La pandemia de la COVID-19 también ha confinado el asilo. Con el cierre de fronteras, el número de solicitudes de asilo en España cayó drásticamente de un día para otro. Veníamos de unos años de crecimiento exponencial: de las 2.588 solicitudes en 2012, 5.947 en 2014 y 14.881 en 2015, a las 55.668 en 2018 y 118.264 en 2019. En pocas palabras, el número de solicitudes de asilo se multiplicó casi por diez en los últimos cuatro años.

Siguiendo esta misma tendencia, en enero y febrero de 2020 se recibieron más de 14.000 solicitudes por mes. En marzo, el número parecía incluso aumentar hasta que llegó el cierre de fronteras. Desde entonces, se han registrado 58 solicitudes en abril y 72 en mayo. Dicho de manera más visual, aquellos que estaban en camino, a punto de tomar el avión, se quedaron en tierra.

Lo mismo se puede decir de los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla que esperaban ser trasladados a la península. Con el estado de alarma, las rutas marítimas y aéreas fueron suspendidas. Ello agravó la situación de hacinamiento que ya se vivía en los Centros de Estancia Temporal para personas Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Por ejemplo, en el CETI de Melilla han llegado a permanecer más de 1.600 personas en un espacio para 781. La situación empeoró todavía más con el cierre de estos centros (hasta entonces de régimen abierto) con el fin de garantizar el confinamiento. No es muy distinto a lo que se ha vivido en los campos de refugiados de las islas griegas: doble confinamiento en un espacio geográfico aparte y en campos o centros que vieron cómo se cerraban sus puertas de un día para otro en condiciones graves de hacinamiento en el interior.

El confinamiento también se ha llevado por delante el acceso a los procedimientos de asilo. Los que acababan de llegar no pudieron solicitar la primera cita y los que sí habían podido hacerlo vieron como los meses de cierre alargaban todavía más el plazo (a menudo de un año) para este primer paso que permite formalizar la solicitud de asilo.

Las renovaciones del permiso de residencia también quedaron en espera. En consecuencia, la Policía Nacional publicó varias instrucciones que prorrogaban automáticamente su validez durante unos meses. Esto no ha hecho sino aumentar la precariedad documental de los solicitantes de asilo: si antes no siempre se entendían las distintas tarjetas de residencia que acompañan a los solicitantes de asilo, con el confinamiento la interpretación de su validez dependió de la lectura atenta de unas instrucciones policiales. Finalmente, la comunicación de las resoluciones también ha sufrido un parón. Sin embargo, no todo es negativo en términos de protección: esto ha dado un tiempo de prórroga a aquellos (la mayoría) cuyas solicitudes de asilo iban a ser denegadas.

Es importante recordar que cualquier limitación de los criterios para acceder al programa de acogida puede representar un aumento de los solicitantes de asilo que se encuentran en situación de calle y, en los casos más vulnerables, a cargo de los servicios sociales de las administraciones locales.

En cuanto al impacto de la pandemia en la acogida, todo depende de si los solicitantes de asilo estaban dentro o fuera de los programas de recepción. Para los que habían accedido al sistema estatal o programas paralelos, la pandemia les confinó (como al resto de ciudadanos) en sus respectivos recursos de acogida o viviendas. Durante el estado de alarma, si bien vieron reducidos los servicios de acompañamiento (asistencia social y psicológica y cursos de lengua e inserción laboral), los meses transcurridos no contabilizaron en los tiempos de duración de cada una de las fases de acogida. Así que, en cierta manera ganaron tiempo.

Para los que estaban fuera de los programas, ya sea porque todavía no habían entrado, habían renunciado a entrar o ya habían salido, la pandemia no hizo sino agudizar casi de forma inmediata su extrema precariedad. En estos casos, ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos así como la labor de acompañamiento de algunos ayuntamientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales, asociaciones de compatriotas, activistas y las propias entidades sociales. Sin ellos, seguramente el grado de precariedad hubiera sido para muchos insoportable.

Si miramos hacia delante, en el nuevo contexto de pandemia o pospandemia, quedan tres interrogantes importantes por resolver. El primero tiene que ver con qué pasará cuando se abran las fronteras: ¿volveremos al mismo número de solicitudes de asilo de antes de la pandemia? Es muy posible que así sea dado que el cierre de fronteras no ha representado sino un parón más en vidas que, en muchos casos, ya estaban en camino.

La segunda cuestión está relacionada con los procedimientos de asilo. Cuando se reactive el engranaje de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y de la Comisión Interministerial, es de esperar un alud de denegaciones como consecuencia de todos los expedientes resueltos por los funcionarios en estos meses de teletrabajo. ¿Qué pasará con todos aquellos solicitantes de asilo –muchos de ellos de origen colombiano– que se encuentren de un día para otro sin papeles y, por lo tanto, sin acceso a aquellos programas de acogida que los han estado sustentando en estos primeros meses de pandemia? Queda también por ver hasta qué punto los nuevos protocolos de distanciamiento no alargarán todavía más unos plazos (por ejemplo, para la primera cita) que antes de la pandemia estaban siendo ya terrible- mente largos.

La tercera y última cuestión por resolver es cómo va a proseguir el programa de acogida. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo titánico de multiplicación de plazas. Ahora bien, es importante recordar que cualquier limitación de los criterios para acceder al programa de acogida puede representar un aumento de los solicitantes de asilo que se encuentran en situación de calle y, en los casos más vulnerables, a cargo de los servicios sociales de las administraciones locales.

No es un aviso baladí: según nuestro estudio sobre las condiciones de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo en Cataluña, el 26,6% de los 300 encuestados habían dormido en la calle alguna vez desde su llegada a España. Lejos de reducirse, el problema parece ir en aumento: entre aquellos que en 2019 llevaban menos de un año, este porcentaje subía al 32,8%. Esto, que de por sí ya es grave, se hace más problemático si cabe en un contexto de pandemia.

En cuanto al sistema de acogida, queda también por ver cómo serediseña su gobernanza. Esto implica, por un lado, tener en cuenta cómo se llevará a cabo la descentralización del sistema de acogida con la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, tal y como exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ M 369/2018). Por otro lado, queda también pendiente definir cuál será el papel de las entidades sociales, que en los últimos años han cargado con todo el peso del aumento de plazas, y hasta qué punto va a haber una mayor “implicación del Estado” tal y como anunciaba el ministro de Inclusión, Seguridad So- cial y Migraciones, José Luís Escrivá, en marzo de 2020.

Con todos estos interrogantes abiertos, lo que sí nos ha enseñado el contexto actual de pandemia es que cualquier política de salud pública o política social que quiera ser eficiente necesita la inclusión del conjunto de la población. Situaciones de hacinamiento, exclusión residencial o precariedad laboral no solo atentan contra los derechos de aquellos que las sufren sino que minan cualquier política que quiera reducir focos epidémicos o poner las bases para la convivencia social en contextos de crisis económica severa. Es por todo esto que es más necesario que nunca trabajar para garantizar las condiciones de vida de los solicitantes de asilo y también de aquellos que en breve, cuando vean sus solicitudes denegadas, dejarán de serlo.

*Esta opinión se ha escrito en el marco del proyecto cofinanciado por el fondo FAMI de la Unión Europea NIEM - 'National Integration Evaluation System. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection' y teniendo en cuenta también la investigación realizada para el proyecto 'Casa nostra, casa vostra? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya', financiado por la convocatoria RecerCaixa de la Fundació la Caixa. Agradezco a Anna Figueras de CEAR-CCAR la información proporcionada para la redacción de esta opinión.