toda índole. El BID ha promovido y financiado –en su variada cartera de proyectos y licitaciones –desde simples pozos de agua para apoyar a comunidades rurales aisladas a presas y centrales hidroeléctricas para abastecer de energía a las megalópolis del subcontinente. La contribución de la institución multilateral en estas seis décadas ha sido decisiva para el salto adelante experimentado por los más de 600 millones de ciudadanos de América Latina. Ahora con la región convertida según la Organización Mundial de la Salud en el epicentro de la epidemia del Covid19 el papel de BID es mas imprescindible que nunca. Las previsiones de caídas superiores al 10% en el PIB de la mayoría de los países de la región así lo atestiguan.

Sin embargo, en esta hora critica para Latinoamérica, el BID se encuentra en peligro. La elección el próximo mes de septiembre de su nuevo presidente para un mandato de cinco años –hasta ahora un mero tramite con sendas candidaturas latinoamericanas con programas ambiciosos pero adecuados a los marcos financieros y las normas de funcionamiento de la institución– se ha convertido en la cuenta atrás hacia lo que podría convertirse siguiendo el (pésimo) ejemplo de la agonizante Organización Mundial del Comercio en el principio del fin del BID.

La Casa Blanca ha anunciado ante la sorpresa generalizada en América Latina y en los miembros extraregionales del BID –España es uno de los principales– que postulara a un estadounidense para liderar esta institución multilateral. Hasta la fecha los presidentes del BID siempre habían procedido de América Latina –en base a un compromiso del presidente Eisenhower y ratificado por el presidente Kennedy– al albergar EE UU la sede central del BID en Washington. La agenda expuesta estas ultimas semanas para el BID por el candidato estadounidense– Mauricio Claver-Carone de ascendencia cubana y uno de los asesores para asuntos latinoamericanos mas próximos al presidente Donald Trump– ha sido definida por altos funcionarios de la institución financiera con un simple adjetivo: “delirante”.

Antes de la inesperada irrupción del candidato de la Casa Blanca con sus exóticas propuestas y su agenda extremista existía un fructífero debate en el BID sobre el impacto del Covid19

Antes de la inesperada irrupción del candidato de la Casa Blanca con sus exóticas propuestas y su agenda extremista existía un fructífero debate en el BID sobre el impacto del Covid19, la apuesta por las energías renovables, el combate contra la pobreza o las reformas para aumentar la competitividad. Dos candidatos solventes, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla y el exministro argentino Gustavo Beliz, realizaban desde hace varios meses propuestas argumentadas y constructivas sobre el horizonte de actuación del BID en el próximo quinquenio. Ahora el centro del debate lo ocupan quienes niegan pública y reiteradamente la existencia del Cambio Climático o se refieren a la epidemia del Covid19 que asola Latinoamérica como el “virus chino” (sic).

Varios prestigiosos expresidentes latinoamericanos, de diversas ideologías y trayectorias, entre ellos Ernesto Zedillo (México), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Ricardo Lagos (Chile), José Manuel Santos (Colombia) y Henrique Cardoso (Brasil) manifestaron en una carta conjunta que la propuesta de EE UU era “una agresión al sistema multilateral basado en reglas convenidas por los países miembros”. Existen serias dudas en varias capitales latinoamericanas y también en países socios extrarregionales sobre la viabilidad y la solvencia del BID de aplicarse las políticas expuestas por Claver-Carone. Una de sus iniciativas mas enunciadas en estas ultimas semanas para el BID, inspirada en una conocida tesis de Steve Bannon el principal ideólogo de la pasada campaña electoral del presidente Trump, es “sustituir las cadenas de producción este-oeste” y “retornar a las cadenas de producción norte-sur”. En lengua castellana y cervantina: acabar con las crecientes relaciones comerciales Latinoamérica / China y se entiende –siguiendo la longitud y los paralelos del globo terráqueo que también Latinoamérica / Europa– regresando al modelo tradicional de los siglos XIX y XX de relación Latinoamérica / EE UU. Sin comentarios.

Pero el movimiento de Bruselas solicitando a finales de julio –a través de una carta oficial remitida a los países miembros del BID por el español Josep Borrell, alto representante de la UE para política exterior– el aplazamiento de la elección hasta marzo de 2021 demuestra que la Casa Blanca ha ido demasiado lejos al intentar exportar al BID sus tesis del “América Primero”. Tras las empresas latinoamericanas locales son las empresas europeas y mayoritariamente españolas –gracias a las exigentes salvaguardas técnicas, medioambientales y sociales que impone desde hace años el BID tanto en sus propias licitaciones como en las que participa como cofinanciador– las principales beneficiarias de las adjudicaciones y proyectos entre los socios extraregionales en el subcontinente. El candidato estadounidense opuesto a estas regulaciones y salvaguardas ha afirmado también –con especial énfasis –que una de sus primeras acciones será “desburocratizar” el BID. La idea que subyace es un retorno a la “ley de la jungla” en el que las empresas de EE UU recuperen el monopolio –como en las décadas de los 60 y 70– de las licitaciones en América Latina. En Madrid además Claver-Carone no despierta excesivas simpatías en los círculos del IBEX-35 cuyos directivos no han olvidado que en su afán de revocar las políticas aperturistas de la administración Obama sobre Cuba y Venezuela el actual candidato estadounidense al BID impulso desde la Casa Blanca una política de amenazas y sanciones contra las empresas españolas– fundamentalmente de los sectores energético, turístico, financiero y de telecomunicaciones– que operan en ambos países latinoamericanos.

En esta línea el senador estadounidense Patrick Leahy, uno de los principales lideres del Partido Demócrata, ha manifestado que Claver-Carone es “el candidato equivocado” y lo definió como el “arquitecto de las políticas mas ideologizadas y divisivas de Trump para Latinoamérica”. Las encuestas en EE UU colocan al exvicepresidente y candidato presidencial Joe Biden con una amplia ventaja tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados claves de la victoria de Donald Trump en 2016 –entre ellos Florida y Michigan con importantes minorías hispanas–. La posibilidad de nombrar al frente del BID a un funcionario con una agenda extremista y enfrentado durante los próximos cuatro años al gobierno de su país, en este caso el estado sede y mayor accionista de la institución, es un riesgo que ni América Latina ni la Unión Europea se pueden permitir. Desde varias capitales latinoamericanas, tanto en Centroamérica como en Suramérica, se esta enviando un mensaje– en sintonía con la posición expresada por la UE –muy nítido a Washington: el futuro del BID– dada su envergadura económica y su relevancia geoestratégica– debe debatirse y consensuarse con el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Hasta entonces el BID debe seguir trabajando –con su seriedad y solvencia habitual– en una agenda de consenso como la expresada en la fructífera cumbre “Juntos por una repuesta de América Latina al Covid19” convocada por el Gobierno de España el pasado 24 de junio y que reunió a una decena de presidentes latinoamericanos junto a los lideres del BID, el Banco Mundial, el BCIE y el FMI. Como expresó en este encuentro el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para combatir el Covid19 y los desafíos económicos y sociales de la post-epidemia en la región “Unidos somos más fuertes”. Sin duda ese es el espíritu, unidad y cooperación, que debe inspirar a la nueva presidencia –por supuesto latinoamericana– del BID a partir del 2021.

El próximo 17 de agosto en Milwaukee (Wisconsin) Joe Biden, exvicepresidente de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, será proclamado oficialmente candidato a la Presidencia de EEUU por el Partido Demócrata para las proximas elecciones de noviembre de 2020. La Convención Demócrata, que debería reunir a más de 4.000 delegados, se celebrará de forma virtual, sin discursos presenciales en la ciudad del candidato Biden y se ha pedido que las delegación estatales no se desplacen a Wisconsin -debido a la epidemia de la COVID-19- y se está estructurando un sistema de teleconferencia, así como voto electrónico. Biden ha manifestado públicamente su simpatía por las políticas sociales, feministas y en materia de cambio climático impulsadas por el presidente Pedro Sánchez. Igualmente, ha expresado -en línea con el cordial encuentro en Madrid el pasado año entre el expresidente Obama y el presidente Sánchez- la voluntad de establecer una relación preferente con España y con América Latina. Todos los interlocutores consultados en el Partido Demócrata confirman la “excelente opinión” del expresidente Obama tras su encuentro con el Presidente Sánchez en 2019 tanto por el amplio conocimiento de EEUU demostrado por parte del líder socialista español - que vivió y trabajó en Manhattan a mediados de la década de los noventa - como por su dominio del inglés, una novedad en un presidente español.

El voto de la comunidad hispana sin duda será clave en las elecciones del próximo 3 de noviembre en EEUU. Estados como Florida o Michigan, con importantes minorías hispanas, pueden ser decisivos en la noche electoral. Biden está lanzando una amplia campaña de spots televisivos y mensajes en redes sociales en lengua española, y ha manifestado su vocación de construir una nueva relación con América Latina durante su mandato y la importancia que tanto el mismo como el expresidente Barack Obama otorgaron a España durante su administración (2008-2016) como un firme aliado y un interlocutor preferente para la política exterior de EEUU en Latinoamérica. En este sentido si, como parece cada día más probable ante los dramáticos efectos sanitarios y económicos de la COVID-19 en el país, el exvicepresidente Biden gana las elecciones, la diplomacia española cuenta con que uno de los primeros gestos de la nueva administración demócrata tras su toma de posesión en enero será invitar -dada la sintonía en la reunión con Obama en Madrid- al presidente Sánchez a asistir, junto a los líderes de los países del hemisferio, a la Cumbre de las Américas que reunirá a 33 jefes de estado y de gobierno de todo el continente americano en la primavera de 2021 en Washington.

En septiembre de 2008, en uno de sus debates electorales frente al senador republicano McCain, el entonces candidato presidencial Barack Obama puso al gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero como un ejemplo por sus políticas progresistas y afirmó que sería un aliado preferente de la nueva administración estadounidense. Tras la victoria electoral y durante el mandato del presidente Obama y de su vicepresidente Joe Biden, la relación con España fue especialmente fluida en todos los planos, tanto político, como comercial y de seguridad y defensa. De hecho, esta relación se mantuvo incluso tras el fin del Gobierno socialista como muestra de que durante la administración Obama el Secretario de Estado John Kerry respaldase públicamente y mantuviese un estrecho contacto con el expresidente Zapatero cuando fue nombrado por la Unión de Naciones Suramericanas -junto al expresidente panameño Martín Torrijos y el expresidente dominicano Leonel Fernández- como enviado especial para Venezuela.

Biden -candidato reforzado tras la plena retirada de su competidor, el senador Bernie Sanders, sumado a los reiterados apoyos de Barak Obama y Hillary Clinton- se ha comprometido a incluir a una mujer como vicepresidenta en su ticket electoral en un nítido reconocimiento a la decisiva importancia del voto femenino en la elección de noviembre. En la actualidad, las senadoras Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Karen Bass, Kamala Harris o la hispana Michelle Lujan -actual gobernadora de Nuevo México- aparecen como las candidatas más destacadas, aunque no se descarta una sorpresa de última hora con la inclusión de la popular Michelle Obama en la fórmula electoral. Al mismo tiempo, el excandidato presidencial Pete Buttigieg -que habla perfectamente el castellano y ha elogiado las políticas del presidente Pedro Sánchez a favor del colectivo LGTB y las mujeres- suena como un firme candidato a la Secretaría de Estado, el departamento de la diplomacia estadounidense.

La epidemia de la COVID-19 ha aparecido sobre el cielo prácticamente despejado de la reelección de Donald Trump este 2020 como un caso emblemático de “Cisne negro” - teoría formulada en 2007 por el matemático Nassin Taleb referente a un acontecimiento inesperado (generalmente negativo) y de gran impacto que cambia radicalmente el escenario previo-. La victoria de Donald Trump, que se daba por descontada en EEUU en base a las tasas de alto crecimiento económico y bajo desempleo durante su administración, se vuelve cada día más improbable a medida que se profundiza la recesión económica sumada a la desastrosa gestión sanitaria de la epidemia. Todas las encuestas avanzan la victoria de Biden a nivel nacional y -lo que es más importante en el sistema de elección indirecta en las presidenciales en EEUU- su cómoda ventaja en estados claves que en 2016 le dieron la Presidencia a Donald Trump.

Tal y como anticipó Biden hace unas semanas -ante la incredulidad general-, Trump acaba de anunciar que estudia postergar las elecciones presidenciales ante la supuesta falta de garantías sanitarias y el “fraude” en el voto postal. Ni sus aliados republicanos más estrechos en el Senado y el Congreso se han atrevido a seguirlo en esta última huida hacia adelante. Las elecciones se mantienen para el 3 de noviembre y apuntan claramente a un abrupto final de la era Trump y a la llegada a la Casa Blanca de un Joe Biden acompañado de la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos. Sin duda excelentes noticias para América Latina y España, que podrán recuperar -como en los tiempos de la administración Obama- una relación confiable y fructífera con unos Estados Unidos donde la presencia hispana -demográfica, económica, política y cultural- será un factor determinante en la próxima década.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto esta semana sobre la mesa la candidatura de España a tres organismos europeos e internacionales de primer rango. Para esta apuesta sin precedentes en la política exterior española se ha seleccionado a tres ministros clave en su gabinete –economía, exteriores y ciencia–. Las aspiraciones españolas, un país históricamente subrepresentado internacionalmente en relación a su peso político y económico, se dirigen a liderar el Eurogrupo –el corazón económico de la Unión Europea clave para España en el actual momento de recesión–, la Organización Mundial del Comercio –inmersa en una guerra fraticida entre EEUU y China– así como la Agencia Espacial Europea –referencia de I+D y telecomunicaciones satelitales–. No existen antecedentes conocidos de una apuesta internacional de este nivel de ningún otro país europeo en la ultima década. Y hay crecientes posibilidades de que Sánchez consiga –como en sus tiempos de alero tirador en el equipo de baloncesto del Estudiantes– un triple para España.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, será la primera candidata española en afrontar la competición tras la dimisión del actual presidente del Eurogrupo y ministro de finanzas portugués, Mario Centeno, que se dedicará tras su retirada –con casi total seguridad– a presidir el Banco de Portugal. Existen ya candidatos en liza de diversos estados como Luxemburgo o Irlanda a la presidencia del Eurogrupo –compuesto por los 19 ministros de economía y finanzas de la zona euro– pero España parte en todas las quinielas como clara favorita. La vicepresidenta Calviño tiene a su favor el buen recuerdo que quedó en Bruselas de su etapa como directora general de presupuestos de la Comisión Europea, así como su amistad personal con su homólogo alemán gracias a la cual han salido adelante –entre otras– iniciativas tan importantes para España como el fondo y las ayudas europeas para la reconstrucción tras la pandemia de COVID-19. El vicecanciller y ministro de Economía, Olaf Scholz, está en la misma sintonía ideológica que la vicepresidenta Calviño –es un destacado miembro del socialdemócrata SPD– y será clave para persuadir en las próximas semanas a países contribuyentes netos de la UE como Holanda, Austria o Finlandia del apoyo a la candidatura de Madrid. En junio se alcanzará muy probablemente un acuerdo entre las capitales europeas que se oficializará en una reunión del Eurogrupo –en la que tomaría posesión la ministra Calviño– en la primera quincena de julio.

Maria Aránzazu “Arancha” González Laya fue designada ministra de Asuntos Exteriores, UE y cooperación apenas hace cinco meses. Sin embargo, la opinión cada vez más extendida en los círculos diplomáticos y financieros internacionales –ante la convulsa crisis que sacude la OMC– de que España puede lograr la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio ha decidido al Palacio de La Moncloa a presentar a la ministra vasca como la “opción de consenso” para liderar esta institución multilateral. La OMC es responsable de la regulación de los acuerdos y la solución de las diferencias comerciales en todo el planeta y ha abierto, hasta el 8 de julio, las postulaciones para su nuevo Director General hasta la fecha el brasileño Roberto Azevedo. El acreditado diplomático brasileño ha dimitido aludiendo a “motivos personales” antes de finalizar su mandato de cuatro años. En Ginebra –sede de la OMC– así como en los centros financieros internacionales, la causa de la precipitada salida de Azevedo se considera fruto del prolongado choque entre EEUU y China en el seno del organismo multilateral. Washington acusa a la OMC de ser excesivamente pro-Pekín y lleva bloqueando varios nombramientos claves en el “órgano de apelación” un tribunal interno que decide sobre las reclamaciones de países en el cumplimiento de las normas y regulaciones comerciales. No se descarta incluso, siguiendo el guion del reciente abandono de la Organización Mundial de la Salud, que EEUU salga de la OMC lo cual le permitiría, como primera potencia económica mundial, fijar nuevas reglas a su conveniencia en el comercio mundial e intensificar –ya sin cortapisas de ningún tipo– su guerra arancelaria contra sus oponentes, en particular China.

La ministra González Laya cuenta con grandes posibilidades de ser electa debido a los vetos cruzados entre los candidatos alineados con EEUU y China en la batalla interna de la OMC. Ella parte con la ventaja, muy apreciada por la mayoría de los 164 estados miembros, de conocer al detalle la compleja burocracia de la OMC. No en vano fue durante ocho años la jefa de gabinete del anterior director general de la OMC, el francés Pascal Lamy. Igualmente es una experta en diplomacia económica y tiene en su haber su mandato como Directora General del Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas. Es una candidata europea, lo cual agrada a EEUU pero al mismo tiempo su firme apuesta por el multilateralismo es una garantía de futuro para China. Su postulación –con el respaldo de la mayoría de sus colegas de la UE– se perfila como una “opción de consenso” que puede lograr la aceptación definitiva en las próximas semanas tanto de Washington como de Pekín.

Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, es conocido sobre todo por su carrera como astronauta participando en misiones en la Estación Espacial Internacional, la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea. Al anunciar el pasado domingo en rueda de prensa el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez la candidatura del ministro Duque junto a la de la ministra González Laya cuando aún no se había hecho publica la dimisión del portugués Centeno como presidente del Eurogrupo –hizo hincapié en su “orgullo” en que haya candidatos españoles “tan cualificados para puestos tan importantes”. El Palacio de La Moncloa llevaba trabajando –discreta pero metódicamente– en esta candidatura desde el Consejo Ministerial de la ESA celebrado en octubre de 2019 en Sevilla. Esta reunión aprobó el plan financiero y los programas de investigación y exploración espacial 2020-2026 –el presupuesto más alto de la historia de la agencia con 14.388 millones de euros– destinado a ambiciosas misiones como el programa “Copernicus”, los observatorios espaciales “Athena” y “Lisa” o la sonda lunar “Heracles”. La novedad en Sevilla –que no pasó desapercibida para las delegaciones de los 22 países miembros de la ESA– fue el incremento en la aportación española al presupuesto cercano al 20% y que coloca a España como el quinto mayor contribuyente con un total de 852 millones de euros.

El sucesor del actual Director General de la Agencia Espacial Europea –el alemán Jan Worner– no se hará público hasta el 2021. El perfil del ministro Pedro Duque unido a su trayectoria como astronauta le colocaban de entrada en línea de salida para este alto cargo internacional pero la escasa contribución española en el pasado al presupuesto de la ESA era un lastre del que Madrid siempre ha sido consciente. Una vez esta situación ha sido corregida en la reunión de Sevilla de 2019 la opinión generalizada es que el astronauta español tiene el terreno despejado para trasladarse en 2021 a París donde radica la sede central de la Agencia Espacial Europea.

España tiene ante si la posibilidad real de situar a candidatos de reconocida valía como la vicepresidenta Calviño y los ministros Laya y Duque al frente de tres organismos europeos e internacionales de la máxima importancia. Sería conveniente que en esta ocasión –como es la práctica habitual en otros países europeos– los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados dejasen a un lado sus diferencias y diesen un respaldo unánime a los candidatos propuestos por el Gobierno de España para liderar el Eurogrupo, la OMC y la ESA. Esta oportunidad excepcional, inestimable en un periodo de incertidumbre económica como el actual y que además supone un reconocimiento al creciente papel de España en Europa y en el mundo, no puede ni debe ser desaprovechada. Es la hora de la responsabilidad y la unidad para volver a situar a España en el lugar que le corresponde en la escena internacional.

En Bruselas, el pasado miércoles 27 de mayo, Josep Borrell, Alto Representante de Politica Exterior y Seguridad Común así como Vicepresidente de la Comisión Europea manifestaba en el marco del incipiente diálogo bilateral entre Belgrado y Pristina, las capitales serbia y kosovar, su apuesta decidida por la “perspectiva inequívocamente europea” de ambos territorios. La situación en la región, con un estancamiento en los progresos alcanzados en la ultima década a nivel institucional y socio-económico, está adquiriendo una dinámica distinta desde hace escasas semana en buena medida por el nuevo y activo papel adoptado desde el Palacio de La Moncloa hacia los Balcanes.

Pedro Sánchez participó este 6 de mayo en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea - Balcanes Occidentales. Es la primera vez que España está presente en una cumbre de estas características desde la declaración unilateral de independencia de Kosovo. La asistencia de los lideres kosovares a estas cumbres había supuesto un motivo de conflicto permanente puesto que Madrid, al igual que otros cuatro países de la UE - Grecia, Chipre, Rumania y Eslovaquia -, no reconocen al nuevo estado balcánico. En esta ocasión, Madrid ha decidido que la diplomacia española tenía que volver - sin mas dilación - a desempeñar un papel en la geopolítica de los Balcanes en consonancia con su peso como la cuarta economía de la Unión Europea.

Existe ademas en el actual 2020 una clara sintonia ideológica entre Madrid y la mayoría de los gobiernos balcánicos: el primer ministro de Albania, Edi Rama y el presidente de Montenegro, Miro Djukanovic, son compañeros del presidente Pedro Sánchez en el Presidium de la Internacional Socialista. El presidente de Macedonia del Norte, Stevo Pendarovski y el primer ministro de Bosnia-Herzegovina Zoran Tegeltija se reclaman e identifican también como socialistas o socialdemócratas. Incluso en Kosovo, “Vetvendosje”, el partido del actual primer ministro, el joven Albin Kurti, es miembro observador de la Internacional Socialista. Todos ellos han expresado tanto en la Cumbre UE- Balcanes Occidentales como en el foro preparatorio de los lideres socialdemócratas y progresistas de la Cumbre, organizado por el Partido de los Socialistas Europeos, su reconocimiento al liderazgo del presidente Pedro Sánchez promoviendo esta nueva relación UE-Balcanes y la solicitud de una mayor implicación de España en la región acorde con su creciente peso político y económico en la escena internacional y europea. El presidente Pedro Sánchez cuenta además con la ventaja de su conocimiento sobre el terreno de la región de los Balcanes y de su compleja realidad. No en vano desempeñó importantes tareas durante sus años de estancia en Sarajevo en los difíciles años noventa en el gabinete del Alto Representante de la ONU para Bosnia-Herzegovina, Carlos Westendorp. Con los Balcanes inmersos en los sucesivos conflictos producto de la desintegración de la República Federal de Yugoslavia desde Madrid se apostó en aquella época por una acción exterior proactiva y coordinada con nuestros socios europeos tanto política, económica como de seguridad y defensa.

En el plano político, España estuvo presente en todas las conversaciones y los procesos de paz - con el ex ministro español Carlos Westendorp liderando la pacificación de Bosnia-Herzegovina - en coordinación permanente con Berlín, Londres, Roma y París. Desde Madrid se abogó por una óptica europea basada en soluciones inclusivas y estados multiétnicos frente a la sinrazón de líderes ultranacionalistas y xenófobos como el serbio Milosevic o el croata Tudjman.

En el plano económico las empresas españolas, tanto públicas como privadas, tuvieron una importante presencia en el “Pacto de Estabilidad para el Sureste de Europa”, una iniciativa para la recuperación de las economías y las infraestructuras de la región impulsada por el presidente Bill Clinton en alianza con Bruselas y las principales capitales europeas.

En el plano de seguridad y defensa las fuerzas armadas españolas desplegaron sus mayores contingentes en Bosnia Herzegovina - con sede en Mostar, donde reconstruyeron el puente y la zona histórica del la ciudad - y en Kosovo - donde velaron desde su base en Istok por la convivencia interétnica -. Igualmente, Madrid envió destacamentos militares más reducidos a sendas misiones en Albania - tras la crisis interna de 1997 - y en Macedonia - ante los sangrientos enfrentamientos interétnicos en 2001 -. La destacada contribución de España a la seguridad y estabilidad de los Balcanes ha sido reconocida en todas las instancias internacionales desde la UE a la Alianza Atlántica y fue uno de los argumentos de la diplomacia española para su elección, en varias ocasiones, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Cumbre de Zagreb, realizada por videoconferencia como viene siendo habitual en esta nueva realidad de la COVID-19, se celebró este pasado 6 de mayo sin banderas a exigencia española para evitar nuevos conflictos diplomáticos y con una agenda centrada en la ampliación de la UE así como en la respuesta a la epidemia del coronavirus. España fue uno de los impulsores de las medidas de apoyo a las economías de los países balcánicos con un paquete de ayudas de más de 3.300 millones de euros así como reiteró su pleno respaldo a las recién iniciadas conversaciones para la adhesión de Albania y Macedonia del Norte a la UE. Esta posición de Madrid fue agradecida por todos los líderes de la región sin excepción, conscientes de las reticencias en algunas capitales europeas, en particular París, a la incorporación de los nuevos estados balcánicos a la UE. Igualmente, el presidente Sánchez expresó su solidaridad ante la crisis de la COVID-19 y avanzó la voluntad de recuperar para España un papel de primer orden en la región de los Balcanes.

Desde el Palacio de La Moncloa se está impulsando progresivamente desde finales de 2018 una nueva relación con los Balcanes consciente del aumento de sus responsabilidades en la escena europea e internacional. Latinoamérica, donde Madrid se ha consolidado como el interlocutor preferente de los países del área con la UE, así como el Mediterráneo - por obvias razones de proximidad geográfica e histórica - son ejes tradicionales de la política exterior española. Sin embargo, la expansión de los intereses geopolíticos y de las empresas españolas, cada vez más presentes en el área, así como el actual liderazgo español en la diplomacia europea - con Josep Borrell como Alto Representante de Politica Exterior de la UE - aconsejan ampliar y fortalecer las relaciones con los países de los Balcanes. En la próxima década es previsible que todos ellos - incluso Kosovo una vez superado su diferendo con Serbia - se sienten en el Consejo Europeo como miembros plenos de la Unión Europea. España hace bien, como una de las principales potencias políticas y económicas europeas sumado al plus de un idioma con mas de 500 millones de hablantes, por estar presente nuevamente en una región estratégica como los Balcanes.