La española no es la única justicia que en Europa se imparte en nombre del rey. El caso más conocido es el de los tribunales británicos, que dictan sus resoluciones en nombre de Su Graciosa Majestad. La diferencia es que nadie en aquella cultura política, por conservador que fuera, asociaría esa referencia a la cabeza del Estado con nada que no fuera el fin que lo legitima: la defensa de un sistema basado en las libertades civiles. 

El conservadurismo español, sin embargo, tiende a considerar el Estado como un fin en sí mismo. Y por eso, cuando hay jueces que reclaman administrar todavía hoy la justicia en nombre del rey, y exigen airados recibir los despachos de su mano, no solo debemos contemplarlo como un rito simbólico y muy significativo de lo que culturalmente reclaman como identidad: se trata de un gesto de hondo calado constitucional, que les lleva a verse como servidores del Estado, no de la ciudadanía. Lo que no es sino el correlato autoritario de una visión de esa ciudadanía como cliente de servicios, más que sujeto soberano del Estado y fuente última de su legitimidad.

Por esa razón resulta imprescindible reivindicar, frente a las injerencias del poder político, la independencia del poder judicial como instrumento al servicio de la ciudadanía. Un Poder Judicial que no es único, porque se encarna en cada persona que tiene que juzgar un caso. Tan peligrosa puede ser la presión puntual de quien busca coaccionar a quien juzga para que falle en su favor, como la creación de un sistema organizado en el que quien juzga “ya sabe lo que tiene que hacer” si quiere hacer carrera. 

Por otra parte, la carrera judicial es mayoritariamente conservadora, ya sea por convicción, por extracción social y porque el derecho en sí es reticente a los cambios poco reflexionados o rápidos, lo que genera un tipo de mentalidad cautelosa. La mayoría de las democracias conviven sin problemas con este hecho, y establecen mecanismos de corrección en los que de una u otra manera se asegura la representatividad social derivada de la legitimidad del voto popular. No otro significado tiene la afirmación constitucional de que la justicia emana del pueblo. No puede haber un poder judicial desconectado de la sensibilidad social en una materia, lo que no obsta para armonizarla en todo momento con el respeto escrupuloso a la técnica jurídica. Así ha ocurrido, afortunadamente, con una reivindicación tradicional de la sociología jurídica feminista, como es la incorporación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales. Y es que no corregir estas situaciones supondría   una desafección ciudadana con su sistema de justicia, con un servicio público que supone garantías fundamentales en un estado de derecho. 

Por eso no es posible un consejo monocolor, como ocurriría si los jueces y juezas se eligieran entre ellos actualmente. Lo que ha ocurrido es que tras la reforma de la LOPJ efectuada por el ministro Gallardón, el sistema de nombramientos y cooptación que propició llevó al sector más conservador y a veces reaccionario de la judicatura a copar sus órganos de gobierno, amparándose en el ejercicio de una independencia cuyo concepto han pervertido. Y cuando el poder legislativo, singularmente desde el año 2018, ha tratado de revertir esta situación, se ha encontrado una y otra vez con el bloqueo de estos mismos sectores a quienes esta situación favorece: asegura sus cargos, sus carreras y su interpretación particular de lo que tiene que ser el Estado con mayúsculas, no por supuesto el Estado de Derecho ni el Estado de los derechos fundamentales. Se ha hecho de la excepción la norma, se han tomado decisiones inéditas y se ha llegado a involucrar al Tribunal Constitucional, que no es un órgano perteneciente al poder judicial para que impida legislar a las cámaras, depositarias de la soberanía popular.

El pasado día 20 de diciembre recogíamos en nombre del Gobierno de Navarra el premio a la calidad de la justicia de manos del Consejo General del Poder Judicial con presencia de las más altas instancias judiciales. Además de agradecer el premio, recordé que en espacios de gobernanza compleja como es la Administración de Justicia, no cabe otra opción que el diálogo permanente, el acuerdo y el respeto mutuo y recíproco a las funciones de cada uno, porque el Poder Judicial no puede convertirse de facto en legislador por encima o en contra de la soberanía popular y porque no es admisible que pueda haber personas en el Poder Judicial que se dejen seducir por estrategias partidistas o ambiciones personales, perdiendo no sólo la neutralidad sino la apariencia de imparcialidad.

Porque tenemos una mayoría de personas dentro del Poder Judicial, y no sólo jueces y juezas, sino fiscales, letrados y letradas de la Administración de Justicia, abogacía, procura, gestores procesales, auxiliares, ciudadanía, que todos los días se levantan y hacen su trabajo con profesionalidad, necesitamos un Consejo renovado que los represente a todos y todas, necesitamos que una minoría en posiciones de poder vuelva a posiciones de cordura, que recuerde a quién sirve y para quién ejerce sus responsabilidades antes de que las instituciones sufran un deterioro mayor del que ya tienen. Cuanto antes mejor. Nunca fueron tiempos buenos para jugar con algunas cosas, pero ahora menos.

Eduardo Santos es consejero de Políticas Migratorias y Justicia; y Rafael Sainz de Rozas es director general de Justicia del Gobierno de Navarra.

La justicia restaurativa es una de las grandes apuestas del Gobierno de Navarra desde el arranque de la legislatura. Ante todo, por los valores que incorpora a la hora de resolver los conflictos por los que la ciudadanía acude a nuestros juzgados y tribunales; pero además, la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto hasta qué punto los sistemas de mediación, que hemos seguido ofreciendo e incluso reforzado para apoyar a las parejas separadas, representan una opción eficaz para agilizar el servicio público de Justicia. Un servicio que se ha mantenido activo durante el estado de alarma, y cuyo buen funcionamiento será determinante en el nuevo periodo que se abre tras su finalización.

Los valores a los que nos referimos no son otros que los del diálogo, la palabra, el acuerdo y el consenso. Se trata, sin duda, de actitudes más necesarias que nunca en nuestra sociedad, pero su relevancia va más allá. Y es que la introducción del paradigma restaurativo en el servicio público de Justicia no surge de una ingenua confianza en la buena voluntad de unas personas, sus usuarias, cuyos intereses en conflicto no siempre es posible –ni sería justo- conciliar. La tarea de nuestro sistema de Justicia no es resolver sus diferencias de cualquier forma, sino de modo que prevalezcan los principios que la ley recoge como base de la convivencia; y en el ámbito penal, asegurándose de que los ataques más intolerables contra esos principios encuentren la respuesta legal que resulte proporcional al daño causado, así como eficaz para la prevención de futuros delitos. 

Con demasiada frecuencia, sin embargo, esa tarea no se cumple sino de forma muy parcial. Son demasiadas las ocasiones en que nuestro sistema de justicia, tal como está concebido, muestra una excesiva lentitud y formalismo, o adolece de falta de los medios adecuados para ponderar el cúmulo de factores, a veces contradictorios, que componen la siempre compleja realidad. Ello hace que el recurso a los tribunales, por causas más estructurales que coyunturales, resulte muchas veces insuficiente, cuando no disfuncional, para hacer frente al modo en que dicha realidad incide sobre los derechos de las personas, y en particular de las víctimas.

Así se pone de manifiesto en todos los países de nuestro entorno cultural y de valores, que por ello vienen revisando desde finales del siglo XX sus mecanismos tradicionales de Justicia para complementarlos, sin merma de las garantías procedimentales y la seguridad jurídica, por medio de sistemas de resolución de conflictos orientados a la reparación del daño causado a través de una relación dialogada entre las partes, con participación de la comunidad. 

Se busca con ello incidir sobre las causas estructurales que subyacen a muchos de los pleitos que la ciudadanía plantea ante los tribunales, evitando su cronificación. Y en el ámbito penal facilitar que los victimarios, más allá del cumplimiento de su condena, asuman su responsabilidad no solo ante la sociedad sino también ante la víctima que,  de ser mero testigo, pasa a sentirse escuchada y atendida en sus necesidades, para constituirse en protagonista del proceso. En este sentido, las experiencias en mediación penal ponen de manifiesto algo que ya venían apuntando las investigaciones victimológicas: la generosidad de las víctimas al afrontar el proceso y que sus intereses principales son la reparación, la restauración de la situación anterior al delito y la resolución del conflicto hacia el futuro. 

Este enfoque, por otra parte, propicia que las políticas públicas de atención a las víctimas no respondan al impacto social o mediático del hecho que les ha convertido en tales, sino a una respuesta planificada e integral de la problemática en que se encuentran, basada en datos y análisis cualitativos que permitan conocer la magnitud del fenómeno sobre el que se pretende intervenir. Una respuesta que además no puede ser uniforme, sino que debe adaptarse dependiendo de la vulnerabilidad que el hecho delictivo haya puesto de manifiesto, en atención a factores como el género, la extranjería, la integración social o la salud.

La calidad democrática de un sistema está asociada con la existencia de una relación dialogada entre sociedad y poderes públicos. Para ello es necesario que ofrezca la posibilidad de detectar carencias y disfunciones en el sistema de garantías, y en particular en los mecanismos de los que éste se dota para atender a las personas que, en su interacción social, han visto atacados sus derechos o legítimos intereses. Pues bien, en un momento tan crucial como el presente para nuestra cohesión como sociedad, esa capacidad debe formar parte de nuestra nueva normalidad. En ello está empeñado el Gobierno de Navarra, con el fin de que nuestro sistema de Justicia resulte, en definitiva, no solo más ágil, sino también más justo, más vivible, más humano.

*Rafael Sainz de Rozas es director general de Justicia del Gobierno de Navarra.*Rafael Sainz de Rozas