El juego y las apuestas son una de las formas de ocio más antiguas del ser humano, pero sus efectos pueden resultar perjudiciales tanto para las personas que las practican como para su entorno, ya que pueden derivar en una fuerte adicción y, en consecuencia, en graves problemas económicos, laborales, sociales y familiares.

Por ello, con motivo de la conmemoración, hoy, del Día Internacional del Juego Responsable, queremos reflexionar sobre los riesgos de esta práctica y la importancia de la prevención de conductas adictivas, máxime teniendo en cuenta que cada vez más jóvenes presentan síntomas de ludopatía.

Es evidente que el juego tiene sus peligros, pero con la protección adecuada esos peligros se mitigan. Desde Castilla-La Mancha hemos querido contribuir a promover el juego responsable en la región y, por este motivo, hemos puesto en marcha la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, que refuerza las políticas destinadas a la sensibilización y concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada de esta actividad y que sitúa a esta Comunidad Autónoma a la vanguardia de España en la materia.

La norma recoge medidas claras y contundentes, como la prohibición general de la publicidad en el sector y el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas entre locales y centros educativos. Además, fija las condiciones que deben cumplir los sistemas de control de acceso automatizado, mediante el registro biométrico de cara o huella.

Desde la entrada en vigor de esta ley hace poco más de un año, la Administración regional ha concentrado sus esfuerzos en cumplir los objetivos que persigue, que pasan por garantizar una mejor ordenación de la industria del juego en la región, para que esta actividad sea moderada y responsable; una mayor inspección y control en el sector; el impulso de políticas de juego responsable, que reduzcan los efectos negativos de su práctica o de su publicidad; y la protección a los colectivos más vulnerables, como las personas con problemas de ludopatía y los menores de edad, a los que, como administración pública, debemos prestar una mayor atención.

El primer paso que hemos dado en este sentido ha sido la creación, el pasado verano, del Observatorio de Juego Responsable, que, configurado como un órgano permanente de la Comisión de Juegos de Castilla-La Mancha, está formado por representantes de los órganos de la Administración regional con competencias en salud pública, infancia y familia, juventud, consumo y educación y por representantes empresariales, sociales y de otras administraciones, además de que puede contar con la participación de personas con experiencia técnica reconocida.

Este órgano, tiene como principal fin proponer todas aquellas políticas públicas encaminadas hacia la prevención y buenas prácticas del juego y entre sus funciones destacan la promoción y elaboración de estudios e informes que analicen el impacto de esta actividad en la sociedad; el fomento de actuaciones dirigidas a la sensibilización, información y difusión de buenas prácticas del juego y la realización de campañas preventivas y educativas, en las que ya estamos trabajando desde el Gobierno regional.

El juego responsable es una tarea que debe implicar a toda la sociedad y, en especial, a los empresarios del sector y a las administraciones públicas, como reguladoras de esta práctica. De ahí que en Castilla-La Mancha hayamos diseñado un marco legal riguroso y exigente, para garantizar una verdadera protección a la ciudadanía castellanomanchega y, en particular, a los colectivos más sensibles. De esta forma, pretendemos dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la población: las repercusiones sociales de esta actividad y sus riesgos para la salud, tratando de corregir los impactos negativos que genera. 

La informática y las tecnologías son una materia prima esencial para impulsar la competitividad y sostenibilidad económica y social, de ahí la importancia de que Castilla-La Mancha esté a la vanguardia en este ámbito, fundamental para la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento en la que vivimos.

Por eso hoy, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Informática, en homenaje a Grace Hooper, una mujer pionera en este sector que nació el 9 de diciembre de 1906, desde el Gobierno autonómico queremos reflexionar acerca de las posibilidades que nos ofrece esta rama de la ciencia, a la hora de dar respuesta a algunos de los principales retos a los que se enfrenta la región, como son la despoblación, la conectividad y la reducción de la brecha digital.

Retos en los que hace especial hincapié la estrategia digital de Castilla-La Mancha, con la que, precisamente, perseguimos avanzar en el proceso de digitalización de la Administración regional, reducir la brecha digital de la ciudadanía y las empresas, hacer frente al reto demográfico y facilitar entornos que permitan que las nuevas tecnologías sean fuente de conocimiento e innovación. Una tarea que sería imposible acometer sin el esfuerzo, el compromiso y la implicación de todo el personal informático que trabaja en la Junta de Comunidades, que ejerce su labor con verdadera vocación de servicio público.

En Castilla-La Mancha consideramos que el mejor activo con el que contamos es nuestra gente. Por eso, desde las administraciones públicas estamos tratando de facilitar que el talento se quede en nuestra tierra: en nuestras empresas, en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación.

Para contribuir a ello, en julio de 2020 pusimos en marcha el Centro Regional de Innovación Digital, con sede en Talavera de la Reina, que se ha convertido en un polo de atracción de empresas del ámbito tecnológico y que, además, ofrece prácticas para estudiantes, en el marco de convenios de colaboración con multinacionales del sector, lo que se suma a la amplia oferta formativa con la que cuentan los jóvenes castellanomanchegos en este ámbito, tanto en educación universitaria como en Formación Profesional.

De esta forma, a la vez que promovemos una formación cada más especializada, fomentamos sinergias entre empresas del sector para sacar el máximo partido a todo el potencial que tiene la Comunidad Autónoma en materia de innovación y conocimiento, aprovechando también la oportunidad que nos dan los fondos europeos de recuperación Next Generation, que tienen la transformación digital como uno de sus principales ejes de actuación y para cuya gestión y coordinación hemos reforzado la contratación de personal cualificado.

Por eso, en el Día Mundial de la Informática, quiero expresar mi agradecimiento y el de todo el Gobierno regional a estos profesionales, en particular a aquellos que realizan su labor diaria en el sector público y que nos ayudan a impulsar la digitalización, a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a generar prosperidad económica.

En la actualidad existen numerosos grupos de intervención perfectamente organizados y preparados para responder ante cualquier situación de emergencia que pueda poner en riesgo colectivo a la ciudadanía y que, coordinados de forma eficaz, actúan para proteger a la población con verdadera vocación de servicio público.

El sistema nacional de Protección Civil es fundamental para ello. Por eso hoy, que conmemora su Día Internacional, desde el Gobierno regional queremos reconocer el trabajo de todos los profesionales implicados en este ámbito de actuación. Esta efeméride, instaurada en 1990 para recordar el inicio de la actividad de la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC) en 1972, busca poner en valor a las distintas organizaciones dedicadas a esta encomiable tarea.

Colaboración, coordinación, solidaridad interterritorial, participación, inclusión y accesibilidad universal son los principios que rigen la organización y el funcionamiento del sistema de Protección Civil, en un entramado cuyo fin primordial es proteger la vida de las personas, sus bienes y el medio ambiente ante situaciones de catástrofe extraordinaria o calamidad pública.

Pero para reducir posibles daños derivados de esas situaciones es necesaria la implantación de medidas que permitan anticiparse a los riesgos, de manera que la prevención es una de sus principales funciones. También es importante ofrecer a la ciudadanía una respuesta lo más rápida posible ante situaciones de emergencia o catástrofe, además de proceder a la recuperación y el restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada.

Es por ello que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos plenamente comprometidos con esa labor preventiva y, junto a otras entidades y administraciones públicas, trabajamos en el establecimiento de planes de Protección Civil y protocolos que tienen la finalidad de garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz en caso de emergencias que puedan poner en peligro la vida de las personas, sus bienes o el medio ambiente. Además, en colaboración con los ayuntamientos y con los diferentes grupos de intervención, organizamos simulacros de forma periódica, que sirven para analizar nuestra capacidad de respuesta y corregir cualquier deficiencia que pueda detectarse en la cadena de actuaciones.

Y es que la coordinación resulta imprescindible ante estas situaciones, como ha quedado demostrado con las diferentes emergencias que se han producido en los últimos años en la región y, muy especialmente, tras el reciente paso de la borrasca ‘Filomena’, que requirió el despliegue de un dispositivo especial para hacer frente a un temporal de nieve y hielo sin precedentes en Castilla-La Mancha.

Es ante escenario y similares cuando se pone en marcha toda la maquinaria y cuando se pueden comprobar los frutos de toda esa labor previa, que permite ejecutar un trabajo coordinado entre las diferentes administraciones públicas implicadas y los múltiples grupos de intervención y que tiene como resultado una disminución de los efectos negativos de esas situaciones catastróficas.

Desde el Gobierno regional nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo realizado por estos profesionales, siempre preparados para intervenir cuando son requeridos, y a los que hoy, en el Día Internacional de la Protección Civil, queremos trasladar nuestra más sincera felicitación por su dedicación y esfuerzo.

El juego forma parte de la historia de la Humanidad, es inherente a nuestra condición humana el hacer algo por el placer de hacerlo y hacerlo libremente, aunque también se afronta el juego introduciendo el elemento del azar y en este caso, es necesario regularlo para que su actividad sea acorde a los criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad entre todos los actores que participan en él.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ante la rápida evolución y expansión del sector del juego, tiene previsto remitir este año a las Cortes regionales el proyecto de Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La Mancha, con el objetivo fundamental de equilibrar los intereses de esta actividad con la necesidad de hacer frente a las externalidades negativas que pueden afectar a los colectivos más vulnerables, especialmente a los menores de edad.

El fomento de la prevención y el juego responsable, por tanto, es uno de los pilares de esta nueva norma. Para ello, vamos a crear un Observatorio del Juego Responsable, para hacer frente a los riesgos que esta actividad puede tener para la salud.

Una protección a los más vulnerables que ha sido una constante para este Gobierno, que ha adoptado varias medidas en ese sentido como ser la primera y única comunidad en firmar un convenio con el Estado para la interconexión de los registros de autoprohibido, para que aquellos ciudadanos que voluntariamente no quieran acceder a los establecimientos de juego, reconociendo que tienen un problema, tengan prohibido el acceso no sólo en el ámbito de la comunidad autónoma, sino en cualquier punto de España; y formar parte del Consejo Asesor de Juego Responsable, el grupo de trabajo constituido por la Administración del Estado para orientar en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de juego responsable a nivel nacional.

Queremos que el sector del juego tenga su espacio en la región, que sea una actividad que fomente la responsabilidad y que proteja a las personas más vulnerables, especialmente a los menores de edad, y, por ello, estoy convencido de que esta nueva ley tendrá el respaldo de todos los actores que forman parte de este sector, así como del conjunto de la sociedad.

Aunque un año más el calendario marca 23 de junio, en mi agenda no aparece el acto de entrega de los Premios a la Excelencia y Calidad de los Servicios Públicos, unos reconocimientos que anualmente hacemos coincidir con esta fecha.

Esta coincidencia tiene su razón de ser en que el 23 de junio es la fecha elegida por las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Administración Pública, una efeméride con la que remarcar los valores del servicio público en la sociedad.

Hoy el respeto a las necesarias medidas preventivas de salud pública impide la entrega de estos galardones instaurados por el Gobierno regional y que este año cumplen su novena edición, pero la aportación de lo público en nuestro país y nuestra región es más indiscutible que nunca.

Este maldito virus se ha llevado a demasiadas personas, nos ha hecho a cada uno de nosotros vivir muchos momentos de preocupación por nuestra gente y nos ha impuesto unas medidas tan restrictivas que nunca hubiéramos imaginado, pero también, como suele suceder cuando los seres humanos nos tenemos que enfrentar a dificultades, nos ha permitido clarificar qué es imprescindible.

Imprescindible ha sido la mano de un enfermero que apretaba la de nuestros familiares en la cama de un hospital cuando nosotros no podíamos hacerlo, los expedientes de regulación temporal de empleo tramitados en los servicios públicos de empleo, los viajes de los conductores del parque móvil para llevar medicamentos a centros sanitarios, la labor de desinfección llevada a cabo por agentes medioambientales y personal de GEACAM, el refuerzo que ha supuesto en los hospitales el personal de limpieza desplazado desde aquellos centros públicos que permanecían cerrados o la vigilancia de nuestras calles por las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar que se cumplían las medidas de confinamiento.

Todas estas actuaciones, esenciales sin lugar a dudas, son servicios públicos, que se prestan gracias a miles y miles de empleados públicos, ya dependan de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales.

Su indiscutible vocación de servicio público ha sido un ejemplo para toda la sociedad, además de suponer un salvoconducto de tranquilidad en instantes de especial incertidumbre.

Han demostrado con hechos lo que es evidente para los que trabajamos a diario con ellos, que es un personal implicado, responsable, proactivo y capaz de adaptarse a los cambios que la sociedad reclama. Una vez más, en esta emergencia sanitaria lo han hecho en un tiempo récord, cumpliendo en muchos casos con sus tareas rutinarias y con otras que no lo eran.

Esa extraordinaria implicación del personal ha servido además para poner en valor lo público reafirmándonos en que, cuando vienen mal dadas, es cuando hay que defenderlo con más empeño. Porque es la apuesta constante y de futuro la que garantiza que haya una sanidad pública potente cuando se necesita o que ninguna alumna o alumno se va a quedar atrás porque no cuenta con los suficientes recursos económicos cuando se hace inevitable impartir una formación a distancia.

Con esta fuerte convicción desde el Gobierno de Emiliano García-Page nos comprometemos a impulsar unos servicios públicos modernos y eficientes, que contribuyan a la cohesión social de Castilla-La Mancha y acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En 2015 nos comprometimos a que no volvería a haber recortes en esta región. Lo hemos cumplido y gracias a ello hemos podido afrontar esta compleja emergencia sanitaria en mejores condiciones. Ahora, una vez más, decimos alto y claro que mantendremos todo lo conseguido en materia de servicios públicos dando, además, todos los pasos al frente que sean necesarios.