Nos quieren echar. No tengo la menor duda. Nos quieren fuera de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestras vidas. Molestamos. María José Catalá y sus socios de Vox han convertido València en un tablero de Monopoly, en una pestaña de Idealista. Una ciudad de saldo. De segunda mano. De usar y tirar. Nuestras viviendas son artículos en venta. Y nosotros, parte del lote.

Volvemos a hablar de Benicalap, donde ya sabemos que, aparejado al nuevo Mestalla, el Ayuntamiento ha autorizado un hotel de 20 alturas y que otro edificio de 13 plantas albergue apartamentos turísticos. Ahora son las comunidades de vecinos las que han dado la voz de alarma este mes de agosto, después de encontrarse a operarios abriendo ventanas en zonas comunes de varios edificios para habilitar apartamentos turísticos. Con agostidad y alevosía. Han aprovechado el periodo estival para acometer unas obras que los propios estatutos de las comunidades prohíben.

Los vecinos y vecinas se sienten indefensos. Abandonados por un Ayuntamiento que siempre acaba del lado de los especuladores. Porque de otra manera no se explica que Catalá y Vox mantengan una oficina antiokupación sin actividad mientras las comunidades de propietarios se encuentran solas cuando necesitan defender sus edificios. Un chiringuito electoral al que se desvían recursos públicos que serían fundamentales para ayudar a estas comunidades a defenderse ante los tribunales de quienes abren ventanas y terrazas en las paredes de edificios donde viven familias. Y he aquí la paradoja o más bien la hipocresía porque, en realidad, PP y Vox se niegan a proteger la propiedad ante quienes quieren okuparla con apartamentos turísticos. Un negocio que avanza a costa de expulsar a la gente de sus casas, encareciendo la vivienda y transformando los barrios en decorados.

Y los datos ayudan a entender cuál es la prioridad. Desde junio de 2023, María José Catalá ha autorizado prácticamente el mismo número de plazas hoteleras que de viviendas. Ni más ni menos que 5.403 plazas hoteleras frente a 5.465 viviendas. Mientras crecen las dificultades de las familias para pagar un alquiler o comprar una casa, Catalá sigue aumentando la planta hotelera, regalando suelo público a los promotores y negándose a aplicar la Ley de Turismo o a implantar una tasa turística.

No estamos hablando de un problema exclusivo de Benicalap. Da igual el barrio al que miremos. Podemos continuar por el Cabanyal-Canyamelar, donde vecinos como Vicente Gallart denuncian incansablemente la concesión de nuevas licencias y la degradación del espacio público provocada por la aceleración de un modelo económico que beneficia los intereses de unos pocos a costa del derecho de la mayoría a habitar sus casas y sus calles. Pero el problema no es el turismo, sino convertirlo en un monocultivo económico.

Porque no todos los gobiernos han elegido el mismo modelo de ciudad. No se trata solo de una política de vivienda o de turismo, sino de cómo quiere crecer València. De elegir un modelo de desarrollo económico con la vista puesta en el futuro y no en el beneficio a corto plazo al que se aferran quienes son incapaces de imaginar la ciudad más allá del negocio inmobiliario. De la mano de los socialistas, València fue declarada Capital Europea del Turismo Inteligente por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Se constituyó el Observatorio del Ocio y del Turismo con las entidades vecinales y las empresas del sector; se prohibieron los apartamentos turísticos en Ciutat Vella; se limitaron en el PEC del Cabanyal-Canyamelar; y se reforzaron los controles y las sanciones. Además, se encargó un estudio para justificar un cambio normativo que frenara la proliferación de este tipo de alojamientos por todos los barrios.

Y, al mismo tiempo, se apostó por diversificar el modelo económico. València avanzó para convertirse en un referente de la innovación y la tecnología. Existía un proyecto para reconvertir Vara de Quart en un distrito innovador, capaz de atraer actividad económica y generar empleo y oportunidades, con una estrategia urbanística, económica y social que pretendía transformar una zona degradada de la ciudad y redistribuir riqueza.

De aquello no se sabe nada. Llegaron las elecciones y el gobierno cambió. Desde entonces, el Gobierno municipal ha ido al corto plazo. Ha fiado el crecimiento económico al turismo descontrolado y a la especulación urbanística. Ha permitido la apertura de nuevos apartamentos turísticos en todos los barrios. Ha cambiado un modelo basado en la innovación y la generación de oportunidades por otro que nos convierte en mercancía. Ha dejado que especuladores y fondos buitre se repartan nuestra ciudad. Ha entregado el suelo público a promotores privados a cambio de migajas. Ha subido el precio de la vivienda protegida porque quieren que vivir en València sea un derecho exclusivo para quienes puedan pagarlo.

María José Catalá y Vox quieren una València de casas vacías. Yermas. Sin historias de vida dentro. Nos están utilizando en una operación de trueque. Están cambiando nuestros derechos por activos inmobiliarios. Una ciudad para vivir por una ciudad para vender y alquilar. Porque su prioridad es echarnos a patadas para que siga creciendo el negocio.

La crisis sacudió el mundo desde Estados Unidos y se extendió como una mancha de aceite espeso, sucio. La Gran Recesión. La crisis económica más grave desde el crac del 29. Lehman Brothers, hipotecas subprime, productos tóxicos, burbuja inmobiliaria. Rescate a los bancos. El 15M. El lobo de Wall Street nos mostró los excesos de los que nos hundieron. Bajo el mismo techo, a los hundidos. Una pareja de divorciados condenados a compartir casa por falta de dinero. 

De aquella crisis guardo en la memoria la propuesta de un ministro japonés. Aquel mismo año, Taro Aso dejó caer que sus compatriotas ancianos podrían hacerse el harakiri para cuadrar las cuentas del país. Que se mueran pronto. Viejos chochos. Gente de tubo. Se refirió a ellos con crueldad y, por si quedaban dudas sobre sus referentes políticos, llegó a sugerir que Japón podía aprender de la manera en que la Alemania nazi había llevado a cabo sus cambios constitucionales. Lo irónico de todo aquello es que Aso tenía 72 años cuando pronunció aquellas palabras. Pero, claro, los viejos que se merecían morir eran los que no tenían tanto dinero como él. Aunque eso no lo dijo. 

Y vuelven a sonar los tambores, aunque con una enorme diferencia: España es la economía que más crece de la Unión Europea y de la eurozona. Pero de nuevo escuchamos que el sistema público de pensiones es insostenible y que tenemos que ir pensando en planes de jubilación. PP y Vox alimentan en la precampaña el fantasma del colapso del sistema, cada uno a su manera. Los de Abascal pretenden fomentar el conflicto intergeneracional porque piensan que su caladero de votos se sitúa entre los jóvenes afectados por los bajos salarios y el desbocado precio de la vivienda. 

Los de Feijóo van a rebufo, siguiendo las migas de pan del cuento que le va soltando Abascal por el camino. ¡Cómo habrá sido la cosa para que Eduardo Inda aconsejara al gallego callarse hasta después de las elecciones! “Ahora cállate con las pensiones, que es un tema sensible. ¡Que son 10 millones y medio de personas con sus diferentes familias!”, soltó en el programa de fantasmas y extraterrestres. 

¡Diez millones de personas! ¡Menudo pedazo de negocio para los grandes fondos y bancos que ya gestionan miles de millones en planes de pensiones! “¡Cómo van a aumentar nuestros beneficios! ¡Arriba las comisiones, abajo los pensionistas!”, los escucho decir mientras chocan sus copas de cristal de Bohemia rebosantes de champán. 

Mientras unos brindan, otros se pudren. En la sociedad japonesa, “no solo los ancianos sino también discapacitados o personas sin recursos económicos son invisibles porque no son productivos y no se les presta ayuda”, explica en una entrevista la directora de Plan 75, Chie Hayakawa. Cada vez más ancianos viven en la pobreza y cometen pequeños delitos para ser encarcelados y poder comer y recibir atención médica. Se sienten una rémora para un sistema que no hace más que empobrecerles. Y esto es lo que pretenden importar quienes atacan a los pensionistas: que se sientan una carga y que la sociedad los margine. 

València cuenta con 159.337 habitantes mayores de 64 años que representan el 20 % de la población total. El PP ha votado sistemáticamente en contra del incremento de sus pensiones. Vox, también.  Juntos se ha opuesto a la Ley de Vivienda, a la reforma laboral, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la protección frente a los desahucios, a la prohibición de cortar suministros a las personas vulnerables y a la congelación de las cuotas de autónomos. Y así, un larguísimo etcétera de medidas que nos afectan a todas y a todos. 

Apunta bien este listado. Busca todo lo que me he dejado fuera. Anótalo. Porque cuando hablan de sacrificios es a todo esto a lo que se refieren. Y se dirigen a ti y a mí, no a las grandes fortunas a las que no les suben los impuestos, ni a la banca, ni a las grandes energéticas, ni a los fondos especulativos, ni a las multinacionales. El sacrificio no va con ellos. Solo quieren ganar las elecciones para exigirnos el harakiri y preservar sus privilegios. Para nada más. Recuérdalo el 29 de noviembre. 

Gramsci nos avisó de que cuando el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. El caso de Maricarmen Abascal no solo ha ayudado a impulsar un nuevo decreto, sino que está quitando la careta a esos monstruos gramscianos. 

“Tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una casa noble en un barrio burgués”, escribió sobre Maricarmen el asesor adscrito a la senadora popular Eva Ortiz. Debe pensar que los vecinos y vecinas de la calle Carlos Cortina tampoco tienen derecho a disfrutar de sus viviendas en paz. Tal y como desveló el periodista Carlos Navarro, el despacho de Víctor Soriano lleva la representación legal de la empresa que está construyendo apartamentos turísticos en este residencial de Benicalap y a la que el Gobierno de María José Catalá concedió una licencia “que ha vulnerado nuestros derechos e incumplido los estatutos de la comunidad”, según denuncian los propios afectados.

Los mismos que utilizan a las abuelas españolas en sus campañas de publicidad racistas para señalar a los menores migrantes abandonan a la abuela española para defender al fondo inmobiliario. Los mismos que, cuando sufrimos la dana, vinieron a corear aquello de solo el pueblo salva al pueblo, pero, cuando se trata de proteger a una señora de 87 años enferma, solo saben responder: que se joda. Son los que vociferan todos somos Ceuta, todos somos españoles hasta que llega el fondo buitre y aplauden cuando echa a Maricarmen. A ella no la defienden. Eso sí, luego se van a misa y solucionado. 

A su pesar, esta octogenaria se ha convertido en un símbolo ante el hartazgo de la ciudadanía. Aquí no vale salir a señalar a todos por igual por tacticismo electoral. Si la desahuciaron fue porque PP, Vox y Junts votaron en contra de la prórroga de la moratoria antidesahucios. Tampoco vale argumentar que no importa quién tiene las competencias. Importa, y mucho. En València, desgraciadamente, lo aprendimos el 29 de octubre de 2024. En las comunidades y ciudades gobernadas por el Partido Popular se está boicoteando la aplicación de la Ley de Vivienda y Feijóo advirtió de que desbloqueará un millón de viviendas solo si llega a Moncloa.  Es la versión aznariana del quien pueda hacer que, haga o del cuanto peor, mejor para mí de Rajoy. 

Volvamos a Gramsci porque cada vez es más evidente que nos encontramos en ese momento de transición entre dos mundos. El viejo conocido y el nuevo en gestación. Y, si nos dejamos arrastrar por el pesimismo de Pier Paolo Pasolini, el parto llegará inducido por un fascismo disfrazado de modernidad y tolerancia. En 1975, poco antes de ser asesinado, Pasolini publicó en Corriere della Sera El vacío de poder en Italia, conocido después como El artículo de las luciérnagas. En él lamentaba la desaparición de aquellas pequeñas luces como metáfora de una sociedad cegada por el consumismo y un nuevo poder homogeneizador. Décadas después, Georges Didi-Huberman le respondió que las luciérnagas habían sobrevivido.

Y ahí están, acompañando a Maricarmen en las calles y las plazas de Madrid. Pero también en otros lugares. En Burjassot se acaba de aplazar el lanzamiento de Daniel, el joven investigador del Instituto de Física Corpuscular de la UV y el CSIC. Detrás vuelve a haber gente organizándose para que alguien no pierda su casa. Pero no olvidemos que movilizarse puede parar un desahucio y que, para evitar el siguiente, hay que gobernar. Por eso importan los decretos antidesahucios del Gobierno, las medidas para proteger a las personas vulnerables y las decisiones para intervenir en un mercado que, abandonado a su suerte, las expulsa de sus casas.

Como Pasolini, yo daría todo por el destello de una pequeña luciérnaga que se enfrente al foco de quienes gritan y deshumanizan. Pero, sobre todo, daría todo por que esas luciérnagas estén unidas en las calles y en las instituciones. Que su luz sea tan intensa que ciegue a los monstruos hasta espantarlos.

Pero no digas nada porque ellos no son el problema para María José Catalá. A ella los Smith, Müller o Rossi le caen bien. Son inversores. Gente emprendedora que viene con la cartera por delante a alimentar la burbuja inmobiliaria. En cambio, los Benjelloun, Cherkaoui o Bouzza no le vienen bien. Lo dijo ella misma cuando puso el foco sobre las personas migrantes al hablar del asentamiento del Grao. Y eso es racismo. Maldad de la mala. La que deshumaniza. La que borra la empatía. La que acaba privando de derechos. La que aniquila.

La estrategia no es nueva. Empieza infundiendo miedo hacia un grupo de personas y continúa excluyéndolas del espacio público. Se amplifica gracias a una red de medios de comunicación colaboracionistas y acaba en la deshumanización que precede a las peores atrocidades cometidas a lo largo de la historia. Alemania, Camboya, Armenia, Ucrania, Serbia, Bosnia, el Congo, Ruanda o Myanmar. Esclavitud, violaciones, hambrunas… Hoy asistimos en directo al genocidio del pueblo palestino mientras esa deshumanización se proyecta sobre las personas que llegan desde África.

En los años ochenta y noventa, las imágenes de las niñas y niños de vientre hinchado por la desnutrición abrían telediarios. Incluso ganaron el Pulitzer. De aquellos años recuerdo cómo mi madre me contaba que a ella también se le llenó la barriguita de hambre y cómo sus historias me hacían verla en aquellos ojos de niños con mirada de ancianos, enmarcados en pequeños cuerpos sin fuerza ni para espantarse las moscas.

Hoy difícilmente nos llegan las informaciones de los pequeños esclavos de las minas de coltán. Y aquellas madres y padres que fueron víctimas de la Guerra Civil empiezan a dejarnos huérfanos. No pueden sentarse a nuestro lado para recordarnos que las imágenes de desplazados son como aquellas que protagonizaron otros españoles que también fueron estigmatizados y acabaron en campos de concentración. Ya no están para cogernos la mano mientras nos cuentan que esos niños y niñas palestinos corren sin zapatos entre ruinas y bombas como ellos en su infancia.

Yo también pasé hambre. Yo también fui esa niña. Yo también fui emigrante. La voz de mi madre resuena cuando escribo este artículo y me da rabia pensar que tanta gente haya olvidado el sufrimiento de sus padres. Me revuelve pensar que reniegan de ese pasado para no sentirse pobres, humildes y expuestos. Estirachaquetas de los de arriba que pisotean a los suyos.

Para mí, la empatía es la mayor herencia que he recibido de mi familia. La capacidad de ver en el sufrimiento ajeno el propio. Como dice Julia Otero, quiero seguir siendo la niña que fui. La que se crio en una familia de inmigrantes extremeños que llegaron a València y se instalaron en un barrio obrero. Humildes y trabajadores. Gente honrada que sufrió pérdidas irreparables, pero que siempre miró hacia delante.

Por eso, cuando oigo la palabra inmigrante, no veo una amenaza, sino a mi familia huyendo del hambre. Dejando atrás su casa y su vida. Pero donde yo veo a personas en busca de futuro, la extrema derecha señala y criminaliza. Promueve el miedo y la desconfianza. Agita el avispero. Y no actúa sola. El PP la acompaña en este viaje a las cavernas. A la oscuridad más absoluta. A la sinrazón del odio y el enfrentamiento. A la barbarie de deshumanizar a las personas.

Pero no a todas, claro. Hablan del reemplazo, pero lo que está sucediendo se llama expulsión. Y no son los Benjelloun, Cherkaoui o Bouzza, sino los Smith, Müller y Rossi dispuestos a pagar 4.311 euros por metro cuadrado, quienes alimentan un mercado que nos expulsa ante la inacción de un Ayuntamiento al que no le molestan los extranjeros, sino los pobres. Catalá quiere una València para ricos. Para los que llegan con una cartera repleta de dinero y no para quienes cargan con una mochila de recuerdos y esperanza. Así llegaron nuestras familias cuando el hambre y la pobreza las expulsaron de sus pueblos. Olvidarlo no nos sacará de pobres. Nos hará menos humanos.

PP y Vox señalan a las personas migrantes que, no nos equivoquemos, son más parecidas a nosotros que quienes cruzaron el Estrecho en sus yates para darse un atracón a costa de la desesperación de los ceutíes. Esa flotilla que fue a beber cerveza en medio de una crisis humanitaria y geopolítica gravísima que requiere la unidad de todos los partidos políticos para hacerle frente. Porque esto no va de quién gobierna, sino de salvaguardar la democracia de nuestro país frente a injerencias externas. Sin embargo, esperar lealtad y altura política de Feijóo y Abascal es como pedir peras al olmo. Ambos han corrido a situarse del lado de quienes cuestionan la españolidad de Ceuta y Melilla, desde Washington o Tel Aviv. Eso sí, con la pulserita bien visible para cumplir con “el que pueda hacer, que haga” de Aznar.

Y así vimos cómo María José Catalá utilizó el Ayuntamiento de València para convocar a quienes tienen derecho a protestar de manera legítima porque no están de acuerdo con la gestión de la crisis y convertirlos en ariete de su estrategia de desgaste del Gobierno. Por mucho que hable de éxito, en València somos muchos más quienes salimos a las calles para defender la educación pública, reivindicar la igualdad el 8M y la diversidad el Día del Orgullo, decir no a la guerra y al genocidio del pueblo palestino y, sobre todo, apoyar a las víctimas de la dana. A pesar de las miles de personas que salen a la calle en cada convocatoria, Mazón sigue ahí, sostenido por PP y Vox, después de más de 230 víctimas mortales y miles de personas afectadas.

Qué casualidad, además, que muchas de esas movilizaciones hayan encontrado todo tipo de obstáculos por parte del gobierno de María José Catalá. Cuando no cortó el tráfico, informó de actos que nunca llegaron a celebrarse, programó castillos de fuegos artificiales o inició obras que coincidían con el recorrido de marchas históricas. Por no hablar de las concentraciones contra los asesinatos machistas, donde nunca dispone un atril ni lleva a cabo una convocatoria masiva.

Catalá y sus socios utilizan Ceuta porque no quieren que se hable de la invasión de los fondos buitre y los especuladores que convierten las viviendas en activos financieros. Estos son los que nos están echando de nuestros barrios y de nuestras casas. Los que están okupando nuestras comunidades vecinales. En Benicalap lo saben bien. Ante la preocupación de los vecinos y vecinas, la respuesta de María José Catalá ha sido inhibirse y mandarlos a la vía civil.

Nos invade el cambio climático. Ese que algunos de los socios de Catalá siguen negando mientras València afronta temperaturas cada vez más extremas. Frente a eso, su respuesta ha sido más asfalto y cuatro toldos en dos cruces. Y en la Devesa-Albufera, situar a un concejal negacionista al frente de la gestión que apenas ha ejecutado un 5 por ciento de las inversiones en el parque natural. El peso de la ley tiene que caer sobre el presunto pirómano que provocó el incendio del Saler, pero María José Catalá y sus socios de Vox tienen que asumir las responsabilidades políticas derivadas de una gestión sobre la que el periodista Carlos Navarro nos informa cada día.

Nos invade también la degradación de los servicios públicos. Hace unas semanas veíamos cómo en un centro sanitario de la avenida del Cid campaban a sus anchas las ratas y las cucarachas. En Torrefiel, personas con problemas de movilidad no podían acudir a sus consultas porque el ascensor no funcionaba. Las clases empezarán y la comunidad educativa volverá a denunciar aulas saturadas, plantillas diezmadas e infraestructuras deterioradas.

Por eso es evidente que están utilizando Ceuta y la preocupación legítima de muchas personas con otros fines. De ahí que acabáramos escuchando “Pedro Sánchez, hijo de puta” o leyendo consignas como “Marlaska al paredón por rojo y maricón”. Y que quienes sí acudieron a las concentraciones a mostrar su apoyo se vieran envueltos en banderas de aguiluchos y cruces de Borgoña, ondeadas por energúmenos fascistas que amenazaban con agredir a quienes estaban intentando informar, como tan valientemente denunció la periodista Loreto Ochando. Ni estas escenas se pueden normalizar ni se pueden permitir discursos políticos que animan a “cazar inmigrantes” como si fueran animales. Y no lo olvidemos: hoy se les deshumaniza a ellos, pero luego lo harán con todos los demás. Esto también nos lo han contado ya.

Solo pido que no compremos su relato y hablemos de los problemas que nos afectan de verdad. Que abordemos la realidad de una València que se le ha atragantado a María José Catalá. Hablar de Ceuta le permite desviar la atención de todo lo demás. De la vivienda. De la sanidad. De la educación. Del Saler. Del cambio climático. De nuestros barrios. Así que no. La concentración convocada por PP y Vox no fue ni para apoyar ni para ayudar a los y las ceutíes. Fue para otra cosa. Pero si quieren hablar de invasiones, hablemos de las verdaderas. De las que están promoviendo los de arriba mientras nos enfrentan a los de abajo para apropiarse de nuestras vidas y convertirnos en mercancía con la que seguir haciendo negocio.

València lleva tres años perdidos en la lucha contra el cambio climático. Los mismos que lleva gobernando la ciudad la coalición PP-Vox. Si hoy el Saler cuenta con cañones antiincendios, es gracias al gobierno anterior. Punto. El actual no solo no ha aportado nada, sino que ha tumbado todos los proyectos de renaturalización de plazas y calles. Y ahora, sobrepasada por la realidad, la alcaldesa anuncia que colocará toldos donde debería haber plantado árboles.

Y esto lo dice la Catalá de 2026 porque la que estaba en la oposición criticó con vehemencia la remodelación de la plaza de la Reina, donde el reto era sortear la losa del aparcamiento. La realidad es que mucho criticarla, pero sigue tal y como la encontró. Ahora habla del proyecto de San Agustín como el modelo… cuando es el mismo proyecto que dejaron embastado los socialistas desde Urbanismo. Como todos los que han desaparecido de la agenda de este Ayuntamiento, empeñado en que no quedara ni rastro de la Capital Verde Europea.

Qué malo es el sectarismo y cómo empequeñece. De la plaza del Ayuntamiento solo sabemos que tendrá mesas y sillas nuevas (subvencionadas con dinero público) y ahora unos toldos. Todo combinará, seguro. Porque lo único que preocupa a esta Alcaldía es la apariencia.

Pero el cambio climático no es una cuestión de estética. Las muertes por golpes de calor no son ficción. Los incendios, tampoco. En cambio, los toldos de Catalá sí son el reflejo de la improvisación ante la emergencia. De la falta de conciencia. Del intento de tapar los efectos por no actuar contra las causas. Y así sentimos el crepitar de las llamas en la Vall d’Uixó y vemos cómo quienes fingen abatimiento recortan en el presupuesto de Emergencias. No tienen dinero para prevención mientras aumentan la partida de festejos. Alardean de bajar impuestos a la par que piden más recursos porque los que tienen no les llegan.

España entera en manos de gobiernos autonómicos negacionistas hasta de sus propias competencias. Pero solo quien no quiere saber ignora que son tan responsables de los montes como de la Vivienda, la Sanidad o la Educación.

Es imposible impedir que ‘alguien’ pegue fuego al monte. Que una tormenta eléctrica desencadene un infierno. Lo que sí se puede hacer es prevenir para que ese fuego no se descontrole y devore el patrimonio natural. Todavía me sorprende escuchar a gente decir: “Mientras no haya pérdidas humanas”. ¡Qué poco valoramos la naturaleza! En cada incendio desaparecen especies de plantas y árboles y mueren animales e insectos fundamentales para garantizar nuestra supervivencia. ¡No podemos ser tan miopes!

Y por si no teníamos bastante con el sufrimiento de las miles de personas evacuadas, de nuevo llega la desinformación. Como en la pandemia, como en la dana. Cada vez que ocurre una tragedia, los buleros salen de sus madrigueras para sembrar la confusión y la desconfianza, especialmente, en los profesionales que están dejándose la piel en cada incendio. Así que vayan por delante las gracias a los bomberos, a Protección Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero enfrente están los irresponsables. Quienes nunca se hacen cargo de nada. Los que se pasan los días gritando que les gusta la fruta y piden que el frutero ponga todos los recursos porque ellos solo se dedican a ir de fiesta en fiesta. Desde los Sanfermines, en día laborable, hasta la final del Mundial, sin aclarar la procedencia de las entradas ni el pago del viaje. No sé cómo lo consiguen, pero siempre encuentran una excusa mientras a ti te acusan de absentista.

Corren tiempos difíciles en los que los ‘bajaimpuesto-negacionistas-climáticos-anticientíficos-y-antiecologistas-difusores-de-bulos’ no son una opción. Es más, tenemos que huir de ellos. Arrinconarlos políticamente. Es indignante que campen a sus anchas mientras los montes arden y aumentan las muertes como consecuencia del cambio climático. Las olas de calor cada vez serán más feroces y con esta gente no estamos preparados para combatirlas.

En València, los solares de los barrios y los accesos a la ciudad son vertederos al aire libre. Rotondas como la del Saler son cajas de cerillas a la espera de que salte una chispa. La maleza seca ha convertido parques como el de Benicalap en polvorines mientras las concejalías de Catalá juegan al ‘tú la llevas’ en lugar de asumir responsabilidades. Septiembre llegará, el calor persistirá y nuestros hijos e hijas volverán a unas aulas sin climatizar. En otoño lloverá y el Ayuntamiento no habrá llevado a cabo las obras que la Torre necesita. Pero eso sí, Catalá habrá instalado cuatro toldos donde ya deberían estar creciendo los árboles.

Cuando la fortuna estaba de nuestra parte, nos regalaba una entrada para ir al Balneario de las Arenas. ¡Menuda fiesta! Era el paraíso junto al mar. Piscinas con trampolines. Una zona para hacer topless. Futbolín. Salida directa a la playa. Un trajín constante de idas y venidas de multitud de personas que pasábamos los veranos atrapados en la ciudad. En aquella época solo veía felicidad en aquel entrañable edificio que tanto añoro. Con el tiempo quise saber más y descubrí que en los años 30 València estrenó unas piscinas de agua de mar y de agua dulce tan importantes que Josep Renau las inmortalizó en el icónico cartel art déco Balneario de las Arenas, con el imponente trampolín como protagonista. Hoy forman parte del Registro Internacional DOCOMOMO, organización dedicada a proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno.

Aquella era solo una parte de las instalaciones concebidas para que la alta burguesía valenciana pudiera tomar baños de mar con fines curativos (talasoterapia). Cuentan las crónicas que su declive comenzó cuando el ferrocarril desvió el turismo hacia las zonas costeras del norte y los pudientes fueron desplazándose, cediendo su espacio a las clases populares.

Yo no sé qué habría sido de mis veranos sin el Balneario y sin las playas de la Malvarrosa y las Arenas. Sin el traqueteo del trenet que se abría paso entre la huerta sobre la que se levantan los campus universitarios. Las puertas de los vagones abiertas, las ventanas bajadas. El ardiente sol del verano iluminaba el paisaje y dulcificaba los incómodos bancos de madera sobre los que viajábamos. Raro era el trayecto en el que no aparecía alguien tras el tren en marcha, entre las risas de los pasajeros que lo animaban a correr más deprisa y ovacionaban la proeza en cuanto el polizonte abordaba del vagón.

Pero todo acabó un día. En 1993 cerró sus puertas y, unos años después, Rita Barberá subastó los 20.000 metros cuadrados donde se ubicaba el antiguo balneario por 860 millones de pesetas (5,1 millones de euros). València perdió un edificio único. Y los valencianos y las valencianas perdimos el único lugar donde aliviar el calor estival, que todavía era mucho más llevadero que las infernales olas de calor que ahora nos asfixian.

Entonces, como hoy, los humildes molestábamos para hacer negocio. Al Balneario lo sustituyó un hotel de cinco estrellas de cuestionable estética y acceso exclusivo. Pero la playa sigue ahí. Libre. Abierta. Es el mayor refugio climático de una ciudad en la que María José Catalá vuelve a ponerse de perfil ante el debate sobre el uso de los espacios públicos por parte de sus vecinas y vecinos.

Le ha tocado el turno al paseo marítimo, donde los antiguos chiringuitos se han refinado. Ya no descansan sobre tablones clavados en la arena. Ahora se alzan, en régimen de concesión pública, sobre las baldosas pagadas con el dinero de aquellos a quienes quieren “acotar” para que no molesten a los clientes, sean turistas o no.

Por lo visto, las mesas y las sillas de las familias y los grupos de amigos que se congregan cada noche a cenar libremente dan mala imagen. Tal vez María José Catalá esté preparando otro render, como el de la plaza del Ayuntamiento, con el que indicarnos qué mobiliario podemos usar para sentarnos en el paseo. Veremos de qué es capaz una alcaldesa empeñada en convertir la ciudad en una enorme caja registradora. Siempre el mismo negocio: expulsar a la gente para privatizar el espacio público. Barberá nos arrebató el Balneario de las Arenas. No permitamos que Catalá nos arrebate el sopar a la fresca, porque es uno de los pocos patrimonios que seguimos compartiendo. Hoy es el paseo marítimo, pero mañana puede ser la plaza de tu barrio. Y no se trata solo de una costumbre. Es una manera de vivir la ciudad. Salvem el sopar a la fresca!

Pero vamos a hablar de cómo está subiendo la temperatura en los barrios. Orriols ha vuelto a tomar las calles para denunciar, cacerola en mano, el abandono de la alcaldesa. Catalá cree que a la gente de los barrios trabajadores se le puede contentar con migajas. Supremacía clasista. Por eso, fue a anunciar unas obras en el polideportivo que consistían en arreglar la cubierta, comprar material y dar una mano de pintura. Solo hay que compararlo con los 8 millones de euros que destina a Abastos.

Misma alcaldesa, mismo tipo de instalación, trato completamente distinto. Basta compararlo con los 2,3 millones de euros que ha destinado a cambiar el suelo de la calle Colón. Ni amplía aceras, ni añade arbolado, ni reduce el tráfico, pero es más prioritario para Catalá que el parque de Esteban Dolz del Castellar. Capaz es de decir a los vecinos y vecinas que está en un listado…pero pendiente de aprobación.

Más migajas. Otros a los que María José Catalá se ha propuesto tomar el pelo son los vecinos de la plataforma del Corredor Verd. Cree que puede engañarlos cubriendo la autovía que proyecta con una selva amazónica. Un trampantojo. Como el de abrir un debate sobre si tiene que llamarse Jaume I o Federico García Lorca. ¡Vaya, hombre! A nadie se le ocurre proponer el nombre de una mujer valenciana.

En la Roqueta andan estos días reclamando más policía local porque los problemas de convivencia se disparan mientras proyectos urbanísticos surgidos de la participación desaparecen. Igualito que en la Malvarrosa, donde la asociación vecinal vuelve a denunciar que “música, gritos, peleas, insultos son el pan nuestro de cada noche”. Todo sucede sin que María José Catalá se dé por aludida. Todavía no ha puesto sobre la mesa su plan para Casitas Rosas, después de guardar en un cajón el trabajo realizado por el anterior Gobierno progresista.

Después de diez meses de obras, residentes y comercios de Gaspar Aguilar están desesperados ante la paralización del carril bici. Ya se sabe en Benicalap que el nuevo Mestalla lleva aparejado apartamentos turísticos y plazas hoteleras, pero nadie tiene noticias sobre el plan de movilidad que necesitará el barrio cuando lleguen los partidos. Ni sobre La Ceramo, la ampliación del parque o la rehabilitación de las alquerías. Solo saben que su barrio se convertirá en una zona turística.

Otra tomadura de pelo. Por toda València se autorizan hoteles y edificios enteros de apartamentos. Si la primera parte del mandato de María José Catalá estuvo marcada por el coche, ya podemos hablar de un nuevo fenómeno: el efecto llamada a los fondos buitre y especuladores.

En ese grupo que planea sobre nuestra ciudad se encuentra el hijo de Ana Botella y José María Aznar. Un joven emprendedor (no como las hijas de Zapatero) que promueve un edificio de apartamentos turísticos en la Gran Vía mientras María José Catalá quiere aprovechar el PAI de Moncayo (desbloqueado por el anterior gobierno) para que esa nueva fauna València obtenga el máximo beneficio.

Es decir, para que los especuladores se lo lleven calentito. En ningún caso, para promover la construcción de vivienda protegida o pública. Como sucederá con el PAI del Antiguo Mestalla, donde se van a levantar 500 viviendas y ninguna de VPO, tal y como ha revelado el periodista Carlos Navarro.

Dicen en el PP que el calor en las aulas es fuente de inspiración. Si aplicamos esa máxima a María José Catalá, parece evidente que la canícula le inspira una ciudad rentable para especuladores en lugar de habitable para quienes vivimos en ella. Mientras tanto, en los barrios, ese “bochornoso calor que enerva y rinde” del que escribió Rosalía de Castro convierte “el aire en irrespirable y denso”. Sobre ellos se cierne la tormenta. Por eso València está que arde.

El barrullo permanente nos impide reparar en los pequeños detalles. Mirar a la cara a quienes nos rodean. Ahora solo miramos pantallas. Escuchar a quienes nos hablan porque los auriculares nos ensordecen. Como dice Han, la gran cantidad de información que recibimos nos agota, nos deprime y nos incapacita para asumir responsabilidades. Todo es consumible, incluido el sufrimiento ajeno.

De esta manera podemos leer en la página de un periódico que una mujer casi octogenaria lleva varios días durmiendo en la calle junto a su marido y dos hijos porque la han desahuciado. Eso sucede en la Saïdia, pero puede ocurrir en cualquier barrio de València. Familias expulsadas de sus casas. Personas que trabajan o que reciben una pensión a las que ya no les llega para pagar el alquiler. Gente como tú y como yo, que se creía a salvo y ahora está a la intemperie. Una de mis pesadillas recurrentes desde la infancia siempre ha sido vivir en la calle. Expuesta al frío y al calor, a la lluvia y al viento. A la violencia física y psicológica. A los golpes y a los desprecios.

Creemos que ‘a nosotros, no’ mientras pasamos la página del periódico. Como si el diario fuera el cuerpo de Frankenstein, ensamblado por informaciones que muestran la cara y la cruz de la realidad en la que vivimos, leemos en otra sección que en un solar de Russafa se construirán los pisos más caros de València (de momento). Entre 500.000 y más de 1.000.000 de euros. Quienes pueden acceder a esas viviendas no son gente como tú y como yo. No son para nosotros. Esas casas están pensadas para acoger otras vidas, no las nuestras.

Como tampoco viven familias en los miles de apartamentos turísticos. Ni construirá nadie su hogar sobre los solares en los que se edifican nuevos hoteles. O les sucederá como a quienes perdieron sus casas en la calle Turia, expulsados por un fondo inmobiliario con licencia para construir un hotel-boutique y talar las palmeras de su patio interior. Y si hoy no están es porque el Gobierno de María José Catalá y Vox renunció a ejercer el derecho a tanteo y retracto. Este no es más que un ejemplo entre los centenares de viviendas que podría haber adquirido el Gobierno municipal a través de este procedimiento. Y, mientras el precio del alquiler sigue desbocado, el Ayuntamiento tampoco quiere aplicar la ley de vivienda para declarar València ciudad tensionada. Pura miopía política de quien mira a través de las lentes del sectarismo.

Números. Hace tiempo que nos deshumanizamos y cuando el sufrimiento deja de tener rostro y se convierte en una cifra, la sociedad se desmorona. Hoy el perfil de quienes duermen en la calle ya no responde al estereotipo con el que tranquilizábamos nuestros miedos. Son personas como la vecina de la Saïdia. Trabajan, cobran una pensión, tuvieron una casa. Hasta que dejaron de poder pagarla. El solar que un día albergó la Fórmula 1 hoy es el mayor asentamiento chabolista de la ciudad, reconvertido en un campo de refugiados, donde habitan familias migrantes y nacionales. Personas que, no hace tanto tiempo, creían que nunca podrían ser expulsadas de sus viviendas.

Cada día son más, pero nos decimos que están allí, habitando en un adverbio que utilizamos para alejarlos de nosotros. Sin embargo, están aquí. A nuestro lado. Son el reflejo de lo que nos espera si seguimos aceptando el deterioro de nuestras condiciones materiales como si fuera inevitable. Pero no reaccionamos. Porque, como dice Byung-Chul Han, ya no tenemos tiempo para pensar. O, mejor dicho, nos han convencido de que no lo tenemos.

Por eso, dice el filósofo coreano, parece que la revolución hoy es imposible. Sabemos que la lógica algorítmica nos empuja a no mirarnos, a no tocarnos y a no escucharnos. Empecemos desconectando los móviles. Volvamos a mirarnos, a escucharnos. Solo así oiremos la voz de quienes piden ayuda antes de que sea demasiado tarde. De quienes habitan en ese ‘allí’ que los expulsa y nos separa. Porque la València que queremos construir comienza diciendo ‘aquí’. Empecemos la revolución. Cambiemos el adverbio.

De momento, lo que sí sabemos es qué alcaldesa es. Tres años después de su investidura, València no tiene nada que celebrar. Igual piensa que puede tratar a los vecinos y vecinas con el mismo desprecio que a su militancia. Por eso, niega la participación en los desarrollos urbanísticos clave como el PAI del Grao, donde ha cambiado vivienda pública y el gran delta verde por especulación, coches y asfalto. Igual que con el Corredor Verde. Más de 40.000 personas exigen que las vías del tren sean sustituidas por un jardín, pero ella les da la espalda. Porque tres carriles de tráfico, por mucho que intenten manipular, se parecen más a una autovía gris que a un pulmón verde.

Ya sabemos qué piensa su concejal estrella sobre la participación ciudadana. «Las asociaciones de vecinos son unos señores que se han reunido y han decidido que son asociaciones de vecinos», soltó José Marí Olano en un pleno para cuestionarlas. Pero no hizo más que verbalizar lo que piensa María José Catalá. Al menos él fue sincero.

Ella ha desmantelado las reuniones interconcejalías que se celebraban en barrios como Orriols y la Malva-rosa con nocturnidad y alevosía. Por no hablar de las Juntas de Distrito, donde los grupos de trabajo han dejado de funcionar para vaciar de contenido unos órganos que deberían servir para fomentar la participación vecinal.

La vimos anteponer la defensa de Carlos Mazón a las víctimas de la dana en la comisión de investigación del Congreso, donde compareció cargada de mentiras. El plan de inundaciones establece que tenía que vigilar aguas arriba, nada le impedía enviar efectivos a ayudar a los municipios afectados, no evacuó de manera preventiva Pinedo ni estuvo a la altura de la catástrofe. Fue la primera en salir a aplaudir a Mazón y a día de hoy sigue negando a las víctimas el reconocimiento de su ciudad.

Este es el talante de una persona que gobierna con Vox y que lo primero que hizo al tomar posesión fue retirar la bandera arcoíris del balcón municipal. Y no vale parapetarse tras cuestiones administrativas, podría haberla dejado, pero prefirió retirarla. Por eso, no es de extrañar que nos salten las alarmas cuando vemos que las obras de la calle Colón comienzan, prácticamente, la misma semana que tendrá lugar la celebración del Orgullo. Otra manifestación que la alcaldesa pretende deslucir cuando no boicotear. Como intentó con la del 8M a cuenta de un castillo de fuegos artificiales o las de los profesores dejando que el tráfico circulase para entorpecer la marcha.

No puede engañar a todo el mundo todo el tiempo y su tiempo se agota. A finales de marzo dijo: “Va a ser muy difícil abrir un solo apartamento más”. Pues es tan fácil como que Atitlan, tal y como reveló en este diario el periodista Carlos Navarro, ya tiene la licencia para que las torres del Nou Mestalla alberguen un hotel de 245 habitaciones y 650 apartamentos turísticos en Benicalap. Los vecinos y vecinas que llevan años sufriendo la paralización de las obras verán antes las más de 1000 plazas hoteleras que la construcción del más que esperado polideportivo.

Lo que describo en este artículo es una realidad clara. Catalá no solo evita la participación dentro de su partido, sino también en la ciudad; prioriza intereses privados frente al interés general y gobierna desde la confrontación con los movimientos vecinales y sociales. Se ha propuesto convertir València en un tablero de Monopoly donde todo está en venta y sobre el que planean los fondos buitre. La pregunta ya no es qué ciudad quiere construir, porque eso hace tiempo que lo sabemos. La cuestión es qué barrio será el siguiente en pagar las consecuencias. Todas las señales apuntan a que ahora quiere reventar Benicalap.

Y esto no son conjeturas, son conclusiones. Lo extraigo de los últimos ensayos que me aconsejó Civera: El fuego de la libertad, de Wolfang Eilenberg, y Tecnoabsolutismo global, de Arturo Gradolí. En ambos, un nombre se repite. El de una mujer que exaltó el individualismo y el egoísmo como virtudes. Puso el mercado por encima de la comunidad. Fue enemiga del Estado del Bienestar y amante del capitalismo libertario. Abrió caminos a otras mujeres desde un profundo machismo al tiempo que defendió el aborto y la libertad sexual, inspirando al movimiento LGTBI a pesar de su manifiesta homofobia.

Vivió bajo los totalitarismos y las guerras mundiales, entre la desesperación y la deshumanización. Y ahora sobrevive a su muerte como fuente de inspiración de la administración Trump y empresarios como Elon Musk o Peter Thiel. Su obra El Manantial es la biblia del Objetivismo, como denominó a su teoría filosófica, y -aquí me permito una licencia literaria- seguro que estuvo en la mesilla de noche de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Además del informe Ridley, la Dama de Hierro bien pudo inspirarse en Ayn Rand para desmantelar el Estado del Bienestar siguiendo el manual del neoliberalismo extremo. Recortes, privatizaciones y desregulaciones.

Y sigo con la ficción porque me imagino a Carmen Ortí y a María José Catalá viendo Billy Elliot. No por el chico, sino por las manifestaciones que discurren al fondo, como un decorado móvil que actúa como un personaje más de la historia. Ellas se ven ahí, como la Thatcher de 1984 que consiguió vencer a los sindicatos mineros a los que calificó como “el enemigo interno, que es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad”.

En Billy Elliot se recrea la batalla de Orgreave donde cientos de mineros fueron heridos, detenidos y acusados de desórdenes. Una escena que pudo inspirar la misiva de la alcaldesa de València pidiendo el desalojo de la acampada de docentes de la Plaza del Ayuntamiento. Porque para Catalá los docentes son como los personajes de la película británica que están en un segundo plano, a los que ni siquiera se digna a mirar, como sucedió en la procesión del Corpus.

Pero están ahí. Siguen en pie las reivindicaciones frente a los recortes y el desprecio hacia la educación pública. El largo año de huelga minera se saldó con más de diez mil mineros detenidos y alrededor de cuatro mil condenados en los tribunales. En la Comunitat Valenciana, mal que le pese al president de la Generalitat, a la Consellera de Educación y a la alcaldesa de València, la huelga está desarrollándose con ejemplaridad. Los profesores y las profesoras están dando una lección también con sus movilizaciones. Y, además, han conseguido que la sociedad valenciana tome conciencia del sacrificio que están haciendo para defender lo público.

‘Cerrar una mina, matar una comunidad’, fue uno de los lemas de las protestas de 1984. Más de cuarenta años después sigue vigente lo que subyace a esas palabras que preconizaban la brutal crisis social que sobrevino al Reino Unido, tras la etapa Thatcher, en forma de deterioro de los servicios públicos, el paro desbocado y la quiebra de miles de familias. La filmografía británica sobre esta etapa es prolífica y no es necesario enumerar sus títulos.

Deteriorar la educación pública también es un ataque a la comunidad. El PP lo sabe y nosotros también. Pero no está de más recordarles a Carmen Ortí y María José Catalá que la historia ya nos la sabemos. Que no pueden silenciar las protestas, ni negarse a hablar con la comunidad educativa que ha decidido aplazar la huelga a septiembre, ante las reiteradas tomaduras de pelo de la Generalitat Valenciana. Esperemos que esta tregua sirva para que Ortí y Catalá se den cuenta de que ni ellas son Margaret Tatcher, ni los docentes son los mineros. Y, por cierto, tampoco Pérez Llorca es Ronald Reagan. 

Se mire como se mire, lo que lleva haciendo María José Catalá durante las cuatro semanas que dura ya la huelga educativa es inadmisible. Por incapacidad o tacticismo, intenta ponerse de perfil y, además, enreda constantemente sobre cuestiones fáciles de contrastar consultando las redes sociales, la web municipal o la hemeroteca.

Me explico. En las primeras manifestaciones educativas, Catalá apostó por la crispación. Igual que hizo con la manifestación convocada contra la guerra, el Ayuntamiento decidió no ordenar el tráfico para que manifestantes y conductores acabaran enfrentándose en la calzada. En cuanto los vídeos del caos se hicieron virales, intentó señalar a la Delegación del Gobierno, como si la gestión del tráfico fuera competencia de la Policía Nacional.

Pero las mentiras tienen las patitas muy cortas. Un tuit de la propia Policía Local de València, publicado el pasado 2 de junio, reconocía que trabajan “para garantizar y compatibilizar el ejercicio del derecho a la manifestación y la movilidad de la ciudad”. Es decir, dejaba en evidencia a la alcaldesa.

De hecho, solo hace falta entrar en la web municipal para consultar las competencias del Ayuntamiento y corroborar —¡oh, chorprecha!— que María José Catalá delegó en un concejal la gestión de Movilidad, Espacio Público y Policía Local. Así que Jesús Carbonell solo tendría que hablar consigo mismo para coordinarse.

Y luego está la hemeroteca, esa gran olvidada. Nunca podré entender cómo el mismo periodista que en julio de 2011 pudo escribir una crónica sobre el desalojo pacífico de la acampada del 15M en la plaza del Ayuntamiento liderado por la Policía Local hoy escriba exactamente lo contrario. Me resisto a pensar que se trate de una estrategia deliberada de manipulación.

Sin embargo, tampoco encuentro muchas alternativas para explicar cómo se puede publicar una cosa y la contraria sin que el objetivo sea proteger a María José Catalá. Ocultar su incapacidad para gestionar o su decisión consciente y voluntaria de hacer las cosas mal. Aquello de “cuanto peor, mejor” que popularizó M. Rajoy.

En cuatro semanas no ha sido capaz de pronunciarse sobre la huelga educativa. Ni una sola palabra de apoyo a las reivindicaciones de unos docentes que han salido a las calles no para pedir una subida salarial, sino para mejorar las condiciones en las que nuestros hijos e hijas aprenden. Nos toman por ignorantes si creen que no sabemos que detrás de la negativa a bajar ratios o mejorar los centros públicos está la defensa de los intereses de la educación privada y concertada.

Es negocio. Y de eso la derecha sabe mucho. María José Catalá también. Basta recordar las permutas de suelo o las adjudicaciones para construir vivienda. Para eso sí demuestra habilidad. Sin embargo, no la tiene para interceder ante Juanfran Pérez Llorca y conseguir que se siente a negociar con los sindicatos. Igual que tampoco tiene problema en señalar constantemente a la Delegación del Gobierno cada vez que ella misma genera un conflicto, evidenciando que Pilar Bernabé le pone especialmente nerviosa.

Y así es como la Plaza de la Virgen se ha convertido en el espejo donde se refleja la verdadera forma de entender la ciudad de María José Catalá. Ha hablado con el Arzobispado, pero no con los docentes. Se preocupa por las molestias al Corpus y al turismo, pero no por las razones que han llevado a decenas de personas a acampar en la plaza.

Catalá tiene que asumir de una vez su responsabilidad y dejar de mentir sobre las competencias municipales. Ella misma se ha desmentido, dejando en evidencia que la gestión del espacio público es competencia del Ayuntamiento. Ha preferido recurrir a la ordenanza de Parques y Jardines para desalojar la plaza antes que sentarse a dialogar con quienes están defendiendo el futuro de nuestros hijos e hijas.

Porque gobernar una ciudad va de eso y no de dividirla entre vecinos buenos y vecinos malos. Entre quienes merecen ser escuchados y quienes pueden ser ignorados. Las familias que llevamos a nuestros hijos e hijas a la escuela pública somos sus vecinas. Los profesores y las profesoras, también.

Este es el caso de una María José Catalá que no gobierna, cazcalea y por eso el informe anual de Quejas y Sugerencias refleja un aumento del 28 por ciento de las quejas. Mientras, la crisis de la vivienda se desboca y los apartamentos turísticos siguen expulsando vecinos, la UCO vuelve a entrar en el Ayuntamiento y a ella le abre una investigación la Fiscalía. Siguiendo el verbo que tan bien la define, podemos decir que lleva tres años cataleando. Paseando la vara de mando por las calles de una ciudad que le es ajena porque lleva menos años viviendo en ella que muchas de las personas que intentan regularizar su situación a pesar de las trabas municipales.

En tres años no ha sacado adelante ningún proyecto nuevo y sigue viviendo de rentas del Gobierno anterior. Y todo lo que toca acaba desfigurado: Pérez Galdós, la Plaza del Ayuntamiento, el Corredor Verde, el Delta Verde. En las supermanzanas de Orriols y La Petxina los vecinos y vecinas denuncian cómo los coches se han apoderado del espacio conquistado para las personas.

La Casa del Relojero, las viviendas de Tapinería, San Vicente de la Roqueta, tres años cerrados. La Ceramo, la biblioteca de la Malvarrosa, el plan de Casitas Rosas, olvidados. El Bulevar Cultural, la Avenida de la Malvarrosa o Ausiàs March, en una papelera mientras la ciudad se llena de coches, vacía los alcorques y embrutece las calles de los barrios.

Lo que esta alcaldesa paracaidista, que cayó en València como podría haber aterrizado en Cartagena, Boadilla o en la Generalitat Valenciana, está haciendo con una ciudad abierta, divertida y genial es convertirla en un espejo rancio de sí misma. Tras el intento de cerrar el acento hay mucho más que terraplanismo lingüístico y postureo. Porque hay que recordar que tanto cuando fue alcaldesa de Torrent como la consellera que quitó las becas de comedor y dijo a las familias que llevaran la comida de sus hijos e hijas en fiambreras, su acento era otro.

Aquella María José que pedía perdón por hablar valenciano en los actos públicos escribía su apellido con acento abierto. Entonces era Català. Pero cuando en 2018 se empadronó en esta ciudad lo cambió por Catalá. Toda una declaración de intenciones de lo que se nos venía encima.

¿Quién nos iba a decir que íbamos a escuchar comparar la homosexualidad con enfermedades, reducir el feminismo a ser madre, hermana e hija, borrar las políticas dirigidas a las víctimas de violencia de género o entregar premios literarios a maltratadores condenados? ¿O liderar el boicot a la regularización de las personas migrantes que viven en nuestra ciudad y llenar el cauce del Túria de estanques antipobres?  Una cuestión sobre la que me gustaría conocer la opinión de Adela Cortina, porque apesta a aporofobia institucional.

Y frente a una alcaldesa que catalea, llega Pilar Bernabé. Una mujer que nació en València y la vive cada día, en cada una de sus facetas, sin sectarismos ni exclusiones. Esto es lo que la conecta con la vida de sus barrios. Pilar representa la política que resuelve y que gestiona. La que no se esconde en los momentos más duros. La que nunca se pone de perfil.

La sociedad necesita respirar con calma. Recuperar el sentido común, fortalecer la convivencia y los consensos. Bajar el volumen de las discusiones y apagar los insultos. Pasar página al odio y a la polarización. Urge recuperar la confianza. La ciudad. Los barrios. Las personas. València necesita volver a parecerse a sí misma y eso pasa por sonreír, abrazar y cuidar. Por dejar de catalear y empezar a pilarear.

“Si dejamos de pelear lo perderemos todo”, explica Maria Leusa mientras amamanta a su hijo en una entrevista colgada en YouTube. La frase es corta. No necesita más palabras para atravesar el Amazonas, sobrevolar océanos y volverse universal. Para convertirse en un eco que resuena allí donde la gente se une para defender sus derechos y frenar a quienes quieren convertir la vida en mercancía.

Salvando las distancias y los contextos, bien podría ser también el grito de resistencia del barrio de Orriols, donde las vecinas y vecinos son un ejemplo de lucha imaginativa. Con su última acción han dado la campanada al elaborar un libro que recoge los incumplimientos del Ayuntamiento con el barrio bajo el título Cuentos para Orriols. Con títulos tan originales como Orriols y los tres mil cerditos, La vecina y los lobos o El libro de la selva sin árboles denuncian el abandono y la falta de diálogo con el Gobierno de María José Catalá y Vox.

Pero el eco de Leusa también está en la voz de la comunidad educativa que recorre las calles en defensa de la escuela pública. Exigen devolver el valenciano a las aulas, ratios más bajas, recursos suficientes e infraestructuras dignas. Reclaman además la recuperación de los presupuestos recortados que dejaron en un cajón el Plan Edificant y numerosos proyectos de renovación de centros acordados con las familias.

Este es el caso del Max Aub, en València. En 2022 se aprobó un plan elaborado junto a padres, madres, alumnado y profesorado. En 2023 PP y Vox ganaron las elecciones. Desde entonces no se sabe nada. Cada dos por tres se desprenden cascotes de la fachada; el edificio continúa sin ascensor y no garantiza el acceso universal; la falta de confort climático obliga a soportar temperaturas insoportables; y los espacios exteriores necesitan más zonas verdes. Los niños y niñas comen hacinados en el comedor. No tienen gimnasio, mientras las aulas en general y las UECO en particular están desbordadas.

Esto es lo que sucede en centros de València, donde las familias no pueden esperar ningún apoyo de quien antes de ser alcaldesa fue la consellera de Educación que eliminó becas de comedor y aconsejó a las familias llevar la comida de sus hijos e hijas en fiambreras. Esta es María José Catalá. Y esta es la realidad que denuncian los profesores de toda la Comunitat Valenciana, que han decidido alzar su voz y tomar las calles. Porque la extraordinaria movilización que ha colapsado València busca proteger a nuestros hijos e hijas frente a una situación de abandono que se agrava en municipios afectados por la dana y todavía pendientes de reparaciones.

La excusa de la falta de recursos del Consell es un insulto. El gobierno valenciano asegura que las reivindicaciones docentes supondrían 2.400 millones de euros, pero ha rechazado 3.669 millones ofrecidos por el Gobierno de España para incrementar los recursos. El PP dice no por puro tacticismo partidista, de la misma manera que aplica regalos fiscales a las rentas más altas desde 2023. Con Mazón, Pérez Llorca y Vox, hemos perdido 1.500 millones de euros, a razón de 370 millones al año. Y por si faltaba algo, el Consell pone sobre la mesa una subida salarial de 75 euros para los profesores, mientras en la Diputación le han doblado el salario a la pareja de Pérez Llorca por la vía de “urgente necesidad”. 

Siempre la misma cantinela. Cuando la derecha dice que va a quitar millones del presupuesto, lo que en realidad está diciendo es que va a recortar en Educación y Sanidad. Hoy salimos a la calle a gritar por lo que perdimos en las urnas, pero a un año de las elecciones no debemos olvidar que defender una educación pública de calidad es defender un sistema fiscal justo y progresivo. Es defender el futuro de nuestros hijos e hijas. Es defender la igualdad y el progreso. Por eso, como madre quiero dar las gracias al profesorado que nos ha abierto los ojos y sigue la huelga porque si dejamos de pelear lo perderemos todo. 

Pero yo les seguí, móvil en mano. Entre risas comentaban la gresca. Parecía que deambulaban sin rumbo, pero nada más lejos de la realidad. María José Catalá y Carlos Mazón, todavía candidatos, les esperaban estratégicamente alejados de la bulla. ¿Qué tal ha ido, Javier? ¡Cuánto tiempo, Ricardo! Tú también has venido, Cristina. Recreo las palabras, pero no el tono. En la imagen se ve cómo se saludan con la complicidad de quienes se conocen bien.

En el vídeo puede escucharse a Javier Negre dirigiéndose al cámara: “Esto no se graba”. Pensaba que estaba entre amigos hasta que se percató de mi presencia. Entonces, el agitador ultra vino a increparme. Tras él se situaron los otros dos pandilleros. También María José Catalá me dirigió unas palabras. Sabían que les había pillado. Era evidente que Catalá y Mazón estaban esperando a los alborotadores para celebrar la bronca, cuando su lugar debía estar en la comitiva oficial. Todo estaba preparado. Todo estaba coordinado.

El tiempo ha pasado. La relación se ha mantenido. A Negre lo hemos visto en Fallas por el Ayuntamiento y dando palmaditas a Carlos Mazón en la puerta de un CECOPI. Por si faltaban más elementos para consolidar el vínculo, acaba de aparecer una nueva pieza de este engranaje entre el Partido Popular valenciano y los pseudomedios de comunicación ultras. Alma Alfonso, la diputada que abrió las puertas de su despacho a Vito Quiles para que se grabara vídeos contra el presidente del Gobierno, su esposa y los periodistas.

Alfonso es una persona del círculo de confianza de María José Catalá. Tanto es así que se ha publicado que la alcaldesa de València anda intrigando para promocionarla en el Congreso de los Diputados. De hecho, le ha encargado que presente en solitario una iniciativa parlamentaria sobre el soterramiento de las vías de Serrería, el tema estrella con el que la primera edil intenta extender una cortina de humo para tapar que lleva tres años de parálisis.

Porque a nadie se le escapa que María José Catalá no despega. Vive en una crisis permanente. Cuando no es Vox, son sus concejales. Y ahora, de nuevo, su entorno más cercano vuelve a colocarla en el foco cuando todavía no se ha sacudido ni el caso Olano ni la investigación de Anticorrupción sobre ella y otras dos concejalas. Por alguna razón, ningún agitador ultra se ha apostado en la puerta consistorial para preguntar por todo ello a Catalá. En cambio, sí se sentó cómodamente en la silla de Alma Alfonso.

Ahora se la conoce por acoger al acosador ultra, pero en València ya teníamos noticias sobre su existencia. Casualmente, la empresa de su marido fue la única candidata para quedarse con un contrato de adjudicación de suelo público para vivienda pública. Un pelotazo urbanístico en toda regla por valor de 300 millones de euros construido sobre suelos afectados por la dana en La Torre-Faitanar, donde estaba previsto un edificio de 20 alturas.

Un negocio redondo que no cuadró porque los socialistas denunciaron que todo el proceso estaba plagado de irregularidades. Lo paradójico de este caso es que, si era tan urgente construir sobre estas parcelas, ¿por qué el Ayuntamiento no ha vuelto a licitar el contrato? Una pregunta incómoda que ni Vito Quiles ni Javier Negre le harán. Porque es evidente que a María José Catalá la urgencia le desaparece cuando no hay amigos a quienes adjudicar el negocio.

Arturo Gradolí lo analiza en Tecno Absolutismo Global, donde actualiza a Orwell y advierte de que el lenguaje técnico está sustituyendo a la deliberación democrática, cambiando cómo hablamos y qué podemos pensar. “Al eliminar palabras, se eliminan ideas; al simplificar el vocabulario, se simplifica el pensamiento”, escribe.

Recomiendo su lectura para entender cómo la fórmula de dominación impulsada por la ultraderecha “no necesita abolir formalmente la democracia para vaciarla de contenido”. Se abre camino “sin trauma, como un hecho inevitable”. Así funciona esta estrategia en la que el algoritmo reemplaza al lenguaje y nos roba las palabras con las que nombramos las cosas. Pero no sigo con el spoiler. Como la Fira del Llibre está a la vuelta de la esquina, invito a buscarlo entre las novedades editoriales.

Al grano. De lo que aquí se trata es de salvar una palabra que define a la perfección la deriva a la que València está sometida desde hace casi tres años. En francés existe la expresión laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même. En castellano es más sencillo. No hace falta una frase para definirla. Basta con pronunciar cazcalear para que un mundo de significado se abra ante nosotros. María José Catalá cazcalea. Lo dice la RAE. Se trata de una persona que “anda de una parte a otra fingiendo hacer algo útil”.

Lo hizo con la gestión de la dana. La imagen de Catalá mirando desde un puente cómo el barro había anegado La Torre y toda el área metropolitana es un símbolo de su impostura. Fallecieron 230 personas y miles resultaron afectadas. Ella decidió encubrir a Carlos Mazón en lugar de estar al lado de las víctimas.

A María José Catalá parece que nada le afecta. La crisis de la vivienda está desbocada y ella cazcalea mientras el precio se dispara en barrios vulnerables como Orriols o Torrefiel. Sucede con los apartamentos turísticos. El TSJCV ha anulado la moratoria mientras ella modifica los criterios de Visit València para que parezca que se reducen los apartamentos registrados.

Que la ciudad está más sucia es otra evidencia de su cazcaleo, aunque aquí sí que ha tomado medidas. Ha eliminado la opinión ciudadana sobre la gestión municipal del infobarómetro después de que en julio la valoración empeorara en todas las mediciones, con especial incidencia en la EMT. La movilidad es un caos, la ciudad está atascada. Las mascletás, la ZAS de Russafa, los conciertos de Les Arts…

Por si fuera poco, en apenas tres años València vuelve a asomarse a un pasado que parecía superado. La UCO se personó en el Ayuntamiento para requerir contratos de una empresa municipal; una concejala está pendiente de juicio por publicar tuits racistas; la Fiscalía acaba de abrir diligencias de investigación contra la propia Catalá y otras dos concejalas por presunta prevaricación y tráfico de influencias. José Marí Olano seguirá dando de qué hablar.

A Lincoln se le atribuye la frase: “puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”. Eso es lo le sucede a María José Catalá. Por eso importan las palabras. Con ellas podemos nombrar y entender lo que sucede en nuestra ciudad. Catalá no gobierna. Cazcalea.

El problema es que fichó a Torrente, no a Keitel. Así que, en lugar de sacar “el cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje” de una manera limpia y efectiva, no hace más que salpicar a la torrentina que se empadronó en València el 28 de diciembre de 2018, día de los Santos Inocentes. Y una inocentada para las valencianas y los valencianos está siendo su mandato.

La situación es que, lejos de solucionar nada, Olano no para de enredar. Más que de Proyectos, su concejalía podría denominarse de los Grandes Líos o, a este paso, de los Grandes Chanchullos. Porque ahora es la Fiscalía Anticorrupción la que ha abierto una investigación por prevaricación y tráfico de influencias a María José Catalá, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a otras dos concejalas del Ayuntamiento, Rocío Gil y Paula Llobet.

Pero quien está en el ojo del huracán es él. Los periodistas Carlos Navarro y Laura Martínez han publicado varios audios en los que se le escucha trasladar información a trabajadores del extinto Consorcio València 2007 sobre una serie de plazas que se publicarían en breve y les insta a optar a ellas. Lo que viene siendo un amaño en la adjudicación de plazas de empleo público por parte de la Autoridad Portuaria de València, la Fundación Visit València y la Fundación Deportiva Municipal.

Dicho de otro modo: enchufismo. Dedazo. Como consta en las diligencias seguidas por la Fiscalía, el Gobierno municipal llevó a cabo una recolocación arbitraria de personal público del Consorcio València 2007 mientras este se encontraba en proceso de liquidación. Solo cuatro personas se beneficiaron de esta colocación, en la que todos los investigados eludieron los principios de objetividad, igualdad, mérito y capacidad que deben regir en todo proceso de selección de empleo público. Y es que, según se ha publicado, la Fundación Deportiva Municipal y Visit València llegaron a limitar sus puestos ofertados a personal laboral del sector público en activo, a pesar de que no se tiene constancia de que ello obedeciera a un criterio técnico o a la práctica habitual de los citados organismos.

Pero es que aquí irrumpe Olano como ese imitador chusco del señor Lobo que, lejos de eliminar todas las pruebas, ha protagonizado varios audios con los trabajadores del Consorcio en los que queda retratado como el intermediario para la adjudicación fraudulenta de los puestos de empleo público.

“Yo lo que he conseguido es sacar a provisión en entidades municipales hasta ahora siete plazas” (…) “Si alguien sigue interesado, que me lo diga en privado”. Estas son algunas de las frases extraídas de los audios publicados por elDiario.es, de las reuniones en las que el edil de María José Catalá estaría facilitando a los trabajadores del Consorcio información privilegiada y reservada, obtenida en el ejercicio de su cargo, con la finalidad de que optaran a las plazas que se habían diseñado para ellos.

Es sorprendente que José Marí Olano siga ocupando su cargo de concejal del Ayuntamiento de València. Hace un par de meses se hizo popular por manifestar en un pleno que las asociaciones de vecinos no representaban a la ciudadanía. También está detrás de la operación de permuta que dejó sin vivienda a 39 familias que habían realizado una reserva en un edificio de Patraix.

¿Qué se puede esperar de un concejal que accedió al cargo ejerciendo como responsable del área legal de una consultora con intereses, por ejemplo, con Peter Lim? A día de hoy, sigue ejerciendo como abogado de su despacho sin que se sepa si sus clientes tienen relación con la administración, a pesar de que también preside de la Mesa de Contratación.

Y no quiero que se olvide que, en el pleno en el que se abordaron las ayudas a los afectados por la dana, en enero de 2025, fue cazado comprando vino desde su portátil durante las intervenciones. La respuesta de María José Catalá siempre ha sido respaldar a su señor Lobo. Ya se sabe. Hay que ser lear con quienes limpian la escena del crimen para que no acaben traicionando.

Lo peor de todo es que a nadie sorprende lo que ocurre en el Ayuntamiento de València. Lo frustrante es que la ciudadanía haya asumido que este es el modus operandi del PP. Lo inesperado es que María José Catalá no haya tardado ni tres años en volver a situar a València en el mapa de la corrupción del que tanto nos costó salir. Y no está recorriendo el camino sola. Vox la acompaña en esta competición por bajar València a las cloacas. Hace un año la UCO se presentó en el Ayuntamiento para requerir documentación de València Activa, gestionada por los de Abascal.

Dicen que es muy difícil dejar la delincuencia. Influyen muchos factores que lo dificultan, como los entornos o la normalización de los actos delictivos. Pero hay quien lo intenta y lo consigue. No es imposible. Sin embargo, Catalá ha tardado demasiado poco en volver a las andadas.

Pero no fue el único debate. Doy fe de ello. El Miércoles Santo se me ocurrió contar en X que mi hijo se puso la camiseta de Lamine Yamal para ir al colegio. “Pero antes de ponérsela, le enseñé lo sucedido anoche en Cornellà para que entendiera en qué no debe convertirse jamás”. Posteé… y se armó la de Dios es Cristo. Ni divinidad de Cristo ni dogma de la Trinidad. Aquí la herejía arriana residió en que ese día los colegios cerraron en buena parte del país. 

¡Con lo fácil que habría sido preguntar a Google en qué comunidades autónomas no era lectivo ese día! Pero ¿para qué contrastar si es más fácil insultar? Al escribirlo no fui consciente de que el tuit reunía todos los ingredientes para desatar un cisma. Deporte, islam y una mujer como autora. Así que el avispero estaba listo para que el algoritmo lo agitara. En cuestión de horas, una cadena de insultos me transmutó de madre contando una anécdota a una “bulera”, “feminazi”, “charo” y “fea”. 

Este tipo de ataques contra las mujeres son una constante. Pocos días antes del 8M, el Ministerio de Igualdad alertó del aumento de esta violencia digital, como una estrategia organizada que busca socavar la igualdad y el pluralismo. Según el informe, el 80% de las jóvenes entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes, una cifra que se intensifica en perfiles públicos donde muchas mujeres han recibido incluso amenazas de muerte o violación. 

También los discursos de odio reflejan un repunte en las redes sociales. Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), en febrero el 57% de los mensajes denunciados deshumanizaba a personas de origen extranjero, 14 puntos más que el mes anterior. Narrativas que vinculan migración con amenaza y encuentran en la política o el deporte un terreno fértil.

He aquí el quid de la cuestión. Algunos campos de fútbol se han convertido en catedrales del odio, pero también algunas instituciones públicas. Mientras el Gobierno de España intenta combatirlo con herramientas como HODIO, PP y Vox aprueban una propuesta en el Congreso que liga el terrorismo con la regularización y en la Generalitat Valenciana el sustituto de Mazón pacta con los ultras una norma urgente que vincula inmigración y delincuencia. 

Pero si alguien lleva la delantera es la alcaldesa de València. María José Catalá comparte gobierno con una concejala de Vox a la que la Fiscalía le pide tres años de cárcel por publicar mensajes racistas y homófobos en sus redes sociales. La misma Catalá argumentó que la bandera arcoíris no volvería a ondear en el balcón municipal el día del Orgullo porque “no lo pone por el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del cáncer”. 

Yo solo conté que mi hijo se puso una camiseta para ir al colegio. Que le mostré un vídeo para que aprendiera a respetar. Y como en esa marcha acompasada de las tropas nazis que describió Simone de Beauvoir en su diario, el ruido se organizó y se repitió como parte de una estrategia que expulsa a las jóvenes del espacio público digital, que promueve la violencia que salta a las calles y se traduce en agresiones machistas, racistas y homófobas. 

La misma estrategia que ampara el PP cada vez que pacta con Vox. Cada vez que Feijóo se sienta con Abascal o que Ayuso llena la vida pública de insultos y amenazas para desviar la atención de su ático o de las 7.291 personas que murieron en las residencias. Pero también nosotros, cada vez que miramos hacia otro lado en los campos de fútbol o en las redes sociales y recurrimos a la equidistancia del “todos polarizan”. Porque el problema no es solo el insulto. Igual que no lo era el calendario escolar, sino quienes sostienen el odio. 

Porque (al menos a mí me pasa), cuando pronuncio Susana Camarero me viene a la cabeza la imagen de una persona que ejerce la política del ruido, el camorrismo y la bravuconería. Ella, la encubridora de Mazón, que fue la cara y la voz de la estrategia de manipulación y mentiras sobre la dana. Un mérito que le sirvió para que la bautizaran como la Goebbels valenciana. Camarero, la responsable de las residencias y de la teleasistencia, que el 29 de octubre de 2024 también se fue a una entrega de premios tras desconectarse el CECOPI.

Por todo ello debería haber dimitido. Pero eso solo lo puede hacer quien tiene conciencia. Y es público y notorio que el PP es experto en amparar las responsabilidades de sus cargos públicos. Caiga quien caiga. De lo único que han dimitido es de la dignidad y la decencia. Así que quien se deje engañar por Susana Camarero es porque quiere, que ya somos todos mayorcitos para que nos tomen el pelo.

Porque vamos a ver. Esta persona vuelve a actuar de la misma manera con Pérez Llorca que con Carlos Mazón. Porque tiene que agradecer que, en lugar de cesarla, el president sustituto la haya mantenido como vicepresidenta con la cartera de Igualdad. Y, como responsable de la materia, fue la encargada de salir a defender el enchufe de la mujer de Llorca en la Diputación de València. Para tapar la mangarrufa optó por la estrategia de decir la barbaridad más gorda, a la que tan aficionada es Isabel Díaz Ayuso.

Así que no puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda este espacio para recordar que Vanesa Soler no es funcionaria de carrera desde “hace 20 años”, como dijo el presidente de la Generalitat en Les Corts. Accedió a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Finestrat como personal eventual. Y ganó la plaza en la Diputación de València frente a tres aspirantes con más años de antigüedad gracias a un informe a medida, como ha revelado este diario.

Por tanto, no fue un lapsus fruto de un mal momento. Porque situaciones difíciles vivimos todos y no vamos por ahí ni agrediendo ni insultando. Fue algo premeditado y meditado. Puede que no fuera consultado con ese asesor experto en la política de baja estofa que también sigue susurrando al oído de Pérez Llorca. Susana Camarero no da puntada sin hilo.

Por eso solo puedo aplaudir la valentía de las asociaciones y las mujeres feministas que le han dirigido un escrito para reprobar sus declaraciones. Las 125 entidades firmantes tienen claro que no es una simple salida de tono, sino que se trata de unas declaraciones que revisten una especial gravedad por tratarse de la responsable de Igualdad de la Comunitat Valenciana.

Las organizaciones han tildado sus manifestaciones de agresión simbólica y escándalo institucional. Por partida doble: por un lado, ataca a las mujeres víctimas de la explotación sexual y, por otro, supone un ataque directo al feminismo y a los principios básicos de la democracia, que se sostienen en el respeto, la dignidad y la igualdad ante la ley.

En cambio, aún estoy esperando escuchar a la alcaldesa de València reprobar a su compañera. María José Catalá ese día estaba en Les Corts ejerciendo de palmera. Sentada dos filas por detrás de Susana Camarero, ¿qué hizo cuando escuchó que la vicepresidenta del Consell llamaba prostitutas a las ministras del Gobierno de España: aplaudir o avergonzarse? Me temo que lo primero, ella, que se autoproclama feminista.

¡Ay, si lo fuera! María José Catalá sabría que las mujeres que defienden el feminismo “no merecen el trato despectivo que reciben casi constantemente”, como denunció María Cambrils, sino “toda clase de auxilio y solidaridad, ya que batallan, inspiradas en el bien colectivo, por la razón y la justicia”. Pero sabemos que ni Catalá es feminista ni lo de Camarero fue un lapsus. Dijo en voz alta lo que piensan cuando creen que nadie les escucha.

Solo hay que echar una mirada al mundo que nos rodea. Mirar dentro de nuestra propia casa. En 2026, el terrorismo machista ha asesinado a 14 mujeres y tres menores. La última víctima, una niña de 3 años, asesinada por su padre en Alicante. Ayuntamientos como el de València, gobernado por María José Catalá y Vox, borran todas las políticas y símbolos que fomentan la igualdad, añorando la Sección Femenina de Falange. Ser hija, hermana y madre convierte a Catalá en feminista.

En Sagunt, en pleno siglo XXI, una cofradía de hombres niega a las mujeres el derecho a participar en los actos de la Semana Santa. Es la tercera vez que las vetan. Estos santos varones se acogen a una tradición ancestral para dar un portazo a la igualdad. Su cofradía tiene 530 años, como ellos. Pero el Gobierno de España ya ha anunciado que les retirará la declaración de 'Interés Turístico Nacional' por discriminar a las mujeres.

Así que urge hablar de María Cambrils. Es una figura fundamental del feminismo en nuestro país. Pero seguramente no te suene porque el franquismo se empleó a fondo en borrarla. Tanto que durante mucho tiempo se pensó que no existía. Que su nombre era el pseudónimo de su esposo, José Alarcón.

Sin embargo, existió. Nació en el Cabanyal (1878), pero en su barrio nadie la recuerda. Se esfumó. Se convirtió en una sombra nocturna. En un soplo de viento entre las aireadas calles del marítimo. Hasta que historiadoras como Ana Aguado la rescataron y la devolvieron a la vida. Gracias al estudio María Cambrils: el despertar del feminismo socialista, editado por la Universitat de València, en el que también participan la periodista Rosa Solbes y el archivero Joan Miquel Almela, su pensamiento y su trayectoria han sido recuperados y, en 2016, el gobierno progresista dio su hombre a una calle de València.

En este proceso han sido claves también las aportaciones de Ana Noguera a través del poemario María Cambrils. El despertar de la conciencia (2019); la reedición en 2025, por parte de la Fundación Pablo Iglesias, de Feminismo socialista; y el cómic Dos dones del Cabanyal: Pepica la Pilona i María Cambrils, con guion de Josenia Salvador y dibujos de Eloísa Blanco, que amplía esta recuperación desde una mirada arraigada en el propio barrio.

El cómic introduce además un elemento clave: el Cabanyal-Canyamelar como tercer protagonista. Un barrio cuya memoria, como la de las vidas de las mujeres valientes y comprometidas que el franquismo intentó arrasar, ha sido amenazada por el olvido, la transformación urbana y la especulación. El barrio marinero hoy sigue resistiendo gracias a su identidad colectiva. Y hoy, gracias al trabajo colectivo, podemos reconstruir la vida de María Cambrils, recuperar su pensamiento y situarla en el lugar de la historia que le corresponde.

En ese marco, el sábado 28 una ruta recorrerá el Cabanyal-Canyamelar en busca de los pasos, las risas y los llantos de María Cambrils. Del alma colmenera que creció en el barrio marinero. De una mujer que compartió espacio intelectual con figuras como Pablo Iglesias Posse, Julián Besteiro o Indalecio Prieto. Como plantea Ana Noguera en el prólogo de su poemario, resulta inevitable preguntarse: ¿cómo es posible que una mujer que escribió centenares de artículos, que fue una voz pública reconocida, quedara en el olvido?

La dictadura explica una parte, pero no toda. María Cambrils pagó un doble precio: ser del bando de quienes perdieron la guerra y ser mujer. Porque, mientras la memoria de muchos hombres ha sido recuperada, la de muchas mujeres sigue todavía en la sombra. Ella misma lo expresó con claridad: “Hoy sabemos que tampoco podrá escribirse mientras las mujeres sigan ausentes como protagonistas de esa historia”.

Por eso, reunirnos en torno a María Cambrils es una cuestión de justicia. Es un acto de reparación, de reconocimiento y de reivindicación de las mujeres que fueron el dique de contención del fascismo. Porque antes que nosotras hubo otras que lucharon contra los retrocesos democráticos. Por eso, este recorrido es el primero, pero no será el único. Vendrán más rutas, más nombres y más historias de mujeres que contribuyeron a construir una sociedad más justa y feminista. Al recorrer las calles del Cabanyal-Canyamelar no solo recordaremos a María Cambrils: le devolveremos la voz a ella, pero también a todas las mujeres silenciadas. Daremos voz al silencio. Luz a la sombra a la que fueron condenadas.