A estas alturas, todavía hay muchos amigos, compañeros de trabajo o familiares que creen que la COVID-19, la borrasca Filomena o la DANA son hechos aislados, sin conexión, que suceden a nuestro alrededor al igual que sale el sol por las mañanas y se pone por la tarde. Sin embargo, solo mirando la actualidad con las gafas de la crisis climática, somos capaces de entender la dimensión real de la situación en la que nos encontramos: la pandemia, la nevada, las inundaciones... Son los efectos de un cambio global. El cambio climático no existe en futuro sino en presente. Y vivimos sus consecuencias cada día.

Y por ser cosa del ahora, el trabajo debería haber empezado ayer. Desde hace años, se viene reclamando por parte de organizaciones ecologistas y políticas como Verdes Equo, una mayor ambición en materia de medio ambiente y sostenibilidad, con el desarrollo de leyes, estrategias o normativas transversales, que nos hubieran permitido liderar la transición verde en nuestro país. Las movilizaciones globales de los últimos años, de movimientos juveniles como Fridays for Future, reclamando acciones urgentes contra el cambio climático han logrado poner el foco mediático y social en la emergencia climática, y a la vez,  poner en la agenda política la necesidad de actuar ya. A pesar de todo ello, o quizás precisamente como consecuencia de ello, es ahora, en 2021, cuando España aprobará (seguramente) su primera ley de Cambio Climático, y será sólo en el marco de los fondos europeos Next Generation cuando afrontemos la transición ecológica que tanto necesitábamos.

El éxito de estas medidas puestas en marcha en los próximos años será lo que determine si las generaciones futuras tendrán un planeta en el que vivir (o al menos sobrevivir). Pero, además de garantizar que sigue habiendo planeta, lograr que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas aprendan a vivir de una manera sostenible y respetuoso con sus límites es uno de los elementos fundamentales en la lucha contra el cambio global. Y, para ello, la educación debe ser la base sobre la que construir una sociedad con futuro. 

Gracias a Verdes Equo, la nueva ley educativa aprobada a final de año ya dio pasos para situar la educación como unos de los pilares en la lucha contra la emergencia climática, situando el desarrollo sostenible como uno de los cinco enfoques clave de la ley y reconociendo que el  sistema educativo no puede ser ajeno a los desafíos que plantea el cambio climático del planeta. La Educación como parte activa en esta crisis climática y no como mero espectador. 

En los próximos años necesitamos abordar el reto climático desde el conocimiento y la práctica, desde nuestra vida cotidiana y desde nuestro entorno más cercano. Y eso incluye, sin duda, el ámbito educativo. Por eso es fundamental incorporar de forma transversal los contenidos de la emergencia climática al currículo. Por eso necesitamos conectar nuestros colegios con los entornos naturales, acercando a nuestros estudiantes con su realidad más cercana. Por eso necesitamos huertos escolares que cultiven alimentos, pero que también nos permitan cultivar comunidad. Por eso necesitamos entornos y caminos escolares seguros que nos enseñen (y permitan) movernos de forma sostenible en nuestro día a día. Y por eso necesitamos inversión para tener centros educativos rehabilitados, eficientes energéticamente, desplastificados, desamiantados y con residuos cero. 

Es urgente que las Administraciones Públicas aborden, de una vez por todas, esta transición ecológica escolar, una transformación que facilite que existan pequeñas islas verdes dentro de las ciudades, que sumen y contribuyan en la lucha contra el cambio climático. Porque la crisis climática no espera, y seguimos sin estar a la altura. 

Si algunos de los responsables políticos que gobiernan hubieran tenido la oportunidad de crecer y aprender con un modelo educativo donde el desarrollo sostenible estuviese en el centro, quizás hoy en Madrid tendríamos un alcalde/portavoz más empeñado en ampliar Madrid Central que en destruirlo, y sabría que después de la nieve, viene el hielo y después el deshielo, y no habríamos tenido la ciudad colapsada durante dos semanas por ignorar las previsiones de la AEMET. O quizás Isabel Díaz Ayuso sabría que liberalizar el suelo sólo trae pobreza para la tierra, para sus habitantes y un daño que cuesta generaciones enteras reparar, y que lo que hace especial a Madrid es su cielo azul libre de contaminación y no sus atascos a las 3 de la mañana. Quizás, si hubiéramos apostado por la educación ambiental hace años y de forma seria, no tendríamos un Gobierno fallido liderando las peores corrientes negacionistas en plena emergencia climática. 

Así que, asumamos que quizás lleguemos tarde ya para algunos de los que ahora tienen que tomar decisiones fundamentales en la crisis climática en la que nos encontramos; frente a ellos seguiremos empujando para garantizar que no sigan hipotecando nuestro futuro. Pero todavía estamos a tiempo de que la próxima generación que asuma responsabilidades políticas esté a la altura de lo que nuestra región, nuestro país y nuestro planeta necesitan.

El camino es verde, sólo nos falta transitarlo. 

Hagamos un ejercicio de imaginación. En una misma ciudad viven Carla y Paula. Carla tiene una familia en la que se ingresan dos sueldos y, aunque no vive en la abundancia, no pasa estrecheces económicas. A la casa de Paula, en cambio, sólo llega un sueldo y no todos los meses. En su familia conocen las colas de los comedores sociales y cuando llega el invierno hay que priorizar entre llenar la nevera o pagar la luz. Cuando llegue el final del curso escolar, Paula va a tener cuatro veces más posibilidades de repetir curso que Carla. Aunque tengan las mismas capacidades, aunque vayan a la misma clase.

Cuando llegue el verano, las dos se irán de vacaciones. O más bien, dejarán de ir a la escuela. En esos tres largos meses de verano, Carla ralentizará su proceso de aprendizaje hasta la mitad. Paula, por el contrario, desaprenderá un tercio de lo aprendido durante el curso. La diferencia entre ralentizar y desaprender es lo que marca que cada año los alumnos comiencen en un punto de partida distinto.

Nuestras leyes educativas sentaron la base para que ambas, Carla y Paula, tuvieran derecho a una educación de calidad, universal, gratuita y pública, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades. Y durante 40 años de democracia, nuestro sistema educativo se fue renovando y adaptando para que las diferentes generaciones estuvieran mejor preparadas que las anteriores para afrontar su vida adulta, como individuos pero también como sociedad.

Sin embargo, la teoría ha quedado mejor que la práctica. La falta de consensos políticos, los continuos cambios de leyes educativas, los duros recortes en los años de la crisis y sobre todo una constante falta de inversión, han generado que nuestro sistema educativo no sólo no consiga que Carla y Paula estén al mismo nivel que el resto de alumnos de Europa, sino que además no garantiza que tengan las mismas oportunidades, porque con cada curso escolar la brecha se hace más y más grande.

España presenta unos datos de segregación escolar alarmantes. Las políticas implementadas y la desigual distribución de recursos ha reforzado la separación del alumnado, según su perfil socioeconómico. Además, la repetición de curso es mucho más alta que en los países de nuestro entorno y castiga especialmente a los alumnos y alumnas de menor estatus socioeconómico. En cuanto a la obtención del título de ESO, en los últimos 10 años cerca del 25% del alumnado no lo ha conseguido, habiendo más incidencia en el alumnado en situación de más vulnerabilidad.

Esta brecha ha terminado de agrandarse por la desigual financiación del sistema. Los centros públicos y la Educación pública han sido quienes, con gran esfuerzo, han garantizado los principios de universalidad y no discriminación, son quienes más han sufrido en los recortes. Restaurar esta herida es hoy restaurar de forma prioritaria la financiación de la educación pública, los medios y recursos, como el verdadero muro de contención a la desigualdad.

En este contexto, afrontamos los nuevos retos educativos, que hoy tienen nombre de pandemia pero que esconden de fondo un profundo déficit estructural, pedagógico, de innovación y renovación de nuestra educación. Las demandas que ahora son imperativas por mandato sanitario llevan siéndolo muchos años una emergencia educativa: grupos más pequeños, espacios adaptados, políticas de refuerzo académico y social, una mayor innovación pedagógica y un aumento importante de la financiación.

Lo urgente parece marcar las decisiones más inmediatas, pero la mirada larga nos obliga a reflexionar sobre el modelo educativo que queremos para Carla, Paula y el resto de niños y niñas del país.

Este miércoles se debatió en el Congreso de los Diputados la totalidad de la nueva ley de Educación. Y con este debate, y los que vienen para terminar de configurarla, tenemos la oportunidad de mirarnos como país y transformar los pilares de nuestro sistema educativo. ¿Queremos un sistema educativo que les prepare para ser ciudadanía crítica y que luchen por hacer más sostenible su forma de vida? ¿Queremos una escuela que permita que Carla y Paula puedan ser profesoras, ingenieras, jardineras, médicas o alcaldesas independientemente de dónde hayan nacido o de cuánto dinero tienen sus padres en la cuenta del banco? Démonos la oportunidad de intentarlo. Y demos la oportunidad a las próximas generaciones de crecer y vivir en igualdad.