“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños.” — Nelson Mandela

En Palestina, la palabra “infancia” se escribe con miedo. No es una metáfora: según UNICEF, más de 13.000 niños y niñas han muerto o resultado heridos en la Franja de Gaza y Cisjordania desde 2008. Solo en el último año, más de 4.000 han perdido la vida en ataques armados del ejército israelí. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) calcula que más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza son menores de edad.

Esto significa que, en un territorio del tamaño aproximado de la ciudad de Valencia, millones de niños y niñas viven cada día un genocidio a cámara lenta. La hambruna y la escasez crónica de agua potable forman parte de su rutina, mientras los cortes de electricidad pueden prolongarse hasta 20 horas diarias. El sistema sanitario, devastado por años de asedio y bombardeos, está destruido o, en el mejor de los casos, completamente colapsado.

La educación también es víctima de la violencia: más de 600 escuelas han sido dañadas o destruidas desde 2021. Sin embargo, algunos pequeños aún siguen asistiendo a clases improvisadas en sótanos, mezquitas o tiendas de campaña, con lápices rotos y pizarras desgastadas. Lo hacen porque aprender, incluso en medio del horror, es un acto de resistencia.

Pero lo más devastador no es solo la pérdida física: es la fractura emocional. Psicólogos locales denuncian que el 80 % de los menores presenta síntomas de trauma severo: insomnio, ataques de pánico, pesadillas recurrentes, pérdida del habla. Crecen aprendiendo a reconocer el zumbido de un dron, el impacto de un misil o el retumbar de una explosión antes que a montar en bicicleta o jugar al escondite. Cada día su infancia se convierte en un ejercicio de supervivencia: aprender a no llorar, a no correr, a no hacer ruido, a convivir con el hambre, con la muerte, entre sombras y miedo.

Matar la infancia no solo arrebata vidas: arranca futuros enteros, sueños, risas, posibilidades. Como escribió Gabriela Mistral: “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él.” ¿Qué sociedad queremos construir si destruimos a quienes encarnan nuestra esperanza?

Desde la distancia, nos refugiamos en debates geopolíticos y comunicados diplomáticos, como si las cifras fueran abstractas. Pero detrás de cada número hay un nombre, una historia, una voz que apenas tuvo tiempo de aprender canciones infantiles antes de ser silenciada. Nos deberíamos preguntar con urgencia: ¿cuántas infancias más estamos dispuestos a permitir que se rompan antes de reaccionar?

Es cierto: no podemos detener una guerra desde el salón de nuestra casa. Pero sí podemos negarnos a aceptar que ser palestino signifique no tener derecho a una niñez. Podemos exigir que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno, visibilizar el sufrimiento y, sobre todo, no callar. Porque el silencio, en este caso, no es neutral: es cómplice.

Israel y Estados Unidos, convertidos en verdugos de niños y niñas y sordos a los mensajes de humanidad y defensa de los derechos humanos que grita el mundo, deberían, al menos, escuchar a uno de los suyos. Me refiero a quien un día fue su presidente , John F. Kennedy, que advirtió: “Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro.”

No dejemos que esa esperanza muera. No lo podemos permitir.

Ceuta vuelve a ocupar titulares. Miles de personas han llegado en apenas unos días a la ciudad autónoma y, entre ellas, centenares de niños y adolescentes que hoy duermen en las calles, bajo una manta o en cualquier rincón donde el miedo les permita cerrar los ojos unas horas. Algunos han sido ya identificados y trasladados a recursos de acogida. Otros siguen esperando que alguien les pregunte siquiera cómo se llaman.

En medio del ruido político, conviene detenerse un instante. Antes que inmigrantes irregulares, antes que cifras o expedientes administrativos, son menores de edad. Y eso, en un Estado de derecho, no es un matiz: es la diferencia entre un problema migratorio y una obligación jurídica.

España ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestra legislación establece que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Eso significa que un niño que llega solo a nuestro país tiene derecho a ser protegido, identificado, atendido sanitariamente, escolarizado cuando corresponda y tutelado mientras se determina cuál es la solución que mejor garantice su bienestar. No porque haya cruzado una frontera, sino precisamente porque es un niño.

El Gobierno ha anunciado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a estos menores en Ceuta. La medida llega cuando la capacidad de acogida de la ciudad se encuentra claramente desbordada. El dinero es necesario. Sin recursos no hay profesionales, ni plazas, ni atención psicológica, ni educación, ni protección efectiva. Pero el presupuesto no debería convertirse en el centro del debate. La verdadera pregunta es otra: ¿seremos capaces de garantizar derechos cuando las cifras dejan de ser manejables?

Muchos de estos chicos proceden de familias marcadas por la pobreza, la falta de expectativas o la ausencia de oportunidades. Otros escapan de situaciones familiares complejas o responden a un proyecto migratorio compartido con sus propios padres, que depositan en ellos la esperanza de un futuro distinto. Ningún adolescente se juega la vida en el mar por capricho. Detrás de cada travesía suele haber una mezcla de necesidad, desesperación y esperanza.

Después llega Europa.

Y Europa no siempre sabe qué hacer con ellos.

Los menores no acompañados permanecen durante meses, a veces años, bajo la tutela de las administraciones públicas. Algunos consiguen aprender el idioma, continuar sus estudios, acceder a formación profesional o incorporarse al mercado laboral cuando alcanzan la mayoría de edad. Otros cumplen dieciocho años con un permiso precario, sin red familiar y con enormes dificultades para encontrar vivienda o empleo. El riesgo de exclusión no termina cuando dejan de ser menores. En muchos casos, apenas empieza.

Hablar de estos niños y niñas exige también desmontar simplificaciones. No todos acabarán integrándose con éxito. Algunos arrastrarán heridas profundas. Otros abandonarán los itinerarios educativos. Como ocurre con cualquier colectivo vulnerable, habrá trayectorias muy diferentes. Pero reducirlos a una amenaza o a una carga económica significa ignorar tanto la realidad como la evidencia.

La protección de la infancia nunca debería depender del origen, del color de la piel o del lugar donde nació un niño.

Ceuta no necesita únicamente recursos extraordinarios. Necesita una respuesta coordinada entre administraciones, una distribución solidaria de la acogida y una política migratoria que no llegue siempre después de las crisis. Porque cuando el sistema actúa únicamente cuando las imágenes ocupan las portadas, la emergencia deja de ser excepcional para convertirse en rutina.

Quizá dentro de unos meses estos menores habrán desaparecido de los informativos. Pero seguirán creciendo. Seguirán necesitando una escuela, un educador, un médico, un permiso de residencia y alguien que les recuerde que la palabra “protección” no puede depender del lugar donde uno nació.

La forma en que tratamos a estos niños dice mucho menos de ellos que de nosotros.

Y esa es, probablemente, la noticia más importante.

Se invoca cuando se habla de “futuro”, de “familia” o de “demografía”, pero rara vez como sujeto político con derechos propios. El resultado es una invisibilidad estructural: los niños y niñas están en el centro del discurso emocional, pero en la periferia del presupuesto.

En el estado español, la inversión pública en protección social de infancia y familia se sitúa en torno al 1,6% del PIB, por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 2,5%. Esa distancia no es técnica: es política. Define qué vidas se sostienen colectivamente y cuáles dependen casi exclusivamente de la capacidad económica del hogar.

Comunitat Valenciana: la escuela pública como termómetro del malestar

La Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los escenarios más visibles del desgaste del sistema educativo público.

El conflicto con el profesorado ha derivado en movilizaciones y huelgas que denuncian un problema de fondo: aulas masificadas, falta de recursos humanos, dificultades para atender la diversidad del alumnado, infrafinanciación estructural e infraestructuras que llegan tarde o no llegan.

La protesta no se limita a las condiciones laborales. Es, sobre todo, una advertencia sobre el estado de la escuela pública como columna vertebral de la igualdad de oportunidades.

Cuando el sistema educativo se tensiona, no lo hace de forma neutra. El impacto se concentra en los centros con mayor complejidad social, es decir, en los niños y niñas que más dependen de la educación pública para compensar desigualdades de origen.

Una infancia que no entra en la agenda

La infancia apenas aparece como prioridad transversal en el debate político estatal.

Se habla de natalidad, pero no de crianza. De familia, pero no de pobreza infantil. De educación, pero muchas veces desde la lógica del conflicto presupuestario y no desde la garantía de derechos.

Sin embargo, los datos son persistentes y poco discutidos: España mantiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea. En torno a un tercio de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos indicadores armonizados.

No es un fenómeno coyuntural. Es una estructura que se reproduce incluso en contextos de crecimiento económico y creación de empleo.

Europa: invertir más o cronificar la desigualdad

Los países con mejores indicadores de bienestar infantil —como Finlandia, Suecia, Dinamarca o Noruega— no lo consiguen por casualidad.

Comparten un patrón común: inversión sostenida en educación pública, políticas de conciliación robustas, redes de protección social amplias y servicios de atención temprana universales.

En estos modelos, la infancia no es un capítulo del gasto social, sino un eje estructural del Estado del bienestar.

En el otro extremo, los países con menor inversión en infancia tienden a presentar mayores niveles de pobreza infantil, peores resultados educativos y una transmisión más fuerte de la desigualdad entre generaciones.

España se sitúa en una posición intermedia en gasto social total, pero con un sesgo claro: la infancia no es una prioridad presupuestaria equivalente a su peso social.

Cuando la escuela pública se convierte en frontera social

Las reivindicaciones del profesorado valenciano no son un episodio aislado.

Hablan de ratios elevadas, falta de personal de apoyo, dificultades para la inclusión educativa y una creciente carga burocrática que reduce el tiempo pedagógico. Hablan, en definitiva, de una escuela que intenta sostener más vulnerabilidad con menos recursos.

Distintos informes educativos y sociales han alertado de un fenómeno ya conocido: cuando la escuela pública pierde capacidad, la desigualdad no disminuye; se reorganiza. Y suele hacerlo a costa de quienes ya parten en desventaja.

La política y lo que decide no mirar

La infancia tiene una debilidad estructural en el sistema político: no vota.

Esa ausencia de representación directa la convierte en un terreno fácilmente desplazable en las prioridades públicas. Pero sus efectos no son invisibles: se acumulan en forma de desigualdad educativa, pobreza persistente y menor movilidad social.

Invertir en infancia no es una política sectorial. Es una decisión de modelo de país.

Pobreza infantil y desigualdad

En torno al 30-33% de los niños y niñas en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según indicadores recientes armonizados en la UE.

La tasa de pobreza infantil en España es una de las más elevadas de la Unión Europea, comparable a países con menor renta per cápita media.

La pobreza infantil es más alta que la del conjunto de la población, ampliando la brecha intergeneracional de desigualdad.

Inversión pública

España destina aproximadamente 1,6% del PIB a protección social de infancia y familia, por debajo de la media de la UE (~2,5%).

Los organismos internacionales como UNICEF y la Comisión Europea insisten en que la inversión en infancia es uno de los factores más determinantes para reducir desigualdad estructural.

Educación y escuela pública

El sistema educativo en el estado español mantiene diferencias territoriales significativas en inversión por alumno, ratios y recursos de atención a la diversidad.

La presión sobre la escuela pública es mayor en zonas urbanas con alta concentración de vulnerabilidad social, donde el sistema actúa como principal mecanismo de compensación.

La infancia no está fuera de la política. Está dentro, pero en el lugar equivocado: en el margen de las prioridades, en la nota a pie de presupuesto, en el discurso que se pronuncia, pero no se ejecuta.

Y mientras tanto, la escuela pública sigue sosteniendo lo que el sistema político aún no ha decidido sostener del todo.

La pregunta no es si la infancia importa. La pregunta es por qué sigue siendo negociable lo que debería ser intocable.

Miles de menores mueren en conflictos armados mientras el derecho internacional se erosiona y los líderes políticos eluden su responsabilidad

En Minab, al sur de Irán, una escuela fue alcanzada por misiles que las autoridades iraníes atribuyen a Estados Unidos, en el marco de la escalada militar regional. Según esas fuentes, al menos 165 niñas y acompañantes murieron. Organismos internacionales no han podido verificar de forma independiente la autoría ni la cifra exacta de víctimas.

Cuando una escuela es bombardeada, no hablamos de “incidentes”. Hablamos de pupitres astillados, mochilas abiertas entre el polvo, nombres propios que ya no volverán a ser pronunciados.

No es un episodio aislado. Es un patrón.

En Yemen, Naciones Unidas ha verificado más de 11.000 niños muertos o mutilados desde 2015. En Siria, tras trece años de guerra, se estima que más de 30.000 menores han muerto desde 2011. En Sudán, desde 2023 miles de niños han sido asesinados o heridos y millones desplazados. En Ucrania, la ONU ha confirmado más de 500 menores fallecidos desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Y después está Gaza, el genocidio.

En la Gaza, las autoridades sanitarias locales cifran en más de 13.000 los niños y niñas muertos desde octubre de 2023. Naciones Unidas ha alertado de un impacto devastador sobre la infancia, y diversas instancias jurídicas internacionales examinan si los hechos podrían encajar en la definición de genocidio de la Convención de 1948.

Las cifras pueden discutirse. La devastación infantil, no.

El derecho que estamos vulnerando

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho inherente del menor a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Es el tratado internacional más ampliamente ratificado del mundo. No es retórica: es derecho vinculante.

Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales obligan a distinguir entre combatientes y población civil, prohíben ataques indiscriminados y exigen proporcionalidad. Las escuelas y hospitales gozan de protección específica.

Cuando mueren miles de niños, la pregunta jurídica no es ideológica. Es técnica:

¿Se respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución?

¿Se adoptaron todas las medidas posibles para proteger a la población civil?

Si la respuesta es no, hablamos de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Poder, impunidad y responsabilidad

Las decisiones políticas tienen consecuencias humanas. Ningún dirigente queda fuera del escrutinio moral y jurídico cuando las estrategias militares que respalda provocan un impacto masivo sobre la población civil.

Cuando observo la devastación en Gaza y el respaldo político y militar que la sostiene, pienso en un tándem de Herodes contemporáneos: Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Es mi opinión. La formulo desde una convicción humanista: ningún liderazgo que permita, justifique o minimice la muerte masiva de menores puede quedar al margen del juicio ético de su tiempo.

Eso no exonera a otros regímenes autoritarios que bombardean, reprimen o instrumentalizan a niños en sus guerras internas. Si los derechos humanos son universales, la exigencia también debe serlo. No existen víctimas de primera y de segunda según el alineamiento geopolítico.

La infancia no es daño colateral. La infancia es sujeto de derecho.

La línea roja

Cada niño muerto en una guerra es una derrota colectiva. Pero cuando las cifras se cuentan por miles y el mundo sigue gestionando equilibrios estratégicos, ya no hablamos solo de tragedia: hablamos de degradación civilizatoria.

El sistema internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial prometió “nunca más”. Esa promesa incluía proteger a quienes no empuñan armas. Si normalizamos que miles de menores mueran bajo decisiones políticas calculadas, aceptamos una regresión moral.

La historia juzga con severidad implacable a quienes permitieron la muerte de los más vulnerables. Y también a quienes eligieron mirar hacia otro lado.

No se trata de bandos. Se trata de algo más elemental: si una civilización no protege a sus niños, ¿qué está defendiendo exactamente?

En un mercado que mide el éxito en unidades vendidas y no en infancia cuidada, recuperar el juguete tradicional y artesanal no es una cuestión estética ni nostálgica. Es una decisión educativa, económica y profundamente política.

Durante años hemos asumido con naturalidad que el juego infantil esté dominado por productos importados, fabricados a miles de kilómetros, pensados para durar poco y estimular mucho. Juguetes que prometen aprendizaje acelerado, pero que dejan escaso margen a la imaginación, al error y al vínculo. Frente a ese modelo, el juguete artesanal propone justo lo contrario: menos ruido, más relato; menos instrucciones, más libertad.

Jugar no es un acto menor. Quienes trabajamos con infancia lo sabemos bien. A través del juego, niños y niñas construyen su forma de estar en el mundo: aprenden a cooperar, a negociar reglas, a frustrarse, a crear sentido compartido. El juguete tradicional —una peonza, una muñeca de trapo, un tren de madera— no impone un guion cerrado. Invita a inventarlo. Y en ese espacio abierto se entrenan habilidades esenciales que no caben en ninguna pantalla: creatividad, empatía, pensamiento crítico y vínculo social.

En territorios como la Comunitat Valenciana, hablar de juguete es también hablar de memoria económica. Comarcas como la Foia de Castalla, l’Alcoià o el Comtat fueron durante décadas un referente industrial del sector juguetero en Europa. Hoy, ese legado sobrevive en pequeños talleres y proyectos artesanos que apuestan por la producción local, los materiales sostenibles y los procesos manuales, mientras compiten en clara desventaja con la fabricación masiva asiática.

La competencia con China no es, ni puede ser, una batalla de precios. Es una batalla de sentido. El mercado del juguete en España factura más de 1.600 millones de euros al año, pero el segmento artesanal y educativo apenas representa un pequeño porcentaje. Sin embargo, su crecimiento es sostenido. No porque sea más barato, sino porque responde a una demanda cada vez más consciente: familias, escuelas y proyectos educativos que buscan coherencia entre lo que dicen y lo que compran.

Desde una perspectiva de economía social, el valor del juguete artesanal va mucho más allá del objeto. Cada pieza sostiene un oficio, genera empleo local, reduce la huella ecológica y refuerza el tejido comunitario. Frente a un modelo basado en la deslocalización, la sobreproducción y el descarte rápido, el juguete artesanal propone durabilidad, reparación y cuidado. No es una alternativa romántica: es una opción estratégica en tiempos de crisis climática y precarización laboral.

Como presidenta de una ONGD que trabaja con infancia y comunidades vulnerables, he comprobado que el juego sencillo, compartido y creativo tiene un impacto transformador real. No necesita tecnología sofisticada ni grandes inversiones. Necesita tiempo, presencia y materiales que no lo hagan todo por el niño o la niña. En contextos de exclusión, el juego libre no es un lujo: es una herramienta de dignidad y de igualdad de oportunidades.

Sin embargo, este modelo no puede sostenerse solo con la buena voluntad del consumidor. Requiere políticas públicas que lo acompañen: apoyo a la artesanía, compra pública responsable, ferias especializadas, programas educativos que integren el juego tradicional y medidas fiscales que no penalicen a quien produce en pequeño y en local. Hablar de consumo responsable sin tocar estas palancas es quedarse a medio camino.

También requiere honestidad colectiva. No podemos defender una educación basada en valores como la sostenibilidad, la cooperación o el cuidado, y al mismo tiempo llenar las habitaciones infantiles de objetos diseñados para ser usados y tirados. Elegir un juguete no es un gesto neutro. Es una decisión económica, cultural y ética.

Recuperar el juguete tradicional no es mirar al pasado. Es imaginar un futuro con más tiempo, más manos y menos pantallas. Un futuro donde el juego vuelva a ser un derecho y no un producto de usar y tirar.

Tal vez, en un mundo acelerado y desigual, enseñar a jugar despacio sea una de las formas más sencillas —y más radicales— de empezar a cambiarlo.

Más de 1,68 millones de niños viven en hogares en los que su madre sufre violencia de género por parte de su pareja o expareja. Los menores son víctimas de la violencia machista y la sociedad mira con horror y vergüenza, con incapacidad en muchos casos porque a la infancia no se la tiene muy en cuenta. De hecho, es en 2013 cuando se empiezan a contabilizar en España los niños y niñas como víctimas de violencia de genero y tan solo en cinco años la cifra es, cuanto menos, impactante: 221 menores huérfanos y 25 asesinados. 

En estas estadísticas no figura el número de damnificados por vivir en sus casas episodios diarios de violencia machista. Y ahí es donde los y las profesionales deberían actuar para evitar más muertes y otros daños colaterales graves e irreversibles.  Todos los expertos y expertas en violencia infantil destacan la importancia de tener en cuenta a los y las pequeñas. No escucharlos es, sin duda, perpetuar la violencia de género. Y es que los y las menores víctimas de violencia de género sufren el mismo tipo de trauma que los menores que sufren trauma de guerra. La violencia esta en medio y destroza vidas.

La trascendencia del tema implica actuar, no quedarnos horrorizados hasta el próximo asesinato. Hay una razón muy poderosa que nos impulsa a esa acción y a evitar más violencia. Estudios empíricos nos avisan de que los y las pequeñas que han vivido en contextos de violencia durante su vida pueden tender a repetir patrones. Las niñas pueden volver a ser víctimas de violencia de sus parejas desde muy jóvenes, muchos niños son diagnosticados con traumas, altamente medicados en la adolescencia y paulatinamente van desarrollando conductas problemáticas, son en algunos casos ‘carne de prisión’. Hemos de mentalizarnos de que, si no vemos, entendemos y ayudamos a los niños y a las niñas víctimas de violencia de género no estamos haciendo la verdadera prevención de la violencia y la salud mental.

Las cifras, una vez más, apoyan estos argumentos, nueve de cada diez mujeres víctimas de la violencia de género con hijos menores sostienen que éstos presencian o escuchan esas agresiones. Además, en el 51,7% de los casos el maltrato de la madre ha estado acompañado de la violencia del agresor contra los niños. Los datos más recientes del sistema policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género, Viogén, registraba a finales del mes de agosto a 1.540 niños en una situación de riesgo. Con riesgo se entiende que la violencia ejercida por el agresor sobre la mujer víctima podría extenderse a los menores. De ellos, 312 se encontraban en riesgo extremo.

Además de las víctimas asesinadas a manos de los adultos, la violencia machista deja 293 huérfanos, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Muchos presentan baja autoestima, depresión, problemas de alimentación, e incluso consumo de estupefacientes. Los niños pueden reproducir las conductas de violencia que han presenciado, y las niñas ser víctimas potenciales de relaciones abusivas en el futuro.

La realidad nos obliga a sensibilizarnos ante los terribles efectos que la violencia tiene sobre los menores que la sufren, y que en la mayoría de los casos ellas y ellos mismos no pueden expresar con palabras.

Como dijo Mirko Badiale,  ‘En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños’ No los rompamos. 

En economía, las personas consumidoras siempre hemos sido tratadas con ese falsete respeto con tintes proteccionistas y esa ñoñería que nos ha llenado de complejos y necesidades. Y la verdad no vamos a transformarnos en quien nos venden por usar determinado producto. Pero eso ya lo sabemos, como también que somos su oscuro objeto de deseo, su razón de ser , crecer y de engullir. Porque en un mundo competitivo, atomizado, globalizado y basado en el consumo desaforado, el truco es hacer creer al consumidor que es libre de elegir lo que quiera, siempre que quiera lo que se le ofrece. Es el “todo para el consumidor, pero sin el consumidor, el objetivo es satisfacer nuestras necesidades creadas por ellos. Y cuando me refiero a ellos quiero decir al mercado que no respeta al productor, ese que vende humo, empobrece al productor y se carga al pequeño y mediano comercio.

Hagamos esta prueba que nos proponen Economistas Sin Fronteras: vayamos a nuestra cocina, revisemos el armario de ropa, miremos nuestros muebles, electrodomésticos… Observemos nuestro alrededor: ¿cuántas cosas son realmente necesarias? ¿Y donde fueron producidas? ¿En qué condiciones? ¿Y esos productos comprados benefician nuestro entorno, nuestra economía más próxima?

Pero hay algo más. Mas allá del consumo responsable, las personas consumidoras deberíamos ejercer nuestro empoderamiento. Y no estoy hablando austeridad ni del anti-consumo, me refiero a cambiar nuestra mentalidad y tomar consciencia de nuestro poder a la hora de modificar la cultura de comprar, de consumir. Si somos conscientes podemos protagonizar una auténtica revolución que, sin duda, supone cambios importantes en diferentes áreas, no solo la económica, sino también la política, social, cultural…

Con nuestra cesta de la compra, con nuestro poder a la hora de elegir qué comprar, cómo, y a quién estamos creando un nuevo modelo de mercado. Uno totalmente diferente al que estamos viviendo con la crisis de la pandemia y que tanto ha evidenciado la existencia de desigualdades sociales.

¿Es posible? Si, no inventamos nada. Existe un decálogo construido a través de la propuesta y discusión de expertas y expertos en el tema llamado ‘La Alianza para un Mundo Responsable, Plural y Solidario’, iniciativa de la fundación Charles Léopold Mayer que os invito a leer. Y enumero aquí 5 normas que según la revista Ethical Consumer, podríamos aplicar. Son como cinco consejos.: 1. Consume menos; 2. Alza tu voz, sé más activo e involúcrate políticamente; 3. Consume productos o servicios locales; 4. Guarda e invierte tu dinero en bancos éticos; 5. Recicla, arregla y compra productos de segunda mano.

A estas pautas de consumo podemos aplicar otras que ya como conocemos y que muchas hemos ejercido en más de una ocasión. Pongo por caso las estrategias de voz o buycot, en las que se premia el buen desempeño social y medioambiental de las empresas que lo producen o distribuyen mediante la compra de sus productos, marcas o servicios. Pero también podemos ejercer las de salida o boicot, con las que penalizamos las prácticas irresponsables de la empresa productora o distribuidora mediante el abandono del consumo de un producto, marca o servicio; y a las

Tal y como yo lo veo, desde nuestra cocina con nuestra cesta de la compra tenemos la responsabilidad y el poder de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y sostenible para todas las personas. Con nuestra cesta de la compra estamos impulsando el rescate y la práctica de valores desatendidos, como son la responsabilidad personal, la empatía hacia el otro y el respeto por el entorno.

El consumo responsable es algo dinámico, del día a día y el empoderamiento es una práctica que podemos ejercer, una herramienta que nos permite contribuir al cambio de paradigma y definir el tipo de ciudadano, empresa y sociedad que queremos. 

“Las competencias de las personas van a jugar un papel muy importante”, dice Vanessa Fernández, técnica de orientación laboral y ocupación, especialista Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness en ENEB (Escuela de Negocios Europea de Barcelona). “Las cosas cambian, los perfiles cambian, y las necesidades en las empresas se van a ver modificadas por el nuevo entorno en el que nos movemos. Un factor importante para los nuevos nichos de mercado van a ser las competencias digitales, que si bien, llevan tiempo ya con una tendencia al auge, ahora se posicionan como imprescindibles”.

En clave laboral la transformación será permanente tal y como apuntan la mayoría de los expertos, aunque el trabajo remoto no será ni una contingencia ni tampoco una tendencia que termine por ser desterrada. Las nuevas oportunidades laborales se están detectando en los sectores de primera necesidad, los puestos de cuidados, el importantísimo papel del personal de logística, el en ocasiones invisible a la vez que imprescindible personal de limpieza, el personal del sector alimentación, de supermercados… son servicios esenciales, y sin ellos, la economía se habría detenido de forma absoluta.

No obstante, las profesiones que se van a incrementar considerablemente en la nueva realidad son las y los especialistas en robótica, ciberseguridad y blockchain; especialistas en marketing digital y programadores. En el área de salud se buscan técnicos en genómica, investigación de fármacos, vacunas, biotecnología e inteligencia artificial. 

En cuanto al polémico teletrabajo no es ningún secreto que hoy por hoy juega un factor importante, pero a corto plazo. Todos los puestos de trabajo que hasta la fecha creíamos que de forma imprescindible se debían prestar en modo presencial, ahora muestran una oportunidad estratégica para las empresas, a la vez que necesaria. ¿La cuestión es, ha venido para quedarse? La evolución de la pandemia tiene la palabra. 

En estos momentos y sin necesidad de utilizar la bola de cristal, podemos ver una gran demanda de profesionales en las áreas sanitarias, en todas sus vertientes, en educación, y en todos los ámbitos de alimentación y suministro

¿Pero qué habilidades van a cotizar al alza en la nueva realidad? La adaptación al cambio es una competencia que se ha manifestado como imprescindible en los actuales procesos de selección.

“Las competencias transversales de las personas ocupan la prioridad de las áreas de RRHH, valorar de que son capaces las personas, como resuelven los problemas, que pueden ofrecer ese es el objetivo de las entrevistas laborales, Atraer y retener el talento, es el gran reto al que nos enfrentamos, pero saber identificarlo para ello va a ser la prioridad. Por otro lado, las competencias digitales, vinieron, y se han quedado, y cada vez juegan un factor importante en la descripción de los perfiles”, dice Vanessa Fernández.

Nos estamos convirtiendo en personas digitalizadas, nuestro entorno está digitalizado, y debemos adaptarnos a él, para poder mantenernos en el mercado laboral, sin ofrecer resistencia, y asumiéndolo como un cambio necesario. Una vez más la pregunta es inevitable: ¿Y nuestros jóvenes? ¿A qué escenario se enfrentan las mujeres y hombres del futuro? Ellas y ellos ya están viendo un escenario distinto, Las competencias requeridas no se basan en las aptitudes, sino en actitudes. Saber si existirá trabajo para todos/as dependerá de la capacidad como sociedad que tengamos para crearlo, identificarlo y mantenerlo, y para ello, debemos ser flexibles y tener una actitud proactiva para el aprendizaje. Si el mundo cambia, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros.

Sin un guion previo en el que basarnos para vivir en la nueva realidad del mercado laboral abrimos un nuevo interrogante: ¿Cómo se va a transformar el mundo laboral post-COVID-19 o como debería dibujarse para que quepamos todas y todos? “La fórmula exacta no la tenemos, pero sabemos que el modelo económico y social actual, no está funcionando, La precariedad, la poca estabilidad, y las dificultades de movilidad y acceso a los puestos de trabajo, son barreras y condicionantes que están impidiendo que los/as profesionales no accedan a los puestos. No somos capaces de crear empleo estable y de calidad que permita la inclusión plena de las personas en la sociedad, que dé cabida a nuestros/as jóvenes, y que de oportunidades a nuestros/as seniors”. 

La realidad post-COBID-19 nos obliga a redibujar el empleo. La ocupación debe favorecer el aprendizaje desde dentro y con acompañamiento, para poder crecer como sociedad y económicamente, y para este escenario juegan un papel importante el tejido empresarial y las políticas de empleo que favorezcan este escenario de cosecha. Una vez más construir e integrar y no destruir o excluir.

¿Pero qué economía lo hará posible? Sin duda necesitamos un sistema económico al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía. Necesitamos modelos económicos donde la persona sea el foco principal, donde el empleo no sea un sueño inalcanzable para algunas, sino la herramienta que consiga hacer crecer ese nuevo modelo. La globalización ha traído cosas buenas y malas, el comercio de proximidad se ha visto dañado por estos sistemas, y se ha visto la necesidad de la existencia de él en situaciones críticas.

Si algo ha puesto de manifiesto esta situación de alerta sanitaria es la propia vulnerabilidad de la persona, así que si no iniciamos un proceso de construcción de nuevo escenario donde la persona sea el epicentro no conseguiremos crecer como sociedad.

Por ejemplo, nos hemos preguntado cómo se sienten en un mundo que los ignora, los aparta, los ningunea y los idiotiza con promesas de una vida mejor, más libre, más globalizada basadas en el consumo. Día a día les enviamos este mensaje: consume y serás, formarás parte.

Tengo tres hijos y tantísimas veces pienso... ¿qué falla? qué estamos haciendo mal cuando los informes sobre consumo de drogas realizados por entidades oficiales nos dicen que el 60% de los menores de 14 años ha consumido alcohol en el último año. Estamos hablando de una franja comprendida entre 13, 14, 15 y 16 años que se inicia en grupo en el terrible mundo de las drogas. Primero en las consideradas legales y seguidamente (casi a la vez) en las ilegales como el cannabis, la marihuana sintética. Esta última droga conocida como el ‘Pescao’ se trata de una sustancia muy peligrosa que les afecta el cerebro y les produce secuencias de delirio, estados de confusión, alucinaciones y síntomas psicóticos y paranoia. No son casos aislados, no es ciencia ficción, es real y próximo.  En los últimos meses se ha atendido a 12 menores en urgencias de hospitales valencianos afectados por esta droga.

Y las madres y padres, mientras tanto, asustados, al borde de un ataque de nervios, nos preguntamos qué está pasando. Porque si estamos fallando nosotros, también falla la sociedad. Y de alguna manera habrá que decirles a nuestras hijas e hijos adolescentes que son importantes, que valen, que cuentan y que deben cuidarse, que la salud es lo primero.

Me pregunto qué campaña contra las drogas vigente les da la información completa, les habla de tú a tú, no como si fueran niños y niñas, porque ya no lo son. La adolescencia es muy difícil, pero no es una asignatura imposible.

Sirva esta reflexión para que los escuchemos más, aprendamos a hablarles y hagamos un esfuerzo por ser coherentes con nosotras y con ellos y ellas, nuestras niñas adolescentes. Es necesario tejer un mundo más humano, que sepa escuchar, que integre, que muestre políticas sociales que los incluyan. Esas prácticas, sin duda, allanaran el camino de la compresión, de la comunicación e integración.

Las y los adolescentes confusos y aplastados entre la niñez y la juventud existen, aunque no figuren como segmento de la población (las estadísticas marcan la niñez de 0 a 14 años y los jóvenes de 15 a 24). Quizá analizando estas situaciones deberíamos pensar en visibilizar esa franja de 13 a 17 años y ponerse las orejas de oír. Reitero, escucharlos e integrar.

La exclusión social empieza a esa edad, justo cuando el fracaso escolar es una gran sombra que los va borrando. Los niños y las niñas del parque, los canis, las chonis, los otros, las otras.

No recuerdo el momento exacto en el que dejé atrás la infancia, pero debe haber un lugar en la memoria donde tengamos la grabación de ese instante primero en el que dejamos de ser una niña para entrar en el mundo nuevo, complejo y tan difícil de los adultos.

La adolescencia, como la niñez, paga los platos rotos de un mundo desigual y lleno de errores. Pienso que en las campañas de prevención contra la droga deberíamos invitarles a ser rebeldes, pero con causa, si quieren serlo; claro. Y esa rebeldía, esa causa debe ser crear una sociedad donde ellos y ellas, los futuros adolescentes tengan voz y voto y les dejemos construir. De lo contrario corremos el riesgo de que se destruyan y destruyan.

Esther Roig es periodista y presidenta de la ONG Menuts del Món.