Va a celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Las primeras conversaciones directas celebradas en Pakistán, aunque fuentes diplomáticas describieron el encuentro con “optimismo”, el proceso arrastró desde el inicio graves fallos metodológicos. Las agendas iniciales resultaron profundamente incompatibles: Irán exigía control sobre el estrecho de Ormuz, descongelación de fondos, levantamiento de sanciones e inclusión del Líbano en el alto el fuego, mientras EE.UU. demandaba la apertura del estrecho, el desmantelamiento del programa nuclear y de misiles iraní, y el cese del apoyo a grupos islamistas.

A ello se añadió una notable imprecisión en las posiciones: ningún país publicó versiones oficiales de sus demandas, y cada detalle filtrado por una parte era negado por la otra, reflejando la distancia real entre ambas y la ausencia total de comunicados conjuntos que pudieran anclar los avances y generar confianza mutua. Además, no podía pedirse que un acuerdo se lograra en el primer día; se necesitan varias rondas para conseguirlo. En 2015, en las negociaciones con Irán en Viena sobre el tema nuclear, y en las que se logró un acuerdo, el secretario de Estado John Kerry pasó 18 días consecutivos en el hotel donde se celebraban las reuniones, incluso con una pierna rota. Nada que ver con impaciencia inicial del vicepresidente Vance.

La negociación en Pakistán se vio además saboteada por múltiples factores externos e internos. Israel actuó como elemento desestabilizador espóiler), continuando sus ataques en el Líbano mientras las partes negociaban, con Netanyahu negándose a acatar el alto el fuego y Trump insistiendo en que el Líbano no formaba parte del acuerdo original. Por su lado, Trump adoptó un lenguaje triunfalista, de suma cero y deslegitimador —proclamando la victoria antes de cerrar ningún acuerdo—, lo que redujo los incentivos iraníes para ceder y debilitó a sus propios negociadores. Irán, por su parte, recurrió a un discurso esencialista, cargado de agravios históricos, simbología religiosa y una lógica maniquea víctima-agresor que endureció sus posiciones y cerró el espacio para concesiones. Como único elemento positivo, los equipos técnicos continuaron trabajando sobre los borradores para una próxima ronda, lo que representa una buena práctica metodológica, aunque insuficiente para compensar el peso de los demás fallos.

Mirando lo que pide cada parte, pero también la historia del conflicto, veo posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, aunque implica también a Israel. Se basaría en los siguientes puntos: cese de hostilidades de las dos partes, incluida Israel; suspensión preventiva de nuevas sanciones; suspensión de los apoyos militares de Irán a Hamás y Hizbulá; creación de un mecanismo de verificación de la ONU para el cese de hostilidades, y de la OIEA para temas nucleares; actualización del Acuerdo Nuclear con Irán (JCPOA) de 2015, reforzado, como garantía de no proliferación nuclear, eliminando así cualquier posibilidad de fabricar armas nucleares; acceso a Irán de la tecnología nuclear civil, con verificación de la OIEA; entrega a la OIEA del uranio enriquecido superior al 60%, en caso de existir; moratoria de pruebas de misiles de largo alcance de Irán, a cambio de que los países del Golfo y Estados Unidos no amplíen sus sistemas de defensa antimisiles.

También garantías hacia Irán de que el estrecho de Ormuz no será utilizado para atacarla, a cambio de permitir el paso libre de los buques; Irán se encargaría de la seguridad del estrecho de Ormuz y de la libre navegación; compromiso de no agresión sobre Irán desde los países del Golfo o desde las bases militares de Estados Unidos en estos países; alto al fuego inmediato en el sur del Líbano, apoyo a las negociaciones ya iniciados entre los gobiernos de Israel y Líbano; retomar la iniciativa de desmilitarizar el sur de Líbano; levantamiento de las sanciones a Irán y retorno de sus activos congelados; iniciar un proceso de seguridad para toda la región del Golfo, creando una institución con esta finalidad, y una resolución del Consejo de Seguridad sobre el acuerdo alcanzado.

La propuesta corrige varios de los fallos identificados en las primeras conversaciones de Islamabad. Su principal virtud es la lógica de reciprocidad equilibrada, pues, frente a las agendas inicialmente incompatibles de ambas partes, la propuesta articula concesiones simétricas y verificables, evitando la lógica de suma cero que caracterizó el discurso de Trump en medio de las negociaciones, que además utilizó un lenguaje coercitivo por presión psicológica y contradictorio tácticamente, al decir “no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”.

Respecto al tratamiento del estrecho de Ormuz, en lugar de confrontar la exigencia iraní de control con la demanda estadounidense de apertura, la propuesta combina el reconociendo de la responsabilidad iraní sobre la seguridad del estrecho, a cambio de garantías de no agresión, lo que transforma un punto de bloqueo en un posible punto de encuentro. La actualización reforzada del JCPOA, la entrega del uranio enriquecido y el acceso a tecnología nuclear civil con verificación de la OIEA, ofrecen a Irán incentivos concretos y dignificantes, mientras satisfacen la exigencia estadounidense de no proliferación sin recurrir a la humillación pública que hizo más rígidas las posiciones iraníes. La moratoria de misiles con contrapartida para los países del Golfo introduce además una dimensión regional hasta ahora ausente del diálogo bilateral, y la resolución del Consejo de Seguridad aportaría el anclaje multilateral del que carecieron las conversaciones de Islamabad, reduciendo la dependencia del acuerdo respecto de la voluntad política coyuntural de cada gobierno.

Sin embargo, la propuesta presenta dificultades de entrada que, lejos de ser insalvables, podrían superarse si todas las partes asumen compromisos orientados a aumentar la seguridad regional. El punto aparentemente más complejo es la inclusión de Israel en el cese de hostilidades, dado que Netanyahu ha actuado como spoiler en las conversaciones previas. No obstante, si Estados Unidos asumiera un compromiso explícito de presión sobre Israel, condicionando su respaldo diplomático y militar a la adhesión israelí al acuerdo, este obstáculo podría transformarse en una palanca de estabilización regional. El alto al fuego alcanzado en Líbano este jueves puede ayudar en ese sentido.

Del mismo modo, la suspensión del apoyo iraní a Hamás y Hezbolá, aunque difícil de vender internamente por el régimen, resultaría más asumible si se enmarca no como una rendición sino como una contribución iraní al nuevo sistema de seguridad regional, en el que Irán ganaría reconocimiento como actor legítimo y garante del estrecho de Ormuz. La reducción progresiva de bases militares estadounidenses en el Golfo, podría igualmente conciliarse en la nueva institución de seguridad regional propuesta, un marco de garantías colectivas que sustituya funcionalmente la protección que hoy les ofrecen dichas bases. Finalmente, los riesgos sobre la fiabilidad de los mecanismos de verificación —ONU y OIEA— son reales, pero mitigables si el acuerdo establece protocolos de transparencia más exigentes que los del JCPOA original y sanciones automáticas ante incumplimientos. En síntesis, la propuesta es viable si se aborda con voluntad política colectiva, ampliando la mesa negociadora e invirtiendo en los mecanismos de confianza que las conversaciones de Islamabad no lograron construir.

En estos días, el tema central parecer ser el de la proliferación nuclear, donde Estados Unidos exige una suspensión de 20 años en el enriquecimiento de uranio, mientras que Irán solo está dispuesto a hacerlo en menos de 10 años, aunque con el compromiso de diluir su uranio enriquecido. Al respecto, quiero recordar dos cosas. La primera es que, en el acuerdo de 2015, ambas partes ya acordaron limitar el nivel de enriquecimiento del uranio al 3,67%, con unas reservas máximas de 300 quilos de uranio enriquecido, y un máximo de 6.000 centrifugadoras IR-1, lo cual garantizaba la imposibilidad de construir armas nucleares.

De ahí la conveniencia de recuperar este acuerdo, que fue anulado por Trump en mayo de 2018, después de que Netanyahu visitara a Trump el 5 de marzo de aquel año, en la conferencia anual de AIPC, un lobby de apoyo de Estados Unidos a Israel, donde el tema central fue la capacidad nuclear de Irán, y Netanyahu pidió una posición más dura a Estados Unidos. El segundo aspecto a comentar es que, menos de 48 horas antes de que comenzaran los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones mediadas por Omán, y con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear.

La prestigiosa revista Arms Control Today, creada en 1974, en su último número describe con precisión este encuentro, y señala que Witkoff no contaba con suficiente experiencia técnica ni diplomática para llevar a cabo una diplomacia eficaz. No se enteró de nada. Su falta de conocimiento y la tergiversación de las posiciones de Irán y su programa nuclear durante todo el proceso, influyeron en la valoración de Trump de que las conversaciones no avanzaban y que Irán no negociaba en serio, a pesar de que este país informó que no acumularía más uranio enriquecido y aceptaría una amplia supervisión del OIEA. A pesar de que Irán mostró flexibilidad, Trump parecía no estar interesado en un proceso de negociación prolongado, y seguramente ya tenía tomada de decisión de atacar, a instancias de Netanyahu. La lección es clara: se necesita más tiempo, negociadores expertos en cuestiones nucleares, no un promotor inmobiliario neoyorquino, buscar salidas honrosas para ambas partes, y aprovechar la oportunidad para empezar un proceso de seguridad regional.

Habrá que esperar el desarrollo de las negociaciones de Estados Unidos con Irán y de Israel con el Líbano en los próximos días (aunque persiste la polémica sobre si Irán pondrá el futuro de Hizbulá en su paquete negociador) para ver lo que va a ocurrir en el sur del Líbano, y, a medio plazo, quizás también a la seguridad regional, pues se abre una ventana de oportunidad para abordar varios problemas a la vez, aunque a las diplomacias de Estados Unidos e Israel les costará ver esta posibilidad. De momento, veamos los dilemas que se presentan respecto al Líbano. Nada fáciles, por cierto, pues históricamente Israel ha intentado controlar el sur del Líbano como franja defensiva y de reordenación estratégica, con la convicción de que puede quedarse con todo el territorio situado al sur del río Litani. El propósito de anexión viene de lejos, por lo que no será fácil cambiar esta corriente ideológica y estratégica vinculada al expansionismo, contraria al pragmatismo propio de una negociación basada en incentivos.

La propuesta israelí de iniciar conversaciones para un alto al fuego en el Líbano “lo antes posible”, condicionado al desarme de Hizbulá y a su exclusión del Gobierno libanés, reproduce uno de los errores más documentados en la resolución de conflictos armados: la negativa a sentar en la mesa a actores armados que, aunque incómodos o ilegítimos a ojos de una de las partes, son políticamente imprescindibles para que cualquier acuerdo sea sostenible, y más cuando se trata de un movimiento político y social, no solo una milicia. Eso implica que Israel e Hizbulá tendrán que sentarse en una mesa, reconociéndose como “legítimos interlocutores”.

Las lecciones del proceso de paz en Irlanda del Norte, por ejemplo, son elocuentes al respecto. El Reino Unido tardó décadas en aceptar que el IRA y su brazo político, el Sinn Féin, debían participar directamente en las negociaciones, y solo cuando esa participación se garantizó —con condiciones, pero sin exclusiones previas absolutas—, fue posible el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Del mismo modo, en el proceso colombiano con las FARC, intentar negociar un desarme sin incluir a la guerrilla como interlocutor directo había fracasado sistemáticamente durante décadas; solo el diálogo directo, celebrado en La Habana entre 2012 y 2016, produjo un acuerdo estructurado por etapas.

Exigir a Hizbulá que abandone el gobierno libanés como condición previa a cualquier conversación no es una medida de confianza. Es, en la práctica, una precondición que el grupo no puede aceptar sin percibir que renuncia a su posición antes de obtener nada a cambio, lo que bloquea el proceso antes de que comience. El dilema del orden de los pasos, si primero el alto al fuego o primero el desarme, es, en realidad, un falso dilema, pues la experiencia comparada muestra que ambos procesos deben diseñarse de forma simultánea y secuenciada, con incentivos claros para cada etapa cumplida. Esto debería entenderlo Israel, pues, según algunas fuentes, piensa continuar atacando a Hizbulá, con lo que entraríamos en una espiral sin fin, y eso hay que evitarlo a toda costa.

A esta complejidad estructural hay que añadir que cualquier acuerdo duradero requiere necesariamente un diálogo nacional interno libanés que recomponga el frágil equilibrio confesional y político del país. Líbano no es solo el escenario del conflicto, sino también una víctima institucional del mismo, y su Estado ha sido históricamente demasiado débil para imponer el monopolio de la fuerza en su propio territorio. Por ello, un acuerdo que no contemple el fortalecimiento real y verificable de las Fuerzas Armadas Libanesas, con capacidad operativa demostrada para desplegar en el corto plazo en el sur del país, estaría condenado al fracaso. Esto implica, a su vez, que Israel debería comprometerse a una retirada total y ordenada del territorio libanés que ha ocupado, requisito sin el cual el proceso de desarme gradual de Hizbulá —que ya estaba previsto en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2006—, carece de entorno político en el que prosperar.

Ese plan de desarme por etapas, que existía sobre el papel desde 2025, pero nunca se implementó del todo por la ausencia de condiciones de seguridad recíprocas, podría reactivarse si se crease un mecanismo internacional de verificación robusto y creíble, posiblemente mediante un refuerzo sustancial de UNIFIL con mayores capacidades de monitoreo, medios técnicos modernos y un mandato más ejecutivo que el actual, que permita constatar el cumplimiento de cada fase y generar la confianza mutua que hoy es inexistente. La verificación internacional ha sido clave en otros procesos. En el propio acuerdo nuclear iraní de 2015, el JCPOA, y desmontado por Trump en 2017, la presencia de observadores con mandato claro redujo significativamente el riesgo de que una parte denunciara incumplimientos sin base real, estabilizando el proceso incluso en momentos de alta tensión.

El dilema que plantea el desarme de Hizbulá presenta, además, llamativas similitudes con el que rodea a Hamás, y ambos casos no pueden entenderse plenamente sin considerar el papel de Irán como financiador histórico de los dos movimientos. Teherán ha declarado explícitamente que no presionará hacia el desarme de ninguno de sus aliados mientras Israel no se retire totalmente de los territorios palestinos ocupados, lo que convierte la cuestión en un nudo gordiano regional que trasciende con mucho los límites de una negociación bilateral.

Esta lógica (no hay desarme sin cumplimiento previo de los acuerdos políticos de fondo), no es exclusiva de los actores del conflicto israelí-palestino-libanés, sino que constituye un patrón recurrente en la historia de los procesos de paz. En Colombia, la guerrilla del ELN ha condicionado sistemáticamente cualquier avance hacia el desarme a la implementación efectiva de los compromisos del Estado en materia de desarrollo territorial, sustitución de cultivos y garantías de seguridad para sus militantes desmovilizados. El caso del PKK kurdo es igualmente ilustrativo, ya que el movimiento anunció el pasado año el abandono formal de la lucha armada, un paso de enorme trascendencia simbólica y política, pero se ha resistido a entregar las armas mientras no se concreten garantías políticas verificables para losexcombatientess y la población kurda en Turquía. Estos ejemplos ponen de manifiesto una verdad incómoda pero ineludible para cualquier negociador: el desarme no es un punto de partida ni un acto espontáneo de buena voluntad, sino el resultado final, y frágil, de un proceso en el que los acuerdos políticos deben comenzar a cumplirse de forma creíble y verificable. Sin esa secuencia de confianza construida paso a paso, con mecanismos de verificación internacionales sólidos y garantías políticas tangibles, exigir el desarme como condición previa no es diplomacia, pues para muchos grupos armados es simplemente rendición.

Con una perspectiva más amplia, estas negociaciones bilaterales no deberían concebirse como un fin en sí mismas, sino como el primer eslabón de una arquitectura de seguridad regional en Oriente Medio que hoy brilla por su ausencia. Téngase en cuenta que, en 2024, y sin contar Siria y Yemen, los datos del SIPRI señalaron que, en 2024, los países de Oriente Medio tuvieron unos gastos militares de 243.500 millones de dólares, el 4,2% de su PIB, una barbaridad de militarización, incompatible con la seguridad en común. En 2026, estos números serán bastante superiores. Con todo, el momento actual presenta una oportunidad que sería irresponsable desaprovechar: la posibilidad de que Irán alcance un nuevo acuerdo de desnuclearización que supere y refuerce el JCPOA de 2015, en un contexto en el que Teherán ha visto debilitadas sus redes de proyección regional, Hizbulá incluido, y podría tener incentivos económicos y de seguridad para negociar. Ya hay propuestas en este sentido; solo hay que atenderlas. Un acuerdo así, pactado multilateralmente entre todos los actores de la región, con garantías de potencias externas, podría sentar las bases de una estructura similar a lo que representa la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para el continente europeo, creada en 1975 (CSCE) y decisivo para superar los conflictos de la Guerra Fría, pues era un foro permanente de diálogo, verificación de compromisos, gestión de crisis y construcción progresiva de confianza entre adversarios históricos.

Europa tardó décadas en construir esa arquitectura tras la Segunda Guerra Mundial, y no fue un camino lineal ni sencillo, pero los Acuerdos de Helsinki de 1975 demostraron que incluso entre sistemas políticos e ideológicos profundamente enfrentados, es posible acordar reglas mínimas de convivencia. Oriente Medio necesita hoy su propio Helsinki, un proceso que comience con los pasos pequeños pero concretos de un alto al fuego verificado en el Líbano y que, con paciencia estratégica y voluntad política real, y mediante un acuerdo real y sostenido con Irán, pueda escalar hacia una paz regional que ninguna de las partes ha sido capaz de imaginar, o de querer imaginar, hasta ahora. Si las negociaciones con Irán terminan bien, deberemos hablar de este punto.

Las guerras en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán comparten rasgos estructurales que sugieren que no son guerras aisladas, sino expresiones de un nuevo modelo bélico global. Israel, guiado por una doctrina sionista cada vez más ofensiva bajo liderazgos de extrema derecha, participa en tres de los cuatro escenarios, lo que revela la existencia de un actor con una estrategia de guerra permanente y multipolar. Todos estos conflictos han sido además esencializados, puesto que sus protagonistas los presentan como luchas existenciales en las que cualquier concesión equivale a una rendición identitaria, lo que clausura el espacio para el pragmatismo político y convierte la negociación en una forma de traición. La religión refuerza este marco como legitimador supremo —el sionismo mesiánico, la yihad, la ortodoxia rusa bendecida por el Kremlin, el evangelismo redentor de Trump—, situando la violencia por encima de cualquier argumento jurídico o humanitario. Las narrativas de “gran destino histórico” completan el andamiaje ideológico que justifica la guerra indefinida. Putin invoca la lucha contra el nazismo para legitimar la invasión de Ucrania; Netanyahu apela al Holocausto para justificar operaciones que causan decenas de miles de víctimas civiles. Estas narrativas no son solo propaganda, sino que estructuran profundamente la percepción que los propios actores tienen de sí mismos, inscribiendo cada acción bélica en un arco temporal mítico que refuerza la disposición al sacrificio y hace políticamente imposible cualquier concesión en el presente.

Estos conflictos son además profundamente internacionalizados, funcionando como campos de batalla subrogados de rivalidades geopolíticas globales, garantizando a los beligerantes el suministro continuo de armas, financiación y legitimidad política. Esta internacionalización no solo prolonga las guerras, sino que hace enormemente difícil cualquier mediación, porque resolver el conflicto local implicaría también resolver las tensiones entre las potencias que lo alimentan desde el exterior. El enfrentamiento entre Irán y sus proxies (guerras indirectas por procuración) de un lado, e Israel y sus aliados del otro, es la columna vertebral del sistema de seguridad de Oriente Medio, mientras que la guerra en Ucrania es el escenario principal de la disputa entre Rusia y Occidente por el control del espacio postsoviético y el orden de seguridad europeo. La disuasión nuclear actúa como telón de fondo paradójico en todo este sistema, ya que impide la escalada directa entre grandes potencias, pero permite que las guerras convencionales se prolonguen indefinidamente. Esta geometría nuclear garantiza que los conflictos se mantengan por debajo de cierto umbral de intensidad, pero también que se estanquen en equilibrios de destrucción que nadie tiene incentivos claros para romper.

El dominio del espacio aéreo —cazas de quinta generación, misiles de precisión y, sobre todo, drones de distintas categorías—, se ha convertido en la variable militar determinante de estos conflictos. Esta preferencia por el poder aéreo responde a varias lógicas simultáneas: minimiza las bajas propias, permite operar a distancia, dificulta la atribución de responsabilidad jurídica y genera un efecto de terror y agotamiento sobre las poblaciones civiles. Los drones, en particular, han “democratizado” parcialmente esta capacidad, permitiendo a actores no estatales como Hezbolá o Hamás disponer de una dimensión aérea antes exclusiva de los Estados. La ocupación territorial y la reingeniería demográfica completan la dimensión espacial de estos conflictos. Rusia ha procedido a la anexión formal de cuatro regiones ucranianas, ha deportado a cientos de miles de personas y ha borrado sistemáticamente la identidad cultural ucraniana en los territorios que controla. Israel ha intensificado la construcción de asentamientos en Cisjordania, declarados ilegales por el derecho internacional, ha ocupado y destruido el sur del Líbano, y en Gaza ha aplicado una política de destrucción sistemática orientada a hacer la Franja inhabitable para su población original. Esta combinación de conquista militar con transformación demográfica revela que el objetivo final no es simplemente ganar la guerra, sino rediseñar el mapa humano de la región de forma irreversible.

Las consecuencias humanitarias de este modelo son catastróficas y, en gran medida, deliberadas. Los civiles y las infraestructuras esenciales (hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua, mercados, escuelas), son objetivos militares sistemáticos, no daños colaterales inevitables. Esta táctica de guerra total contra la población civil busca quebrar la voluntad de resistencia y generar condiciones de vida insostenibles que fuercen el desplazamiento o la capitulación. Los desplazamientos masivos de población son su consecuencia más visible. En muchos casos estos desplazamientos no son efectos secundarios, sino objetivos deliberados, destinados a crear hechos demográficos consumados difícilmente reversibles. La devastación económica que acompaña a todo ello opera en múltiples escalas: en Gaza la economía ha sido destruida prácticamente en su totalidad; Ucrania ha perdido una fracción enorme de su PIB y sus infraestructuras energéticas han sido sistemáticamente arrasadas; los países vecinos absorben millones de refugiados y soportan el impacto de la inestabilidad en los precios de la energía y los alimentos. Esta dimensión económica raramente aparece en los análisis estratégicos, pero es con frecuencia la que determina la capacidad de resistencia de las poblaciones y, por tanto, la duración real de los conflictos.

Todo esto ocurre en un contexto de colapso progresivo del orden jurídico internacional. El derecho humanitario y los Convenios de Ginebra son ignorados abiertamente por todos los actores principales. El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos, e Israel enfrenta procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia acusado de genocidio, pero ninguna de estas instancias posee mecanismos coercitivos efectivos frente a potencias militarmente significativas o protegidas por aliados con derecho a veto. La ONU ha sido marginada hasta la irrelevancia operativa. El Consejo de Seguridad está paralizado por vetos cruzados —Estados Unidos bloquea resoluciones sobre Gaza; Rusia y China, sobre Ucrania—, las resoluciones de la Asamblea General carecen de fuerza vinculante y las misiones de paz de la ONU en el Líbano han sido atacadas directamente por fuerzas israelíes. Esta marginación deliberada de la ONU no es accidental, sino el resultado de una estrategia consciente de los actores más poderosos, para preservar su libertad de acción militar sin rendición de cuentas internacional, convirtiendo a la organización en testigo impotente de catástrofes que su carta fundacional fue diseñada precisamente para prevenir. El desprecio hacia el derecho internacional no es simplemente una consecuencia de la guerra: se ha convertido en una herramienta más de la estrategia bélica, un mensaje deliberado dirigido tanto al adversario como a la propia opinión pública nacional.

Lo más revelador de este nuevo paradigma es su lógica política interna, que combina varios elementos mutuamente reforzantes. Los liderazgos extremistas que protagonizan estos conflictos —Netanyahu con su coalición de ultraderecha religiosa, Trump y su tecnofascismo, Putin con su nacionalismo imperial mesiánico, Hamás y Hezbolá con sus ideologías intransigentes—, obtienen réditos políticos internos de la continuación de la guerra, lo que hace que la paz no sea simplemente difícil sino activamente inconveniente para quienes detentan el poder. Cualquier líder que muestre disposición al diálogo se arriesga a ser eliminado políticamente por los sectores más duros de su propio campo. Esta dinámica explica la ruptura sistemática de negociaciones ya iniciadas y la ausencia de mediaciones efectivas. La preferencia por la fuerza como primera opción, y no como último recurso, y la búsqueda de una victoria militar total en lugar de un acuerdo negociado, completan este cuadro, pues los actores más poderosos no buscan resolver las guerras, sino gestionarlas, porque la continuación del conflicto les permite debilitar al adversario y consolidar posiciones sobre el terreno que de otro modo serían inviables políticamente.

La construcción sistemática de imágenes de enemigo y la deshumanización del adversario son los mecanismos culturales que hacen socialmente sostenible todo lo anterior. Los aparatos de propaganda estatales, los medios afines y las redes sociales trabajan para presentar al adversario como encarnación del mal absoluto: los palestinos como terroristas innatos, los israelíes como colonizadores genocidas, los rusos como bárbaros imperialistas, los ucranianos como instrumentos del nazismo, los ayatolás iraníes como encarnación del mal. Cuando el adversario es descrito en términos animales o patológicos, se crea el marco psicológico que permite justificar crímenes de una magnitud que de otro modo resultaría intolerable. Esta deshumanización no es un epifenómeno de la guerra, sino una de sus condiciones de posibilidad. El resultado acumulado de todos estos procesos es la militarización progresiva de las sociedades y del discurso político global: los presupuestos de defensa se disparan en todo el mundo, Europa debate su remilitarización acelerada, las economías se reconvierten en máquinas de guerra y la lógica de la fuerza se normaliza como principio ordenador de las relaciones internacionales. Si estos cuatro conflictos anuncian efectivamente el perfil de las guerras del siglo XXI, lo que revelan es una crisis sistémica del orden internacional (jurídico, diplomático y moral), que ninguno de sus actores principales parece capaz, ni verdaderamente dispuesto, a revertir.

La intensidad y lo errático de la guerra en Irán, ha obligado a posponer negociaciones de otros conflictos armados, como el de Ucrania, y eclipsado novedades importantes en contextos como el de Gaza, donde en estos días han ocurrido cosas muy importantes. Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz para Gaza, ha expuesto ante el Consejo de Seguridad varios puntos destinados, en teoría, a garantizar la implementación del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump. Poco después se conocieron los detalles de lo que se han bautizado como “Pasos para complementar la implementación del Plan de Paz Integral de Trump para Gaza”, que consta de doce puntos y cinco fases, con un calendario para los cuatro primeros.

Antes de comentar estos puntos, hay que recordar que, dos días antes de su presentación, los ministros de Asuntos Exteriores de 20 países, 11 de ellos europeos, entre los que estaban España y Francia, así como los secretarios generales de la Liga de Estados Árabes (LEA) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), emitieron una declaración conjunta condenando las actuales medidas israelíes como una “flagrante violación” del derecho internacional que promueve una “anexión de facto” de Palestina, instando a Israel a revertirlas y advirtiendo sobre su impacto en la viabilidad de una solución de dos Estados. Creo que es interesante recordarlo, pues choca bastante con los 12 pasos y 5 fases que ahora comentaré, muy complacientes con Israel y su “guerra de redención”, como la llama Netanyahu, que no solo ha arrasado Gaza, sino que también se está anexionando Cisjordania. Destaco igualmente que las fuerzas armadas israelíes han rociado tierras agrícolas con niveles peligrosamente altos del herbicida glifosato, a lo largo de la valla fronteriza de Gaza, impidiendo que los agricultores palestinos accedan a sus tierras. Ha hecho lo mismo en el sur del Líbano, en una política de “tierra quemada”, o “cortar el césped”, como dice el Gobierno israelí.

Aunque el alto representante de la Junta de Paz para Gaza diga en el Consejo de Seguridad de la ONU que ya se ha completado la primera etapa del plan original de Trump, lo cierto es que ha habido casi 700 muertos por la violación del alto al fuego de octubre de 2025, no llega toda la ayuda humanitaria necesaria a Gaza, no ha habido ninguna amnistía, ni hay señal alguna de que Israel vaya a retirar del todo sus tropas. Además, el contexto geopolítico actual señala que Israel no está interesado en lograr una arquitectura de seguridad equilibrada con sus vecinos, sino en consolidar su supremacía en la región, junto a Estados Unidos. La guerra de Irán, pues, afecta de lleno a Gaza.

¿Qué pretende este nuevo plan? Pues básicamente lograr el desarme de Hamás y la Yihad Islámica, sin que en ningún momento se mencione la creación de un Estado palestino. La primera fase, de 15 días, es para preparar la recogida de las armas y para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) asuma el control de la seguridad y administración de Gaza, algo muy abstracto, pues no se menciona cuando comenzará el plan, y supone priorizar la seguridad a la reconstrucción y la ayuda humanitaria, que deberían ir de la mano. El plan, ¿empezará dentro de una semana, un mes, seis meses? A corto plazo, sabemos que esta primera fase es muy complicada, pues no se ha hecho nada hasta el presente, e incluso los “ministros” del NCAG todavía no han pisado el terreno gazatí. Lo único que ha empezado a funcionar es el entrenamiento de 2.000 voluntarios a policía para Gaza, que corre a cargo de Egipto y Jordania, que ya lo habían hecho en épocas anteriores, en espera de alcanzar los 5.000 efectivos, y que será un serio problema, pues Hamás ya controla totalmente la seguridad de la zona, y no dejará de hacerlo sin contrapartidas, que tampoco están previstas. Si algo sabemos bien en el mundo de las negociaciones es la importancia de los incentivos para dejar las armas, algo que aquí no se tiene en cuenta. Además, Israel está vetando a los candidatos a policía que ya lo fueron durante el régimen de Hamás, añadiendo tensiones y aumentando su control sobre el futuro Gaza.

En la segunda fase, Israel retiraría todas las armas pesadas bajo su control, algo que ahora no cumple ninguna función, pero los tanques y artillería sí servirán para atacar Líbano. En esta fase se tendría que desplegar la famosa fuerza internacional de paz (ISF), de momento un fiasco, pues hay pocos países dispuestos a aportar tropas, y algunos de ellos se han retirado tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Quedan solamente las ofertas de tropas de Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania. Solo el primer país tiene el árabe como idioma, y me resulta inquietante que haya allí tropas albanokosovares. Calculo que la misión puede costar entre 1.000 y 1.400 millones de dólares anuales, en un territorio cuyo PIB era de 3.500 millones de dólares antes de la guerra y ahora no vale nada. Vale más el pan que la mantequilla, y, además, la existencia de esta fuerza internacional no tendrá sentido una vez se desarme Hamás. Esta fase tendría que hacerse antes de dos meses tras empezar el plan, algo bastante improbable. Por su arte, Israel estaría obligada a permitir la construcción de unidades residenciales prefabricadas temporales en ubicaciones aprobadas por el comité nacional palestino, aunque esto entra en colisión con algo que comentaré de la fase quinta.

La tercera fase, que empezaría al cabo de un mes y que podría durar tres meses, sería la más intensa, pues Hamás debería entregar todas sus armas al NCAG y permitir la destrucción de todos los túneles. Hamás de momento continúa diciendo que no se desarmará hasta que todas las tropas de Israel se hayan marchado, algo que no está previsto del todo en el nuevo plan, por lo que, de nuevo, vamos a tener un serio problema. La cuarta fase, que abarcaría del tercer al octavo mes desde el inicio, cinco meses, sería para recoger y registrar las armas, un tiempo totalmente desmesurado y que se solapa con la fase anterior. En esta etapa, las fuerzas israelíes comenzarían a retirarse de forma gradual, pues en la fase quinta, muy importante, prevé “la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza salvo por una presencia en un perímetro de seguridad”, es decir, sí pero no, lo que equivale a decir que no se retiraran del todo, con lo cual se hace imposible el desarme total de Hamás. Peor no se podía diseñar. Además, la prometida etapa de reconstrucción no empezaría hasta completar todo este ciclo de 250 días, y está condicionada al desarme total de Hamás y la Yihad Islámica. El 15 de marzo, Israel dio un lazo de dos meses a Hamás para su desarme completo, algo imposible de conseguir en estos momentos, por lo que el riesgo de una nueva intervención militar israelí está presente. No hay que olvidar que en junio está previsto que haya elecciones en Israel, y Netanyahu querrá mostrar algunos triunfos, y las prisas van en contra de la racionalidad en la toma de decisiones y en la planificación de un auténtico plan de paz.

Recapitulando, no sabemos cuándo empezará el proceso, la secuencia no es la correcta, los tiempos tampoco, la reconstrucción solo empezará en las zonas completamente desmilitarizadas, las demás, que se apañen; no se han recogido todavía los fondos económicos para empezar la reconstrucción, y los países del Golfo que se habían comprometido a poner “algo”, ahora están en guerra y no prestan atención a Gaza; no hay el número previsto de tropas de “estabilización”, 20.000, y seguramente no hacen falta; habrá problemas con el desarme de Hamás, a la que se invita a una rendición política a cambio de nada, ya han dicho que no se desarmarán hasta que se retiren completamente las fuerzas militares israelíes, se reconozca el derecho a un Estado palestino y se desmantelen las fuerzas paramilitares que Israel ha fomentado en Gaza; Israel, además, no muestra ninguna señal de retirarse, y existen demasiados precedentes de incumplimiento de sus compromisos. También cuenta el aumento de los asentamientos y la violencia creciente de los colonos en Cisjordania, que actúan con total impunidad, y que estos días ha sido denunciado por Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, lo que supone un problema añadido de primer orden y ha tirado a la Autoridad Nacional Palestina al cubo de la basura. El proceso diplomático ha quedado reducido al desarme de Hamás, y Gaza ya está pagando el precio de las guerras de Irán y Líbano.

Desde una perspectiva del análisis de negociaciones de paz, el plan presentado para Gaza constituye un ejercicio de ingeniería diplomática profundamente defectuoso, que ignora de manera sistemática los principios fundamentales que determinan el éxito o el fracaso de cualquier proceso de desarme y reconciliación. Un desarme funcional exige, como mínimo, que el grupo armado perciba que la rendición de sus armas no equivale a su eliminación política y física, y que exista un horizonte político claro, en este caso, la viabilidad de un Estado palestino, que otorgue sentido al proceso. Al ignorar estas condiciones, y al mantener una presencia militar israelí indefinida como variable de control, el plan no constituye técnicamente un proceso de paz, sino un instrumento de rendición unilateral sin contrapartidas, condenado al fracaso antes incluso de haber comenzado. En síntesis, un plan de paz que no aborda las causas estructurales del conflicto, que no equilibra las obligaciones de las partes, que carece de financiación asegurada y de mecanismos de verificación creíbles, y que ni siquiera define cuándo empieza, no es un plan de paz. Es, en el mejor de los casos, una hoja de ruta hacia el fracaso anunciado y, en el peor, un instrumento para consolidar el statu quo de la ocupación bajo una cobertura de legitimidad diplomática.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado que ha abierto conversaciones con Irán, aunque se conocen pocos datos. Parece una sorpresa, pero no lo es. En los conflictos armados que carecen de legitimidad jurídica internacional, es decir, que no cuentan con el aval del sistema multilateral ni se ajustan a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como es el caso de la guerra de Irán, la potencia que inicia las hostilidades suele enfrentarse rápidamente a un problema estructural de legitimidad.

En el caso de Estados Unidos, cuando una intervención es percibida como unilateral, preventiva o impulsada por intereses geopolíticos más que por una amenaza inminente claramente reconocida, el programa nuclear, el coste reputacional se acumula desde el primer momento. Si además la decisión ha estado influida o impulsada por un aliado estratégico como Israel, que también participa activamente en la acción militar, el conflicto puede ser interpretado internacionalmente como una operación concertada al margen del derecho internacional, lo que refuerza las percepciones de ilegitimidad. En este contexto, la narrativa justificativa, basada en seguridad y la lucha contra amenazas, tiende a erosionarse frente a contra narrativas que enfatizan la agresión, el desequilibrio de poder y el impacto humanitario. La pérdida del “relato” no es un elemento accesorio, sino central, pues condiciona las alianzas (casi inexistentes), debilita apoyos internos y externos, y otorga una ventaja política y simbólica al adversario, aunque esté debilitado a escala militar.

A medida que el conflicto se prolonga y los resultados militares no son concluyentes, la potencia agresora puede quedar atrapada en una dinámica de lo que denominamos “trampa de compromiso”, donde retirarse implica asumir costes políticos internos (pérdida de credibilidad, desgaste electoral, cuestionamiento del liderazgo), y continuar la guerra incrementa los costes humanos, económicos y diplomáticos. Este fenómeno, ampliamente estudiado en la literatura sobre “guerras de elección”, se agrava cuando la decisión inicial no fue plenamente racional o estuvo mediada por percepciones sesgadas, presión de aliados o marcos ideológicos rígidos. En tales escenarios, la potencia no solo enfrenta dificultades operativas sobre el terreno, sino también una creciente deslegitimación global que limita sus opciones estratégicas. Los aliados se distancian, los foros multilaterales se vuelven críticos y la opinión pública internacional se moviliza en contra. El resultado es una guerra cada vez más difícil de ganar, no solo en términos militares, sino también políticos, donde la salida se vuelve compleja porque cualquier opción (escalar, negociar o retirarse) conlleva costes elevados, evidenciando cómo decisiones iniciales poco fundamentadas pueden encadenar a una potencia a un conflicto del que no puede salir sin pagar un precio significativo.

La única salida plausible pasa por un acuerdo diplomático que permita a todas las partes preservar una apariencia de éxito, evitando la lógica de vencedores y vencidos. Se trataría de construir un nuevo relato en el que el éxito no resida en la victoria militar, sino en la capacidad de haber concertado el fin de la guerra y contener sus costes, aunque ello no suponga una paz plena ni resuelva las causas profundas del conflicto. En este sentido, es necesario insistir en la irracionalidad de una guerra que difícilmente puede justificarse si se tienen en cuenta las oportunidades diplomáticas existentes antes del estallido del conflicto. Irán había expresado su disposición a renunciar al componente militar de su programa nuclear bajo mecanismos de verificación internacional. La opción por la vía militar supuso, por tanto, desestimar alternativas reales de desescalada y cooperación, convirtiendo el conflicto en un error estratégico y político de gran alcance. Esta decisión ha contribuido a situar a Estados Unidos en una dinámica de “síndrome del sacrificio”, en la que el peso de las declaraciones iniciales, a menudo formuladas con precipitación, limita la capacidad de rectificación y obliga a sostener una línea de acción cada vez más costosa, no tanto por su eficacia, sino por la necesidad de no desmentir el compromiso adquirido.

Una variante es la “trampa del sacrificio”, que opera a nivel narrativo y cultural y que forma parte de la cultura política profunda estadounidense e israelí, hasta el punto de convertirse en una lógica autónoma, difícilmente cuestionable desde dentro. La “trampa del sacrificio” en los conflictos bélicos del siglo XXI se manifiesta de manera recurrente y devastadora en varios escenarios, siendo quizás el ejemplo más emblemático el de Estados Unidos en Afganistán, donde tras veinte años de guerra, aproximadamente 2.400 soldados muertos en combate, decenas de miles de heridos, y un gasto que superó los dos billones de dólares, resultaba políticamente imposible reconocer la derrota y marcharse, porque hacerlo habría significado que todos esos sacrificios humanos y materiales no habían servido absolutamente para nada, de modo que sucesivos presidentes estadounidenses fueron reencuadrando retroactivamente los objetivos de la misión, para poder proclamar algún tipo de éxito: Obama habló de “transición responsable”, Trump negoció los Acuerdos de Doha en 2020 presentándolos como un triunfo diplomático personal, y Biden ejecutó la retirada final en 2021 argumentando que el objetivo original, que era eliminar a Bin Laden, ya había sido cumplido en 2011, ignorando convenientemente que la misión había mutado durante dos décadas hacia la construcción de un Estado democrático estable, narrativa que se derrumbó de manera humillante cuando Kabul cayó en apenas 72 horas y los talibanes recuperaron exactamente el mismo poder que tenían antes de que comenzara toda aquella guerra. Un patrón muy similar ocurrió en Irak con la coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido en 2003, o Arabia Saudita y Yemen a partir de 2015. Hay muchos otros ejemplos.

Lo que todos estos casos tienen en común es ese mecanismo psicológico y político por el cual cuantas más víctimas, dinero y prestigio se ha invertido en una guerra, más difícil resulta detenerla, porque los líderes no buscan entonces la paz real sino una narrativa de paz que les proteja políticamente en casa, recurriendo sistemáticamente a los mismos instrumentos: reencuadrar retroactivamente los objetivos originales para que parezcan cumplidos, buscar un tercero mediador que otorgue cobertura diplomática al acuerdo, proponer congelamientos del conflicto que se presentan como paz pero son simplemente pausas indefinidas, transferir la responsabilidad del futuro a la parte local diciendo “ellos deben defender su propia libertad”, o simplemente esperar que una nueva crisis internacional desvíe la atención mediática. Las trampas del “compromiso” y del “sacrificio” son complementarias, aunque conceptualmente distintas, pues la primera es esencialmente estratégica y externa, y la segunda es moral y emocional. Pero ambas llevan al mismo resultado: prolongar conflictos más allá de lo racional, por lo que los Estados implicados, en este caso Estados Unidos, y, en menor medida, Israel, se ven obligados a salir del atolladero donde se han metido, guardando las apariencias para no mostrar que han quedado atrapadas en un callejón sin salida, por lo que aceptan una retirada que parezca honrosa, e incluso victoriosa.

En definitiva, la supuesta apertura de conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, no hace sino confirmar una verdad incómoda que la historia de los conflictos bélicos modernos ha demostrado con reiterada contundencia: iniciar una guerra sin haber evaluado con rigor sus consecuencias políticas, tanto para el agresor como para el agredido, equivale a adentrarse en un laberinto del que, tarde o temprano, se buscará la salida por la misma puerta que nunca debió abrirse. La irracionalidad no reside únicamente en los errores tácticos o en la subestimación del adversario, sino en algo más profundo y estructural: en la incapacidad o la negativa de quienes toman la decisión de ir a la guerra de asumir que el campo de batalla más determinante no es el militar, sino el político, el simbólico y el narrativo.

Cuando una potencia desencadena hostilidades sin legitimidad internacional, sin claridad sobre sus objetivos reales y sin una estrategia de salida viable, no está eligiendo entre la guerra y la paz, sino entre distintas formas de derrota política. Las trampas del compromiso y del sacrificio no son accidentes del camino, son la consecuencia lógica e inevitable de decisiones iniciales adoptadas bajo presión, sesgo ideológico o cálculo electoral, y no bajo la fría racionalidad que exige comprometer vidas humanas y el prestigio de un Estado. Por ello, cualquier proceso de negociación que se produzca en estas circunstancias no debe leerse como un acto de habilidad diplomática, sino como el reconocimiento implícito de un fracaso que se intentará disfrazar con el lenguaje de la victoria, perpetuando así la última y más perniciosa irracionalidad de toda guerra mal concebida: la de no poder terminarla sin mentir sobre cómo comenzó.

Acostumbrados a analizar las guerras en términos geopolíticos, nos olvidamos que detrás de ello hay un marco ideológico que las sustenta y justifica. La guerra no solo ha de verse como un recurso instrumental, sino como una ideología que organiza percepciones, afectos y legitimidades. Si se asume que “el fin” (la seguridad, el dominio, el control), puede justificar “los medios”, la violencia de la guerra tiende a presentarse como un simple trámite técnico, una etapa necesaria. Sin embargo, en las guerras los medios no son neutrales, ya que moldean el tipo de comunidad que se construye, el lenguaje moral disponible y las fronteras de lo humano y lo desechable.

La actualidad del pensamiento de Kant es nítida frente a las guerras contemporáneas que se justifican por “seguridad”, como la de Irán o la de Gaza. Sostener que “los medios sí importan”, como creemos la mayoría de la gente, no es un gesto moralista, sino una tesis explicativa, en la medida que los medios influyen causalmente en la formación, difusión y estabilización de las creencias que legitiman la violencia y la destrucción. Los medios no son un simple vehículo hacia una meta, sino el taller donde se fabrica la legitimidad. Quien naturaliza medios violentos para alcanzar fines “superiores”, incluida la guerra, termina produciendo una ideología donde la violencia deja de ser excepción y se vuelve criterio de pertenencia, pureza o destino colectivo, y eso es sumamente peligroso y trae consecuencias.

En la ideología de las guerras como Irán, no solo se excusa o ignoran los daños, sino que se reordena por completo el mapa ético. Ese reordenamiento que están impulsando Trump y Netanyahu, lo que llamamos “inversión moral”, convierte en deber aquello que, en una moral común, funcionaría como frontera infranqueable: no matar (no expulsar, además, en el caso de Gaza, donde se han vuelto a cerrar los pasos de la ayuda humanitaria). El tipo de violencia que Trump predica en esta guerra, la “la paz por la fuerza”, deja de vivirse como una falta dolorosa que provoca sufrimiento, y, junto a Netanyahu, la presenta como coherencia, mérito e incluso motivo de orgullo. La inversión moral estrecha el círculo de quienes “merecen” protección, pues solo el “nosotros” legítimo (los estadounidenses e israelíes), cuenta plenamente, mientras el “ellos” queda fuera del perímetro ético. Se consolida así una moral estructuralmente desigual: humanidad completa para unos, humanidad condicional o anulada, para otros. Y como esta moral alternativa necesita sostenerse, suele acompañarse de un giro en el régimen de verdad, de manera que “lo verdadero” es solo lo que sirve a su causa; lo que la contradice se denuncia como propaganda enemiga (el presidente Sánchez).

Vinculado a lo anterior, Netanyahu y Trump practican la “elasticidad moral”, que puede entenderse como un proceso en el que una coalición política y/o ideológica, la suya, revaloriza o reordena ciertos principios éticos, para adaptar su marco normativo a las circunstancias de la guerra. Este giro implica desplazar o rebasar límites que, en otros contextos, habrían señalizado lo que se considera inaceptable, permitiendo que actos previamente condenados pasen a ser vistos como tolerables o necesarios para alcanzar fines percibidos como superiores. Este mecanismo facilita la continuidad de la guerra al disminuir el costo moral percibido de las acciones violentas que conlleva, y al sostener una justificación ideológica que las faculta bajo fines superiores.

Otra cuestión es el pensamiento de suma cero y la creencia de que hay una “amenaza existencial”, que para ellos implica la convicción de que ganar es sobrevivir, y perder la desaparición. Convierte las concesiones, las negociaciones y el pluralismo en un peligro. El surgimiento de un enemigo no es un fenómeno espontáneo, sino resultado de un proceso que puede alargarse o evitarse, y en ocasiones incluso buscarse deliberadamente, cosa que ambos mandatarios practican a menudo. La coexistencia de imágenes de enemigo y la percepción de amenaza imaginadas o exageradas no solo justifican conductas hostiles como la guerra, sino que pueden convertirla en una ideología operativa. Al articular al “otro” como enemigo irredimible, se legitima la acción violenta como medio de “defensa”, y en ese marco, la violencia y la guerra deja de ser un acto aislado, para convertirse en una virtud táctica dentro de una narrativa que busca cohesionar a la propia comunidad, vista como “pura”, y deshumanizar al adversario.

Si esto ocurre es también porque la política se “sacraliza” y se convierte en un relato indiscutible de excepcionalidad o salvación, que fabrica enemigos, normaliza la deshumanización y presenta la agresión como un deber moral. Esa lógica se refuerza, no solo con la elasticidad moral que he comentado, sino igualmente con el miedo fabricado artificialmente, para satisfacción de la industria armamentista, y mediante mecanismos como la obediencia, la conformidad y el desplazamiento de la responsabilidad, tres aspectos que no estamos dispuesto a admitir, pues hemos decidido no ser vasallos de nadie y exigimos respeto por no haber tomado la iniciativa de hacer la guerra.

La instrumentalización de la amenaza no opera solo como una táctica comunicativa para movilizar apoyo o justificar el rearme y la guerra, sino como un dispositivo sostenido de producción de sentido, que organiza cómo una sociedad interpreta el mundo. Al fabricar enemigos, amplificar incertidumbres y explotar sesgos cognitivos, se instala un estado emocional de “alerta” que vuelve “razonables” medidas extraordinarias, y reduce el horizonte político a respuestas de fuerza y guerra. En este punto, la militarización actual debe entenderse también como una ideología, un marco cultural que naturaliza el miedo, define al “otro” como peligro permanente y presenta lo militar como solución inevitable, desplazando alternativas diplomáticas, cooperativas o democráticas. La moralización del conflicto bélico (bien vs. mal) desplaza el conflicto del terreno político, donde caben la deliberación, el compromiso y la negociación, al terreno de la guerra moral, donde ceder equivale a claudicar y negociar se interpreta como complicidad, de ahí que hayan roto las negociaciones con Irán, que iban bien. En ese marco, el adversario deja de ser un rival o competidor y pasa a ser un enemigo moral y alguien con quien no se discute, sino a quien se derrota, se expulsa o se elimina.

La gente, y con razón, está asustada. Pero hay que explicar que la narrativa del miedo es una estrategia recurrente de manipulación social, cuando organiza un discurso que presenta una amenaza como inminente, inevitable y devastadora, de modo que quien controla ese relato influye en decisiones, conductas y creencias. Apoyada en técnicas de marketing, esta lógica “vende” inseguridad y puede movilizar, paralizar o fracturar a la sociedad. El miedo puede volverse hiperreal, pues los medios no solo transmiten información, sino que producen realidad mediante simulacros de amenaza que moldean la opinión pública; así, el miedo, en primera instancia, opera como un producto cultural basado más en afectos que en hechos, pero una vez instalada la percepción de inseguridad, comenzada la guerra, se pueden aceptar políticas militaristas y guerreristas como algo que “ya es” inevitable. De ahí la llamada “doctrina del miedo”, la utilización deliberada del temor para justificar el rearme y la guerra, que se hace a través de la creación de enemigos, la amplificación de riesgos y el uso constante de discursos de emergencia, desplazando además otros debates sociales mediante la distracción.

Un apunte final. En la actualidad, el imperialismo y el neocolonialismo operan a través de violencias colectivas, como las guerras o las intervenciones militares, porque imponen de manera sistemática relaciones de subordinación entre sociedades bajo una ideología de dominación, que presenta las desigualdades de poder como algo “normal”, “necesario” o “inevitable”. Por eso Trump ha dicho que también será él quien decidirá quién gobernará Irán en el futuro, como ha hecho en Gaza. En su vertiente militar, se expresan en guerras como las de Irán y Gaza, intervenciones militares como la de Venezuela o Líbano y quizá Cuba, bases por doquier, venta de armas y “guerras preventivas” que disciplinan territorios y poblaciones. Estas formas de poder no solo producen daño material, sino que organizan el consenso y la coerción para sostener un orden global desigual. Frente a este panorama, merece reconocimiento la defensa de las posiciones de no intervención militar mientras existan vías diplomáticas reales, como ha hecho España. Apostar por la negociación, la mediación internacional y el derecho internacional no es ingenuidad, sino una forma de responsabilidad política que busca evitar la escalada de violencia y sus consecuencias humanas irreparables. Priorizar la diplomacia implica recordar que la paz duradera rara vez se impone por la fuerza, y que la contención, el diálogo y la cooperación siguen siendo herramientas fundamentales para resolver conflictos sin multiplicar el sufrimiento.

Con mucha frecuencia, las negociaciones de paz con un grupo armado o con un Estado en plena crisis -en especial cuando existe riesgo real de escalada militar, como ha ocurrido en Irán- no se buscan o conciben como una vía genuina para desescalar el conflicto, sino como una extensión estratégica del mismo. Pues se usan para ganar tiempo, fracturar la unidad política del adversario, reducir presiones internacionales, obtener alivio logístico o económico, rearmarse y reorganizar mandos, mejorar inteligencia, consolidar control social, fortificar posiciones u ocupar territorios, bajo la cobertura de un supuesto “proceso de paz”, que desactiva las alertas debido a la confianza creada a través del diálogo abierto. En esos casos, el diálogo deja de ser un mecanismo de construcción de confianza y se convierte en un escenario de manipulación, incluso si hay un alto al fuego, donde la retórica de la paz funciona como camuflaje para preparar la siguiente fase de la guerra, transformando la negociación en un espacio de engaño más que de resolución. La negociación, incluso, puede ser una estrategia de guerra. En estos días, hemos asistido a una de estas trampas.

Antes del viaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 29 de diciembre pasado, para visitar al presidente Trump en Mar-a-Lago, funcionarios israelíes enfatizaron que Israel estaba listo para atacar de nuevo a Irán, y sugirieron que Netanyahu buscaría el apoyo estadounidense para una acción militar adicional durante su visita. La opción diplomática ya estaba en marcha respecto al programa nuclear iraní, pero no era la opción preferida por Israel, que presionó fuertemente a Estados Unidos en este sentido. Lo tremendo del caso es que el ministro de Exteriores de Omán, que llevaba las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear, afirmó horas antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero, que las negociaciones estaban “al alcance”, pues Irán había aceptado las condiciones de Estados Unidos para paralizar su programa nuclear. Se lo comunicó personalmente al vicepresidente de Estados Unidos un día antes del ataque. Incluso se habló de iniciar un diálogo entre Irán y los países del Golfo.

¿Por qué, entonces, despreciar la diplomacia y optar por la guerra? Además del carácter existencial del conflicto entre Israel e Irán, la respuesta quizá esté en el concepto de “paz por la fuerza” desarrollado por el presidente Trump, y reflejado en la Estrategia de Seguridad Nacional del pasado mes de noviembre.

No es la primera vez que ocurre este tipo de engaños, mediante “negociaciones de distracción”. Un hecho como el ataque aéreo israelí a Doha (Qatar), el 9 de septiembre pasado, en el lugar donde celebraban las conversaciones con Hamás para lograr un alto al fuego, y en el que murieron seis personas, representa una violación tan grave de las normas diplomáticas que sus consecuencias trascienden el conflicto inmediato, envenenando las fuentes de la diplomacia misma. La regla fundamental de cualquier proceso de paz o negociación, incluso entre enemigos acérrimos, es la inviolabilidad del espacio de diálogo; los negociadores deben tener la garantía absoluta de que el lugar de la mesa de diálogo es un santuario, no una trampa. Cuando un actor armado decide bombardear el recinto donde se discuten los términos de la paz, como ocurrió en este caso, atacando precisamente a los negociadores de Hamás, se destruye el principio más básico de la confianza. La consecuencia inmediata es la parálisis del canal diplomático. El mediador, en este caso Qatar, se sintió directamente agredido y traicionado en su soberanía, lo que lo obligó a retirarse para no ser cómplice de una farsa.

A largo plazo, el daño es aún más profundo, ya que se siembra una sospecha perpetua: cualquier otro país o facción que en el futuro sea convocado a negociar, ya sea en Ginebra, Oslo o cualquier capital árabe, desconfiará de que la otra parte utilice el proceso como cobertura para un golpe militar. Este tipo de acciones le enseñan al mundo que sentarse a hablar no es un acto de construcción de paz, sino un riesgo personal, lo que fortalece a los sectores más radicales de ambos bandos, los halcones, que siempre han sostenido que la fuerza es el único lenguaje efectivo, condenando así a las futuras generaciones a repetir el ciclo de la violencia en lugar de agotar las vías del entendimiento.

Una variante es el “arriesgar hasta el borde”, que en el mundo de la diplomacia se entiende como tensar deliberadamente una crisis hasta el umbral del conflicto, para luego arrancar concesiones. En su versión más cínica puede incluir usar negociaciones de paz como cortina de humo, dado que, por un lado, se proyecta voluntad de diálogo, se gana tiempo, se divide a aliados del adversario y se mejora la posición táctica (reagrupamiento, reabastecimiento, reconocimiento), para luego lanzar una ofensiva que desfigura el sentido de la diplomacia negociadora. Un ejemplo contemporáneo es la invasión rusa de Ucrania en 2022. Mientras se mantenían contactos diplomáticos y se negaba la intención de atacar, se acumulaban fuerzas en la frontera y finalmente se ejecutó la ofensiva.

En Afganistán, después del acuerdo de febrero de 2020 entre Estados Unidos y los talibanes, y en plena antesala del diálogo intraafgano, la insurgencia utilizó el marco de las negociaciones no como una vía real de desescalada, sino como una oportunidad para recrudecer la violencia, acumular ventajas en el terreno y expandir sus áreas de influencia. Así, mientras el proceso de paz se presentaba como un paso hacia la reconciliación, en la práctica, operó como un recurso táctico al servicio de la estrategia talibán: ganar tiempo, erosionar la legitimidad y la capacidad operativa del Gobierno afgano y llegar a cualquier eventual acuerdo final desde una posición de superioridad militar y política.

En el caso de la guerra en Armenia y Azerbaiyán, que terminó en 2023 con la victoria militar del segundo, participar en diálogos (con Rusia, la UE o Estados Unidos) sirvió menos para buscar un compromiso y más para gestionar tiempos, costos y legitimidad mientras Azerbaiyán consolidaba su ventaja militar. Mantener conversaciones en contextos de este tipo, en los que en teoría se proyecta una voluntad de paz y se reducen los riesgos de sanciones o aislamiento, permite, al mismo tiempo y con mala intención, elegir el foro mediador más favorable para los propios intereses, e incluso puede acompañarse de una presión gradual sobre el terreno para crear “hechos consumados”, que luego se convierten en la nueva base de la mesa de negociación, ya devaluada.

La existencia de negociaciones-trampa, procesos en los que una de las partes simula voluntad de acuerdo mientras prepara o ejecuta ofensivas, erosiona profundamente la credibilidad estructural de los procesos de paz y erosiona la función de la diplomacia. Cuando la mesa se convierte en instrumento táctico y no en espacio genuino de resolución, el mensaje que se transmite no afecta solo al adversario inmediato, sino al conjunto del ecosistema negociador, mediadores, garantes internacionales, opinión pública y futuras partes en conflicto. La percepción de que el diálogo puede ser utilizado como cortina de humo, convierte cada gesto de apertura en sospechoso y cada alto el fuego en una potencial maniobra de reposicionamiento. A largo plazo, esto eleva los costes políticos de cualquier concesión, porque quienes apuestan por la negociación quedan expuestos a acusaciones de ingenuidad o traición. La consecuencia es un endurecimiento de posiciones y una creciente preferencia por soluciones militares preventivas, bajo la lógica de que “es mejor golpear primero que ser engañado”.

Además, las negociaciones instrumentales generan un daño acumulativo que trasciende el conflicto concreto. Cada proceso percibido como engaño, alimenta un repertorio de memoria colectiva donde la palabra pierde valor estratégico y moral. En contextos de guerras prolongadas o crisis polarizadas, esta desconfianza se convierte en cultura política, pues se negocia no para resolver, sino para ganar tiempo, dividir al adversario o mejorar la narrativa sea a escala nacional o internacional. Así, la propia idea de negociación queda asociada a debilidad o manipulación, lo que dificulta que futuros intentos encuentren legitimidad social. La paradoja es que cuanto más se utiliza la mesa como arma, más improbable se vuelve la paz que supuestamente debía facilitar. Recuperar la credibilidad requiere reconstruir la convicción de que la negociación no es una fase más de la guerra, sino una ruptura real con su lógica.

Este patrón de negociaciones-trampa, finalmente, no es una anomalía aislada, pues puede repetirse, y de hecho reaparece cíclicamente, en escenarios de alta asimetría, ocupación prolongada o guerra abierta, como los de Palestina, Ucrania y otros conflictos armados activos. Cuando la negociación se usa como cobertura para rearmarse, consolidar posiciones o moldear el relato internacional, el daño no se limita al episodio concreto, ya que contamina los intentos posteriores, debilita a quienes defienden la vía diplomática y convierte cada nueva ronda de conversaciones en un campo minado de sospechas, verificación imposible y expectativas deliberadamente frustradas.

Ha empezado una guerra en Irán, pero no sabemos cuánto durará ni las consecuencias que tendrá sobre la población iraní. Lo iremos viendo en los próximos días y semanas. En un contexto como este, sin liderazgos claros porque los opositores están presos, la sociedad puede moverse entre dos impulsos contradictorios: la oportunidad de tomar la calle e imponerse, y la angustia de que el vacío se llene con caos, facciones armadas o una guerra civil, especialmente si hay actores internos que compiten por dirigir el desenlace. La pregunta decisiva es si la población logrará convertir el lógico miedo individual en una acción colectiva sostenida y de forma mayoritaria, proteger formas básicas de coordinación movilizadora, y evitar que la violencia sectaria y la intervención extranjera desvíen la revuelta hacia una tragedia mayor, pues cuando un aparato represivo se siente acorralado, aunque esté descabezado, suele responder con terror.

De momento, podemos analizar las principales razones de estos ataques, que, a mi parecer, son cuatro y que se superponen en el tiempo: el programa nuclear de este país, el desarrollo de nuevos misiles, el propósito de Israel de ser la única potencia regional, y derrocar al régimen iraní debido a la explosiva situación política de este régimen autocrático y represor, especialmente tras las revueltas populares de enero. Esto supone un serio debate sobre los límites que tiene la diplomacia para abordar algunos temas, y las formas de encarar una crisis política de primer orden, con la opción militar desde el exterior como una respuesta que genera muchas dudas. Tampoco hay que olvidar que Irán es un importante productor de petróleo, y ya sabemos que es una de las debilidades de Trump.

Antes del viaje del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el 29 de diciembre pasado, para visitar al presidente Trump en Mar-a-Lago, funcionarios israelíes enfatizaron que Israel estaba listo para atacar de nuevo a Irán, y sugirieron que Netanyahu buscaría el apoyo estadounidense para una acción militar adicional durante su visita. La opción diplomática ya estaba en marcha respecto al programa nuclear iraní, pero no era la opción preferida por Israel, quien presionó fuertemente a Estados Unidos en este sentido. Lo tremendo del caso es que el ministro de exteriores de Omán, que lleva las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear, afirmó horas antes del ataque que las negociaciones estaban “al alcance”, pues Irán había aceptado las condiciones de Estados Unidos. Se lo comunicó personalmente al vicepresidente de Estados Unidos el viernes, un día antes del ataque. Incluso se habló de iniciar un diálogo entre Irán y los países del Golfo. ¿Por qué, entonces, despreciar la diplomacia y optar por la guerra? La respuesta, quizá, está en el carácter existencial del conflicto entre Israel e Irán, con Trump como aliado a través de su concepto de “paz por la fuerza”.

En 2015 se firmó un nuevo nuclear con Irán, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), por el que este país congelaba su programa nuclear a cambio de que levantaran las sanciones, pero el presidente Trump lo abandonó durante su primer mandato, en 2018, y volvieron las sanciones. Netanyahu visitó previamente al presidente Trump, para que rompiera con el Plan y abandonara la vía diplomática, que nunca ha querido. Ahora ha vuelto a pasar lo mismo. La reacción iraní fue la de volver a su programa anterior, y, además, con nuevos programas de desarrollo de su importante arsenal de misiles, aunque hay que señalar que van dirigidos a Israel, no a Estados Unidos, como ha dicho Marco Rubio, pues no tienen un alcance intercontinental ni Irán ha tenido nunca intención de atacar Estados Unidos. En mi opinión, retirarse de JCPOA fue un inmenso error, pues trajo consecuencias indeseables, y terminó con un trabajo diplomático que estaba empezando a dar resultados.

Hace pocos días, el principal negociador estadounidense, Steve Witkoff, dijo que Irán estaba “probablemente a una semana” de tener suficiente uranio de grado militar para una bomba, a pesar de la afirmación de la administración estadounidense de que sus ataques militares de junio de 2025 habían aniquilado el programa nuclear iraní. Aunque Irán conserva gran parte de la capacidad técnica, los expertos señalan que estaba lejos de poseer un arma nuclear. Por tanto, la afirmación alarmista de Witkoff era errónea o deliberadamente engañosa, y lo que pretendía era presionar aún más a Teherán, y añadir un sentido de urgencia para justificar un posible ataque militar estadounidense, como se ha producido.

En cuanto al aspecto político, la brutalidad represiva del régimen iraní de principios de enero, contra los manifestantes que querían un cambio de sistema político, en especial los jóvenes, no se puede entender si no tenemos suficientemente en cuenta el carácter teocrático de dicho régimen. Las teocracias como Irán, al basar su legitimidad política en una autoridad religiosa presentada como incuestionable, tienden a depender del uso de la fuerza para convertir esa pretensión moral en control efectivo del Estado. Cuando una parte de la sociedad no acepta esa interpretación religiosa o exige pluralismo, el régimen suele responder con coerción y represión policial para impedir que la disidencia se traduzca en organización y produzca un cambio institucional. Para ello, combina leyes y tribunales que castigan el “desorden” o la “ofensa” religiosa, cuerpos de seguridad y milicias ideologizadas, vigilancia y censura, y castigos ejemplarizantes que elevan el costo de oponerse. En este tipo de sistemas, la violencia, tanto física como estructural, funciona como un mecanismo de disuasión y disciplinamiento social que compensa la falta de alternancia real y protege a la élite gobernante frente a crisis de legitimidad, fragmentación interna o presión popular. Las protestas sociales, como las de 2022-2023 y las de ahora, con unos 30.000 muertos, fueron reprimidas brutalmente bajo acusaciones de ser “enemigos de Dios” o instigados por potencias extranjeras “impías”.

Por otro lado, Irán tiene un conflicto externo, de carácter regional, donde su teocracia chiita es central en su política exterior. China impulsó y celebró el acuerdo Arabia Saudí–Irán de 2023, para proyectarse como actor diplomático capaz de mediar entre rivales en Oriente Medio, y reforzar la estabilidad regional que protege sus intereses energéticos, pero lo cierto es que Irán tiene una pugna con Arabia Saudita por el control de la región, por lo que ambos países mantienen una relación ambivalente, de cooperación estratégica y rivalidad al mismo tiempo. Este último país se ha aliado con Israel y mantiene muy buenas relaciones con Trump, por lo que lo Irán lo tenía ya muy difícil. Con Hamás y Hezbolá muy debilitados, apenas tiene ya influencia real en la región.

El problema, pues, está con Israel. El odio entre Irán e Israel es mutuo, ya que ambos países se declaran como “enemigos existenciales” desde la Revolución Islámica de 1979. El tema central no es la religión en sí, sino el mecanismo por el cual cualquier relato político se convierte en verdad absoluta y produce enemigos ontológicos. La sacralización de la violencia y la guerra convierte la confrontación política en un asunto trascendente, ya que la violencia deja de ser un medio excepcional y pasa a presentarse como deber moral, acto purificador o vía de redención histórica. Al encuadrar el conflicto como cuestión existencial, se clausuran los matices y se vuelve sospechosa cualquier alternativa intermedia, como la negociación o el compromiso, que pueden leerse como claudicación. Ese es el problema que arrastran los dos países desde hace décadas. Cuando el otro es presentado como amenaza absoluta —no solo un adversario, sino un peligro existencial—, la violencia y la guerra deja de verse como recurso extremo y se convierte en “respuesta lógica” o “defensa inevitable”. El problema de fondo, pues, es que ambos países han construido un relato que elimina los matices y encierra la relación en una lógica de supervivencia, donde el choque permanente parece inevitable. Esto explica que nunca se haya buscado un acercamiento entre los dos países. La diplomacia internacional no tuvo esa capacidad, pero Netanyahu siempre ha despreciado cualquier acuerdo, es algo que le supera.

Tras el nuevo ataque, que ha producido numerosas víctimas civiles, la población iraní que rechaza la teocracia represiva se encuentra en una situación muy difícil. Una respuesta eficaz debe ser simultáneamente política, jurídica, comunicacional y social, además de contar con un gran apoyo internacional, pero estamos hablando de un país que no tiene un liderazgo claro en la oposición al régimen, algo vital en momentos como el presente. La opción de Reza Ciro Pahlavi, que hace 50 años vive fuera del país, no es la mejor opción, aunque Israel y Estados Unidos lo apoyan. El cambio de régimen lo tendrá que protagonizar la propia población iraní, no Israel ni los Estados Unidos. El precio a pagar será alto, por desgracia, pues ya sabemos cómo actúa dicha teocracia y sus guardianes, pero las revoluciones que han sido fructíferas normalmente se han hecho así. La clave será sostener esa presión interna con organización, unidad y apoyo internacional, orientado a proteger sus derechos, no a sustituir la agencia de los iraníes, porque solo así un eventual cambio tendrá legitimidad social y posibilidades reales de consolidarse.

En Europa, partidos radicales y de extrema derecha lideraban a finales de 2025 las encuestas en hasta nueve países, incluyendo Austria, Bélgica, Italia, Polonia, Países Bajos y Francia. También se predecían resultados preocupantes en Suecia, Alemania, España y Portugal. Con resultados tan negativos esperados, no es de extrañar que algunos se pregunten si la Unión Europea se enfrenta a una amenaza existencial desde la extrema derecha. 

A diferencia de otras corrientes autoritarias del siglo XX, gran parte de la extrema derecha actual no concibe la violencia solo como medio, sino como mecanismo regenerador de la nación o la “raza”, prueba moral de un compromiso militante y un intento de fundar un nuevo orden político. Esta concepción bebe de tradiciones fascistas clásicas, pero se reconfigura en clave contemporánea mediante teorías conspirativas, aceleracionismo y guerra civil racial. Uno de los pilares ideológicos es la idea de que el grupo dominante (blanco, masculino, europeo, estadounidense, cristiano), está inmerso en una guerra existencial contra enemigos internos y externos. Esta narrativa se articula en torno a ideas como el “gran reemplazo”, el “genocidio blanco”, la “invasión migratoria” o la “degeneración moral” promovida por élites liberales.

El extremismo de extrema derecha ha crecido en las últimas décadas como respuesta a una combinación de factores socioeconómicos y culturales, intensificados por crisis recientes (financiera, migratoria, COVID-19 y la guerra en Europa). Ese contexto alimenta frustración, miedo e ira, y facilita que estos movimientos ofrezcan “soluciones” simplistas, desacreditan a la democracia y a las instituciones por no responder a las expectativas ciudadanas y, a la vez, desplazan la culpa hacia grupos concretos mediante discursos discriminatorios. Expresiones tradicionales (neonazismo, skinheads) han sido parcialmente reemplazadas por activismo antiislámico y antiinmigración, con un giro más antisistema y ataques crecientes a instituciones, acelerados durante la pandemia.

Entre los factores de riesgo se incluyen problemas de identidad, mala gobernanza y disfunción administrativa, así como baja confianza y alfabetización mediática, que aumentan la exposición a la desinformación. Además, la retórica de odio y deshumanizante puede derivar en violencia y en graves violaciones de derechos, ya que la amenaza es cada vez más transnacional.  El extremismo de derechas ha evolucionado hasta convertirse en una subcultura transnacional. Estos movimientos han buscado desarrollar valores compartidos, espacios, mitos, imágenes, eslóganes, símbolos, ídolos, estéticas y artefactos compartidos. Estos referentes culturales contribuyen al crecimiento del extremismo mediante el endurecimiento de las opiniones, la consolidación de identidades exclusivistas y una creciente susceptibilidad a las teorías conspirativas.

En Estados Unidos, ochenta años después de la derrota nazi, la Administración Trump ha mostrado evidencia de simpatías y prácticas cercanas al nazismo, que van más allá de simples gestos o polémicas aisladas. Hay publicaciones y memes difundidos desde cuentas oficiales del gobierno, incluido el DHS y el Departamento de Trabajo, que evocan lemas, estéticas y consignas asociadas al fascismo, deshumanizan a migrantes y buscan generar miedo racial y cultural. Además, se documentan casos de colaboradores y funcionarios que han elogiado o mostrado afinidad con figuras neonazis o con discursos del régimen nazi, lo que incluye publicaciones en redes, mensajes en chats y apariciones públicas en actos afines a la ultraderecha. Estas actitudes provienen, en gran medida, de la cúpula, a través de declaraciones y comportamientos de Donald Trump y de otros altos cargos cercanos, por lo que la normalización de este tipo de retórica facilita la infiltración de un discurso nazi en políticas y prácticas gubernamentales.

La violencia colectiva de estos grupos se normaliza mediante procesos de deshumanización sistemática: los migrantes presentados como plaga, invasores o animales; los judíos retratados como élites manipuladoras o “enemigo invisible”, o las feministas y colectivos LGTBIQ+ como agentes de decadencia. Un componente clave en la extrema derecha contemporánea es el aceleracionismo, que sostiene que el sistema liberal es irreformable y debe ser destruido mediante el caos. Esto justifica ataques indiscriminados para desestabilizar sociedades, la glorificación de la violencia y la amenaza, y el rechazo de la acción política institucional, de manera que la violencia colectiva, sea física o no, se transforma en rito iniciático. Cumple una función sociopsicológica central, pues reafirma una masculinidad “guerrera” frente a sociedades percibidas como “feminizadas”, genera pertenencia y cohesión, y ofrece estatus, reconocimiento y sentido vital. Este patrón conecta con la crisis identitaria masculina, la frustración socioeconómica de mucha gente, y el aislamiento social y radicalización online que provocan las redes sociales.

La extrema derecha no busca solo “resistir”, sino reconfigurar el poder político, con Estados étnicamente homogéneos, la eliminación o expulsión de minorías y el autoritarismo radical. La violencia colectiva es concebida como una fase previa de limpieza, una guerra civil necesaria, y el fundamento del nuevo orden. Aquí convergen el racismo biológico, el fascismo palingenésico (renacimiento por la destrucción), y las teologías políticas secularizadas. No se trata de simples desviaciones criminales, sino de una cosmovisión coherente, donde la violencia y la coacción es moralmente necesaria, históricamente inevitable y políticamente fundadora. La capacidad de reclutamiento y expansión de estos movimientos se ve potenciada por una infraestructura digital sofisticada, que opera en múltiples niveles de visibilidad y radicalización.

Las plataformas como Twitter, YouTube, Facebook o TikTok, sirven como espacios de captación inicial mediante contenido aparentemente moderado, como críticas a la inmigración, denuncias de la “doble moral progresista” o la defensa de “valores tradicionales”. Desde ahí, algoritmos y comunidades digitales dirigen a usuarios susceptibles de ser manipulados, hacia espacios menos regulados donde el discurso se radicaliza progresivamente. Esta arquitectura de radicalización funciona como un embudo, pues el contenido a contracorriente y provocador atrae a jóvenes curiosos o descontentos; la gamificación (aprender jugando) y cultura memética hacen atractiva la participación, el aislamiento social y validación grupal refuerzan la adhesión, y finalmente, la exposición constante a contenido extremo normaliza la violencia y construye enemigos absolutos.

Además, estos movimientos establecen una relación simbiótica y estratégica con actores políticos dominantes e influyentes que, sin abrazar abiertamente la violencia, legitiman narrativas centrales de la extrema derecha. Cuando políticos electos hablan de “invasión” migratoria, “sustitución demográfica” o “guerra cultural contra Occidente”, proporcionan validación institucional a marcos interpretativos que la extrema derecha lleva a sus conclusiones lógicas. Esta dinámica crea lo que algunos académicos llaman “espacio de oportunidad retórica”, de manera que la extrema derecha puede presentarse como la vanguardia coherente de preocupaciones “legítimas” expresadas por figuras respetables, mientras que políticos “mainstream” se benefician electoralmente del clima de ansiedad y polarización, sin asumir responsabilidad por sus consecuencias violentas.

Simultáneamente, estos movimientos desarrollan estrategias de “metapolítica” para ganar influencia cultural e intelectual antes (o en lugar) de ganar poder electoral, y orientadas a modificar el sentido común cultural antes que conquistar instituciones, con ocupación de espacios contraculturales, producción de contenido pseudo-intelectual (podcasts, ensayos, “think tanks” alternativos), infiltración de subculturas juveniles (artes marciales, por ejemplo) y construcción de infraestructuras paralelas (medios alternativos, plataformas de financiación, redes de solidaridad legal). Esta estrategia busca normalizar ideas extremas, desplazar los límites del discurso aceptable y construir las condiciones culturales para transformaciones políticas radicales, entendiendo que la violencia colectiva será más efectiva cuando opere sobre un terreno ideológico previamente preparado.

La mejor forma de frenar el auge de la extrema derecha fascista y reducir el riesgo de que desemboque en violencia física y colectiva, no es solo denunciar sus expresiones, sino bloquear las condiciones materiales, sociales y culturales que la vuelven atractiva y “justificable”. Para ello, conviene articular un marco de acción basado en universalismo, empatía, reconocimiento, conocimiento y responsabilidad, junto con flexibilidad, aceptación de la complejidad y pensamiento crítico, políticas de desradicalización, resiliencia cívica, memoria plural y desarme moral. Pero ese marco solo será creíble si los gobiernos progresistas lo acompañan con políticas valientes y eficaces, no meramente simbólicas, que resuelvan de forma tangible los problemas de la gente común, como empleo, salarios, vivienda, servicios públicos, seguridad y expectativas de futuro. Cuando la mayoría percibe resultados reales y justicia cotidiana, la extrema derecha pierde legitimidad social y se debilitan su capacidad de organización, su poder de contagio y su capitalización del malestar.

En solo un par de días, y como es su costumbre, el presidente Trump ha transformado su Junta de Paz anunciada en octubre y pensada para Gaza en un proyecto totalmente diferente y con el propósito de substituir a la ONU, que según Trump, tiene un “enfoque e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado”.

En la última semana, Trump ha invitado a unos 60 mandatarios, incluidos los de Rusia y China, a unirse a la Junta de Paz. Ha obtenido bastantes respuestas positivas, con el pago de una cuota de 1.000 millones de dólares y la perspectiva de ayudar a reconstruir Gaza bajo la supervisión de un equipo de siete personas que ya había designado el propio Trump. Pero la sorpresa vino el día antes de viajar al Foro de Davos, al distribuir una 'Carta de la Junta de la Paz' con unos estatutos en los que ya no se menciona a Gaza y en los que se afirma que el propósito de la nueva Junta, puesto que ya es otra cosa, es “crear una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable y legal, y asegurar una paz duradera en las zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, y la justifica por “la necesidad de un organismo internacional de construcción de paz más ágil y eficaz”. Trump será el presidente y tendrá la autoridad para aprobar acuerdos internacionales y crear, modificar o disolver las entidades subsidiarias que se puedan crear, en una clara competencia con la ONU.

En los estatutos se aclara que solo pueden ser miembros los Estados que hayan sido invitados previamente por el propio Trump, con un mandato de tres años sujeto a renovación si así lo quiere Trump, que también se guarda la potestad de sacarlos de la Junta, la facultad de interpretar el significado de la Carta fundacional, la autoridad para aprobar o no todas las decisiones que tomen los Estados miembro, y el poder para disolver la Junta cuando lo considere necesario o apropiado.

Trump también será quien designe a su sucesor en la presidencia, no los Estados miembros de la Junta, que tendrá una “Junta Ejecutiva”, compuesta por “líderes de renombre mundial” seleccionados exclusivamente por Trump, quien también nombrará al director ejecutivo de dicha Junta. Está tan molesto por no haber obtenido el Nobel de la Paz que quiere tener su propia organización para dirigir los destinos del mundo. Un aspecto también interesante es que la Junta de Paz “garantizará la provisión de los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones”, una referencia a que no se van a someter a la “dictadura” de la Corte Penal Internacional, que tanto detesta Trump.

Los más de 30 países que ya habían aceptado entrar en la Junta de Paz pensada para Gaza, ahora, con el nuevo planteamiento retador respecto a los organismos vigentes, tendrán que repensar si se apuntan o no a este esquema imperial y extremadamente personalista, pues queda claro que esta Junta de la Paz no es otra cosa que el Consejo de Administración de una empresa llamada Tierra, con Trump de presidente y con un poder absoluto sobre el Consejo, puramente decorativo, sumiso y pagador de los gastos. El vasallaje y peloteo jamás visto, pues no hay precedentes de iniciativas de este tipo, ante el intento de poder absolutista y totalitario de un personaje que se ha convertido en un peligro para la Humanidad. Un narcisista maligno, ególatra y de ambiciones sin límite.

Que la Junta lleve el nombre adjunto de “Paz”, no quiere decir que se vaya a dedicar a ello. En absoluto. Tradicionalmente, las grandes potencias o potencias regionales suelen disimular con un lenguaje retórico y diplomático sus verdaderas intenciones en política exterior, y así lo plasman en los documentos sobre sus políticas de defensa y seguridad. La apariencia de querer y defender la paz, sin embargo, puede ocultar intenciones de carácter más bien ofensivas, intervencionistas, imperialistas o neocoloniales, pues tenemos una larga historia de prácticas al respecto.

En noviembre de 2025, al publicar su Estrategia de Seguridad Nacional, el presidente Trump ya rompió este esquema de prudencia estratégica con un documento redactado incluso con un lenguaje arrogante, soez y despreciativo, muy propio de la personalidad del presidente. El texto no disimula en ningún momento sus verdaderos propósitos y ambiciones, con un discurso claramente imperialista y neocolonial no visto de forma tan explícita desde hacía décadas, que declara a EEUU el amo del mundo. “Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar a nuestros intereses”, señala el documento en una clara alusión a China, no a Rusia, con quien manifiesta querer “restablecer la estabilidad estratégica”. Esta Estrategia está vinculada con la nueva Junta, por lo que tendremos que hablar de las dos cosas para entender de qué tipo de “paz” hablamos.

El documento estratégico ya empieza, en el primer párrafo, con una declaración de intenciones de una carga que iba más allá de lo simbólico: “Garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más fuerte, rico, poderoso y exitoso del mundo durante las próximas décadas”. Dice textualmente que “la paz a través de la fuerza es el mejor elemento disuasorio”, esto es, la idea estrambótica del presidente Trump sobre el concepto de “paz” equivale al uso de la fuerza para imponer sus intereses, en especial los económicos. El subjefe del gabinete de Trump, Stephen Miller, a finales de 2025 declaró que “vivimos en un mundo que se rige por la fuerza, que se rige por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”. Y dado que “para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, la adhesión rígida al no intervencionismo no es posible”, es decir, se intervendría por la fuerza de las armas donde fuera menester.

En esa estrategia se aprecia el paso de la fuerza como instrumento a la fuerza como doctrina. “Paz a través de la fuerza” ya no es un recurso contingente, sino un principio ordenador que justifica, normaliza y casi sacraliza la coerción como vía legítima para preservar riqueza, estatus y liderazgo. Al convertirse en doctrina, se organiza e institucionaliza y se integra en la identidad nacional (“restauración espiritual”, héroes, grandeza), con una tendencia a la totalización. Todo (economía, migración, clima, cultura, Europa) se reinterpreta desde el prisma de la seguridad y la supremacía. Esa “misión” y “destino” (liderar el mundo; hemisferio como patio trasero) operan como mito político que dota de sentido y promete un futuro redentor, haciendo más elástica la moral (“si es por la grandeza, está permitido”), y convirtiendo el lenguaje en práctica, marcos que rebautizan agresión como paz, y dominación como orden.

La estrategia descrita exhibe un carácter imperialista y neocolonial en la medida en que asume como principio que Estados Unidos debe conservar una posición jerárquica global (“no puede permitir” que otro se vuelva dominante) y, desde ahí, se arroga el derecho de intervenir donde lo exijan sus “numerosos y diversos” intereses. No se trata solo de competir o disuadir, sino de ordenar el sistema internacional y delimitar esferas de influencia.

La apelación a la Doctrina Monroe y la idea de un “mundo liderado por los Estados Unidos” reactivan una lógica de tutela sobre otros países, especialmente en América, donde la “propiedad” política del continente convierte la soberanía ajena en algo condicionado. Eso encaja con el neocolonialismo contemporáneo: control y subordinación no necesariamente mediante colonias formales, sino mediante presión militar, económica y diplomática para garantizar acceso, obediencia y ventajas. Esta perspectiva no es accidental; responde a una lógica histórica de expansión y control, ahora reformulada con un lenguaje explícito que despoja a la diplomacia de sus eufemismos tradicionales.

Esta ideología trumpista, lejos de ser un mero ejercicio retórico, tiene consecuencias materiales, pues desestabiliza regiones enteras, profundiza las desigualdades y erosiona los mecanismos de cooperación internacional, perpetuando ciclos de conflicto en nombre de una “paz” impuesta por la coerción. Así que, de paz, la Junta no tiene nada.

Espero, por tanto, que pocos países se dejen engañar por semejante patraña y que no lo confundan con la Junta para Gaza, y que tampoco nos quedemos pasivos ante semejante propuesta, que, según los estatutos, se pondrá en marcha cuando lo hayan firmado tres países, solo tres, que ya los tiene. Creo que habremos de ser muy beligerantes con esta iniciativa, para que Trump vea que aparte de los 25 países que se han sumado ya a la Junta, con dos de la OTAN (Hungría como vicario de Rusia y Turquía por querer un rol en Gaza), solo cuatro potencias regionales (Indonesia, Israel, Pakistán y Arabia Saudita), y sin ningún país realmente destacable, está bastante solo en este mundo y en este mando.

En un ejercicio de pataleta infantil, Trump ha revocado su invitación al primer ministro canadiense, muy crítico con él y que no tenía intención de participar en la Junta. Como tampoco ha querido hacerlo la práctica totalidad de los países de la Unión Europa, que, en boca del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han dicho que era incompatible con la Carta de la ONU.

Ha llegado el momento de hacerle frente a Trump, desde las ideas, los valores y la economía. Es también la oportunidad para que Europa, y la mayor parte de sus países, se desconecten temporalmente de su administración en todos los campos posibles. Por fortuna, Trump ya es mayor y no estará siempre presente en nuestras vidas, pero dado que su capacidad de desestabilizar es inmensa, ahora toca plantarle cara con propuestas alternativas, mostrando que somos capaces de establecer alianzas con muchos países de otros continentes, incluidos China e India, y ver qué tipo de reglas podemos compartir para mejorar el planeta, no para apoderarse de él.

En términos de negociación, ¿cuáles eran los problemas respecto al “plan de paz” de Trump para Gaza hace tan solo unos días? Pongo varios, porque las cosas van a cambiar a peor: ambigüedad en los temas de fondo, la no aceptación de Israel de la solución de los dos Estados, poca claridad en la formulación institucional de una Palestina reformada, el limitado protagonismo de los palestinos para decidir su futuro en todos los ámbitos, el rol protagónico del presidente Trump, la concepción colonial de su proyecto, la mediación sesgada y parcial de Estados Unidos, las secuencias mal planteadas, la constante humillación hacia los palestinos, la no existencia de garantías suficientes para la aplicación de los acuerdos, no plantear un proceso de desarme y desmovilización, y no contemplar el grave problema de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Además, Israel nunca ha aceptado por últimos puntos del Plan de Paz de Trump, referidos al diálogo con los palestinos y su reconocimiento como pueblo, tampoco la amnistía a Hamás, su retirada total de Gaza o la entrada ilimitada de la ayuda humanitaria. Después, tampoco ha querido que algunos países estén presentes en los órganos previstos para dirigir Gaza, en especial Turquía, que ha sido muy beligerante con Israel.

En buena parte, todo esto viene de una apropiación indebida. La comparación entre la Declaración de Nueva York, impulsada por Francia y Arabia Saudita en julio de 2025, y el plan de Trump de octubre del mismo año, revela dos visiones incompatibles sobre qué significa una paz sostenible en Palestina-Israel. La primera buscaba un marco institucional progresivo, con derechos, gobernanza transparente, y un proceso multilateral que controlara y verificara la implementación, incluidos derechos de autodeterminación, seguridad y reconstrucción. En cambio, el plan de Trump se apoyaba en una lectura de poder y derrota, donde la supremacía militar y la imposición de una “victoria” no articulaban garantías para una ciudadanía palestina con derechos plenos, ni establecían un camino claro hacia una solución de dos Estados o una reconciliación interna entre las distintas autoridades palestinas. Esta brecha entre gobernanza, derechos y mecanismos de verificación, por un lado, y una narrativa de imposición y derrota, por otro, explica por qué cualquier plan sin un marco político claro, con participación y consentimiento de las poblaciones afectadas, tiende a fracasar en la práctica.

Estos días, el presidente Trump ha dado por completada la primera fase de su plan de paz, en un ejercicio de extrema miopía, pues Israel no respetó en ningún momento al alto al fuego, causando 464 muertos, no llegaba la suficiente ayuda humanitaria, el viento hacía volar las precarias tiendas de campaña, la lluvia inundaba dichas tiendas, y el frío causó hipotermias mortales en varias criaturas. Hamás no se ha desarmado y no se sabe cuándo lo hará, tampoco se habló de la amnistía y el presidente de la Autoridad Nacional Palestino no convocó al congreso de la OLP, tal como había prometido meses antes.

Trump, además, por si no quedaba clara su determinación de convertir Gaza en su protectorado y en hacer negocios en dicho territorio, antes de que se forme el Comité Nacional para la Administración de Gaza, formada por palestinos, acaba de crear dos nuevas entidades, la “Junta Ejecutiva fundadora” que asesorará a la Junta de Paz, presidida por Trump, y una “Junta Ejecutiva de Gaza”, formada por once miembros. Para liderar la estrategia de la Junta de Paz, Trump ha nombrado a dos personas: Aryeh Lightstone, que fue asesor principal del embajador estadounidense en Israel desde 2017 hasta 2021, y Josh Gruenbaum, un inversor de capital privado que utiliza la burocracia federal para combatir el antisemitismo. En la primera entidad, además del equipo habitual de Trump en temas internacionales (Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner), figura el cuestionado Tony Blair, el presidente del Banco Mundial (posible financiador), un supermillonario estadounidense Marc Rown, director ejecutivo de un importante fondo de inversión, empresario de casinos y con un patrimonio de 8.800 millones de dólares, y Robert Gabriel, que ya había sido asesor de Trump anteriormente y que incitó al asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. En la segunda entidad, la Junta Ejecutiva de Gaza, además de los ya mencionados Steve Wiktkoff; Jared Kushner, Tony Blair y Marc Rowan, figuraba otro empresario inmobiliario multimillonario chipriota-israelí, Yakir Gabay, que, según explicó en Washington Post en 2024, participó en un grupo de chat de larga duración, desde octubre de 2023 hasta principios de mayo de 2024, con algunos de los líderes empresariales más poderosos de Estados Unidos, y con los objetivos declarados de “cambiar la narrativa” a favor de Israel y “ayudar a ganar la guerra” sobre la opinión pública estadounidense, tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, y que presionó y amenazó a las universidades estadounidenses cuyos estudiantes se manifestaban contra Israel por el genocidio de Gaza. En la Junta también ha incluido al ministro de Exteriores turco, un alto diplomático qatarí, el director de los servicios de inteligencia egipcio, dos diplomáticos de la ONU para Oriente Medio y una ministra de los Emiratos Árabes Unidos.

En estos últimos días, Estados Unidos ha extendido invitaciones a varios gobiernos extranjeros para unirse a la “Junta de la Paz” dirigida por el mismo Trump, entre ellos Jordania, Grecia, Chipre, Pakistán, Hungría, India, Rusia, Canadá, Turquía, Egipto, Australia, Kazajstán, Reino Unido, Paraguay, Argentina o Albania, en una carrera para “llenar” de contenido un organismo que estará sujeto a las Juntas Ejecutivas antes mencionadas, por lo que será puramente decorativo e ineficaz. Además, Trump ha puesto como condición que cada uno de estos países pongan 1.000 millones de dólares para la reconstrucción, algo vergonzoso, pues ha sido Israel quien a destruido Gaza y Estados Unidos quien ha puesto el 70% de las 100.00 toneladas de bombas lanzadas sobre dicho territorio. El domingo se hizo pública la primera lista de los doce palestinos que conformarán el Comité Nacional para la Administración de Gaza, pero como ha dicho muy bien un analista de esta región, la “Junta de la Paz” crea una jerarquía clara, donde Estados Unidos y los magnates empresariales deciden, la región paga y coordina, y los palestinos implementan la prestación de servicios.

El principal riesgo de dejar el futuro palestino en manos de un elenco tan amplio de actores extranjeros, y en particular de multimillonarios e inversores estadounidenses acostumbrados a medir el éxito en rentabilidad y “estabilidad”, antes que en los derechos, es convertir una cuestión de autodeterminación y reparación humanitaria en un proyecto de tutela y negocio. Cuando quienes diseñan la “paz” no rinden cuentas ante la población palestina, la prioridad tiende a desplazarse hacia objetivos geopolíticos, gestión securitaria y oportunidades económicas (reconstrucción, suelo, infraestructuras) que pueden favorecer a élites externas, mientras se normaliza el hecho de que persistan las violaciones sobre el terreno. Además, la presencia de figuras vinculadas a campañas de propaganda, presión política o antecedentes controvertidos, eleva el peligro de que se imponga una narrativa que deslegitime la representación palestina y reduzca la democracia en este territorio a un mero trámite sin contenido. El resultado puede ser una Gaza tratada como protectorado, con instituciones administradas desde fuera, decisiones capturadas por intereses privados y diplomáticos, y un bienestar supeditado a condiciones impuestas, en lugar de un proceso centrado en derechos, rendición de cuentas y soberanía efectiva de los gazatíes.

Una paz duradera requiere más que visiones de poder o de reconstrucción. Necesita legitimidad política para el pueblo palestino, garantías de seguridad y derechos para todos, respaldadas por instituciones, mecanismos de rendición de cuentas y un proceso inclusivo que involucre especialmente a los actores locales, con los regionales y la comunidad internacional como complemento. Sin un enfoque que priorice la agencia palestina, la coherencia entre seguridad y derechos, y una ruta verificable hacia un acuerdo político, las propuestas corren el riesgo de convertirse en gestos sin sostenibilidad alguna. De los quince aspectos que se han de tener en cuenta en cualquier proceso de paz (la gestión de las “líneas rojas”, acertar con la metodología adecuada y conocer las necesidades reales, evitar las ambigüedades y tener una agenda clara y realista, mediaciones adecuadas y sin sesgos, interlocutores válidos, inclusión para el acuerdo final, controlar a los “spoilers”, abordar las causas del conflicto para superar las incompatibilidades, perder el miedo a las demandas de autogobierno, secuencias con sentido común, respetar la identidad y no humillar, garantizar lo acordado y dar seguridad, diseñar un buen programa de desarme, desmovilización y reincorporación, acabar con los incentivos para continuar la guerra y reforzar los incentivos para negociar la paz, y asegurar la verificación en el cumplimiento de los acuerdos), en el caso de Gaza y del futuro de Palestina no se cumple ningún de ellos. En la práctica, la paz no debe verse como un marco externalizado, sino como una experiencia diaria de seguridad, dignidad y oportunidades, con menos muros que separen, más puentes que conecten, con autoridades locales fortalecidas, supervisión internacional visible y una narrativa que priorice la memoria y las demandas actuales de la población, antes que intereses ajenos.

Cualquier intento de paz en Gaza y el futuro de Palestina, por tanto, será inviable si no se centra en la legitimidad y la agencia política palestina, integra de forma coherente seguridad y derechos para todas las partes y se apoya en instituciones, rendición de cuentas, inclusión y verificación; como hoy no se cumple ninguno de los aspectos básicos necesarios para un proceso de paz serio, las propuestas actuales se reducen a gestos sin sostenibilidad ni capacidad real de producir un acuerdo duradero. El riesgo de fracaso es enorme.

Aunque varios analistas ya lo han comentado, hemos de volver a repasar el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que se hizo público el pasado mes de noviembre y con un peculiar lenguaje, que parece escrito por el mismo Trump, para entender mejor lo que ha ocurrido en Venezuela. Contiene claves importantes, como la vuelta a la doctrina Monroe (América es de Estados Unidos), la afirmación de que hay que conseguir “la paz a través de la fuerza”, que “la adhesión rígida al no intervencionismo no es posible”, que “Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses”, y la primera frase del documento, que afirma que se debe garantizar que Estados Unidos “siga siendo el país más fuerte, rico, poderoso y exitoso del mundo”. Si el documento, nada modesto, tiene un claro destinatario, no es Rusia, sino China, y es probable que la explicación de lo que ha ocurrido en Venezuela, o al menos una de las importantes, es el creciente papel de China en América Latina.

China es el principal socio comercial de Sudamérica (no cuento México), y una fuente importante tanto de inversión extranjera directa como de préstamos energéticos e infraestructuras, incluso a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta. Pekín ha invertido fuertemente en el sector espacial latinoamericano y ha fortalecido sus lazos militares con varios países, especialmente con Venezuela. En los últimos años, China ha estado construyendo discretamente un imperio de infraestructuras en América Latina y el Caribe, con el objetivo de alejar económica y militarmente al continente de los intereses estadounidenses. Por ejemplo, hay 37 puertos marítimos en la región vinculados a empresas chinas. Para comparar, Estados Unidos no opera ningún puerto en la región. La estrategia de China va mucho más allá de los proyectos de infraestructuras. Busca ganar un terreno duradero en el Sur Global, con los BRICS como su caballo de Troya. A principios de mayo pasado, durante la ceremonia de apertura del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), el presidente Xi Jinping presentó un plan de cinco pilares que guiará la colaboración de China con 33 países de la región durante los próximos tres años. La hoja de ruta institucionaliza la presencia de China en el hemisferio occidental, lo que genera preocupaciones significativas para Estados Unidos, como también se refleja en la mencionada Estrategia Nacional de Seguridad.

En paralelo, el mercado chino ha pasado a ser prioritario para los países latinoamericanos, con una cifra récord de 518.000 millones de dólares en 2024. De los bienes que China compró a los países de la CELAC el año pasado, poco menos de la mitad procedía de Brasil, la mayor economía de la región. Además, si persisten los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, las exportaciones chinas podrían desviarse cada vez más hacia los mercados latinoamericanos. El Banco de Desarrollo de China, de propiedad estatal, y el Banco de Exportación-Importación de China, están entre los principales prestamistas de la región; desde 2005, han prestado más de 120.000 millones de dólares a países de América Latina y el Caribe y a empresas estatales, a menudo a cambio de petróleo y utilizados para financiar proyectos energéticos e infraestructuras. Venezuela es, con diferencia, el mayor prestatario; ha recibido casi 60.000 millones de dólares en préstamos estatales chinos, principalmente relacionados con energía e infraestructuras. Puertos, ferrocarriles, carreteras, puentes, líneas de metro, energía y centrales eléctricas, son probablemente las mejores señales de que China tiene un compromiso a largo plazo con la región. Pero, los días en que Pekín colmaba la región de préstamos y proyectos de infraestructuras a gran escala pueden haber terminado, o al menos se han visto disminuidos, en especial desde 2015, y sustituidos por una implicación más deliberada y un enfoque en sectores específicos de interés chino, especialmente en el extremo superior de la cadena de valor. Prefiere inversiones más pequeñas y específicas en sectores estratégicos como el litio, las energías renovables, los productos de alta tecnología y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluyendo las ofertas de Huawei.

La paciencia de Pekín con Caracas también se ha erosionado debido a los riesgos sostenidos de seguridad y a la desastrosa economía en el país, y no ha concedido préstamos a Venezuela en los últimos nueve años. Los préstamos también se han ralentizado hacia otros grandes beneficiarios, como Brasil y Ecuador. Para China, Venezuela sigue siendo uno de sus mayores deudores, y cualquier cambio de administración en Caracas tiene grandes implicaciones financieras para Pekín.

China también opera a través del “poder blando”, que se sustenta a través de la Iniciativa Global de Civilización. Abarca desde festivales culturales e intercambios cinematográficos, hasta la cooperación turística y la digitalización de museos. Estas iniciativas no son solo una labor de divulgación cultural, pues forman parte de un método más amplio para moldear la opinión pública y el discurso en todos los ámbitos de la sociedad, desde gobiernos locales y universidades hasta medios de comunicación y organizaciones deportivas. El impulso de China por aislar a Taiwán es otro factor importante detrás de su interés en la región. Debido a que Pekín rechaza mantener relaciones diplomáticas con países que reconocen la soberanía de Taiwán, el apoyo de América Latina a la isla ha disminuido en los últimos años. En cuanto a los temas militares, Venezuela sigue siendo el principal comprador de material militar chino en la región, después de que el Gobierno estadounidense prohibiera toda venta comercial de armas a Caracas a partir de 2006.

Actualmente, China opera o cogestiona al menos ocho estaciones terrestres en América Latina, incluyendo centros de seguimiento en el espacio profundo en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Estas estaciones proporcionan al ejército chino cobertura global de telemetría y datos espaciales en tiempo real. Bajo la Iniciativa de Seguridad Global (GSI), propuesta por Xi en 2022, Pekín también se ha orientado hacia la seguridad interna, suministrando equipo táctico y sistemas de reconocimiento facial a las fuerzas policiales, desde Panamá hasta Ecuador. Las redes construidas por Huawei pueden encontrarse ahora en más de 35 municipios latinoamericanos, integrando miles de cámaras y centros de emergencia bajo software gestionado por China.

Es interesante recordar que, en 2022, el entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado, ya buscaba contrarrestar la “influencia maligna” de China en la región, fortaleciendo la cooperación multilateral en materia de seguridad y los esfuerzos antidrogas. Otras propuestas legislativas incluían llamamientos para que Estados Unidos crease asociaciones comerciales permanentes con países del hemisferio occidental para fomentar la “relocalización de las cadenas de suministro desde China hacia países más cercanos a casa”. Ninguno de los dos proyectos avanzó en el Congreso, pero ahora Marco Rubio tiene mucho más poder e influencia, y lo va a ejercer.

En su segundo mandato, el presidente Trump ha adoptado un enfoque más asertivo para contrarrestar la influencia regional de China. Ha alegado repetidamente que China controla secretamente el Canal de Panamá, a pesar de la propiedad panameña, y ha amenazado con recuperar la vía fluvial, que Estados Unidos entregó a Panamá en 1999. Otro dato a tener en cuenta es que el año pasado China redujo significativamente las compras de exportaciones agrícolas estadounidenses, en respuesta a las subidas arancelarias del presidente Trump. Los agricultores estadounidenses están teniendo dificultades, ya que empresas chinas han buscado soja y otros productos de países como Brasil. La soja es una piedra angular de la agricultura estadounidense, ya que más de 270.000 granjas cultivan este cultivo, según el último Censo de Agricultura. En 2024, más del 40% de la producción estadounidense de soja se exportó, y aproximadamente la mitad se destinó a China. Esto se acabó por la mala estrategia de Trump, y puede pasarle factura.

Lo que antes parecía simplemente una búsqueda de nuevos mercados y oportunidades rentables para China, ahora se ve en Washington como una seria amenaza estratégica, y por eso América Latina vuelve a convertirse en el escenario para una versión moderna de la Doctrina Monroe, esta vez con China en su centro. El ataque a Venezuela podría ser un aviso para que los países latinoamericanos vuelvan al redil, alejándose de China y dando prioridad a que las grandes corporaciones estadounidenses vuelvan a tener el peso que tuvieron en el pasado en su “patio trasero”. Pero hacerlo militarmente, por la fuerza, y sin una alternativa política viable y decidida por la población venezolana, pues Trump detesta la democracia, puede ser un desastre. Por si no lo sabe, en Venezuela hay personas muy bien preparadas y con una real cultura democrática para levantar el país, aunque no son de cuerda. Pero si Trump también quiere ser el presidente de la “Junta de la Paz” de la transición venezolana, además de serlo de Palestina y Ucrania, y con Rubio de escudero, acabará teniendo un serio problema, pues la gente no quiere ser vasalla a cualquier precio, perdiendo su dignidad y su soberanía, algo que a Trump le cuesta entender, acostumbrado como está de rodearse de personajes serviles que le ríen las gracias y las ocurrencias, incluyendo a los patriotas de extrema derecha y al secretario general de la OTAN, en un triste reparto de papeles. Cuando se encuentre dentro de unos meses con el presidente Xi Jinping, veremos quién es realmente el más listo de la clase.

La negociación de un conflicto armado exige comprender que avanzar no depende solo de reconocer al adversario como un interlocutor necesario, sino de demostrarle, de algún modo, un mínimo de respeto. Este respeto no es una debilidad, sino un reconocimiento práctico de la dignidad humana y de la legitimidad de sus intereses, incluso cuando se sostienen en contra. Si una de las partes percibe que se le desprecia, se despiertan resentimientos, humillaciones históricas y temores de imposición; esas dinámicas no solo bloquean avances, sino que pueden desatar nuevos ciclos de violencia. Por ello, la negociación eficaz requiere reglas y gestos que reduzcan la tentación de humillar al otro, y se puede hacer a través del reconocimiento de los límites, la aceptación de la identidad del interlocutor, la existencia de espacios para que sus propuestas sean discutidas en serio, y respuestas consistentes que eviten agravios que enciendan nuevamente el odio.

La complejidad radica en que muchos líderes llevan consigo un odio profundo y arraigado, alimentado por años de sufrimiento, desconfianza y narrativas de victimización. Ese odio actúa como un filtro que distorsiona la lectura de cualquier concesión percibida como derrota o capitulación. Aun cuando haya interés en avanzar, cualquier gesto que parezca “humillar” puede desactivar el proceso, generar brotes de descontento interno entre los seguidores y erosionar la autoridad del liderazgo. Por ello, la ruta negociadora eficaz suele combinar acuerdos que aseguren salvaguardias de seguridad y dignidad para ambas partes, procesos de reconocimiento gradual, donde se validen las preocupaciones legítimas sin dictar derrota, y mecanismos de verificación y garantías que eviten que una parte sienta que la otra busca dominarla. En suma, avanzar exige crear un marco de interacción que reduzca la tentación de humillar, incluso cuando el odio es profundo, porque la sostenibilidad de un acuerdo depende de que las partes perciban que sus intereses y su humanidad fueron tratados con igual consideración. Así se hizo en Angola en 1994, y entre Armenia y Azerbaiyán en 2023, dos guerras que terminaron con victoria militar, pero sin humillar, al contrario.

En un proceso de paz, conservar la dignidad del adversario es un principio tan estratégico como ético. Reconocer su humanidad, incluso cuando existen agravios o diferencias irreconciliables, crea un terreno de confianza suficiente para conversar. Humillar al oponente no solo alimenta resentimientos, sino que endurece posturas, bloquea la empatía y debilita la posibilidad de identificar intereses compartidos. Mantener la dignidad implica escuchar con paciencia, evitar ataques personales y distinguir entre las personas y los problemas, pues hacerlo así facilita que las partes se sientan seguras para proponer soluciones, revisar errores y reconocer avances, por pequeños que sean.

La negociación de conflictos armados que involucran la ocupación territorial de una parte por otra, como en Ucrania o Gaza, presenta una dificultad extrema, ya que el territorio ocupado se convierte en un núcleo de soberanía herida y humillación nacional que trasciende lo meramente estratégico. En estos casos, ceder terreno se percibe no solo como una pérdida material, sino como una rendición de la identidad nacional y un reconocimiento de la legitimidad de la agresión. Para la parte ocupada, aceptar la pérdida territorial bajo coerción equivale a una capitulación existencial que legitima el uso de la fuerza para alterar fronteras, mientras que, para la ocupante, retirarse de parte del territorio ya conquistado, se puede interpretar como una pequeña derrota política. Esta dinámica convierte el territorio en un símbolo no negociable, atrapando a las partes en una lógica de suma cero donde cualquier concesión se vive como una traición histórica, haciendo casi imposible alcanzar acuerdos duraderos, sin que medie un cambio drástico en la correlación de fuerzas o en las percepciones de legitimidad y seguridad.

La dificultad de avanzar hacia un acuerdo negociado en guerras como las de Ucrania o Palestina, se agranda cuando se cruzan tres aspectos: las lógicas emocionales de odio de los líderes, las narrativas históricas que moldean la memoria colectiva y la deshumanización del adversario como estrategia para legitimar costos y la misma guerra. En ese contexto, los presidentes de los gobiernos no actúan solo desde un cálculo político, sino desde reacciones afectivas que confunden la seguridad con la derrota y la dignidad con la debilidad. Las narrativas de victimización y amenaza histórica convierten a cualquier gesto de distensión en una posible traición a la causa, mientras que la deshumanización reduce al otro a caricatura, legitimando castigos y oponiéndose a cualquier reconocimiento de derechos o necesidades reales.

Todo ello genera una espiral, ya que un gesto de buena fe es interpretado como una rendición, una concesión como una derrota, y cada respuesta narrativa refuerza la desconfianza y el miedo de las audiencias internas. Para romperla, el marco negociador debe ir más allá de tecnicismos y kilómetros cuadrados, pues necesita de estrategias que desintoxiquen el discurso y reduzcan la tentación de humillar, de modo que la seguridad y la dignidad de todas las comunidades afectadas no sean percibidas como sacrificios, sino como componentes interdependientes de una paz significativa. Para fracturar estas dinámicas tóxicas, el proceso de paz requiere algo más que la reconfiguración de los mapas y ceses al fuego; exige un diseño político y cultural que contrarreste la intoxicación narrativa, desactive la tentación de la humillación simbólica, y logre reencuadrar la seguridad y la dignidad no como bienes en pugna, sino como pilares entrelazados e indispensables para una estabilidad duradera que no deje a ninguna comunidad sintiéndose derrotada o deshonrada.

El presidente Trump ha vuelto con su obsesión de hacerse con Groenlandia, por las buenas o por las malas. Lo puede comprar fácilmente mediante el soborno, ofreciendo medio millón de dólares para cada habitante del territorio, 56.000, lo que supondría un gasto muy asumible, 28.000 millones de dólares, el 3% del gasto militar anual de Estados Unidos. Recuerdo que este país ya compró Alaska a Rusia en 1867 por 7,2 millones de dólares, que a precios actuales serían unos 170 millones de dólares, una ganga.

El tema coincide con la publicación de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que, entre otros aspectos muy jugosos de comentar, se refiere a volver a la Doctrina Monroe, es decir, que el continente americano es de los Estados Unidos, su patio trasero, y de ahí su intervención en Venezuela. Todo ello en el marco de la guerra de Ucrania, que Rusia no considera una ocupación, sino la “recuperación” de un territorio que forma parte de la Gran Rusia, y con China incrementando su potencial militar para disuadir a Taiwán, que también considera forma parte integral de la gran China. Siguiendo con los intervencionismos, recuerden también que Israel ha ocupado Gaza y gran parte de Cisjordania, pues también considera que son territorios suyos. El intervencionismo está de moda.

En estos días también hemos sabido que el presidente Macron quiere visitar a Putin de nuevo, para hablar sobre Ucrania. Trump ya lo ha hecho, pero excepto Macron y el húngaro Orbán, los mandatarios europeos no han visitado Moscú. Es interesante recordar que, de las 50 guerras no yihadistas que han existido en el mundo desde 1990, en 29 casos, el 58%, durante la guerra hubo encuentros directos entre los líderes del Gobierno y de los grupos armados, y de los dos mandatarios si se trataba de conflictos armados interestatales.

Este dato subraya que la diplomacia directa suele ser un punto de inflexión, ya que estos contactos permiten destrabar bloqueos que rara vez se resuelven por delegación, porque concentran la autoridad para tomar decisiones, permiten asumir los costos políticos y ofrecer garantías creíbles. No tener un puente aéreo permanente con Moscú, ha sido un enorme error de la diplomacia europea.

Pongo esta introducción para comentar otro tema que está vinculado con todo lo anterior, y es la insistencia de China y Rusia, junto a muchos países del sur, de que hay que cambiar las reglas de la geopolítica a escala global. Parece claro que estamos a las puertas de un cambio de paradigmas en lo político, económico, lo social, lo ecológico y lo geopolítico, pero con grandes dudas en cuanto a su definición y diagnóstico, y, por supuesto, la forma de abordar los desafíos que suponen estos temas. Lo que es indudable es que existe un serio cuestionamiento sobre cómo se ha gestionado hasta ahora la gobernanza en el mundo, muy dominada por Estados Unidos, puesta cada vez más en entredicho por los países emergentes, y más después del segundo mandato de Trump.

Entre las manifestaciones de este cambio a la vista, está también el debate sobre lo que se ha venido a llamar el “orden basado en reglas”, y el cuestionamiento de las “normas” dominantes en el sistema global. Existe una enorme paradoja y contradicción en esta cuestión, pues tanto Rusia como China insisten en defender y apoyarse en Naciones Unidas para sus políticas, pero al mismo tiempo no quieren cumplir ni con su Carta Fundacional, con muchos de sus tratados, y menos con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pues va en contra de las autocracias. Curiosamente, Trump se está comportando como un autócrata de manual, y no disimula su desprecio hacia el sistema de Naciones Unidas, una piedra en sus zapatos. Trump es una ególatra antisistema a quien también le molestan las reglas existentes, y por eso quiere imponer las suyas. En este contexto, la división interna de Europa no ayuda a clarificar el horizonte, y menos para ofrecer una alternativa a este desconcierto global.

El debate sobre si existen o no unas normas o reglas en la actualidad es en buena parte falso, pues hay multitud de textos y declaraciones que aclaran su contenido, que además tiene una relación con los valores que se defienden: inclusión social, democracia, respeto a los derechos humanos y a las libertades básicas, Estado de derecho, soberanía, integridad territorial, igualdad de género, multilateralismo con transparencia y rendición de cuentas, etc. Quienes critican la falta de concreción, como Rusia y China, en realidad lo que pretenden es imponer sus propias normas y reglas, más acorde con sus características autocráticas.

Esa trampa de semántica política no excluye que el “orden” imperante sea deseable cambiarlo por otro más equitativo, pero esa eventualidad dependerá no tanto de una lucha encarnizada por los conceptos, aunque sea dialéctica, sino a través de la cooperación en busca de consensos prácticos en cuestiones concretas, y en este sentido hay que diferenciar los textos, pactos y tratados de la ONU, defendibles, con las reglas del juego de los organismos financieros y comerciales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio, que sí necesitan correcciones.

En septiembre, el presidente chino, Xi Jinping, propuso la Iniciativa de Gobernanza Global (GGI), “un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad con un futuro compartido para la humanidad”. Insistió en que no debería haber dobles raseros, y que las normas caseras de unos pocos países no debían imponerse a otros, por lo que se debería practicar el multilateralismo.

Es un mensaje que lleva más de una década repitiendo constantemente, pero que no practica en cuanto a ponerse firme ante intervenciones externas. Si hubiera querido, habría podido parar la guerra de Ucrania desde el primer día. Puede que hayamos entrado en una era del pensamiento de suma cero, donde unos ganan y otros pierden, todo lo contrario de lo que predica China con su mensaje de “ganar-ganar”, y de los criterios hasta ahora dominantes de integración global. Las tendencias actuales apuntan hacia un mayor aumento de la competencia geopolítica, un aumento del proteccionismo económico y la fragmentación, y un aflojamiento de las estructuras del orden internacional, pero, al mismo tiempo, la necesidad de cooperación es todavía intensa, por lo que no es previsible una revolución en el orden mundial existente, pero sí a que se produzcan cambios sustanciales.

En cualquier caso, el mundo unipolar surgido en 1990 ya es historia. Estamos ya en una era bipolar, con Estados Unidos y China a la cabeza, aunque también en los inicios de un sistema multipolar, donde entraría Rusia e India. Lo cierto es que los líderes de los países democráticos no están dando la talla para afrontar los grandes desafíos del planeta, empezando por el cambio climático y terminando por la gestión de los conflictos armados. Tampoco para cambiar el rumbo de muchos problemas en el interior de sus países, en un clima muy extendido de desinterés y desconfianza hacia la política convencional.

Eso ha dado alas a los sectores populistas, muy próximos a las ideologías autocráticas, cuyos líderes sí son conscientes de las debilidades de las democracias liberales, pudiendo presentarse como la alternativa a sus deficiencias, pues ellos no tienen que rendir cuentas a nadie. Tanto Estados Unidos, como China y Rusia, juegan con esa ventaja. Estados Unidos, además, en la mencionada nueva Estrategia de Seguridad Nacional, desprecia sin tapujos a Europa, donde, en su opinión, está desapareciendo la civilización y se ha perdido la identidad nacional y la confianza en sí misma. Le falta “patriotismo” a nivel nacional, argumenta Trump. Mientras, hace pocos días Putin ha vuelto a insistir que hay que “moldear un mundo multipolar justo, el orden basado en los principios de igualdad soberana, el respeto a los intereses legítimos de los demás y la primacía del derecho internacional”. El cinismo es la norma discursiva de los mandatarios de las grandes potencias.

Termino señalando que el énfasis que puso la Carta fundacional de la ONU respecto al no uso de la fuerza, continua vigente como la regla principal que ha de presidir las relaciones internacionales. Ver si se cumple o no, será el indicador esencial para evaluar si entramos realmente en un nuevo orden, sea global o regional, pues el viejo ha violado de forma repetida ese principio fundamental. En suma, se trataría de hacer realidad la definición estandarizada de la gobernanza global, entendida como el sistema de gestionar los asuntos globales por medio de instituciones y normas que intenten articular los intereses colectivos del planeta, y con el mayor consenso posible. La lucha y el enfrentamiento es estéril para gestionar mejor los problemas del planeta, pero, en cambio, el diálogo permanente para buscar consensos es lo único que puede proporcionar un resultado fructífero a medio plazo. Si queremos gestionar adecuadamente los problemas globales, no nos queda más remedio de unirnos para cooperar en la búsqueda de soluciones, y la mentalidad intervencionista y militarista actual, va en contra de ello. Por fortuna, el Gobierno español no practica esta nueva estrategia belicista, y sería deseable que otros países europeos siguieran esta estela el próximo año.

En el ámbito de la teoría de conflictos, las negociaciones y los procesos de paz, el término «legítimo interlocutor» se refiere a una persona o entidad reconocida y aceptada por todas las partes involucradas como un representante válido y autorizado para participar en el diálogo o la negociación. Este reconocimiento es esencial para que las conversaciones sean efectivas y conduzcan a acuerdos sostenibles. Se refiere principalmente a los líderes de un Gobierno y de un grupo armado, ya que tienen el poder y la autoridad para comprometer a su grupo con los acuerdos y garantizar su cumplimiento. Negar la legitimidad a ciertos actores puede perpetuar el conflicto, mientras que reconocerlos puede facilitar soluciones integrales y pacíficas mediante la negociación. Este reconocimiento implica aceptar que el grupo tiene una agenda negociable, la capacidad de representar intereses (aunque sea parcialmente) y la voluntad de dialogar. Se trata de un paso pragmático, no ético, hacia la búsqueda de soluciones. Reconocer a un grupo armado como interlocutor es una herramienta, no un fin en sí mismo.

La legitimidad de un interlocutor puede derivar de diversos factores, como su representatividad dentro de una comunidad o grupo, su autoridad formal, su capacidad militar, su habilidad para influir en sus seguidores o su reconocimiento por otras entidades relevantes. En los procesos de paz, es común identificar a líderes de grupos armados, representantes gubernamentales o figuras de la sociedad civil como interlocutores legítimos, siempre que gocen de la aceptación y la confianza necesarias para negociar en nombre de sus respectivas partes. Contar con interlocutores legítimos es fundamental para la credibilidad y la eficacia de las negociaciones. Sin esta legitimidad, los acuerdos alcanzados podrían carecer de apoyo y derivar en incumplimiento o en la perpetuación del conflicto. Por lo tanto, reconocer a la otra parte como un interlocutor legítimo es esencial para unas negociaciones eficaces.

Es interesante recordar que, de las 50 guerras no yihadistas que han existido entre 1990 y 2025, en 29 casos, el 58%, durante la guerra hubo encuentros directos entre los líderes del Gobierno y de los grupos armados, y de los dos mandatarios si se trataba de conflictos armados interestatales. Este dato subraya que la diplomacia directa suele ser un punto de inflexión, ya que estos contactos permiten destrabar bloqueos que rara vez se resuelven por delegación, porque concentran la autoridad para tomar decisiones, permiten asumir los costos políticos y ofrecer garantías creíbles. Además, crean un canal de comunicación para reducir malentendidos, calibrar intenciones, pactar gestos de desescalada y acordar “paquetes” de concesiones con mecanismos de verificación.

Al personalizar la negociación, también fortalecen la rendición de cuentas interna (cada líder “compromete su palabra” ante su contraparte) y facilitan vender el acuerdo a sus propias bases, lo que explica que en casi el 60% de los casos estos encuentros hayan contribuido a acercar o cerrar un acuerdo de paz, no como garantía automática, sino como acelerador de confianza, credibilidad y capacidad de decisión. Por desgracia, no ha sido caso de los encuentros de Zelenski y Putin de diciembre de 2019, y de Netanyahu y Abbas en septiembre de 2016.

En los conflictos de Ucrania y Gaza, la crisis del «interlocutor legítimo» es, en sí misma, uno de los principales obstáculos para la paz. En el caso de Ucrania, la negativa de Rusia a tratar al Gobierno ucraniano y a la propia sociedad ucraniana como sujetos políticos plenos, y no como meros apéndices de Occidente o como una “no nación”, erosiona la posibilidad de una negociación directa y estable. Si Moscú solo reconoce como válidos a intermediarios externos, como Estados Unidos, la negociación se desplaza del terreno de la soberanía a uno de tutela, pues se discute sobre Ucrania, pero no realmente con Ucrania. Eso impide que los acuerdos reflejen las necesidades y miedos de la población ucraniana, y alimenta una visión de la guerra como disputa geopolítica entre grandes potencias, en lugar de un conflicto donde una comunidad política busca garantías de seguridad, reconocimiento y supervivencia. Sin un reconocimiento explícito de Ucrania como interlocutor legítimo, con agenda propia, capacidad de decisión y derecho a existir, la lógica de la guerra se refuerza, pues se ve al otro como objeto a reordenar, no como sujeto con quien pactar.

En Gaza ocurre algo análogo, aunque con dinámicas históricas y políticas distintas. Israel tiende a negar la legitimidad de los principales actores políticos palestinos como interlocutores de pleno derecho, reduciéndolos a “organizaciones terroristas”, debido a Hamás, o a administraciones subordinadas, y fragmentando deliberadamente el mapa de actores palestinos. Al no reconocer una contraparte palestina integral, capaz de articular una agenda negociable que incluya territorio, seguridad, derechos y garantías, el conflicto se encapsula en operaciones militares periódicas y en gestiones humanitarias, pero sin un horizonte político claro. La falta de un interlocutor palestino aceptado por Israel, y a la vez representativo para la sociedad palestina, hace que cualquier acuerdo tienda a ser precario, impuesto desde fuera o respaldado solo parcialmente, con alta probabilidad de ser rechazado o saboteado. En ambos escenarios, la paz se vuelve inalcanzable mientras el adversario no sea visto, al menos pragmáticamente, como alguien con quien se puede y se debe hablar. Sin ese reconocimiento mínimo, las negociaciones se convierten en ejercicios formales sin raíces en la realidad de las sociedades en conflicto, y los acuerdos, cuando existen, carecen del soporte necesario para sostenerse en el tiempo.

Así, pues, la legitimidad de un interlocutor debe entenderse como una condición mínima e imprescindible para que exista un buen proceso de paz. En toda negociación deben participar, de forma directa y plena, todos los actores primarios del conflicto armado. No basta con reconocer a algunos líderes o a determinadas élites; la paz sostenible requiere la inclusión explícita de las partes que tienen capacidad real de continuar la lucha y de influir en la dinámica del conflicto. Este principio de integralidad debe ir acompañado de criterios claros de representatividad, responsabilidad y compromiso con el proceso. La exclusión de actores fundamentales, por muy impopulares que sean, compromete la legitimidad y la viabilidad de cualquier acuerdo, facilita su incumplimiento y puede perpetuar la violencia. Por tanto, la construcción de paz exige siempre un marco en el que la negociación se base en la incorporación efectiva de todos los actores importantes, para evitar que la negociación se utilice como una trampa impositiva y diseñada por terceras partes.

En los estudios sobre análisis y resolución de conflictos, se ha usado mucho el término de “conflictos intratables” para caracterizar a aquellos que parecen irresolubles y perduran mucho en el tiempo, a pesar de que a veces se ha intentado negociar. Nunca me ha gustado este término, pues parece indicar que hay conflictos que “jamás” tendrán solución, debido a la incompatibilidad de las demandas o exigencias de las partes, y especialmente cuando nadie se mueve de sus posiciones. Prefiero hablar de conflictos de larga duración, perdurables, prolongados o profundamente arraigados, dejando la puerta abierta a que, si un día cambian algunas circunstancias y se habrá una ventana de oportunidad, se pueda iniciar una negociación que tenga posibilidades de encontrar una salida al conflicto, de manera que todos ganen algo y nadie pierda todo, es decir, que no se plantee en términos de suma-cero. Este año se ha disuelto el PKK como grupo armado, después de 41 años; las FARC tardaron 52 años en lograr un acuerdo, el MILF de Filipinas 45 y Sudáfrica 35, para poner algunos ejemplos de guerras prolongadas que ya terminaron con un proceso de paz.

La negociación en contextos de conflicto armado se fundamenta precisamente en la necesidad de gestionar intereses incompatibles, reducir la violencia y crear condiciones para una convivencia relativamente estable. En Ucrania, el tema central será el territorio, pues Rusia no se contenta con el Dombás, donde en las elecciones presidenciales de 2019 ganó en candidato prorruso, Yuriy Boyko, sino que también quiere quedarse con los territorios más, Zaporiyia y Jersón, que ahora controla, pero no votaron a Boyko, sino mayoritariamente a Zelenski. Lo recuerdo, porque este será un tema vital en las negociaciones de los próximos días. De la misma forma, en Palestina también juega un papel importante el control territorial, no solo el de Gaza, sino también de Cisjordania, ocupada por colonos muy violentos y en un contexto general de limpieza étnica contra los palestinos.

Ante estas realidades, la pregunta de si existen conflictos armados que aparentemente no tienen solución invita a examinar, desde una perspectiva analítica, las dinámicas estructurales y su historia, las interacciones estratégicas en un sentido amplio del término, y las condiciones de seguridad, vitales para las dos partes, que pueden limitar o bloquear un proceso negociador. Hay conflictos que, por la complejidad de sus causas, la multiplicidad de actores y las dinámicas de poder, presentan, a primera vista, una improbabilidad de solución estable. Sin embargo, la historia de la negociación internacional no es homogénea, y hay casos que, tras largos procesos, han generado acuerdos parciales o integrales, procesos de implementación exitosos o transformaciones profundas de las estructuras conflictivas, impensables tiempos atrás. Por ello, en lugar de concluir de manera definitiva que un conflicto es insoluble, conviene evaluar si la negativa a soluciones sostenibles nace de limitaciones estructurales o de fricciones del proceso negociador; qué condiciones podrían ampliar las probabilidades de acuerdo (medidas de confianza, incentivos de desarme, garantías de cumplimiento, construcción de legitimidad entre actores, apoyo internacional coordinado, etc.), y qué escenarios de salida podrían ser realistas. El éxito de los procesos de paz depende no solo del acuerdo textual, lo que se pueda firmar al final, que puede ser impecable, sino también de su posible implementación y del contexto de seguridad y gobernanza que suelen acompañar dichos procesos. De nuevo, tanto en Palestina como en Ucrania hubo incumplimientos.

Los conflictos de larga duración normalmente se centran en necesidades o valores que son de importancia fundamental para las partes, de ahí que muchos tengan incorporados elementos vinculados con la identidad y con la interpretación histórica de las raíces del conflicto. Este tipo de conflictos impregnan todos los aspectos muy importantes de la vida de las partes enfrentadas, que no ven forma de terminarlo sin destruir por completo a la otra parte. Solo que una de ellas lo vea de esta manera, como Israel y de forma existencial, ya es suficiente para bloquear una salida, pues el motivo dominante es dañar al otro. Las normas culturales que sancionan el uso de la fuerza, hacen que tales conflictos tengan más probabilidades de volverse violentos, como se ha visto en ambos casos. A medida que este tipo de conflictos se intensifican, se centran en la supervivencia, la comunicación se ve afectada y eventualmente es inexistente, adoptan una actitud de ganar-perder, y luego una actitud de perder-perder, donde el objetivo es infligir tanto daño al otro como sea posible.

Hay varias dimensiones que son claves para entender este tipo de conflictos: intereses, identidades, narrativas, estructuras, recursos, seguridad y temporalidad, por ejemplo. Los actores pueden perseguir intereses incompatibles o irreconciliables dentro de un marco de distribución de estatus o reconocimiento, que genera patrones de escalamiento y endurecimiento de posiciones. Las identidades colectivas, memorias históricas, narrativas de amenaza y legitimación de la violencia o coerción, dificultan la aceptación de soluciones. Los desequilibrios de poder, en especial la militar, las estructuras institucionales capturadas, o las reglas de juego que favorecen a un solo actor, pueden impedir soluciones sostenibles. En esta cuestión, la percepción es muy importante, porque influye en la acción. Si se percibe que un conflicto es “intratable”, es probable que alguno de los contendientes tome medidas extremas y actúe con suma crueldad. La paradoja es que, actuando de esta manera, es muy probable que esas mismas medidas aumenten la intratabilidad del conflicto. La clave, entonces, no está en negar que existen conflictos aparentemente irresolubles, sino en desarrollar una imagen de una posible “salida”, no necesariamente sustantiva al inicio, pero al menos procesal, esto es, acordando un procedimiento que pueda tener continuidad. El punto de partida, evidentemente, es pensar en un buen plan, y eso han de hacerlo las comunidades afectadas, no terceras partes con intereses propios. En otras palabras, las personas afectadas deben comprender que hay cosas positivas que pueden hacer, incluso mientras están atrapadas en el pantano de un conflicto de larga duración. Siempre hay acciones positivas que se pueden tomar para transformar el conflicto destructivo a uno constructivo, incluso si no se puede encontrar una solución completa de forma temprana. En el mundo de las negociaciones, hay que tener mucha paciencia, la misma que la constancia, también necesaria.

En general, la viabilidad de la paz a corto plazo depende de la capacidad de convertir un acuerdo en una transformación institucional real, respaldada por legitimidad, seguridad y un marco de beneficio compartido para todas las partes afectadas. En los casos de Palestina y Ucrania, en estos momentos parece imposible, pero podría ser diferente si cambiaran las actitudes de Israel y Rusia, y sobre la mesa hubiera planes de paz realistas y ambiciosos a la vez, una combinación difícil de conseguir. En ambos casos, negociar no significa renunciar a la dignidad ni aceptar la derrota; significa convertir la voluntad de poder en responsabilidad colectiva. Es asumir que la violencia no es una herramienta sostenible para alcanzar fines políticos, y que la estabilidad durable se construye con instituciones que puedan gestionar diferencias sin recurrir a la violencia. En ese marco, la pregunta ya no es si todas las guerras pueden tener solución, sino cómo diseñar y sostener condiciones para que, cuando las heridas sean reconocidas y reparadas, la violencia pierda atractivo como medio para resolver conflictos. Tomando en cuenta las lecciones aprendidas de muchos procesos de paz y de negociación en conflictos armados, se puede afirmar que algunas guerras pueden parecer prolongadas o cíclicas si no se establecen marcos de negociación directa, realistas, fortalecidas y viables para implementar los acuerdos alcanzados, pues sabemos el coste que ha tenido no haber cumplido con los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015 para el caso de Ucrania, y, para el caso palestino, no haber dado continuidad a las negociaciones de Oslo de 1993 y 1997,el  Memorando de Sharm el-Sheikh de septiembre de 1999, la hoja de ruta del secretario general de la ONU de 2003, o la Conferencia de Annapolis de 2007, para poner algunos ejemplos.

Por la experiencia, pues, sabemos que existen rutas para reducir la violencia y construir condiciones duraderas de convivencia a través de negociaciones, pero siempre bajo ciertas premisas, como identificar metodologías claras, evitar ambigüedades, contar con mediadores imparciales, garantizar la participación de todos los interlocutores, abordar las causas profundas del conflicto, diseñar secuencias lógicas y verificables, respetar la dignidad de todas las partes, implementar programas de desarme y desmilitarización de forma efectiva, eliminar los incentivos para continuar la guerra, reforzar los incentivos para negociar, y asegurar la verificación del cumplimiento de lo que se acuerde. El día en que todas las partes (Israel, Palestina, Rusia y Ucrania) estén de acuerdo con estos principios, las dos guerras dejarán de ser “intratables” y podrán entrar en una senda de esperanza

El Consejo de Seguridad de la ONU, con la abstención de Rusia y China, ha dado el visto bueno al plan de paz de Trump para Palestina, no solo de Gaza. Desde estas páginas, varios analistas ya hemos advertido de sus deficiencias, y en mi opinión este plan está condenado al fracaso. Lo veremos en los próximos meses, pues no cumple varios requisitos para un buen plan de paz, como evitar las ambigüedades, tener una mediación adecuada, que estén en la mesa todos los actores para que no sean spoilers, abordar los temas de fondo, tener una secuencia con sentido común y realista, dar garantías, diseñar un buen proceso de desarme, acabar con los incentivos para que vuelva a continuar la guerra, y tener una buena verificación sobre el cumplimiento de los acuerdos. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha dado también su aprobación, aumentando aun más su desprestigio entre los palestinos. Si a muy corto plazo no hay un real cambio en la gobernanza de los palestinos, en plan tendrá a sus teóricos beneficiarios como un estorbo. Para evitar que eso ocurra, creo que se podrían hacer nuevas propuestas, y aquí avanzo una.

Hamás ha manifestado que, si se mantiene el alto al fuego de forma estable y verificable, está listo para entregar la administración de la Franja de Gaza “a un comité palestino temporal formado por tecnócratas independientes”, pero también ha dicho que no se desarmará mientras haya tropas de Israel en el territorio y solo lo haría ante unas nuevas autoridades palestinas. Ya veremos cómo se gestiona este punto tan delicado, y más conociendo el resultado de una encuesta de finales de octubre en la que el 55% de los palestinos de Gaza ha manifestado que se opone a su desarme.

De momento, el presidente Abbas ha emitido un decreto para celebrar nuevas elecciones al Consejo Nacional Palestino (CNP) antes de finalizar el año. El CNP no es el parlamento de la ANP, sino el parlamento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), creado en 1964, mucho antes de la ANP, con 350 miembros. Desde 2022, su dirección también corre a cargo de Mahmud Abbas, quien ha afirmado que se celebrarán elecciones generales (presidenciales y legislativas) dentro de un año tras el fin de la guerra en Gaza, aunque no está clara la interpretación de cuándo se ha terminado la guerra. La CNP, en cualquier caso, podría exigir al presidente Abbas acelerar el ritmo de los cambios, para celebrar lo antes posible las elecciones presidencias y legislativas, reactivando de este modo el Consejo Legislativo Palestino (CLP), y volviendo a poner en marcha con anterioridad la Comisión Electoral Central Palestina (CEC), con representación paritaria de Gaza y Cisjordania.

¿Es eso posible, en un contexto tan complicado como el Gaza? Si en el próximo año la técnica y logística electoral lo permiten, se podrían celebrar las esperadas elecciones para la presidencia y el parlamento palestino (CLP), con candidaturas plurales convencidas de que hay que realizar cambios, acabar con la corrupción, gobernar para toda la población palestina y garantizar la seguridad (incluida la de Israel). Este nuevo Gobierno, con un liderazgo representativo y menos personalista, sería el encargado de nombrar una delegación robusta y descentralizada para Gaza, que no estaría bajo la tutela del presidente estadounidense, sino de la nueva Autoridad Nacional Palestina (ANP). Sus prioridades serían un programa de reconstrucción, reconciliación y reforma institucional.

A nivel logístico, en primer lugar, habría que actualizar el registro electoral de Gaza, y quizás ACNUR podría colaborar en ello, junto a la Comisión Electoral Central Palestina. ACNUR no es “la autoridad electoral”, pero sí es uno de los pocos organismos de la ONU con experiencia directa en convertir listados de refugiados y desplazados en padrones electorales válidos en contextos postconflicto. En la práctica, quien tiene la base de datos poblacional más exhaustiva de Gaza es la UNWRA, pero para participar deberá superar las acusaciones de Israel de que ha sido refugio de combatientes de Hamás, concretamente de 12 personas. Hay que tener en cuenta que este organismo de la ONU contaba con un equipo de 13.000 personas en Gaza, por lo que alguna posible infiltración, que además ha investigado, no puede desmerecer la extraordinaria e insustituible labor que ha desempeñado durante tantos años en la Franja, en Cisjordania y en los campos de refugiados palestinos en los países vecinos.

Para celebrar estas elecciones se podría contar con el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (DPACP), que tiene una División de Asistencia Electoral capacitada para contextos como el de Gaza, y despliega equipos de apoyo técnico al censo, registro de votantes, logística, arreglos para voto adelantado de personas desplazadas, capacitar al personal electoral local, etc. El DPACP, que también podría dedicarse a la observación y verificación de los resultados, junto a otros organismos (UE, Liga Árabe, Centro Carter, etc.), podría contar igualmente con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene presencia en Palestina y que suele establecer proyectos electorales integrados ONU-Gobierno.

Un aspecto que habría que consensuar, no obstante, es si Hamás, aunque no pueda participar en las elecciones, podría desempeñar sus funciones policiales durante su celebración, manteniendo una total neutralidad, siempre que no se haya creado antes un cuerpo policial, lo cual requerirá de más tiempo. Para ello, Hamás debería haber entregado a una comisión internacional sus armas pesadas, aspecto que acaba de confirmar recientemente. Una formación policial suele durar seis meses como mínimo, aunque en Sudán del Sur, Liberia, Afganistán o Haití, con apoyo de la ONU o la UE, se han hecho cursos de ocho a 12 semanas para desplegar rápidamente policías locales. Antes de la guerra, en Gaza había 8.000 policías, una tasa superior a la media mundial. Ya que en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina dispone de un ingente número de policías -17.000-, podría encargarse, junto a otros dos países, quizás Egipto y Jordania, de la formación del nuevo cuerpo policial para Gaza, en el que podrían participar personas que antes ya estaban en el cuerpo. De hecho, este cuerpo policial podría sustituir a la Fuerza Internacional de Estabilización mencionada.

Otro aspecto a considerar sería cómo realizar una campaña electoral en la situación de Gaza, con tanta destrucción, sin medios de comunicación y separada de Cisjordania. En este sentido, recuerdo que el punto 7 del plan de Trump hablaba de que, una vez iniciado el alto al fuego, liberar rehenes y presos (hechas ya ambas cosas) y conceder una amnistía a los miembros de Hamás (cuestión todavía pendiente), se empezaría a rehabilitar las infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado, hospitales, panaderías), retirar escombros y abrir carreteras. Esto puede incluir habilitar instalaciones para votar (carpas, escuelas, hospitales, iglesias, mezquitas, etc.), aunque sean temporales, habilitar radios comunitarias, plataformas digitales, y espacios seguros de reunión, además de generadores y redes satelitales para transmisión segura de datos electorales. Los materiales electorales (urnas, papeletas, etc.), podrían ser suministradas por la ONU. Como es obvio, se necesitará la financiación de las elecciones, aspecto en que con toda seguridad habrá muchos países que puedan ayudar a crear un fondo fiduciario para este fin. El Banco Mundial ya ha dicho que está dispuesto a colaborar.

Finalmente, Israel debería completar el proceso de amnistía, retirar totalmente sus fuerzas militares de toda Palestina, y empezar con un nuevo proceso de diálogo global con las nuevas autoridades palestinas que surjan de las elecciones, un nuevo proceso a manera de Oslo III. En este sentido, la propuesta que presento aquí es solamente una “hoja de ruta”, no un plan detallado, y no tiene más valor que añadir ideas a las que ya se están proponiendo desde diferentes espacios, pues la decisión final de su futuro político e institucional, es una tarea que solo debería decidir la población palestina, no Estados Unidos, con Trump ejerciendo de CEO de Gaza.

La decisión del Consejo de Seguridad del pasado día 31, eliminando en la resolución sobre el Sáhara Occidental el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, y, en su lugar, “dirigir las negociaciones basadas en la propuesta marroquí de autonomía (de 2007) como vía hacia una posible solución política justa, duradera y mutuamente aceptable”, sorprendió a medio mundo por su imposición, cuando el Sáhara todavía está en la lista de Naciones Unidas de territorios no autónomos para descolonizar, por lo que le ampara multitud de resoluciones de la Asamblea General relativas al derecho de estos territorios a ser consultados sobre su futuro, con la opción de escoger la independencia.

Lo que ha ocurrido ahora es la culminación de un proceso que, en realidad, empezó en el año 2000, cuando la resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara del mes de mayo añadió la palabra “convenida” a la de “lograr una solución, pronta y duradera”, y que, en la resolución de finales del año siguiente, desapareciera para siempre jamás el término “referéndum”, siendo substituido ese principio por el de “convenir en una solución política que sea mutuamente aceptable” (2001), “realista” (2018), y con “avenencia” (2022). En otras palabras, a partir del 2000, el Consejo de Seguridad apostó por buscar una solución negociada y aceptada por las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario, cuando estos dos actores siempre han mantenido posiciones incompatibles e inamovibles, la autonomía en el caso de Marruecos, y el referéndum con la opción de la independencia por parte del Frente Polisario.

Durante más de dos décadas, el tema del Sáhara ha sido el de una traición y un engaño, pues muchos sabíamos perfectamente que nunca habría un referéndum de autodeterminación, primero por la decisión de varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dispuestos a bloquear cualquier planteamiento de independencia, pero también por la habilidad de Marruecos en ganar adeptos a su tesis y restar apoyos diplomáticos a los saharauis, y por el impacto demográfico de la colonización, de tal forma que el tiempo corría a favor de Marruecos. Durante estos años hemos vivido en un autoengaño diplomático, pues la mayoría de los países, como España, se han amparado en decir que apoyaban las gestiones de Naciones Unidas para buscar una solución, dando respaldo a las resoluciones del Consejo de Seguridad, entrando todos en una enorme contradicción semántica y política, pues no se puede afirmar, a la vez, que el pueblo saharaui tenía el derecho a la libre autodeterminación, y, al mismo tiempo, decir que Marruecos y el Frente Polisario habían de convenir una solución mutuamente aceptable, lo que descartaba la posibilidad del referéndum con la opción de la independencia. Ha sido muy cómodo no hacer nada apoyándose en esta contradicción, a sabiendas de que no conduciría a ninguna parte, excepto mantener “sine die” la situación, totalmente desfavorable a los saharauis.

Voy a contar algunas experiencias personales, ahora no publicitadas, para mostrar cómo ya a principios del siglo se había decidido el futuro del Sáhara. Cuando en el año 2000 apareció la palabra antes mencionada de “convenida”, que según la RAE significa “ponerse de acuerdo dos o más personas en algo”, y acostumbrado al lenguaje del Consejo de Seguridad, me di cuenta de que algo serio iba a cambiar respecto a la posición de Naciones Unidas, por lo que en diciembre fui a los campamentos de Tindouf para comentar mi preocupación al primer ministro de la RASD y al ministro de Exteriores saharaui, con quien mantuve una larguísima e interesante conversación. En aquel momento, hacía pocos meses que se habían terminado unas rondas negociadoras, que no se retomarían hasta junio de 2007, y el ministro de Exteriores saharaui todavía confiaba en las gestiones que pudiera hacer el enviado personal del secretario general de la ONU, James Baker, y contar con el apoyo de Estados Unidos. También me dijo que estaban dispuestos a tener la paciencia de los países bálticos, que estuvieron ocupados por la URSS durante 51 años. En aquel año 2000, en opinión de James Baker, ninguna de las partes había mostrado estar dispuesta a abandonar la idea de que el ganador se lo llevaría todo ni a examinar ninguna solución política que les permitiera obtener parte de lo que deseaban. Después de pedir nuevamente a las partes que presentaran propuestas concretas para salvar sus diferencias, y de que una vez más no se recibiera ninguna propuesta, Baker manifestó que las tres reuniones de 2000, en lugar de contribuir a alcanzar progresos, había intensificado las diferencias entre las partes.

De regreso a España, organicé un almuerzo en Madrid con cinco embajadas europeas, para ver su disposición sobre el futuro del Sáhara. La representante de Francia no se mordió la lengua y manifestó que a su país le interesaba por encima de todo mantener unas privilegiadas relaciones con Marruecos, y que si el precio era que desaparecieran los saharauis como pueblo, no importaba, pues era una “causa pequeña”. En otras palabras, el pueblo saharaui podría desaparecer y no pasaría nada. Sentí una enorme tristeza y vergüenza.

Como he explicado al inicio, en noviembre de 2001, en la resolución del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara, desapareció la palabra “referéndum”, y así ha sido siempre a partir de aquella fecha. La suerte estaba echada, y el futuro del Sáhara, también. A principios de 2002, James Baker planteó por primera vez la posibilidad de partir el Sáhara. Era una de cuatro opciones que señaló en su informe anual. Al Frente Polisario le interesó tantear esta opción a través de una tercera persona, quien escribe, y a través de un artículo publicado en un periódico de alcance internacional, para ver las reacciones. Le Monde se hizo eco y gustó al Gobierno argelino. Se hizo a través de un intermediario, pues al Frente Polisario, como es lógico, no le interesaba poner esta opción en una negociación con Marruecos, pues sería rebajar sus expectativas. Pero el mismo hecho de considerar esta posibilidad, quería decir que querían curarse en salud, aunque no fuera pública la consideración. Poco después, el mayo de 2002, en una nueva reunión con el negociador del Polisario, este me manifestó el profundo desengaño con Naciones Unidas (les advertí expresamente de ello un año y medio antes, al ir a los campamentos), y su frustración porque Timor sí podía hacer acceder a la independencia y ellos no.

Al año siguiente, en 2003, organizamos en un hotel de Barcelona un encuentro secreto con los negociadores del Polisario, dos enviados del Gobierno marroquí, representantes de Naciones Unidas (Departamento de Asuntos Políticos), Unión Africana, Unión Europea, Parlamento Europeo y seis cancillerías europeas, junto a unos expertos en lo que llamamos “arquitecturas políticas intermedias”, y con el propósito de poner sobre la mesa varias alternativas para solucionar el conflicto, sin descartar ninguna opción. Nunca tanta gente de tan alto nivel se había reunido para dialogar sobre el conflicto con las partes en liza. En aquellos dos días, y por conversaciones que tuve con muchos diplomáticos, casi todos daban por hecho que nunca habría un referéndum. Esto es lo que me manifestaban. Una semana después, fui a Bruselas para entrevistarme con el alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Javier Solana. En aquella reunión, Solana accedió a reunirse de forma discreta con miembros del Gobierno de la RASD, pues así me lo había pedido el negociador del Polisario, y no ocultó su absoluta desconfianza con lo que pasaba en Marruecos, cuyo rey estaba más preocupado por sus vacaciones que por la política, y dando muestras de desprecio a las diplomacias internacionales, incluida de la de UE.

En 2007, el rey de Marruecos hizo una propuesta de autonomía, que siempre ha sido objeto de inquietud y debate entre los analistas del conflicto del Sáhara. A pesar del profundo recelo del Polisario hacia cualquier propuesta engañosa del Gobierno marroquí, en aquel momento, 33 años después de la ocupación y de vivir en el desierto argelino, existía la posibilidad de darle la vuelta a un presunto fraude, a través de una estrategia de aceptar el guante como punto de partida hacia futuribles más ambiciosos, y mediante un enorme apoyo internacional, en particular mediante la presencia de Naciones Unidas como garante, para blindar y hacer cumplir a rajatabla lo prometido. La estrategia saharaui del “todo o nada” impidió siquiera tantear esta estrategia, a pesar de que me consta personalmente que entonces había una disposición de la alta diplomacia internacional para buscar una salida provisional a través de la propuesta marroquí. Sería un primer paso para ver después si se podría ir más lejos. Ahora, este apoyo ya no existe.

Cuento esas experiencias, aunque hay más, para explicar que ha habido varios intentos de estudiar opciones, aunque nunca sin demasiada convicción por las dos partes. Ahora ya sabemos que nunca se celebrará el referéndum, aunque los saharauis tengan ese derecho, porque la geopolítica se ha impuesto a la doctrina de Naciones Unidas. Solo queda, pues, una vía posible, que es la de negociar una autonomía robusta y reforzada, donde el pueblo saharaui tenga voz y voto, pero me temo que el rey de Marruecos ya no tiene siquiera la disposición de 2007. Cree que ha ganado la partida, hará lo imposible para que la Asamblea General de la ONU saque al Sáhara de la lista de territorios a descolonizar (puede conseguirlo), y descafeinar cualquier propuesta de autonomía. Aunque ahora se rechace, el tiempo dirá si un borrador de propuesta para una autonomía robusta que ya circula en estos momentos es una opción viable para una negociación, pues, por muy injusto que sea, la alternativa es la de permanecer de por vida en el desierto, y este pueblo se merece algo mejor y todavía le ampara el derecho.

¿Cómo es que el alto al fuego en Gaza es tan inestable? ¿Es inevitable? ¿Por qué Hamás, tras recibir permiso de Trump para actuar temporalmente como policía en Gaza, está librando una batalla contra unas milicias que intentan controlar los campos de desplazados? ¿En qué medida el no-desarme de Hamas está condicionando la entrada de la ayuda humanitaria? ¿Cómo plantear el tema de que se necesita una policía que ponga orden en un contexto tan complicado como Gaza, donde la mayor parte de su población vive en campos de desplazados?

Estas son algunas de las preguntas que surgen cuando se lanza un plan de paz como el de Trump, sin haberlo discutido y concertado previamente con todas las partes afectadas, y por tratarse, no de un proyecto de acuerdo de paz, sino simplemente una “hoja de ruta”, que es algo muy diferente. Las hojas de ruta son esquemas simples, en forma de gráficos secuenciales y que se pueden redactar en muy pocas páginas, que permiten a las personas que han de empezar una negociación, visualizar los grandes ejes de lo que será después, ya de forma mucho más elaborada, la “agenda” de la negociación, que siempre conviene que sea muy detallada y tenga un lenguaje clarificador, no sujeto a diversas interpretaciones. Las hojas de ruta las pueden presentar una de las partes del conflicto, el país u organismo mediador, o incluso entidades académicas especializadas en ello. Yo mismo he realizado varias, pero para que luego las partes decidan si les interesan total o parcialmente, o desecharlas por completo. Repito que no es una propuesta de acuerdo, sino únicamente una invitación a pensar el tipo y el orden de las actuaciones que luego tendrán que desarrollarse en la mesa de negociación.

Aunque existen acuerdos de paz breves en cuanto a su extensión, otros acaban siendo muy detallados. El de las FARC, de 2016, tenía 310 páginas; el de Sudán de 2005, 241 páginas, y los Acuerdos de Dayton para Bosnia, el acuerdo contenía 11 anexos. Esto incluye, por supuesto, precisar lo que significa un alto al fuego, si va condicionado o no a otros aspectos y los mecanismos para verificarlo. Téngase en cuenta que, en los acuerdos de paz de los últimos 40 años, en la mayoría ha existido un alto al fuego inicial, pero que, en muchos de estos casos, se violan con mucha frecuencia. Según diversos estudios, una gran mayoría de los acuerdos de cese al fuego sufren violaciones dentro del primer año, entre el 70 y 80% de los acuerdos con “cese de hostilidades”. Es, por tanto, un asunto muy delicado y que hay que tratar de mantenerlo cueste lo que cueste, pues de lo contrario se genera un enorme sufrimiento en la población civil, y más si de ello depende la llegada de la ayuda humanitaria.

Veamos otro punto. Las personas que tienen experiencia en gestionar campos de refugiados, saben muy bien que a menudo en dichos campos operan milicias y grupos armados que intentan controlar todo lo que pasa, incluida la distribución de la ayuda humanitaria, y que buscan también tener el control político de dichos campos. Viví personalmente este tipo de experiencia en Ruanda, poco después del genocidio de 1994, visitando los campos de refugiados al norte de Goma, ya en el Zaire, la actual República Democrática del Congo, donde las milicias Interahamwe que habían protagonizado las matanzas en el interior de Ruanda, controlaban dichos campos de refugiados y mataban impunemente a cualquier tutsi que encontrasen y a hutus contrarios al genocidio. Años más tarde, ya en este siglo, el Estado congoleño usó milicias como subcontratistas para controlar los campos de desplazados en Kivu, a menudo para aparentar soberanía sin desplegar tropas oficiales. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad activó y coptó milicias locales para retomar el control territorial y controlar poblaciones desplazadas. Esas milicias ayudaron a fragmentar la oposición, al mismo tiempo que se dedicaban a sabotear un alto al fuego. Pongo estos ejemplos, pero la lista es larga, pues podríamos añadir, por ejemplo, los casos de Sudán del Sur o los rohingya de Myanmar, donde la militarización de los campos de refugiados sirvió para una estrategia de limpieza étnica sostenida. Lo que ocurre en estos momentos en Gaza no es nuevo, pues se trata de la presencia deliberada de “spoilers”, especialistas en boicotear un alto al fuego o un incipiente proceso de paz.

Hay muchas noticias publicadas en prensa que ya informaban, a principios de junio, que Netanyahu había confirmado que Israel estaba trabajando en Gaza para contrarrestar a Hamas, y que lo hacía a través de milicias y clanes armados, las llamadas Fuerzas Populares, también conocidas como Servicio Antiterrorista, que es un grupo que ha estado activo desde el comienzo de la ofensiva de Rafah, en mayo de 2024, y que ahora se disputa el terreno en el sur de Gaza, enfrentándose a Hamas, dando pie a que Israel argumente que no se cumple al alto al fuego, y corte la entrada de la ayuda humanitaria. De nuevo, se utiliza el hambre como arma de guerra. Como puede verse, en numerosos conflictos los gobiernos han utilizado milicias financiadas como “spoilers”, es decir, para controlar a las poblaciones desplazadas, manipular la ayuda internacional y mantener un aparato de vigilancia extralegal. De esta manera, el control de los campos de personas refugiadas o desplazadas no es un asunto meramente humanitario, sino también una estrategia política de contrainsurgencia y represión preventiva, en la que el Estado delega en milicias la coerción que no puede o se atreve a ejercer abiertamente ante la comunidad internacional. En Gaza, si no se encuentra una solución de inmediato a este problema, concretamente si Hamas puede o no actuar como policía temporal, todo saltará por los aires. Sabemos, además, que Hamas no entregará sus armas mientras no exista un Gobierno palestino escogido por su población, aspecto que está por negociar cómo se podría realizar.

Respecto a la creación de una policía para Gaza en un futuro, ya prescindiendo de Hamas, existen varios precedentes en que la comunidad internacional, concretamente la ONU, intervino en el ámbito de la seguridad pública y la policía de un país, porque las instituciones locales estaban colapsadas o no funcionaban, en parte debido al conflicto. Así ocurrió en Kosovo, Bosnia, Timor o Camboya, pero en todos los casos fue a instancias del Consejo de Seguridad y la creación de una operación de paz liderada por la ONU, un organismo que tanto Israel como Estados Unidos desprecian, por lo que será difícil hacer algo similar en Gaza. Es más probable que se pongan de acuerdo tres o cuatro países árabes para realizar esta misión temporal, pues es de vital importancia que este cuerpo policial hable el mismo idioma que los gazatíes. ¿Aceptaría Hamas esta alternativa policial? Es difícil saberlo ahora, con tanta incertidumbre respecto al conjunto de cuestiones que afectan a toda Palestina, pues no olvidemos que hay sectores del Gobierno israelí que quieren anexionarse Cisjordania, echando más leña al fuego. Lo que es una idea peregrina, es la última ocurrencia de los asesores de Trump, al proponer dividir Gaza en dos partes, con policías de Israel en el norte y de Hamas en el sur. Los enfrentamientos estarían asegurados, y solo por pensar en este tipo de cosas tan absurdas, nos da una pista de la imposibilidad de llevar a cabo el resto del plan de paz de Trump, muy mal diseñado. Es mejor reconocer que se ha empezado mal y que se necesitan nuevas propuestas de paz, aunque moleste al presidente de Estados Unidos.

Desde que Trump asumió la presidencia, ha manifestado en varias ocasiones que, tarde o temprano, se pondría de acuerdo con Putin para terminar con la guerra de Ucrania, y por la vía de no suministrar más armamento al presidente Zelenski, cosa que ya ha empezado a hacer durante este año, al reducir substancialmente las entregas de armas, y obligarlo a aceptar que Rusia se quedaría con los territorios ya conquistados, con pequeñas variaciones, a cambio de que los países de la OTAN le garantizaran una seguridad para el futuro, sin entrar en la Alianza. Trump y Putin comparten muchas características, pues ambos son arrogantes, personalistas, autócratas, ególatras, autoritarios, manipuladores y desconocen la autocrítica. Este tipo de personajes, cuando están al mando de superpotencias militares, están condenados a entenderse, pues se admiran mutuamente, aunque sea en secreto y con vaivenes en sus declaraciones. El ministro ruso de Exteriores, Lavrov, que no está tan sujeto a estos corsés, en sus discursos siempre loa al presidente Trump, sea cual sea la coyuntura, lo que es una señal muy clara de que buscan un entendimiento para el caso de Ucrania. Cuando Trump y Putin se reúnan en Hungría, veremos si realmente comparten ya el mismo plan, una “paz impuesta” que, aunque seguro utilizarán el concepto de “paz justa y duradera”, no tendrá nada de justa, aunque es posible que no quede otra opción.

Durante este año, en varias ocasiones y la más reciente en este mes de octubre, tanto el presidente Zelenski como otros dirigentes políticos europeos han insistido en que, con ayuda externa, Ucrania podría ganar la guerra y recuperar los territorios anexionados por Rusia. Pero el viernes, en su visita a la Casa Blanca, además de no prometerle enviar misiles Tomahawk, Trump le dijo a Zelensky que tanto Rusia como Ucrania “debían detenerse como están” y poner fin a la guerra, congelando las líneas de batalla actuales y aceptando un cese de hostilidades a una guerra que ha podido costar la vida a unos 250.000 o 300.000 jóvenes de ambos bandos, aplicando una media de varias estimaciones realizadas al respecto, más que la guerra de Siria o Iraq, y próxima a la de Afganistán. Una verdadera carnicería, y que supone seis veces más que los muertos de las tropas estadounidenses en Vietnam. No hay que extrañarse, por tanto, que haya también unos 350.000 desertores entre los dos países.

En los últimos 35 años, en el mundo hemos tenido 62 guerras, esto es, conflictos armados de alta intensidad. El 35% de ellas terminaron con un acuerdo de paz, muchas veces imperfecto (recuerden los Balcanes), y evidentemente no incluyo el plan de 20 puntos de Trump para Gaza, que no es propiamente un acuerdo de paz, entre otros motivos porque no ha participado una de las partes, la palestina, y el conflicto está todavía muy activo para Israel. Otro 45% de las guerras están vigentes, se han desactivado o no están resueltas del todo, aunque no haya muertos en este momento. Nos queda el 20% restante, 12 guerras que han terminado por la victoria militar de una de las partes (Ruanda, Punjab, Perú, Angola, Costa de Marfil, Chad, Afganistán, Sri Lanka, Armenia/Azerbaiyán, segunda guerra de Chechenia, Israel/Palestina y Siria), que, aunque sea un porcentaje mucho menor que los acuerdos de paz alcanzados, es importante y está en alza desde hace unos años, pues van decreciendo los procesos de paz, mientras aumentan los que finalizan militarmente. Es una mala señal, pero los que nos dedicamos a promover acuerdos de paz, también tenemos la obligación de analizar los casos en que esto no ha sido posible. En este sentido, creo sinceramente que Ucrania no tiene la capacidad para reconquistar los territorios que Rusia se ha anexionado, por lo que continuar con la guerra de desgaste parece no tener sentido. Firmar un armisticio es la única forma realista de evitar que el conflicto se enquiste durante años, como ha sucedido en otros escenarios de “guerras congeladas”. Seguir enviando armas a Ucrania, sin otra perspectiva a la vista, solo perpetúa un conflicto que ya está perdido en términos estratégicos y humanitarios, y, además, prolongarlo acentúa el riesgo de un enfrentamiento directo OTAN-Rusia si se sigue escalando el conflicto. Mi posición se basa en el realismo político, pero sobre todo en el principio ético de evitar más muertes en una guerra que solo puede traer más dolor y muerte.

Creo que es importante tener en cuenta que el apoyo a la continuación incondicional de la guerra parece haber disminuido significativamente con el tiempo en Ucrania. La posición mayoritaria ha cambiado respecto a años anteriores y ahora es favorable a la negociación, en parte por el agotamiento, las pérdidas humanas y los costos económicos. En una encuesta de Gallup del mes de julio, el 69% de los ucranianos dijeron que preferían negociar un fin de la guerra lo antes posible, mientras que solo el 24% apoyaban continuar la lucha hasta la victoria, todo lo contrario de 2022. Moscú lo sabe, y de ahí que intensifique los ataques que afectan directamente a la población civil. Es una estrategia sumamente cruel y que va en contra de todas las normas del derecho internacional humanitario, pero tiene un efecto directo en el cambio de opinión de la población.

A finales de 2023, Rusia controlaba el 17,4% del territorio de Ucrania. Ahora ya es del 19%, y no parece que vaya a disminuir. Después de tres años y ocho meses de guerra, Estados Unidos y los países europeos ya han proporcionado ayuda militar a Ucrania por valor de 170.000 millones de euros, y Ucrania ha tenido que dedicar más de 120.000 millones de dólares para la guerra de su presupuesto nacional. En 2025, el 26,3% de su PIB va destinado a la guerra, una auténtica catástrofe económica, que se añade a las vidas humanas perdidas. En la última reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, uno de los objetivos era que la mayoría de los países se adhirieran a la iniciativa de adquirir armas a Estados Unidos para Ucrania (PURL), un gran negocio para los estadounidenses, pero seguramente una catástrofe si eso contribuye a alargar una guerra que de momento no se puede ganar. Si es así, y para evitar unos 100.000 muertos más en el próximo año, lo más sensato sería terminar con esta guerra, injusta, pero perdida; pactar un alto al fuego y un cese de hostilidades, aceptar que Rusia se queda con el territorio conquistado, y negociar un sistema de garantías para que la población de los territorios anexionados pueda tener, si quiere, doble nacionalidad, puedan estudiar la lengua ucraniana y sean respetados sus derechos como minoría, con una real verificación de la OSCE, que fue creada, entre otros temas, para estos menesteres. En 9 de las 12 guerras que terminaron con victoria militar, y no con acuerdos de paz, a pesar de ello después se hicieron acuerdos, repatriaciones, amnistías, normalizaciones políticas, diálogos políticos, reconciliaciones, descentralizaciones, normalizaciones lingüísticas y otros tipos de iniciativas. Lo explico porque es una cuestión básica en este tipo de conflictos armados a los que se quiere poner fin, hay fórmulas complementarias para evitar que una “cesión”, en este caso territorial, sea también humillante. En una eventual negociación entre Ucrania y Rusia, además de los compromisos ya demandados de no ingresar en la OTAN y dar garantías de seguridad a Ucrania, hay todo un abanico de cuestiones interesantes que pueden ponerse en el cesto de un acuerdo final, evitando siempre el término “derrota” y “capitulación”, para dar énfasis al “fin de los combates”, “alto el fuego definitivo”, y acuerdos de seguridad compartida y verificación. Trump dijo el viernes algo parecido, al recomendar “que ambos reclamen la victoria, que la historia decida”. Estas palabras recogen, quizás sin saberlo Trump del todo, una larga tradición de finales pragmáticos, cuando la salida permite detener la matanza sin exigir que nadie renuncie públicamente a su narrativa. La verdadera victoria, en estos casos, no es militar ni territorial, sino semántica y moral, al convertir la rendición del orgullo en una afirmación de la paz.

Por desgracia, el Protocolo de Minsk de 2014 no se cumplió, y el acuerdo de Minsk II de febrero de 2015, tampoco. La diplomacia europea no presionó a Ucrania para que cumpliera su parte del acuerdo, y más bien se dedicó a rearmar a este país. Angela Merkel y François Hollande lo confirmaron en diciembre de 2022, concretamente los días 7 y 30, respectivamente. De haberse cumplido lo pactado, el Donbás sería ahora una autonomía de Ucrania, y la guerra no hubiera empezado. Ahora ya es tarde para eso, pero no para poner fin a una guerra que no tiene ningún sentido si apreciamos el valor de las vidas que están en juego. Que no sea justo no quiere decir que no sea conveniente y oportuno. Finalmente, acabar con la guerra de Ucrania permitiría romper con la paranoia desatada en Europa sobre la amenaza rusa y una inminente invasión de su parte, abriendo la puerta a una reconsideración sobre las recientes políticas de seguridad favorables a un rearme más que desmesurado, y, con suerte, buena voluntad y mucha presión social, volver a los principios de la seguridad compartida. La industria armamentística de Estados Unidos quedaría afectada, y el secretario general de la OTAN, que es el señor del 5% que le dice a la oreja de Trump que España se porta mal, seguramente podría coger una seria depresión, pero en Europa igual podríamos recuperar el sentido común en cuanto a temas de seguridad.