Antes de viajar a los Andes y al Himalaya, Manuel Avellanas Chavala (Huesca, 1952) nadaba en el pantano de Arguis y empezaba a descubrir la montaña de la mano de Peña Guara. Después llegaron casi 40 años de trabajo en cuidados intensivos, la mayoría en el Hospital San Jorge de Huesca, donde creó y dirigió la Unidad de Congelaciones y Patologías de Montaña. Médico en expediciones, impulsor de formación universitaria en medicina de montaña y de la medicalización del rescate en Aragón, la Federación Aragonesa reconoce su trayectoria con el Premio Federación.

Vicepresidente de Peña Guara y responsable de Salud y Prevención de la FAM, Avellanas defiende que nadie retrase una llamada de auxilio por miedo a pagar, reclama campañas estatales de prevención y critica la desaparición de la unidad de congelaciones del San Jorge.

¿Cómo se encontraron en su vida la medicina y la montaña?

Fue antes la montaña, por supuesto. Y antes que la montaña, la natación. Yo fui nadador, campeón de Aragón. Pero cuando tenía nueve años iba al pantano de Arguis, al lado de Huesca, a una travesía por el pantano que organizaba Peña Guara con el Club de Natación de Huesca. A partir de ahí también empecé a hacer montaña. Después estudié Medicina, hice la especialidad de cuidados intensivos, medicina intensiva, pero como tenía amigos que estaba en Peña Guara y con la montaña mezclé las dos aficiones.

Ha trabajado en cuidados intensivos y como médico de rescate, además de acompañar expediciones, ¿qué le enseñó la montaña que no había aprendido en una UCI?

R: Muchas cosas y muchas patologías. Es más, mi experiencia en intensivos me sirvió para la medicina en montaña, fue al revés. Por ejemplo, para el tratamiento de congelaciones aplicamos un tratamiento muy novedoso aquellos años, fue en el año 2000. Antes, se utilizaba para infarto agudo de miocardio, pero la fisiopatología en la génesis del congelamiento es la misma que la del infarto, y eso hizo que salváramos muchísimos dedos de pies y manos.

Has participado también en expediciones de alta montaña. Cuando el paciente también es tu amigo o un compañero de expedición, ¿cómo cambia la responsabilidad del médico?

R: Estás acostumbrado a tratar a pacientes y entre los que has tratado ha habido amigos o padres de amigos, te pones profesional. No puedes ir con tonterías. Tienes que decir las cosas como son y ponerte serio para hacer el tratamiento como hay que hacerlo.

Participó en la puesta en marcha del rescate medicalizado en Aragón, ¿qué cambió para los accidentados cuando el médico empezó a llegar hasta ellos?

Cambio totalmente. De la noche al día. En mis tiempos libreas colaboraba con la Guardia civil y, a veces, me llamaban para algún problema que tenían en algún rescate o accidente grave que había podido complicarse, sobre todo con la unidad de helicópteros. Después, surgió en 1995 la posibilidad de establecer con la Universidad de Zaragoza y el Doctor Morandeira una formación universitaria sobre medicina de auxilio y rescate en montaña. Así nacieron los primeros Cursos Universitarios de Especialización en Medicina de Urgencia en Montaña (CUENUM). A partir de ahí, se formaron las primeras generaciones de médicos con un máster de especialidad en medicina de montaña. Esos médicos fueron los primeros que se integraron en los servicios de rescate de la Guardia Civil. A partir de 1999, los médicos volaban con la Guardia Civil y el GREIM. Piénsalo. La presencia de un sanitario que calme el dolor de una persona con una pierna o una cadera rota que la tienen que mover. Solamente eso, es otro mundo.

¿Qué carencias ve hoy en la atención sanitaria de los accidentes de montaña en Aragón?

No veo carencias en estos momentos. Lo que veo, y se acabará imponiendo, es la imposibilidad actual de hacer rescates nocturnos por el tema del helicóptero. Creo que con el tiempo se acabará imponiendo la tecnología para el rescate nocturno y entonces ya no solo se estará medicalizado de sol a sol, sino las 24 horas del día.

En la información sobre accidentes de montaña aparece mucho la palabra ‘imprudencia’. ¿Qué opina sobre cobrar los rescates?

He visto muchas cosas y yo jamás cobraría los rescates en montaña. Entre otras cosas, porque he visto a gente casi morirse por el culebrón de todos los veranos diciendo que se cobraban los rescates. Gente se pensaba que se cobraba no querían pedir auxilio en montaña. Hubo uno que hasta se vendió el coche para poder pagar el rescate que decían costaba 200.000 euros. Tenía una fractura de cadera y estaba con hipotermia muriéndose. Aparte, rescates no se cobran ni en Estados Unidos. En Cataluña intentaron cobrar los rescates de montaña y ahí están. En Francia no se cobran los rescates de montaña. En Alemania no se cobran los rescates de montaña. En Suiza hay ocasiones en que el rescate es privado y, en ese caso, sí lo cobran. Pero en la inmensa mayoría del mundo, el rescate de montaña no se cobra. Otra cosa sería que un juez estableciera que ha sido una imprudencia y le multara. Pero eso es otra cosa diferente a lo que estamos hablando.

En el Hospital San Jorge de Huesca impulsó una unidad dedicada a las congelaciones y patologías de montaña, ¿qué hizo falta para desarrollarla desde Huesca y qué necesita para tener continuidad?

Estaba inicialmente en Zaragoza, en el Clínico como hospital público. Lo que hacía falta era voluntad política. Entonces nos reunimos Modesto Pascau, Manolo Bara y yo con el entonces vicepresidente, Roberto Bermúdez de Castro, y con el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, y planteamos dos problemas. Uno, los CUENUM habían desaparecido y no iba a haber recambio para los médicos que hacían rescate en montaña. Si desaparecen los cursos no había nada. Y otro, que había desaparecido la unidad de congelación que estaba en el Clínico. Nos reunimos con ellos, lo entendieron perfectamente y de ahí salimos con que los cursos se iban a reanudar con el nombre de Máster en Medicina de Urgencia en Montaña en el Campus de Huesca y que se iba a quedar en el Hospital San Jorge de Huesca la unidad de congelaciones y patologías de montaña. Fue la colaboración desinteresada de una serie de médicos que queríamos sacar eso adelante y el apoyo público, que tuvimos desde el primer momento, que hizo que se pudiera poner en marcha esa unidad. Fue única en España, no había otra igual en un hospital público y atendíamos a españoles y de otras partes del mundo nos mandaban congelados. La situación actual es que en el Hospital San Jorge de Huusca, y por decisiones políticas, ha desaparecido la unidad. La están intentando montar, no sé si ya está montada, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es una pena, porque la montaña está en Huesca, no está en Zaragoza. Le están quitando el protagonismo que se merece.

Desde su responsabilidad en salud y prevención en la FAM, ¿qué autocrítica hace sobre cómo se comunica la seguridad? ¿Cree que hay mensajes que no están llegando?

El problema es que, por una parte, estamos potenciando el Pirineo y la Sierra de Guara centro mundial de aventura, así ha sido reconocida y premiada, y eso lleva a más afluencia a la montaña. Eso implica que, si ves en un anuncio a una persona saltando en un barranco en una poza, lo vas a querer imitar. Pero vas a tener que saber si esa poza está limpia, que el salto es limpio y no te vas a dar con ninguna piedra. Por muchas campañas que hagamos desde la FAM, la inmensa mayoría de los accidentados no son de Aragón. Hacemos mucha información y se gasta muchísimo en prevención. El problema es que tendrían que ser las campañas a nivel nacional, como las de tráfico.

¿Qué te ha dado Peña Guara que no se expliquen una relación entre cumbres y expediciones y qué crees que debería conservar los clubes de montaña para los chavales que empiezan hoy?

Tenemos muchísimos cursos de iniciación al montañismo, dos al año que se llenan, aparte de cursos de barracos, escalada, técnicas invernales, esquí de travesía de la montaña, en pistas. Solamente durante la Semana Blanca movimos a 1.000 personas para hacer cursos de esquí de pista. Los cursos hay para gente joven, muy joven y para gente mayor que ha descubierto la montaña, se ha jubilado y quiere aprender cómo moverse por la montaña. Por eso lo cuento muy orgulloso, la federación también impulsa ese tipo de formación, porque los clubs están para eso, para formar.

¿Sigue saliendo a la montaña?

Sigo saliendo, cómo voy a dejar de salir.

¿Qué es lo que busca ahora?

Divertirme. Que me premien por haber hecho lo que me ha gustado y haber estado con mis amigos haciendo lo que queríamos, no tiene ningún valor. Ahora seguimos saliendo con los amigos al monte y hacer cosas dentro de las posibilidades que tenemos que cada vez estamos más jorobados, sobre todo en la espalda que hecho muchas especialidades y ahora se paga.

La niebla de octubre envuelve Los Monegros, pero deja ver a Carla Rivas que espera en el bar social de Almuniente. Dentro, el ruido del molinillo del café se mezcla con los buenos días de quienes van llegando para almorzar. Una vecina se interesa por ella: “¿Ahora estás por aquí?”. “Sí, yo ya me quedo aquí”, responde Rivas. La vecina sonríe, le da una caricia en el hombro y se despide: “Bueno, me voy que tengo que seguir con mi vuelta”. Una escena tan sencilla y cotidiana que permite explicar que la vida en los pueblos continúa después del mes de agosto. Y Rivas, a sus 25 años, ha decidido quedarse para contarlo.

Esta joven divulga en redes sociales los problemas y las oportunidades del medio rural, pero su historia estuvo, por un tiempo, más cerca de un entorno urbano. Se marchó a estudiar Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Alcalá de Henares. “Terminé la carrera sin ninguna expectativa de volver”, indica Rivas, para quien el siguiente paso parecía escrito, encontrar trabajo en Madrid. Lo consiguió, pero la vida que había buscado empezó a pesarle y en la cabeza le rondaba una idea que había ocupado el tema de su Trabajo de Fin de Grado, el emprendimiento rural.

Comenzó a cuestionarse cómo recuperar ese interés y unió las piezas que tenía en su mano, experiencia en debate universitario, unas prácticas en redes sociales y el cariño por su pueblo. En junio de 2024 publicó su primer vídeo porque “no había salido nadie que realmente cuente los problemas del medio rural”. Según recuerda, alcanzó casi el medio millón de reproducciones. Tres meses después tenía 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En octubre, tomó la decisión de volver al pueblo y en enero se volvió efectiva. 

Cuenta que hubo personas que interpretaron su vuelta al pueblo como una consecuencia negativa, algo ligado al fracaso. “Parecía que era la última oportunidad que me quedaba, que había perdido todo. La frase era, ya encontrarás algo como para volver a irte”, indica Rivas, quien sitúa esas reacciones más en el hecho de ser joven que en el de ser mujer.

Aun así, considera que sigue siendo más fácil imaginar a un hombre encontrando trabajo en actividades del sector primario que a una mujer con estudios superiores desarrollando el medio rural su carrera. Pero reconoce, que volver al pueblo no le resolvió de golpe la vida laboral. Tras varias experiencias, trabajar en el Observatorio de la Despoblación del Gobierno de Aragón le condujo a una paradoja, para trabajar sobre despoblación debía desplazarse a Zaragoza. “He tenido que dar muchos pasos”, insiste sobre el camino hasta poder asentarse. 

Actualmente, lleva el desarrollo de negocio y la relación con los ayuntamientos de Puebli, una aplicación de comunicación municipal. Alejandro, un ingeniero de un pueblo de Valencia, desarrolló esta herramienta para las fiestas de su pueblo y vio la oportunidad de extenderla a otros municipios. La aplicación reúne bandos municipales, eventos y ofertas de empleo y vivienda, además de espacios para asociaciones y comercios. 

“El propósito es dinamizar la vida económica, social y cultural de los pueblos”, asegura Rivas. Su defensa de las oportunidades en el medio rural convive con la meditación de la decisión. “Te lo tienes que pensar bien”, advierte la joven, que aconseja prepararlo bien y estar abierto a distintas posibilidades. En su caso, quedarse exigió combinar proyectos, aceptar trabajos diferentes y construir diferentes relaciones profesionales.

Los pueblos, más allá de la idealización

Rivas quiere intervenir en la forma en que se cuentan los pueblos. Le molesta que atraiga la atención “cuando cierra una escuela o una sucursal bancaria” y lamenta que las historias positivas tengan menos espacio en los medios de comunicación. Sobre su contenido, indica que mostrar el pueblo como un lugar atractivo puede ser un primer paso para recuperar el vínculo con él. Pero también exige mirar detrás de lo que se cuenta. “El panadero que lleva el pan casa por casa puede parecer una escena bonita. Pero la realidad es que, si no va detrás de las personas, no le salen las cuentas del negocio”, explica.

La vivienda es uno de los problemas que copa sus preocupaciones. Hoy en día, en un pueblo, hay casas vacías, pero no siempre están disponibles ni reúnen condiciones para vivir en ellas. “Una vivienda vacía no es igual a un hogar disponible”, matiza. Aunque reconoce que le resultaría más sencillo independizarse en Huesca o Zaragoza, por la oferta de alquiler. En los pueblos la solución es comprar una casa y reformarla, por lo que el deseo de quedarse tropieza con la posibilidad de tener una casa propia.

Su interés por las mujeres rurales fue el tema de otro trabajo de fin de grado de la carrera de Sociología, dedicado a las redes de apoyo de emprendedores de Los Monegros. “Junté a cuatro emprendedoras de la zona y en un taller distinguieron los apoyos institucionales de los que proporcionaba la familia, la pareja o los vecinos”, explica Rivas. Y al mirar a las generaciones anteriores, recuerda a quienes trabajan en explotaciones y empresas familiares como una ayuda cuyo esfuerzo no quedaba suficientemente reconocido.

Sobre el presente, en cambio, se muestra más optimista. Cree que el reconocimiento está creciendo y reivindica el papel de las emprendedoras y, sobre todo, el de las asociaciones de amas de casa. Sin embargo, ese optimismo no elimina las conversaciones con las mujeres que tienen hijos o familias dependientes, porque la posibilidad de conciliar puede terminar si un proyecto de vida se sostiene. “Hay que ofrecer servicios que, aunque no sean rentables, son necesarios”, indica Rivas, refiriéndose especialmente a guarderías, cuidados y transporte.

Su otra petición nace de los recorridos que ella mismo tuvo que hacer. “Pediría descentralizar los puestos relacionados con el medio rural”, señala, y cuestiona que organismos dedicados al territorio se concentran en las ciudades, para lo que pide que “se den oportunidades de trabajo funcionariado en el medio rural”.

Hoy, combina el teletrabajo, el gimnasio en la cercana Grañén, sus amigas y los viajes que exigen sus proyectos. Lee, corre y ha aprendido a hacer ganchillo. Sus hermanas estudian fuera y nota su ausencia cuando termina el verano. Ella ha elegido quedarse y quiere poder construir su vida en torno a esa decisión. “Ahora mismo, no hay nada que me imposibilite trabajar en mi pueblo”, afirma Rivas. El empleo ya ha encontrado su sitio, la vivienda sigue siendo una tarea pendiente.

Aragón pone el suelo, el agua y la electricidad para los centros de datos de Amazon. Sin embargo, los municipios que los acogen tienen que reclamar que el impuesto sobre su actividad llegue a sus arcas. El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego han anunciado un frente común para reclamar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que la multinacional abonaba mediante una cuota nacional. Y en Huesca, el Ayuntamiento asegura que ha realizado gestiones ante la compañía y que esta ha anunciado un compromiso de pago de apenas 5.000 euros anuales por la instalación de Plhus, con efecto retroactivo desde 2023.

Esta batalla pone el foco en el retorno fiscal de las grandes infraestructuras tecnologías que se extienden por Aragón. Los municipios cuestionan que el impuesto que grava su actividad no llegue directamente al lugar donde se encuentran los centros. Mientras, las obras de expansión tampoco generan los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que reclaman los consistorios.

El Burgo y Villanueva han expresado su voluntad de actuar conjuntamente pare exigir ese cobro, según adelantó Heraldo de Aragón. Su reivindicación reside en que el IAE se ingrese donde se desarrolle la actividad económica. El alcalde de El Burgo, el socialista Vicente Royo, ha llevado esa presión a la negociación de las ampliaciones, anunciando que no firmará el convenio previsto en el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) hasta que no se alcance un acuerdo económico sobre el IAE y la compensación por el ICIO.

La respuesta de Huesca introduce un elemento distinto en esta batalla. El Ayuntamiento que dirige la popular Lorena Orduna sostiene que AWS se ha dado de alta en el epígrafe 845 del IAE y que “tributará este impuesto en Huesca desde 2027”. Añaden fuentes municipales que la empresa ha confirmado que abonará “con carácter retroactivo desde 2023 el IAE correspondiente al centro de datos de Plhus”. La cuantía, según el Ayuntamiento, será de aproximadamente 5.000 euros por año.

El Ayuntamiento de Huesca no concreta cuándo se ingresarán las cantidades retroactivas ni qué recaudación prevé por el nuevo centro de datos en construcción en Walqa, a unos 400 metros del centro de datos de Plhus, al otro lado de la autovía A-23. Tampoco describe lo ocurrido hasta ahora como un incumplimiento fiscal. Según el consistorio, la compañía había pagado el IAE mediante la cuota nacional, “tal y como indicaba la normativa estatal para la actividad en la que estaba inscrita”.

Esta distinción afecta a la reclamación de la formación política Aragón Existe, que este miércoles pidió a Orduna exigir a AWS unos 91.000 euros y sumarse a los otros dos ayuntamientos. “El Ayuntamiento de Huesca debe ser valiente y reclamar a Amazon 91.000 euros que le deben a todos los oscenses, un dinero que ayudaría a nuestra ciudad y mejoraría los servicios municipales”, sostiene su portavoz, Daniel Ferraz.

Según la memoria económica del PIGA de expansión de AWS, estima que el centro de datos de Walqa generará para Huesca 90.817,74 euros anuales por el IAE y otros 35.599,82 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esa previsión corresponde a una instalación distinta del centro de Plhus, para el que el Ayuntamiento ha anunciado aproximadamente 5.000 euros anuales de IAE y pagos retroactivos desde 2023. La respuesta municipal no concreta cuánto tributará el complejo de Walqa ni cómo se materializará la recaudación prevista.

El ICIO, otro frente en la batalla

El ICIO abre otro frente en la batalla por los impuestos. Aragón Existe denuncia el trato que recibe AWS frente a empresas que sí pagan el impuesto por construir en Plhus. El Ayuntamiento de Huesca responde que las exenciones de las obras en curso están recogidas en el PIGA, “sistema de legislación y tramitación autonómica por que el se ha desarrollado el proyecto”. Respecto al IBI asegura que Amazon “está al día” con Huesca.

La tramitación autonómica también limita los ingresos municipales derivados de las obras de Walqa. Según la memoria económica del PIGA, la tasa por licencia urbanística “no se devengaría” y el ICIO “no resultaría de aplicación”, porque considera que “no se cumple el hecho imponible porque las obras no requieren un título habilitante urbanístico”. El acuerdo del Gobierno de Aragón, que aprobó los proyectos de edificación en mayo de este año, confirma que son “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”.

Aragón Existe también reprocha al consistorio oscense una “información insuficiente” sobre el empleo, el consumo de agua y electricidad y los impuestos de las instalaciones. El Ayuntamiento remite a los correspondientes PIGA y señala que las estimaciones de empleo y recursos son públicas.

Así, la documentación ambiental del proyecto permite concretar algunas previsiones. Según la autorización del Inaga, el complejo de Walqa “empleará un total de 150 trabajadores”, distribuidos entre sus cinco edificios de almacenamiento de datos que ocupan un emplazamiento con una superficie total de 57 hectáreas. Además, fija “el consumo anual de electricidad para el desarrollo de la actividad” en “2.270.600 MWh/año”.

En materia de agua, la autorización ambiental del Inaga recoge una “necesidad de abastecimiento de agua de 152.892 metros cúbicos al año”, con un reparto de “143.402 metros cúbicos al año para refrigeración y 9.490 metros cúbicos al año para uso sanitario y protección contra incendios”. Además, indica que el promotor prevé emplear para refrigeración “94.157 metros cúbicos al año de agua de lluvia acumulada en los reservorios que se construirán en los centros de datos”. Estas cifras son previsiones, no consumos medios, y dependerán de situaciones como olas de calor o periodos de sequía. El abastecimiento de agua se realizará desde dos fuentes: la red de agua potable del Parque Tecnológico Walqa para uso sanitario, limpieza, y sistema contraincendios, y la red municipal del Ayuntamiento de Huesca que suministrará el agua bruta a los reservorios junto a las pluviales recogidas en la parcela.

Oposición vecinal

El debate sobre cuánto influirán los centros de datos de AWS en el territorio se cruza con la oposición vecinal. En Cuarte, barrio rural de Huesca muy próximo a Walqa, el 99,1 % de los participantes en una consulta organizada por la asociación de vecinos rechazó el centro de datos previsto en el parque tecnológico.

Participaron 117 de las 144 personas que podrían votar. El 95 % consideró que la declaración como PIGA no estaba justificada términos de balance entre beneficios y costes ambientales, energéticos y sociales. Carlos Oliván, representante vecinal, describió un clima de “incertidumbre” y “miedo”. La asociación avanzó que trasladaría los resultados al Ayuntamiento y Gobierno de Aragón y que impulsaría nuevas acciones contra un centro de datos que ya está en construcción.

Ahora es posible saber qué fue la Bolsa de Bielsa sin buscarlo. Basta con seguir al documentalista Rubén Díez, Lethal Crysis, por sus documentales de viaje y encontrarse entre sus publicaciones esta historia de la Guerra Civil española. Y es que para muchas personas que vean el vídeo será la primera noticia de aquel episodio de 1938, que provocó el hundimiento del frente de Huesca y el exilio de miles de personas por el paso fronterizo de Puerto Viejo.

El canal de Lethal Crysis casi alcanza los seis millones de suscriptores en YouTube. Aunque esa cifra no equivale a espectadores del documental, da la medida de una capacidad de difusión muy amplia, que transforma las condiciones en las que se cuenta la memoria histórica. El relato local entra en una plataforma global y aparece al lado de videos sobre culturas indígenas, conflictos y aventuras en países remotos.

Díez, conocido por sus reportajes en África y Oriente Medio, combina en este caso, durante 75 minutos, la explicación histórica de la Bolsa de Bielsa con una ruta a pie junto a José Luis Palomeque, vecino del Sobrarbe, y Carlos Vico, experto en supervivencia. Según anunció el propio creador, se trata de su primer trabajo sobre la Guerra Civil española.

En la primavera de 1938, la 43ª División del Ejército Popular de la República resistía aislada en los valles del Alto Cinca, en Sobrarbe, dirigida por Antonio Beltrán, ‘L’Esquinazau’. Durante dos meses sostuvo el frente ante unas fuerzas franquistas superiores en hombres y armamento, que destruyeron por completo Bielsa y otras localidades. 

El Museo de Bielsa cifra en más de 4.000 personas las que pasaron por el Puerto Viejo camino a Francia. Su colección reúne muchas fotografías y documentos de aquel episodio. Durante años se han organizado jornadas y aniversarios dedicados a la Bolsa, incluidas caminatas al puerto. Pero el documental de Díez, sostenido por testimonios de vecinos, investigadores, asociaciones, instituciones y hasta por un soldado que luchó la batalla, cambia la distribución de esta historia, porque ahora cualquier persona puede conocer este acontecimiento sin haber oído antes el nombre de Bielsa.

¿Cambia la divulgación del museo a las grandes plataformas?

Porque en un museo la visita comienza con la decisión de desplazarse hasta ahí. Sin embargo, en YouTube, u otra plataforma de vídeo, el primer contacto llega mediante una recomendación o la confianza del espectador en el creador. Díez atrae a cientos de miles de personas que nunca habrían buscado una exposición sobre la 43ª División. Quizá por eso son importantes las voces que utiliza y a las que les concede ese espacio.

Concha Martínez Latre es Doctora por la Universidad de Zaragoza y estudió los pequeños museos etnológicos del Alto Aragón en los que ha trabajado sobre sus colecciones. Desde su experiencia pone un punto de “cautela” a la hora de documentarse en las grandes plataformas audiovisuales. “Yo no sustituiría un objeto por ese otro modo de difusión”, explica Martínez Latre refiriéndose a las piezas que ha estudiado en museos, imprescindibles para contar bien un relato. “En el caso de la Bolsa de Bielsa, creo que estar en el lugar, ver el contexto, conocer los caminos que tenían que pasar permite imaginar a mujeres, niños y personas mayores. Me parece que cuando te sumerges en el propio escenario lo que provoca en ti es diferente a que lo que ves en un documental o en un vídeo de YouTube”, asegura.

Aunque es consciente de que no todo el mundo puede caminar hasta un collado concreto del Pirineo de Huesca, Martínez Latre reconoce que el vídeo puede ser la única manera de conocer aquella historia, “es mejor que frente a nada exista eso”. Sin embargo, le preocupa que las redes se conviertan en la experiencia completa y “barran cualquier otra”. “Si lo que pretendo es que algo me comunique emociones y sentimientos va a ser más potente visitarlo que el medio audiovisual”, sentencia.

Del trabajo académico al público joven

El Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Alberto Sabio sitúa en la “enorme distancia” entre lo que se investiga en las tesis doctorales y libros académicos, y lo que conoce “una buena parte de la opinión pública”. El documental, que considera “bien hecho”, puede contribuir a reducir “ese abismo” porque acerca la Bolsa de Bielsa a otros públicos, “sobre todo gente joven”. 

Para Sabio, esa difusión cobra importancia cuando se trata de “un pasado cercano”, tanto en el tiempo como en el territorio, y recordarlo debería ayudar a reconocer “las señales de alerta” que preceden a estos episodios. Sabio señala que estas iniciativas evitan “los peligros del olvido”, como el negacionismo que “manipula los datos históricos para restar importancia a las dictaduras”.

“Me gustaría saber también hasta qué punto ha tenido muchos pinchazos y ha tenido seguimiento de verdad, es decir, cuánta gente lo ha visto entero”, se pregunta Sabio, ya que es necesario dedicar más de una hora a ver el documental completo en unos tiempos que describe “de información compulsiva”. Aun así, valora positivamente el reportaje destacando como uno de los aciertos contarlo desde la cercanía territorial.

En ese sentido, Martínez Latre plantea la cuestión de cómo se presta atención a lo que aparece en pantalla. Un museo o exposición permite detenerse ante una pieza, un documento o una fotografía, mientras que el vídeo es el que marca el ritmo, aunque pueda pausarse y verse durante un viaje. La etnóloga cree que esas condiciones influyen en lo que permanece de un relato y advierte de que los mensajes en redes sociales pueden acabar siendo “minimalistas y muchas veces superficiales”.

Martínez Latre propone valorar cada formato según “para qué sirve cada cosa, a qué se dirige y luego también cómo se hace”. Un vídeo puede provocar la primera pregunta, pero una fotografía, un testimonio o una visita al museo pueden conducir a las siguientes. Como recuerda Sabio el alcance es una oportunidad, pero no mide la comprensión.

A este debate le podemos sumar una parte de la financiación del documental, ya que en los créditos finales añade que ha sido producido en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Demográfica dentro del programa ‘España en Libertad. 50 años’. Esto ha provocado críticas en X que lo califican de “poco independiente”, “vendido” y de “tirar por la borda” su reputación. No obstante, el propio creador se mantiene ajeno a estos comentarios y los define como “un claro y sincero retrato” del país, “dividido y polarizado. Lethal Crysis asegura estar contento y orgullo de haber aportado su granito de arena a contar la historia ”de todos nosotros, la de nuestro país“ con el objetivo de ”recordarla para que no se repita“.

La llegada de un nuevo director provincial de Educación no ha rebajado el conflicto abierto desde hace casi dos años entre el profesorado oscense y la Inspección Educativa. Los sindicatos han mantenido este martes su primera reunión con Carlos Oliván, nombrado director en julio, donde le han trasladado sus solicitudes.

La más destacada es una intervención inmediata sobre un servicio al que acusan de “aplicar criterios más restrictivos” que los utilizados en Zaragoza y Teruel. Además, los profesores se muestran preocupados por el clima de inseguridad que se ha generado en los centros educativos al multiplicarse los expedientes contra docentes.

Tras el encuentro, organizaciones sindicales se han concentrado en la plaza de Cervantes de Huesca para denunciar la “inacción” de la Administración. Sostienen que no ha respondido a las quejas acumuladas durante la etapa anterior ni ha adoptado medidas suficientes.

“Arrastramos una problemática que viene de la anterior dirección provincial y la actual todavía no está solucionando”, ha explicado Sara Urbano, profesora y delegada de CGT. Urbano opina que en la provincia altoaragonesa se ha impuesto una interpretación de la normativa con un carácter “mucho más sancionador que acompañante”.

Y es que la protesta trasciende de las discrepancias técnicas sobre programaciones didácticas. El conflicto se ha convertido en una discusión sobre el modelo de inspección, la libertad sindical y los límites de la potestad disciplinaria. Esto viene después de varias propuestas de sanción contra docentes que habían cuestionado públicamente su funcionamiento.

El dato que dimensiona el problema, y que procede de la propia Consejería de Educación, es que la Inspección de Huesca ha abierto más de 48 expedientes, 20 de ellos en 2026; frente a los 21 de Zaragoza y los 11 de Teruel. Para las organizaciones, la cifra resulta “llamativa” porque Huesca cuenta con una plantilla docente “muy inferior” a la zaragozana.

“Es un dato objetivo que pone de relieve la situación singular que tenemos en la provincia”, ha señalado el delegado de CGT Raúl Ramón. El sindicato solo maneja las cifras y aseguran que desconocen la causa que ha motivado el aumento de expedientes.

Una burocracia distinta según la provincia

Los representantes sindicales sostienen que la Inspección de Huesca exige programaciones, tablas y documentos que no se solicitan con el mismo detalle que en Zaragoza o Teruel. “Se nos exige un desarrollo normativo mayor que en otras provincias, con una carga burocrática muy alta y documentos que ninguna norma recoge que tengamos que hacer”, ha denunciado Ramón.

Las organizaciones reclaman criterios comunes y previsibles para toda la comunidad autónoma. Según señalan, la Inspección debería acompañar y asesorar a los centros antes de recurrir a apercibimientos o procedimientos disciplinarios, especialmente cuando las discrepancias afectan al formato de una programación.

Por su parte, la representante de UGT Enseñanza en Huesca, Carolina Gallego, ha trasladado al nuevo director provincial la necesidad de analizar por qué “en la provincia de Huesca hay un número más elevado” de sanciones y expedientes. “Lo que solicitamos es que haya una equiparación en las tres provincias de los criterios de actuación de la Inspección Educativa, por el buen funcionamiento de los centros y para evitar que esto siga ocurriendo”, ha explicado.

Y es que las denuncias no son nuevas. En marzo y diciembre de 2024, la Junta de Personal Docente aprobó resoluciones para reclamar la unificación de criterios. A finales de ese mismo año, profesores y sindicatos salieron a la calle denunciando “un abuso de autoridad” y el temor del profesorado a manifestar sus discrepancias.

El conflicto llegó a las Cortes de Aragón en marzo de 2025. Una iniciativa parlamentaria instó a investigar la actuación del inspector jefe, Ignacio Polo Martínez. En diciembre, una mayoría parlamentaria respaldo la petición de cese formulada por la representación sindical, aunque el Gobierno de Aragón lo mantuvo en el puesto y defendió su trabajo.

Durante el curso pasado, las protestas se extendieron por diferentes centros educativos de la provincia de Huesca después de la propuesta de sanción contra Lola Giménez, orientadora del IES Ramón y Cajal de Huesca. Cientos de docentes se concentraron en una movilización que resumieron en la siguiente frase: “En esta provincia, el que habla acaba sancionado”.

Diez meses sin empleo y sueldo

“La gota que ha colmado el vaso” o “el punto de inflexión”, en palabras de los manifestantes, ha sido la propuesta de suspender durante diez meses de empleo y sueldo a un delegado de CGT y miembro de la Junta de Personal Docente. Los motivos que ofrecen es que el expediente fue motivado por unas declaraciones realizadas, durante el ejercicio de su actividad sindical, sobre un instituto en el que trabaja y donde estudia un familiar del inspector jefe.

CGT considera que es una sanción “totalmente desproporcionada” y una de las “más graves” contra un funcionario público. Interpretan el expediente como una amenaza que trasciende al afectado porque condiciona el trabajo de quienes representan al profesorado. En la convocatoria de este martes en Huesca, han denunciado que parte de la plantilla siente “miedo” a presentar documentos, intervenir en reuniones o expresar críticas. En ella, han reclamado el cese del inspector jefe, una auditoria sobre el funcionamiento de la Inspección y una tutela temporal para recuperar criterios equivalentes.

Por su parte, el departamento de Educación ha defendido hasta ahora la actuación de Polo. Cuando las denuncias se hicieron públicas, el Ejecutivo aragonés destacó su “profesionalidad ejemplar” y llegó a asegurar que los equipos directivos valoraban positivamente su trabajo. Una versión que fue cuestionada por los docentes. El actual director provincial de Educación de Huesca también expresó su “apoyo total” al Inspector jefe al inicio del curso. Sin embargo, este martes ha trasladado a los sindicatos que analizará el asunto.

UGT ha valorado “con prudencia” este primer acercamiento. “Parece que nos ha tendido la mano y ha dicho que podemos reunirnos cuando lo consideremos, sin necesidad de esperar a un calendario si surge un problema. En principio se ha mostrado dispuesto a escucharnos a nosotros y a toda la comunidad educativa”, ha señalado Patricia Abardía, representante del sindicato.

Además de la Inspección

La concentración de este martes también ha servido para sacar a la calle otros problemas que afectan a los centros educativos en este inicio de curso. Los sindicatos denuncian vacantes sin cubrir y falta de trabajadores no docentes. Gallego ha apuntado a la escasez de auxiliares administrativos y de educación especial. Las organizaciones han reclamado un plan de climatización de los centros, más garantías para mantener abierta la escuela rural y una política educativa que funcione como cohesión territorial, además de rechazar la concertación educativa.

Los sindicatos convocados han terminado con un llamamiento a unir al profesorado, las familias y al resto de la comunidad educativa. “Los sindicatos representamos, pero hay mucha más comunidad educativa. Ahora, más que nunca, es necesaria esa unión. La disposición del gobierno es a silenciar cualquier tipo de movimiento asociativo, por lo que vamos a hacer ruido”, han señalado. Han pedido escuchar y un diálogo basado en una “negociación real” antes de que los conflictos terminen en los tribunales.

Huesca cuenta con casi 20.000 árboles de más de 20 especies. Sin embargo, solo ocho de ellos aparecen en la propuesta municipal para dotar de algún tipo de protección jurídica a los ejemplares singulares de la ciudad. La cifra de ejemplares protegidos representa el 0,042% del censo y resulta insuficiente para la plataforma Árboles Vivos Huesca, que reclama ampliar el catálogo y pone de ejemplo de la gestión municipal, en materia ambiental, la tala de más de 40 árboles que, aseguran, se ha producido durante las obras de urbanización del polígono Harineras.

El Ayuntamiento ha abierto una consulta ciudadana previa a la aprobación de la Ordenanza Reguladora del Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Huesca. El procedimiento recupera una propuesta iniciada en 2016, que confiesan que nunca llegó a completarse. Por lo que los ejemplares seleccionados han permanecido durante una década sin cobertura jurídica ni capacidad sancionadora.

Árboles Vivos valora positivamente que el Consistorio invite a la ciudadanía a participar, pero considera que el alcance de la consulta se queda corto. Las cuatro preguntas planteadas se refieren a los problemas que debería resolver la ordenanza, su necesidad, sus objetivos y alternativas de regulación. Desde la plataforma se quejan de que no preguntan expresamente por los árboles que deberían incorporarse al catálogo.

Para la plataforma esto funciona como “un lavado de cara”. Su principal objeción está en las cifras y la “falta de ambición” de la propuesta. El colectivo cuestiona que una ciudad presentada por el Ayuntamiento como una de las más verdes de España, reserve una protección especial para solo ocho de sus más de 19.000 árboles.

Entre los incluidos figuran el fresno de la calle del Doctor Artero, el pino del Isuela, el alcornoque del parque Miguel Servet, varios cedros del Himalaya de la avenida Martínez de Velasco y un plátano de la calle de Cavia. Por ello, desde la plataforma creen que “es absolutamente necesario ampliar el número de árboles a incluir en el catálogo”.

Otros 56 ejemplares quedaron pendientes de evaluación

El documento elaborado en 2016 dejó otros 56 ejemplares pendientes de evaluación o de mejoras en su entorno. En él incluía los restantes plátanos de Martínez de Velasco, una secuoya de Comena, un pino piñonero del parque de Miguel Servet, cinco plátanos de la calle de Cavia, una veintena de cedros del paseo de Ramón y Cajal y ocho encinas de la catedral, entre otros.

Y es que, diez años después, al menos dos de los plátanos de Martínez de Velasco ya han sido talados y la plataforma advierte que también han desaparecido cedros del paseo de Ramón y Cajal. Por ello, reclaman que no se limiten a validar la lista inicial y que incorporen los ejemplares maduros que siguen sin una protección.

Árboles Vivos insiste en que el valor de un árbol urbano no puede medirse únicamente por su presencia en un inventario. El tamaño, la edad y la extensión de la copa determinan su capacidad de dar sombra y reducir la temperatura. Así que, según el colectivo, la plantación de un ejemplar joven no sustituye de forma inmediata las funciones de un árbol maduro.

Harineras como ejemplo de la gestión ambiental

La falta de protección que denuncian tiene su principal ejemplo en las obras del polígono Harineras. La plataforma asegura haber contabilizado más de 40 talas desde el comienzo del desarrollo urbanístico, tanto en nuevos viales como en interior de parcelas. De hecho, dos de los árboles cortados habían sido propuestos en 2016 para formar parte del catálogo de ejemplares singulares, según el colectivo.

El último episodio se ha producido en la rotonda de la estación, en la esquina de las calles Antonio Angulo y José Gil Cavez. La plataforma denuncia que durante los trabajos se ha arrancado un platanero maduro por el simple hecho de que “pasaba una canalización por debajo y no tenían permiso para cortar el agua”.

El colectivo asegura que otro ejemplar próximo, de unos quince años, corre la misma suerte y “aguarda su turno”. También afirman que en el entorno se han encontrado “raíces cortadas y expuestas”, además de “troncos desprovistos de cualquier protección municipal” y utilizados como apoyo para materiales de obra.

“Estos hechos evidencian que no está controlando suficiente la aplicación de la Ordenanza de protección del arbolado”, indican desde Árboles Vivos. Sostienen que no son incidentes aislados, sino la consecuencia de una protección insuficiente durante toda la urbanización de Harineras.

Una ordenanza que no se cumple

La denuncia se apoya en varios artículos de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Urbano. La norma atribuye al Ayuntamiento la vigilancia de su cumplimiento y prevé medidas correctoras, inspecciones y sanciones. También dice que cuando una obra dañe o haga necesaria la eliminación de una planta, el servicio municipal competente “valorará dicho árbol en todo o en parte, según las normas citadas en el Método de Valoración de la Norma Granada”.

La plataforma afirma que no le consta que ese procedimiento se haya aplicado en el transcurso de las obras del polígono de las Harineras. También se pregunta si el Área de Medio Ambiente emitió el informe previo para los proyectos de urbanización que afectan a espacios libres, si sus técnicos supervisaron los trabajos y si se ha calculado alguna indemnización o sanción. Según el colectivo, la respuesta municipal fue negativa.

La ordenanza obliga a cubrir los troncos cuando las obras o el paso de vehículos puedan dañarlos y fija distancias mínimas para abrir zanjas junto a ellos. El colectivo denuncia que buena parte del arbolado carece de estas premisas y aportan imágenes que corroboran estos hechos. El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado la apertura de un expediente tras los dos últimos ejemplares eliminados de la zona: uno talado después de ser golpeado por un camión y otro arrancado durante los trabajos de la rotonda.

Un conflicto iniciado en verano de 2025

La oposición vecinal a la afección de las obras de Harineras al arbolado comenzó meses antes. A finales de agosto de 2025, numerosos vecinos se concentraron en la avenida Martínez de Velasco para impedir la tala de dos árboles centenarios. La protesta se desplazó hasta la zona de las obras, llegó a cortar el tráfico y obligó a desplegar un amplio dispositivo policial, pero terminó sin poder salvar a dos ejemplares.

Sin embargo, aquella movilización logró que el futuro del cedro del Himalaya situado en la avenida Martínez de Velasco adquiriera protagonismo. El árbol figuraba en la propuesta de catálogo de 2016 y podía verse afectado por las obras. El Ayuntamiento aseguró entonces que se conservaría. En febrero de 2026, la plataforma volvió a concentrarse y ya reclamaban conocer una evaluación del impacto, cifrando en 35 los árboles talados. Con los últimos ejemplares talados, su recuento supera los 40.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, defiende la urbanización como una actuación clave para desarrollar alrededor de 1.500 viviendas. En ese sentido, recordaba que el proyecto se aprobó en 2023 por unanimidad de todos los partidos políticos que, por entonces, formaban la corporación municipal, y donde además se informó del arbolado que se iba a mantener y cuál no.

Por ello, mostraba su sorpresa ante las protestas varias formaciones, como Con Huesca-Podemos Equo, que participaban en las manifestaciones de esos días. Orduna aseguraba que a nadie le gusta que se talen árboles, pero avanzaba que en ese espacio urbanístico se iban a plantar “más de 400”.

La plataforma considera que esas nuevas plantaciones no resuelven la pérdida de árboles maduros ni las dudas sobre el cumplimiento de las normas durante las obras. Reclaman al Ayuntamiento la publicación de los informes ambientales, el seguimiento realizado y las medidas correctores y sanciones que se van a aplicar.

El cortometraje ‘Ro Lugar’, dirigido por Héctor Romance, explora el incómodo territorio del acoso escolar o ‘bullying’. Pero lo hace poniendo la mirada en los que observan, callan y no intervienen. El pasado 31 de agosto comenzó a rodar en Castillazuelo (Huesca) una historia que retrocede a los años noventa, cuando el término ‘bullying’ apenas existía, aunque el acoso estuviera presenta en las aulas y en la calle.

“Nos interesan mucho los observadores, los críos del grupo que, por miedo o por lo que sea, no mueven ficha. Observan y creo que son tan agresores como un agresor”, explica Romance a elDiario.es. La película sigue a Damián, un joven que pasa los veranos en un pequeño pueblo del Somontano de Barbastro y trata de encontrar su sitio. Esa necesidad de encajar le obligará a realizar una prueba de valentía que terminará revelando hasta donde puede llegar la crueldad cuando nadie se atreve a detenerla.

Precisamente es en ese engranaje colectivo que permite la continuidad del acoso donde el director de cine quiere detenerse. “Me interesa mucho ese silencio. Cuando una persona sufre ‘bullying’, normalmente no lo comunicas en casa. Es algo que llevas dentro”, sostiene Romance, consciente de que las víctimas no encuentran la manera de contar o expresar lo que están viviendo.

‘Ro Lugar’ se ambienta a finales de la década de los noventa y utiliza esa distancia temporal para mirar hacia una época en la que algunas conductas eran definidas como “cosas de niños”. “Ahora sí que hay una palabra que define el acoso, se llama ‘bullying’”, indica Romance. De hecho, considera que las redes sociales y los teléfonos móviles han ampliado la capacidad para ejercer el acoso.

“Antes, si a un niño le hacían ‘bullying’ en el fútbol bastaba con borrarlo de esa actividad, que ya es grave, pero ya no había problema. Hoy en día permanece porque lo siguen teniendo en casa a través de las pantallas, me parece mucho más complicado ahora que antes”, señala, mencionando que la víctima dispone de menos espacio para escapar.

Romance insiste en que uno de sus objetivos es provocar una conversación cuando termine la proyección. “Lo que me interesa es que se pueda seguir hablando acabada la película, que haya debate, que haya diálogo. Si ponemos nuestro granito de arena para hablar de estos temas que siempre están muy silenciados, son muy tabú, y ayudamos a que vean la luz, estaré feliz”, resume.

Más allá de ir a los festivales de cine para su proyección, la película ha sido concebida como una herramienta pedagógica y la intención de sus promotores es proyectarla en colegios e institutos para generar conversaciones sobre el acoso entre jóvenes.

Un verano de bicicletas, río y libertad

La historia nace también de los recuerdos del director en Castillazuelo, donde pasó desde niño los veranos junto a su familia. “Es prácticamente todo”, reconoce Romance al preguntarle cuánto hay de autobiográfico en la película. “Respirábamos esa libertad que en la ciudad no teníamos. Estabas todo el día en la calle con la bicicleta, ibas a casa para comer y para, y el resto del día estabas desaparecido”, recuerda.

La infancia que trata de retratar es la de muchos niños y niñas que nacieron en los ochenta en núcleos urbanos y que, durante el periodo estival, se trasladaban al medio rural para pasar el verano. “Nuestra gran aventura era construirnos una caseta, una cabaña con cosas que conseguíamos en la basura, un palé por un lado y el resto escombros”, explica.

Pero Romance no quiere utilizar esos recuerdos únicamente para construir una imagen nostálgica, sino que también expone lo que sucedía dentro de las pandillas y se quedaba lejos de la mirada adulta. A ese recuerdo luminoso se superpone el miedo a ser excluido, la necesidad de encajar y situaciones en las que, siendo pequeño, no siempre se sabe cómo reaccionar. “Es el retrato de esos veranos. Metemos el tema del ‘bullying’ porque era algo del pasado, es del presente y será del futuro. Antes no existía la palabra para definirlo, pero ahora sí que se ha encontrado ese adjetivo, pero esto ha pasado y seguirá pasando”, añade.

El vínculo con este pueblo del Somontano terminó de empujar el proyecto. Tras la muerte este año del último familiar que conservaba en el municipio, Romance tuvo un punto de inflexión para rodar algo ahí. “Castillazuelo es un lugar muy importante en mi vida, y me di cuenta de que había grabado en muchos sitios, pero nunca ahí y me apetecía muchísimo”, apunta. Así, durante cinco días, el municipio del Somontano se ha convertido en un plató de cine y las cámaras ruedan por espacios de la memoria del director, como la casa de sus abuelos o el entorno del río Vero.

Asuntos sociales y delicados

El reparto infantil está formado por Ulises de la Rosa, Uriel Gracia, Nilo Franganillo, Guillermo Mayayo, Oriel Cartié y Gonzalo Sánchez, alumnos de la Escuela de Cine Un Perro Adanluz. La responsable de casting y del trabajo con los menores es Leonor Bruna, fundadora de la escuela y reconocida este año con el Premio de Honor en la Academia de Cine Aragonés.

Romance considera fundamental conseguir que los seis jóvenes funcionen ante la cámara “como una verdadera pandilla de amigos”. Cuatro de ellos ya se conocían y otros se han incorporado al grupo antes de comenzar la grabación. “Los niños tienen ese punto de espontaneidad muy chulo que hay que explorar”, señala sobre ‘Ro Lugar’, en el que el reto será lograr una interpretación veraz, pero sin perder de vista la sensibilidad de lo que se está tratando.

No es la primera vez que el cineasta trabaja con menores, ni tampoco la primera en la que utiliza el cortometraje para acercarse a un asunto social y delicado. En ‘Quiet’ (2023), protagonizado por una niña de ocho años, abordó los abusos sexuales y el cortometraje acabó acumulando premios y selecciones internacionales.

Por ello, el objetivo último de Romance es volver al punto del que parte la película, cuando aparezcan los créditos todavía de pie a un debate. “Me interesa mucho la reflexión que puedes hacer después. Quiero que todavía haya vida y diálogo. Cuando voy al cine me encanta posteriormente debatir sobre lo que he visto”, explica.

El director calcula que el cortometraje podría estar terminado entre finales de octubre y comienzos de noviembre y después realizará preestrenos en Castillazuelo, Pozán de Vero y Andorra. Luego, iniciará en 2027 su recorrido internacional con vistas a festivales calificadores para los Premios Goya.

El Own Spirit Festival afronta su undécima edición, del 2 al 7 de septiembre, en el punto de mira por varias peticiones de cancelación. El festival de psytrance, que el año pasado reunió a casi cinco mil personas en una explanada cercana al embalse de Santa Ana en Baldellou (Huesca), ha quedado cercado por varias polémicas. Por un lado, el riesgo de incendios en un verano especialmente duro para Aragón y, por otro lado, las acusaciones sobre sus vínculos con Israel y lo que consideran un ejercicio de “blanqueamiento” del sionismo.

Las críticas más contundentes sobre la seguridad han llegado precisamente de quienes tendrían que enfrentarse a un posible incendio forestal. Los sindicatos del Comité de Huelga de los bomberos forestales de Aragón (OSTA, CGT, CCOO y UGT) han exigido la cancelación “inmediata” del evento por considerar que su celebración supone asumir “un riesgo extremo” en un entorno con condiciones propicias para la rápida propagación del fuego.

Los bomberos advierten de la continuidad horizontal y vertical de la vegetación, de la disponibilidad de combustible forestal y de unas condiciones meteorológicas que coinciden con una nueva ola de calor. “Una evacuación masiva requiere vías de salida suficientes, accesibles y seguras”, señalan los representantes sindicales, que indican que concentrar a miles de personas en una zona forestal complicará cualquier evacuación.

El director del Own Spirit Festival, Francesc Ibáñez, asegura en declaraciones a elDiario.es que el evento cuenta con todas las autorizaciones exigidas. “El festival se celebra amparado en un expediente administrativo reglado, con los informes preceptivos de seguridad, medio ambiente y protección civil del Gobierno de Aragón y la administración local”, explica Ibáñez, quien asegura que además este año han reforzado “el número de medios de extinción por tratarse de un verano excepcionalmente sensible”.

Asimismo, el director festival asegura que el perfil de los asistentes al Own Spirit Festival “es una comunidad concienciada con el entorno”, ya que la cultura del psytrance tiene por bandera “el respeto a la naturaleza y el principio de no dejar rastro”.

Por su parte, el PSOE de La Litera ha puesto el foco en los accesos al recinto. “Solo existe un único acceso de entrada y salida al festival”, aseguran los socialistas, que se preguntan qué “garantías de evacuación controlada y segura” existirían si se declarase un incendio forestal“.

A esa cuestión, Ibáñez se limita a responder que “la seguridad de las personas y preservación del entorno son la prioridad absoluta” y se ampara en que el evento dispone de “todos los documentos exigidos por la legislación de Aragón, redactados por ingenieros y técnicos cualificados y validados por el ayuntamiento y las autoridades competentes”.

Chunta Aragonesista ha ido un paso más allá y su secretaria general y diputada por el Alto Aragón, Verónica Villagrasa, ha anunciado preguntas en las Cortes de Aragón para conocer las medidas extraordinarias previstas por el Gobierno autonómico y ha reclamado directamente la cancelación si no puede garantizarse la seguridad.

CHA recuerda que el recinto se sitúa en una zona de pinares y a poco más de un kilómetro de espacios protegidos vinculados a las Vessants de la Noguera Ribagorçana. Y es que el precedente está muy reciente. Este mismo verano fue suspendido el festival Sizigia, que pretendía celebrarse junto al embalse de La Sotonera y que también había generado protestas por su ubicación.

Los bomberos forestales consideran que la cuestión trasciende incluso los planes internos que pueda presentar la organización. “La prevención no consiste únicamente en reaccionar cuando aparece el fuego, sino en identificar también escenarios de riesgo, aplicar el principio de precaución y tomar decisiones responsables antes de que sea demasiado tarde”, indican.

De los incendios a posibles “vínculos sionistas”

La oposición a la celebración del Own Spirit Festival no se limita al riesgo forestal. Podemos Aragón y distintas organizaciones propalestinas denuncian la presencia de artistas y público israelí y las relaciones que atribuyen a algunos de ellos con el Ejército de Israel.

Podemos acusa al festival de funcionar como una “plataforma de blanqueamiento para cómplices de un genocidio” y exige su “suspensión inmediata”. De esta forma, se suma a otras 27 entidades sociales que han firmado un manifiesto reclamando la suspensión del evento por estas afirmaciones.

La formación política señala expresamente que figuran once Djs israelís en el line up y que alguno de ellos ha participado en eventos promocionados entre soldados del Ejército israelí, algo que Podemos considera un “respaldo activo a una maquinaria de exterminio”. También aseguran que, en la edición del año pasado, uno de cada cuatro asistentes era de nacionalidad israelí y que entre ellos había reservistas del Ejército.

Por su parte, Ibáñez rechaza rotundamente que la nacionalidad de artistas o asistentes pueda utilizarse para definir políticamente el festival. “No compartimos la premisa de que la presencia de artistas o público de origen israelí convierta un espacio de encuentro en una plataforma política”, responde el director. Además, cree que esa acusación parte de asumir que “todo ciudadano israelí es sionista y cómplice de las acciones de su gobierno”.

Para el director el Own Spirit Festival, “juzgar a las personas por su lugar de nacimiento no es defensa de los derechos humanos, es discriminar por origen”. Por ello, reivindica el carácter pacífico del psytrance como “un espacio de paz, empatía y amor universal, principios incompatibles con la guerra y la violencia”.

Asimismo, Ibáñez niega cualquier conexión empresarial con Israel. “Own Spirit es una empresa independiente, sin vinculación alguna con fondos de inversión ni con el Estado de Israel”, afirma. Además, asegura que el propio festival ha condenado públicamente “el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino”.

Desde la Plataforma Huesca por Palestina y la campaña Boicot Festivales, cuestionan esa separación entre la programación del festival y el contexto político, que, aseguran, rodea a sus artistas y asistentes.

Miembros de los colectivos aseguran a elDiario.es que existen “vínculos rastreables” entre determinados promotores y el circuito de festival de trance. Su denuncia se centra en Djs israelís contratados que “no se han posicionado en contra del genocidio” y consideran insuficiente presentarlos como figuras ajenas al contexto político.

La plataforma asegura además contar con testimonios directos de trabajadores presentes en la edición anterior sobre el elevado número de asistentes israelíes y sobre los problemas surgidos cuando se repartieron flyers de apoyo a Palestina. Parte del público reaccionó de forma negativa e incluso un miembro de seguridad llegó a advertirles de la presencia de alrededor de “un millar de soldados israelíes”.

“Exigir que un festival civil aplique vetos por pasaporte vulnera nuestro espíritu de unión y cede a una lógica de discriminación por origen”, defienden desde la dirección del Own Spirit Festival. Mientras esta disputa sigue dando que hablar, el festival abre este miércoles sus puertas con la previsión de asistencia de casi cinco mil personas durante cinco días en un entorno forestal.

Un megaproyecto urbanístico que llevaba décadas en el tintero empieza a ver la luz en el valle de Benasque. Y lo hace aprovechando la millonaria inversión que impulsa el Gobierno de Aragón con un telecabina hasta Cerler, una infraestructura que precisamente se sitúa junto a la mencionada zona, donde promotores privados prevén desarrollar hasta 1.162 viviendas sobre 33,5 hectáreas. El Ayuntamiento, sin embargo, desvincula ambas operaciones y asegura que se trata del crecimiento urbano natural del municipio.

La propuesta residencial requerirá una inversión estimada de 15 millones de euros para desarrollar viales y nuevos suministros. Además, los promotores calculan que todavía deberán pasar al menos dos años antes de que pueda materializarse. Los pisos se levantarían progresivamente durante dos décadas, al ritmo que marque el mercado.

El Ayuntamiento de Benasque defiende como la evolución natural de un suelo previsto para el crecimiento urbano que, además, mejoraría la conexión de esta zona con Benasque mediante nuevos accesos de entrada al municipio y descongestionaría la llegada a la telecabina. Sin embargo, su alcalde, Manuel Mora, desvincula ambos proyectos y sostiene que dicho desarrollo residencial responde a un enfoque más antiguo.

“Es un planeamiento urbanístico que lleva desde los años setenta”, explica Mora a elDiario.es, quien señala que, de momento, el paso administrativo que se ha dado consiste en delimitar qué área podrá ser urbanizable. Para el alcalde no tiene nada que ver con la puesta en marcha de la telecabina, sino de la continuación de un proyecto previsto desde el siglo pasado. “No es ninguna noticia, es el proceso normal que llevan las áreas de ampliación de los cascos urbanos”, añade el regidor.

Desde el consistorio defienden además que este desarrollo generará nuevos viales, solares, zonas verdes y dotaciones de servicios. Asegura Mora que, siempre que se realice de manera sostenible, el crecimiento urbanístico “seguramente será un beneficio para todos los futuros vecinos de Benasque y todos aquellos que quieran venir a vivir” porque “al campo tampoco se le pueden poner puertas”.

Sin embargo, la crisis de vivienda que afecta al valle de Benasque y la cuestión sobre quién podrá realmente acceder a las futuras viviendas son dudas que plantea la plataforma Vivienda Digna Benasque. Lidia Fernández es integrante de la organización y vecina del valle y considera que el problema no es únicamente cuánto suelo residencial se pone al mercado, sino el tipo de vivienda que se genera.

“Para los trabajadores y la gente de aquí no hay vivienda. Hay quien tiene que bajarse a 50 minutos de aquí porque no hay ni siquiera oferta. Si salen pisos están a 1.000 euros de alquiler”, explica. Fernández considera que este proyecto urbanístico no está vinculado a una necesidad residencial concreta, sino que acabará destinado fundamentalmente a segundas residencias.

Por tanto, la plataforma cuestiona que la construcción de nuevas viviendas permita aliviar los precios y señalan que, en un territorio como el valle de Benasque sometido a una fuerte presión turística, la vivienda adicional no va a acabar destinada a residencia habitual.

29 viviendas de protección oficial

Frente a estas críticas, Mora se escuda en la construcción de 29 viviendas de protección oficial sobre suelo municipal. El alcalde explica que el Gobierno de Aragón ha sacado a licitación el proyecto para que las empresas interesadas puedan presentarse, cuyo plazo vence a finales de septiembre, y destaca que el suelo es municipal cedido para facilitar la actuación. Mora cree que las plataformas de vivienda también estarán en contra de esta oferta pública y afirma que “en Benasque, hoy en día, hay viviendas”.

Para la plataforma Vivienda Digna Benasque, estas 29 viviendas no solucionan el problema de la vivienda en el valle. Fernández cuestiona que una promoción de este tamaño pueda compensar la presión del mercado inmobiliario y reclama un parque público permanente y mucho más amplio.

“Saldrán a un precio elevado. Teniendo en cuenta el salario que tenemos y la zona en la que vivimos, muy temporalista, no creemos que vayan a ser muy accesibles. Además, se hacen a las afueras de Benasque. Segregar viviendas sociales genera problemas porque no están cerca de los servicios y lo que se busca es que estén integradas con la vivienda nueva”, explica.

Fernández cree que los responsables de vivienda del consistorio deberían reunirse con la población para plantear un debate y poner soluciones a los problemas. “Estas 29 viviendas son un porcentaje ínfimo del parque de vivienda, no van a resolver nada, está demostrado y está visto que cuando se promueven este tipo de macroproyectos aumenta la presión sobre el precio de la vivienda”, defiende.

Un crecimiento a veinte años vista

Las 1.162 viviendas proyectadas junto a la telecabina no se levantarán al mismo tiempo, sino que los promotores plantean desarrollarlas durante veinte años. Precisamente, será la capacidad del mercado la que absorba la nueva oferta. Para Vivienda Digna Benasque, este ‘timing’ refuerza la visión de que el desarrollo no responde a una necesidad habitacional concreta.

“No quieren que aumente la vivienda de los de aquí. Quieren que aumente la segunda residencia porque hace un proyecto, lo venden, ganan dinero, vienen aquí en verano o invierno y luego se van”, asegura Fernández. Esta vecina del valle de Benasque reclama medidas dirigidas a limitar la conversión de viviendas en segundas residencias y usos turísticos.

Sostiene que, sin mecanismos que garanticen el acceso a los residentes, el mercado terminará determinando el destino de dichas viviendas y teme que las consecuencias ya son visibles en otras zonas turísticas de España, donde el aumento de la presión inmobiliaria expulsa a la población que vive y trabaja en el territorio.

Además, la plataforma vincula esta situación con la falta de servicios y la capacidad de asumir un crecimiento de esta magnitud. En ese sentido, advierten problemas relacionados con el saneamiento, el agua, la gestión de residuos, el transporte o los servicios públicos.

Y es que, aunque el Ayuntamiento rechace una vinculación entre esta promoción urbanística y la telecabina Benasque-Cerler, la plataforma mantiene que ambas actuaciones forman parte de una estrategia de crecimiento turístico e inmobiliario.

De hecho, sitúa este debate en una discusión más amplia sobre el destino de los fondos públicos y el modelo económico del valle “No todo tiene que ser el turismo y si es así, que sea un turismo sostenible y adaptado a la capacidad que puede tener un territorio. No explotarlo ilimitadamente, poniendo en riesgo la supervivencia de la población y la expulsión de las personas con menos recursos que están precarizadas”, insiste Fernández.

En el fondo de la controversia existen dos visiones distintas de cómo debe crecer Benasque. Una defendida por la posibilidad de desarrollar un suelo que lleva décadas previsto y la otra reclama que, antes de ampliar el parque inmobiliario, se determine en primer lugar las necesidades de la población residente y la capacidad del territorio.

El debate, por tanto, no se limita a las 1.162 viviendas previstas ni cuándo comenzarán a construirse. Sino a una cuestión más profunda sobre si el crecimiento inmobiliario permite mantener población y garantizar vivienda para quienes trabajan en el valle.

Los Danzantes de Huesca han sido durante siglos una de las imágenes más reconocibles de las fiestas de San Lorenzo, pero hasta ahora nunca habían documentado con tanto rigor y en un libro toda su historia. Ese vacío acaba de llenarse con el libro Danzantes de Huesca: Historia viva, una publicación de 335 páginas y más de 400 fotografías e ilustraciones que ha sido presentada esta semana en el Palacio Villahermosa, en pleno 150 aniversario de la actual agrupación.

Su autor, el historiador oscense Carlos Garcés, cuenta que no es un libro sobre folclore ni un álbum de fotografías, sino que es la historia de Huesca. “Si hablo de la historia de los danzantes, hablo de los grandes hitos que ha vivido la ciudad”, ha resumido durante la presentación.

La investigación de Garcés comenzó hace algo más de un año, cuando la Agrupación de los Danzantes de Huesca le propuso empezar un proyecto que hasta ahora nadie se había planteado. El resultado recorre desde los orígenes del dance, con referencias de algunos investigadores que defienden la existencia de un dance de labradores en Huesca a finales del siglo XVI, hasta la actualidad, aunque la parte más extensa analiza su evolución documentada desde el siglo XVII.

Lejos de limitarse a describir bailes o trajes, el libro busca el rastro de los danzantes a través de guerras, cambios políticos y transformaciones sociales que, además, ayudan a entender cómo ha cambiado la ciudad. Entre los hallazgos de Garcés, cuenta que aparecen referencias “inéditas” a las celebraciones de 1813 tras la expulsión de las tropas francesas, menciones sobre el origen del conocido dance del ‘Degollau’, recuperado en 1928 después de la visita de los danzantes de Barluenga, que interpretaban un baile semejante.

También reconstruye momentos decisivos durante el siglo XX, como el viaje de los danzantes a San Juan de la Peña en julio de 1933 con motivo del Tercer Día de Aragón. Los Días de Aragón se celebraron el monasterio cinco años, de 1931 a 1935, a iniciativa de colectivos aragonesistas como el SIPA (Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón). Destaca Garcés la creación de los danzantes infantiles para asegurar el relevo generacional. De hecho, uno de ellos fue Vitorino Solanes, que llegó a ser mayoral.

Otros dos hitos para recalcar por el historiador oscense fueron, por un lado, la sustitución de las banderas franquistas y de la falange del balcón del Ayuntamiento por las de Aragón y Huesca, bajo las que bailaron los danzantes en un cambio simbólico que quedó reflejado en la tradición. Y, por otro, la incorporación de la mujer al dance, una transformación que Garcés sitúa entre los hechos más significativos de una agrupación que estuvo incluso al borde de desaparecer. “Conforme investigábamos, han ido apareciendo novedades y descubrimientos que nos han permitido entender mejor la historia”, explicó.

Uno de los episodios más interesantes es el relato de cómo el escritor Ramón J. Sender quedó profundamente emocionado tras presenciar la ofrenda de los danzantes, o una historia del siglo XVII en la que los terratenientes protestaban porque sus criados abandonaban su puesto para ver bailar a los danzantes. Una anécdota que, más allá de la curiosidad, refleja el peso social que tenían los dances.

Entre las muchas historias que rescata el libro sobresale la de Hilario Boira, portador del palo de las cintas durante más de cuatro décadas. La Guerra Civil marcó su vida con el fusilamiento de su único hijo, Jorge Boira, y de su yerno, Pedro Albero. Pese a ello, con 72 años volvió a salir como danzante acompañado por el hijo de este último, un niño de siete años que había quedado huérfano.

Aquel vínculo trascendió generaciones y explica por qué hoy el actual Pedro Albero lleva el palo de las cintas, no por herencia familiar, como era tradición, sino por la relación que su familia mantuvo con Hilario Boira, capaces de mantener viva la memoria del dance incluso en los momentos más difíciles.

Esta investigación no hubiera sido posible sin el trabajo del danzante Darío Bajá, a quien tanto Garcés como el presidente de la Asociación de Danzantes de Huesca, Jorge Escario, señalaron como una pieza imprescindible del proyecto. “Mi nombre aparece en la portada, pero el de Darío también debería aparecer”, confesó el historiador.

Por su parte, Escario ha confesado que para la agrupación la publicación supone cumplir uno de los grandes objetivos que se había marcado la nueva junta. El libro, “que tiene rigor y ejemplaridad”, era una necesidad porque permite conocer “de dónde venimos” en un momento en el que pensó que se perdían los valores “y uno de ellos es la tradición”.

En la misma línea, el presidente recordó que la agrupación atravesó momentos delicados en los que su continuidad estuvo amenazada y defendió que comprender la evolución de los danzantes también ayuda a entender la historia de la ciudad. Haber vuelto a bailar en Roma, cien años después, y la creación de una nueva página web son los otros dos objetivos que tenía la junta de la entidad.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha anunciado que el Ayuntamiento utilizará la publicación como libro institucional de protocolo. Considera que explica la historia de la ciudad a través de una sus manifestaciones culturales más reconocibles y defiende que los danzantes “también hacen ciudad”.

Uno de los aciertos de este libro es demostrar que la historia de los danzantes también es la de sus familiares, la de sus oficios, la de sus generaciones y la de los barrios de la ciudad de Huesca. Desde este jueves, la memoria de los Danzantes de Huesca queda reflejada en un libro que podrá comprarse por 30 euros y que, como dice su autor, “es un regalo para todos los oscenses”.

Uno de los remolques que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, utiliza en su recorrido por el territorio español entregando el sistema de extinción de incendios Eco Fire lleva visible el logo de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). La presencia del distintivo puede apreciarse en un vídeo difundido por el eurodiputado en sus redes sociales, en el que aparece junto a uno de estos remolques durante una de las entregas de este producto. En la imagen se aprecia el remolque de color rojo donde unas letras indican que es un equipo antiincendios de primera intervención y debajo lleva colocados los logos de la DPH y Eco Fire.

Fuentes de la DPH han explicado a elDiario.es que el carro “no es propiedad de la Diputación”, sino del inventor del sistema Eco Fire, César Sallén, natural de Binéfar (Huesca). Según la institución provincial se trata del mismo remolque que se utilizó durante la presentación pública del proyecto en Torla, en 2024, cuando el dispositivo todavía no estaba en funcionamiento y al que, para ese acto, se le colocó una pegatina con el logotipo de la DPH.

La Diputación sostiene que el vehículo que aparece en los vídeos publicados por Alvise Pérez no forma parte de los medios con los que cuenta actualmente el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS). Desde la institución creen que el propietario del carro pudo haberlo cedido posteriormente y “ha olvidado” retirar la pegatina de la institución.

Actualmente, la Diputación Provincial de Huesca dispone de cinco remolques Eco Fire en servicio, distribuidos estratégicamente por el territorio para reforzar la primera respuesta ante incendios forestales. Estos están distribuidos en Beranuy, para cubrir la zona Norte-Oriental; en Torla y San Juan de Plan, en el sector Norte-Central; y en Hecho y Agüero para la zona Occidental.

Por ello, la DPH insiste en que ninguno de esos cinco remolques es el que aparece en las imágenes difundidas por el líder de SALF. Además, subrayan que el vehículo no es propiedad de la institución, pese a conservar un logotipo oficial que identifica al servicio provincial de incendios.

Iniciativa en redes sociales

En las últimas semanas y ante la oleada de incendios que asola España, Alvise Pérez ha convertido este sistema en una de sus iniciativas más visibles en redes sociales. A través de sus perfiles asegura estar distribuyendo miles de litros de Eco Fire a distintos municipios del país. El dirigente afirma que ha adquirido 5.000 litros para ampliar el reparto y está en constante coordinación con alcaldes y ayuntamientos afectados por el fuego. Unas afirmaciones cuya veracidad está siendo objeto de comprobación por distintos medios especializados en verificación, como Maldita.es.

El Eco Fire es un sistema de apoyo a la extinción de incendios diseñado por el binefarense César Sallén. El dispositivo combina un remolque con depósito y autobomba con un agente extintor que es entre 50 y 100 veces más eficaz que el agua en tareas de extinción.

El producto se utiliza para la creación de cortafuegos y como aislante térmico. Crea una barrera que dificulta la propagación de las llamas y reduce la transmisión del calor, permitiendo a los equipos de intervención aproximarse con mayor seguridad al foco del incendio. Su promotor sostiene que, además, es un producto ecológico, orgánico y biodegradable, cuyas propiedades permanecen activas hasta que se registran precipitaciones superiores a diez litros por metro cuadrado.

Durante las últimas semanas, una furgoneta ha llegado a los barrios rurales de Huesca. De ella se baja un pequeño equipo dispuesto a conversar durante horas con los vecinos. No buscan respuestas, preguntan por la identidad, por la vida cotidiana y por la manera en que cada persona entiende la igualdad de género desde su propia experiencia.

Así es ‘Interferencias_EL/LA’, un proyecto de investigación artística impulsado por la creadora Maya-Marja Janković que estos días ha recorrido Apiés, Banariés, Bellestar, Buñales, Cuarte, Fornillos, Huerrios y Tabernas de Isuela. La parte visible del proyecto se presentó el pasado sábado en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca, pero la autora insiste desde el primer momento en que hablar de “resultado” es quedarse solo con la superficie.

“Aquí no existe resultado final. Este proyecto tiene carácter procesual. Los caminos son el fundamento de cada proyecto y aquí es un proceso continuo”, explica. Esa idea atraviesa toda la iniciativa. ‘Interferencias_EL/LA’ no pretende documentar una realidad para archivarla, sino que quiere crear una obra que cambia constantemente con las personas que participan en ella.

Lo que emerge de esas conversaciones no es un estudio sociológico ni una campaña institucional sobre igualdad entre mujeres y hombres, ni tampoco un documental al uso. Es un archivo de voces colectivo sobre qué entienden las personas por igualdad de género.

Un proyecto que nace en una tesis doctoral

Lo que comenzó como una tesis doctoral ha acabado convirtiéndose en un proyecto artístico sobre cómo la sociedad contemporánea entiende la igualdad de género, que este año ha sido seleccionado por la Secretaría de Estado de Cultura entre las iniciativas con mayor impacto social del país, dentro del Plan de Derechos Culturales.

El reconocimiento permite desarrollar el proyecto en diez territorios rurales españoles antes de iniciar una segunda etapa internacional que incorporará testimonios de otros países. Hasta ahora, el equipo ha recorrido ya más de 4.000 kilómetros por diferentes municipios de la península y continuará viajando durante los próximos meses por Aragón, Comunitat Valenciana, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Andalucía.

Sin embargo, Janković rechaza medir el proyecto en kilómetros y asegura que “el verdadero recorrido sucede cuando alguien acepta sentarse frente a una cámara y compartir una parte de su vida”. “Los grandes entornos urbanos tienen muchos procesos creativos. Los territorios rurales son precisamente los lugares donde más falta hace que lleguen este tipo de experiencias y que la ciudadanía pueda participar en ellas”, señala.

Mientras muchas propuestas culturales sitúan al creador en el centro, aquí ocurre exactamente lo contrario. “La población constituye el eje vertebral del proyecto. Los participantes son realmente el contenido”, resume. Hay agricultores, jubiladas, ganaderos, trabajadores, estudiantes y personas con trayectorias vitales completamente distintas que hablan de igualdad desde experiencias personales que nunca aparecen en una estadística. A Janković le interesa que los perfiles sean lo más variado posible, porque nunca va a obtener “una respuesta concreta”.

En Huesca han participado personas de distintas generaciones, orientaciones sexuales y trayectorias vitales. La creadora sostiene que solo esa diversidad permite acercarse a la complejidad de una comunidad.

Asimismo, indica Janković que las conversaciones no quedan cerradas del todo, porque cada participante mantiene contacto directo con el equipo y puede modificar o retirar su testimonio si con el paso del tiempo deja de sentirse representado por él. “La gente también cambia y evoluciona”, indica la creadora. “Es como una masa de pan”, compara.

Cuando se le pregunta sobre las conclusiones que puede sacar del proyecto, Janković rechaza extraer ideas. “No puedo dar ninguna conclusión porque esta pieza no concluye. Esta pieza abre diálogo”, apunta.

Cuando se le pregunta si ha encontrado más dificultades para hablar de igualdad en los pueblos que en las ciudades, responde con contundencia: “Es una cosa errónea. A todas las personas les puede costar más o menos dependiendo de su vida, de su educación o de su entorno”, apostilla. Lo que sí ha descubierto son matices, no solo entre lo rural y lo urbano, sino entre unos pueblos y otros, porque, según indica, “cada territorio tiene códigos propios”.

Lenguaje audiovisual

La creadora establece una diferencia clara entre su trabajo y una investigación sociológica. Ambos enfoques son necesarios, dice, pero cumplen funciones diferentes. “Aquí no importan las estadísticas ni los números. Aquí importa la vida. Y no existe una vida igual. Este tipo de trabajo nos lleva a una posibilidad de poder aportar entre todos los participantes, desde sus propias subjetividades, a un crecimiento de la sociedad”, explica.

Por lo tanto, esa identidad propia convierte cada testimonio en una pieza única de un archivo colectivo que “no aspira a representar a nadie”, sino a mostrar la riqueza de perspectivas que conviven dentro de una misma sociedad.

El proyecto cuenta con la denominada unidad móvil interferente, una furgoneta que acompaña al equipo durante todo el recorrido. Despierta la curiosidad de los vecinos y rompe el hielo. Muchas personas se acercan para preguntar qué hace aquel vehículo aparcado en el pueblo y terminan participando en el proyecto.

Cuando termine el trabajo de campo todo lo que se ha grabado, cada uno de los testimonios, quedará asociado a una placa de cerámica con un código QR instalada en distintos espacios públicos de los barrios rurales. Janković compara esas placas con huellas dactilares, porque cada una representa algo inédito. Además, el proyecto incorporará antes de final de año una plataforma digital que conectará todas las historias recogidas en los distintos municipios españoles y, posteriormente, en otros países.

Aunque esta edición gira en torno a la igualdad de género, Janković tampoco pretende confirmar discursos preconcebidos. Además, confiesa que ni siquiera comparte algunos de los lugares comunes que suelen acompañar el debate sobre el medio rural.

La propia expresión “igualdad de género” tampoco escapa a la reflexión de la artista. Durante el trabajo de campo detectó que el término genera interpretaciones distintas entre los participantes y cree que merece una revisión conceptual. “No somos iguales nadie. Quizá habría que empezar a pensar si esa terminología sigue siendo la más adecuada porque a veces provoca confusiones ”, afirma. Más que ofrecer respuestas, plantea preguntas. Una actitud que atraviesa todo el proyecto y que evita situar a los vecinos como simples entrevistados para convertirlos en protagonistas del proceso creativo.

El patrimonio cultural del Alto Aragón plantea una paradoja que cuesta explicar. Hay iglesias románicas que han perdido su tejado. Castillos medievales donde la vegetación avanza más deprisa que las obras de conservación. Casas solariegas protegidas por la legislación, pero que continúan deteriorándose año tras año, mientras vecinos, propietarios y administración deciden qué hacer con ellas.

Muchos de estos edificios de la provincia de Huesca se encuentran en situación de riesgo y varios poseen la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, esa protección jurídica no ha impedido que algunos se encuentren hoy en día más cerca del derrumbe que de la restauración.

Aragón dispone de uno de los sistemas de catalogación patrimonial más completos del país, articulado a través del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA). Esta plataforma, en la que colaboran diversos organismos públicos aragoneses, documenta más de 15.000 fichas catalográficas de obras de arquitectura e ingeniería de todo tipo, una amplia selección del patrimonio inmaterial aragonés, documentos y archivos de Aragón.

Lista del SIPCA

Si bien es cierto que el SIPCA no tiene competencias para intervenir sobre los monumentos, sí es la mejor referencia para el conocimiento del patrimonio aragonés y una excelente fuente de consulta. Por ello, la lista elaborada por los técnicos del SIPCA dibuja un mapa preocupante repartido por toda la provincia de Huesca.

Fuentes del SIPCA explican a elDiario.es que existen una serie de edificios “de gran interés” en la provincia de Huesca que están en situación preocupante “y sangrante, en algunos casos”. Además, una buena parte gozan de algún grado de protección concedido por el Gobierno de Aragón.

Podemos hablar de la iglesia románica de Morcat, en un núcleo despoblado, y situaciones similares presentas la iglesia de San Pedro de Lavelilla, la de Villamana, la ermita de San Martín de Aguilar o el castillo de Berroy y otros ejemplos que aparecen en La Ribagorza como la ermita de la Virgen del Tozal, en San Esteban de Mall; San Martín de Lumbierres, en Aguinaliu; o la majestuosa iglesia de San Pedro en Castarlenas.

A ellos se suman edificios significativos declarados Bien de Interés Cultural como la iglesia de Santa Eulalia de Susín, cuyo estado preocupa desde hace años pese a su relevancia histórica, como el castillo y ermita de Esplubiello, en Hospitaled.

Asimismo, entre los inmuebles señalados por el SIPCA figuran el castillo de Falces, en Tolva; la torre medieval de La Llecina, en Mont de Roda; el palacio de los Gurrea en Argavieso; o el recinto fortificado de Lavelilla. No son casos aislados. Son parte de un patrón que se repite especialmente en pequeños núcleos afectados por décadas de despoblación.

Especialmente llamativo resulta el caso de Fanlo, donde Casa Ruba y Casa del Señor, son dos viviendas declaradas Bien de Interés Cultural, pero una de ellas ha protagonizado en los últimos años un enfrentamiento entre el Ayuntamiento del pueblo y el Gobierno de Aragón. El consistorio ha defendido la necesidad de eliminar los restos más deteriorados por motivos de seguridad, mientras Patrimonio ha impedido su derribo sin que, denuncian distintas voces, se haya ejecutado una intervención.

La existencia de una declaración como Bien de Interés Cultural suele asociarse a una garantía de protección, pero la realidad es bastante más diferente. La legislación obliga a preservar estos inmuebles, limita las intervenciones que pueden realizarse sobre ellos, pero no llevan una partida presupuestaria que garantice su conservación.

En Huesca existen 423 edificios catalogados como BIC y, según datos facilitados por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, entre 2016 y 2026 se han realizado una treintena de intervenciones en bienes muebles declarados BIC en la provincia de Huesca por un valor cercano al millón de euros y se han acometido más de una veintena de intervenciones por casi 11.000.000 euros.

Indican que “la administración interviene en todos los casos” y que cada año se priorizan actuaciones “con el presupuesto ordinario de toda la comunidad”, pero también en situaciones extraordinarias de emergencia, como riadas o tormentas.

La principal amenaza, la despoblación

Para los técnicos del SIPCA, el principal problema no empieza en las grietas de los edificios, sino cuando desaparecen los vecinos, ya que una parte una parte importante de los inmuebles más deteriorados se encuentra en pueblos deshabitados. En muchos casos, pertenecen además a administraciones públicas, como la Confederación Hidrográfica del Ebro o el propio Gobierno de Aragón.

Desde el SIPCA también apuntan a un progresivo “desinterés institucional” y social hacia edificios que hace décadas dejaron de cumplir la función para la que fueron construidos. “La despoblación es una de las principales amenazas”, explican, al tiempo que confiesan que “en algunos pueblos habitados tampoco existe un interés especial por conservar determinados inmuebles”. Por lo que estos edificios dejan de mantenerse, aumentan los riesgos estructurales y se limitan a impedir el derribo sin encontrar financiación para restaurarlos.

A la pregunta de si hacen falta más recursos, las propias fuentes del SIPCA reconocen que sería lo ideal, pero dudan de las posibilidades reales de incrementar el presupuesto porque compiten, dicen, con servicios esenciales como la sanidad o la educación. Además, rehúyen un planteamiento que permita salvarlo todo, porque consideran que “restaurar por restaurar” no tiene sentido.

En su opinión, cualquier intervención debería ir acompañada de un proyecto que garantice la utilización del inmueble. Restaurar una iglesia situada en un pueblo completamente abandonado resulta difícil de justificar si después carece de cualquier uso cultural, turístico o social que permita mantenerla.

Bien de Interés Cultural

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, que trabaja desde el año 1976 en la defensa, promoción del patrimonio cultural y natural. Comparten el diagnóstico sobre la delicada situación del patrimonio altoaragonés, aunque rechazan reducir el debate a una cuestión exclusivamente presupuestaria.

El portavoz de la Lista Roja de Hispania Nostra, Víctor Antona, considera que disponer de más recursos siempre facilitaría la conservación, pero sostiene que el origen del problema es mucho más profundo. “No es solo el dinero, sino la distribución del patrimonio en zonas de baja densidad de población. El modelo económico que durante años las ha sustentado ya ha desaparecido. Y, por otro lado, una parte importante de ese patrimonio está en manos privadas. Creo que el 30 % de los elementos que hay en la Lista Roja están en despoblados y otro 30 % deben estar en poblaciones con menos de 100 habitantes”, explica.

El portavoz indica que recuperar iglesias, castillos o edificios históricos solo tendrá sentido si esas actuaciones se integran en una estrategia más amplia de desarrollo territorial y no le vale la idea de que los migrantes están repoblando las zonas deshabitadas, “si cuando sus hijos deban estudiar se irán y no querrán volver”. En ese contexto, defiende que el patrimonio puede convertirse en un motor económico a través del turismo, la restauración o la generación de nuevas actividades vinculadas a estos bienes, contribuyendo así a fijar población.

Antona evita establecer comparaciones entre comunidades autónomas, pero señala que Huesca presenta un porcentaje de rehabilitaciones “superior a la media nacional”, aunque Aragón comparte problemática similar con Castilla y León o Castilla-La Mancha sobre la baja densidad de población. El portavoz recuerda que desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español se ha realizado un enorme esfuerzo de protección legal, aunque advierte que conservar un patrimonio tan extenso exige algo más que restauraciones puntuales. Según el portavoz, las administraciones deberían trabajar con una planificación a décadas vista. “Hay que pensar qué patrimonio queremos conservar dentro de treinta años”, concluye.

Casos revertidos

Pero no todo es gris. Existen ejemplos que demuestran que el deterioro no siempre es irreversible. En Alcalá de Gurrea, la consolidación de la Atalaya de Tormos ha permitido frenar el avance de los daños sobre una destacada torre islámica. En Morrano, se ha intervenido para asegurar la estructura exterior de la iglesia mientras continúan previstas nuevas fases de restauración. La iglesia de la Asunción de Castejón de Sobrarbe consiguió abandonar una situación crítica tras una intervención desarrollada hace unos años.

También en Puibolea se reconstruyó la cubierta de la iglesia después del hundimiento de su tejado, evitando que el edificio continuara degradándose, y la misma suerte ha corrido la torre de la iglesia de Nueno que ha sido igualmente consolidada. En el Alto Aragón, un territorio profundamente marcado por la despoblación, iglesias, castillos o casas solariegas constituyen el vínculo con pueblos donde ya no vive nadie y mantienen viva una parte de la memoria de la zona.

Maël Le Lagadec ha desafiado de nuevo la retirada de la cruz instalada en la cima del Aneto. El joven montañero francés ha vuelto a ascender la montaña más alta de los Pirineos para colocar una nueva cruz de madera, esta vez con adornos metálicos y con el nombre de la montaña tallado en la madera, y ha lanzado un mensaje a quienes la retiren: “Volveré tantas veces como haga falta para reinstalarla. Puedo hacerlos sufrir”.

El alpinista ha reabierto así una polémica que va más allá del simbolismo religioso y sitúa el foco en la protección ambiental del macizo de la Maladeta, el que mayor altura alcanza de los Pirineos y que se encuentra dentro del espacio protegido Parque Natural Posets-Maladeta.

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón han asegurado a elDiario.es que no tienen previsto sancionar al montañero por volver a instalar la cruz de madera en la cima del Aneto. Consideran que “al no ser una edificación de obra” no existe “ningún problema” con la cruz y añaden que “no hay normativa que lo impida”.

No obstante, la cima del Aneto se encuentra dentro del espacio protegido Parque Natural Posets-Maladeta, cuyo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), concretamente su artículo 13, establece que “cualquier señal ajena al propio parque, que se ubique fuera de las zonas de uso general, deberá contar con autorización del órgano ambiental competente”.

La norma también indica que se retirarán las señales que “no estén integradas paisajísticamente” o que no guarden relación con la gestión del espacio natural, si bien el Gobierno de Aragón interpreta que la instalación de esta cruz de madera no justifica la apertura de un expediente sancionador.

Asimismo, la propia web del Gobierno de Aragón para el Parque Natural Posets-Maladeta lista un trámite llamado “Permiso de uso o actividad en espacios naturales protegidos” para “actividades y eventos en el parque”. Esto confirma que el régimen es de autorización previa, no de libre instalación. Para esta cuestión, las fuentes de la DGA todavía no han respondido.

Le Lagadec ha difundido la nueva ascensión a través de sus redes sociales, donde explica que esta vez decidió aumentar la dificultad del reto. En lugar de partir desde el valle de Benasque, inició la ruta en l’Hospice de France, Bagnères-de-Luchon en la vertiente francesa, completando un recorrido de 39 kilómetros y cerca de 4.000 metros de desnivel positivo.

“Pensaban que bromeaba cuando decía que volvería tantas veces como fuera necesario para reinstalarla”, escribe el montañero en su publicación en redes sociales, en la que indica que contó con ayuda para transportar la cruz durante toda la ascensión. “Espero que esta vez sea respetada o tendré que seguir con las expediciones al Aneto”, añade, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas.

Y es que no es la primera vez que este montañero protagoniza una ascensión al Aneto. El pasado mes de mayo instaló una pequeña cruz de madera después de que desapareciera la histórica cruz metálica que coronaba la cima más alta del Pirineo desde 1951. Un matiz importante es que esta cruz es anterior a toda la normativa mencionada anteriormente, ya que el espacio protegido fue creado en 1994.

Finalmente, a mediados de junio un equipo del GREIM de Benasque localizó la antigua cruz metálica semienterrada en la nieve de la cara norte durante una operación de rescate. Los agentes decidieron retirarla por motivos de seguridad y la trasladaron en helicóptero hasta el hangar de Benasque, donde permanece a la espera de su reparación antes de una futura reposición.

Hay pueblos que pueden escucharse y uno de ellos es Biscarrués. Y no por el gran espíritu luchador y social que tiene esta localidad de la Hoya de Huesca, sino porque cada cuarto de hora una campana rompe el silencio confirmando que el tiempo sigue su curso. Durante más de cincuenta años, cuando un reloj o una campana dejaba de dar la hora, la persona a la que recurrían era Tomás Borau, el relojero de Biscarrués.

Ahora, cuando los problemas de vista merman su capacidad de trabajo, es su propio pueblo quien le ha dedicado el Museo del Tiempo. Se trata de un espacio dedicado a descubrir cómo las personas han intentado medir el paso del tiempo a lo largo de la historia y, sobre todo, un homenaje a la vida de quien ha rescatado cientos de relojes monumentales.

A sus 90 años, Borau pasea entre las piezas expuestas en la antigua torre que hacia de transformador eléctrico, como quien mira un álbum familiar recordando buenos momentos. “Todos los relojes que hay son de mi colección. Podría haber alguno más, pero están hechos una chatarra”, explica el relojero alzando la mirada hacia los relojes de pared y destaca uno que pertenecía a la escuela, fabricado en 1925. El objetivo de este espacio no es enseñar cómo funciona un péndulo, sino en recordar que hubo personas capaces de aprender un oficio que hoy se ha perdido.

Este antiguo torreón de la luz alberga relojes monumentales, campanas y piezas históricas que reúnen distintas formas de medir el tiempo: el sonido de las campanas, la precisión de los relojes mecánicos y la observación del sol. En el exterior, un gran reloj de sol inspirado en la tradición del Sobrarbe diseñado por la artista Rosa Mai recuerda la forma más antigua de medir el tiempo. En el interior, la campana de Erés simboliza la fuerza de un municipio unido. Y repartidos por dentro aparecen los relojes monumentales restaurados por Tomás Borau.

Uno de ellos dio las horas desde el campanario parroquial de Biscarrués durante más de 160 años. Fabricado en 1862, fue uno de los primeros mecanismos que restauró Borau. Otros llegaron desde Lascellas o Huesca, todos con una historia parecida, una segunda vida gracias al relojero de Biscarrués. “Cada reloj me costaba unas 110 horas de trabajo”, resume el artesano. Una cifra que le recuerda algún comentario de quien pensaba que “este trabajo es fácil porque solo son cuatro ruedas”.

Sin embargo, su relación con la relojería comenzó mucho antes cuando en su taller arreglaba prácticamente cualquier cosa. “Coches, tractores, bicicletas y electrodomésticos. Si se rompía algo, había que arreglarlo”, resume con ese tono de voz que ponen los mayores cuando recuerdan lo pasado, entre nostalgia y pena. Nostalgia por los buenos momentos vividos en familia y con amigos. Y pena porque es consciente de estar describiendo una vida que ya no volverá.

Borau indica que, a raíz de realizar tareas de mantenimiento en el colegio Salesianos de Huesca, viajaba pueblo por pueblo y llegaban encargos relacionados con relojes. Como vio que era una forma de ganarse el jornal, imprimió unos folletos para darse a conocer por los ayuntamientos. “Me fui incluso hasta el bajo Teruel. Eso sí, los curas nunca fallaban pagando”, apunta.

Aquellos viajes lo llevaron por decenas de campanarios donde encontró las cicatrices de la Guerra Civil. “En muchos pueblos de los Monegros, quitaban las campanas, desmontaban las asas de bronce y se las llevaban. En un pueblo si faltan las campanas o el reloj, está muerto. Las campanas viejas que quedaban también las trabajaba, reparaba y electrificaba, pero eso era un follón enorme”, indica mientras recuerda una vivencia con las campanas de Lanuza, dispersa entre Torla y Sarsa de Surta, que finalmente volvieron a sonar en el campanario del pueblo recuperado tras el abandono por la construcción del embalse que lleva su nombre.

Con las manos manchadas de la grasa de los engranajes de los relojes tras ponerlos en marcha, Borau cuenta que desde la pandemia no acepta trabajos. “Además, me falla la vista, pero con la práctica y experiencia algún apaño casero hago”, añade. Nunca estudió relojería en una gran escuela, sino que lo hizo a través de los cursos de la enciclopedia CEAC de Barcelona, cada mes se sacaba un curso, eran 24.

“Lo más importante es que te gusta y tengas voluntad. Con las cosas bien hechas, nunca te faltará trabajo. Si haces un trabajo que te gusta, cuánto rindes, ¿a qué sí?”, responde cuando se le pregunta qué le diría a un joven que quiere aprender un oficio artesano como el suyo. Aunque para trabajo bien hecho el suyo, del que se siente bien orgulloso y que le han reconocido con este Museo del Tiempo en Biscarrués, su pueblo natal.

Asegura que la inauguración le desbordó. “Fue una sorpresa, además me invitaron a decir unas palabras y yo no tengo esa costumbre”, reconoce. Aunque confiesa que realizó uno de sus rituales cuando canta jota: “Respiras, piensas, tienes el tono en la cabeza y adelante”. Ahora, Borau mira su legado expuesto y afirma que ha disfrutado de los relojes. “Lo que dicen los curas, por sus obras te conocerás. Para mí es un orgullo haber conseguido esto. Así, mis nietos dirán esto lo hizo mi abuelo. Es un saco de alegría”, concluye.

La cancelación de la convocatoria estival del Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados (PRUEPA) en Búbal ha reabierto el debate sobre el futuro de una de las iniciativas educativas más veteranas de España. La decisión ha generado preocupación entre parte del personal docente vinculado al programa. Advierten que la actividad sufre un progresivo debilitamiento que empezó tras la pandemia y temen que sea un nuevo paso a un desmantelamiento definitivo.

Búbal es un pueblo del valle de Tena de Huesca que quedó vacío en los años sesenta por la construcción del embalse que lleva su nombre. Años después, cuando sus viviendas se encontraban en estado de ruina, arrancó un proceso de recuperación impulsado por distintas administraciones. Desde 1984, Búbal se ha convertido en una de las sedes del PRUEPA, un proyecto que nació para recuperar pueblos abandonados mediante la participación directa de estudiantes y voluntarios. Este proyecto ha convertido al pueblo pirenaico en referente de educación ambiental y recuperación del patrimonio rural. Tras más de cuatro décadas, este año, por primera vez, se quedará sin actividad durante el verano.

Este enclave pirenaico forma parte junto a Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara) de una red estatal que cada año recibe alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional procedente de diversas comunidades autónomas de España. Durante estancias de una semana o más días, conviven y realizan tareas de sostenibilidad, recuperación del pueblo y de la vida en el medio rural. Este modelo permitió a Búbal rehabilitar gran parte de su casco urbano y convertirlo en un espacio singular del valle de Tena. 

Un deterioro progresivo

Profesores y educadores que han participado en el programa en distintas estancias lamentan que las instalaciones rehabilitadas no puedan usarse durante el verano. “Siempre ha estado el problema de que no quieren gastar. No quieren tener más gente en plantilla que los estrictamente necesarios de todo el año”, indica uno de los docentes a elDiario.es. Según explica, el principal problema radica en la dificultad para completar las plantillas necesarias cuando llegan los grupos de estudiantes, especialmente el personal de cocina, limpieza o atención educativa. 

“Es como construir una gran biblioteca para tenerla sin libros”, resume uno de los profesores, que considera que la infraestructura permitiría desarrollar más actividades educativas si existiera una apuesta decidida por reforzar el personal. Además, recuerdan que antes de la pandemia en 2020 el programa contaba con más semanas de actividad y con bolsas especificas de personal educativo. Pero en los últimos años tanto las estancias como la plantilla disponible se ha ido ajustando y disminuyendo hasta quedar “al límite”. 

Hoy en día el personal fijo del centro está integrado por una coordinadora, dos educadores, dos personas de mantenimiento y una trabajadora de limpieza, personal suficiente para mantener las instalaciones durante todo el año, pero insuficiente para atender la llegada de decenas de alumnos sin refuerzos adicionales, según las administraciones. 

De un tejado a otro

Desde la Subdelegación del Gobierno de Huesca afirman que el programa está financiado por el Ministerio de Educación, pero matizan que es el Gobierno de Aragón el encargado de aportar el personal necesario para su desarrollo en Búbal. 

Estas fuentes sostienen que el recorte de personal aportado por Aragón se ha ido acentuando en los últimos años y finalmente “ha hecho insostenible llevar a cabo el programa” durante el periodo estival en condiciones similares a las existentes en Granadilla y Umbralejo.

Según explican, el principal obstáculo para completar el personal en Búbal es encontrar responsable de cocina únicamente para solo dos semanas en plena temporada turística del valle de Tena. Por lo que, para evitar la pérdida total de la actividad, indican que se acordó redistribuir las semanas previstas para verano y trasladarlas al periodo lectivo.

De este modo, aseguran que Búbal mantiene las mismas diez semanas de actividad que tuvo en la convocatoria del año pasado, pero repartidas seis semanas en primavera y cuatro en otoño. 

Mientras, Umbralejo y Granadilla conservarán sus convocatorias estivales y desarrollarán ocho semanas en primavera, otras ocho en otoño y dos durante el verano. El Ministerio de Educación subraya que las plazas totales para jóvenes en verano no se han perdido, ya que han sido dirigidas principalmente a Granadilla, donde se ha ampliado la oferta hasta alcanzar las 300 plazas. 

Por su parte, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón rechazan que la responsabilidad caiga exclusivamente sobre el Ejecutivo aragonés. Sostienen que el personal “fijo” lo aporta la DGA, mientras que “quien contrata y paga al personal extra es el Ministerio y es quien no puede cubrir esas vacantes en verano”. 

La configuración original, según la consejería, contemplaba ocho semanas primavera, ocho en otoño y cuatro en verano, pero desde 2024 se redujo a cuatro semanas en primavera, cuatro en otoño y dos en verano. En ese sentido coinciden con el Ministerio en que para esos quince días de periodo estival resultaba muy complicado la cobertura de plazas en cocina, por lo que se decidió reubicar esas dos semanas y sumarlas al periodo primaveral garantizando el desarrollo del programa.

Más allá del intercambio de responsabilidades, la desaparición de la convocatoria estival supone el fin de una de las características más singulares de Búbal y por la que muchos estudiantes altoaragoneses pasaron sus semanas de verano. Para quienes trabajan en el programa, el debate trasciende de competencias administrativas y se preguntan si esta suspensión será una medida puntual o el adiós definitivo de un proyecto que durante más de cuarenta años ha sido uno de los principales símbolos de recuperación de Búbal.

El cuento de saber esperar se lo saben de memoria los aragoneses porque lo viven cada año con la línea ferroviaria de Canfranc. Cuando parece que el proyecto avanza, cuando los estudios se completan y son favorables, cuando el compromiso de las administraciones parece alinearse, vuelve a aparecer un nuevo calendario francés que retrasa otra vez el compromiso. En esta ocasión, la reapertura de esta línea estratégica se retrasa hasta 2035, tres años más tarde de la fecha que se manejaba hasta ahora.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la zona y la sensación es que el obstáculo no está en el Gobierno de Aragón, tampoco en la provincia de Huesca ni en la Nouvelle- Aquitaine, sino en el Gobierno central francés. Mientras desde el Gobierno de España mantiene el horizonte de 2032 para concluir las actuaciones pendientes, incluyendo la compleja rehabilitación del túnel ferroviario del Somport, Francia ha vuelto a mover la fecha de reapertura “sin aportar argumentos convincentes”.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNFC) ha actualizado el proyecto retrasando la previsión de puesta en servicio de la línea, donde tras una nueva consulta pública quiere verificar la compatibilidad de las normativas urbanísticas de siete municipios franceses por los que atraviesa la línea. Según dicho documento, el tramo Pau-Bedous de 88 kilómetros de longitud “requiere de trabajos de electrificación, de adaptación de la infraestructura y apartaderos”, mientras que el tramo Bedous-Canfranc, de 28 kilómetros y fuera de servicio desde 1970, “requiere una restauración completa y mejoras de electrificación” y eleva el coste hasta casi 700 millones de euros. Estas declaraciones resultan llamativas porque hace apenas dos años las autoridades francesas hablaban de recuperar la línea internacional en 2028, coincidiendo con el centenario de su inauguración, una promesa que parece diluida e inalcanzable.

Treinta años de reivindicaciones

Pocas entidades conocen mejor la historia de Canfranc que CREFCO, la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón, que lleva desde hace más de treinta años defendiendo la recuperación de esta infraestructura internacional. Su portavoz, Benjamín Casanovas, reconoce a elDiario.es que el nuevo retraso ha generado confusión porque desconocen los motivos.

“Sí que sabemos que quieren actualizar los temas urbanísticos, pero de la fecha que han dado como posible para inaugurar la línea no dan ninguna razón. Nadie entiende por qué ponen esa fecha porque no especifican los motivos”, explica Casanovas, quien situaba la reapertura en 2031 o 2032.

Para Casanova, la situación reproduce un patrón que se repite año tras año porque “cuando parece que las obras avanzan, siempre sale la misma noticia que hace dar dos pasos hacia atrás”. La crítica de CREFCO va más allá de los plazos y es que consideran existe una falta de voluntad política desde Francia para reforzar las conexiones ferroviarias con España.

“Después de tanto tiempo vemos que a Francia no le interesa entablar relaciones con España en materia de transportes. Siempre aparecen inconvenientes. Lo hemos visto con RENFE, con las homologaciones y con otras conexiones. Con Francia siempre hay problemas”, indica el portavoz.

Sin embargo, Casanovas distingue claramente entre el apoyo y coordinación con la región francesa Nouvelle-Aquitaine, quien sí ha defendido reiteradamente la apertura, con el gobierno central francés. “Entorpecen las actuaciones. El problema está en París”, añade.

Las conexiones ferroviarias en el Pirineo

Hoy en día, España mantiene cinco pasos fronterizos por ferrocarril con Francia: Irún-Hendaya, Lasarte-Oria-Hendaya (Euskotren), Puigcerdà-La Tour de Carol, Portbou-Cerbère y Figueres-Perpinyan (por el túnel de Pertús). Mientras Euskadi y Cataluña mantienen tres y dos conexiones ferroviarias respectivamente, la única línea internacional de Aragón permanece cerrada desde hace 56 años, tras el accidente en el puente de L'Estanguet ocurrido en 1970.

También consideran desde CREFCO una paradoja que la Unión Europea lleva años considerando “estratégica” la recuperación del eje Zaragoza-Canfranc-Pau. De hecho, Bruselas ha financiado estudios, trabajos preparatorios y actuaciones concretas en el proyecto dentro de su apuesta por un transporte más sostenible.

“Ya lo dijo Teresa Ribera, Europa tiene claro que el Canfranc es importante para las relaciones con España y para el transporte ferroviario. El problema son las pegas del Gobierno francés. Demuestran desinterés”, sostiene Casanovas quien defiende que la línea trasciende los intereses de Aragón.

Según CREFCO, la reapertura permitiría consolidar un gran corredor ferroviario para mercancías entre la península y Europa, favoreciendo las exportaciones desde Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía e incluso Portugal. “La autopista ferroviaria natural es Canfranc. Son argumentos objetivos que cualquier entendido del ferrocarril defiende”, indica el portavoz. 

Esta idea cobra especial relevancia en un momento donde las administraciones se decantan por derivar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril, tanto para aliviar la congestión de los pasos fronterizos como para cuidar la huella de carbono. Varios estudios defendidos por CREFCO mantienen que una parte significativa de los tráficos que cruzan por carretera podrían trasladarse al tren si existiera una línea competente.  

Más que un tren, una oportunidad de negocio

Puede que la imagen del Canfranc esté ligada al turismo y a la emblemática estación internacional, hoy convertida en hotel de lujo, pero las organizaciones empresariales de la zona insisten en que la reapertura de la línea tendría un impacto económico muy profundo. 

La presidenta de la Asociación de Empresarios de La Jacetania (ACOMSEJA), Marian Bandrés, sostiene que la línea ferroviaria internacional abriría una vía tanto turística como empresarial: “Los turistas que vengan desde Pau podrán parar en Castiello o en Jaca, además que activaría un camino logístico para todo tipo de mercancías. Para mí, es imprescindible”. 

Bandrés recuerda que muchas empresas de la comarca mantienen relaciones comerciales con Francia y que, por cuestiones de transporte, la mayoría de los intercambios se realizan por carretera.

“Transportamos cereal y otras mercancías hasta Francia. Sobre todo, se abrirían nuevas oportunidades de negocio. En el caso de que abran la línea alguna empresa se podría plantear tener un apartadero ferroviario”, indica la presidenta. 

Una visión similar la tiene la presidente de la Asociación de Empresarios del Alto Gállego (AEPAG), Lidia Ferrer. “En Sabiñánigo tenemos un punto logístico muy importante y todo funciona mediante transporte pesado por carretera. Poder abrir una nueva vía para mercancías sería positivo y nos ahorraríamos algún susto”, explica.

En ese sentido, Ferrer señala que algunas industrias de la capital serrablesa llegaron a tener conexiones ferroviarias propias cuando la línea estaba en funcionamiento. “Ya no las utilizan porque perdieron esa oportunidad, pero si se reabre la línea claramente aumentaría el flujo de trenes. Todos lo agradeceríamos”, sostiene. Sin embargo, al igual que ocurrían en las empresas de esos polígonos con vía ferroviaria, el tren está preparado para salir, solo hace falta que alguien cambie el semáforo a verde. 

El afán de preguntarse por qué funcionan así las cosas determinó la vocación del investigador Carlos Anerillas (Huesca, 1991), quien a sus 34 años cuenta con una trayectoria científica lejos de lo común. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas, ha logrado tres premios a la excelencia del National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y ha liderado un estudio internacional en colaboración con el National Institute on Aging (NIA) de los NIH, donde ha presenta SenCat, el mapa más ambicioso hasta la fecha del envejecimiento celular humano.

Desde la humildad y sinceridad que le caracteriza, el investigador ARAID en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) nos explica que el mayor reconocimiento no son los premios, sino el aval de su familia y amigos. El científico, recientemente seleccionado como miembro de la Academia Joven de España, desarrolla parte de su investigación desde Aragón y reivindica la importancia de la financiación pública para poder competir a nivel internacional y subraya que en España existe talento suficiente para situar la investigación biomédica en la élite científica global.

¿Cuándo descubrió su interés por la ciencia?

Si te soy sincero, siempre supe que me tenía que dedicar a algo así. Desde muy pequeño tenía inquietudes sobre el funcionamiento de las cosas que han ido derivando a lo que hago hoy en día. Eso y que nunca me ha gustado que me digan lo que me tiene que interesar y lo que no. Tener tu propio laboratorio es el mejor camino para dedicar tu esfuerzo cognitivo a lo que a te gusta de verdad.

¿Por qué y en qué momento decidió dedicarse a la investigación científica?

Ha habido varias fases. Siempre he querido investigar, eso seguro. Lo que pasa es que fui descubriendo lo que mejor se me daba. En un principio, me apetecía hacer algo más en torno a la Física, pero las matemáticas que se necesitan para ello no son lo mío, creo. Luego, en el instituto mi profesora me dijo que le diera una vuelta a hacer investigación biomédica, que me veía capacidad para ello.

¿Cómo explica a alguien ajeno a la ciencia en qué consiste exactamente su investigación?

Nos dedicamos a saber por qué envejecen nuestras células, cómo eso afecta al envejecimiento de nuestro organismo y cómo poder corregirlo de alguna manera, especialmente a través de fármacos dirigidos contra estas células envejecidas (también llamadas senescentes). Esto es de manera muy resumida. Luego cada uno de esos aspectos tiene millones de matices y complicaciones.

A pesar de ser joven ha logrado muchos premios y reconocimientos, ¿qué avances o proyectos de investigación recuerda con más orgullo?

Para mí, el mayor reconocimiento es el de los míos: mi familia, amigos… Pero todo eso que mencionas ayuda, claro. Quizá el reconocimiento más importante haya sido poder empezar mi laboratorio en España con financiación europea del máximo nivel, pero hay muchas cosas que me generan satisfacción añadida.

Tras un proceso selectivo en el que han competido 151 candidaturas evaluadas por un comité internacional independiente, ha sido seleccionado como miembro de número de la Academia Joven de España, ¿qué significa para usted estar dentro de esta entidad?

Para mí es un orgullo. Todo el mundo que me conoce sabe lo que para mí significa poder de alguna manera contribuir a mejorar la imagen y el nivel del país, sea en el ámbito que sea. He estado unos cuantos años en el extranjero y siempre he resaltado todo lo bueno que tenemos, que no es poco. Por lo que es el momento de ponerse manos a la obra y contribuir desde dentro.

¿Cómo va a poder ayudar a una persona SenCat, considerado el mapa más ambicioso hasta la fecha del envejecimiento celular humano?

Así en el día a día, directamente, como la mayoría de los avances, quizá no mucho. No obstante, conocer las señales que nuestro envejecimiento celular emite puede ayudar a situarnos mejor en nuestra edad biológica real. Imagínate que pudiéramos medir esas señales en una prueba de sangre rutinaria para saber cuán envejecidos estamos. Pues en ello hemos empezado a trabajar a desde Aragón, en un proyecto que hemos comenzado hace muy poco.

En ese sentido, ¿cree que se puede hacer ciencia puntera desde Aragón o sigue existiendo centralismo científico?

En ciencia, por desgracia, todo depende de la financiación que tengas el privilegio de recibir. Si en Aragón estás bien financiado, puedes competir con garantías en el panorama internacional, que es lo que nosotros pretendemos. Lo que necesitamos es garantizar el acceso a mayor financiación a tanta otra gente brillante que tenemos aquí para competir aún más.

¿Qué importancia tiene la financiación pública en investigaciones como la suya?

Muchísima. La financiación pública nos permite investigar con plena libertad, que es de lo debería tratar la ciencia. No digo que los proyectos con enfoque empresarial sean malos, por supuesto, pero no podemos basarlo todo en financiación de fuentes privadas.

¿Por qué cree que en España no se apuesta tanto por la ciencia o la investigación como en otros países europeos o en Estados Unidos?

Es curioso, porque España es un país con un sector público mucho mayor al de Estados Unidos, donde tuve la suerte de trabajar durante más de cuatro años. Supongo que nuestro modelo económico prima más al turismo que a la ciencia, por alguna razón. Aunque muchas veces me da la sensación de que, si financiasen mejor a los científicos de este país, nuestro talento podría situarnos en la élite, como nos pasa en el deporte, por ejemplo.

¿Qué le sigue motivando de su trabajo hoy en día?

Todo, adoro mi trabajo. Mi familia siempre ha sido humilde y ha tenido que dedicarse a trabajar en cosas nada apasionantes para sacarnos adelante. Yo me siento un privilegiado acudiendo a mi laboratorio cada día, a hacer lo que me quita el sueño, y recibiendo un salario por ello.

¿Cuál es su mayor objetivo como investigador?

Mi mayor objetivo es llegar a un nivel de entendimiento de nuestro envejecimiento celular que sirva realmente para mejorar el estado de las personas mayores. Tarea complicada, pero por ganas no será.

Hay historias que nunca se han escrito en libros y han permanecido guardadas en los recuerdos de sobremesas familiares, en conversaciones sentados en sillas de plástico a la puerta de casa o en los bancos del parque y en cuchicheos en la barra del bar acompañados de unas almendras. 

Adolescentes que no entendían por qué caían bombas al lado de su casa. Niños y niñas que veían con naturalidad esconderse en cuevas cuando los aviones sobrevolaban el cielo a baja altura. En Grañén, estos testimonios han quedado registrados para siempre gracias a un podcast llamado 'Historias de un pueblo', impulsado por el Ayuntamiento del pueblo, que recoge la historia reciente del municipio a través de los recuerdos de sus vecinos más mayores. 

Es un viaje década a década por la evolución del pueblo, desde los años treinta hasta la actualidad. El punto en común es que lo cuenta doce personas que en cada época tenía alrededor de 18 años.

Según el alcalde de Grañén, Carlos Sampériz, no es una recopilación de grandes acontecimientos, sino de una memoria construida desde la experiencia personal capaz de explicar cómo se vivía en la localidad monegrina hace un siglo. “Pensamos en intentar explicar cómo ha ido evolucionando el pueblo en las diferentes décadas desde la perspectiva de una persona de 18 años. Nos cuentan detalles de caminos de tierra, no tener agua corriente, vivir la misma familia en los espacios reducidos, una educación más recia o el racionamiento de comida en la posguerra”, explica. 

Los dos primeros episodios, dedicados a las décadas de los 30 y 40, ya están disponibles en Ivoox, YouTube y Spotify. Están protagonizados por vecinos y vecinas que hoy rondan los 90 años y crecieron durante la Guerra Civil y posguerra. Sus relatos también aportan luz dentro de la oscuridad en la que vivían, como los bailes, las sesiones de cine, los primeros noviazgos vigilados por las familias, las fiestas populares o la llegada de oportunidades que transformaron el pueblo.

Sampériz valora que la fuerza de este proyecto es, precisamente, esa cotidianeidad. “Es una historia que la puedes trasladar a cualquier punto de España. En aquel momento era todo muy monolítico, no tenías tantos inputs como ahora. Lo que ocurría en Grañén podía pasar en cualquier pueblo de Andalucía o Asturias. Por eso, son historias compartidas que cualquiera puede reconocer”, asegura. 

La acogida del podcast ha superado las expectativas del Ayuntamiento. El proyecto fue presentado el pasado domingo en la plaza de España de Grañén mediante una experiencia inmersiva que evocó la vida cotidiana de mediados del siglo XX bajo la dirección artística de Patricia Coronas. “La recepción ha sido una maravilla porque son personas hablando de espacios comunes y de historias que todo el pueblo conoce. Es un sentimiento muy coral”, resumen el alcalde.

Más allá de la divulgación, Sampériz indica que la pretensión del proyecto era conservar una biblioteca de voces de los testigos del siglo XX en Grañén. “Lo hicimos con la intención de crear un archivo sonoro que guarde las voces de las personas que eran niños en 1930 y vieron cómo evolucionaba Grañén”, señala el regidor.

En los dos primeros capítulos han participado doce personas, aunque una de ellas falleció antes de la presentación del proyecto. La investigación, entrevistas, documentación histórica, guionización y producción del podcast han sido realizadas por los comunicadores Fran Navarro, Sara Marquina y Patricia Puértolas, que ahora ya trabajan en sacar adelante los siguientes episodios para las décadas de los 50 y 60.

Estos trabajos han supuesto un importante esfuerzo, ya que de cerca de las 23 horas de grabaciones en bruto finalmente han visto la luz una por cada capítulo. Sampériz valora de forma extraordinaria el esfuerzo realizado porque se ha elaborado una narración “coherente y sin sesgo” y asegura que durante las grabaciones escuchó historias “muy íntimas” de enorme impacto emocional. 

“Lo que nosotros queremos es que no se pierdan las vivencias de las personas que lo cuentan”, resume Sampériz. Estos testimonios son miradas sinceras de una generación que contribuyó a construir Grañén, y entre todos los vecinos, han creado un legado que perdurará por el resto de los años.

Estela Rasal (Barcelona, 1975) dirige desde hace cuatro años el Festival Internacional de Cine de Huesca, aunque hace quince pertenece al equipo de producción. El cine le ha formado como persona mientras veía películas clásicas en blanco y negro y ahora ella forma parte de la escena cinematográfica oscense. 

Bette Davis, Katharine Hepburn, los Hermanos Marx o Louis de Funès. Gracias a ese ambiente con el que se crio, actualmente Rasal toca muchas ramas del árbol que erige la cultura: dirige su propia productora, ha realizado trabajos de regiduría, actriz, producción, así como de coproducción en diferentes proyectos cinematográficos.

El cortometraje le cautivó desde hace mucho tiempo por su “libertad creativa”, su singularidad y porque “es una forma diferente de narrar”. “Es un lenguaje distinto y es más accesible. Aun así, los hay de mucho presupuesto y directores consagrados han vuelto al corto, porque hay historias que requieren más de un corto que de un largometraje”, asegura la directora y justifica que en este tipo de producciones “hay cosas muy vivas” por el rápido desarrollo de personajes en poco tiempo.

Los cortometrajes son la razón de ser del Festival de Cine de Huesca, el tercero más antiguo del mundo dedicada en exclusiva a este tipo de producciones, que este año se celebrará del 5 al 13 de junio y alcanzará su quincuagésimo cuarta edición. Esta cita es una de las seis de España avaladas por la Academia de Hollywood como preselección para los Premios Oscar.

El Teatro Olimpia de Huesca volverá a ser el foco de atención de todo el mundo donde podrán verse las 77 obras seleccionadas, 38 de ellas óperas primas y 37 dirigidas por mujeres procedentes de 26 países, de entre 2.342 enviadas para participar en el concurso en sus tres secciones: internacional, iberoamericano y documental.

Uno de los proyectos más ambiciosos del certamen es su área de industria, donde el festival “va evolucionando hacia lugares más actuales” para su consolidación como mercado de referencia. “Hay que dotar de un contexto a los cortometrajistas y cineastas para que pueda haber un intercambio real y surjan así más proyectos. El festival debe ser una lanzadera de talentos. No nos podemos quedar solo con exhibir los trabajos y dar premios”, explica la directora.

Para Rasal, uno de los momentos más emotivos del certamen es la primera sesión de cortometrajes. “Es el motivo del Festival Internacional de Cine de Huesca”, señala la directora, y recuerda que una de las cosas que hacen especial al evento es el lugar donde se organiza. “Huesca es una ciudad muy acogedora. Todos los invitados que vienen se van enamorados del festival y de la ciudad. Somos unos embajadores maravillosos de nuestra tierra. Huesca se conoce en todo Latinoamérica por el festival de cine”, explica.

Considera Rasal que es esencial “sembrar esa semilla” en nuevos espectadores para que vuelvan a consumir cortometrajes. “Es importante que se vea cine, donde sea. Nos ayuda a tener una mente más crítica y a construir un mundo mejor entre todos”, sostiene la directora.

Ese germen brotó en la directora del festival desde bien pequeña. “ET fue la primera película que me fascinó”, recuerda mientras cuenta una anécdota en el Teatro Olimpia de Huesca, cuando fue con su madre para ver Miguel Strogoff. “Resulta que eran tres carretes en lugar de dos, Y el proyeccionista se equivocó y puso el último en el lugar del segundo. Veíamos a Miguel Strogoff hecho polvo y no entendíamos nada. Me acordaré toda la vida porque fue mi gracioso”, recuerda.

Desde esa doble mirada de espectadora y gestora cultural, Rasal sigue impactándose con películas que le remueven por dentro. Por un lado, sigue disfrutando de lo que pueden hacer sentir películas como Sirat. “Me encantó, pero no sé si podré volver a verla. Está muy bien escrita, muy bien dirigida. La historia es muy fuerte, empaticé mucho con los personajes”, explica.

Y, por otro lado, Rasal observa la realidad de las salas de la ciudad de Huesca donde el Teatro Olimpia es el centro neurálgico. Gracias al impulso del festival la sala tiene un DCP (Digital Cinema Package) “para ver cine en las mejores condiciones posibles”. “En Huesca podemos ver cine de mucha calidad. Se organizan ciclos como Oscacine, el cinefórum o colaboraciones con la Cruz Blanca o la AECC”, añade y apela a la tradición cinéfila de la ciudad, promovida en parte por el festival, y unos espectadores acostumbrados al formato del cortometraje.