Según ha expresado Trump en su plataforma Truth Social, el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca sobre Groenlandia otorga “el control permanente sobre la seguridad y sobre todas las otras necesidades de EEUU en dicho territorio”, una cláusula “sin fecha de caducidad y válido de forma infinita”. Sin conocer el texto completo, hay varias cosas que sabemos desde hace tiempo, y una de ellas tiene que ver con Canadá, no con China o Rusia.

En diciembre de 2024, Trump ya publicó en su plataforma lo siguiente: “Por razones de seguridad nacional y de la libertad en todo el mundo, Estados Unidos considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta. La gente se beneficiará enormemente cuando se convierta en parte de nuestra nación”. Un año después amenazó con quedarse la isla, por las buenas y por las malas, creando una enorme tensión en Europa y en la OTAN. Había cinco motivos que movían a Trump en esta obsesión, que viene de antiguo: el control territorial del hemisferio Occidental, proyectarse militarmente hacia el Ártico desde Groenlandia, impedir que China y Rusia hagan negocios en la isla, evitar que China aproveche el deshielo ártico y utilice esta ruta para su comercio, y tener el control de la explotación de sus riquezas minerales, en especial las tierras raras, necesarias para las industrias de defensa, energía, comunicaciones y automoción.

Los tres últimos motivos van unidos, por lo que me centraré en ellos, sobre todo en las tierras raras, y más cuando en el acuerdo que anunció Trump con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a principios de este año, que no fue discutido ni aprobado en la OTAN en su totalidad, ya parecía que uno de los puntos era la concesión de derechos mineros a Estados Unidos, en particular para impedir la presencia o las inversiones chinas, o incluso un posible derecho de veto de Washington sobre los proyectos rusos o chinos en la isla, algo que vulneraba la soberanía de la isla. Esto es lo que ahora Trump quiere tener atado y bien atado.

Pekín, que extrae el 60% de las tierras raras del mundo y procesa más del 90%, impuso en abril del año pasado restricciones a la exportación de tierras raras, como parte de su disputa comercial con Trump. Ambos países alcanzaron una tregua, aunque el control de Pekín sobre el sector ha agravado la excesiva dependencia de Occidente y ha provocado una búsqueda global de suministros en otros lugares, y Groenlandia es uno de los preferentes. Durante años, China ha intentado establecerse en la isla mediante inversiones en infraestructuras, pero ninguna llegó a materializarse debido a las preocupaciones geopolíticas. En 2018, supuestamente bajo presión de Estados Unidos, Dinamarca bloqueó una oferta de una empresa estatal china para ampliar una red de aeropuertos groenlandeses. Una empresa china también fue bloqueada para comprar una base naval abandonada en Groenlandia dos años antes. Entre 2012 y 2017, la inversión extranjera directa de China en Groenlandia representó más del 11% del PIB del territorio, un porcentaje mucho mayor que en otros países árticos. Desde entonces, apenas ha invertido en la isla. El deseo de Groenlandia de atraer inversión china para ayudarle a explotar sus recursos minerales ha estado en ocasiones en conflicto con las preocupaciones de seguridad de Dinamarca, que hasta ahora ha controlado la seguridad y los asuntos exteriores del territorio.

El Gobierno de Groenlandia tiene una página web en la que expone todas las licencias mineras concedidas. Entre 2003 2025, se aprobaron 138 licencias a 52 empresas diferentes. Entre 2003 y 2024, la media de licencias aprobadas fue de 4 al año, pero en 2025 ascendieron a 43, y hasta el 8 de septiembre de este año, 38, lo cual indica que el Gobierno tiene interés en que el sector minero se expanda, siempre y cuando se respeten las medidas ambientales, que son muy estrictas. Las subvenciones de Dinamarca al Gobierno de Groenlandia suponen el 20% del PIB de la isla, que es de unos 3.000 millones de dólares, y por ello intentan diversificar los ingresos, más allá de la pesca y el floreciente turismo. Lo interesante, sin embargo, es ver de dónde son las 58 empresas que ahora están establecidas, pues ello explica en buena parte el enfado de Trump.

Casi todas las empresas presentes en Groenlandia y con licencia ya concedida son de Dinamarca, Reino Unido, Groenlandia, Australia y Canadá. De Estados Unidos solo hay una, Critical Metals, aunque es la más ambiciosa en cuanto a proyectos con la mina de Tanbreez. Solo en 2026, Canadá obtuvo licencias para cuatro de sus empresas, que se suman a bastantes más ya establecidas, lo cual fastidia, y mucho, al presidente Trump, ya que el país vecino controla la cuarta parte de las licencias de Groenlandia. La manía de Trump hacia el primer ministro canadiense, no es solo por el fentanilo, sino porque tiene demasiada presencia en Groenlandia.

En enero de 2025, el CEO de Critical Metals, Tony Sage, hizo unas declaraciones a la revista “Fortune”, señalando que “con el Pentágono planeando un aumento sustancial en la adquisición de cazas F-35 en las próximas décadas, garantizar un suministro fiable de elementos de tierras raras pesadas será crucial. Para que te hagas una idea, Tanbreez en Groenlandia tiene una concentración particularmente alta de elementos raros pesados. Estados Unidos sigue siendo fuerte y poderoso. Sin embargo, las batallas futuras pueden ganarse o perderse no en función de nuestra fuerza actual, sino del acceso y la utilización de los Poderosos 17” (las tierras raras). Uno de los avaladores de Critical Metals es el multimillonario Howard W. Lutnick, actual secretario de Comercio del Gobierno de Trump. Lutnick fue CEO de Cantor Fitzgerald, una firma de corretaje, antes de unirse al gabinete de Trump. Cantor posee una participación significativa en Critical Metals Corp, que ha recibido del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos un préstamo valorado en 120 millones de dólares para financiar la mina de tierras raras Tanbreez, en lo que ha sido la primera inversión extranjera de la administración Trump en un proyecto minero.

La vinculación entre la minería de tierras raras y el complejo militar-industrial de Estados Unidos, es muy clara. Existe un contrato de diez años bajo el cual Critical Metals suministrará hasta 10.000 toneladas de concentrado de tierras raras al año de su proyecto Tanbreez, a la planta financiada por el Departamento de Guerra en Luisiana. No ha de extrañar tampoco que, en enero, en Davos, el secretario general de la OTAN, Rutte, dijera que “aseguremos que los chinos y los rusos no tengan acceso militar a la economía Groenlandia”. Rutte y Trump tienen pánico al poderío comercial de los chinos.

El potencial de Groenlandia ha atraído también a algunos multimillonarios de renombre, como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates o Michael Bloomberg, la mayoría cercanos al presidente Trump. Todos ellos han invertido en la empresa estadounidense KoBold Metals, que ha estado prospectando tierras raras utilizadas en infraestructuras de centros de datos de IA. Sal Altman, CEO de OpenAI, ya invirtió en 2022, y el año anterior, Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, apoyó a Praxis, una startup que propone un concepto tecnológicamente avanzado de “ciudad de libertad” para la isla, algo muy delicado en una isla que ya tiene uno de los índices de suicidios más alto del mundo, un tema sociocultural ligado al mantenimiento de la identidad. En suma, y como han señalado bastantes analistas chinos, es improbable que Groenlandia llegue a ser ocupada por Rusia o China, pues ninguno de los dos tiene motivos claros para buscarlo, y los límites políticos, jurídicos y el riesgo de escalada lo vuelven un escenario muy poco verosímil. Si se pretende conservar la estabilidad ártica, el reto no es frenar invasiones imaginarias, sino encauzar la rivalidad sin debilitar los diques institucionales (normas, acuerdos y mecanismos operativos de coordinación), que sostienen una seguridad duradera en el Ártico. Visto así, Groenlandia es menos un frente de guerra que una prueba de madurez estratégica.

En el fondo, ese “control permanente de la seguridad” que Trump reclama sobre Groenlandia tiene menos de dispositivo militar que de cláusula de exclusividad minera. Ni Moscú ni Pekín disputan hoy el territorio con inversiones o presencia real, como muestra el bloqueo sistemático de sus intentos desde 2016; quien sí acumula licencias, capital y presencia industrial en la isla es Canadá, con una cuarta parte de las concesiones frente a la práctica ausencia estadounidense fuera de Critical Metals. Lo que Washington busca blindar con este acuerdo no es tanto una frontera frente a un enemigo lejano como una posición dominante frente a un socio y competidor cercano, en un mercado de tierras raras del que depende directamente su industria de defensa y de comunicaciones. La retórica de la amenaza rusa o china sirve, sobre todo, para justificar ante la OTAN y la opinión pública una disputa que es, en esencia, comercial y se libra entre vecinos del propio bloque occidental.

La situación actual del conflicto ruso-ucraniano representa un caso paradigmático de la superioridad de la opción de no-acuerdo o de la “mejor alternativa posible asimétrica”. Ninguna de las partes puede imponer una solución militar decisiva, pero ambas creen —o al menos actúan como si creyeran— que su alternativa a negociar sigue siendo mejor que aceptar los términos del otro. Esto explica por qué, en lugar de negociar, el conflicto ha mutado hacia una nueva fase de escalada calculada: los ataques a infraestructuras energéticas o logísticas, puertos, redes eléctricas y población civil no buscan alterar sustancialmente las líneas del frente, sino producir un efecto de desgaste deliberado sobre la resiliencia social y económica del adversario. Rusia ataca infraestructura energética ucraniana buscando quebrar la moral civil antes del invierno; Ucrania responde con ataques de largo alcance sobre refinerías e infraestructura logística rusa, buscando encarecer el esfuerzo bélico ruso y visibilizar que Rusia tampoco es invulnerable en su propio territorio. Esta dinámica se corresponde estrechamente con el concepto de costos crecientes: cada parte intenta subir el precio que el otro debe pagar por continuar la guerra, no ya en términos de vidas de soldados en el frente (donde el estancamiento es evidente), sino en términos de infraestructura civil, economía y cohesión social.

Este tipo de guerra de desgaste conecta también con el deterioro de la mejor alternativa posible del oponente: al golpear la capacidad energética o productiva del rival, cada bando intenta reducir el valor de la opción “seguir luchando sin negociar” para el otro. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite estructural evidente: mientras ambas sociedades mantengan la voluntad de resistir —apoyadas por ayuda externa en el caso ucraniano, o por un aparato represivo interno relativamente eficaz en el caso ruso— el desgaste puede prolongarse indefinidamente sin producir un colapso claro de ninguna de las partes, generando lo que podría llamarse un “empate destructivo” donde el coste humano y material sigue creciendo sin alterar el resultado militar.

Un segundo grupo de conceptos relevante es el de asimetría y poder relativo. La asimetría temporal es central: Rusia, con mayor población, industria militar reconvertida y un sistema político que no depende de elecciones competitivas, puede permitirse pensar en plazos de varios años. Ucrania, en cambio, depende de ciclos de ayuda occidental sujetos a cambios políticos internos en Estados Unidos y Europa, lo que genera una presión estructural para buscar resultados en el corto-medio plazo. Además, el exministro de Defensa ucraniano ya ha pedido que se celebren elecciones, lo que traerá mucha cola en las próximas semanas.

A esto se suma la asimetría de reversibilidad: para Ucrania, aceptar la pérdida de facto de territorios ocupados es una decisión políticamente casi irreversible dada la centralidad de la integridad territorial en su discurso nacional desde 2014; para Rusia, en cambio, ciertas concesiones (como detener ataques a infraestructura civil) son más fácilmente reversibles si el proceso fracasa. Esta diferencia en la “reversibilidad” de las concesiones que cada parte podría hacer complicar enormemente el diseño de cualquier proceso de desescalada gradual, porque lo que para un lado es un gesto de buena voluntad de bajo riesgo, para el otro puede representar un sacrificio político de gran magnitud.

En el plano comunicativo, ambas partes han recurrido extensamente a la narrativa de excepcionalidad histórica (Rusia enmarcando la guerra como una continuación de la Gran Guerra Patria contra el nazismo, Ucrania enmarcándola como una guerra existencial de descolonización frente al imperialismo ruso) y a estrategias de deslegitimación selectiva del liderazgo contrario. Esto hace que cualquier proceso de negociación deba lidiar primero con el problema de cómo hablar sobre cómo hablamos: antes de discutir fronteras o garantías, es necesario desactivar el lenguaje maximalista que ambas partes han usado para movilizar apoyo interno (la “derrota de Rusia” por un lado, la “operación militar especial” y la negación de la identidad ucraniana por otro).

Aquí resulta especialmente útil el concepto de reconocimiento gradual de facto frente al reconocimiento formal. Un acuerdo realista no requiere que Ucrania reconozca legalmente la anexión de territorios ocupados —lo cual sería políticamente inviable e ilegal bajo el derecho internacional— sino que puede basarse en una ambigüedad constructiva: un alto el fuego que congele la línea de contacto actual sin necesidad de que ambas partes acuerden su estatus jurídico final, dejando esa cuestión para una negociación política de largo plazo o, simplemente, sin resolverla formalmente, similar a lo ocurrido con Chipre, Cachemira o la península de Corea, donde el “congelamiento” del conflicto ha durado décadas sin resolución jurídica definitiva, pero también sin nueva violencia a gran escala.

Con estos elementos en mente, una propuesta de un alto el fuego que congele las fronteras actuales de facto, sin reconocimiento formal por parte de Ucrania, resulta consistente. El enfoque de “fórmula – detalles” sería clave: primero acordar el principio general (cese de hostilidades, no reconocimiento formal, pero aceptación práctica de la línea de contacto como frontera administrativa temporal) y dejar para después, mediante negociación por etapas, los detalles técnicos de verificación, monitoreo internacional y garantías. Las cláusulas de revisión periódica permitirían que este acuerdo no se perciba como definitivo ni para Rusia ni para Ucrania, reduciendo la resistencia interna de ambas poblaciones a aceptar lo que de otro modo parecería una capitulación permanente.

Respecto a los derechos lingüísticos de la población del Donbás, esta garantía debería diseñarse como una cláusula de no interferencia mutua verificable internacionalmente, posiblemente mediante mecanismos similares a los de la OSCE, evitando que se convierta en un pretexto futuro de reactivación del conflicto, como ocurrió, en cierta medida, con los Acuerdos de Minsk, cuya ambigüedad y falta de mecanismos de verificación robustos contribuyeron a su fracaso. Sería fundamental evitar el error de Minsk: una ambigüedad constructiva mal calibrada, que en aquel caso se convirtió en ambigüedad destructiva al permitir interpretaciones irreconciliables sobre secuenciación, como elecciones primero o retirada de fuerzas primero.

Finalmente, el componente más ambicioso de la propuesta que expongo es un pacto de no agresión de Rusia con los países europeos junto a un proceso de desescalada del rearme, lo que requeriría ir más allá del marco bilateral Rusia-Ucrania hacia una internacionalización estratégica del conflicto, transformándolo de una disputa territorial bilateral en un nuevo marco de seguridad europea post-Guerra Fría. Esto conecta con la idea de construcción progresiva de confianza: no sería razonable esperar un tratado de desarme inmediato, sino más bien un proceso de reciprocidad gradual, con gestos de confianza progresivos verificables (reducción escalonada de despliegues militares en fronteras, transparencia mutua en ejercicios militares, canales de comunicación directa entre mandos militares para evitar incidentes accidentales). Para que esto sea posible, resulta indispensable despojar al conflicto de su dimensión personalista: la guerra ha quedado en buena medida secuestrada por las trayectorias, egos y narrativas de supervivencia política de Putin y Zelenski, para quienes un acuerdo puede leerse como una derrota personal o una traición a los sacrificios ya realizados.

Superar este síndrome de estar atrapado exige un reencuadre identitario, que permita a ambos líderes presentar cualquier acuerdo no como una capitulación individual, sino como una decisión de Estado que trasciende sus biografías políticas, garantizando así salidas dignas que no dependan de la humillación del contrario ni de la glorificación excesiva de uno mismo. Un acuerdo de este tipo no resolvería todas las tensiones geopolíticas subyacentes, pero permitiría detener el sufrimiento civil inmediato, estabilizar una situación que actualmente solo genera destrucción sin cambios sustanciales en el terreno, y abrir un espacio —por frágil que sea— para que la diplomacia, en lugar de los misiles sobre centrales eléctricas y hospitales, vuelva a ser el escenario principal donde se dirima el futuro de la región, despojada del peso de los egos individuales que hoy la sostienen.

En los conflictos armados, cada concesión que una de las partes hace suele percibirse no como un simple ajuste técnico, sino como una pérdida existencial. Esta dinámica psicológica explica buena parte del laberinto en el que Donald Trump parece haberse instalado con la guerra de Irán: un conflicto que escaló sin una hoja de ruta clara de salida, y en el que cada posible retirada, cese al fuego o negociación se percibe —tanto por él como por su base— no como un ajuste pragmático de política exterior, sino como una capitulación.

La estrategia de reencuadre de la pérdida, bien conocida en la literatura sobre negociación, busca precisamente neutralizar ese componente psicológico transformando la concesión en una ganancia relativa o funcional, de modo que la parte que cede pueda presentarla —ante sus bases, su opinión pública o incluso ante sí misma— como un acto de pragmatismo, visión de futuro o incluso fortaleza, en lugar de debilidad o traición.

Esto se logra mediante mecanismos bien identificados: enmarcar la concesión en términos de beneficios futuros tangibles en vez de pérdidas inmediatas, usar lenguaje ambiguo que permita a cada bando interpretar el acuerdo de manera favorable a su relato interno, secuenciar las concesiones para que ninguna parezca una capitulación aislada, introducir garantías simbólicas que compensen el costo identitario de la cesión, y externalizar la responsabilidad de la decisión hacia “la historia”. En esencia, se trata de gestionar la aversión a la pérdida, ese sesgo cognitivo tan humano, para que el costo político interno de aceptar un acuerdo sea menor que el beneficio percibido de alcanzarlo. Aplicado al caso que nos ocupa, la pregunta no es si Trump puede encontrar una salida razonable a la guerra de Irán —probablemente existan varias sobre la mesa—, sino si alguien logra ayudarle a reencuadrarla de manera que no la experimente como una derrota.

A esta primera herramienta se suma otra igualmente relevante en la caja de herramientas diplomática: la ambigüedad constructiva, técnica de redacción que consiste en formular deliberadamente los términos de un acuerdo de manera lo suficientemente flexible o imprecisa como para que cada una de las partes en conflicto pueda interpretarlos de acuerdo con sus propios intereses, narrativas políticas y necesidades de legitimación ante sus respectivas bases, sin que ninguna quede obligada a admitir explícitamente una concesión que resulte inaceptable o humillante para su electorado.

Su utilidad radica en que permite destrabar puntos de la negociación que serían irresolubles si se exigiera una definición unívoca y cerrada, postergando la clarificación final del significado hacia la fase de implementación —aunque conlleva el riesgo, nada menor, de generar interpretaciones divergentes que resurjan como fuentes de conflicto en etapas posteriores—. En el caso de Irán, un acuerdo redactado con la vaguedad adecuada podría permitir que Teherán proclame ante sus sectores duros una narrativa de resistencia victoriosa, mientras Washington proclama ante su electorado una narrativa de fuerza disuasiva exitosa, sin que ninguna de las dos formulaciones sea técnicamente falsa. Esta técnica se complementa naturalmente con la desagregación de la agenda: en lugar de negociar en bloque “el fin del conflicto” —una abstracción cargada simbólicamente que tiende a convertirse en una negociación de suma cero difícil de destrabar—, se fragmenta el problema en subtemas técnicos y manejables, susceptibles de negociarse de manera secuencial o incluso por comisiones especializadas distintas. Esta lógica de incrementalismo negociador permite aislar los puntos de mayor consenso de los de mayor fricción, incorporar expertos técnicos y verificadores en lugar de negociadores políticos discutiendo abstracciones irresolubles, y mostrar avances tangibles a las audiencias internas incluso cuando persisten diferencias irreconciliables en los aspectos más estructurales. El fracaso en un punto, así, no contamina necesariamente la totalidad del proceso.

Íntimamente relacionado con lo anterior está el doble discurso, táctica mediante la cual cada parte negociadora construye narrativas divergentes según la audiencia a la que se dirige: hacia la mesa de negociación y la comunidad internacional se proyecta un discurso conciliador y orientado a la solución política, mientras que hacia las bases internas se mantiene un discurso de firmeza o continuidad de la lucha, con el objetivo de preservar la cohesión interna y proteger la legitimidad del liderazgo frente a acusaciones de traición o debilidad —aunque ello genere el riesgo de que la contraparte perciba estas señales contradictorias como prueba de mala fe—.

Es difícil no notar que Trump ya practica versiones de esta táctica en su comunicación cotidiana, aunque de forma reactiva e improvisada más que estratégica; el desafío estaría en convertir esa tendencia natural en un instrumento deliberado y coherente dentro de un proceso de negociación real, y no en una fuente adicional de confusión para sus interlocutores. Pero ninguna de estas técnicas de arquitectura negociadora resuelve, por sí sola, el obstáculo más profundo, que es de naturaleza estrictamente psicológica: la disonancia cognitiva que enfrenta cualquier líder que sostiene simultáneamente la autopercepción de ser un protector fuerte y decisivo, y la realidad incómoda de haber ordenado o permitido una escalada militar que contradice esa imagen si termina sin una victoria clara.

Este bloqueo lleva a desvalorizar sistemáticamente cualquier información que cuestione el relato propio, a justificar cada decisión como respuesta necesaria e inevitable, y a cerrarse a la autocrítica que toda negociación auténtica exige. La literatura sobre mediación sugiere que confrontar directamente esa disonancia solo refuerza la defensa psicológica; la estrategia más eficaz es el reencuadre identitario facilitado, mediante el cual el mediador ofrece activamente una narrativa alternativa y compatible con la autoimagen positiva del líder, permitiéndole reinterpretar el proceso de negociación no como una claudicación, sino como la culminación coherente de su liderazgo, de modo que firmar la paz se convierta en el acto que confirma su identidad de estadista responsable, en vez de desmentirla.

Este reencuadre identitario, sin embargo, rara vez opera de forma aislada, puesto que suele estar entrelazado con otro sesgo cognitivo, a menudo más resistente al cambio, que es la escalada irracional del compromiso, esa tendencia profundamente humana a persistir en un curso de acción ya fracasado no porque un análisis racional de las ganancias futuras lo justifique, sino porque el peso simbólico de los costos hundidos hace que detenerse ahora se perciba como una traición retroactiva a todo lo ya sacrificado. La pregunta interior deja de ser “¿qué es lo más racional a partir de este momento?” y se convierte en “¿cómo voy a parar ahora, después de todo lo que hemos invertido?”.

Por ello, resulta más eficaz cuando se combina con una reinterpretación deliberada de los costos hundidos como legado y no como pérdida vana, de modo que el fin del conflicto se presente no como el reconocimiento de que la inversión fue en vano, sino como el resultado que da sentido y culminación a esa inversión. Ambos sesgos —la disonancia cognitiva y la escalada del compromiso— se retroalimentan mutuamente, y cualquier estrategia negociadora eficaz debería abordarlos de forma conjunta, ofreciendo al líder una salida que le permita reinterpretar tanto su identidad como el sentido de lo ya invertido, sin cuya resolución simultánea la mera lógica de las ganancias futuras rara vez basta para romper la inercia psicológica que mantiene viva una escalada ya objetivamente estancada. Esto es, en esencia, lo que en estos momentos algunos analistas proponemos en relación con la errática política del presidente Trump respecto a la guerra de Irán, en un momento en que parece encontrar la manera de retirarse del avispero en el que se ha metido. Si estas herramientas terminan siendo útiles, si son ignoradas, o si la historia toma un curso completamente distinto, es algo que cada lector podrá juzgar por sí mismo.

Hace pocos días, Hamás afirmó que había aceptado un acuerdo presentado por Estados Unidos, destinado a poner fin completamente a la guerra de Israel en Gaza, incluyendo disposiciones para desarmar y entregar sus armas por etapas. Según el acuerdo, Israel debería retirar sus fuerzas con el paso del tiempo, pero Netanyahu ya ha dicho que no acepta el plan de 15 puntos presentado.

Desde la práctica de mediación en conflictos armados, esta propuesta sigue un patrón reconocible: la secuenciación recíproca condicionada, donde ninguna parte se mueve primero sin garantías verificables de que la otra cumplirá. Es un diseño técnicamente sensato —el desarme unilateral de Hamás sin retirada israelí sería un suicidio político y de seguridad para la organización, mientras que la retirada israelí sin desarme verificado sería inaceptable para el establishment de seguridad israelí—, pero estructuralmente frágil: basta que una parte incumpla o dilate su fase para que la otra tenga justificación legítima para congelar la suya. Los plazos de 200-300 días para la desmilitarización, combinados con retiradas “graduales hacia líneas designadas en sintonía con el progreso de la verificación”, dejan amplio margen de interpretación y disputa.

Esto se ha confirmado ya en la práctica: Netanyahu ha resumido su posición en tres ideas que contradicen abiertamente la lógica paralela del acuerdo. Primero, que el ejército “no realizará ninguna retirada hasta que Hamás esté verdaderamente desarmado”, invirtiendo la secuencia pactada de “en paralelo y por fases” hacia un esquema donde el desarme total es precondición, no proceso simultáneo. Esta no es simple ambigüedad textual, sino lo que en teoría de negociación se conoce como reinterpretación unilateral de mala fe, pues no se rechaza el acuerdo formalmente —lo cual tendría un costo diplomático claro—, sino que se vacía de contenido operativo mientras se mantiene la ficción de haberlo aceptado, trasladando el costo político de una eventual ruptura hacia Hamás o hacia la comunidad internacional.

El segundo elemento de esa posición —que los militares “seguirán frustrando las amenazas” contra ellos y los ciudadanos israelíes— es un ejemplo clásico de ambigüedad constructiva empleada en sentido inverso: en vez de servir para acercar posiciones, como sería su función legítima en diplomacia, aquí preserva unilateralmente un margen de acción discrecional que anula el compromiso explícito del acuerdo de “completar plenamente y sin demora” el cese de operaciones militares. Es una cláusula de autoexcepción encubierta, donde cualquier acción militar futura puede justificarse retroactivamente como respuesta a una amenaza indefinida, sin necesidad de establecer umbral, naturaleza o verificación independiente. En el terreno, esto se traduce en un patrón muy concreto: mientras se negocia formalmente el ritmo de la retirada, el ejército israelí ha ampliado unilateralmente el territorio bajo su control del 60% a un objetivo del 70%, desplazando bloques de hormigón y extendiendo las zonas de fuego libre. Es una negociación de facto que ocurre fuera del marco declarado, alterando la línea base sobre la que se mediría cualquier repliegue futuro, puesto que, si el punto de partida sigue expandiéndose después de la firma, cualquier eventual retirada parcial puede presentarse como concesión sustancial aunque solo devuelva una fracción de lo tomado unilateralmente tras el acuerdo, técnica de negociación posicional maximalista documentada en otras disputas territoriales prolongadas como Chipre o Nagorno Karabaj.

La tercera idea de Netanyahu —que “no se creará un Estado palestino, ni en Gaza ni en Judea y Samaria” mientras él esté en el poder— no es solo una declaración ideológica dirigida al electorado antes de las elecciones de octubre, sino una señal estratégica deliberada hacia la contraparte: elimina el horizonte político que el propio acuerdo de la Junta de Paz establece como condición para un “camino creíble hacia la autodeterminación”. Esto rompe el vínculo entre gesto de seguridad y gesto político que ha sostenido casi todo proceso de paz exitoso, y cambia radicalmente el cálculo racional de quien debe desarmarse: sin contrapartida política final, el desarme se percibe como rendición unilateral, no como parte legítima de una transición, incluso si se mantiene como discurso público bajo presión internacional. A esto se suma un problema de verificación que agrava todo lo anterior. La comprobación del desarme de Hamás depende de una comisión internacional cuya composición y estándares de prueba no están claramente definidos, en un contexto donde, como advierten muchos analistas, habrá milicias armadas ajenas a Hamás operando en Gaza y políticos israelíes de línea dura con incentivos para alegar incumplimientos “que pueden o no ser ciertos”. La legitimidad del proceso depende, en última instancia, de que esa verificación sea percibida como imparcial por ambas partes, algo que la experiencia en procesos de desarme postconflicto muestra que rara vez ocurre cuando una de las partes tiene interés político directo en declarar el fracaso del proceso.

El deterioro de la confianza no es solo teórico, sino que ya se refleja en cifras: más de 1.200 muertos durante los diez meses de alto el fuego, un promedio de un niño muerto al día según Unicef, restricciones activas a la entrada de materiales de reconstrucción —casas prefabricadas, tiendas de campaña, maquinaria para retirar escombros— que técnicos estiman podrían retrasar la reconstrucción de Gaza durante décadas. Este patrón de incumplimiento sostenido, unido a la reinterpretación unilateral de los términos del acuerdo, ha llevado a que ocho países —incluyendo socios tan alineados con Occidente como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, junto a Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía y Egipto— emitieran un comunicado conjunto de “más enérgica condena” advirtiendo que las violaciones israelíes “amenazan con hacer descarrilar” la segunda fase del plan. Esto añade una dimensión que trasciende el conflicto bilateral: la erosión de credibilidad ante los garantes regionales de los que depende toda la arquitectura de verificación y estabilización del acuerdo.

En síntesis, el marco negociado contiene elementos técnicamente correctos —fuerza internacional bajo mando unificado, comité nacional palestino como poseedor único de armas, vinculación formal de fases—, pero enfrenta los riesgos clásicos de todo acuerdo asimétrico y no simultáneo, como incentivos desiguales para el cumplimiento, actores con capacidad de veto que no firmaron el pacto, reinterpretación unilateral de sus cláusulas por la parte con mayor poder relativo, y un calendario electoral que compite con el calendario técnico del proceso. Sin mecanismos de garantía externa eficaces y automáticos —no discrecionales ni dependientes de la “decepción” de un mediador—, el riesgo real no es tanto un colapso declarado del acuerdo como su parálisis progresiva, un proceso que ni avanza ni se declara formalmente muerto, dejando a la población civil de Gaza en un limbo que las cifras y los hechos sobre el terreno ya confirman.

El primer motivo estructural que explica el rápido colapso de los compromisos asumidos en el Memorando de Entendimiento entre Estados e Irán, del 19 de junio pasado, remite a un problema clásico en el mundo de la negociación: la diferencia entre un acuerdo de principios y un acuerdo de implementación. Comprometerse a “terminar con las operaciones militares en todos los frentes” o a “respetar la soberanía e integridad territorial” son declaraciones de intención que fijan un horizonte normativo compartido, pero que carecen, por sí mismas, de mecanismos verificables de cumplimiento escalonado. En procesos de paz comparables se ha observado repetidamente que, cuando las partes negocian bajo presión temporal, tienden a aceptar fórmulas de compromiso general que permiten firmar el documento, pero postergan para una fase posterior la definición operativa de esos principios. Esto genera un acuerdo incompleto por diseño, ya que ambas partes pueden reivindicar que han cumplido la letra del memorando mientras acusan a la otra de violarlo en la práctica, precisamente porque los términos no fueron operacionalizados con indicadores objetivos, calendarios verificables de forma independiente, ni definiciones precisas de qué constituye una violación.

El segundo motivo, directamente vinculado al punto 5 del Memorando sobre el “paso seguro de los buques”, ilustra un fenómeno muy estudiado en negociación, que es el uso deliberado de estándares de conducta (“mejores esfuerzos”), en lugar de obligaciones de resultado. Un compromiso de “mejores esfuerzos” es jurídica y políticamente mucho más débil que una obligación de garantizar un resultado concreto, porque traslada la carga de la prueba, puesto que no basta con que ocurra un incidente para acreditar el incumplimiento, sino que habría que demostrar que la parte obligada no hizo un esfuerzo razonable para evitarlo, un estándar subjetivo y difícil de verificar en tiempo real, especialmente en un espacio tan complejo operativamente como el Estrecho de Ormuz. Esta ambigüedad no suele ser accidental. En negociaciones asimétricas o de alta desconfianza mutua, las partes prefieren frecuentemente cláusulas de conducta antes que de resultado, porque les permite firmar sin comprometerse a algo que pueden no controlar plenamente, pero ese mismo diseño flexible es el que después facilita que, ante un ataque a un buque, cada parte pueda ofrecer una interpretación distinta de si hubo o no “mejor esfuerzo”, dejando la controversia abierta a la interpretación política antes que a un estándar técnico compartido.

El tercer motivo, quizás el más relevante desde la perspectiva de diseño institucional de acuerdos de paz, es la ausencia de un mecanismo específico de resolución de disputas e investigación de incidentes, sustituido por la fórmula más genérica de un “mecanismo ejecutivo para supervisar la exitosa implementación” en el punto 12, que, al día de hoy, todavía no se ha creado. La distinción no es menor, ya que un mecanismo de resolución de disputas suele incluir procedimientos de investigación conjunta o por terceros neutrales, plazos para determinar responsabilidades, canales de comunicación directa entre mandos militares para desescalar incidentes en tiempo real, y consecuencias predefinidas ante violaciones constatadas. Un “mecanismo ejecutivo de supervisión”, en cambio, sugiere una estructura más orientada a coordinar el cumplimiento general del memorando y reportar avances, sin necesariamente contar con capacidad de investigación de incidentes puntuales ni con autoridad para emitir determinaciones vinculantes sobre quién violó qué disposición.

Esta laguna de diseño es especialmente grave en un contexto de desconfianza extrema como el que existe entre Estados Unidos e Irán, porque cuando ocurre un incidente, como un ataque a un buque o un bombardeo, no existe una instancia previamente acordada, neutral y con procedimientos claros a la que ambas partes puedan recurrir para establecer los hechos, antes de que la escalada retórica y militar tome el control de la situación. En ausencia de ese mecanismo, cada incidente se convierte en un evento interpretado unilateralmente, lo que retroalimenta la lógica de acción-reacción y erosiona rápidamente cualquier ventana de desescalada que el memorando pretendía abrir, confirmando una regularidad bien conocida, la de que los acuerdos que omiten mecanismos eficaces de verificación e investigación tienden a colapsar por la imposibilidad estructural de gestionar la primera crisis de cumplimiento que inevitablemente surge tras la firma.

La ausencia de diplomáticos de carrera con experiencia profunda en la arquitectura de la política exterior y de defensa de Estados Unidos, genera un vacío que no se llena con improvisación ni con impulsos personales. Cuando la toma de decisiones estratégicas queda en manos de figuras con escaso conocimiento del funcionamiento del sistema internacional —y además marcadas por rasgos de inestabilidad, impulsividad o una visión simplista del poder como la del presidente Trump—, el país pierde su capacidad de leer matices, anticipar consecuencias y gestionar crisis con inteligencia. La diplomacia profesional no es un adorno burocrático. Es el mecanismo que permite transformar intereses nacionales en estrategias sostenibles, evitar escaladas innecesarias y comprender la psicología política del adversario. Sin ese contrapeso técnico, el proceso de decisión se vuelve errático, dominado por percepciones subjetivas, obsesiones personales y una peligrosa confusión entre fuerza y eficacia.

En este contexto, la sustitución del Departamento de Defensa por un “Departamento de Guerra” no es solo un gesto simbólico, sino que es la señal de una visión del mundo que privilegia la confrontación sobre la negociación, la testosterona sobre la prudencia, y la virilidad performativa sobre la inteligencia estratégica. El secretario de Guerra ha erigido el nivel de la testosterona como factor determinante en su política, una aberración que tiene consecuencias automáticas en la toma de decisiones equivocadas dentro de un marco meramente militarista, y frente a un adversario, Irán, que, sin utilizar la terminología hormonal testicular, funciona con una mentalidad de acción-reacción militar también condicionado por la masculinidad tóxica militarizada, en un país donde las mujeres son reprimidas y controladas socialmente por un régimen represor, con lo que, al final, el choque entre Estados Unidos e Irán, además de geopolítico, es también un combate de virilidades criminales. El resultado es una espiral de decisiones equivocadas, tomadas desde la adrenalina y no desde el análisis, que reduce el espacio para la diplomacia y aumenta el riesgo de errores de cálculo con consecuencias devastadoras.

El ejecutivo europeo anunció el pasado viernes su intención de extender durante un año adicional, el marco legal de protección temporal destinado a los ciudadanos ucranianos que abandonan su país a causa del conflicto bélico y buscan amparo en territorio europeo. No obstante, la institución con sede en Bruselas ha planteado introducir cambios en dicha normativa con el objetivo de excluir de este beneficio a aquellos ucranianos en edad de prestar servicio militar, es decir, principalmente varones de entre 23 y 60 años que se encuentren en condiciones físicas de incorporarse a las fuerzas armadas de su país. El propósito detrás de esta modificación es garantizar que Ucrania no vea mermada su capacidad para movilizar soldados frente a la ofensiva del Gobierno de Vladímir Putin. De hecho, el comisario europeo responsable de Migración y Asuntos Internos, Magnus Brunner, subrayó que esta iniciativa no va en detrimento de los intereses ucranianos, sino que responde a una solicitud formulada directamente por Kiev.

En consecuencia, los países integrantes del bloque europeo impedirán la permanencia en su territorio a ciudadanos ucranianos en edad militar, salvo que cuenten con la autorización expresa de las autoridades de Kiev. Sin embargo, fuentes oficiales de la UE aclaran que quienes ya residan actualmente en algún Estado miembro no serán expulsados ni se les revocará su permiso de estancia. La propuesta deberá recibir el visto bueno del Consejo de la UE. Aun así, fuentes comunitarias anticipan que los Estados miembros aprobarán sin mayores obstáculos esta reforma, impulsada por el propio gobierno de Zelenski, y que podría entrar en vigor en las próximas semanas.

Aunque en las guerras todos los bandos esconden la cifra de sus muertos, la OTAN estima que Rusia ha perdido 250.000 soldados en la guerra, cifra que el Gobierno británico duplica, medio millón. La OTAN estima que Ucrania ha perdido entre 60.000 y 100.000 soldados, por lo que estamos hablando de una guerra que ya ha provocado centenares de miles de muertos, sin lo que los frentes de guerra se muevan demasiado en los dos últimos años, por lo que el nivel de letalidad es una crueldad injustificada incluso desde el punto de vista militar.

Se estima que, tanto en Rusia como en Ucrania, medio millón de jóvenes han huido para evitar ir a esta guerra tan sanguinaria. Ir al matadero puede ser una opción individual, pero nunca debe ser una obligación, sea cual sea la invocación. La obligatoriedad de ir a una guerra va en contra de los principios elementales del derecho a la vida. Ucrania prohibió la salida de hombres de 18 a 60 años desde febrero de 2022, con una ley de movilización más estricta aprobada en mayo de 2024. Como han explicado multitud de reportajes, existe una alta presión sobre los soldados que llevan 2 o 3 años en el frente, sin rotación, por lo que los que sobreviven acaban teniendo severas secuelas mentales y un fuerte estrés postraumático. Ambos países tenían legalizada la objeción de conciencia al servicio militar, pero esta legislación quedó abolida tras iniciarse la guerra en 2022. Quieras o no, lo entiendas o no, te obligan a ir a un frente sumamente letal.

La guerra es siempre un fracaso de la humanidad, y quienes la analizan con rigor llegan invariablemente a la misma conclusión: ningún objetivo político, territorial o ideológico justifica la destrucción sistemática de vidas humanas. Las guerras contemporáneas no resuelven los conflictos que las originan; los agravan, los perpetúan y los transmiten a generaciones que no eligieron pelear. Detrás de cada conflicto armado existe un sistema que lo hace posible y rentable: industrias armamentistas que necesitan mercados, élites políticas que instrumentalizan el miedo, medios de comunicación que espectacularizan la violencia y estructuras ideológicas que glorifican el sacrificio bélico como virtud patriótica. Este sistema no es natural ni inevitable; es construido, mantenido y reproducido por actores concretos con intereses concretos. Reconocer esto es el primer paso para resistirlo.

Dentro de esa lógica perversa, el soldado raso —el joven arrancado de su vida cotidiana para empuñar un arma—, es simultáneamente la pieza más prescindible y la más explotada del engranaje bélico. Se le dice que defender la patria es un deber sagrado, que el enemigo es un monstruo deshumanizado, que la muerte propia o ajena tiene sentido cuando va envuelta en una bandera. Pero ninguna bandera devuelve la vida a quien la pierde, ni repara el trauma de quien mata por orden de otros. Por eso, la tradición más honesta del pensamiento humanista ha sostenido siempre que la conciencia individual es una autoridad moral que ningún Estado tiene derecho a anular. Obligar a una persona a matar o a morir en una guerra que su conciencia rechaza, es una forma de violencia institucional tan real como las balas mismas. El derecho a la vida no es solo el derecho a no ser matado: es también el derecho a no ser convertido en instrumento de muerte ajena.

El conflicto en Ucrania ilustra con dolorosa claridad esta tensión. Más allá de los análisis geopolíticos y de las responsabilidades que cada parte pueda tener en el origen y en la prolongación de la guerra, existe una realidad humana elemental e innegable la de que hay miles de hombres y mujeres, en ambos lados de la línea de frente, que no quieren estar allí. Ucranianos que huyen de la movilización forzosa, que se esconden, que cruzan fronteras arriesgando todo, no necesariamente porque sean cobardes o traidores, sino porque su conciencia les dice que no pueden matar, que no quieren morir, que el conflicto tiene salidas que los que detentan el poder no han querido explorar con suficiente determinación. Criminalizar a esas personas, perseguirlas y forzarlas a combatir es tratar los cuerpos y las conciencias humanas como recursos bélicos al servicio del Estado, exactamente la inversión de lo que debería ser la relación entre el individuo y las instituciones que supuestamente lo protegen.

Ninguna ley de ningún Estado debería estar por encima del derecho fundamental de una persona a negarse a participar en la violencia organizada, cuando su conciencia así lo exige. La objeción de conciencia no es un privilegio ni una excusa: es un derecho humano reconocido internacionalmente, una expresión de la dignidad moral de la persona que ninguna emergencia nacional puede legítimamente suspender. Reconocer ese derecho —también en tiempos de guerra, también en Ucrania—, no equivale a ignorar la complejidad del conflicto ni a absolver a quienes lo iniciaron con su agresión. Equivale simplemente a afirmar que hay un límite que la conciencia humana no está obligada a cruzar, y que una sociedad verdaderamente libre es aquella que respeta ese límite incluso cuando le resulta incómodo, porque la libertad que no se ejerce en los momentos difíciles no es libertad, es apenas una concesión revocable del poder.

La decisión de la Comisión Europea de excluir de la protección temporal a los ucranianos en edad militar representa algo más que un ajuste técnico en una normativa de emergencia, pues representa un giro moral de enorme gravedad que merece ser llamado por su nombre. La Unión Europea, que ha construido buena parte de su identidad política sobre la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y la dignidad de la persona, está considerando convertirse en brazo ejecutor de una política de reclutamiento forzoso ajeno, devolviendo hombres a un frente donde morir o quedar destruidos psicológicamente no es una posibilidad remota sino una probabilidad estadísticamente abrumadora. Que la institución europea justifique su decisión argumentando que responde a una solicitud del propio gobierno de Kiev, no la exime de responsabilidad moral, ya que los gobiernos en guerra tienen incentivos sistémicos para sacrificar a sus ciudadanos, y precisamente para eso existe el derecho internacional de los derechos humanos, para proteger a las personas frente a sus propios Estados cuando estos los tratan como munición.

Lo que hace esta decisión especialmente perturbadora es que anula, en la práctica, el único espacio de libertad real que le quedaba a quien había decidido, con enorme coste personal, que no podía ni quería participar en esa guerra. Huir no es cobardía: es, en muchos casos, el único acto de soberanía moral que le queda a quien ha sido despojado de todos los demás. Más de medio millón de jóvenes, ucranianos y rusos, han arriesgado todo para escapar de esa lógica. No son desertores en el sentido peyorativo del término, sino seres humanos que han ejercido el juicio moral más básico, el de negarse a convertirse en instrumentos de una violencia que no cesa, que no avanza, que no resuelve nada y que los destruye tanto si sobreviven como si no. La Europa que se niega a acogerlos, o que los acoge condicionalmente hasta que Kiev dé su visto bueno para retenerlos, no está aplicando una política migratoria, está subcontratando la coerción bélica y llamando a eso solidaridad con Ucrania. Ir al matadero puede ser una elección; nunca puede ser una obligación impuesta por ningún Estado, y menos aún facilitada por una unión de Estados que se reclama defensora de los derechos fundamentales.

El acuerdo de principios alcanzado entre Estados Unidos e Irán descansa sobre dos pilares de seguridad inmediata: el mantenimiento de un alto al fuego y la reapertura del Estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio energético global. Sobre esta base, ambas partes se han otorgado un plazo de dos meses para negociar las cuestiones técnicas del Memorándum de Entendimiento (MoU), un instrumento jurídico-diplomático de naturaleza pre-vinculante que establece principios y parámetros generales sin comprometer aún obligaciones definitivas de fondo. Su valor estratégico reside en unas primeras medidas de construcción de confianza, orientadas a reducir la hostilidad inmediata y crear las condiciones mínimas para que un proceso de mayor profundidad pueda sostenerse.

En este contexto, la ausencia de Israel es un elemento de enorme significación analítica, pues Tel Aviv ha actuado hasta ahora como un spoiler clásico, es decir, un actor que percibe que la paz amenaza sus intereses y que utiliza todos los medios disponibles, desde la presión política hasta la acción militar, para sabotear el proceso. Washington optó conscientemente por una estrategia de sobrepaso a ese actor, asumiendo el coste político de la fractura con su aliado estratégico, pero Israel puede volver a ejercer ese papel perturbador en cualquier momento de los próximos dos meses, especialmente si percibe que los contenidos del acuerdo comprometen de manera irreversible su seguridad regional.

Los elementos que van conociéndose del Memorándum revelan una arquitectura negociadora extraordinariamente favorable a Irán, lo que explica tanto el entusiasmo de Teherán como las reservas de Tel Aviv y de sectores del establishment estadounidense. Entre las disposiciones más significativas figura una cláusula de no interferencia mutua en los asuntos internos del otro, un reconocimiento implícito de la soberanía iraní que Teherán ha perseguido durante décadas como condición de dignidad nacional; la posibilidad de que Estados Unidos reduzca su presencia militar en el Golfo Pérsico, lo que alteraría el equilibrio de poder regional de manera estructural; y un supuesto compromiso para financiar con 300.000 millones de dólares la reconstrucción de Irán, cifra de enorme potencia simbólica pero de credibilidad muy incierta, habida cuenta de la penosa experiencia de los compromisos de reconstrucción para Gaza, que en su mayor parte quedaron sobre el papel.

A estos elementos se añaden el levantamiento de las sanciones contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el exterior, medidas que Teherán considera condiciones de supervivencia económica no negociables, así como el establecimiento de un mecanismo de verificación y el aval de Naciones Unidas mediante una resolución del Consejo de Seguridad, lo que dotaría al acuerdo de una legitimidad multilateral que lo blindaría, al menos parcialmente, frente a futuras administraciones estadounidenses o frente a la presión israelí. En conjunto, este contenido configura un “paquete de medidas asimétrico”, en el que la parte que más concede en apariencia, Estados Unidos, es quien posee mayor urgencia en estabilizar el proceso.

El diseño del acuerdo responde a una lógica clásica de diplomacia por etapas, que prioriza los puntos de convergencia más accesibles antes de abordar los asuntos de mayor sensibilidad política y técnica. Las disposiciones de seguridad inmediata -el alto al fuego y la reapertura del Estrecho- demuestran que ambas partes poseen voluntad política suficiente para ceder en puntos operacionales concretos, generando una dinámica necesaria para sostener el proceso. El diferimiento de los asuntos verdaderamente centrales a las conversaciones técnicas de los próximos dos meses responde a la necesidad de gestionar las líneas rojas de cada parte.

Para Irán, el compromiso formal de no producir armas nucleares, algo antiguo y que figura en el MoU, representa una concesión de enorme trascendencia interna que requiere ser compensada con las garantías económicas y de soberanía ya mencionadas; para Estados Unidos, cualquier concesión verificable en materia de enriquecimiento o de presencia militar necesita un proceso de legitimación interna que no puede realizarse en una primera ronda. Paradójicamente, el compromiso nuclear iraní es también el elemento que puede ofrecer cierto alivio a Israel, aunque difícilmente suficiente para neutralizar su oposición a un acuerdo que percibe como un reconocimiento estratégico de la República Islámica. El establecimiento de grupos de trabajo técnicos traslada los asuntos más conflictivos a un espacio de negociación más discreto, menos expuesto a las presiones de la opinión pública y a los actores domésticos de veto en ambos países.

La configuración multilateral de los apoyos diplomáticos constituye uno de los elementos de mayor riqueza analítica del proceso. Pakistán ejerce la mediación formal, con capacidad de proponer soluciones y aproximar posiciones, mientras que Qatar, Arabia Saudita y Turquía aportan sus buenos oficios, una función facilitadora más discreta orientada a crear las condiciones logísticas, comunicacionales y políticas para el diálogo. Que Qatar haya asumido este rol no sorprende, pues Doha ha construido durante décadas una doctrina de política exterior basada en ser sede de negociaciones sensibles, capitalizando su pequeñez geopolítica como garantía de neutralidad instrumental. Más significativo resulta el papel de Arabia Saudita, históricamente el principal adversario regional de Irán, cuya disposición a facilitar el proceso indica un reordenamiento estructural del sistema de seguridad del Golfo, en el que Riad parece priorizar la estabilidad económica y el proyecto Vision 2030 sobre la lógica de confrontación sectaria, especialmente tras el acercamiento saudí-iraní mediado por China en 2023.

La participación de Turquía añade la dimensión de una potencia media con vínculos simultáneos con la OTAN, el mundo islámico y Rusia, dotando al proceso de una legitimidad transregional que ningún otro actor podría ofrecer. Esta constelación no es accidental, sino que representa la construcción deliberada de una coalición de garantes, una red de actores con intereses propios en el éxito del proceso, que funciona como red de seguridad política frente a los embates del spoiler israelí y frente a la fragilidad inherente de todo entendimiento en sus fases tempranas.

Un Memorándum de Entendimiento no constituye ninguna garantía de culminación exitosa, y la historia de las negociaciones de paz en conflictos de alta intensidad está plagada de MoUs que funcionaron como antesalas de nuevos ciclos de ruptura, antes que como umbrales hacia acuerdos definitivos. Lo que sí ofrece este instrumento son unas narrativas de blanqueamiento, salvar la apariencia. Washington puede presentarlo como una demostración de firmeza coercitiva que doblegó la postura iraní en materia de seguridad marítima; Teherán puede enmarcarlo como el inicio del camino hacia el levantamiento de sanciones y como un reconocimiento de su peso estratégico. Este mecanismo de ambigüedad constructiva es precisamente lo que permite que dos partes con narrativas nacionales profundamente incompatibles, firmen un mismo documento sin que ninguna perciba haber capitulado.

El plazo de dos meses, quizás prorrogable, opera como una fecha límite diplomática que obliga a las partes a mantener y aprovechar el “momento de aproximación” y a gestionar sus exigencias más maximalistas dentro de un horizonte acotado. Sin embargo, ese mismo plazo introduce un riesgo simétrico, pues, si las conversaciones técnicas fracasan o se estancan, si el compromiso de reconstrucción de 300.000 millones corre la misma suerte que los prometidos para Gaza, si Israel encuentra la manera de reactivar su rol de spoiler o si los actores domésticos de veto en Washington bloquean las concesiones necesarias, el coste político del colapso será considerablemente mayor para ambas partes que si el MoU nunca hubiera existido. El acuerdo ha convertido el proceso en una apuesta, que eleva tanto las posibilidades de un entendimiento histórico como las de una ruptura de consecuencias agravadas. Se ha dado un paso adelante, pero el acuerdo definitivo tendrá que esperar, al menos, dos meses más.

La experiencia histórica de los conflictos armados entre 1990 y 2025, ofrece una lección contundente y difícilmente rebatible: de las 60 guerras registradas en ese período, el 35% concluyeron con un acuerdo de paz formal, y en todos y cada uno de esos casos, el éxito o el fracaso posterior del proceso estuvo directamente vinculado a la existencia o ausencia de garantías sólidas de cumplimiento. Esta evidencia empírica no es un dato menor ni anecdótico; es una verdad estructural que debería guiar cualquier proceso negociador serio, especialmente en una región tan volátil y compleja como Oriente Medio.

Las palabras, las declaraciones de intenciones y hasta las promesas solemnes firmadas ante la comunidad internacional, han demostrado ser insuficientes cuando no van acompañadas de mecanismos concretos y verificables que obliguen a las partes a cumplir lo acordado. Por ello, en cualquier negociación, no basta con definir la agenda temática ni con alcanzar un entendimiento provisional sobre los puntos de fricción; es imprescindible construir simultáneamente una arquitectura de garantías que dote al acuerdo de credibilidad, durabilidad y eficacia real. Sin esa arquitectura, la desconfianza entre las partes no solo persiste, sino que se agrava. La negociación auténtica no termina cuando se rubrica un acuerdo; empieza precisamente en ese momento, cuando comienza la ardua tarea de transformar compromisos formales en realidades verificables sobre el terreno.

Los tres conflictos actualmente activos en Oriente Medio más mediáticos (Irán, Gaza y el Líbano), presentan agendas negociadoras distintas, pero comparten el mismo déficit estructural, que es la ausencia de garantías creíbles de cumplimiento que permitan avanzar desde el regateo posicional hacia una negociación genuina y transformadora. En el caso de Irán, la agenda es deliberadamente corta pero extraordinariamente densa en implicaciones estratégicas: la apertura del estrecho de Ormuz, el establecimiento de un alto el fuego permanente, la definición del papel que Irán podría desempeñar en el control de esa vía marítima esencial para la economía global, la garantía verificable de que Teherán no producirá armas nucleares, el acceso a los activos financieros congelados y la consolidación de un cese de hostilidades duradero en el Líbano.

Lo que se observa en esas negociaciones no es un diálogo basado en intereses comunes, sino un regateo posicional en el que cada parte trata de maximizar sus ventajas sin ceder en lo esencial, lo que hace aún más urgente la introducción de mecanismos externos de verificación y presión. En Gaza, el problema inmediato es diferente pero igualmente bloqueado, ya que se trata de implementar y completar la primera fase del acuerdo propuesto por la administración Trump, pero esa implementación choca contra una realidad política incontestable, la de que Hamas no procederá a su desarme mientras las Fuerzas de Defensa de Israel permanezcan desplegadas en territorio gazatí. En el Líbano, la lógica es simétrica e igualmente circular. Hezbolá no suspenderá su actividad militar mientras Israel continúe ocupando y bombardeando territorios libaneses.

En los tres escenarios, Israel emerge como el principal obstáculo para cualquier avance sustantivo, ejerciendo una formidable capacidad de bloqueo que convierte al primer ministro Netanyahu en un spoiler, es decir, un actor con incentivos y capacidad para sabotear acuerdos que no se alineen con sus intereses políticos inmediatos. Ante esta realidad, Estados Unidos no tendrá más remedio que ejercer una presión decidida y sostenida sobre su aliado israelí, una presión que hasta ahora ha brillado por su intermitencia y ambigüedad, pero que se ha vuelto imprescindible si Washington aspira a desempeñar un papel mediador creíble y efectivo en la región.

Comprender la paz duradera exige distinguir con precisión entre dos dimensiones complementarias, pero conceptualmente diferentes: los mecanismos de seguimiento y las garantías de implementación. Los primeros sirven para saber si un acuerdo se cumple; observan, registran, certifican y dan constancia pública de las desviaciones. Las garantías de implementación, en cambio, tienen una función más profunda y transformadora: sirven para que el acuerdo pueda cumplirse realmente, creando las condiciones institucionales, jurídicas, diplomáticas y económicas que hacen posible la transición del compromiso formal a la realidad concreta.

El seguimiento mira y certifica; la implementación transforma la realidad. Los acuerdos de paz más sólidos y duraderos de la historia reciente, han combinado ambas arquitecturas: una estructura jurídica protegida internacionalmente y un sistema de seguimiento capaz de mantener presión política durante años, incluso cuando la atención mediática se desvanece y la voluntad política de los gobiernos flaquea. Esta distinción es especialmente relevante para los conflictos de Oriente Medio, donde la historia reciente está plagada de acuerdos que nunca superaron la fase declarativa, precisamente porque carecieron de mecanismos de presión externos suficientemente fuertes y eficaces. Aunque los gobiernos signatarios son siempre los responsables finales de la correcta implementación de lo acordado, resulta igualmente imprescindible diseñar una arquitectura externa de presión política, diplomática y económica que sea aplicable con igual rigor tanto a Israel como a Irán, sin excepciones ni dobles raseros que socaven la credibilidad del sistema.

Esta arquitectura debe incluir mecanismos de supervisión internacional con capacidad de intervención efectiva, incentivos positivos vinculados al cumplimiento progresivo de los compromisos y costes reales y predecibles asociados a cualquier violación del acuerdo, de modo que los actores más reticentes comprendan que el incumplimiento tiene consecuencias tangibles e inevitables. En este marco, existe además una solución técnica potencialmente viable para uno de los nudos gordianos del expediente nuclear iraní. El problema del stock de uranio enriquecido ya en posesión de Irán podría resolverse si potencias como China o Rusia acordasen adquirir ese material, retirándolo del territorio iraní bajo supervisión internacional, lo que reduciría drásticamente el riesgo de proliferación sin que Teherán tuviese que percibir esa cesión como una rendición unilateral, dado que recibiría a cambio compensaciones y el reconocimiento implícito de sus derechos en el marco del Tratado de No Proliferación.

Esta fórmula, ya explorada en versiones anteriores de la negociación nuclear, tiene la virtud de conjugar los intereses de seguridad de Occidente con los intereses económicos y de prestigio de Irán, ofreciendo además a Moscú y Pekín un papel constructivo que podría alinearlos con el proceso de estabilización regional, en lugar de mantenerlos en una posición de obstaculización estratégica.

Más allá de las soluciones inmediatas y los mecanismos puntuales de verificación, la sostenibilidad de la paz en Oriente Medio exige una visión de largo alcance que trascienda la gestión de los conflictos individuales para abordar la arquitectura de seguridad regional en su conjunto. Los países del Golfo, ahora ya lo tienen claro. A corto y medio plazo, deberá comenzar a discutirse seriamente la creación de un sistema de seguridad colectiva para Oriente Medio, inspirado en el modelo que Europa construyó a partir de 1975 con la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa —la CSCE, hoy convertida en la OSCE—, un instrumento que, en plena Guerra Fría y en un contexto de desconfianza mutua profunda entre bloques antagónicos, logró establecer normas de conducta compartidas, mecanismos de verificación militar, compromisos sobre derechos humanos y canales de diálogo político multilateral que contribuyeron decisivamente a la distensión y, eventualmente, a la transformación pacífica del orden europeo.

Un sistema análogo para Oriente Medio tendría que incorporar a todos los actores relevantes de la región, incluyendo Israel, Irán, los países árabes del Golfo, Egipto, Turquía y los actores no estatales con representación política reconocida, bajo el paraguas de las Naciones Unidas y con el respaldo activo de las grandes potencias. Este sistema proporcionaría garantías de seguridad colectiva para todos sus miembros, establecería normas vinculantes sobre el uso de la fuerza, la proliferación de armamentos y el respeto a la soberanía territorial, y crearía mecanismos de gestión pacífica de controversias que redujesen la tentación de recurrir a la violencia como instrumento de política exterior. La lección fundamental que la historia del conflicto en Oriente Medio impone con brutal claridad es que ningún acuerdo bilateral, por bien diseñado que esté, puede garantizar una paz sostenible en una región donde las interdependencias de seguridad son tan complejas y donde los incumplimientos de unos tienen consecuencias inmediatas sobre todos los demás. Solo una arquitectura de seguridad regional multilateral, dotada de instituciones permanentes, mecanismos de verificación independientes y capacidad real de presión política y económica, podrá ofrecer las garantías estructurales que los conflictos de Gaza, el Líbano e Irán requieren para ser no solo gestionados, sino definitivamente resueltos. El momento para comenzar a construir esa arquitectura es precisamente ahora, mientras los conflictos aún están activos, porque solo así las garantías podrán ser integradas desde el origen en cualquier acuerdo que aspire a ser duradero y creíble.

Va a celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Las primeras conversaciones directas celebradas en Pakistán, aunque fuentes diplomáticas describieron el encuentro con “optimismo”, el proceso arrastró desde el inicio graves fallos metodológicos. Las agendas iniciales resultaron profundamente incompatibles: Irán exigía control sobre el estrecho de Ormuz, descongelación de fondos, levantamiento de sanciones e inclusión del Líbano en el alto el fuego, mientras EE.UU. demandaba la apertura del estrecho, el desmantelamiento del programa nuclear y de misiles iraní, y el cese del apoyo a grupos islamistas.

A ello se añadió una notable imprecisión en las posiciones: ningún país publicó versiones oficiales de sus demandas, y cada detalle filtrado por una parte era negado por la otra, reflejando la distancia real entre ambas y la ausencia total de comunicados conjuntos que pudieran anclar los avances y generar confianza mutua. Además, no podía pedirse que un acuerdo se lograra en el primer día; se necesitan varias rondas para conseguirlo. En 2015, en las negociaciones con Irán en Viena sobre el tema nuclear, y en las que se logró un acuerdo, el secretario de Estado John Kerry pasó 18 días consecutivos en el hotel donde se celebraban las reuniones, incluso con una pierna rota. Nada que ver con impaciencia inicial del vicepresidente Vance.

La negociación en Pakistán se vio además saboteada por múltiples factores externos e internos. Israel actuó como elemento desestabilizador espóiler), continuando sus ataques en el Líbano mientras las partes negociaban, con Netanyahu negándose a acatar el alto el fuego y Trump insistiendo en que el Líbano no formaba parte del acuerdo original. Por su lado, Trump adoptó un lenguaje triunfalista, de suma cero y deslegitimador —proclamando la victoria antes de cerrar ningún acuerdo—, lo que redujo los incentivos iraníes para ceder y debilitó a sus propios negociadores. Irán, por su parte, recurrió a un discurso esencialista, cargado de agravios históricos, simbología religiosa y una lógica maniquea víctima-agresor que endureció sus posiciones y cerró el espacio para concesiones. Como único elemento positivo, los equipos técnicos continuaron trabajando sobre los borradores para una próxima ronda, lo que representa una buena práctica metodológica, aunque insuficiente para compensar el peso de los demás fallos.

Mirando lo que pide cada parte, pero también la historia del conflicto, veo posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, aunque implica también a Israel. Se basaría en los siguientes puntos: cese de hostilidades de las dos partes, incluida Israel; suspensión preventiva de nuevas sanciones; suspensión de los apoyos militares de Irán a Hamás y Hizbulá; creación de un mecanismo de verificación de la ONU para el cese de hostilidades, y de la OIEA para temas nucleares; actualización del Acuerdo Nuclear con Irán (JCPOA) de 2015, reforzado, como garantía de no proliferación nuclear, eliminando así cualquier posibilidad de fabricar armas nucleares; acceso a Irán de la tecnología nuclear civil, con verificación de la OIEA; entrega a la OIEA del uranio enriquecido superior al 60%, en caso de existir; moratoria de pruebas de misiles de largo alcance de Irán, a cambio de que los países del Golfo y Estados Unidos no amplíen sus sistemas de defensa antimisiles.

También garantías hacia Irán de que el estrecho de Ormuz no será utilizado para atacarla, a cambio de permitir el paso libre de los buques; Irán se encargaría de la seguridad del estrecho de Ormuz y de la libre navegación; compromiso de no agresión sobre Irán desde los países del Golfo o desde las bases militares de Estados Unidos en estos países; alto al fuego inmediato en el sur del Líbano, apoyo a las negociaciones ya iniciados entre los gobiernos de Israel y Líbano; retomar la iniciativa de desmilitarizar el sur de Líbano; levantamiento de las sanciones a Irán y retorno de sus activos congelados; iniciar un proceso de seguridad para toda la región del Golfo, creando una institución con esta finalidad, y una resolución del Consejo de Seguridad sobre el acuerdo alcanzado.

La propuesta corrige varios de los fallos identificados en las primeras conversaciones de Islamabad. Su principal virtud es la lógica de reciprocidad equilibrada, pues, frente a las agendas inicialmente incompatibles de ambas partes, la propuesta articula concesiones simétricas y verificables, evitando la lógica de suma cero que caracterizó el discurso de Trump en medio de las negociaciones, que además utilizó un lenguaje coercitivo por presión psicológica y contradictorio tácticamente, al decir “no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”.

Respecto al tratamiento del estrecho de Ormuz, en lugar de confrontar la exigencia iraní de control con la demanda estadounidense de apertura, la propuesta combina el reconociendo de la responsabilidad iraní sobre la seguridad del estrecho, a cambio de garantías de no agresión, lo que transforma un punto de bloqueo en un posible punto de encuentro. La actualización reforzada del JCPOA, la entrega del uranio enriquecido y el acceso a tecnología nuclear civil con verificación de la OIEA, ofrecen a Irán incentivos concretos y dignificantes, mientras satisfacen la exigencia estadounidense de no proliferación sin recurrir a la humillación pública que hizo más rígidas las posiciones iraníes. La moratoria de misiles con contrapartida para los países del Golfo introduce además una dimensión regional hasta ahora ausente del diálogo bilateral, y la resolución del Consejo de Seguridad aportaría el anclaje multilateral del que carecieron las conversaciones de Islamabad, reduciendo la dependencia del acuerdo respecto de la voluntad política coyuntural de cada gobierno.

Sin embargo, la propuesta presenta dificultades de entrada que, lejos de ser insalvables, podrían superarse si todas las partes asumen compromisos orientados a aumentar la seguridad regional. El punto aparentemente más complejo es la inclusión de Israel en el cese de hostilidades, dado que Netanyahu ha actuado como spoiler en las conversaciones previas. No obstante, si Estados Unidos asumiera un compromiso explícito de presión sobre Israel, condicionando su respaldo diplomático y militar a la adhesión israelí al acuerdo, este obstáculo podría transformarse en una palanca de estabilización regional. El alto al fuego alcanzado en Líbano este jueves puede ayudar en ese sentido.

Del mismo modo, la suspensión del apoyo iraní a Hamás y Hezbolá, aunque difícil de vender internamente por el régimen, resultaría más asumible si se enmarca no como una rendición sino como una contribución iraní al nuevo sistema de seguridad regional, en el que Irán ganaría reconocimiento como actor legítimo y garante del estrecho de Ormuz. La reducción progresiva de bases militares estadounidenses en el Golfo, podría igualmente conciliarse en la nueva institución de seguridad regional propuesta, un marco de garantías colectivas que sustituya funcionalmente la protección que hoy les ofrecen dichas bases. Finalmente, los riesgos sobre la fiabilidad de los mecanismos de verificación —ONU y OIEA— son reales, pero mitigables si el acuerdo establece protocolos de transparencia más exigentes que los del JCPOA original y sanciones automáticas ante incumplimientos. En síntesis, la propuesta es viable si se aborda con voluntad política colectiva, ampliando la mesa negociadora e invirtiendo en los mecanismos de confianza que las conversaciones de Islamabad no lograron construir.

En estos días, el tema central parecer ser el de la proliferación nuclear, donde Estados Unidos exige una suspensión de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán solo está dispuesto a hacerlo en menos de 10 años, aunque con el compromiso de diluir su uranio enriquecido. Al respecto, quiero recordar dos cosas. La primera es que, en el acuerdo de 2015, ambas partes ya acordaron limitar el nivel de enriquecimiento del uranio al 3,67%, con unas reservas máximas de 300 quilos de uranio enriquecido, y un máximo de 6.000 centrifugadoras IR-1, lo cual garantizaba la imposibilidad de construir armas nucleares.

De ahí la conveniencia de recuperar este acuerdo, que fue anulado por Trump en mayo de 2018, después de que Netanyahu visitara a Trump el 5 de marzo de aquel año, en la conferencia anual de AIPC, un lobby de apoyo de Estados Unidos a Israel, donde el tema central fue la capacidad nuclear de Irán, y Netanyahu pidió una posición más dura a Estados Unidos. El segundo aspecto a comentar es que, menos de 48 horas antes de que comenzaran los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones mediadas por Omán, y con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear.

La prestigiosa revista Arms Control Today, creada en 1974, en su último número describe con precisión este encuentro, y señala que Witkoff no contaba con suficiente experiencia técnica ni diplomática para llevar a cabo una diplomacia eficaz. No se enteró de nada. Su falta de conocimiento y la tergiversación de las posiciones de Irán y su programa nuclear durante todo el proceso, influyeron en la valoración de Trump de que las conversaciones no avanzaban y que Irán no negociaba en serio, a pesar de que este país informó que no acumularía más uranio enriquecido y aceptaría una amplia supervisión del OIEA. A pesar de que Irán mostró flexibilidad, Trump parecía no estar interesado en un proceso de negociación prolongado, y seguramente ya tenía tomada de decisión de atacar, a instancias de Netanyahu. La lección es clara: se necesita más tiempo, negociadores expertos en cuestiones nucleares, no un promotor inmobiliario neoyorquino, buscar salidas honrosas para ambas partes, y aprovechar la oportunidad para empezar un proceso de seguridad regional.

Habrá que esperar el desarrollo de las negociaciones de Estados Unidos con Irán y de Israel con el Líbano en los próximos días (aunque persiste la polémica sobre si Irán pondrá el futuro de Hizbulá en su paquete negociador) para ver lo que va a ocurrir en el sur del Líbano, y, a medio plazo, quizás también a la seguridad regional, pues se abre una ventana de oportunidad para abordar varios problemas a la vez, aunque a las diplomacias de Estados Unidos e Israel les costará ver esta posibilidad. De momento, veamos los dilemas que se presentan respecto al Líbano. Nada fáciles, por cierto, pues históricamente Israel ha intentado controlar el sur del Líbano como franja defensiva y de reordenación estratégica, con la convicción de que puede quedarse con todo el territorio situado al sur del río Litani. El propósito de anexión viene de lejos, por lo que no será fácil cambiar esta corriente ideológica y estratégica vinculada al expansionismo, contraria al pragmatismo propio de una negociación basada en incentivos.

La propuesta israelí de iniciar conversaciones para un alto al fuego en el Líbano “lo antes posible”, condicionado al desarme de Hizbulá y a su exclusión del Gobierno libanés, reproduce uno de los errores más documentados en la resolución de conflictos armados: la negativa a sentar en la mesa a actores armados que, aunque incómodos o ilegítimos a ojos de una de las partes, son políticamente imprescindibles para que cualquier acuerdo sea sostenible, y más cuando se trata de un movimiento político y social, no solo una milicia. Eso implica que Israel e Hizbulá tendrán que sentarse en una mesa, reconociéndose como “legítimos interlocutores”.

Las lecciones del proceso de paz en Irlanda del Norte, por ejemplo, son elocuentes al respecto. El Reino Unido tardó décadas en aceptar que el IRA y su brazo político, el Sinn Féin, debían participar directamente en las negociaciones, y solo cuando esa participación se garantizó —con condiciones, pero sin exclusiones previas absolutas—, fue posible el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Del mismo modo, en el proceso colombiano con las FARC, intentar negociar un desarme sin incluir a la guerrilla como interlocutor directo había fracasado sistemáticamente durante décadas; solo el diálogo directo, celebrado en La Habana entre 2012 y 2016, produjo un acuerdo estructurado por etapas.

Exigir a Hizbulá que abandone el gobierno libanés como condición previa a cualquier conversación no es una medida de confianza. Es, en la práctica, una precondición que el grupo no puede aceptar sin percibir que renuncia a su posición antes de obtener nada a cambio, lo que bloquea el proceso antes de que comience. El dilema del orden de los pasos, si primero el alto al fuego o primero el desarme, es, en realidad, un falso dilema, pues la experiencia comparada muestra que ambos procesos deben diseñarse de forma simultánea y secuenciada, con incentivos claros para cada etapa cumplida. Esto debería entenderlo Israel, pues, según algunas fuentes, piensa continuar atacando a Hizbulá, con lo que entraríamos en una espiral sin fin, y eso hay que evitarlo a toda costa.

A esta complejidad estructural hay que añadir que cualquier acuerdo duradero requiere necesariamente un diálogo nacional interno libanés que recomponga el frágil equilibrio confesional y político del país. Líbano no es solo el escenario del conflicto, sino también una víctima institucional del mismo, y su Estado ha sido históricamente demasiado débil para imponer el monopolio de la fuerza en su propio territorio. Por ello, un acuerdo que no contemple el fortalecimiento real y verificable de las Fuerzas Armadas Libanesas, con capacidad operativa demostrada para desplegar en el corto plazo en el sur del país, estaría condenado al fracaso. Esto implica, a su vez, que Israel debería comprometerse a una retirada total y ordenada del territorio libanés que ha ocupado, requisito sin el cual el proceso de desarme gradual de Hizbulá —que ya estaba previsto en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2006—, carece de entorno político en el que prosperar.

Ese plan de desarme por etapas, que existía sobre el papel desde 2025, pero nunca se implementó del todo por la ausencia de condiciones de seguridad recíprocas, podría reactivarse si se crease un mecanismo internacional de verificación robusto y creíble, posiblemente mediante un refuerzo sustancial de UNIFIL con mayores capacidades de monitoreo, medios técnicos modernos y un mandato más ejecutivo que el actual, que permita constatar el cumplimiento de cada fase y generar la confianza mutua que hoy es inexistente. La verificación internacional ha sido clave en otros procesos. En el propio acuerdo nuclear iraní de 2015, el JCPOA, y desmontado por Trump en 2017, la presencia de observadores con mandato claro redujo significativamente el riesgo de que una parte denunciara incumplimientos sin base real, estabilizando el proceso incluso en momentos de alta tensión.

El dilema que plantea el desarme de Hizbulá presenta, además, llamativas similitudes con el que rodea a Hamás, y ambos casos no pueden entenderse plenamente sin considerar el papel de Irán como financiador histórico de los dos movimientos. Teherán ha declarado explícitamente que no presionará hacia el desarme de ninguno de sus aliados mientras Israel no se retire totalmente de los territorios palestinos ocupados, lo que convierte la cuestión en un nudo gordiano regional que trasciende con mucho los límites de una negociación bilateral.

Esta lógica (no hay desarme sin cumplimiento previo de los acuerdos políticos de fondo), no es exclusiva de los actores del conflicto israelí-palestino-libanés, sino que constituye un patrón recurrente en la historia de los procesos de paz. En Colombia, la guerrilla del ELN ha condicionado sistemáticamente cualquier avance hacia el desarme a la implementación efectiva de los compromisos del Estado en materia de desarrollo territorial, sustitución de cultivos y garantías de seguridad para sus militantes desmovilizados. El caso del PKK kurdo es igualmente ilustrativo, ya que el movimiento anunció el pasado año el abandono formal de la lucha armada, un paso de enorme trascendencia simbólica y política, pero se ha resistido a entregar las armas mientras no se concreten garantías políticas verificables para losexcombatientess y la población kurda en Turquía. Estos ejemplos ponen de manifiesto una verdad incómoda pero ineludible para cualquier negociador: el desarme no es un punto de partida ni un acto espontáneo de buena voluntad, sino el resultado final, y frágil, de un proceso en el que los acuerdos políticos deben comenzar a cumplirse de forma creíble y verificable. Sin esa secuencia de confianza construida paso a paso, con mecanismos de verificación internacionales sólidos y garantías políticas tangibles, exigir el desarme como condición previa no es diplomacia, pues para muchos grupos armados es simplemente rendición.

Con una perspectiva más amplia, estas negociaciones bilaterales no deberían concebirse como un fin en sí mismas, sino como el primer eslabón de una arquitectura de seguridad regional en Oriente Medio que hoy brilla por su ausencia. Téngase en cuenta que, en 2024, y sin contar Siria y Yemen, los datos del SIPRI señalaron que, en 2024, los países de Oriente Medio tuvieron unos gastos militares de 243.500 millones de dólares, el 4,2% de su PIB, una barbaridad de militarización, incompatible con la seguridad en común. En 2026, estos números serán bastante superiores. Con todo, el momento actual presenta una oportunidad que sería irresponsable desaprovechar: la posibilidad de que Irán alcance un nuevo acuerdo de desnuclearización que supere y refuerce el JCPOA de 2015, en un contexto en el que Teherán ha visto debilitadas sus redes de proyección regional, Hizbulá incluido, y podría tener incentivos económicos y de seguridad para negociar. Ya hay propuestas en este sentido; solo hay que atenderlas. Un acuerdo así, pactado multilateralmente entre todos los actores de la región, con garantías de potencias externas, podría sentar las bases de una estructura similar a lo que representa la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para el continente europeo, creada en 1975 (CSCE) y decisivo para superar los conflictos de la Guerra Fría, pues era un foro permanente de diálogo, verificación de compromisos, gestión de crisis y construcción progresiva de confianza entre adversarios históricos.

Europa tardó décadas en construir esa arquitectura tras la Segunda Guerra Mundial, y no fue un camino lineal ni sencillo, pero los Acuerdos de Helsinki de 1975 demostraron que incluso entre sistemas políticos e ideológicos profundamente enfrentados, es posible acordar reglas mínimas de convivencia. Oriente Medio necesita hoy su propio Helsinki, un proceso que comience con los pasos pequeños pero concretos de un alto al fuego verificado en el Líbano y que, con paciencia estratégica y voluntad política real, y mediante un acuerdo real y sostenido con Irán, pueda escalar hacia una paz regional que ninguna de las partes ha sido capaz de imaginar, o de querer imaginar, hasta ahora. Si las negociaciones con Irán terminan bien, deberemos hablar de este punto.

Las guerras en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán comparten rasgos estructurales que sugieren que no son guerras aisladas, sino expresiones de un nuevo modelo bélico global. Israel, guiado por una doctrina sionista cada vez más ofensiva bajo liderazgos de extrema derecha, participa en tres de los cuatro escenarios, lo que revela la existencia de un actor con una estrategia de guerra permanente y multipolar. Todos estos conflictos han sido además esencializados, puesto que sus protagonistas los presentan como luchas existenciales en las que cualquier concesión equivale a una rendición identitaria, lo que clausura el espacio para el pragmatismo político y convierte la negociación en una forma de traición. La religión refuerza este marco como legitimador supremo —el sionismo mesiánico, la yihad, la ortodoxia rusa bendecida por el Kremlin, el evangelismo redentor de Trump—, situando la violencia por encima de cualquier argumento jurídico o humanitario. Las narrativas de “gran destino histórico” completan el andamiaje ideológico que justifica la guerra indefinida. Putin invoca la lucha contra el nazismo para legitimar la invasión de Ucrania; Netanyahu apela al Holocausto para justificar operaciones que causan decenas de miles de víctimas civiles. Estas narrativas no son solo propaganda, sino que estructuran profundamente la percepción que los propios actores tienen de sí mismos, inscribiendo cada acción bélica en un arco temporal mítico que refuerza la disposición al sacrificio y hace políticamente imposible cualquier concesión en el presente.

Estos conflictos son además profundamente internacionalizados, funcionando como campos de batalla subrogados de rivalidades geopolíticas globales, garantizando a los beligerantes el suministro continuo de armas, financiación y legitimidad política. Esta internacionalización no solo prolonga las guerras, sino que hace enormemente difícil cualquier mediación, porque resolver el conflicto local implicaría también resolver las tensiones entre las potencias que lo alimentan desde el exterior. El enfrentamiento entre Irán y sus proxies (guerras indirectas por procuración) de un lado, e Israel y sus aliados del otro, es la columna vertebral del sistema de seguridad de Oriente Medio, mientras que la guerra en Ucrania es el escenario principal de la disputa entre Rusia y Occidente por el control del espacio postsoviético y el orden de seguridad europeo. La disuasión nuclear actúa como telón de fondo paradójico en todo este sistema, ya que impide la escalada directa entre grandes potencias, pero permite que las guerras convencionales se prolonguen indefinidamente. Esta geometría nuclear garantiza que los conflictos se mantengan por debajo de cierto umbral de intensidad, pero también que se estanquen en equilibrios de destrucción que nadie tiene incentivos claros para romper.

El dominio del espacio aéreo —cazas de quinta generación, misiles de precisión y, sobre todo, drones de distintas categorías—, se ha convertido en la variable militar determinante de estos conflictos. Esta preferencia por el poder aéreo responde a varias lógicas simultáneas: minimiza las bajas propias, permite operar a distancia, dificulta la atribución de responsabilidad jurídica y genera un efecto de terror y agotamiento sobre las poblaciones civiles. Los drones, en particular, han “democratizado” parcialmente esta capacidad, permitiendo a actores no estatales como Hezbolá o Hamás disponer de una dimensión aérea antes exclusiva de los Estados. La ocupación territorial y la reingeniería demográfica completan la dimensión espacial de estos conflictos. Rusia ha procedido a la anexión formal de cuatro regiones ucranianas, ha deportado a cientos de miles de personas y ha borrado sistemáticamente la identidad cultural ucraniana en los territorios que controla. Israel ha intensificado la construcción de asentamientos en Cisjordania, declarados ilegales por el derecho internacional, ha ocupado y destruido el sur del Líbano, y en Gaza ha aplicado una política de destrucción sistemática orientada a hacer la Franja inhabitable para su población original. Esta combinación de conquista militar con transformación demográfica revela que el objetivo final no es simplemente ganar la guerra, sino rediseñar el mapa humano de la región de forma irreversible.

Las consecuencias humanitarias de este modelo son catastróficas y, en gran medida, deliberadas. Los civiles y las infraestructuras esenciales (hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua, mercados, escuelas), son objetivos militares sistemáticos, no daños colaterales inevitables. Esta táctica de guerra total contra la población civil busca quebrar la voluntad de resistencia y generar condiciones de vida insostenibles que fuercen el desplazamiento o la capitulación. Los desplazamientos masivos de población son su consecuencia más visible. En muchos casos estos desplazamientos no son efectos secundarios, sino objetivos deliberados, destinados a crear hechos demográficos consumados difícilmente reversibles. La devastación económica que acompaña a todo ello opera en múltiples escalas: en Gaza la economía ha sido destruida prácticamente en su totalidad; Ucrania ha perdido una fracción enorme de su PIB y sus infraestructuras energéticas han sido sistemáticamente arrasadas; los países vecinos absorben millones de refugiados y soportan el impacto de la inestabilidad en los precios de la energía y los alimentos. Esta dimensión económica raramente aparece en los análisis estratégicos, pero es con frecuencia la que determina la capacidad de resistencia de las poblaciones y, por tanto, la duración real de los conflictos.

Todo esto ocurre en un contexto de colapso progresivo del orden jurídico internacional. El derecho humanitario y los Convenios de Ginebra son ignorados abiertamente por todos los actores principales. El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos, e Israel enfrenta procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia acusado de genocidio, pero ninguna de estas instancias posee mecanismos coercitivos efectivos frente a potencias militarmente significativas o protegidas por aliados con derecho a veto. La ONU ha sido marginada hasta la irrelevancia operativa. El Consejo de Seguridad está paralizado por vetos cruzados —Estados Unidos bloquea resoluciones sobre Gaza; Rusia y China, sobre Ucrania—, las resoluciones de la Asamblea General carecen de fuerza vinculante y las misiones de paz de la ONU en el Líbano han sido atacadas directamente por fuerzas israelíes. Esta marginación deliberada de la ONU no es accidental, sino el resultado de una estrategia consciente de los actores más poderosos, para preservar su libertad de acción militar sin rendición de cuentas internacional, convirtiendo a la organización en testigo impotente de catástrofes que su carta fundacional fue diseñada precisamente para prevenir. El desprecio hacia el derecho internacional no es simplemente una consecuencia de la guerra: se ha convertido en una herramienta más de la estrategia bélica, un mensaje deliberado dirigido tanto al adversario como a la propia opinión pública nacional.

Lo más revelador de este nuevo paradigma es su lógica política interna, que combina varios elementos mutuamente reforzantes. Los liderazgos extremistas que protagonizan estos conflictos —Netanyahu con su coalición de ultraderecha religiosa, Trump y su tecnofascismo, Putin con su nacionalismo imperial mesiánico, Hamás y Hezbolá con sus ideologías intransigentes—, obtienen réditos políticos internos de la continuación de la guerra, lo que hace que la paz no sea simplemente difícil sino activamente inconveniente para quienes detentan el poder. Cualquier líder que muestre disposición al diálogo se arriesga a ser eliminado políticamente por los sectores más duros de su propio campo. Esta dinámica explica la ruptura sistemática de negociaciones ya iniciadas y la ausencia de mediaciones efectivas. La preferencia por la fuerza como primera opción, y no como último recurso, y la búsqueda de una victoria militar total en lugar de un acuerdo negociado, completan este cuadro, pues los actores más poderosos no buscan resolver las guerras, sino gestionarlas, porque la continuación del conflicto les permite debilitar al adversario y consolidar posiciones sobre el terreno que de otro modo serían inviables políticamente.

La construcción sistemática de imágenes de enemigo y la deshumanización del adversario son los mecanismos culturales que hacen socialmente sostenible todo lo anterior. Los aparatos de propaganda estatales, los medios afines y las redes sociales trabajan para presentar al adversario como encarnación del mal absoluto: los palestinos como terroristas innatos, los israelíes como colonizadores genocidas, los rusos como bárbaros imperialistas, los ucranianos como instrumentos del nazismo, los ayatolás iraníes como encarnación del mal. Cuando el adversario es descrito en términos animales o patológicos, se crea el marco psicológico que permite justificar crímenes de una magnitud que de otro modo resultaría intolerable. Esta deshumanización no es un epifenómeno de la guerra, sino una de sus condiciones de posibilidad. El resultado acumulado de todos estos procesos es la militarización progresiva de las sociedades y del discurso político global: los presupuestos de defensa se disparan en todo el mundo, Europa debate su remilitarización acelerada, las economías se reconvierten en máquinas de guerra y la lógica de la fuerza se normaliza como principio ordenador de las relaciones internacionales. Si estos cuatro conflictos anuncian efectivamente el perfil de las guerras del siglo XXI, lo que revelan es una crisis sistémica del orden internacional (jurídico, diplomático y moral), que ninguno de sus actores principales parece capaz, ni verdaderamente dispuesto, a revertir.

La intensidad y lo errático de la guerra en Irán, ha obligado a posponer negociaciones de otros conflictos armados, como el de Ucrania, y eclipsado novedades importantes en contextos como el de Gaza, donde en estos días han ocurrido cosas muy importantes. Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz para Gaza, ha expuesto ante el Consejo de Seguridad varios puntos destinados, en teoría, a garantizar la implementación del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump. Poco después se conocieron los detalles de lo que se han bautizado como “Pasos para complementar la implementación del Plan de Paz Integral de Trump para Gaza”, que consta de doce puntos y cinco fases, con un calendario para los cuatro primeros.

Antes de comentar estos puntos, hay que recordar que, dos días antes de su presentación, los ministros de Asuntos Exteriores de 20 países, 11 de ellos europeos, entre los que estaban España y Francia, así como los secretarios generales de la Liga de Estados Árabes (LEA) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), emitieron una declaración conjunta condenando las actuales medidas israelíes como una “flagrante violación” del derecho internacional que promueve una “anexión de facto” de Palestina, instando a Israel a revertirlas y advirtiendo sobre su impacto en la viabilidad de una solución de dos Estados. Creo que es interesante recordarlo, pues choca bastante con los 12 pasos y 5 fases que ahora comentaré, muy complacientes con Israel y su “guerra de redención”, como la llama Netanyahu, que no solo ha arrasado Gaza, sino que también se está anexionando Cisjordania. Destaco igualmente que las fuerzas armadas israelíes han rociado tierras agrícolas con niveles peligrosamente altos del herbicida glifosato, a lo largo de la valla fronteriza de Gaza, impidiendo que los agricultores palestinos accedan a sus tierras. Ha hecho lo mismo en el sur del Líbano, en una política de “tierra quemada”, o “cortar el césped”, como dice el Gobierno israelí.

Aunque el alto representante de la Junta de Paz para Gaza diga en el Consejo de Seguridad de la ONU que ya se ha completado la primera etapa del plan original de Trump, lo cierto es que ha habido casi 700 muertos por la violación del alto al fuego de octubre de 2025, no llega toda la ayuda humanitaria necesaria a Gaza, no ha habido ninguna amnistía, ni hay señal alguna de que Israel vaya a retirar del todo sus tropas. Además, el contexto geopolítico actual señala que Israel no está interesado en lograr una arquitectura de seguridad equilibrada con sus vecinos, sino en consolidar su supremacía en la región, junto a Estados Unidos. La guerra de Irán, pues, afecta de lleno a Gaza.

¿Qué pretende este nuevo plan? Pues básicamente lograr el desarme de Hamás y la Yihad Islámica, sin que en ningún momento se mencione la creación de un Estado palestino. La primera fase, de 15 días, es para preparar la recogida de las armas y para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) asuma el control de la seguridad y administración de Gaza, algo muy abstracto, pues no se menciona cuando comenzará el plan, y supone priorizar la seguridad a la reconstrucción y la ayuda humanitaria, que deberían ir de la mano. El plan, ¿empezará dentro de una semana, un mes, seis meses? A corto plazo, sabemos que esta primera fase es muy complicada, pues no se ha hecho nada hasta el presente, e incluso los “ministros” del NCAG todavía no han pisado el terreno gazatí. Lo único que ha empezado a funcionar es el entrenamiento de 2.000 voluntarios a policía para Gaza, que corre a cargo de Egipto y Jordania, que ya lo habían hecho en épocas anteriores, en espera de alcanzar los 5.000 efectivos, y que será un serio problema, pues Hamás ya controla totalmente la seguridad de la zona, y no dejará de hacerlo sin contrapartidas, que tampoco están previstas. Si algo sabemos bien en el mundo de las negociaciones es la importancia de los incentivos para dejar las armas, algo que aquí no se tiene en cuenta. Además, Israel está vetando a los candidatos a policía que ya lo fueron durante el régimen de Hamás, añadiendo tensiones y aumentando su control sobre el futuro Gaza.

En la segunda fase, Israel retiraría todas las armas pesadas bajo su control, algo que ahora no cumple ninguna función, pero los tanques y artillería sí servirán para atacar Líbano. En esta fase se tendría que desplegar la famosa fuerza internacional de paz (ISF), de momento un fiasco, pues hay pocos países dispuestos a aportar tropas, y algunos de ellos se han retirado tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Quedan solamente las ofertas de tropas de Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania. Solo el primer país tiene el árabe como idioma, y me resulta inquietante que haya allí tropas albanokosovares. Calculo que la misión puede costar entre 1.000 y 1.400 millones de dólares anuales, en un territorio cuyo PIB era de 3.500 millones de dólares antes de la guerra y ahora no vale nada. Vale más el pan que la mantequilla, y, además, la existencia de esta fuerza internacional no tendrá sentido una vez se desarme Hamás. Esta fase tendría que hacerse antes de dos meses tras empezar el plan, algo bastante improbable. Por su arte, Israel estaría obligada a permitir la construcción de unidades residenciales prefabricadas temporales en ubicaciones aprobadas por el comité nacional palestino, aunque esto entra en colisión con algo que comentaré de la fase quinta.

La tercera fase, que empezaría al cabo de un mes y que podría durar tres meses, sería la más intensa, pues Hamás debería entregar todas sus armas al NCAG y permitir la destrucción de todos los túneles. Hamás de momento continúa diciendo que no se desarmará hasta que todas las tropas de Israel se hayan marchado, algo que no está previsto del todo en el nuevo plan, por lo que, de nuevo, vamos a tener un serio problema. La cuarta fase, que abarcaría del tercer al octavo mes desde el inicio, cinco meses, sería para recoger y registrar las armas, un tiempo totalmente desmesurado y que se solapa con la fase anterior. En esta etapa, las fuerzas israelíes comenzarían a retirarse de forma gradual, pues en la fase quinta, muy importante, prevé “la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza salvo por una presencia en un perímetro de seguridad”, es decir, sí pero no, lo que equivale a decir que no se retiraran del todo, con lo cual se hace imposible el desarme total de Hamás. Peor no se podía diseñar. Además, la prometida etapa de reconstrucción no empezaría hasta completar todo este ciclo de 250 días, y está condicionada al desarme total de Hamás y la Yihad Islámica. El 15 de marzo, Israel dio un lazo de dos meses a Hamás para su desarme completo, algo imposible de conseguir en estos momentos, por lo que el riesgo de una nueva intervención militar israelí está presente. No hay que olvidar que en junio está previsto que haya elecciones en Israel, y Netanyahu querrá mostrar algunos triunfos, y las prisas van en contra de la racionalidad en la toma de decisiones y en la planificación de un auténtico plan de paz.

Recapitulando, no sabemos cuándo empezará el proceso, la secuencia no es la correcta, los tiempos tampoco, la reconstrucción solo empezará en las zonas completamente desmilitarizadas, las demás, que se apañen; no se han recogido todavía los fondos económicos para empezar la reconstrucción, y los países del Golfo que se habían comprometido a poner “algo”, ahora están en guerra y no prestan atención a Gaza; no hay el número previsto de tropas de “estabilización”, 20.000, y seguramente no hacen falta; habrá problemas con el desarme de Hamás, a la que se invita a una rendición política a cambio de nada, ya han dicho que no se desarmarán hasta que se retiren completamente las fuerzas militares israelíes, se reconozca el derecho a un Estado palestino y se desmantelen las fuerzas paramilitares que Israel ha fomentado en Gaza; Israel, además, no muestra ninguna señal de retirarse, y existen demasiados precedentes de incumplimiento de sus compromisos. También cuenta el aumento de los asentamientos y la violencia creciente de los colonos en Cisjordania, que actúan con total impunidad, y que estos días ha sido denunciado por Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, lo que supone un problema añadido de primer orden y ha tirado a la Autoridad Nacional Palestina al cubo de la basura. El proceso diplomático ha quedado reducido al desarme de Hamás, y Gaza ya está pagando el precio de las guerras de Irán y Líbano.

Desde una perspectiva del análisis de negociaciones de paz, el plan presentado para Gaza constituye un ejercicio de ingeniería diplomática profundamente defectuoso, que ignora de manera sistemática los principios fundamentales que determinan el éxito o el fracaso de cualquier proceso de desarme y reconciliación. Un desarme funcional exige, como mínimo, que el grupo armado perciba que la rendición de sus armas no equivale a su eliminación política y física, y que exista un horizonte político claro, en este caso, la viabilidad de un Estado palestino, que otorgue sentido al proceso. Al ignorar estas condiciones, y al mantener una presencia militar israelí indefinida como variable de control, el plan no constituye técnicamente un proceso de paz, sino un instrumento de rendición unilateral sin contrapartidas, condenado al fracaso antes incluso de haber comenzado. En síntesis, un plan de paz que no aborda las causas estructurales del conflicto, que no equilibra las obligaciones de las partes, que carece de financiación asegurada y de mecanismos de verificación creíbles, y que ni siquiera define cuándo empieza, no es un plan de paz. Es, en el mejor de los casos, una hoja de ruta hacia el fracaso anunciado y, en el peor, un instrumento para consolidar el statu quo de la ocupación bajo una cobertura de legitimidad diplomática.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que ha abierto conversaciones con Irán, aunque se conocen pocos datos. Parece una sorpresa, pero no lo es. En los conflictos armados que carecen de legitimidad jurídica internacional, es decir, que no cuentan con el aval del sistema multilateral ni se ajustan a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como es el caso de la guerra de Irán, la potencia que inicia las hostilidades suele enfrentarse rápidamente a un problema estructural de legitimidad.

En el caso de Estados Unidos, cuando una intervención es percibida como unilateral, preventiva o impulsada por intereses geopolíticos más que por una amenaza inminente claramente reconocida, el programa nuclear, el coste reputacional se acumula desde el primer momento. Si además la decisión ha estado influida o impulsada por un aliado estratégico como Israel, que también participa activamente en la acción militar, el conflicto puede ser interpretado internacionalmente como una operación concertada al margen del derecho internacional, lo que refuerza las percepciones de ilegitimidad. En este contexto, la narrativa justificativa, basada en seguridad y la lucha contra amenazas, tiende a erosionarse frente a contra narrativas que enfatizan la agresión, el desequilibrio de poder y el impacto humanitario. La pérdida del “relato” no es un elemento accesorio, sino central, pues condiciona las alianzas (casi inexistentes), debilita apoyos internos y externos, y otorga una ventaja política y simbólica al adversario, aunque esté debilitado a escala militar.

A medida que el conflicto se prolonga y los resultados militares no son concluyentes, la potencia agresora puede quedar atrapada en una dinámica de lo que denominamos “trampa de compromiso”, donde retirarse implica asumir costes políticos internos (pérdida de credibilidad, desgaste electoral, cuestionamiento del liderazgo), y continuar la guerra incrementa los costes humanos, económicos y diplomáticos. Este fenómeno, ampliamente estudiado en la literatura sobre “guerras de elección”, se agrava cuando la decisión inicial no fue plenamente racional o estuvo mediada por percepciones sesgadas, presión de aliados o marcos ideológicos rígidos. En tales escenarios, la potencia no solo enfrenta dificultades operativas sobre el terreno, sino también una creciente deslegitimación global que limita sus opciones estratégicas. Los aliados se distancian, los foros multilaterales se vuelven críticos y la opinión pública internacional se moviliza en contra. El resultado es una guerra cada vez más difícil de ganar, no solo en términos militares, sino también políticos, donde la salida se vuelve compleja porque cualquier opción (escalar, negociar o retirarse) conlleva costes elevados, evidenciando cómo decisiones iniciales poco fundamentadas pueden encadenar a una potencia a un conflicto del que no puede salir sin pagar un precio significativo.

La única salida plausible pasa por un acuerdo diplomático que permita a todas las partes preservar una apariencia de éxito, evitando la lógica de vencedores y vencidos. Se trataría de construir un nuevo relato en el que el éxito no resida en la victoria militar, sino en la capacidad de haber concertado el fin de la guerra y contener sus costes, aunque ello no suponga una paz plena ni resuelva las causas profundas del conflicto. En este sentido, es necesario insistir en la irracionalidad de una guerra que difícilmente puede justificarse si se tienen en cuenta las oportunidades diplomáticas existentes antes del estallido del conflicto. Irán había expresado su disposición a renunciar al componente militar de su programa nuclear bajo mecanismos de verificación internacional. La opción por la vía militar supuso, por tanto, desestimar alternativas reales de desescalada y cooperación, convirtiendo el conflicto en un error estratégico y político de gran alcance. Esta decisión ha contribuido a situar a Estados Unidos en una dinámica de “síndrome del sacrificio”, en la que el peso de las declaraciones iniciales, a menudo formuladas con precipitación, limita la capacidad de rectificación y obliga a sostener una línea de acción cada vez más costosa, no tanto por su eficacia, sino por la necesidad de no desmentir el compromiso adquirido.

Una variante es la “trampa del sacrificio”, que opera a nivel narrativo y cultural y que forma parte de la cultura política profunda estadounidense e israelí, hasta el punto de convertirse en una lógica autónoma, difícilmente cuestionable desde dentro. La “trampa del sacrificio” en los conflictos bélicos del siglo XXI se manifiesta de manera recurrente y devastadora en varios escenarios, siendo quizás el ejemplo más emblemático el de Estados Unidos en Afganistán, donde tras veinte años de guerra, aproximadamente 2.400 soldados muertos en combate, decenas de miles de heridos, y un gasto que superó los dos billones de dólares, resultaba políticamente imposible reconocer la derrota y marcharse, porque hacerlo habría significado que todos esos sacrificios humanos y materiales no habían servido absolutamente para nada, de modo que sucesivos presidentes estadounidenses fueron reencuadrando retroactivamente los objetivos de la misión, para poder proclamar algún tipo de éxito: Obama habló de “transición responsable”, Trump negoció los Acuerdos de Doha en 2020 presentándolos como un triunfo diplomático personal, y Biden ejecutó la retirada final en 2021 argumentando que el objetivo original, que era eliminar a Bin Laden, ya había sido cumplido en 2011, ignorando convenientemente que la misión había mutado durante dos décadas hacia la construcción de un Estado democrático estable, narrativa que se derrumbó de manera humillante cuando Kabul cayó en apenas 72 horas y los talibanes recuperaron exactamente el mismo poder que tenían antes de que comenzara toda aquella guerra. Un patrón muy similar ocurrió en Irak con la coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido en 2003, o Arabia Saudita y Yemen a partir de 2015. Hay muchos otros ejemplos.

Lo que todos estos casos tienen en común es ese mecanismo psicológico y político por el cual cuantas más víctimas, dinero y prestigio se ha invertido en una guerra, más difícil resulta detenerla, porque los líderes no buscan entonces la paz real sino una narrativa de paz que les proteja políticamente en casa, recurriendo sistemáticamente a los mismos instrumentos: reencuadrar retroactivamente los objetivos originales para que parezcan cumplidos, buscar un tercero mediador que otorgue cobertura diplomática al acuerdo, proponer congelamientos del conflicto que se presentan como paz pero son simplemente pausas indefinidas, transferir la responsabilidad del futuro a la parte local diciendo “ellos deben defender su propia libertad”, o simplemente esperar que una nueva crisis internacional desvíe la atención mediática. Las trampas del “compromiso” y del “sacrificio” son complementarias, aunque conceptualmente distintas, pues la primera es esencialmente estratégica y externa, y la segunda es moral y emocional. Pero ambas llevan al mismo resultado: prolongar conflictos más allá de lo racional, por lo que los Estados implicados, en este caso Estados Unidos, y, en menor medida, Israel, se ven obligados a salir del atolladero donde se han metido, guardando las apariencias para no mostrar que han quedado atrapadas en un callejón sin salida, por lo que aceptan una retirada que parezca honrosa, e incluso victoriosa.

En definitiva, la supuesta apertura de conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, no hace sino confirmar una verdad incómoda que la historia de los conflictos bélicos modernos ha demostrado con reiterada contundencia: iniciar una guerra sin haber evaluado con rigor sus consecuencias políticas, tanto para el agresor como para el agredido, equivale a adentrarse en un laberinto del que, tarde o temprano, se buscará la salida por la misma puerta que nunca debió abrirse. La irracionalidad no reside únicamente en los errores tácticos o en la subestimación del adversario, sino en algo más profundo y estructural: en la incapacidad o la negativa de quienes toman la decisión de ir a la guerra de asumir que el campo de batalla más determinante no es el militar, sino el político, el simbólico y el narrativo.

Cuando una potencia desencadena hostilidades sin legitimidad internacional, sin claridad sobre sus objetivos reales y sin una estrategia de salida viable, no está eligiendo entre la guerra y la paz, sino entre distintas formas de derrota política. Las trampas del compromiso y del sacrificio no son accidentes del camino, son la consecuencia lógica e inevitable de decisiones iniciales adoptadas bajo presión, sesgo ideológico o cálculo electoral, y no bajo la fría racionalidad que exige comprometer vidas humanas y el prestigio de un Estado. Por ello, cualquier proceso de negociación que se produzca en estas circunstancias no debe leerse como un acto de habilidad diplomática, sino como el reconocimiento implícito de un fracaso que se intentará disfrazar con el lenguaje de la victoria, perpetuando así la última y más perniciosa irracionalidad de toda guerra mal concebida: la de no poder terminarla sin mentir sobre cómo comenzó.

Acostumbrados a analizar las guerras en términos geopolíticos, nos olvidamos que detrás de ello hay un marco ideológico que las sustenta y justifica. La guerra no solo ha de verse como un recurso instrumental, sino como una ideología que organiza percepciones, afectos y legitimidades. Si se asume que “el fin” (la seguridad, el dominio, el control), puede justificar “los medios”, la violencia de la guerra tiende a presentarse como un simple trámite técnico, una etapa necesaria. Sin embargo, en las guerras los medios no son neutrales, ya que moldean el tipo de comunidad que se construye, el lenguaje moral disponible y las fronteras de lo humano y lo desechable.

La actualidad del pensamiento de Kant es nítida frente a las guerras contemporáneas que se justifican por “seguridad”, como la de Irán o la de Gaza. Sostener que “los medios sí importan”, como creemos la mayoría de la gente, no es un gesto moralista, sino una tesis explicativa, en la medida que los medios influyen causalmente en la formación, difusión y estabilización de las creencias que legitiman la violencia y la destrucción. Los medios no son un simple vehículo hacia una meta, sino el taller donde se fabrica la legitimidad. Quien naturaliza medios violentos para alcanzar fines “superiores”, incluida la guerra, termina produciendo una ideología donde la violencia deja de ser excepción y se vuelve criterio de pertenencia, pureza o destino colectivo, y eso es sumamente peligroso y trae consecuencias.

En la ideología de las guerras como Irán, no solo se excusa o ignoran los daños, sino que se reordena por completo el mapa ético. Ese reordenamiento que están impulsando Trump y Netanyahu, lo que llamamos “inversión moral”, convierte en deber aquello que, en una moral común, funcionaría como frontera infranqueable: no matar (no expulsar, además, en el caso de Gaza, donde se han vuelto a cerrar los pasos de la ayuda humanitaria). El tipo de violencia que Trump predica en esta guerra, la “la paz por la fuerza”, deja de vivirse como una falta dolorosa que provoca sufrimiento, y, junto a Netanyahu, la presenta como coherencia, mérito e incluso motivo de orgullo. La inversión moral estrecha el círculo de quienes “merecen” protección, pues solo el “nosotros” legítimo (los estadounidenses e israelíes), cuenta plenamente, mientras el “ellos” queda fuera del perímetro ético. Se consolida así una moral estructuralmente desigual: humanidad completa para unos, humanidad condicional o anulada, para otros. Y como esta moral alternativa necesita sostenerse, suele acompañarse de un giro en el régimen de verdad, de manera que “lo verdadero” es solo lo que sirve a su causa; lo que la contradice se denuncia como propaganda enemiga (el presidente Sánchez).

Vinculado a lo anterior, Netanyahu y Trump practican la “elasticidad moral”, que puede entenderse como un proceso en el que una coalición política y/o ideológica, la suya, revaloriza o reordena ciertos principios éticos, para adaptar su marco normativo a las circunstancias de la guerra. Este giro implica desplazar o rebasar límites que, en otros contextos, habrían señalizado lo que se considera inaceptable, permitiendo que actos previamente condenados pasen a ser vistos como tolerables o necesarios para alcanzar fines percibidos como superiores. Este mecanismo facilita la continuidad de la guerra al disminuir el costo moral percibido de las acciones violentas que conlleva, y al sostener una justificación ideológica que las faculta bajo fines superiores.

Otra cuestión es el pensamiento de suma cero y la creencia de que hay una “amenaza existencial”, que para ellos implica la convicción de que ganar es sobrevivir, y perder la desaparición. Convierte las concesiones, las negociaciones y el pluralismo en un peligro. El surgimiento de un enemigo no es un fenómeno espontáneo, sino resultado de un proceso que puede alargarse o evitarse, y en ocasiones incluso buscarse deliberadamente, cosa que ambos mandatarios practican a menudo. La coexistencia de imágenes de enemigo y la percepción de amenaza imaginadas o exageradas no solo justifican conductas hostiles como la guerra, sino que pueden convertirla en una ideología operativa. Al articular al “otro” como enemigo irredimible, se legitima la acción violenta como medio de “defensa”, y en ese marco, la violencia y la guerra deja de ser un acto aislado, para convertirse en una virtud táctica dentro de una narrativa que busca cohesionar a la propia comunidad, vista como “pura”, y deshumanizar al adversario.

Si esto ocurre es también porque la política se “sacraliza” y se convierte en un relato indiscutible de excepcionalidad o salvación, que fabrica enemigos, normaliza la deshumanización y presenta la agresión como un deber moral. Esa lógica se refuerza, no solo con la elasticidad moral que he comentado, sino igualmente con el miedo fabricado artificialmente, para satisfacción de la industria armamentista, y mediante mecanismos como la obediencia, la conformidad y el desplazamiento de la responsabilidad, tres aspectos que no estamos dispuesto a admitir, pues hemos decidido no ser vasallos de nadie y exigimos respeto por no haber tomado la iniciativa de hacer la guerra.

La instrumentalización de la amenaza no opera solo como una táctica comunicativa para movilizar apoyo o justificar el rearme y la guerra, sino como un dispositivo sostenido de producción de sentido, que organiza cómo una sociedad interpreta el mundo. Al fabricar enemigos, amplificar incertidumbres y explotar sesgos cognitivos, se instala un estado emocional de “alerta” que vuelve “razonables” medidas extraordinarias, y reduce el horizonte político a respuestas de fuerza y guerra. En este punto, la militarización actual debe entenderse también como una ideología, un marco cultural que naturaliza el miedo, define al “otro” como peligro permanente y presenta lo militar como solución inevitable, desplazando alternativas diplomáticas, cooperativas o democráticas. La moralización del conflicto bélico (bien vs. mal) desplaza el conflicto del terreno político, donde caben la deliberación, el compromiso y la negociación, al terreno de la guerra moral, donde ceder equivale a claudicar y negociar se interpreta como complicidad, de ahí que hayan roto las negociaciones con Irán, que iban bien. En ese marco, el adversario deja de ser un rival o competidor y pasa a ser un enemigo moral y alguien con quien no se discute, sino a quien se derrota, se expulsa o se elimina.

La gente, y con razón, está asustada. Pero hay que explicar que la narrativa del miedo es una estrategia recurrente de manipulación social, cuando organiza un discurso que presenta una amenaza como inminente, inevitable y devastadora, de modo que quien controla ese relato influye en decisiones, conductas y creencias. Apoyada en técnicas de marketing, esta lógica “vende” inseguridad y puede movilizar, paralizar o fracturar a la sociedad. El miedo puede volverse hiperreal, pues los medios no solo transmiten información, sino que producen realidad mediante simulacros de amenaza que moldean la opinión pública; así, el miedo, en primera instancia, opera como un producto cultural basado más en afectos que en hechos, pero una vez instalada la percepción de inseguridad, comenzada la guerra, se pueden aceptar políticas militaristas y guerreristas como algo que “ya es” inevitable. De ahí la llamada “doctrina del miedo”, la utilización deliberada del temor para justificar el rearme y la guerra, que se hace a través de la creación de enemigos, la amplificación de riesgos y el uso constante de discursos de emergencia, desplazando además otros debates sociales mediante la distracción.

Un apunte final. En la actualidad, el imperialismo y el neocolonialismo operan a través de violencias colectivas, como las guerras o las intervenciones militares, porque imponen de manera sistemática relaciones de subordinación entre sociedades bajo una ideología de dominación, que presenta las desigualdades de poder como algo “normal”, “necesario” o “inevitable”. Por eso Trump ha dicho que también será él quien decidirá quién gobernará Irán en el futuro, como ha hecho en Gaza. En su vertiente militar, se expresan en guerras como las de Irán y Gaza, intervenciones militares como la de Venezuela o Líbano y quizá Cuba, bases por doquier, venta de armas y “guerras preventivas” que disciplinan territorios y poblaciones. Estas formas de poder no solo producen daño material, sino que organizan el consenso y la coerción para sostener un orden global desigual. Frente a este panorama, merece reconocimiento la defensa de las posiciones de no intervención militar mientras existan vías diplomáticas reales, como ha hecho España. Apostar por la negociación, la mediación internacional y el derecho internacional no es ingenuidad, sino una forma de responsabilidad política que busca evitar la escalada de violencia y sus consecuencias humanas irreparables. Priorizar la diplomacia implica recordar que la paz duradera rara vez se impone por la fuerza, y que la contención, el diálogo y la cooperación siguen siendo herramientas fundamentales para resolver conflictos sin multiplicar el sufrimiento.

Con mucha frecuencia, las negociaciones de paz con un grupo armado o con un Estado en plena crisis -en especial cuando existe riesgo real de escalada militar, como ha ocurrido en Irán- no se buscan o conciben como una vía genuina para desescalar el conflicto, sino como una extensión estratégica del mismo. Pues se usan para ganar tiempo, fracturar la unidad política del adversario, reducir presiones internacionales, obtener alivio logístico o económico, rearmarse y reorganizar mandos, mejorar inteligencia, consolidar control social, fortificar posiciones u ocupar territorios, bajo la cobertura de un supuesto “proceso de paz”, que desactiva las alertas debido a la confianza creada a través del diálogo abierto. En esos casos, el diálogo deja de ser un mecanismo de construcción de confianza y se convierte en un escenario de manipulación, incluso si hay un alto al fuego, donde la retórica de la paz funciona como camuflaje para preparar la siguiente fase de la guerra, transformando la negociación en un espacio de engaño más que de resolución. La negociación, incluso, puede ser una estrategia de guerra. En estos días, hemos asistido a una de estas trampas.

Antes del viaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 29 de diciembre pasado, para visitar al presidente Trump en Mar-a-Lago, funcionarios israelíes enfatizaron que Israel estaba listo para atacar de nuevo a Irán, y sugirieron que Netanyahu buscaría el apoyo estadounidense para una acción militar adicional durante su visita. La opción diplomática ya estaba en marcha respecto al programa nuclear iraní, pero no era la opción preferida por Israel, que presionó fuertemente a Estados Unidos en este sentido. Lo tremendo del caso es que el ministro de Exteriores de Omán, que llevaba las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear, afirmó horas antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero, que las negociaciones estaban “al alcance”, pues Irán había aceptado las condiciones de Estados Unidos para paralizar su programa nuclear. Se lo comunicó personalmente al vicepresidente de Estados Unidos un día antes del ataque. Incluso se habló de iniciar un diálogo entre Irán y los países del Golfo.

¿Por qué, entonces, despreciar la diplomacia y optar por la guerra? Además del carácter existencial del conflicto entre Israel e Irán, la respuesta quizá esté en el concepto de “paz por la fuerza” desarrollado por el presidente Trump, y reflejado en la Estrategia de Seguridad Nacional del pasado mes de noviembre.

No es la primera vez que ocurre este tipo de engaños, mediante “negociaciones de distracción”. Un hecho como el ataque aéreo israelí a Doha (Qatar), el 9 de septiembre pasado, en el lugar donde celebraban las conversaciones con Hamás para lograr un alto al fuego, y en el que murieron seis personas, representa una violación tan grave de las normas diplomáticas que sus consecuencias trascienden el conflicto inmediato, envenenando las fuentes de la diplomacia misma. La regla fundamental de cualquier proceso de paz o negociación, incluso entre enemigos acérrimos, es la inviolabilidad del espacio de diálogo; los negociadores deben tener la garantía absoluta de que el lugar de la mesa de diálogo es un santuario, no una trampa. Cuando un actor armado decide bombardear el recinto donde se discuten los términos de la paz, como ocurrió en este caso, atacando precisamente a los negociadores de Hamás, se destruye el principio más básico de la confianza. La consecuencia inmediata es la parálisis del canal diplomático. El mediador, en este caso Qatar, se sintió directamente agredido y traicionado en su soberanía, lo que lo obligó a retirarse para no ser cómplice de una farsa.

A largo plazo, el daño es aún más profundo, ya que se siembra una sospecha perpetua: cualquier otro país o facción que en el futuro sea convocado a negociar, ya sea en Ginebra, Oslo o cualquier capital árabe, desconfiará de que la otra parte utilice el proceso como cobertura para un golpe militar. Este tipo de acciones le enseñan al mundo que sentarse a hablar no es un acto de construcción de paz, sino un riesgo personal, lo que fortalece a los sectores más radicales de ambos bandos, los halcones, que siempre han sostenido que la fuerza es el único lenguaje efectivo, condenando así a las futuras generaciones a repetir el ciclo de la violencia en lugar de agotar las vías del entendimiento.

Una variante es el “arriesgar hasta el borde”, que en el mundo de la diplomacia se entiende como tensar deliberadamente una crisis hasta el umbral del conflicto, para luego arrancar concesiones. En su versión más cínica puede incluir usar negociaciones de paz como cortina de humo, dado que, por un lado, se proyecta voluntad de diálogo, se gana tiempo, se divide a aliados del adversario y se mejora la posición táctica (reagrupamiento, reabastecimiento, reconocimiento), para luego lanzar una ofensiva que desfigura el sentido de la diplomacia negociadora. Un ejemplo contemporáneo es la invasión rusa de Ucrania en 2022. Mientras se mantenían contactos diplomáticos y se negaba la intención de atacar, se acumulaban fuerzas en la frontera y finalmente se ejecutó la ofensiva.

En Afganistán, después del acuerdo de febrero de 2020 entre Estados Unidos y los talibanes, y en plena antesala del diálogo intraafgano, la insurgencia utilizó el marco de las negociaciones no como una vía real de desescalada, sino como una oportunidad para recrudecer la violencia, acumular ventajas en el terreno y expandir sus áreas de influencia. Así, mientras el proceso de paz se presentaba como un paso hacia la reconciliación, en la práctica, operó como un recurso táctico al servicio de la estrategia talibán: ganar tiempo, erosionar la legitimidad y la capacidad operativa del Gobierno afgano y llegar a cualquier eventual acuerdo final desde una posición de superioridad militar y política.

En el caso de la guerra en Armenia y Azerbaiyán, que terminó en 2023 con la victoria militar del segundo, participar en diálogos (con Rusia, la UE o Estados Unidos) sirvió menos para buscar un compromiso y más para gestionar tiempos, costos y legitimidad mientras Azerbaiyán consolidaba su ventaja militar. Mantener conversaciones en contextos de este tipo, en los que en teoría se proyecta una voluntad de paz y se reducen los riesgos de sanciones o aislamiento, permite, al mismo tiempo y con mala intención, elegir el foro mediador más favorable para los propios intereses, e incluso puede acompañarse de una presión gradual sobre el terreno para crear “hechos consumados”, que luego se convierten en la nueva base de la mesa de negociación, ya devaluada.

La existencia de negociaciones-trampa, procesos en los que una de las partes simula voluntad de acuerdo mientras prepara o ejecuta ofensivas, erosiona profundamente la credibilidad estructural de los procesos de paz y erosiona la función de la diplomacia. Cuando la mesa se convierte en instrumento táctico y no en espacio genuino de resolución, el mensaje que se transmite no afecta solo al adversario inmediato, sino al conjunto del ecosistema negociador, mediadores, garantes internacionales, opinión pública y futuras partes en conflicto. La percepción de que el diálogo puede ser utilizado como cortina de humo, convierte cada gesto de apertura en sospechoso y cada alto el fuego en una potencial maniobra de reposicionamiento. A largo plazo, esto eleva los costes políticos de cualquier concesión, porque quienes apuestan por la negociación quedan expuestos a acusaciones de ingenuidad o traición. La consecuencia es un endurecimiento de posiciones y una creciente preferencia por soluciones militares preventivas, bajo la lógica de que “es mejor golpear primero que ser engañado”.

Además, las negociaciones instrumentales generan un daño acumulativo que trasciende el conflicto concreto. Cada proceso percibido como engaño, alimenta un repertorio de memoria colectiva donde la palabra pierde valor estratégico y moral. En contextos de guerras prolongadas o crisis polarizadas, esta desconfianza se convierte en cultura política, pues se negocia no para resolver, sino para ganar tiempo, dividir al adversario o mejorar la narrativa sea a escala nacional o internacional. Así, la propia idea de negociación queda asociada a debilidad o manipulación, lo que dificulta que futuros intentos encuentren legitimidad social. La paradoja es que cuanto más se utiliza la mesa como arma, más improbable se vuelve la paz que supuestamente debía facilitar. Recuperar la credibilidad requiere reconstruir la convicción de que la negociación no es una fase más de la guerra, sino una ruptura real con su lógica.

Este patrón de negociaciones-trampa, finalmente, no es una anomalía aislada, pues puede repetirse, y de hecho reaparece cíclicamente, en escenarios de alta asimetría, ocupación prolongada o guerra abierta, como los de Palestina, Ucrania y otros conflictos armados activos. Cuando la negociación se usa como cobertura para rearmarse, consolidar posiciones o moldear el relato internacional, el daño no se limita al episodio concreto, ya que contamina los intentos posteriores, debilita a quienes defienden la vía diplomática y convierte cada nueva ronda de conversaciones en un campo minado de sospechas, verificación imposible y expectativas deliberadamente frustradas.

Ha empezado una guerra en Irán, pero no sabemos cuánto durará ni las consecuencias que tendrá sobre la población iraní. Lo iremos viendo en los próximos días y semanas. En un contexto como este, sin liderazgos claros porque los opositores están presos, la sociedad puede moverse entre dos impulsos contradictorios: la oportunidad de tomar la calle e imponerse, y la angustia de que el vacío se llene con caos, facciones armadas o una guerra civil, especialmente si hay actores internos que compiten por dirigir el desenlace. La pregunta decisiva es si la población logrará convertir el lógico miedo individual en una acción colectiva sostenida y de forma mayoritaria, proteger formas básicas de coordinación movilizadora, y evitar que la violencia sectaria y la intervención extranjera desvíen la revuelta hacia una tragedia mayor, pues cuando un aparato represivo se siente acorralado, aunque esté descabezado, suele responder con terror.

De momento, podemos analizar las principales razones de estos ataques, que, a mi parecer, son cuatro y que se superponen en el tiempo: el programa nuclear de este país, el desarrollo de nuevos misiles, el propósito de Israel de ser la única potencia regional, y derrocar al régimen iraní debido a la explosiva situación política de este régimen autocrático y represor, especialmente tras las revueltas populares de enero. Esto supone un serio debate sobre los límites que tiene la diplomacia para abordar algunos temas, y las formas de encarar una crisis política de primer orden, con la opción militar desde el exterior como una respuesta que genera muchas dudas. Tampoco hay que olvidar que Irán es un importante productor de petróleo, y ya sabemos que es una de las debilidades de Trump.

Antes del viaje del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el 29 de diciembre pasado, para visitar al presidente Trump en Mar-a-Lago, funcionarios israelíes enfatizaron que Israel estaba listo para atacar de nuevo a Irán, y sugirieron que Netanyahu buscaría el apoyo estadounidense para una acción militar adicional durante su visita. La opción diplomática ya estaba en marcha respecto al programa nuclear iraní, pero no era la opción preferida por Israel, quien presionó fuertemente a Estados Unidos en este sentido. Lo tremendo del caso es que el ministro de exteriores de Omán, que lleva las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear, afirmó horas antes del ataque que las negociaciones estaban “al alcance”, pues Irán había aceptado las condiciones de Estados Unidos. Se lo comunicó personalmente al vicepresidente de Estados Unidos el viernes, un día antes del ataque. Incluso se habló de iniciar un diálogo entre Irán y los países del Golfo. ¿Por qué, entonces, despreciar la diplomacia y optar por la guerra? La respuesta, quizá, está en el carácter existencial del conflicto entre Israel e Irán, con Trump como aliado a través de su concepto de “paz por la fuerza”.

En 2015 se firmó un nuevo nuclear con Irán, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), por el que este país congelaba su programa nuclear a cambio de que levantaran las sanciones, pero el presidente Trump lo abandonó durante su primer mandato, en 2018, y volvieron las sanciones. Netanyahu visitó previamente al presidente Trump, para que rompiera con el Plan y abandonara la vía diplomática, que nunca ha querido. Ahora ha vuelto a pasar lo mismo. La reacción iraní fue la de volver a su programa anterior, y, además, con nuevos programas de desarrollo de su importante arsenal de misiles, aunque hay que señalar que van dirigidos a Israel, no a Estados Unidos, como ha dicho Marco Rubio, pues no tienen un alcance intercontinental ni Irán ha tenido nunca intención de atacar Estados Unidos. En mi opinión, retirarse de JCPOA fue un inmenso error, pues trajo consecuencias indeseables, y terminó con un trabajo diplomático que estaba empezando a dar resultados.

Hace pocos días, el principal negociador estadounidense, Steve Witkoff, dijo que Irán estaba “probablemente a una semana” de tener suficiente uranio de grado militar para una bomba, a pesar de la afirmación de la administración estadounidense de que sus ataques militares de junio de 2025 habían aniquilado el programa nuclear iraní. Aunque Irán conserva gran parte de la capacidad técnica, los expertos señalan que estaba lejos de poseer un arma nuclear. Por tanto, la afirmación alarmista de Witkoff era errónea o deliberadamente engañosa, y lo que pretendía era presionar aún más a Teherán, y añadir un sentido de urgencia para justificar un posible ataque militar estadounidense, como se ha producido.

En cuanto al aspecto político, la brutalidad represiva del régimen iraní de principios de enero, contra los manifestantes que querían un cambio de sistema político, en especial los jóvenes, no se puede entender si no tenemos suficientemente en cuenta el carácter teocrático de dicho régimen. Las teocracias como Irán, al basar su legitimidad política en una autoridad religiosa presentada como incuestionable, tienden a depender del uso de la fuerza para convertir esa pretensión moral en control efectivo del Estado. Cuando una parte de la sociedad no acepta esa interpretación religiosa o exige pluralismo, el régimen suele responder con coerción y represión policial para impedir que la disidencia se traduzca en organización y produzca un cambio institucional. Para ello, combina leyes y tribunales que castigan el “desorden” o la “ofensa” religiosa, cuerpos de seguridad y milicias ideologizadas, vigilancia y censura, y castigos ejemplarizantes que elevan el costo de oponerse. En este tipo de sistemas, la violencia, tanto física como estructural, funciona como un mecanismo de disuasión y disciplinamiento social que compensa la falta de alternancia real y protege a la élite gobernante frente a crisis de legitimidad, fragmentación interna o presión popular. Las protestas sociales, como las de 2022-2023 y las de ahora, con unos 30.000 muertos, fueron reprimidas brutalmente bajo acusaciones de ser “enemigos de Dios” o instigados por potencias extranjeras “impías”.

Por otro lado, Irán tiene un conflicto externo, de carácter regional, donde su teocracia chiita es central en su política exterior. China impulsó y celebró el acuerdo Arabia Saudí–Irán de 2023, para proyectarse como actor diplomático capaz de mediar entre rivales en Oriente Medio, y reforzar la estabilidad regional que protege sus intereses energéticos, pero lo cierto es que Irán tiene una pugna con Arabia Saudita por el control de la región, por lo que ambos países mantienen una relación ambivalente, de cooperación estratégica y rivalidad al mismo tiempo. Este último país se ha aliado con Israel y mantiene muy buenas relaciones con Trump, por lo que lo Irán lo tenía ya muy difícil. Con Hamás y Hezbolá muy debilitados, apenas tiene ya influencia real en la región.

El problema, pues, está con Israel. El odio entre Irán e Israel es mutuo, ya que ambos países se declaran como “enemigos existenciales” desde la Revolución Islámica de 1979. El tema central no es la religión en sí, sino el mecanismo por el cual cualquier relato político se convierte en verdad absoluta y produce enemigos ontológicos. La sacralización de la violencia y la guerra convierte la confrontación política en un asunto trascendente, ya que la violencia deja de ser un medio excepcional y pasa a presentarse como deber moral, acto purificador o vía de redención histórica. Al encuadrar el conflicto como cuestión existencial, se clausuran los matices y se vuelve sospechosa cualquier alternativa intermedia, como la negociación o el compromiso, que pueden leerse como claudicación. Ese es el problema que arrastran los dos países desde hace décadas. Cuando el otro es presentado como amenaza absoluta —no solo un adversario, sino un peligro existencial—, la violencia y la guerra deja de verse como recurso extremo y se convierte en “respuesta lógica” o “defensa inevitable”. El problema de fondo, pues, es que ambos países han construido un relato que elimina los matices y encierra la relación en una lógica de supervivencia, donde el choque permanente parece inevitable. Esto explica que nunca se haya buscado un acercamiento entre los dos países. La diplomacia internacional no tuvo esa capacidad, pero Netanyahu siempre ha despreciado cualquier acuerdo, es algo que le supera.

Tras el nuevo ataque, que ha producido numerosas víctimas civiles, la población iraní que rechaza la teocracia represiva se encuentra en una situación muy difícil. Una respuesta eficaz debe ser simultáneamente política, jurídica, comunicacional y social, además de contar con un gran apoyo internacional, pero estamos hablando de un país que no tiene un liderazgo claro en la oposición al régimen, algo vital en momentos como el presente. La opción de Reza Ciro Pahlavi, que hace 50 años vive fuera del país, no es la mejor opción, aunque Israel y Estados Unidos lo apoyan. El cambio de régimen lo tendrá que protagonizar la propia población iraní, no Israel ni los Estados Unidos. El precio a pagar será alto, por desgracia, pues ya sabemos cómo actúa dicha teocracia y sus guardianes, pero las revoluciones que han sido fructíferas normalmente se han hecho así. La clave será sostener esa presión interna con organización, unidad y apoyo internacional, orientado a proteger sus derechos, no a sustituir la agencia de los iraníes, porque solo así un eventual cambio tendrá legitimidad social y posibilidades reales de consolidarse.

En Europa, partidos radicales y de extrema derecha lideraban a finales de 2025 las encuestas en hasta nueve países, incluyendo Austria, Bélgica, Italia, Polonia, Países Bajos y Francia. También se predecían resultados preocupantes en Suecia, Alemania, España y Portugal. Con resultados tan negativos esperados, no es de extrañar que algunos se pregunten si la Unión Europea se enfrenta a una amenaza existencial desde la extrema derecha. 

A diferencia de otras corrientes autoritarias del siglo XX, gran parte de la extrema derecha actual no concibe la violencia solo como medio, sino como mecanismo regenerador de la nación o la “raza”, prueba moral de un compromiso militante y un intento de fundar un nuevo orden político. Esta concepción bebe de tradiciones fascistas clásicas, pero se reconfigura en clave contemporánea mediante teorías conspirativas, aceleracionismo y guerra civil racial. Uno de los pilares ideológicos es la idea de que el grupo dominante (blanco, masculino, europeo, estadounidense, cristiano), está inmerso en una guerra existencial contra enemigos internos y externos. Esta narrativa se articula en torno a ideas como el “gran reemplazo”, el “genocidio blanco”, la “invasión migratoria” o la “degeneración moral” promovida por élites liberales.

El extremismo de extrema derecha ha crecido en las últimas décadas como respuesta a una combinación de factores socioeconómicos y culturales, intensificados por crisis recientes (financiera, migratoria, COVID-19 y la guerra en Europa). Ese contexto alimenta frustración, miedo e ira, y facilita que estos movimientos ofrezcan “soluciones” simplistas, desacreditan a la democracia y a las instituciones por no responder a las expectativas ciudadanas y, a la vez, desplazan la culpa hacia grupos concretos mediante discursos discriminatorios. Expresiones tradicionales (neonazismo, skinheads) han sido parcialmente reemplazadas por activismo antiislámico y antiinmigración, con un giro más antisistema y ataques crecientes a instituciones, acelerados durante la pandemia.

Entre los factores de riesgo se incluyen problemas de identidad, mala gobernanza y disfunción administrativa, así como baja confianza y alfabetización mediática, que aumentan la exposición a la desinformación. Además, la retórica de odio y deshumanizante puede derivar en violencia y en graves violaciones de derechos, ya que la amenaza es cada vez más transnacional.  El extremismo de derechas ha evolucionado hasta convertirse en una subcultura transnacional. Estos movimientos han buscado desarrollar valores compartidos, espacios, mitos, imágenes, eslóganes, símbolos, ídolos, estéticas y artefactos compartidos. Estos referentes culturales contribuyen al crecimiento del extremismo mediante el endurecimiento de las opiniones, la consolidación de identidades exclusivistas y una creciente susceptibilidad a las teorías conspirativas.

En Estados Unidos, ochenta años después de la derrota nazi, la Administración Trump ha mostrado evidencia de simpatías y prácticas cercanas al nazismo, que van más allá de simples gestos o polémicas aisladas. Hay publicaciones y memes difundidos desde cuentas oficiales del gobierno, incluido el DHS y el Departamento de Trabajo, que evocan lemas, estéticas y consignas asociadas al fascismo, deshumanizan a migrantes y buscan generar miedo racial y cultural. Además, se documentan casos de colaboradores y funcionarios que han elogiado o mostrado afinidad con figuras neonazis o con discursos del régimen nazi, lo que incluye publicaciones en redes, mensajes en chats y apariciones públicas en actos afines a la ultraderecha. Estas actitudes provienen, en gran medida, de la cúpula, a través de declaraciones y comportamientos de Donald Trump y de otros altos cargos cercanos, por lo que la normalización de este tipo de retórica facilita la infiltración de un discurso nazi en políticas y prácticas gubernamentales.

La violencia colectiva de estos grupos se normaliza mediante procesos de deshumanización sistemática: los migrantes presentados como plaga, invasores o animales; los judíos retratados como élites manipuladoras o “enemigo invisible”, o las feministas y colectivos LGTBIQ+ como agentes de decadencia. Un componente clave en la extrema derecha contemporánea es el aceleracionismo, que sostiene que el sistema liberal es irreformable y debe ser destruido mediante el caos. Esto justifica ataques indiscriminados para desestabilizar sociedades, la glorificación de la violencia y la amenaza, y el rechazo de la acción política institucional, de manera que la violencia colectiva, sea física o no, se transforma en rito iniciático. Cumple una función sociopsicológica central, pues reafirma una masculinidad “guerrera” frente a sociedades percibidas como “feminizadas”, genera pertenencia y cohesión, y ofrece estatus, reconocimiento y sentido vital. Este patrón conecta con la crisis identitaria masculina, la frustración socioeconómica de mucha gente, y el aislamiento social y radicalización online que provocan las redes sociales.

La extrema derecha no busca solo “resistir”, sino reconfigurar el poder político, con Estados étnicamente homogéneos, la eliminación o expulsión de minorías y el autoritarismo radical. La violencia colectiva es concebida como una fase previa de limpieza, una guerra civil necesaria, y el fundamento del nuevo orden. Aquí convergen el racismo biológico, el fascismo palingenésico (renacimiento por la destrucción), y las teologías políticas secularizadas. No se trata de simples desviaciones criminales, sino de una cosmovisión coherente, donde la violencia y la coacción es moralmente necesaria, históricamente inevitable y políticamente fundadora. La capacidad de reclutamiento y expansión de estos movimientos se ve potenciada por una infraestructura digital sofisticada, que opera en múltiples niveles de visibilidad y radicalización.

Las plataformas como Twitter, YouTube, Facebook o TikTok, sirven como espacios de captación inicial mediante contenido aparentemente moderado, como críticas a la inmigración, denuncias de la “doble moral progresista” o la defensa de “valores tradicionales”. Desde ahí, algoritmos y comunidades digitales dirigen a usuarios susceptibles de ser manipulados, hacia espacios menos regulados donde el discurso se radicaliza progresivamente. Esta arquitectura de radicalización funciona como un embudo, pues el contenido a contracorriente y provocador atrae a jóvenes curiosos o descontentos; la gamificación (aprender jugando) y cultura memética hacen atractiva la participación, el aislamiento social y validación grupal refuerzan la adhesión, y finalmente, la exposición constante a contenido extremo normaliza la violencia y construye enemigos absolutos.

Además, estos movimientos establecen una relación simbiótica y estratégica con actores políticos dominantes e influyentes que, sin abrazar abiertamente la violencia, legitiman narrativas centrales de la extrema derecha. Cuando políticos electos hablan de “invasión” migratoria, “sustitución demográfica” o “guerra cultural contra Occidente”, proporcionan validación institucional a marcos interpretativos que la extrema derecha lleva a sus conclusiones lógicas. Esta dinámica crea lo que algunos académicos llaman “espacio de oportunidad retórica”, de manera que la extrema derecha puede presentarse como la vanguardia coherente de preocupaciones “legítimas” expresadas por figuras respetables, mientras que políticos “mainstream” se benefician electoralmente del clima de ansiedad y polarización, sin asumir responsabilidad por sus consecuencias violentas.

Simultáneamente, estos movimientos desarrollan estrategias de “metapolítica” para ganar influencia cultural e intelectual antes (o en lugar) de ganar poder electoral, y orientadas a modificar el sentido común cultural antes que conquistar instituciones, con ocupación de espacios contraculturales, producción de contenido pseudo-intelectual (podcasts, ensayos, “think tanks” alternativos), infiltración de subculturas juveniles (artes marciales, por ejemplo) y construcción de infraestructuras paralelas (medios alternativos, plataformas de financiación, redes de solidaridad legal). Esta estrategia busca normalizar ideas extremas, desplazar los límites del discurso aceptable y construir las condiciones culturales para transformaciones políticas radicales, entendiendo que la violencia colectiva será más efectiva cuando opere sobre un terreno ideológico previamente preparado.

La mejor forma de frenar el auge de la extrema derecha fascista y reducir el riesgo de que desemboque en violencia física y colectiva, no es solo denunciar sus expresiones, sino bloquear las condiciones materiales, sociales y culturales que la vuelven atractiva y “justificable”. Para ello, conviene articular un marco de acción basado en universalismo, empatía, reconocimiento, conocimiento y responsabilidad, junto con flexibilidad, aceptación de la complejidad y pensamiento crítico, políticas de desradicalización, resiliencia cívica, memoria plural y desarme moral. Pero ese marco solo será creíble si los gobiernos progresistas lo acompañan con políticas valientes y eficaces, no meramente simbólicas, que resuelvan de forma tangible los problemas de la gente común, como empleo, salarios, vivienda, servicios públicos, seguridad y expectativas de futuro. Cuando la mayoría percibe resultados reales y justicia cotidiana, la extrema derecha pierde legitimidad social y se debilitan su capacidad de organización, su poder de contagio y su capitalización del malestar.

En solo un par de días, y como es su costumbre, el presidente Trump ha transformado su Junta de Paz anunciada en octubre y pensada para Gaza en un proyecto totalmente diferente y con el propósito de substituir a la ONU, que según Trump, tiene un “enfoque e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

En la última semana, Trump ha invitado a unos 60 mandatarios, incluidos los de Rusia y China, a unirse a la Junta de Paz. Ha obtenido bastantes respuestas positivas, con el pago de una cuota de 1.000 millones de dólares y la perspectiva de ayudar a reconstruir Gaza bajo la supervisión de un equipo de siete personas que ya había designado el propio Trump. Pero la sorpresa vino el día antes de viajar al Foro de Davos, al distribuir una 'Carta de la Junta de la Paz' con unos estatutos en los que ya no se menciona a Gaza y en los que se afirma que el propósito de la nueva Junta, puesto que ya es otra cosa, es “crear una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y legal, y asegurar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, y la justifica por “la necesidad de un organismo internacional de construcción de paz más ágil y eficaz”. Trump será el presidente y tendrá la autoridad para aprobar acuerdos internacionales y crear, modificar o disolver las entidades subsidiarias que se puedan crear, en una clara competencia con la ONU.

En los estatutos se aclara que solo pueden ser miembros los Estados que hayan sido invitados previamente por el propio Trump, con un mandato de tres años sujeto a renovación si así lo quiere Trump, que también se guarda la potestad de sacarlos de la Junta, la facultad de interpretar el significado de la Carta fundacional, la autoridad para aprobar o no todas las decisiones que tomen los Estados miembro, y el poder para disolver la Junta cuando lo considere necesario o apropiado.

Trump también será quien designe a su sucesor en la presidencia, no los Estados miembros de la Junta, que tendrá una “Junta Ejecutiva”, compuesta por “líderes de renombre mundial” seleccionados exclusivamente por Trump, quien también nombrará al director ejecutivo de dicha Junta. Está tan molesto por no haber obtenido el Nobel de la Paz que quiere tener su propia organización para dirigir los destinos del mundo. Un aspecto también interesante es que la Junta de Paz “garantizará la provisión de los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones”, una referencia a que no se van a someter a la “dictadura” de la Corte Penal Internacional, que tanto detesta Trump.

Los más de 30 países que ya habían aceptado entrar en la Junta de Paz pensada para Gaza, ahora, con el nuevo planteamiento retador respecto a los organismos vigentes, tendrán que repensar si se apuntan o no a este esquema imperial y extremadamente personalista, pues queda claro que esta Junta de la Paz no es otra cosa que el Consejo de Administración de una empresa llamada Tierra, con Trump de presidente y con un poder absoluto sobre el Consejo, puramente decorativo, sumiso y pagador de los gastos. El vasallaje y peloteo jamás visto, pues no hay precedentes de iniciativas de este tipo, ante el intento de poder absolutista y totalitario de un personaje que se ha convertido en un peligro para la Humanidad. Un narcisista maligno, ególatra y de ambiciones sin límite.

Que la Junta lleve el nombre adjunto de “Paz”, no quiere decir que se vaya a dedicar a ello. En absoluto. Tradicionalmente, las grandes potencias o potencias regionales suelen disimular con un lenguaje retórico y diplomático sus verdaderas intenciones en política exterior, y así lo plasman en los documentos sobre sus políticas de defensa y seguridad. La apariencia de querer y defender la paz, sin embargo, puede ocultar intenciones de carácter más bien ofensivas, intervencionistas, imperialistas o neocoloniales, pues tenemos una larga historia de prácticas al respecto.

En noviembre de 2025, al publicar su Estrategia de Seguridad Nacional, el presidente Trump ya rompió este esquema de prudencia estratégica con un documento redactado incluso con un lenguaje arrogante, soez y despreciativo, muy propio de la personalidad del presidente. El texto no disimula en ningún momento sus verdaderos propósitos y ambiciones, con un discurso claramente imperialista y neocolonial no visto de forma tan explícita desde hacía décadas, que declara a EEUU el amo del mundo. “Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar a nuestros intereses”, señala el documento en una clara alusión a China, no a Rusia, con quien manifiesta querer “restablecer la estabilidad estratégica”. Esta Estrategia está vinculada con la nueva Junta, por lo que tendremos que hablar de las dos cosas para entender de qué tipo de “paz” hablamos.

El documento estratégico ya empieza, en el primer párrafo, con una declaración de intenciones de una carga que iba más allá de lo simbólico: “Garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más fuerte, rico, poderoso y exitoso del mundo durante las próximas décadas”. Dice textualmente que “la paz a través de la fuerza es el mejor elemento disuasorio”, esto es, la idea estrambótica del presidente Trump sobre el concepto de “paz” equivale al uso de la fuerza para imponer sus intereses, en especial los económicos. El subjefe del gabinete de Trump, Stephen Miller, a finales de 2025 declaró que “vivimos en un mundo que se rige por la fuerza, que se rige por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”. Y dado que “para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, la adhesión rígida al no intervencionismo no es posible”, es decir, se intervendría por la fuerza de las armas donde fuera menester.

En esa estrategia se aprecia el paso de la fuerza como instrumento a la fuerza como doctrina. “Paz a través de la fuerza” ya no es un recurso contingente, sino un principio ordenador que justifica, normaliza y casi sacraliza la coerción como vía legítima para preservar riqueza, estatus y liderazgo. Al convertirse en doctrina, se organiza e institucionaliza y se integra en la identidad nacional (“restauración espiritual”, héroes, grandeza), con una tendencia a la totalización. Todo (economía, migración, clima, cultura, Europa) se reinterpreta desde el prisma de la seguridad y la supremacía. Esa “misión” y “destino” (liderar el mundo; hemisferio como patio trasero) operan como mito político que dota de sentido y promete un futuro redentor, haciendo más elástica la moral (“si es por la grandeza, está permitido”), y convirtiendo el lenguaje en práctica, marcos que rebautizan agresión como paz, y dominación como orden.

La estrategia descrita exhibe un carácter imperialista y neocolonial en la medida en que asume como principio que Estados Unidos debe conservar una posición jerárquica global (“no puede permitir” que otro se vuelva dominante) y, desde ahí, se arroga el derecho de intervenir donde lo exijan sus “numerosos y diversos” intereses. No se trata solo de competir o disuadir, sino de ordenar el sistema internacional y delimitar esferas de influencia.

La apelación a la Doctrina Monroe y la idea de un “mundo liderado por los Estados Unidos” reactivan una lógica de tutela sobre otros países, especialmente en América, donde la “propiedad” política del continente convierte la soberanía ajena en algo condicionado. Eso encaja con el neocolonialismo contemporáneo: control y subordinación no necesariamente mediante colonias formales, sino mediante presión militar, económica y diplomática para garantizar acceso, obediencia y ventajas. Esta perspectiva no es accidental; responde a una lógica histórica de expansión y control, ahora reformulada con un lenguaje explícito que despoja a la diplomacia de sus eufemismos tradicionales.

Esta ideología trumpista, lejos de ser un mero ejercicio retórico, tiene consecuencias materiales, pues desestabiliza regiones enteras, profundiza las desigualdades y erosiona los mecanismos de cooperación internacional, perpetuando ciclos de conflicto en nombre de una “paz” impuesta por la coerción. Así que, de paz, la Junta no tiene nada.

Espero, por tanto, que pocos países se dejen engañar por semejante patraña y que no lo confundan con la Junta para Gaza, y que tampoco nos quedemos pasivos ante semejante propuesta, que, según los estatutos, se pondrá en marcha cuando lo hayan firmado tres países, solo tres, que ya los tiene. Creo que habremos de ser muy beligerantes con esta iniciativa, para que Trump vea que aparte de los 25 países que se han sumado ya a la Junta, con dos de la OTAN (Hungría como vicario de Rusia y Turquía por querer un rol en Gaza), solo cuatro potencias regionales (Indonesia, Israel, Pakistán y Arabia Saudita), y sin ningún país realmente destacable, está bastante solo en este mundo y en este mando.

En un ejercicio de pataleta infantil, Trump ha revocado su invitación al primer ministro canadiense, muy crítico con él y que no tenía intención de participar en la Junta. Como tampoco ha querido hacerlo la práctica totalidad de los países de la Unión Europa, que, en boca del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han dicho que era incompatible con la Carta de la ONU.

Ha llegado el momento de hacerle frente a Trump, desde las ideas, los valores y la economía. Es también la oportunidad para que Europa, y la mayor parte de sus países, se desconecten temporalmente de su administración en todos los campos posibles. Por fortuna, Trump ya es mayor y no estará siempre presente en nuestras vidas, pero dado que su capacidad de desestabilizar es inmensa, ahora toca plantarle cara con propuestas alternativas, mostrando que somos capaces de establecer alianzas con muchos países de otros continentes, incluidos China e India, y ver qué tipo de reglas podemos compartir para mejorar el planeta, no para apoderarse de él.

En términos de negociación, ¿cuáles eran los problemas respecto al “plan de paz” de Trump para Gaza hace tan solo unos días? Pongo varios, porque las cosas van a cambiar a peor: ambigüedad en los temas de fondo, la no aceptación de Israel de la solución de los dos Estados, poca claridad en la formulación institucional de una Palestina reformada, el limitado protagonismo de los palestinos para decidir su futuro en todos los ámbitos, el rol protagónico del presidente Trump, la concepción colonial de su proyecto, la mediación sesgada y parcial de Estados Unidos, las secuencias mal planteadas, la constante humillación hacia los palestinos, la no existencia de garantías suficientes para la aplicación de los acuerdos, no plantear un proceso de desarme y desmovilización, y no contemplar el grave problema de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Además, Israel nunca ha aceptado por últimos puntos del Plan de Paz de Trump, referidos al diálogo con los palestinos y su reconocimiento como pueblo, tampoco la amnistía a Hamás, su retirada total de Gaza o la entrada ilimitada de la ayuda humanitaria. Después, tampoco ha querido que algunos países estén presentes en los órganos previstos para dirigir Gaza, en especial Turquía, que ha sido muy beligerante con Israel.

En buena parte, todo esto viene de una apropiación indebida. La comparación entre la Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudita en julio de 2025, y el plan de Trump de octubre del mismo año, revela dos visiones incompatibles sobre qué significa una paz sostenible en Palestina-Israel. La primera buscaba un marco institucional progresivo, con derechos, gobernanza transparente, y un proceso multilateral que controlara y verificara la implementación, incluidos derechos de autodeterminación, seguridad y reconstrucción. En cambio, el plan de Trump se apoyaba en una lectura de poder y derrota, donde la supremacía militar y la imposición de una “victoria” no articulaban garantías para una ciudadanía palestina con derechos plenos, ni establecían un camino claro hacia una solución de dos Estados o una reconciliación interna entre las distintas autoridades palestinas. Esta brecha entre gobernanza, derechos y mecanismos de verificación, por un lado, y una narrativa de imposición y derrota, por otro, explica por qué cualquier plan sin un marco político claro, con participación y consentimiento de las poblaciones afectadas, tiende a fracasar en la práctica.

Estos días, el presidente Trump ha dado por completada la primera fase de su plan de paz, en un ejercicio de extrema miopía, pues Israel no respetó en ningún momento al alto al fuego, causando 464 muertos, no llegaba la suficiente ayuda humanitaria, el viento hacía volar las precarias tiendas de campaña, la lluvia inundaba dichas tiendas, y el frío causó hipotermias mortales en varias criaturas. Hamás no se ha desarmado y no se sabe cuándo lo hará, tampoco se habló de la amnistía y el presidente de la Autoridad Nacional Palestino no convocó al congreso de la OLP, tal como había prometido meses antes.

Trump, además, por si no quedaba clara su determinación de convertir Gaza en su protectorado y en hacer negocios en dicho territorio, antes de que se forme el Comité Nacional para la Administración de Gaza, formada por palestinos, acaba de crear dos nuevas entidades, la “Junta Ejecutiva fundadora” que asesorará a la Junta de Paz, presidida por Trump, y una “Junta Ejecutiva de Gaza”, formada por once miembros. Para liderar la estrategia de la Junta de Paz, Trump ha nombrado a dos personas: Aryeh Lightstone, que fue asesor principal del embajador estadounidense en Israel desde 2017 hasta 2021, y Josh Gruenbaum, un inversor de capital privado que utiliza la burocracia federal para combatir el antisemitismo. En la primera entidad, además del equipo habitual de Trump en temas internacionales (Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner), figura el cuestionado Tony Blair, el presidente del Banco Mundial (posible financiador), un supermillonario estadounidense Marc Rown, director ejecutivo de un importante fondo de inversión, empresario de casinos y con un patrimonio de 8.800 millones de dólares, y Robert Gabriel, que ya había sido asesor de Trump anteriormente y que incitó al asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. En la segunda entidad, la Junta Ejecutiva de Gaza, además de los ya mencionados Steve Wiktkoff; Jared Kushner, Tony Blair y Marc Rowan, figuraba otro empresario inmobiliario multimillonario chipriota-israelí, Yakir Gabay, que, según explicó en Washington Post en 2024, participó en un grupo de chat de larga duración, desde octubre de 2023 hasta principios de mayo de 2024, con algunos de los líderes empresariales más poderosos de Estados Unidos, y con los objetivos declarados de “cambiar la narrativa” a favor de Israel y “ayudar a ganar la guerra” sobre la opinión pública estadounidense, tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, y que presionó y amenazó a las universidades estadounidenses cuyos estudiantes se manifestaban contra Israel por el genocidio de Gaza. En la Junta también ha incluido al ministro de Exteriores turco, un alto diplomático qatarí, el director de los servicios de inteligencia egipcio, dos diplomáticos de la ONU para Oriente Medio y una ministra de los Emiratos Árabes Unidos.

En estos últimos días, Estados Unidos ha extendido invitaciones a varios gobiernos extranjeros para unirse a la “Junta de la Paz” dirigida por el mismo Trump, entre ellos Jordania, Grecia, Chipre, Pakistán, Hungría, India, Rusia, Canadá, Turquía, Egipto, Australia, Kazajstán, Reino Unido, Paraguay, Argentina o Albania, en una carrera para “llenar” de contenido un organismo que estará sujeto a las Juntas Ejecutivas antes mencionadas, por lo que será puramente decorativo e ineficaz. Además, Trump ha puesto como condición que cada uno de estos países pongan 1.000 millones de dólares para la reconstrucción, algo vergonzoso, pues ha sido Israel quien a destruido Gaza y Estados Unidos quien ha puesto el 70% de las 100.00 toneladas de bombas lanzadas sobre dicho territorio. El domingo se hizo pública la primera lista de los doce palestinos que conformarán el Comité Nacional para la Administración de Gaza, pero como ha dicho muy bien un analista de esta región, la “Junta de la Paz” crea una jerarquía clara, donde Estados Unidos y los magnates empresariales deciden, la región paga y coordina, y los palestinos implementan la prestación de servicios.

El principal riesgo de dejar el futuro palestino en manos de un elenco tan amplio de actores extranjeros, y en particular de multimillonarios e inversores estadounidenses acostumbrados a medir el éxito en rentabilidad y “estabilidad”, antes que en los derechos, es convertir una cuestión de autodeterminación y reparación humanitaria en un proyecto de tutela y negocio. Cuando quienes diseñan la “paz” no rinden cuentas ante la población palestina, la prioridad tiende a desplazarse hacia objetivos geopolíticos, gestión securitaria y oportunidades económicas (reconstrucción, suelo, infraestructuras) que pueden favorecer a élites externas, mientras se normaliza el hecho de que persistan las violaciones sobre el terreno. Además, la presencia de figuras vinculadas a campañas de propaganda, presión política o antecedentes controvertidos, eleva el peligro de que se imponga una narrativa que deslegitime la representación palestina y reduzca la democracia en este territorio a un mero trámite sin contenido. El resultado puede ser una Gaza tratada como protectorado, con instituciones administradas desde fuera, decisiones capturadas por intereses privados y diplomáticos, y un bienestar supeditado a condiciones impuestas, en lugar de un proceso centrado en derechos, rendición de cuentas y soberanía efectiva de los gazatíes.

Una paz duradera requiere más que visiones de poder o de reconstrucción. Necesita legitimidad política para el pueblo palestino, garantías de seguridad y derechos para todos, respaldadas por instituciones, mecanismos de rendición de cuentas y un proceso inclusivo que involucre especialmente a los actores locales, con los regionales y la comunidad internacional como complemento. Sin un enfoque que priorice la agencia palestina, la coherencia entre seguridad y derechos, y una ruta verificable hacia un acuerdo político, las propuestas corren el riesgo de convertirse en gestos sin sostenibilidad alguna. De los quince aspectos que se han de tener en cuenta en cualquier proceso de paz (la gestión de las “líneas rojas”, acertar con la metodología adecuada y conocer las necesidades reales, evitar las ambigüedades y tener una agenda clara y realista, mediaciones adecuadas y sin sesgos, interlocutores válidos, inclusión para el acuerdo final, controlar a los “spoilers”, abordar las causas del conflicto para superar las incompatibilidades, perder el miedo a las demandas de autogobierno, secuencias con sentido común, respetar la identidad y no humillar, garantizar lo acordado y dar seguridad, diseñar un buen programa de desarme, desmovilización y reincorporación, acabar con los incentivos para continuar la guerra y reforzar los incentivos para negociar la paz, y asegurar la verificación en el cumplimiento de los acuerdos), en el caso de Gaza y del futuro de Palestina no se cumple ningún de ellos. En la práctica, la paz no debe verse como un marco externalizado, sino como una experiencia diaria de seguridad, dignidad y oportunidades, con menos muros que separen, más puentes que conecten, con autoridades locales fortalecidas, supervisión internacional visible y una narrativa que priorice la memoria y las demandas actuales de la población, antes que intereses ajenos.

Cualquier intento de paz en Gaza y el futuro de Palestina, por tanto, será inviable si no se centra en la legitimidad y la agencia política palestina, integra de forma coherente seguridad y derechos para todas las partes y se apoya en instituciones, rendición de cuentas, inclusión y verificación; como hoy no se cumple ninguno de los aspectos básicos necesarios para un proceso de paz serio, las propuestas actuales se reducen a gestos sin sostenibilidad ni capacidad real de producir un acuerdo duradero. El riesgo de fracaso es enorme.

Aunque varios analistas ya lo han comentado, hemos de volver a repasar el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que se hizo público el pasado mes de noviembre y con un peculiar lenguaje, que parece escrito por el mismo Trump, para entender mejor lo que ha ocurrido en Venezuela. Contiene claves importantes, como la vuelta a la doctrina Monroe (América es de Estados Unidos), la afirmación de que hay que conseguir “la paz a través de la fuerza”, que “la adhesión rígida al no intervencionismo no es posible”, que “Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses”, y la primera frase del documento, que afirma que se debe garantizar que Estados Unidos “siga siendo el país más fuerte, rico, poderoso y exitoso del mundo”. Si el documento, nada modesto, tiene un claro destinatario, no es Rusia, sino China, y es probable que la explicación de lo que ha ocurrido en Venezuela, o al menos una de las importantes, es el creciente papel de China en América Latina.

China es el principal socio comercial de Sudamérica (no cuento México), y una fuente importante tanto de inversión extranjera directa como de préstamos energéticos e infraestructuras, incluso a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta. Pekín ha invertido fuertemente en el sector espacial latinoamericano y ha fortalecido sus lazos militares con varios países, especialmente con Venezuela. En los últimos años, China ha estado construyendo discretamente un imperio de infraestructuras en América Latina y el Caribe, con el objetivo de alejar económica y militarmente al continente de los intereses estadounidenses. Por ejemplo, hay 37 puertos marítimos en la región vinculados a empresas chinas. Para comparar, Estados Unidos no opera ningún puerto en la región. La estrategia de China va mucho más allá de los proyectos de infraestructuras. Busca ganar un terreno duradero en el Sur Global, con los BRICS como su caballo de Troya. A principios de mayo pasado, durante la ceremonia de apertura del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), el presidente Xi Jinping presentó un plan de cinco pilares que guiará la colaboración de China con 33 países de la región durante los próximos tres años. La hoja de ruta institucionaliza la presencia de China en el hemisferio occidental, lo que genera preocupaciones significativas para Estados Unidos, como también se refleja en la mencionada Estrategia Nacional de Seguridad.

En paralelo, el mercado chino ha pasado a ser prioritario para los países latinoamericanos, con una cifra récord de 518.000 millones de dólares en 2024. De los bienes que China compró a los países de la CELAC el año pasado, poco menos de la mitad procedía de Brasil, la mayor economía de la región. Además, si persisten los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, las exportaciones chinas podrían desviarse cada vez más hacia los mercados latinoamericanos. El Banco de Desarrollo de China, de propiedad estatal, y el Banco de Exportación-Importación de China, están entre los principales prestamistas de la región; desde 2005, han prestado más de 120.000 millones de dólares a países de América Latina y el Caribe y a empresas estatales, a menudo a cambio de petróleo y utilizados para financiar proyectos energéticos e infraestructuras. Venezuela es, con diferencia, el mayor prestatario; ha recibido casi 60.000 millones de dólares en préstamos estatales chinos, principalmente relacionados con energía e infraestructuras. Puertos, ferrocarriles, carreteras, puentes, líneas de metro, energía y centrales eléctricas, son probablemente las mejores señales de que China tiene un compromiso a largo plazo con la región. Pero, los días en que Pekín colmaba la región de préstamos y proyectos de infraestructuras a gran escala pueden haber terminado, o al menos se han visto disminuidos, en especial desde 2015, y sustituidos por una implicación más deliberada y un enfoque en sectores específicos de interés chino, especialmente en el extremo superior de la cadena de valor. Prefiere inversiones más pequeñas y específicas en sectores estratégicos como el litio, las energías renovables, los productos de alta tecnología y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluyendo las ofertas de Huawei.

La paciencia de Pekín con Caracas también se ha erosionado debido a los riesgos sostenidos de seguridad y a la desastrosa economía en el país, y no ha concedido préstamos a Venezuela en los últimos nueve años. Los préstamos también se han ralentizado hacia otros grandes beneficiarios, como Brasil y Ecuador. Para China, Venezuela sigue siendo uno de sus mayores deudores, y cualquier cambio de administración en Caracas tiene grandes implicaciones financieras para Pekín.

China también opera a través del “poder blando”, que se sustenta a través de la Iniciativa Global de Civilización. Abarca desde festivales culturales e intercambios cinematográficos, hasta la cooperación turística y la digitalización de museos. Estas iniciativas no son solo una labor de divulgación cultural, pues forman parte de un método más amplio para moldear la opinión pública y el discurso en todos los ámbitos de la sociedad, desde gobiernos locales y universidades hasta medios de comunicación y organizaciones deportivas. El impulso de China por aislar a Taiwán es otro factor importante detrás de su interés en la región. Debido a que Pekín rechaza mantener relaciones diplomáticas con países que reconocen la soberanía de Taiwán, el apoyo de América Latina a la isla ha disminuido en los últimos años. En cuanto a los temas militares, Venezuela sigue siendo el principal comprador de material militar chino en la región, después de que el Gobierno estadounidense prohibiera toda venta comercial de armas a Caracas a partir de 2006.

Actualmente, China opera o cogestiona al menos ocho estaciones terrestres en América Latina, incluyendo centros de seguimiento en el espacio profundo en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Estas estaciones proporcionan al ejército chino cobertura global de telemetría y datos espaciales en tiempo real. Bajo la Iniciativa de Seguridad Global (GSI), propuesta por Xi en 2022, Pekín también se ha orientado hacia la seguridad interna, suministrando equipo táctico y sistemas de reconocimiento facial a las fuerzas policiales, desde Panamá hasta Ecuador. Las redes construidas por Huawei pueden encontrarse ahora en más de 35 municipios latinoamericanos, integrando miles de cámaras y centros de emergencia bajo software gestionado por China.

Es interesante recordar que, en 2022, el entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado, ya buscaba contrarrestar la “influencia maligna” de China en la región, fortaleciendo la cooperación multilateral en materia de seguridad y los esfuerzos antidrogas. Otras propuestas legislativas incluían llamamientos para que Estados Unidos crease asociaciones comerciales permanentes con países del hemisferio occidental para fomentar la “relocalización de las cadenas de suministro desde China hacia países más cercanos a casa”. Ninguno de los dos proyectos avanzó en el Congreso, pero ahora Marco Rubio tiene mucho más poder e influencia, y lo va a ejercer.

En su segundo mandato, el presidente Trump ha adoptado un enfoque más asertivo para contrarrestar la influencia regional de China. Ha alegado repetidamente que China controla secretamente el Canal de Panamá, a pesar de la propiedad panameña, y ha amenazado con recuperar la vía fluvial, que Estados Unidos entregó a Panamá en 1999. Otro dato a tener en cuenta es que el año pasado China redujo significativamente las compras de exportaciones agrícolas estadounidenses, en respuesta a las subidas arancelarias del presidente Trump. Los agricultores estadounidenses están teniendo dificultades, ya que empresas chinas han buscado soja y otros productos de países como Brasil. La soja es una piedra angular de la agricultura estadounidense, ya que más de 270.000 granjas cultivan este cultivo, según el último Censo de Agricultura. En 2024, más del 40% de la producción estadounidense de soja se exportó, y aproximadamente la mitad se destinó a China. Esto se acabó por la mala estrategia de Trump, y puede pasarle factura.

Lo que antes parecía simplemente una búsqueda de nuevos mercados y oportunidades rentables para China, ahora se ve en Washington como una seria amenaza estratégica, y por eso América Latina vuelve a convertirse en el escenario para una versión moderna de la Doctrina Monroe, esta vez con China en su centro. El ataque a Venezuela podría ser un aviso para que los países latinoamericanos vuelvan al redil, alejándose de China y dando prioridad a que las grandes corporaciones estadounidenses vuelvan a tener el peso que tuvieron en el pasado en su “patio trasero”. Pero hacerlo militarmente, por la fuerza, y sin una alternativa política viable y decidida por la población venezolana, pues Trump detesta la democracia, puede ser un desastre. Por si no lo sabe, en Venezuela hay personas muy bien preparadas y con una real cultura democrática para levantar el país, aunque no son de cuerda. Pero si Trump también quiere ser el presidente de la “Junta de la Paz” de la transición venezolana, además de serlo de Palestina y Ucrania, y con Rubio de escudero, acabará teniendo un serio problema, pues la gente no quiere ser vasalla a cualquier precio, perdiendo su dignidad y su soberanía, algo que a Trump le cuesta entender, acostumbrado como está de rodearse de personajes serviles que le ríen las gracias y las ocurrencias, incluyendo a los patriotas de extrema derecha y al secretario general de la OTAN, en un triste reparto de papeles. Cuando se encuentre dentro de unos meses con el presidente Xi Jinping, veremos quién es realmente el más listo de la clase.