Estas medidas y el incremento exponencial del número de parados han generado millones de expedientes que están siendo atendidos y tramitados por el Servicio Público Estatal de Empleo, de la Administración General del Estado.

El SEPE es de por si un organismo olvidado, lo que UGT viene denunciando desde hace mucho tiempo. En los últimos años ha sufrido una merma considerable de plantilla, mal pagada pero muy profesional, lo que les ha hecho imprescindibles, para una administración que sistemáticamente ha impedido sus traslados. Se estima que estructuralmente hay una necesidad de unos 3.500 empleados públicos más, sobre los 7.500 efectivos que tiene actualmente la plantilla. Tampoco se ha realizado la necesaria modernización del organismo: instalaciones, medios, recursos informáticos.

Esta gestión deficitaria de años y años y la falta de condiciones se ha compensado con la dedicación del personal del SEPE, que está muchas veces al límite, y termina afectando a sus usuarios, la población más necesitada y vulnerable.

Los datos de la Comunidad Valenciana evidencian, tanto en comparativa anual como mensual, un incremento de un 520%, un aumento sin precedentes en el número de expedientes recibidos por el SEPE. Han sido 648.675 el total de prestaciones reconocidas por COVID desde el comienzo del estado de alarma que, sumadas al desempleo ordinario, hace un total de 905.030 personas beneficiarias de una prestación. Estos datos manifiestan el terrible aumento de las cargas de trabajo, imposible de afrontar si no hubiera sido por el tremendo esfuerzo de toda la plantilla.

Además, este trabajo se ha tenido que sacar, no ya con la habitual mermada plantilla, sino también con las bajas añadidas sufridas por del Covid-19. Por ejemplo, en el RATEL (servicio de atención telefónica) de Valencia se han producido 9 contagios de un total de 20 efectivos, además de las contingencias comunes ordinarias.

Desde el principio del estado de alarma, la mayor parte de la plantilla del SEPE ha estado teletrabajando y el resto en las oficinas, a puerta cerrada. Están desarrollando el teletrabajo con sus medios y equipos personales y asumiendo el consiguiente incremento de gasto corriente. La plantilla ha estado trabajando jornadas de entre 10 a 12 horas, todos los días, incluidos festivos y domingos. Por cierto, estas horas extraordinarias no han sido retribuidas.

Pese a todas las deficiencias y gracias a este esfuerzo, en cómputo global en toda España se ha llegado a reconocer un 98% de las ayudas a los 5.443.317 trabajadoras y trabajadores afectados en los expedientes presentados por COVID, quedando pues un número aproximado de unas 60.000 ayudas por ERTEs por reconocer y un gran número, aproximadamente 200.000, pendientes de revisión por diferentes motivos, en muchas ocasiones por errores de gestión no imputables al SEPE. Estas ayudas tramitadas y concedidas telemáticamente, más las habituales prestaciones por desempleo, han ahorrado casi 8 millones de desplazamientos, lo que ha contribuido al control de la pandemia y, en menor medida, al ahorro de tiempo y dinero para los afectados.

A pesar de la eficaz gestión del SEPE, hay 60.00 personas que aún no han cobrado y que, pese a tener legítimo derecho a percibir la prestación, no han sido atendidos, lo que resulta verdaderamente dramático. Esto ha tenido una gran repercusión tanto en medios de comunicación como en redes y ha generado una corriente de opinión en contra de los trabajadores, vertiendo auténticas barbaridades hacia ese personal que ha trabajado y trabaja de manera frenética y maratoniana.

Las amenazas están siendo muy violentas tanto en las redes como directamente ante los propios empleados públicos al entrar o salir de las oficinas, habiéndose producido ya conatos de agresión. Salvando todas las distancias, es como si la población estuviera culpando al personal sanitario, a pesar de su esfuerzo heroico, de las muertes del COVID 19.

Las trabajadoras y trabajadores del SEPE, después de haber hecho el esfuerzo que han hecho, después de la presión que han sufrido, y quedando aún mucho trabajo por hacer, piden seguir trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora, telemáticamente y a puerta cerrada, para desatascar todos los incidentes, dar solución a lo que ha quedado pendiente y hacerlo en el plazo de 3 meses.

Desde el lunes de esta semana, las oficinas del SEPE en la Comunitat están abiertas al público. Esto va a incrementar todavía más la presión sobre unas trabajadoras y trabajadores que se bien merecido se tendrían el reconocimiento social.

*Maribel Molina Montes, secretaria Administración General del Estado, Federación Servicios Públicos UGT-PV