A la comunidad extranjera residente en China le carcome la incertidumbre. Desde el pasado 28 de marzo, el gigante asiático, en un afán por frenar los llamados “casos importados” de COVID-19, tan solo permite la entrada de una ínfima cantidad de los foráneos que cruzan cada año sus fronteras.

Según la regulación extraordinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, a excepción de diplomáticos y personal de vuelo, todos los turistas, estudiantes, aquellos con visado de negocios e incluso los extranjeros con permiso de residencia tienen restringida la entrada.

Sobre el papel se establece la posibilidad de solicitar una nueva visa a quienes lleguen en cumplimiento de “actividades económicas, comerciales, científicas o tecnológicas necesarias o por razones humanitarias de emergencia”. Sin embargo, en un país en el que la inmensa burocracia y la falta de comunicación presentan un reto continuo, surge el problema añadido de cuál es a ciencia cierta ese “personal esencial”.

Así, la que se presentaba como una medida temporal –anunciada con poco más de 24 horas de antelación– es, después de casi cuatro meses, un auténtico quebradero de cabeza para todos los que, o bien por vacaciones o bien por temor a lo que estaba por venir, salieron del país en el que trabajan, estudian o mantienen a una familia y ahora se han quedado sin prácticamente opciones de volver por tiempo indefinido.

Se calcula que alrededor de 600 españoles continúan varados y a la espera de una relajación de la medida, aunque en las demarcaciones consulares de España en suelo chino están seguros de que muchos de los afectados no han notificado sus casos. La opción que todos ellos barajan es la de regresar a través de un procedimiento preferente de acceso al país (conocido como “fast track”) para personal considerado indispensable. No obstante, para poder solicitar el visado por esta vía, se requiere de una carta de invitación que debe llevarla a validación la cancillería china, un trámite burocrático que, en gran parte de las ocasiones, resulta denegado.

Debido a que muchos de estos trabajadores extranjeros no pueden conseguir el visado, la mayoría de los vuelos fletados por las cámaras internacionales llegan casi vacíos. Además, el Gobierno no da pistas y todo lo que se escucha son rumores. Los más optimistas pensaban que la fecha que la administración de Xi Jinping contemplaba para reabrir las fronteras rondaba el mes de octubre, coincidiendo con el aniversario de la fundación de la República Popular. Sin embargo, tras el repunte de SARS-CoV-2 en Pekín, elevan más la voz los que opinan que la ansiada reapertura podría extenderse hasta incluso entrados en 2021.

La situación se agrava para los que se encuentran en el caso contrario porque, si bien es cierto que muchos países pusieron vuelos de repatriación a disposición de sus nacionales al inicio de la pandemia, también se da el caso de los que calcularon mal el alcance de la crisis, han finalizado sus contratos laborales y no pueden salir de China debido a la escasez de opciones y a las tarifas desorbitadas de las aerolíneas.

En esta coyuntura se encuentran muchos extranjeros que trabajan en el sector cultural (músicos, bailarines, actores…), quienes no se ven respaldados ni por el Gobierno ni por sus empleadores, que no les ofrecen trabajo debido a la crisis sanitaria y que siguen pagando gastos de residencia y manutención sin recibir ingresos desde principios de año.

Protocolo de recompensas y penalizaciones a aerolíneas

A las restricciones de entrada, se suma el hecho de que los vuelos despegan a cuentagotas. Un día después de que entrase en vigor la limitación de accesos, la Administración de Aviación Civil de China anunciaba la norma 'Cinco uno', que permite a las aerolíneas domésticas realizar un vuelo semanal a una ciudad extranjera de cualquier país y a un número limitado de líneas internacionales operar tan solo una ruta cada 7 días a una ciudad china. Esta medida ha supuesto una caída del 90% del servicio ofrecido por los aviones procedentes del exterior.

Tras conseguir mantener la tasa de infección en mínimos y con el fin de aumentar la conectividad, el 8 de junio China dio un primer paso hacia la relajación de las restricciones a través de un sistema de recompensas y penalizaciones. Bajo el nuevo protocolo, se ha ampliado el número de compañías aéreas internacionales que pueden operar vuelos semanales. Si entre cinco y nueve pasajeros dan positivo por COVID-19 tras su aterrizaje, la aerolínea tendrá que suspender la ruta durante una semana. Si el número asciende a 10, el parón se prolongará durante cuatro. La otra cara de la moneda es el incentivo que se obtiene cuando durante 21 días consecutivos no se registre ningún pasajero contagiado en el mismo avión y el mismo trayecto, momento en el que se permitirá aumentar las operaciones a dos vuelos semanales.

No obstante, este cambio no surge de la nada, sino que es resultado de ese “tira y afloja” que caracteriza la diplomacia entre las dos principales potencias económicas mundiales. A principios de junio Estados Unidos emitió una orden suspendiendo la entrada de las aerolíneas chinas, a lo que Pekín respondió siendo más permisivo con las compañías internacionales, medida que propició que Washington modificase más tarde la regulación.

En un momento en el que se reclama a Europa la necesidad de que asuma y desempeñe con firmeza un papel geopolítico de equilibrio entre las dos fuerzas, la apertura de fronteras se presenta como la oportunidad perfecta para darle un nuevo toque a China. Desde el 1 de julio, los límites de la Unión Europea están abiertos para 15 países considerados “seguros”, pero, a pesar de que China figure en dicha lista, la entrada de sus nacionales al espacio Schengen continúa sin hacerse efectiva, a la espera de que haya reciprocidad. Quizá sea esta llamada la que termine con meses de incertidumbre.