“Cada uno valorará lo que es importante”. Ésta es la frase que, según recogen varios medios de comunicación, dijo el alcalde de Donostia, Eneko Goia, cuando se le cuestionó sobre la propuesta de calificar el monumento del Sagrado Corazón, que remata el monte Urgull, “contrario a la memoria democrática”, por su vinculación con el nacional-catolicismo impuesto a sangre y fuego.

Parece que, para el alcalde de Donostia, éste es “un tema menor” y no debe formar parte del debate y de la agenda política pública. Otras cuestiones como el problema de la turistificación, el mercado de La Brecha, las eternas obras del metro o la inaccesibilidad de la vivienda en la ciudad parece que, sin embargo, sí son parte de su agenda. Y pesar de ello, de que al parecer son temas mayores tomados en consideración por el Gobierno municipal, no hemos notado en ningún momento resultado alguno que permita evaluar positivamente su actuación sobre ellos.

Es importante señalar que el Sagrado Corazón no es sólo una estatua de significación religiosa que se impone sobre el resto de 'skyline' de la ciudad. Es mucho más que eso. Es una obra impuesta en su día por el Ayuntamiento afecto al régimen salido de un golpe militar, con el gobernador militar y civil de la época, junto a un obispo fascista.

El objetivo de esta estatua, según consta en las actas del Ayuntamiento de 1939, no deja lugar a dudas. Ni a la desvergüenza: “La iniciativa aspira a perpetuar en una expresión grandiosa al heroico renunciamiento de los Mártires de la Cruzada Nacional, recogiendo al tiempo todo el espíritu fundamentalmente religioso, móvil principal del Alzamiento”.

A nadie le extraña que el actual portavoz del partido fundado por ministros de Franco saliera cuestionando a aquellos que plantean un debate serio sobre semejante agravio a la democracia y a la aconfesionalidad de nuestro sistema jurídico.

Pero sí me ha extrañado que el alcalde de la ciudad, por muy católico que sea, no valore como algo a lo que dar una repensada, y más estando el monumento emplazado en una propiedad municipal. Yo, personalmente, haría un 'Héctor de Miguel', lo dinamitaría y propondría que ese día fuera festivo en la ciudad. También es verdad que en los tiempos en los que tuve una responsabilidad municipal ésta no fue una de mis competencias y tampoco había leído, con el detenimiento merecido, las mencionadas actas de 1939.

En cualquier caso, creo que ya es hora de que los espacios públicos de nuestra ciudad tengan denominaciones merecidas o justificadas no ya por un mínimo de calidad democrática, sino, al menos, por algo que no sea directamente un desprecio expreso a la democracia, como es este caso.

Ya está bien que existan calles y edificios públicos con nombres de cleptómanas y usureras como Isabel II, Victoria Eugenia o María Cristina, o de un papa nazi como Pío XII, por el simple hecho de que hay una comunidad -menguante- de cristianos católicos en la ciudad.

De poco sirve que celebremos anualmente un Festival de Cine y Derechos Humanos, si luego tenemos, por ejemplo, una de las principales calles de la ciudad dedicada a un traficante de esclavos, como es la calle Matía. El ‘bueno’ de Don José Matía Calvo dedicó sus esfuerzos al comercio de migrantes chinos, que sustituyeron en parte a los esclavos de origen africano y que terminaron siendo utilizados como sus predecesores en los principales centros azucareros de Cuba. El asunto lo aborda de forma magistral María del Carmen Córaz, de la Universidad de Cádiz, en el artículo: “Matía, Menchacatorre y Cía. y su participación en el negocio de culíes (1847-1859)”.

Nadie quiere -no es, al menos, lo que yo propongo- borrar el pasado de una ciudad en la que tantos monarcas tuvieron el gusto de asentar sus reales posaderas en verano, para reponerse de los rigores propios de la vida contemplativa de palacio. María Cristina, Victoria Eugenia, Reina Regente... son denominaciones que se encuentran en el puño neurálgico de la ciudad y que cantan loas a su pasado como residencia para solaz de monarquías putrefactas y ociosas que buscaban desapolillarse a la brisa del Cantábrico. A ellos se unían los aristócratas y la corte de meapilas y correveidiles de todo pelaje, que se lanzaban a por los menudillos que pudieran caer.

Una ciudad no sólo tiene que renovar su flota de autobuses y su mobiliario urbano. Una ciudad tiene que ser capaz de renovar sus valores y renombrar o resignificar aquellos espacios que han supuesto valores contrarios a los que la mayoría de la ciudadanía defendemos. Consolidar nombres y espacios sin explicar cuánto mal han realizado o cómo los han justificado, no ayuda, en estos tiempos tan convulsos, a reforzar los valores democráticos.

Así se hizo, en su día, cuando se cambió, por ejemplo, la denominación de la calle Víctor Pradera por la de Easo; o la de Hermanos Iturrino, destacados falangistas, por la de Arrasate. No se trata de bucear ni de reescribir la historia. Sólo hay que ser capaz de adaptarse, de adecentar la denominación y de reconsiderar la presencia de figuras, como la del Sagrado Corazón, que simbolizan lo del entrecomillado de marras, que creo que voy a releer ahora mismo. Me va la marcha.

El filósofo griego Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, trató de explicar, hace más de dos mil años, la realidad del conocimiento mediante alegorías y diálogos. Uno de sus planteamientos más conocido y más interesante es el “Mito de la caverna”, con el que pretendía teorizar sobre la relación entre el mundo físico y el de las ideas.

En síntesis, Platón exponía el caso de un grupo de personas encerradas en una caverna, que obtenían información de lo que sucedía en el exterior de la misma únicamente interpretando las sombras que se proyectaban en las paredes del interior de la cueva. La idea de realidad (de lo físico), para ellos, era sólo la sombra que se dibujaba en las paredes, de forma que el filósofo sostiene que hay engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de lo cierto, de la verdad de las cosas.

Dos mil años antes de que se popularizaran las denominadas “fake news”, Platón ya reflexionaba sobre que nuestra percepción de la realidad fuera, en efecto, un mero reflejo (o sombra) de la misma. La mentira impacta tanto en la vida del ser humano porque está compuesta por aquello que parece evidente desde un punto de vista superficial.

Esta superficialidad es, precisamente, el caldo de cultivo en el que hoy en día proliferan los bulos, las mentiras o las verdades adobadas. Cierto es que tampoco ayudan, para esta búsqueda de la verdad, la tendencia de los responsables políticos a mentir para obtener réditos cortoplacistas, o la actitud de medios de comunicación que, de forma acrítica, se limitan a transmitir lo que los primeros han dicho, sin cuestionarse si están observando una sombra.

Me limitaré a poner un simple ejemplo, con la seguridad de que los ávidos lectores conocerán muchos otros en su entorno. En Gipuzkoa tenemos pendiente una infraestructura ferroviaria desde hace décadas que, sorprendentemente, concita el aplauso unánime de todas las fuerzas políticas: el intercambiador ferroviario en el barrio de Riberas de Loiola.

Esta infraestructura permitiría la conexión de las dos redes ferroviarias -Euskotren (El Topo) y Cercanías (Renfe)- dando servicio a más del 80% de la población del territorio. Durante la última década se ha anunciado su aprobación, su estudio de construcción y la fecha en la que estaría en marcha tantas veces que sólo puede interpretarse como una tomadura de pelo al ciudadano.

Si lo que pretenden con las sombras es echar unas risas a costa de las reacciones que los sucesivos anuncios producen dentro de la cueva, podrían dotar al intercambiador de un amarre para la Nao San Juan, ese barco que iba a ser la bandera y el referente material de la Capitalidad Cultural Europea que asumió Donostia allá por 2016. La nave, aún en 2025, sigue construyéndose en el astillero Albaola de Pasaia. ¡Qué partida de ojete!

En 2018, Arantxa Tapia señaló, como consejera de Infraestructuras, que el tema estaba en la agenda del Gobierno vasco. El mismo Ejecutivo anunció en 2019 una reserva de más de nueve millones para las obras. Ese mismo año, en las elecciones forales de 2019, los candidatos que luego tuvieron responsabilidades políticas directas en la materia, hicieron campaña con ello. En 2020, el alcalde de Donostia Eneko Goia indicó que ese mismo año iba a ser el del impulso definitivo al intercambiador; a eso se une que el grupo del PNV en las Cortes Generales (Madrid) se pavoneó de haber conseguido tres millones para el proyecto. Dos años más tarde, en 2022, nos dicen que han conseguido otros tres millones con el mismo fin. Es todo maravilloso.

En 2021 el Gobierno vasco anunció la elaboración de un «Estudio Informativo de la estación de intercambio de Riberas de Loiola» y en 2022 se informó de la firma de un convenio entre ADIF y ETS para su construcción, a la que más tarde se sumó la propia Diputación Foral de Gipuzkoa. Todo ello, por supuesto, publicitado con pompa a través de decenas de notas de prensa.

Pero el tema sigue. En 2023 el Gobierno vasco licitó el proyecto constructivo y se nos dijo que las obras estarían en marcha para este año 2025, de forma que la infraestructura iba a ser una realidad en 2028. Más tarde, matizan que las obras empezarán en 2026 y finalizarán en 2029 y, por último (por ahora), afirman que el intercambiador estará operativo para 2030.

La experiencia nos dice que, sin lugar a dudas, no será ésa la última fecha, ni el último anuncio sobre esta infraestructura tan esperada y tan apoyada por todos. Lo que sorprende, además de la flexibilidad de los plazos, es lo siguiente: ¿Cómo es posible que una infraestructura que cuenta con un amplio apoyo político se anuncie una y otra vez y no se ejecute, mientras que otras obras mucho más controvertidas (como el Basque Culinary Center II, con un presupuesto de 26 millones), que cuentan también con dinero público, se ejecuten con tanta inmediatez?

Si Platón levantara la cabeza y tuviera la oportunidad de leer todas esas noticias sobre una infraestructura inexistente, pienso que se preguntaría qué tipo de zarzuela de sombras es ésa, quién la orquesta y quién la difunde con tanta alegría para engaño del común de los ciudadanos.

Y no es para menos. Porque, ¿dónde queda la responsabilidad de todos esos responsables institucionales que anuncian, prometen y no realizan? ¿Y la de los medios de comunicación que las difunden? ¿Hasta qué punto hay que tolerar todo este sainete sin gracia en el que parece que tanto los unos como los otros se necesitan para mantener esta dinámica disparatada?

Hoy en día, las redes sociales han contribuido a facilitar la difusión de la información y, en consecuencia, de las mentiras. Ello, junto a la deficiente labor periodística de muchos medios de comunicación, ha contribuido a socializar el mensaje de una extrema derecha que no tiene escrúpulos a la hora de expresar su desprecio por la verdad y por la justicia.

Decía con razón el filósofo alemán Friedrich Nietzsche: “Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”. Es como lo del pastor mentiroso, pero en plan sesudo alemán, lo que aporta indudablemente más rigor a la afirmación. El problema del engaño constante y las medias verdades (ya sea con una estación, con la Ley Mordaza o la venta de armas a Israel) por parte de la alianza mediática-institucional es la propia deslegitimación del sistema.

Hoy resulta cada vez más difícil discernir entre las sombras y la realidad. Es urgente, por lo tanto, que reaccionemos antes de que lo que hoy son sombras se constituyan en una suerte de Reino de las Tinieblas. Y eso, otra monarquía, es lo que nos faltaba. 

La imposibilidad o la dificultad generalizada de acceder a una vivienda es un tema que se ha situado en el centro de la agenda política para los próximos años. Y no es que anteriormente no fuera un problema de gran envergadura que también requiriera una intervención pública audaz. El asunto es que el disparate ha evolucionando vertiginosamente hasta el dramatismo, poniendo en evidencia el clamoroso fracaso colectivo de las políticas llevadas a cabo en torno a la vivienda por el conjunto de las instituciones públicas de este país.

Es cierto que en política hay decisiones que pueden tener un efecto inmediato, mientras que otras precisan acompañarse de medidas que hagan cambiar el rumbo de lo realizado hasta entonces, y que no necesariamente tienen un efecto inmediato. Se trata de evaluar la eficacia y la ineficacia de las políticas públicas sobre esta materia. En este sentido, es del todo recomendable el capítulo de Podcast de “Un tema al día”, dirigido por Juanlu Sánchez en este mismo medio, “Vivienda: crítica y autocrítica en un callejón sin salida”.

En este trabajo se analizan aquellas medidas que, lejos de mejorar la accesibilidad de la vivienda, fueron un impulso para su inaccesibilidad. En concreto, explica que las ayudas públicas directas al alquiler supusieron un aumento de los precios por parte de los propietarios. Es como cuando el Gobierno rebaja el IVA del aceite de oliva y consigue, inmediatamente, que se beneficie la cadena de supermercados de turno al incrementar el precio del aceite en idéntica cuantía.

Si las ayudas directas al alquiler hubieran servido siquiera para ganar tiempo mientras otras políticas de intervención hacían su efecto, la ocurrencia tendría un pase. Pero es que parece que esto –las iniciativas de mayor calado que precisan más tiempo para su implantación- ni ha estado ni está en la agenda del Gobierno, y es un hecho muy preocupante porque el de la vivienda es un tema sangrante.

Entre mis múltiples perversiones figura la lectura de ensayos y documentos sobre las más variadas temáticas. Me puede la curiosidad. El otro día –no me pregunten cómo-, cayó en mis manos uno que hacía referencia al “efecto Dunning-Kruger” y me fascinó.

Resulta que los psicólogos David Dunning y Justin Kruger fueron los primeros en describir una distorsión cognitiva (el efecto que lleva los apellidos de ambos) por la cual una persona poco hábil en una tarea consigue sobreestimar sus propias capacidades sobre la misma. Un ejercicio de cuñadismo de tomo y lomo, vamos: personas incompetentes que tienden a sobreestimar sus limitadas capacidades de manera pronunciada. Qué cosas tiene la psicología social.

El tema viene al caso porque durante demasiado tiempo ha habido responsables políticos que, bien sea por arrogancia, por ignorancia o por mal asesoramiento, se han dirigido a la sociedad con una cuestionable autosuficiencia, haciendo ver que sabían lo que decían y que lo que promovían era la solución al problema de la vivienda. Eso sí, sin tocar los cimientos de lo que ha todas luces ha supuesto un negocio para unos pocos y un quebradero económico y vital para muchos. Y aquí estamos, con un panorama desolador.

La actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido capaz de apelar, sin ruborizarse, a la buena voluntad de los caseros para que abaraten el alquiler y hagan más accesible la vivienda. Es que parece de chiste si no fuera un drama. Me ha recordado a la que fuera ministra de trabajo con el PP, Fátima Bañez, cuando agredeció en 2012 la mediación de la Virgen del Rocío para salir de la crisis.

El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora políticamente defenestrado, fue más prosaico el reconocer que el derecho a la vivienda tiene un límite y que se esfuma debido a que una casa “también es un bien de mercado”. Quizá el problema es, precisamente, que sea “un bien de mercado”, ¿no?. No hay que ir muy lejos para ver ejemplos donde la vivienda es un bien regulado desde lo público.

La capital de Austria, Viena, ofrece más de 400.000 viviendas en alquiler a precios asequibles de verdad, muy lejos, sin duda alguna, de los 2.700 euros mensuales por los que consiguieron, presuntamente, un piso en alquiler para la pareja de Ábalos. El actual consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha declarado solemnemente que “necesitamos recuperar las viviendas para vivir”. Como declaración de intenciones no suena mal, pero no hay ni concreción ni una línea de políticas audaces.

Hay cosas que no dejan de sorprenderle a uno. Itxaso creó un premio a la Innovación Turística cuando fue diputado foral de Turismo entre 2015 y 2019 y distinguió con el mismo a Aparture (Asociacion de Apartamentos Turísticos de Euskadi). Es decir, el mayor 'lobby' de la no regulación del mercado de la vivienda, premiado y glorificado hace unos años por el actual consejero de Vivienda del Gobierno vasco.

En aquel momento –en 2018- Denis Itxaso presumía de que sólo en Donostia Aparture representaba 1.200 viviendas destinadas al turismo, y se refería a la asociación premiada “como factor de modernización económica e innovación y como plataforma de imagen de Gipuzkoa”. De aquellos polvos, estos lodos. Supongo que el consejero socialista reconocerá hoy que 1.200 viviendas destinadadas al alquiler turístico no son “viviendas para vivir”.

Aún hay más. El mes pasado, en este mismo diario, Itxaso afirmó sin despeinarse que “Ya no es posible alquilar un piso por menos de 600 euros en Donostia”. ¿Quiere hacer creer que hace poco existían pisos a ese precio, cuando todos sabemos que es falso? ¿Pero en qué mundo ha vivido todos estos años quien ahora está llamado a afrontar el reto de la vivienda en Euskadi desde el Gobierno vasco?.

Luego, cuando se pretende legislar a nivel estatal para impedir la venta libre de las viviendas protegidas (construidas con el dinero de todas y todos), Itxaso saca pecho porque esto ya no es posible en el País Vasco, pero olvida señalar que se hizo en 2003, en tiempos de Javier Madrazo (Ezker Batua-IU) como consejero vasco de Vivienda.

Entre apelaciones a la Virgen del Rocío, a la voluntad de los caseros y la formulación de frases molonas uno ya no sabe qué pensar, pero los responsables en esta materia deberían centrarse en hacer algo que funcione, al menos a medio-largo plazo, aunque esto suponga pelearse con constructoras, grandes poseedores de viviendas y fondos de inversión. Parece mentira que haya que recordar periódicamente que el derecho a la vivienda está recogido en la propia Constitución de 1978, ésa que no se cumple y que tantos observan como un marco inamovible de supuesta concordia.

Por el momento, el debaje público abierto sobre esta cuestión pone de manifiesto cierto consenso en torno a que el problema de la vivienda no lo arregla el mercado. Ahora sólo falta alcanzar amplios acuerdos que concreten cómo regular este bien y poner medidas concretas más allá de financiar parte del alquiler hasta que tengas 35 años. Palabra de Dunning. ¿O era Kruger?

Resulta curioso que a los adalides de la supuesta “igualdad entre españoles” nunca les genere ninguna zozobra interior constatar las desigualdades sociales y económicas que se dan entre ellos, en un ámbito más cercano. Sucede que el nacionalismo español tiene esa virtud: crea la ficción de que los derechos nacionales de los pueblos que lo integran suponen necesariamente un agravio para ellos.

Así, que el rico de un pueblo de Badajoz chulee impuestos a la hacienda pública o que el gasto público sea regresivo y no ayude a superar las desiguales de tu región, no genera ni una mínima parte del debate que sí desata el hecho de que los catalanes o los vascos consigan mayor autonomía para la gestión de sus recursos.

Con el nacionalismo ocurre lo que, de forma metafórica, expresó hace 2.000 años un escritor de ficción al afirmar, bíblicamente, que tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. De esta forma, lo identitario, lo excluyente, lo ajeno a la multiculturalidad es lo de los demás. En cambio, la identidad propia es la natural, la obvia y la que se debería de entender y asimilar casi sin explicar. Por eso, el debate territorial en España nunca se solucionará sin un mínimo de empatía y sin un claro reconocimiento de que los conflictos políticos se solucionan con grandes dosis de diálogo y poniéndonos en el lugar del otro, aunque salte a la vista el pedazo de paja que tiene en el ojo el de enfrente.

El nacionalismo español es un fenómeno latente que florece, como los cerezos del Valle del Jerte, lleno de pompa en momentos precisos, periódicos y puntuales: El fútbol, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos o, incluso, Eurovisión suelen ser momentos propicios para que se manifieste este fenómeno bicolor.

Este verano, con la Eurocopa, han pretendido hacernos chapotear en el discurso de que el futbolista ha de ceñirse al fútbol, sin mezclar, al parecer, este innoble deporte con la exquisitez de la política. O viceversa. Sin embargo, celebro que salieran a la palestra futbolistas, como un tal Mbappé, que negaran tal afirmación –defendida por compañeros suyos de profesión, de tono de piel más claro, normalmente-, lo que hizo que me sintiera un poco más arropado en mi padecer: mi mente enferma es proclive a detectar, en el fervor patrio futbolero, operaciones de marketing cuyo objetivo es apuntalar y ensalzar el nacionalismo español y sus más rancias estructuras.

Decía la feminista estadounidense Carol Hanisch que “lo personal es político”. Y creo, humildemente, que está en lo cierto y que, de alguna manera, es de lo que expresó Mbappé cuando llamó a la participación electoral en Francia para frenar la amenaza que representaba el auge de la ultraderecha para los derechos de las personas: todo es política, aunque la política no lo sea todo.

La cosa es que el devenir de la Eurocopa trajo consigo un episodio sociológico que, francamente, no vi venir: el esfuerzo denodado de la “progresía” del país explicándonos lo orgullosos que estaban de lo multicultural que era la selección española de fútbol. Era como si nos trataran de convencer, a los que no compartimos esa pasión, de que si no fuera “tan multicultural”, no serían tan felices por las gestas de su selección. En fin. Será, otra vez, lo de la paja.

La celebración de la consecución del campeonato por parte de España clarificó el escenario de sopetón. Los hitos futboleros dieron paso a algo más parecido a un akelarre de extrema derecha que a una celebración deportiva, con su caspa y sus reivindicaciones gibraltareñas y todo. Al salseo futbolero se unió la Casa Real de los Borbones –los que sí podrían explicar algo de la cesión de Gibraltar-, que, con la familia al completo, decidió ser partícipe directa de las gestas de la selección. A gastos pagados, claro, que hay que guardar las tradiciones. No hace falta hacer un gran ejercicio intelectual para comprender que ellos saben perfectamente que no se trataba sólo de deporte, sino más bien de política.

El pasado 15 de julio leí un artículo titulado “El ‘Bribón’ de Juan Carlos sigue siendo rey y gana”, a cuenta de una regata de la que salió triunfal en su Sanxenxo de adopción. La lectura me hizo recordar lo fácil que nos han hecho olvidar que el rey emérito también solía celebrar campechanamente los éxitos deportivos de España. Y lo hacía al mismo tiempo que cobraba comisiones millonarias en cuentas del extranjero.

Ese proceder del rey emérito nunca soliviantó a los defensores de “la igualdad entre los españoles”. Esa auténtica “excepción ibérica” siempre ha sido aceptada con naturalidad. La realidad es que nunca ha sido necesario tramitar ninguna ley de amnistía para poderlo ver en regatas y restaurantes. Nunca hemos visto grandes manifestaciones en la capital del reino reclamando “igualdad de trato” entre todos los españoles, aunque sea para reclamar el mismo trato judicial que tienen los Borbones.  

El nacionalismo vasco puede que tenga -y tiene- rasgos de exaltación y orgullo de la identidad nacional que lo caracterizan. Puede, incluso, tener elementos excluyentes que no son compartidos por el conjunto de la población que habita en las tierras vascas. Pero resulta curioso que aquellos que ven con “naturalidad” que los doce de octubre se realicen desfiles castrenses, con cabra incluida y vivas al rey, tengan el arrojo de señalar y reprochar “a los demás” rasgos identitarios, excluyentes y etnicistas. Los del “Día de la raza”, oigan.

Capítulo aparte merecen quienes, desde la desorientación, desde lo enigmático o desde la mera ceguera, se autodefinen de izquierdas y, sin haber levantado la voz ante lo de la cabra, lo de la raza o lo del Bribón, tienen los arrestos de acusar a los demás de “distraerse” con “cuestiones identitarias” que no preocupan al pueblo. Tiene que ser, de nuevo, lo de la viga en el ojo propio, porque la paja en el ojo ajeno... eso está feo.

Hace unos 25 años tuve la oportunidad de trabajar, un par de años, en una librería en la capital de Escocia, Edimburgo. La experiencia laboral fue extremadamente intensa e interesante. Trabajar en la venta de libros en un idioma que no dominas completamente y en un país con referencias culturales diferentes es un reto que sólo se asume desde la inconsciencia y arrojo de la juventud. Esa misma inconsciencia que te permite experimentar, aprender y valorar la vida como un conjunto de oportunidades únicas.

Como en cualquier librería, en el periodo previo al inicio de curso, los libros de texto se amontonaban en función del curso académico, las asignaturas o el colegio. Entre los diferentes libros de texto uno me llamó la atención. Estos libros se vendían por encargo previo, por lo que encargué una copia de este para poder ojearlo, leerlo y aprender lo que en él se enseñaba. No recuerdo bien para qué curso era el libro, pero tengo la sensación de que estaba dirigido a estudiantes de secundaria o de bachillerato. Era el típico libro de texto que para su mejor comprensión utilizaba gráficos, fotos y dibujos a todo color.

El libro y la asignatura en cuestión era 'The Struggle for Peace in Northern Ireland' ('La lucha por la paz en Irlanda del Norte'). El mero hecho de que en el sistema educativo escocés existiera un libro de texto en el que se analizaban el conflicto norirlandés, sus orígenes, las causas, las horribles consecuencias y su lucha para conseguir la paz, me parecía suficientemente estimulante como para pedir una copia para su lectura. Eso unido al “morbo” o interés que me generaba ver cómo de imparcial podía ser un libro de texto en el Reino Unido explicando un tema tan complejo, con tantas víctimas y con episodios tan oscuros de su historia reciente. El denominado Acuerdo de Viernes Santo era de muy pocos años atrás y las tensiones no estaban del todo resueltas, por eso me parecía tan valiente hacer un libro sobre este tema.

¿Se podía hacer un libro de texto para la escuela sobre este delicado tema, sin que fuera polémico?, ¿se podía estudiar en las escuelas, en términos académicos sin que se les acusara de “equidistante”? Evidentemente, las autoridades educativas pensaron que este era un tema que el alumnado de las escuelas debía saber, como parte de la historia del Reino Unido. El caso me parecía especialmente sorprendente porque hay comunidades católicas y protestantes muy importantes tanto en Glasgow como en Edimburgo.

En aquel momento, hace 25 años, me pareció un libro fabuloso, bien explicado, ecuánime, que no evitaba los episodios más negros y explicaba el contexto político y social que generó tanto sufrimiento. Me quedé gratamente sorprendido por el nivel de madurez de una sociedad que creía necesario que un tema tan delicado como el conflicto norirlandés se estudiase en las aulas. Hace poco tiempo tuve el interés de volver a leer este libro de texto. Una segunda lectura años más tarde podía ofrecerme una perspectiva diferente y, seguramente, más completa de su contenido.

La realidad es que, hoy en día, me sigue impresionando la madurez y calidad objetiva que refleja esta obra, máxime teniendo en cuenta que se trataba de material escolar. A eso se une el hecho de tener un hijo que ya está en la educación secundaria. Pienso que debería tener un libro de texto que explicara qué ha pasado en el País Vasco durante los últimos 100 años, con el mismo rigor que los escoceses estudian el conflicto norirlandés. Un conflicto vasco no menos sangriento y no menos doloroso.

A mi modo de ver, este libro es una referencia de lo que el sistema educativo vasco debería ser capaz de transmitir a las generaciones venideras. Se trata de una obra capaz de explicar la historia, el contexto y las múltiples vulneraciones de Derechos Humanos. Por supuesto la de ETA, sus asesinatos y extorsiones, pero sin olvidar la dictadura, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y el papel del aparato del Estado. Una obra que vaya más allá de los testimonios, siempre necesarios, de víctimas de terrorismo y de la violencia, que se puedan escuchar en las aulas.

De esto va el libro 'The Struggle for Peace in Northern Ireland' y me temo que aquí no somos capaces, desde la educación reglada, de realizar ese ejercicio de síntesis académica. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) tiene documentales de gran interés, una línea de subvenciones, reportajes, material escolar y entrevistas en su web que son un material de interés en las aulas, pero no tenemos un libro de texto dentro del currículum académico que explica su conjunto.

En el resto del Estado, la situación resulta más preocupante. Para empezar porque es el propio Ministerio de Interior quien impulsa el análisis académico de lo ocurrido a través de un programa denominado 'Memoria y prevención del terrorismo' con unidades didácticas. No parece que el Ministerio de Interior sea el organismo más adecuado para esto, cuando ha habido muchos miembros de este organismo (incluidos ministros y secretarios de Estado) implicados en capítulos muy oscuros.

En el Estado español, el terrorismo, las víctimas, sus consecuencias y todas sus variables se convierten en un instrumento mediático para dar un impulso a las encuestas en periodos electorales. Ello sólo refleja cierta inmadurez de algunos políticos sobre un tema tan delicado.

Me temo que el sistema educativo no es más que el reflejo de las fortalezas y de las debilidades de nuestro sistema institucional-político y me atrevería a decir que de la propia cultura democrática que tenemos. El texto escocés 'La lucha por la paz en Irlanda del Norte' que descubrí hace más de dos décadas demuestra el interés por acercarse a un terrible conflicto de la manera más objetiva posible, esto es, desde una contextualización histórica para explicar su origen y desde el rigor a la hora de analizar su desarrollo y desenlace. Esto conlleva la comprensión y explicación histórica sobre la actuación de todos los actores en el conflicto. Este rigor busca acercarse a la verdad, siempre inalcanzable pero también siempre perseguible como último objetivo. En los tres conceptos claves para construir una memoria histórica digna —verdad, justicia y reparación—, es la verdad la que conduce hacia la justicia y la reparación, aunque sean simbólicas.

Creo que estamos muy lejos de conseguir ese rigor que observé en este libro escocés. Es un problema de actitud valiente y honesta. 'La lucha por la paz en Irlanda del Norte' vio la luz un año después de los Acuerdos de Viernes Santo. Aquí, ETA se disolvió hace más de una década y su sombra sigue emergiendo con claros objetivos electoralistas.

Por ello, quizá sea muy naif por mi parte pretender tener en las escuelas un libro que ayude a comprender nuestra reciente historia, por muy cruda que sea. Quizás sea muy pretencioso por mi parte que dejemos de utilizar el dolor de lo ocurrido, con el único fin de sacar la cabeza a las puertas de cada proceso electoral. A ver si lo conseguimos para el próximo ciclo electoral, porque es una asignatura pendiente troncal para nuestra sociedad.

No está resultando una campaña electoral interesante, precisamente, en términos propositivos, sino más bien bastante sosa. Nadie desliza ninguna propuesta estrella -el papel lo soporta todo-, y ello nos priva, en el presente, de la chanza y del chascarrillo; y en el futuro, de una eventual frustración. Se supone que esto forma parte de la normalidad democrática a la que aspirábamos, incluido el cuestionamiento de la tradicional hegemonía del PNV.

Nuevamente, con lo que más estoy disfrutando durante la campaña es con los sondeos demoscópicos así como con las interpretaciones que hacen de ellos los partidos políticos en liza. Estos días, más allá de eslóganes y de frases de campaña, hemos tenido la oportunidad de descubrir, al menos, dos cosas. La primera es que todos y todas las candidatas son, al parecer, del Athletic, lo cual no sé si es necesariamente positivo. Y la segunda es que todas y todos ellos son antropológicamente optimistas ante unas encuestas que, en cuestión de horas, serán papel mojado.

La experiencia y la historia nos demuestra que el carisma no es un requisito para obtener un buen resultado en los comicios autonómicos de Euskadi. El actual lehendakari es un buen ejemplo de ello, y el siguiente tampoco parece que será la alegría de la huerta. En los debates que hemos podido ver, los dos principales candidatos se han limitado a transmitir su mensaje, con más o menos fluidez, pero sin ningún aporte adicional y sin cruzarlo con el del adversario.

Decía Talleyrand, uno de los políticos más influyentes del siglo XVIII y XIX en Europa, que “el arte de la persuasión consiste en saber ignorar lo que no se puede negar”. Me temo que los partidos responsables del Gobierno vasco -PNV y PSE-EE- no pueden obviar algunas cuestiones como el acceso a la vivienda, la situación de Osakidetza o de la educación pública, entre otras.

Así es como el PNV se ha desdicho de lo afirmado en las últimas legislaturas, ha tenido que tragarse el sapo y meter en su agenda electoral la necesidad de corregir un deterioro de Osakidetza que sólo era invisible a ojos del Gobierno vasco. Asimismo, hemos visto al hiperventilado conductor de la Enekoneta prometiendo tarifas de transporte público gratuitas para menores de 26 años. La propuesta podría ser una ‘ideaca’ para un ingenuo y desinformado ciudadano, pero resulta que los socialistas han gestionado, durante años, no sólo ese área del Gobierno vasco, sino también las de las tres diputaciones forales y la del Gobierno central. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Serán virtudes de las campañas.

Da la impresión de que el PNV tiene la maquinaria electoral un poco oxidada y que no termina de conectar con la sociedad como lo hacía antes, pero nunca hay que minusvalorar la capacidad de los 'jeltzales' de movilizar el voto, en principio a su favor. Y digo 'en principio', porque en una evidente muestra de debilidad y de nerviosismo, el partido de Ortuzar trata de atraer votantes adoptando el “O yo o el caos” que propuso el general De Gaulle en plena crisis de la IV República francesa. Se ve que han actualizado los criterios de búsqueda del voto y los han aproximado a modelos propagandísticos contemporáneos, como el de Donald Trump o el de Isabel Díaz Ayuso.

Sólo así se entiende que la campaña de Imanol Pradales esté tan centrada en su obsesión con EH Bildu y en vocear “que viene el lobo”. Y que tenga, en la misma campaña en la que dice asumir que hay que reflotar Osakidetza, un arrebato de sinceridad y coherencia política para arremeter contra los impuestos y para renegar de ‘lo público’.

No debe de ser fácil ser el candidato del PNV que ha desplazado al actual lehendakari y que propone actuaciones que prometen corregir la realidad heredada de Urkullu, de quien le diferencia, según sus propias palabras, que a él (Pradales) le preocupa Osakidetza. Así las cosas, Pradales se presentó al debate de ETB metido en el papel de profesor de Primaria que trata de tranquilizar a unos padres apesadumbrados por los malos resultados académicos del hijo. Papeleta, sin duda.

EH Bildu, por su parte, sigue empeñada, sobre todo, en no molestar a nadie, a ningún potencial votante. Esto, en términos puramente estratégicos, puede ser acertado para sortear el ruido generado por la cantinela del adversario, que sigue con su “que viene el lobo”, pero también es un recurso con muchas fallas. No alzar la voz, no profundizar suficientemente en la concreción de las propuestas o recurrir genéricamente a “ilusionar” o a “mejorar”, “avanzar”, “analizar”, “impulsar”, “activar” o “reflexionar” puede dibujar, ante el electorado, un escenario demasiado difuso.

No obstante, no hay ninguna duda de que Pello Otxandiano asume en estas elecciones el papel de protagonista, tanto por que es quien puede descabalgar del poder al PNV, como por que es la propia formación de Ortuzar quien le está otorgando el protagonismo. Y eso mismo le permitió asistir al debate de ETB como quien acude al ágora de Atenas a disertar sobre teoría política y/o política comparada.

En las antípodas de este rol se encuentra el asumido por el socialista Eneko Andueza, quien parece haber renunciado a asumir papel alguno en esta película electoral y se conforma con un cameo, como hacían los famosos en la saga Torrente. Gracias a su empecinamiento con no pactar jamás con EH Bildu, ha conseguido que todo el mundo dé por descontado el apoyo acrítico del PSE-EE al PNV, a cambio de unos puestos en el Consejo de Gobierno.

Sorprende, en este sentido, que el PSE-EE eligiera como eslogan de campaña “Vota al que decide”, cuando la realidad es que, en el día a día electoral, explicitan su apoyo al PNV. Parece, francamente, una invitación a elegir entre el original o la fotocopia, que es el papel al que se ha acomodado el PSE-EE.

Sobre el dúo Podemos y Sumar, poco se puede añadir, más allá de reconocer que sus candidatas se desenvolvieron satisfactoriamente en el debate de ETB. Bastante tienen con resolver los papeles del divorcio como para pretender que asuman otro rol de reparto, por lo que ya tiene mérito el esfuerzo que ambas candidaturas están realizando por salir indemnes de la campaña. No obstante, uno no termina de saber si el objetivo es ganar votos o, simplemente, sacar más que la otra candidatura con la que en otros tiempos fueron unidas. Mi deseo es que después de la batalla electoral quede vivo algún mando con capacidad para firmar la paz, pero mucho me temo que eso no va a pasar.

Finalmente, el PP acude a los comicios vascos como quien se detiene en una estación de paso en su ansiado viaje hacia la recuperación de La Moncloa. Ahora bien, la película podría deparar a los 'populares' un papel de protagonista tapado: si la correlación de fuerzas hace del PP una fuerza necesaria en el Parlamento Vasco, no tengan dudas del que los de Javier de Andrés anotarán esto como parte del 'debe' del PNV hacia ellos -junto con Durango y la Diputación Foral de Gipuzkoa- y le darán su apoyo a Pradales en una eventual investidura. En tal caso, la pregunta es: ¿Qué papelón jugaría entonces el PSE-EE?

La convocatoria de las elecciones autonómicas vascas para el próximo 21 de abril y el panorama que se dibuja en Euskadi me ha hecho recordar una de esas célebres citas del ex primer ministro del Reino Unido Winston Churchill: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Pues bien. Creo que un estadista nos vendría de perlas.

Pese a que los politólogos -al igual que sociólogos y economistas- somos más habilidosos interpretando y analizando lo que ya ha sucedido que tratando de vaticinar lo que sucederá mañana, parece que hay indicios razonables que apuntan a que estos comicios pueden suponer, ciertamente, un punto de inflexión en nuestra historia reciente.

El pistoletazo oficioso al inicio de la campaña electoral lo dio el PNV al anunciar un cambio de candidato -Imanol Pradales por Iñigo Urkullu-, noticia que fue torpemente gestionada y administrada por un partido, el de Andoni Ortuzar, que presenta síntomas de agotamiento y de distanciamiento de la realidad social.

Por mucho que durante la campaña se empeñen en comparar la retirada de Urkullu con la del patricio romano Cincinato, lo cierto es que no tienen nada que ver. Cincinato había abandonado la política y se dedicaba a la agricultura cuando fue llamado por el Senado para otorgarle poder absoluto con el objetivo de sacar a Roma de un atolladero militar. Cumplida su misión, renunció a todos los honores y retornó a su retiro agrícola.

A diferencia del apoyo unánime con que contó Cincinato por parte del Senado romano, la nefasta gestión de la sustitución de Urkullu trasluce, por un lado, la existencia de intrigas en el seno del PNV; y, por otro, un cuestionamiento de la labor realizada al frente del Gobierno vasco por el actual lehendakari. Es posible, además, que algún estudio demoscópico interno haya animado a Ortuzar a darle el sorpresivo empujón a Urkullu.

Por primera vez, parece que se resiente la tradicional hegemonía electoral del PNV en Euskadi. El tambaleo está provocando nerviosismo en las filas 'jeltzales', cuya reacción está siendo obsesionarse, de manera enfermiza, con con la única formación que realmente puede poner en cuestión su liderazgo: EH Bildu. Seguramente, en Euskadi se esté caminando hacia un bipartidismo sin mayorías absolutas, lo que recrudece el enfrentamiento entre las dos fuerzas principales. Cosas de la normalización democrática de la política vasca.

Sea como fuere, el PNV llega a estas elecciones con uno de sus grandes activos muy desgastado. El 'activo' de la buena gestión que siempre había vendido la formación de Ortuzar ha quedado en entredicho ante una ciudadanía que, en su día a día, ha padecido el deterioro de Osakidetza; ha asistido con indignación y perplejidad al macarrismo de ciertas actuaciones de la Ertzaintza; y se ha admirado con el polifacetismo de amigotes del partido, que valen lo mismo para un roto que para un descosido.

El caso más paradigmático de versatilidad lo encarna Jonan Fernández, un tipo amable que ha llevado el concepto de ‘hombre del Renacimiento’ a la categoría de meme. Desde 2013 ha servido al lehendakari del PNV como secretario general para la Paz y la Convivencia, como secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, como mero asesor; o como secretario general de Transición Social y Agenda 2030. Dirige las políticas de juventud y reto demográfico del país e, incluso, fue el coordinador de las políticas autonómicas contra la pandemia de la COVID-19 y ejerció de portavoz en esta materia, ensombreciendo a la consejera del ramo. Fascina y acompleja a partes iguales.

Aun siendo un perfil digno de estudio, lo cierto es que este polifacetismo pone de manifiesto una manera de hacer las cosas por parte del PNV, que prioriza el amiguismo sobre el interés público. De hecho, es posible que el caso no pasara de chascarrillo si no fuera por que el deterioro de los servicios públicos es evidente.

Tan es así, que el propio candidato del PNV, Imanol Pradales, promete ahora mejorar Osakidetza cuando durante esta legislatura de Urkullu han estado defendiendo a capa y espada que no hay recortes en el sistema público vasco de salud, que todo funciona bien y que sólo se trata de interioricemos un cambio cultural en nuestra relación con el sistema sanitario.

Ahora Pradales nos promete atención primara en los ambulatorios de Osakidetza en 48 horas, cuando hoy en día eso es imposible hasta en atención telefónica. Más allá de la escasa credibilidad que tiene esta propuesta viniendo del PNV -¿por qué no lo ha hecho hasta ahora?-, me gustaría haber visto la cara de Urkullu o de la consejera Gotzone Sagardui al escucharla.

Por su parte, EH Bildu llega a los comicios con una trayectoria electoral ascendente y como única alternativa real al modelo actual. Su candidato, Pello Otxandiano, es una novedad, pero el grueso de la lista de la coalición soberanista repite. Pese al desgaste que puede tener en ciertos sectores la confusa postura mantenida por EH Bildu con respecto a la Ley de Educación, lo cierto es que parece que Otxandiano puede atraer un nuevo caudal de votos, al ofrecer un discurso más transversal que alimenta las ansias de cambio.

Queda por ver en qué medida la propia fortaleza de EH Bildu puede activar un voto del miedo al cambio que promete Otxandiano, algo a lo que, sin duda, recurrirán el resto de partidos tradicionales, con su irresistible recurso a una ETA que, fuera de periodos electorales, sólo es recordada por Ayuso y por Vox.

Al margen de los dos grandes protagonistas de esta contienda electoral -PNV y EHBildu-, tenemos a grupos que, con una representación mucho menor, pueden jugar un papel determinante en el nuevo Parlamento. Es es caso del PSE-EE. En las anteriores elecciones autonómicas cosechó un mal resultado (11 parlamentarios) que sirvió a los socialistas, no obstante, para integrarse en un Gobierno vasco de cuya acción parece renegar ahora su candidato Eneko Andueza, de forma tan ridícula como hiperactuada.

Andueza, después de casi una década de Gobierno del PNV con los socialistas, nos ha regalado una precampaña bajo el lema “cambiar de guion”, lo cual envía un mensaje confuso. El PSE-EE, que viaja acomodado en el sidecar de la moto que pilota el PNV, considera que dicha colaboración con los 'jeltzales' ha sido “fructífera y positiva” para el país, pero quiere un cambio de guion. El problema es que, con el peso que tiene, el cambio es imposible si no es apoyando a un grupo notablemente mayor (como PNV o EH Bildu), cuya complicidad no está buscando el candidato Andueza, precisamente.

Así las cosas, y tan condicionados como suelen estar los resultados de los socialistas vascos por la salud de su partido matriz, el PSOE, hay muchas posibilidades de que Andueza haga buenos los resultados de Idoia Mendia. Podría haber un espacio a la izquierda del PSE-EE que captara el voto que se escape de los socialistas, pero hace tiempo que ese espacio optó por el suicidio asistido, de forma que presenciamos una pugna entre Podemos y Sumar por ver quién pierde mejor. Parecen seguir pensando, como decía Churchill, que “el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”. La realidad, sin embargo, es muy tozuda y lo cierto es que en política hay una fina línea que separa el entusiasmo del desengaño, y este mundo empieza a estar curado de espanto.

Finalmente, tenemos en liza a la derecha clásica española -PP y VOX-, que no se juega nada y que sólo aspira a tener algún escaño más para poder “vender” la moto “en Madrid” de que electoralmente les va bien, incluso donde no les va bien. Como en Euskadi, afortunadamente. Las próximas generaciones lo agradecerán. ¿Dónde está el estadista?

La Diputaciòn Foral de Gipuzkoa se ha armado de valor y desvergüenza -al tiempo que se ha descargado de responsabilidad- al limitarse a animar a los estudiantes universitarios de Donostia y de otros municipios del territorio a crear una asociación que organice un servicio de autobuses que les permita ir diariamente al campus de la UPV/EHU de Leioa (Bizkaia). Afirma que, si eso, ya les dará una subvención, pero que ese servicio público al campus con la mayor oferta universitaria del País Vasco no es cosa del ente foral. Se equivoca: la Ley 4/2004 de transporte de viajeros por carretera establece la responsabilidad del ente foral de ofrecer este servicio.

Resulta llamativo que la Diputación exprese ahora su disposición a subvencionar económicamente a esta asociación, cuando históricamente se la negó a Bidai Txungo, la extinta asociación universitaria que llegó a mover diariamente más de una veintena de autobuses. El argumento era que cada estudiante podía solicitarla, personalmente, al Gobierno vasco, pero que como colectivo, no tocaba.

La diputada foral de Movilidad, Azahara Domínguez (PSE-EE), ha argumentado que ir y volver diariamente del campus de Leioa constituye un servicio especial destinado a un colectivo específico, por lo que no es competencia de la institución foral. Su postura se resume en lo siguiente: “Yo no voy a dar ese servicio, pero si alguien lo hace, lo subvenciono y lo llamaremos colaboración público-privada, que queda molón”.

Su antecesora en el cargo, la también socialista Rafaela Romero, señaló lo siguiente el 27 de marzo de 2023 (hace sólo nueve meses, sí, pero casualmente en vísperas de una campaña electoral): “Llegar a la UPV en Leioa es también un derecho esencial, porque supone cumplir con nuestra prioridad de eliminar límites, de cualquier tipo, económicos y geográficos, para poder acceder a la universidad, porque cualquier joven -viva donde viva, y con independencia de los recursos familiares– debe poder ir con tarifas económicas en transporte público hasta las facultades de la UPV en Bilbao”. Anunciaba, así, la inminente llegada del servicio público de Lurraldebus al campus vizcaíno y la posibilidad, con ello, de acceder a los descuentos del sistema Mugi.

Pues bien, ahora sabemos que ese “derecho esencial” de profesores y estudiantes universitarios se ha evaporado, ya que es un servicio especial para un colectivo específico (como lo era hace nueve meses); y que, por el contrario, el autobús que comunica Donostia con el aeropuerto de Loiu, en Bizkaia, a escasos kilómetros del campus, sí que encaja en la consideración de servicio público. Es para mear y no echar gota.

A la vista de que la gran novedad aportada por la actual diputada es “animar” a la comunidad universitaria a constituir una asociación que autogestione su servicio de autobuses, cabe preguntarse dónde queda la responsabilidad pública de la Diputación. ¿Acaso diluida en una subvención directa a una asociación que organice un servicio que el propio ente foral debería dar? ¿En esto consiste el ‘cambio de guion’ que propone el PSE-EE de cara a los comicios autonómicos de 2024?

Esto no es más que un ejemplo de lo que, desde hace años, se ha empeñado en vender el PNV a nuestra sociedad, de forma generalizada, bajo la denominación de “colaboración público-privada”. Y ha calado, ya lo creo. También en su socio tradicional, el PSE-EE. Obviamente, esta colaboración no es algo exclusivo del País Vasco, faltaría más. Pero el PNV es un alumno aventajado en la utilización de estrategias e iniciativas para colar a la sociedad las bondades de la fórmula colaborativa público-privada. Claro que, para ello, se vale de un considerable esfuerzo pedagógico materializado, lógicamente, gracias a un generoso presupuesto público.

Como prueba de ello, caben recordar las campañas publicitarias de ‘Gipuzkoa Aurrera’ o de ‘Etorkizuna eraikiz’, en cuya promoción dilapidó una pasta pública el Gobierno foral, para terminar vendiéndonos la moto de que la Administración pública va a ‘asumir’ sus responsabilidades a base de subvenciones a entidades privadas. En realidad, los Gobiernos tienen dos formas de ofrecer servicios que, en función de su programa, considera oportunos para el conjunto de la ciudadanía. La primera consiste en valerse de su cuerpo de funcionarios y trabajadores públicos. Y la segunda es mediante un proceso en el que la Administración establece el servicio que quiere dar y en qué condiciones -en un pliego- y saca a concurso para que un tercero lo realice, siempre cumpliendo las condiciones marcadas por la ley y la administración correspondiente.

Sin embargo, tal como ha quedado expuesto en líneas precedentes, se afianza de forma peligrosa una tercera vía para la oferta de servicios consistente en que la administración pone el dinero (no las condiciones) y los privados ofrecen un servicio. A eso lo denominan “colaboración público-privada”.

Estimo que esta fórmula es peligrosa porque constituye un modelo que se aleja de un concepto básico en la administración, como es el de la “responsabilidad pública”. En este caso, en primer lugar, el servicio no corresponde a unas condiciones ni ofrece una mínima transparencia -que sería lo deseable- en la gestión del dinero público. En segundo lugar, de forma irresponsable se subvenciona un servicio para que la administración se “lave las manos” de cualquier responsabilidad. Y, por último, se genera una turbia dependencia desde entidades privadas hacía la administración.

La propuesta motivacional ‘Make it yourself’ de la diputada foral de Movilidad con respecto al transporte universitario desde Donostia y otros municipios del territorio al campus universitario de Bizkaia es un magnífico ejemplo de esta preocupante tercera vía: la Diputación elude atender una evidente necesidad de movilidad y condiciona, en su caso, su apoyo económico a que un tercero -una asociación, sugiere- monte un servicio de autobuses. ¿Dónde queda el servicio público, entonces? ¿Se asume que no hay servicio público? ¿Depende de que exista o no una asociación a la que subvencionar?

Este modelo creará muchos problemas, y no sólo en el ámbito de los servicios públicos. Quedarán difusos tanto los derechos de las personas usuarias, como el precio del servicio y la propia responsabilidad pública de la administración.

Ahora bien, si la diputada foral socialista aspira exclusivamente a subvencionar a quienes monten el servicio que le corresponde dar a la propia institución, sólo espero que su cuantía sea mayor que la que todos los años -ya van 9 seguidos-, concede la Diputación de forma directa a la fundación de su propio partido político, la Fundación Ramón Rubial. Eso también debe ser colaboración público-privada y acumula cerca de 700.000 euros dicho período.

A menudo se afirma, en torno al mundo del fútbol, que todo aficionado lleva en su interior -más o menos escondido, en función de su sobriedad y de la de su audiencia- un entrenador o, peor aún, un seleccionador. Siempre hay motivos para la discrepancia, lo cual es muy saludable tanto para el sistema en sí como para el desarrollo de esas capas de personalidad que nuestro héroe anónimo lleva aunque sea por dentro, a modo de matrioshka de perfiles y capacidades personales. No importa lo bien que lo hagas. Incluso Imanol Alguacil ha tenido sus detractores, cuya tara debemos respetar.

En el caso de Donostia, un ciudadano cualquiera trae de serie además, en su matrioshka de personalidades, un concejal de Movilidad. Tanto es así que, en la actualidad, la concejalía de Movilidad se ha convertido en una patata caliente que ha adquirido su calor al abrigo del debate público y de las soflamas de integrantes del gobierno municipal anterior en contra de su propia gestión en el ejecutivo local.

Quien escribe este artículo, que asumió en su día esa responsabilidad municipal, sabe de primera mano el ruido que genera este área (en términos no futbolísticos). Si ya es difícil hacer política y tratar de contentar a todas las partes, en el caso de la movilidad, vivimos un periodo de tal cambio de inercias que es seguro que a alguien habrás enfadado si has hecho una política eficaz en pro de una movilidad sostenible. Y es lógico, ya que hay gente que no cree en ella, como hay quien no cree en la redondez de la Tierra o, en menor medida, en Imanol.

Lo esperanzador de todo esto es que por mucha polémica que generen los cambios, por mucho que tengamos que escuchar por parte de alcaldes y concejales sobre la materia, los cambios suelen venir para quedarse. Tanto aquel bidegorri de la Concha como el de Amara, que uno mismo sufrió en carnes propias, generan mucha polémica, pero nadie los revoca. A lo sumo, un cambio de nombre o normativa puntual, pero generalmente no se revierten esos cambios por la sencilla razón de que son buenos para las ciudades. Al menos así ha sido en casi toda Europa, hasta que la excepción ibérica del pacto PP-Vox ha empezado a quitar carriles-bici en algunas localidades, aduciendo que hay que anteponer el derecho a ir en coche hasta donde nos plazca.

No deja de sorprenderme que algunas formaciones políticas digan estar a favor del coche cuando defienden un modelo en el que esos coches pierden toda eficacia. Se quejan de atascos en las ciudades y proponen, como solución, que “sigan entrando más coches”. ¿De qué le vale a nadie que un partido defienda un supuesto derecho de toda la ciudadanía a ir donde y cuando quiera en coche, si luego no tiene aparcamiento ni sitio para llegar? Y no nos engañemos: por mucho que llenásemos la ciudad de parkings y más carreteras, todos esos coches, simple y llanamente, no caben. Esta idea, entre utópica y distópica de que el problema se regula solo, al igual que mercado, es una falacia.

Así pues, no es tanto que haya problemas de tráfico como consecuencia de unas decisiones políticas que, al revertirlas, se solucionarán. Hay un problema de tráfico causado por un número excesivo de vehículos. Quienes nos venden la moto -perdón por el chiste fácil- de que garantizarán que puedas ir dónde y cuándo quieras en vehículo privado motorizado, no sólo están despreciando la salud, la seguridad y el buen vivir de personas y del propio medio ambiente, no. Además de todo lo anterior, están peleando contra la propia realidad. Por eso, los principales interesados en que haya prioridades y orden en el uso de los vehículos privados motorizados -según la persona, el uso y el momento- son aquellos que realmente lo necesitan.

En Donostia, claro, hemos oído voces de quienes claman por sostener un sistema de coches que ya no se mantiene. Eso era de esperar en el caso del PP o de 'lobbys' autoerigidos en portavoces del conductor de Hego Euskal Herria, pero sorprende que fuerzas políticas de izquierdas o progresistas -supuestamente- se hayan puesto de lado en estos temas, cuando no se han lanzado directamente al discurso retrógrado más extremo. Es el caso del PSE.

Sorprende el desprecio socialista, porque ni es coherente con el legado de Odón Elorza en materia de Movilidad, ni cuadra, siquiera, con lo que ese mismo partido propone en otras ciudades vascas o españolas. No deja de ser llamativo que, durante el gobierno local de PNV-PSE, casi el único motivo de discrepancia que haya encontrado una fuerza presuntamente progresista haya sido defender a los coches y a las motos.

Más sonrojante aún es que cuando, una vez celebradas las elecciones de mayo, el alcalde Eneko Goia ofreció la concejalía de Movilidad a la socialista Marisol Garmendia -que es quien hizo populismo y campaña electoral prometiendo revertir unos cambios de tráfico que ella misma aprobó desde el gobierno municipal la pasada legislatura-, ésta prefirió hacer mutis por el foro y no coger al toro por los cuernos. Esta semana hemos sabido que la responsabilidad sobre la movilidad la llevará el PNV.

Supongo que la razón del escapismo de Garmendia es que, en realidad, sabe que enarboló en campaña una bandera que le regalaba cierta proyección mediática y el aplauso de sectores reaccionarios, a sabiendas de que sus promesas eran irrealizables en el poder municipal. La realidad es que -en el reciente pacto de gobierno municipal entre el PNV y el PSE- no se hace mención a los aspectos más retrógrados de las propuestas realizadas por la que fuera candidata del PSE en materia de movilidad.  

Salvo las mencionadas excepciones de la ultraderecha española, cualquier persona que asuma la concejalía de Movilidad acabará yendo, con mayor o menor valentía, en la dirección de cambiar el reparto del espacio de las ciudades en detrimento de los coches. Quizás peco de idealista, pero, en mi etapa de concejal de Movilidad, vi a personas de todas las sensibilidades políticas, en diferentes ciudades europeas, impulsando interesantes proyectos de movilidad, aunque en otras ciudades sus compañeros de partido criticarán cosas parecidas desde la oposición. Quiero pensar que la responsabilidad del cargo tiene aún un peso decisivo en las personas.

Un clásico recurso para ponerse de lado o defender el inmovilismo es apelar a la participación de partidos y ciudadanía. Estoy plenamente de acuerdo en la idea y en la fórmula. Una de mis primeras medidas como concejal fue impulsar una ponencia sobre la OTA entre todos los partidos, y en ella se fraguaron importantes acuerdos, impensables en aquel entonces e incluso a día de hoy. Y, obviamente, también es fundamental impulsar la participación de la ciudadanía en el consejo asesor de movilidad y en cada actuación.

La participación ha de ser, eso sí, de toda la ciudadanía, ya que, desgraciadamente, tendemos a relacionar las necesidades de la movilidad con la necesidad de los conductores de coche. Afortunadamente, contamos con organizaciones que miran la bicicleta. Estaría bien, además, tener asociaciones de personas usuarias del transporte público o incluso de peatones. Tenemos que abrir la mirada no sólo a todos los modos de transporte, sino incluso a todas aquellas personas a las que afecta la inseguridad, el ruido, la polución o el estrés de un modelo de ciudad insostenible. La duda no es si cambiar ese modelo o no, la duda es cómo cambiarlo.

Como he dicho, será difícil -por no decir imposible- que la nueva responsable de la concejalía de Movilidad –nombrada esta semana- contente a todas y todos, pero espero y deseo que sí contente a la mayoría. Cuento con que la responsabilidad del cargo hará su efecto, pero, francamente, considero que sería deseable que tuviera un mayor respaldo de las fuerzas políticas y sociales. Porque a los que pitan, se les escucha mucho. Quizá deberíamos aprender a aplaudir y corear también las cosas buenas, como hace la afición realista con su entrenador ¡Aupa Imanol!

Hemos sabido, a través de elDiario.es, que la exalcaldesa de Lasarte-Oria Ana Urchueguía ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que evitará el juicio y la posibilidad de ir a la cárcel, al haber admitido que prevaricó y malversó, durante nueve años, fondos públicos destinados a la cooperación. Es un caso que, sin duda, combina a la perfección los efectos de una mala gestión de mayorías absolutas consecutivas con la falta de pudor político.

Resulta penoso que el PSE, sólo cuando el acuerdo con la Fiscalía se ha publicado en los medios, haya anunciado -sólo entonces, insisto- la suspensión de militancia de la exalcaldesa, cuando es evidente que hace semanas que su partido sabía del reconocimiento de los delitos por parte de Urchueguía. Una reacción a todas luces tardía que denota tibieza, pereza y falta de contundencia ante un asunto tan grave.

Hace años que circulan en Youtube vídeos absolutamente sonrojantes en los que la exedil socialista hacía entrega de recursos en Somoto (Nicaragua). Me resulta muy difícil de comprender que, si bien el común de los mortales no siente más que vergüenza ajena al ver a Urchueguía en esos vídeos, repartiendo dinero público con el desparpajo -pero sin la gracia- de quien regenta la Tómbola Antojitos, el PSE decidiera nombrarla alto cargo en el Gobierno vasco que presidió Patxi López. Y senadora. Es para mear y no echar gota.

Lo cierto es que los partidos políticos, en general, tienden a ser muy benévolos a la hora de valorar y juzgar este tipo de actuaciones cuando el protagonista es un militante propio, lo cual es tan humano como hipócrita. Esta idea la esculpió en piedra para la posteridad el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, quien se refirió a Anastasio Somoza, dictador de una Nicaragua que aún no había padecido a Urchueguía, afirmando: “Tal vez sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Lo usaban para sus intereses, claro está.

Afortunadamente, gran parte de la cooperación que se hace en este país por parte de entidades locales es de alta calidad; y las organizaciones no gubernamentales implicadas tienen un alto nivel de compromiso y de responsabilidad, acorde a los recursos que se les ofrece.

No cabe duda de que el mal ejemplo de la exalcaldesa socialista no ayudará, precisamente, a unir fuerzas en torno a la reivindicación y a la articulación de una presión social que reclame alcanzar el viejo objetivo de destinar a la cooperación del 0,7% de los diferentes presupuestos públicos.

El daño causado a la cooperación requiere, a mi juicio, de una explicación más valiente por parte del PSE. Desde luego, algo más que señalar, en una nota de prensa, que suspende a Urchueguía de su militancia por unos hechos pertenecientes a un remoto pasado.

En este país en el que tenemos la costumbre de pedir, siempre a los demás, una lectura crítica de lo ocurrido por acción u omisión del interpelado, no estaría de más que el partido que sustentó y promocionó a la exalcaldesa realizara esa lectura crítica con algo más de seriedad, rigor y profundidad.

No obstante, no soy un ingenuo y sé que pedir algo así, especialmente en periodo electoral, es propio de la ciencia ficción, cuando el género trabajado por Urchueguía -en nombre de una mal entendida cooperación- tiene más que ver con el constumbrismo colonial más esperpéntico.

En cualquier caso, me quedo con el detalle, no menor, de que los funcionarios municipales -el interventor, entre otros- ya advirtieron de las irregularidades que estaba cometiendo la entonces alcaldesa. No debe de ser fácil, desde algunos puestos de responsabilidad de la Administración, lidiar con los caprichos de quienes se creen por encima de la ley por contar con mayorías absolutas. Y el PSE no puede hacerse ahora el sorprendido.

Seguimos teniendo pendiente, en el ‘oasis vasco’, una seria reflexión sobre la corrupción, sobre el control público y sobre la necesidad de implantar mecanismos para que episodios como éste no se repitan. Y a la vista está, con casos como el de De Miguel y el de Urchueguía, que también sigue siendo necesario que la Justicia sea capaz de actuar con mayor celeridad. Estamos condenados a esperar, me temo.

El año 2023 ha arrancado con dos hechos que, pese a estar desconectados en el tiempo y en el espacio, ponen bajo el foco de la reflexión la realidad de la desfachatez y de la grosera codicia de algunos que tocan poder, sea político o financiero. Se trata, por un lado, de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma, en gran medida, los desmanes y corruptelas del caso del exdirigente del PNV Alfredo de Miguel; y, por otro lado, del estreno en la plataforma Netflix de la docuserie sobre la obra, auge y caída del financiero Bernard Madoff.

El primero de ellos -el que fuera número dos del PNV alavés-, es el protagonista del mayor caso de corrupción en el País Vasco. El segundo, Madoff, fue el cerebro de la mayor estafa financiera piramidal de la historia y fue condenado en 2009 a 150 años de prisión, donde falleció en abril de 2021.

La docuserie resume en cuatro entretenidos capítulos la mayor estafa mundial -un esquema ‘Ponzi’-, la falta de control y los enormes fallos de vigilancia cometidos por los órganos reguladores financieros. Pero, más allá de eso, describe además la avaricia de los inversores, el juego de poderes, la falta de escrúpulos y los valores que permitieron que esta estafa perdurara durante décadas.

El llamado 'caso De Miguel', probablemente, también daría para una exitosa docuserie. En ella, al igual que con Madoff, tendrían cabida ingredientes como la avaricia, la falta de escrúpulos, el juego de poderes y los valores que permitieron que esta trama corrupta durara tantos años. La producción vasca incluiría, eso sí, un giro sarcástico e hilarante en sus episodios finales, ya que el protagonista (De Miguel), a quien el Gobierno vasco anunció con pompa el 10 de enero que iba a despedir por corrupto sentenciado, sigue trabajando más de un mes después en una empresa pública del ejecutivo vasco (Hazi), donde percibe 57.000 euros al año.

El final de ambos casos también tiene características similares. Los últimos coletazos de las dos tramas no se dieron, precisamente, por la diligencia del propio sistema a la hora de detectarlos y purgarlos. A Madoff, fue la crisis financiera de 2008 la que le impidió continuar con la estafa piramidal multimillonaria. A De Miguel, por su parte, le tuvo que parar los pies la denuncia de una trabajadora y la consiguiente investigación del instructor, Roberto Ramos, de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, y de la Ertzaintza.

Me molesta -decir que ‘me sorprende’ sería pecar de ingenuo-, que, en el 'caso 'De Miguel', las cascadas de reacciones políticas se queden en el “Tú eres un corrupto” y en el “Y tú más”. Y me repugna tener que oír al portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria (PNV), caer en la ruindad de meter el comodín de ETA en el cruce de reproches por la corrupción, al más puro estilo Ayuso.

Y me preocupa que esto sea así, porque, de esta manera, este caso pasará de puntillas a engrosar el largo listado de casos de enriquecimientos ilícitos a cuenta del erario público vasco. La ciudadanía ya no se altera y da la impresión de que entiende que esto de la corrupción, del mangoneo y del amiguismo forma parte del paisaje que nos ha tocado vivir. Parece que a la sociedad, al observar la corrupción, le pasa lo del Mito de Sísifo: acarrea hasta la cima de la montaña con la carga de la piedra y ésta rueda de nuevo hasta el pie de la misma, sin que suceda otra cosa que el cansancio y el hastío por la falta de éxito.

En esta fatiga tiene mucho que ver el hecho de que la reacción del partido dominante y gobernante (PNV) sea afirmar que todo lo que se hizo la última década estuvo bien y que no cabe más que aceptar lo sucedido no ya sólo con determinismo, sino también con orgullo y con la cabeza alta –faltaría más-, pues el partido ‘supo reaccionar’ –afirman, falseando la realidad-. Y también tiene lo suyo que la reacción de la mayoría del resto de actores políticos se limite a señalar la evidente afiliación política de los condenados.

La consecuencia directa del 'caso Madoff' –además del procesamiento y la investigación judicial de la trama- fue abrir un debate en el seno del Congreso de los Estados Unidos para analizar lo sucedido y, muy especialmente, para estudiar el fracaso las agencias reguladoras, que no fueron capaces de detectar el mayor fraude financiero de la historia.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes abrió una audiencia para analizar y criticar los fallos del sistema. En ella, los diferentes órganos reguladores -entre ellos, la Comisión de Mercados de Valores-, tuvieron que dar explicaciones por su indolencia. Además de todo ello, se planteó una profunda reforma para que no vuelva a ocurrir algo similar. 

Quien lea estas líneas podrá pensar, de forma muy acertada, que, en el capitalismo, la estafa y el engaño son parte del juego de la compra venta de activos financieros en Wall Street, y que, por lo tanto, los cambios legislativos no podrán anular por completo los abusos y engaños. Rodrigo Rato resumió perfectamente este punto de vista cuando, para sacudirse la responsabilidad en el saqueo de la crisis, afirmó aquello de que “Es el mercado, amigo”.

Pese a que no soy, precisamente, un admirador del modelo estadounidense, convendremos en reconocer que, en el caso de EEUU, ha habido una intención y un esfuerzo legislativo por evitar otra estafa de esa magnitud.

Por el contrario, en el 'caso De Miguel' no hemos visto que el legislativo –y mucho menos el ejecutivo- haya alzado la voz para afirmar que “Esto no puede volver a ocurrir. Vamos a analizar dónde ha fallado el sistema para que esto ocurriera e introduciremos los cambios necesarios para que no se repita”.

Es más, hemos presenciado cómo el gobierno de Iñigo Urkullu (PNV-PSE) ha rechazado la propuesta de EH Bildu para crear una oficina vasca contra la corrupción, para evitar tramas como la de Alfredo de Miguel. Los socios del Gobierno vasco apoyaron su creación en Navarra, pero, en el oasis vasco, se ve que no es necesaria porque está controlado.

Algún bienintencionado podría pensar que la “Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco” es el instrumento idóneo para esto. Siento defraudar tan precipitada y tan crudamente las expectativas de quien así piense, pero, a estas alturas de la película y a la vista de las memorias publicadas por este órgano, pudo asegurar que esa Comisión tampoco sirve para este cometido.

Ante tanta autocomplacencia y tan poca capacidad propositiva de reacción frente al ‘caso De Miguel’, a uno le asaltan preguntas como las siguientes: ¿Pueden estar ocurriendo ahora casos parecidos en la administración pública vasca? ¿Hay mecanismos para prevenirlos, detectarlos y denunciarlos? ¿Se ha reforzado la Ertzaintza para prevenir e investigar estos casos? ¿Las inyecciones de dinero público del Gobierno Vasco a los medios de comunicación, en forma de campañas institucionales, llevan algún otro ingrediente que adormezca la capacidad fiscalizadora del buena parte del periodismo ante estos hechos? ¿Hacen falta consensos amplios para modificar la legislación que prevenga estas corruptelas? ¿Hay alguien buscando estos consensos?

Lo ocurrido con el mayor caso de corrupción del País Vasco, el liderado por Alfredo de Miguel (PNV), es de suma gravedad. Pero lo más preocupante es que da la impresión de que nadie se siente interpelado ni emplazado a hacer algo para que no vuelva a suceder, y esa es la peor de las noticias. Pobre Sísifo.

A las puertas de unas elecciones forales y municipales -y en una situación de apretura económica para muchas familias-, las diferentes fuerzas políticas  empiezan a mostrar su batería de propuestas, intenciones, ocurrencias y deseos con los que ganarse la simpatía del electorado. Entre ellas, se ha colado la  propuesta de gratuidad y/o superreducción de tarifas del transporte público. Resulta impopular mostrarse crítico con la iniciativa, pero yo, que no necesito captar el voto de nadie y que conozco en panorama de la movilidad en nuestro país, tengo que serlo. 

Y debo serlo porque, lejos de haberse abierto un necesario debate sobre cómo mejorar el actual servicio público de transporte y sobre cómo financiarlo, quienes han planteado la propuesta se han quedado en la cosmética, en el “ta-ta-chán”,  en el efectismo de presentar la gratuidad/abaratamiento ante los medios de  comunicación y la sociedad como quien te hace un regalo. 

Es decir, generar ilusiones, sinestesia y alucinaciones -nada que no se pueda conseguir consumiendo un hongo bien escogido-, se ha convertido en el objetivo único de la iniciativa. La incógnita que queda sin resolver -como con el hongo-,  es cuánto va a durar el efecto de la alucinación y, sobre todo, qué pasará  después, una vez haya desaparecido la ilusión pasajera.  Yo soy un firme partidario de reducir al máximo el transporte privado, pero también soy consciente de que la oferta del transporte público actual no cubre todas las necesidades de movilidad. Por lo tanto, habrá que mejorar no sólo las tarifas, sino también las frecuencias y los servicios de transporte. 

Creo que el ejemplo más paradigmático se da en el servicio de Cercanías que perpetra Renfe en Gipuzkoa. Es un servicio manifiestamente mejorable. Podríamos decir que es difícilmente empeorable o, en el más amable de los  diagnósticos, simplemente lamentable. Su gratuidad temporal ha podido estimular algo -poco- la demanda, pero mientras no exista una mejora de servicios, su gratuidad no impulsará el cambio de paradigma en la movilidad del  territorio de Gipuzkoa. Y ése es el objetivo que deberíamos perseguir. 

La inversión que va a requerir la reducción o supresión de tarifas puede retraer a muchas administraciones a mejorar servicios y frecuencias, que es lo que  necesitamos y lo que, desgraciadamente, se va a quedar sin presupuesto. Lo  peor es que, siendo ésta una apuesta temporal, pasajera y basada en la ocurrencia, no sería de extrañar que el consumo de recursos económicos que requiere la adopción de medidas cosméticas haga que, a medio o largo plazo,  tengan que reducirse los servicios básicos. 

Me gustaría imaginar -con ayuda de más psilocibios, si fuera preciso- que los impulsores de la medida tuvieran la intención de abrir un debate sobre el modo  en que tenemos que financiar un servicio tan esencial como el transporte público y, de paso, que fueran capaces de responder preguntas como: ¿Cuál es el precio o el sistema tarifario capaz de aumentar el uso del transporte público? ¿Cómo  podemos aumentar la financiación del transporte público? ¿Cómo podemos mejorar el servicio y hacerlo más atractivo? ¿Tendremos recursos suficientes  para mantenerlos?  

No parece que la Diputación Foral de Gipuzkoa ni el Gobierno vasco estén  estudiando ningún especial gravamen a empresas para que colaboren económicamente en la mejora del transporte público. Ése sí podría ser un debate  interesante que, efectivamente, sí se ha dado en otros países, pero no aquí. Aquí seguimos la estela de lo que llamamos “Madrid”. Supongo que el PSE tiene la necesidad de “vender” algo en el País Vasco, más allá de ser la muleta acrítica del PNV. 

Entretanto, en este país seguimos sin afrontar uno de los mayores retos del transporte público, que es dar una alternativa real al coche privado para acceder a docenas de polígonos industriales. De poco sirve reducir las tarifas sino mejoramos el servicio público; de nada sirve si, en muchos casos, ni siquiera existe ese servicio de transporte público.  

La tozuda realidad nos demuestra que quienes te financian con dinero público la gasolina –a razón de 20 céntimos el litro- y los que aprueban ayudas a la compra de tu nuevo coche privado, son los mismos que te reducen la tarifa del transporte público a las puertas de las elecciones. Son, obviamente, medidas contradictorias, pero buscan el aplauso en un amplio mercado de votantes, renunciando de forma deliberada a un debate en profundidad sobre movilidad. 

Asimismo, resulta curioso constatar que el presupuesto vasco para 2023 crea un fondo de 12 millones para soportar la gratuidad y el abaratamiento del transporte,  cuando se sabe que, para mantenerlos durante todo el año, serían necesarios 72 millones. Es decir, se contentan con poderlo financiar dos meses, con una fecha de caducidad que, prácticamente, coincide con las elecciones. 

Ya sabemos, también en el ámbito de la movilidad, lo que son las ocurrencias y  los excesos electorales. De hecho, el actual responsable de la Guardia Civil en  el País Vasco y otrora dos veces candidato a la diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ya prometió en su día, en campaña electoral, tarifas planas de 25 euros al mes en todo el transporte público en Gipuzkoa. La promesa quedó en eso, en promesa. Jamás se materializó. 

Si este culebrón sobre tarifas, servicios y responsabilidad pública sirve para abrir un debate sobre cómo mejorar la calidad de los servicios de transporte público y  sobre cómo financiarlo, habrá merecido la pena. Si, como me temo, se presta sólo a vender medidas amables durante un periodo limitado, simplemente  habremos vuelto a perder tiempo y recursos económicos que son precisos para  acometer, en materia de movilidad, un cambio necesario que sigue durmiendo -ya libre de hongos- el sueño de los justos.

Hay noticias que, en ocasiones, le llevan a uno a reflexionar sobre el propio hecho noticioso, por un lado, y sobre la rapidez con la que pasa el tiempo, por otro. La reciente conmemoración del 25 aniversario de la Compañía Jaizkibel es una de ellas. Es evidente que, aunque digan que “lo cura todo”, el paso del tiempo resulta meramente homeopático ante el cretinismo mental que puede llevar a impedir a las mujeres de participar en las fiestas de su localidad.

Para quien no lo recuerde, Jaizkibel es una compañía que participa en un más o menos colorido desfile de Hondarribia. Su peculiaridad es que permite que las mujeres participen en el Alarde en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. Un planteamiento rompedor, vanguardista, transgresor y contestado, incluso en este siglo XXI. Casi nada.

La mayoría del resto del país -y, en especial, el resto de guipuzcoanas y guipuzcoanos- hemos intentado entender qué sucedía para que, durante tantos años, una parte importante de la población considerara un sacrilegio que una mujer desfilara en igualdad de condiciones en un acto festivo. Este tipo de eventos tienen, en todos los municipios, el objetivo último pasar un tiempo alegre, divertido y gozoso, recreando una parte de la historia local ataviados con un atuendo específico que puede podría considerarse, según el caso, atenuante o agravante de disfraz. Pues no hay manera, oiga. Ni en fiestas ni en el siglo XXI.

Me he esforzado en entender el fondo de quienes consideraban una ofensa al pueblo la participación de una mujer en este acto. En este afán, he leído con atención los argumentos esgrimidos durante años. Ya les adelanto que no es un mal endémico, ni se debe a la red de agua potable ni a una sobreexposición al yodo de la brisa cantábrica. Es, simple y llanamente, machismo. Nada que no azote otras partes del mundo, también las alejadas de la bahía de Txingudi.

Este 25 aniversario de la compañía coincide en el tiempo -que avanza inexorable también en el interior peninsular, aunque haya hechos que parezcan ponerlo en duda-, con lo acontecido en el Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, donde un grupo de estudiantes -todos ellos hombres- proferían insultos y cánticos machistas a las residentes -todas ellas mujeres- del Colegio Mayor Santa Mónica, ubicado justo enfrente.

Sorprendentemente -o, quizá, ya no tanto-, los cánticos fueron justificados por algunos y algunas argumentando que forman parte de una arraigada tradición que los convertía, por lo tanto, en normales -o normalizados, si se prefiere-, pero nunca en machismo. Una vez más, el recurso a la tradición se usa como argumento para justificar lo injustificable. Sólo nos faltó oír lo de que “si no eres del Elías Ahuja no lo entenderás”, que es lo que argumentan quienes defienden la perpetuidad de los alardes machistas de Hondarribia e Irun.

El caso es que los afectuosos apelativos berreados por los cafres machistas del Elías Ahuja (“putas”, “zorras”, “ninfómanas”, etc.) lejos de resultarme nuevos, me remitieron literalmente a lo escuchado durante 25 años en Hondarribia por aquellas mujeres que tuvieron el provocador capricho de querer disfrutar de las fiestas de su pueblo en igualdad de condiciones que los hombres. Faltaba “bigotudas”, que es otra de las aportaciones del hecho diferencial vasco a esta cuestión.

En 25 años, tanto antes, como durante y después de las fiestas, aquellas sacrílegas que habían osado participar en la profanación de la tradición machista que orilla a las mujeres, han sufrido desprecio, señalamiento, discriminación e insultos, sin que nadie tercie en el asunto con la contundencia debida. Las instituciones públicas han preferido no mojarse en un asunto relacionado con el respeto a los derechos humanos con tal de que los partidos en el gobierno PNV y PSE-, no pierdan votos en Irun y Hondarribia. Es así de miserable el tema.

Nos ha escandalizado, y con razón, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niegue a rechazar lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja. Por el contrario, en el País Vasco, no escandaliza que el lehendakari no haya sido capaz, en 25 años, de velar por el respeto de los derechos de las mujeres que quieren participar en los alardes de Irun y Hondarribia como sí lo pueden hacer los hombres. Y esto es muy preocupante.

También resulta curioso que el Presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asevere, tajante, que no se dará “ni un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, mientras su alcalde de Irun, socialista desde hace décadas, permite que se discrimine a la mujer en sus fiestas. Se ve que, en realidad, se trata no dar ni un paso atrás ni tampoco hacia adelante, si con ello se pierden unas elecciones municipales en Irun.

Lo que queda en evidencia es que el machismo y el mal gusto no es un monopolio de los “cayetanos” de un Colegio Mayor de Madrid, ni de los cavernícolas que, durante años, han acosado a las integrantes de la Compañía Jaizkibel. El machismo subyace en esta sociedad y estas expresiones nos recuerdan que todavía nos queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad y que hay que ponerse manos a la obra, porque el tiempo no lo cura todo. A la vista está.

No salgo de mi asombro al comprobar cómo nuestras administraciones públicas (Gobierno vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) apoyan económicamente y regalan —en el caso del consistorio— una parcela de 5.500 metros cuadrados para que una universidad privada se establezca en Gros, uno de los barrios de la ciudad más caros, más densos y con notables necesidades de servicios públicos. Y también me asombra, todo hay que decirlo, la poca de oposición y crítica que ha encontrado el proyecto.

Por si fuera poca la generosidad de regalar una parcela de uso comunitario —en la que podrían construirse viviendas para jóvenes, centros de día o residencias para mayores, en una ciudad con enormes problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes—, el obsequio se completa, por ahora, con 24 millones de dinero público para la construcción de un centro universitario privado.

Sorprende mucho que nuestras autoridades sí perciban la necesidad del Basque Culinary Center (BCC) de expandirse hacia su segunda parcela de regalo —la de Miramón también le salió en un ‘rasca y gana’—, y que, por el contrario, no vean la necesidad de dar respuesta a la gran demanda de vivienda existente por parte de la juventud del barrio. Claro que, muy posiblemente, haya quien piense que destinar una parcela pública de Gros a viviendas para jóvenes sea poco menos que una “exquisitez”.

Lo cierto es que la realidad está dibujando un panorama preocupante. Hace un tiempo escribí un artículo crítico sobre la promoción, por parte del Gobierno vasco, de una universidad privada en Gasteiz, Euneiz, que incluso competía en oferta con la universidad pública vasca. Es más que evidente que aquello no fue un accidente, sino que formaba parte de una política activa en perjuicio de lo público en el ámbito de la educación universitaria.

Ahora, se ve que embelesados por el atractivo de la formación de futuras estrellas de fogones de postín y por la empalagosa etiqueta de “gastronomía envidiable” de nuestra ciudad, nos han cocinado otra sede del Basque Culinary Center, centro que pertenece a Mondragon Unibertsitatea (MU). La MU, en realidad, no deja de ser una universidad privada como lo son la de Deusto, regida por la Compañía de Jesús, o la Universidad de Navarra, por el Opus Dei.

Ése es otro de los aspectos más preocupantes del asunto: no sólo es que las administraciones públicas no vean o no quieran responder a necesidades de la juventud, como el acceso a una vivienda, y regalen una parcela y dinero para al negocio de la MU, sino que tampoco ven o no quieren responder a las necesidades existentes en el Campus de Gipuzkoa de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV).

La EHU/UPV sí que es pública y el Campus de Gipuzkoa está, como el BCC, en Donostia. Sin embargo, sea por falta de glamur o por lo que sea, parece que los cerca de 10.000 estudiantes y profesores de los distintos edificios del campus público no han sabido transmitir a la administración las necesidades y carencias que detectan. ¿Será que no ven las goteras que hay en muchos de los edificios que albergan a la mayoría de las y los universitarios del país que estudian aquí? ¿Será que los cientos de estudiantes extranjeros que alberga nuestro campus público no son embajadores de nuestra cultura culinaria?

Por otro lado, el anuncio de la construcción del GOe del Basque Culinary Center —que así se va a llamar la cosa, dicen—, se publicita a las puertas de la llamada “selectividad”, que no es sino la prueba para obtener una nota que habilita o no el acceso a diferentes estudios de la universidad pública. Esa nota, obviamente, importa menos a quienes sí pueden pagarse la matrícula de universidades privadas como la MU, que no son precisamente la mayoría de la población.

Y, por no dejar de aportar un detalle que es bastante significativo, el proyecto del GOe lo conocemos poco después de que la EHU/UPV haya anunciado que cerrará dos semanas durante el mes de agosto para reducir los gastos generados por encarecimiento de la energía.

La privada Mondragon Unibertsitatea, con 24 millones de euros de todas y todos, va a correspondernos graciosamente a la ciudad con la construcción, en un suelo que antes era público, de un emblemático, moderno y versátil edificio con forma de olas, cubierto de terrazas ajardinadas que estarán abiertas al público. Miel sobre hojuelas.

Todo ello con el poco eco encontrado por la escasa contestación pública. Más allá de las críticas de las plataformas Inquilinos de Azora, Alokairu Benta Berri o Stop Desahucios y algún partido, la oposición a este disparate por parte de nuestros representantes políticos está brillando por su ausencia, lo cual me parece muy preocupante. En este sentido, habrá que reconocer el éxito comunicativo de quienes han conseguido vender como una gran aportación al bien público lo que, en realidad, es una pérdida en el campo de la equidad y la justicia social.

Va a resultar curioso, cuando menos, ver en adelante los ejercicios dialécticos de nuestros gobernantes a la hora de explicar a futuras médicas y enfermeras —tan aplaudidas—, abogadas, maestras o arquitectas que estudian en la universidad pública, que sus instalaciones no gozan de tan buena consideración como la MU como para invertir dinero público en ellas.

Claro que, en realidad, quizá sea una osadía alzar la voz en contra de este dispendio público en un centro privado con nombre en inglés, que recibe las bendiciones de las autoridades públicas y culinarias del país. A ello ayuda mucho que no lo llamemos “universidad privada”, sino Basque Culinary Center, que es mucho más molón. No hay color. 'There’s no comparison'.

En las próximas décadas va a ser necesario —también en Donostia— acometer un cambio sustancial sobre el modelo que ha imperado en el desarrollo de las ciudades. Este modelo ha consistido en otorgar al automóvil privado un papel tan preponderante que lo ha convertido, disparatadamente, en el eje vertebrador del conjunto de la ciudad.

El camino para revertir esa situación no será sencillo. Habrá resistencias a las transformaciones que exige el cambio de modelo, pero es necesario ir diseñándolo con ambición e ir plasmándolo, en el caso de Donostia, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que comienza ahora su andadura.

La ciudad debe formular un modelo de desarrollo propio que dé respuesta, en su medida, a la crisis ecológica que se vislumbra, a la crisis energética, a la creciente necesidad de viviendas, a la demanda de barrios dotados de más espacios comunitarios o a la urgencia de reducir drásticamente la movilidad privada. Son retos globales, a los que se debe dar una respuesta local, sobre los que se ha teorizado y debatido largo y tendido, dando lugar a interesantes experiencias en ciudades europeas de muy distinto tamaño.

En el caso de Donostia, la responsabilidad y la coherencia con ese cambio de modelo de desarrollo de la ciudad debe llevarnos a debatir, con seriedad y audacia, la propuesta de EH Bildu para recuperar la vieja variante donostiarra a favor de las personas y de los barrios.

Desde la construcción del segundo cinturón, esta variante (GI-20) está pendiente de una revisión de usos que permita sanar la cicatriz urbana que representa esta vía, aún en la actualidad, al dividir y separar barrios de la ciudad.

Se da la paradoja que los tres barrios más poblados de la ciudad —Amara Berri, Altza e Intxaurrondo—, no tienen una conexión peatonal ni ciclista directa, a pesar de que Donostia sea, efectivamente, una ciudad referencial en movilidad ciclista. Aunque nos hemos acostumbrado a esta carencia, ya que no hemos conocido otra realidad, parece lógico que tratemos de superarla si queremos impulsar, de verdad, la movilidad peatonal y ciclista en la ciudad.

La recuperación de la variante no sólo impulsará una comunicación más saludable entre barrios, sino que también liberará espacio que podrá ser destinado a otros usos demandados por la población, sin tener que ocupar, para ello, zonas que hasta el momento no han sido urbanizadas o artificializadas. La reflexión sobre esta propuesta debe ser, por lo tanto, muy amplia, ya que debe llevar aparejado un análisis sobre la necesidad de densificar de forma racional los barrios y, a su vez, dotarlos de espacios verdes y de otro tipo.

Esta transformación, que afectará al conjunto de la ciudad y de su entorno, requerirá grandes acuerdos sociales y políticos para llevarla a buen puerto. Se necesitarán soluciones técnicas imaginativas y grandes dosis de pedagogía para explicar que el tráfico privado que actualmente pasa por la GI-20 tiene, de cara al futuro, dos opciones: ser absorbido y servido por el transporte público, o ser derivado hacia el segundo cinturón. Suena drástico, pero es una iniciativa equiparable a otras que ya se han consolidado, y con éxito, en ciudades europeas como Bruselas, Utrecht, Oslo o Helsinki, entre otras muchas.

Donostia debe ser valiente. Debe afrontar la transformación de su modelo urbano y de movilidad contemplando todos los elementos que lo componen, entre los que, sin duda, la variante de la GI-20 juega un papel crucial, ya que hay otros barrios que no son el centro de la ciudad que están clamando, y con razón, por cambios que permitan reducir el paso de coches y recuperar espacios para uso peatonal, ciclista o de otra clase.

Aunque aún no se ha abierto el debate sobre los futuros usos de esta variante, conviene recordar la oportunidad que representa el hecho de que estemos hablando de un espacio que, en la actualidad, ya es de titularidad pública. Esto, en principio, tendría que facilitar las cosas, siempre que se trabaje con la prioridad del bien común y no se distraiga ni hipoteque tan noble objetivo con la aparición de otros intereses urbanísticos a los que, por desgracia, estamos tan acostumbrados

Existe en inglés una expresión, con una profunda carga irónica, que reza 'elephant in the room'. Traducida literalmente, significa 'un elefante en la habitación'. Ésta es una expresión metafórica que se utiliza cuando hay algo escandalosamente evidente que es ignorado. Constituye algo, además, sobre lo que nadie quiere discutir.

La escena gráfica que dibuja la expresión es espectacular. Sería imposible pasar por alto la presencia de un elefante en una habitación y, sin embargo, las personas que comparten estancia con el animalito fingen que éste no está ahí, de forma que se evitan –por cobardía, por desinterés, por incomodidad o por lo que sea- tener que lidiar con el problema.

Eso es lo que ocurre con muchas iniciativas políticas e institucionales sobre las más diversas materias: precios de alquiler de viviendas, precio de la energía, planes renove, movilidad sostenible, etc. Y es lo que pasa, exactamente, con el plan de movilidad presentado por el gobierno municipal donostiarra bajo la denominación 'Datorren Donostia'.

Este plan, que constituye un valorable esfuerzo técnico y político por reducir el tráfico en el centro de la capital guipuzcoana, establece itinerarios para dificultar que el coche privado pase por el centro urbano para atravesar la ciudad, y propone un sistema de cámaras y autorizaciones específicas para acceder a determinadas zonas. Sugiere, asimismo, cambios en los recorridos tanto del transporte público urbano (Dbus), como interurbano (Lurraldebus).

El impulso de esta clase de fórmulas -que seguro que, en mayor o menor medida, estará trabajándose en las otras capitales vascas- está motivado por dos factores principales: Por un lado, la posibilidad de recibir fondos europeos con este tipo de proyectos, enfocados en “zonas de bajas emisiones”; y, por otro lado, la demanda ciudadana de más espacios amigables y sin coches, así como la creciente preocupación por el cambio climático.

El noble objetivo de reducir el tráfico en el centro urbano choca frontalmente, sin embargo, con el desarrollo y con los planes que, durante décadas, se han implantado en muchas ciudades y que se materializaron en la construcción de aparcamientos soterrados en el centro que necesitan a los coches.

Las plazas de aparcamiento en superficie en el centro de Donostia son casi inexistentes y no dan juego, por lo tanto, a la articulación de medida eficaz alguna para afrontar un problema de este calibre

La afluencia masiva de turismos, debido a la gran oferta de aparcamiento, ha generado un tráfico que es el principal problema. Ahora, nuestras autoridades quieren solucionar la cuestión de forma imaginativa, pero sin mencionar 'al elefante' que son los parking de rotación que están en el centro y que precisan, para su viabilidad, del acceso de coches.

Las plazas de aparcamiento en superficie en el centro de Donostia son casi inexistentes y no dan juego, por lo tanto, a la articulación de medida eficaz alguna para afrontar un problema de este calibre. El gran reto sólo se puede abordar a través de las concesiones administrativas que inundan el centro. Estamos hablando de cerca de 3.000 plazas de parking que, a lo largo de un día —y más intensamente los fines de semana y en verano—, se llenan varias veces.

La solución a este problema, generado durante décadas, ni es sencilla ni puede basarse en el reproche al adversario político. No podemos obviar que se trata de concesiones administrativas de parking de muy larga duración, que requirieron inversiones millonarias pendientes aún de amortizar. Por eso, si realmente existe conciencia sobre el cambio climático y sobre la movilidad sostenible y se quiere actuar con coherencia, la respuesta del gobierno municipal a esta cuestión requerirá grandes consensos y soluciones imaginativas.

No plantear, analizar, estudiar y pelear por superar este problema sería un error y representaría un fracaso para la ciudad

Para ser eficaces en la transformación de la realidad, esos consensos y esas soluciones deben reconocer, para empezar, que en la habitación hay un 'elefante' en forma de aparcamientos soterrados.

Habrá que poner, metafóricamente, el elefante sobre la mesa y buscar soluciones a medio y largo plazo, soluciones que podrían contemplar la habilitación de otros usos como plazas para residentes, espacios seguros para el aparcamiento de bicicletas, áreas para el desarrollo de un nuevo modelos de logístico en la ciudad o incluso parques infantiles cubiertos.

No plantear, analizar, estudiar y pelear por superar este problema sería un error y representaría un fracaso para una ciudad que, simplemente, terminaría haciendo un ejercicio de 'gatopardismo' con este bienintencionado plan de movilidad, porque el elefante seguiría ahí

Ésta ha sido una campaña atípica, aunque mucho me temo que las primeras lecturas de los partidos serán de lo más típicas. El ganador -sin grandes sorpresas, el PNV- agradece el caudal de confianza que vuelve a recibir para seguir gobernando la CAV, junto a su partido muleta –el PSE- en la misma línea en que lo ha hecho hasta ahora. 

El aumento de la abstención puede atribuirse a la Covid-19, a la fecha veraniega de las elecciones o al hartazgo de la sociedad. También puede deberse a que parte de la ciudadanía llamada a las urnas no ha creído a Urkullu cuando éste afirmaba que ir a votar durante la pandemia era tan seguro o más que irse al monte o a la playa.

Pudiera parecer que este resultado, para el partido de Ortuzar, sea fruto de una gestión inmaculada y alejada de amiguismos, de chapuzas y de arrogancia, o consecuencia del caudal de empatía y magnetismo que desprende el señor Urkullu. Pero considero que, seguramente, la llamada “incertidumbre post-covid” ha recuperado aquella frase de un militar guipuzcoano -convertido en religioso- que dijo eso de “En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza”. 

Mis amigos se dividen dos grandes grupos. Unos, los que piensan que se terminarán las obras del TAV antes de completar el Estatuto de Gernika; y otros, los que piensan que finalizarán la Sagrada Familia de Barcelona antes de completar el Estatuto. El nexo de unión entre los dos grupos es que ambos piensan que el PNV volverá a hablar del “nuevo estatus” en la XII legislatura sin voluntad política real de materializar nada, como así sucederá. 

EHbildu, aunque lejos de disputar aún la hegemonía del PNV, ha obtenido unos resultados notables que superan las previsiones de las encuestas electorales. En términos prácticos, mantiene cómodamente su segundo puesto. Quizá llega a EHbildu el momento de iniciar una sosegada reflexión interna, profunda y seria sobre cómo sacudirse la etiqueta de eterno segundón. Ha obtenido un bien resultado en el que asentar los cimientos de un proyecto alternativo al PNV, comandado por un equipo conformado para realizar un recorrido a medio-largo plazo con el que disputar el liderazgo a la formación jeltzale. Bajo ese liderazgo, EHbildu tiene que la oportunidad de formularse preguntas como: “¿Qué quieres ser de mayor? y ¿qué vas a hacer para conseguirlo?”.

El PSE, escondido bajo las alas del PNV y desaparecido desde la tragedia de Zaldibar y la pandemia de la Covid-19, ha mejorado escasamente sus resultados con respecto a los de hace cuatro años. Es verdad que empeorarlos habría sido muy difícil, y más aún con las riendas del poder en Madrid. La previsible reedición del bipartito anuncia mero continuismo sin que sirva para tirar del ejecutivo hacia posiciones más a la izquierda, algo que a nadie sorprenderá. Pero si se hunden los dos socios del Gobierno de Madrid… es que tienen un problema.

Elkarrekin Podemos ha dejado muchos votos en el camino -pierde casi la mitad de la representación-, así como una cantidad nada desdeñable de heridas internas y de ilusiones frustradas. Lo más sonado de su campaña ha sido la metedura de pata de Echenique con respecto a los GAL; descubrir a Gorrotxategi citando a ‘Pirritx eta Porrotx’; y el incalificable vídeo de los Power Rangers, que me recordó aquella frase que escuchaba de pequeño: “No es lo mismo caer en gracia que ser gracioso”. Y, la verdad, ni lo uno ni lo otro, Podemos no ha caído en gracia. Si hace cuatro años hasta EHbildu miraba de reojo a la candidatura de Pili Zabala, la realidad electoral está muy lejos de la que llego a ser. El espacio político que representa deberá ser tenido en cuenta en un futuro, pero dudo mucho que vuelvan a apostar por fórmulas esperpénticas como la de un vídeo que evidencia que algunos, en su ánimo de asaltar los cielos, simplemente están en las nubes. El batacazo vasco y gallego les obliga a una reflexión sobre las razones de la sangría de apoyo social.

La derecha española representada por el PP+Ciudadanos, va menguando su representación poco a poco tras valerse de una campaña, un mensaje y un candidato en blanco y negro más propio de una película de Berlanga que de una oferta electoral adecuada a la sociedad vasca del siglo XXI. Pero al PP de Madrid nunca le ha importado el resultado electoral en la CAV. La realidad es que “lo vasco” ha sido solo una vía de legitimación electoral en otros territorios.  

Me gustaría hacer una mención a Equo y a su candidato Becerra. Los comicios dejan claro que el buen trabajo parlamentario en sí no es garantía de un buen resultado electoral.

Si hay un elemento lamentable es la irrupción de Vox en el Parlamento Vasco, que no representa otra cosa que el fascismo institucional. Sólo consuela el hecho de que, en realidad, no han hecho más que capitalizar el accesible “escaño Maneiro”.

Se abre ahora una nueva legislatura para la política continuista del tándem PNV-PSE, que goza de mayoría parlamentaria para hacer y deshacer leyes en el Parlamento Vasco (y también en las Juntas Generales). El contexto económico y social va a exigir a los grupos del gobierno más competencia, más capacidad de diálogo y más empatía que la que han mostrado hasta ahora. Mal haría Urkullu y su equipo en interpretar la victoria como un cheque en blanco, ya que los tiempos que vienen van a exigir corresponsabilidad y coliderazgos, algo que le resulta muy complicado al lehendakari.

Faltan unos días para que tengamos una nueva cita con las urnas. Van a ser unas jornadas largas y pesadas, en las que van a coincidir la campaña electoral oficial de los comicios autonómicos vascos con el tramo final de la Liga de fútbol. Se trata de competiciones en las que, por regla general, ganan los más poderosos, los que tienen más contactos y los que administran más recursos económicos. Vale lo mismo para el Real Madrid y el FC Barcelona, en la Liga, que para el PNV en las elecciones vascas: juegan en la misma competición, pero con muchos más recursos –mediáticos y empresariales- que sus rivales.

No soy amante del fútbol, pero admito que me alegro cuando no ganan los de siempre y los que más tienen. En la política, me sucede lo mismo con respecto a un PNV muy seguro de sí mismo y de la eficacia de la inversión propagandística que ha realizado desde las diferentes administraciones que gobierna. Es como si la formación de Andoni Ortuzar quisiera hacer ver que nada de lo sucedido en esta legislatura le va a provocar desgaste alguno.

La relación de escándalos y chapuzas ha sido tan larga que me resisto a pensar que no le va a pasar factura: la sentencia del Caso De Miguel, el mayor caso de corrupción en la historia del País Vasco que lleva a la cárcel a tres exdirigentes del PNV; la gestión del vertedero de Zaldibar, donde un derrumbe mantiene sepultados desde el 6 de febrero los cuerpos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, cuya recuperación era “prioritaria” para el Gobierno Vasco; o el fraude en las OPE de Osakidetza, son sólo algunos ejemplos de ello.

Tampoco sale bien parado –sobre todo, por los aires que se gasta el PNV- con su gestión de la pandemia de la Covid-19, tanto en la relativo al prematuro e incendiario anuncio de retorno a las aulas –felizmente frustrado-, como a la exasperante lentitud en la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de las medidas adoptadas en torno a esta crisis sanitaria, especialmente cuando semanas antes habían abroncado públicamente al Gobierno español por su lentitud en publicar el BOE correspondiente.

La experiencia, no obstante, dice que en el País Vasco la balanza electoral no se inclina en un sentido u otro por estas cuestiones.

Todo hace indicar que las prisas del PNV por celebrar las elecciones lo antes posible -recién salidos de un largo confinamiento y con muchas dudas sobre cuál es el futuro de muchos servicios- se deben a la inevitable necesidad de hacer frente a unas cuentas públicas que empiezan a sufrir una caída de ingresos. De todos es sabido que el PNV no es amigo de subir impuestos a las rentas más altas, de la misma forma que el PSE no es amigo de condicionar esta vieja costumbre al PNV. Si no nos sorprende una inesperada reforma fiscal, la situación nos lleva inexorablemente a realizar “ajustes”, “adaptaciones”, “redimensionamientos” o algún neologismo conceptual que sirva al equipo del lehendakari para recortar sin hablar de recortes.

Hay que reconocer que, a estas alturas de la película y viendo su fortaleza electoral, el PNV tampoco oculta sus intenciones. Es más, el propio Iñigo Urkullu ya ha dicho que el funcionariado tendrá que ser “solidario” con el resto de la población, que es una forma eufemística de avisar de que recortarán en lo público tan pronto como, si les dan los números, formen gobierno. Llama la atención, en este sentido, que esa solidaridad que pide a miles de trabajadores públicos no se la exija directamente a sus diputados forales en Gipuzkoa, donde el PNV ha votado, junto al PSE, en contra de que no se le suba un 8,2% el sueldo al jeltzale Markel Olano y su gobierno.

Tampoco tiene pinta de que el PNV, a las puertas de una nueva crisis económica, vaya a renunciar a obras no urgentes ni prioritarias –como el doble agujero del ‘Topo’ en Donostia-, para preservar los servicios públicos. Y digo que no tiene pinta porque, por ejemplo, hasta el momento no ha mostrado la más mínima voluntad política de solucionar la huelga de las residencias de Gipuzkoa, donde las trabajadoras sí que fueron capaces de interrumpir su movilización y de arrimar el hombro para atender dignamente a los mayores ante una situación excepcional como la provocada por la Covid-19.

La formación de Andoni Ortuzar, a los ojos de la sociedad vasca, sigue trasladando la idea de que los problemas son algo que no va con el PNV, sino con todos los demás. Siempre habrá algún tercero al que cargarle el marrón, mientras las circunstancias cambian para salir airoso del brete.

El PNV es algo parecido al Correcaminos de los Looney Tunes. Es un personaje que siempre gana, en cualquier circunstancia. Lo hace con otras reglas y con el mínimo esfuerzo, lo cual lo hace especialmente odioso. Es un personaje insípido, frío, que tiene la ventaja de ser muy veloz y que se limita a emitir un irritante ‘mic mic’ antes de salirse, una vez más, con la suya.

Para ser mínimamente atractivo, el Correcaminos necesita al Coyote, que en el panorama político vasco podría ser EH Bildu. El Coyote es un generador compulsivo de ideas, de proyectos y de estrategias para atrapar al Correcaminos. Se lo curra muchísimo, tanto en el planteamiento como en la materialización de las ideas, pero sus ingenios terminan tropezando. O bien tropiezan con las imperfecciones de los productos de la firma ACME, o bien lo hacen con las reglas especiales con las que juega el Correcaminos, capaz de huir por un túnel pintado por el Coyote, a quien seguidamente arrolla, de forma irremediable, un tren real que sale de su propio dibujo.

¿Quién no ha llegado a pensar que el Coyote quizá debería dejar de lado su obsesión o buscar otras fórmulas para atrapar al Correcaminos? ¿O que, incluso, necesitaría de aliados para conseguir sus objetivos? Yo sí lo he pensado. Incluso he vuelto a ver ese episodio en el que el Coyote por fin lo atrapa y se lo merienda y se me ha dibujado una sonrisa. ¡Ya era hora!

Siguiendo con el símil de los Looney Tunes, podríamos decir que el PSE es Piolín. Es un personaje que parece ajeno a las incomodidades del entorno y que es feliz siempre que pueda protegerse bajo las alas del Correcaminos de turno, aunque sea a cambio de los principios socialistas que le pudieran restar.

Podemos y sus alianzas estarían representados en parte por Elmer Gruñón, ya que su papel está muy condicionado por lo que haga la formación morada desde su participación en un gobierno de coalición para el conjunto de España. En el País Vasco, todo hace indicar que sacarán peores resultados que hace cuatro años, ya sea por haber pactado el presupuesto del Gobierno Vasco o por sus inagotables trifulcas internas. En éstas, se ha comportado como Taz (el Demonio de Tasmania), un personaje que todo devora, ilusiones y expectativas electorales incluidas.

La catalogación de la coalición PP-Ciudadanos en el mundo Looney Tunes es compleja. Se mueve entre el carácter secundario del personaje Porky y el de Marvin el Marciano, un exótico tipo procedente de un planeta en el que existen las mismas probabilidades de hallar vida que de que PP-Cs tengan un papel mínimamente relevante en la política vasca.

Dentro de unos días sabremos si el País Vasco cambia o no de rumbo político. Hoy por hoy, lo que sí sabemos es que el Correcaminos prefirió superar el confinamiento corriendo hacia Cantabria con Revilla, cuando en la lógica del Coyote la urgencia se situaba en restablecer la normalidad entre las diferentes realidades administrativas en las que se divide el pueblo vasco.

No nos queda otra opción que esperar a ver si el próximo 12 de julio las urnas determinan un nuevo reparto de papeles y de protagonismos. Hasta que eso suceda, ¡eso es todo, amigos!