Los agricultores europeos se sienten maltratados y quieren que lo sepamos. Algunas de las acciones concretas que están llevando a cabo para ello pueden ser, desde luego, muy discutibles, pero, en lo básico, lo que buscan es hacerse oír por unas sociedades mayoritariamente urbanas para las que son invisibles, y hacernos ver las dificultades por las que atraviesan y las consecuencias que eso puede tener para todos.

Las razones que los agricultores tienen para quejarse son muchas y tienen causas complejas. Sin embargo, la idea que más se está trasmitiendo sobre las protestas de los últimos días es que lo que les tiene asfixiados es la regulación ambiental comunitaria. En su versión más pedestre, casi zafia, este razonamiento viene a sugerir que los “burócratas de Bruselas” se están sacando de la manga unas normas ambientales caprichosas que no valen para nada y que sólo consiguen restar competitividad al sector. Por supuesto, algunos grupos políticos populistas, tratando de pescar en río revuelto, amplifican estos razonamientos simplistas y aprovechan para llevarlos a extremos rayanos en el negacionismo climático y ambiental. Pero, ¿se puede afirmar que son las regulaciones ambientales europeas el principal problema de los agricultores? 

La agricultura es una actividad que se desarrolla directamente sobre los agroecosistemas y por ello conlleva unos riesgos ambientales elevados. De las buenas prácticas agrícolas y ganaderas depende el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de la fertilidad de los suelos, el nivel de los acuíferos subterráneos, la buena salud de muchos ríos, los niveles de contaminación por nitratos o por purines y la mayor o menor emisión de gases de efecto invernadero, especialmente de metano. Y los encargados de llevar a cabo esas buenas prácticas son los agricultores, a los que se les suponen los conocimientos y la experiencia necesarios para realizar unos manejos que, si son adecuados, garantizan la conservación de los ecosistemas y pueden contribuir de una manera sustancial a la transición ecológica y a la lucha contra el cambio climático. 

El dilema está en qué papel queremos que cumplan los agricultores en la sociedad europea actual. ¿Queremos un agricultor que produzca con una mayor conciencia, preocupado por la calidad nutricional de los alimentos y que al mismo tiempo ejerza funciones de “cuidador del medio”, minimizando las prácticas de riesgo que pueden deteriorar los agroecosistemas, o queremos simplemente un modelo de agricultor-productor que proporcione alimentos abundantes y baratos, cumpliendo sólo los criterios mínimos de sanidad alimentaria aunque a veces sean insípidos y aunque sea a costa de contaminar el medio o de agotar los acuíferos?

Las prácticas específicas de los agricultores no dependen sólo de sus decisiones individuales, sino que están totalmente mediatizadas por el contexto socioeconómico en el que operan. Hace mucho tiempo que los agricultores europeos dejaron de ser campesinos en el sentido tradicional del término para pasar a ser empresarios agrícolas con niveles de propiedad y de capitalización muy variados, pero dependientes del mercado. Primero, tienen que adquirir en unos mercados globalizados la maquinaria, las semillas o los fertilizantes que necesitan para su actividad y, después, venden sus cosechas a comercializadoras y distribuidoras que, a su vez, colocan esos productos en mercados también globales. Y una parte no despreciable del problema de esos empresarios agricultores es que, en sus transacciones, se encuentran en una posición de clara desventaja negociadora. De un lado, unas pocas multinacionales controlan la producción de semillas, fertilizantes y agroquímicos, y unas pocas más las de maquinaria agrícola, manteniendo una posición que en algunos casos se acerca al oligopolio y que les da un enorme poder para imponer sus precios. De otro, las comercializadoras y la gran distribución están también en manos de grandes empresas que compiten entre ellas a base de reducir los precios en los lineales de los supermercados, a costa muchas veces de pagar poco y a destiempo a los productores. Entre medio, los pequeños y medianos agricultores operan con grandes dificultades y dependen de líneas de crédito y de subvenciones para poder mantener su actividad.

En este contexto mercantil complicado, los agricultores reciben mensajes contradictorios sobre las funciones que la sociedad espera de ellos, y probablemente muchos no tienen claro qué carta deben jugar. La Unión Europea lleva un tiempo apostando, si bien de forma no muy decidida, por el agricultor “cuidador del medio”, y remunerando a través de las subvenciones de la PAC las funciones de protección frente a las funciones meramente productoras. La idea en sí es coherente, aunque probablemente las formas específicas de hacerlo no han estado bien diseñadas y han devenido en una maraña burocrática que seguro que tiene un amplio margen de mejora y simplificación. Pero, al mismo tiempo, la gran industria de la que los agricultores dependen tanto en sus compras como en sus ventas reclama otra cosa.

El negocio de las grandes empresas de maquinaria o de fertilizantes y fitosanitarios está en vender cantidades ingentes de esos productos a los agricultores, y un cambio hacia modelos de producción más verdes y menos dependientes de fósiles o químicos puede afectar negativamente a su cuenta de resultados. Las grandes distribuidoras, por su parte, no están dispuestas a remunerar las funciones protectoras de los agricultores, porque eso repercutiría en pagar precios más altos que chocan con su modelo de negocio. Al igual que ocurre con las petroleras, no parece que las grandes agroindustrias estén muy dispuestas a facilitar una transición ecológica que ponga en riesgo sus beneficios, a menos que sean ellas quienes impongan el ritmo y la profundidad de los cambios. 

La agricultura europea es un caso paradigmático de las contradicciones del capitalismo regulado actual. Hoy por hoy los mercados no tienen capacidad para fomentar unas prácticas que prioricen la buena conservación de los agroecosistemas, y por ello parece adecuado que las instituciones públicas corrijan ese fallo de mercado estableciendo subvenciones a cambio del cumplimiento de prácticas sostenibles. Sin ninguna duda, las regulaciones específicas y la forma de controlar y repartir las subvenciones deberán mejorar. Pero focalizar el problema agrario en las medidas ambientales comunitarias como si fueran el enemigo a batir, distorsiona más que aclara, y hace el caldo gordo a esa gran industria que con sus formas de operar tiene mucho más que ver con los agobios reales de los agricultores.   

Todas las guerras, también las inevitables, son por definición un cúmulo de desastres. Suponen el triunfo de la violencia sobre el diálogo, de la fuerza sobre la razón, del fanatismo y el fundamentalismo sobre la reflexión, y tienen siempre algo de fracaso colectivo que traumatiza incluso a los vencedores. Goya, uno de los primeros pintores de la modernidad lo vio claro, y al tratar la guerra que le tocó vivir, lejos de mostrar la supuesta grandeza de los reyes y los generales que mandaban los ejércitos, prefirió plasmar el sufrimiento y la barbarie generadas por el conflicto en una serie de grabados que aún hoy, doscientos años después de ser pintados, producen escalofríos. 

Como podemos ver estos días en algunas de las imágenes que nos llegan desde Ucrania, el primer desastre de la guerra es, sin duda, el dolor que genera en los seres humanos afectados. Muertes, pérdida de los seres queridos, desaparición en un segundo de la casa y de las pertenencias de toda una vida, hambre, frío, privaciones, huida y exilio. Pero además de todo eso, las guerras provocan también desastres medioambientales que, aunque pasan muchas veces desapercibidos, son especialmente dañinos porque además de agravar los efectos negativos pueden hipotecar e incluso impedir la reconstrucción posterior.

La magnitud de los daños ambientales que genera una guerra es directamente proporcional a la capacidad de destrucción que tienen los ejércitos en liza. Y en esto, las guerras de los siglos XX y XXI han marcado una clara diferencia con cualquier otro conflicto anterior. La gran Guerra iniciada en 1914 fue la primera que enfrentó a grandes potencias industrializadas, que reorientaron toda su capacidad productiva hacia la destrucción del enemigo. El enfrentamiento fue tan brutal que además de generar más de cuarenta millones de muertos transformó para siempre el paisaje de las zonas del noreste francés donde se enquistaron los frentes, cuyos suelos siguen siendo aún hoy inútiles para la agricultura por su alto grado de contaminación. 

A partir de ahí, los desastres ambientales de las guerras no han dejado de crecer. La Segunda Guerra mundial, además de doblar el número de muertos de la Primera, incrementó sustancialmente sus efectos ambientales, por ejemplo, con la sobreexplotación de los recursos de muchas zonas ocupadas por el ejército Nazi, o con el hundimiento de miles y miles de toneladas de armamento en el mar del Norte o en el área marítima de Hawái, con efectos nocivos para los ecosistemas marinos que siguen persistiendo hasta ahora. Y eso sin olvidar, claro está, las terribles consecuencias ambientales de las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón, con la devastación total, la contaminación radiactiva y hasta las mutaciones genéticas que generaron. 

Si nos centramos en algunas de las guerras posteriores, se ha calculado, por ejemplo, que, en Vietnam, la utilización de napalm y de agente naranja arrasó 100.000 hectáreas de bosque y 150.000 de manglares, inutilizando además la mitad de la superficie agrícola del país. Más recientemente, parece que los ciclos bélicos sufridos por Afganistán desde la invasión soviética de los años ochenta hasta la reciente retirada de EEUU, han sido responsables de la desaparición de entre el 50 y el 95 por cien, según zonas, de los bosques existentes en el país, con los consiguientes problemas de erosión y de pérdida de recursos para la población.  

Desde finales del siglo XX, y no por casualidad, las guerras más sonadas se vienen librando en zonas que cuentan con grandes yacimientos de petróleo o de gas, o en áreas que son estratégicas para hacer llegar esa energía a los grandes centros consumidores a través de gasoductos o de oleoductos. Y eso ha incrementado los efectos ambientales con el bombardeo o la destrucción de infraestructuras y pozos petrolíferos, y con la generación de mareas negras a gran escala. Algunos cálculos recientes señalan que solo en 1991, la Guerra del Golfo incrementó las emisiones globales de CO2 en más de un 2%. 

Como es obvio, la producción y el mantenimiento de armas, vehículos, barcos y aviones militares cada vez más potentes y, por supuesto, la enorme escala de las operaciones bélicas, también tienen sus consecuencias ambientales. Aunque la industria del armamento presume de ser puntera tecnológicamente, hoy por hoy la energía fósil sigue siendo la sangre vital de los ejércitos, y eso hace que la huella de carbono del entramado militar sea extremadamente alta. En el caso de Estados Unidos, país del mundo que más recursos destina a defensa, en 2019 un estudio de la Universidad de Boston cuantificó las emisiones imputables al aparato de guerra estadounidense para el periodo comprendido entre 2001 y 2017 en más de 1.200 millones de toneladas equivalentes de CO2. Solo en ese último año la huella de carbono de las actividades militares del Pentágono fue superior a la generada por algunos países industrializados como Suecia o Dinamarca. Aunque no hay datos sobre las huellas de carbono de los ejércitos de China o de Rusia, todo hace pensar que serán también proporcionales a su enorme gasto militar.     

Según esto, aunque todavía es pronto para saber qué consecuencias ambientales tendrá la guerra de Ucrania, se percibe ya un efecto indirecto que puede ser demoledor. El conflicto está resucitando una corriente pro-gasto militar que muy probablemente se traducirá en un proceso de rearme a gran escala y que, en términos ambientales, supondrá el reforzamiento de industrias y actividades con una enorme huella de carbono. Y si el ruido de los tambores de guerra nos impide oír advertencias como las del IPCC que nos recuerdan la necesidad acuciante de frenar las emisiones para evitar los efectos de un cambio climático que ya está aquí, el necesario proceso de descarbonización se ralentizará aún más. Actuar contra la agresión de Putin es sin duda imprescindible, pero si lo hacemos a base de sostener y ampliar un modelo que se ha mostrado inútil para frenar el deterioro climático y ambiental, estaremos, simplemente, retroalimentando y acelerando a través de los desastres de la guerra el declive de nuestra civilización. 

Las intervenciones públicas del ministro de Consumo quizás puedan ponerse en solfa si se analizan en exclusiva desde el punto de vista de la estrategia política, pero caben pocas dudas de que sus declaraciones tienen capacidad para sacar a la luz debates que evidencian algunas de las contradicciones de una sociedad como la nuestra, que necesita ir cambiando el modelo productivo y social para amoldarlo a la transición ecológica y que, en consecuencia, debería discutir públicamente cómo afrontar ese enorme reto. El de la ganadería y el consumo de carne es, sin duda, uno de ellos.   

Por eso precisamente resultan descorazonadoras las reacciones que se están suscitando frente a un tema como este. De un lado, los sectores conservadores se rasgan las vestiduras ante el mero hecho de que se pueda abrir una discusión, cogen el rábano por las hojas retorciendo y manipulando las declaraciones del ministro para hacer sangre política, y se erigen en firmes defensores de los ganaderos, como si todos los implicados en ese sector constituyeran un bloque monolítico con los mismos intereses. De otro lado, sectores del progresismo prefieren eludir el asunto, probablemente para no incomodar a algunos lobbies poderosos, y para ello tiran balones fuera con afirmaciones a veces más propias de monólogos del Club de la Comedia que de foros de discusión socio política seria. La referencia del presidente del Gobierno en su momento al chuletón al punto como toda respuesta a la problemática del consumo de carne, o sus lamentos frente a las declaraciones de su ministro, son pruebas de cómo se evita entrar en el fondo de la cuestión, sustrayendo así a la ciudadanía un debate que podría ser muy útil. 

Si pese a todo entramos en el tema de manera seria, una primera idea que parece razonable al respecto es que la política ganadera debería afrontarse como parte inseparable de la transición ecológica que necesitamos llevar a cabo. Considerar que esa transición tiene que ver solo con el consumo energético sería un error, ya que para ir consolidándose requiere cambios mucho más amplios en el modelo productivo. Y en esos cambios los sectores agrícola y ganadero juegan un papel fundamental, no tanto por la importancia que tienen en el PIB, que no es muy grande, como por sus profundas implicaciones territoriales, alimentarias y sociales. Sería exigible por tanto a cualquier gobierno que coordine las acciones de todos los ministerios implicados en estos menesteres, para que las acciones que se vayan tomando no sean contradictorias. 

En este marco general, el principal criterio para regular los diferentes tipos de granjas debería ser el de la sostenibilidad entendida en su sentido básico, es decir, la exigencia rotunda a todas y cada una de las explotaciones ganaderas para que cubran sus objetivos presentes de producción sin promover una sobre explotación de los recursos o un deterioro ambiental o social que comprometa el futuro de las áreas en las que están operando.   

En el caso de la producción ganadera, esa sostenibilidad depende principalmente de la imbricación que la actividad tenga en el territorio y del uso que haga del mismo, algo que a su vez está estrechamente relacionado con el número y el tamaño de las explotaciones. La ganadería extensiva que cría ganado al aire libre utilizando como alimento los prados y los montes está muy acoplada, por su propia naturaleza, al espacio en el que se desarrolla, y siempre que mantenga un tamaño adecuado para evitar la sobre explotación de los pastos, contribuye a un buen manejo del territorio, generando además actividades que ayudan a fijar población. Caben pocas dudas de que esa ganadería debe ser apoyada y fomentada no solo por la calidad de los productos que genera, sino también por su papel en aminorar los problemas de la España vacía. 

Pero si somos realistas tenemos que admitir que la ganadería extensiva por sí sola no es suficiente para cubrir las necesidades de carne y de otros productos animales, de tal forma que, guste o no, necesitamos granjas intensivas. Precisamente por ello, es necesario establecer reglas claras que delimiten el número de explotaciones y el tamaño de las mismas, y que compatibilicen la producción con los aspectos ambientales y sociales del territorio. Producir en intensivo puede ser perfectamente compatible con la sostenibilidad siempre que las cosas se organicen de manera adecuada respetando unos límites. Garantizar seriamente esa compatibilidad debería ser la función prioritaria de una buena política ganadera.  

En este contexto no parece descabellado afirmar que el modelo que desentona claramente con esta visión de las cosas es precisamente el de las macrogranjas, ya que son explotaciones que se guían por unos criterios totalmente ajenos al territorio en el que se insertan. Su principal objetivo es conseguir economías de escala que permitan reducir los costes de producción para ganar competitividad en los mercados alimentarios. Pero esa lógica meramente económica choca frontalmente con los límites razonables de la sostenibilidad tanto ambiental como social. A la sobre explotación de recursos locales (agua, especialmente) y a la generación de ingentes cantidades de residuos imposibles de asimilar por los ecosistemas circundantes, hay que añadir la escasa generación de trabajo derivada de su alta mecanización, la feroz competencia que esos gigantes hacen a los pequeños productores locales, además de su incompatibilidad con otras actividades que ayuden a fomentar el desarrollo rural.   

Una política ganadera que se quiera insertar en la transición ecológica y que tenga como guía básica la sostenibilidad del mundo rural es, sin duda, muy compleja de implementar. Precisamente por eso requiere debates profundos de los que puedan salir consensos sociales para actuar. No es una tarea fácil, pero evitar la discusión saliendo por peteneras para no molestar a los lobbies de turno, no parece ser el mejor camino para conseguirlo. 

Estos últimos días ha saltado a la prensa la carta que la cadena alemana de supermercados Aldi ha enviado a los productores agrícolas del Campo de Cartagena, pidiéndoles cuentas sobre los efectos que su manera de producir está teniendo en la contaminación del Mar Menor, y advirtiéndoles de que las violaciones medioambientales que se están produciendo en la zona pueden ser incompatibles con la política corporativa de la compañía, y podrían tener consecuencias.

Las reacciones a esa misiva han sido variadas. Los productores y las instituciones murcianas han optado por la técnica del avestruz, enterrando la cabeza para no recordar los peces muertos que hace poco flotaban en las aguas del Mar Menor, y asegurando que en esa región todos cumplen escrupulosamente con la legalidad establecida. Desde otros ámbitos, la reacción ha sido muy favorable al comportamiento de Aldi, convirtiendo a la compañía en adalid de responsabilidad ambiental y considerando su acción como un ejemplo que otras empresas deberían seguir. Pero ¿debemos quedarnos sólo en estas primeras capas del problema? 

El modelo de crecimiento agrícola basado en el regadío que Murcia está siguiendo en las últimas décadas suele venderse como la historia de un éxito. Desde los años 80 la superficie destinada a invernaderos en riego se ha multiplicado por más de 6; y la dedicada a frutales regados, por más de 8. Sobre esa base, el sector agrario de la región ha crecido hasta convertirse en uno de los principales exportadores de frutas y hortalizas hacia mercados europeos, con una presencia especial en Alemania, que compra más de una cuarta parte de lo exportado por Murcia. En el caso concreto del Campo de Cartagena, los estudios disponibles dicen que la producción agraria representa nada menos que un 37% del PIB de la comarca y que genera más de 47.000 empleos fijos.  

Si ampliamos el foco de análisis, lo que estas cifras sugieren es que la agricultura murciana se ha ido adaptando a uno de los modelos en boga de producción alimentaria global. Los agricultores de la región, organizados en empresas de tamaño mediano y pequeño, adquieren las semillas, los fertilizantes y los plaguicidas en un mercado controlado por unas pocas multinacionales, y venden las frutas, las verduras y las hortalizas a las compañías de distribución, que normalmente son bastante mayores y que en consecuencia les pueden marcar los precios que a ellas les convienen. Atenazados entre quienes les venden los insumos y quienes les compran el producto, los agricultores se ven obligados a forzar la máquina para mantenerse en medio de ese mercado global que no controlan.   

En ese contexto, la presión que ese tipo de agrobusiness genera tanto en Murcia como en otros territorios, va indisolublemente asociada a dos fallas muy considerables. La primera de ellas es de carácter social, y se deriva de que producir a los precios baratos que exige el mercado requiere pagar salarios muy bajos para trabajos físicamente muy duros, que sólo la mano de obra inmigrante, a veces sin papeles siquiera, está dispuesta a realizar. Los problemas de integración y de convivencia social que la concentración de este tipo de trabajadores puede generar en lugares que no están preparados para ello son evidentes, y las opciones políticas de carácter xenófobo y autoritario saben aprovecharse de ello. Que Vox sea primera fuerza política en Murcia no es algo ajeno a este problema.

La segunda falla tiene que ver con la sobrexplotación del medio. Paradójicamente, Murcia, que es una región ambientalmente seca, se ha especializado en una actividad intensiva en agua, y como es obvio, eso impone, guste o no, límites al crecimiento de la producción de regadío. Pero los incentivos de mercado para producir y exportar han pasado por alto este pequeño detalle y han guiado un crecimiento exponencial que, además, ha hecho la vista gorda a los usos respetuosos del suelo. En concreto, la expansión del regadío ha ido asociado a un uso de fertilizantes que cabe caracterizar de desmedido. 

Una tesis leída en 2017 en la Universidad Politécnica de Cartagena y basada en ensayos realizados sobre el terreno advertía de la enorme sobre fertilización a la que estaba sometida la agricultura de la región, y señalaba que los aportes de nitrógeno se podían reducir hasta en un 50% sin merma de la producción y con el consiguiente ahorro de dinero. Explicar ese uso irracional de químicos no es fácil ¿Presión de las empresas de semillas y fertilizantes para vender más? ¿Falta de información o de formación de los agricultores para usar adecuadamente productos químicos nuevos? ¿Mala regulación? ¿Indicaciones técnicas inadecuadas por parte de los servicios agrarios? Sea como sea, el resultado se ha visto claramente en forma de sopa verde y peces muertos en el Mar Menor.

Aldi, como gran empresa de distribución alimentaria no es ajena ni mucho menos al modelo de agrobusiness. La compañía está teniendo en los últimos años una estrategia de crecimiento en España que los medios económicos tildan de agresiva, y que consiste en la apertura de un número muy considerable de nuevos centros con el reclamo de ser una empresa pionera en el descuento. Eso está obligando a otras empresas a entrar en una guerra de precios a la baja para competir, que con toda seguridad repercutirá en los precios que perciben los agricultores y ganaderos de este país, y que muy probablemente obligará a forzar la máquina del trabajo barato y de la sobre explotación del medio.  

Resulta loable que empresas como Aldi se preocupen por los problemas del Mar Menor y que exijan a sus proveedores que sean respetuosos con el medioambiente. Pero puestos a lucir responsabilidad social corporativa, quizás la empresa debería plantearse el conjunto del modelo que está promocionando, cambiar sus estrategias de crecimiento, y hacer todo lo posible porque los agricultores y los trabajadores del campo perciban los precios justos por su trabajo. Con seguridad, eso facilitaría también unas mejores prácticas agrícolas y ambientales. 

Aunque sabemos poco sobre ellas, las macrogranjas llevan años creciendo. Las cifras sobre su tamaño impresionan. Algunas de porcino llegan a concentrar 2.000 cerdas madres para la cría; una granja lechera en Caparroso (Navarra) opera con unas 5.000 vacas y tiene planeado incrementar el número por encima de las 7.000. Es la misma empresa que ha presentado un proyecto para construir en Noviercas (Soria) una granja para más de 23.000 reses. Las cifras se disparan en el caso de las granjas avícolas que, en algunos casos, gestionan la producción de más de 200.000 animales. ¿A qué se debe esa voracidad de crecimiento? 

La clave de la ganadería intensiva está en concentrar a los animales en instalaciones preparadas y aportarles las cantidades necesarias de alimento, de agua y de suplementos, para que la producción por cabeza se incremente todo lo posible en un tiempo previamente determinado. Las medicinas y antibióticos son imprescindibles para minimizar las enfermedades y contagios. Los piensos compuestos modernos con mezclas cada vez más sofisticadas, son también fundamentales. Se trata, en definitiva, de combinar tecnologías y tiempos para estandarizar al máximo la cría, el engorde o la producción de carne, de leche o de huevos, a base de aplicar a los animales la lógica organizativa propia del fordismo. Las llamamos macrogranjas, pero en realidad son factorías que tienen mucho más que ver con sistemas de organización industrial y de logística que con granjas propiamente dichas. 

El enorme entramado ganadero intensivo que se ha ido creando en España en las últimas décadas ha sido controlado desde su momento fundacional en los años sesenta por las multinacionales. Los granjeros propiamente dichos han sido en realidad actores secundarios. Es cierto que aportan el espacio físico de producción y, sobre todo, el trabajo. Pero su función intermedia queda supeditada, por un lado, a las grandes empresas que les proveen de los medios necesarios para organizar y mantener la actividad y, por otro, a las empresas no menos grandes que controlan la distribución alimentaria y que son quienes establecen los precios de venta de los productos. 

En la actualidad, el incremento de la producción animal va acompañado claramente de una reducción del número de granjeros y de granjas, a la par que crece su tamaño. Esto es así porque ampliando el número de animales por explotación e introduciendo sistemas técnicos cada vez más complejos y automatizados se intentan conseguir economías de escala que permitan mantener la posición en los mercados nacionales y globales, ofertando productos lo más baratos posible. Por eso las grandes empresas presionan, directa o indirectamente, para fomentar el modelo de macrogranjas, que es el que se ajusta a esos objetivos. 

Ese interés mercantil, sin embargo, confronta claramente con límites muy variados. El primero de ellos es de tipo económico. El fuerte incremento de la producción animal española está basado en el crecimiento de unas exportaciones que no es seguro que se puedan mantener en el futuro. Esto es especialmente claro en la producción de carne de cerdo, que supera en más del doble el consumo nacional y que se exporta en grandes cantidades, especialmente a China. No es descartable que este boom exportador se pueda convertir en una auténtica burbuja porcina si, como parece que está empezando a ocurrir, China incrementa su producción propia y va disminuyendo sus compras al exterior.

Pero más allá de eso están los límites ambientales, según ha calculado la Confederación hidrográfica del Duero, las 23.000 vacas de la granja propuesta para Noviercas consumirían la friolera de 24 litros de agua, ¡por segundo! Parece que la cuenca, sencillamente, no dispone de esos recursos y por eso, de momento, el permiso está paralizado, pero además del consumo desmesurado de recursos está el problema de los residuos que las macro granjas ya existentes generan. Se trata de un problema grave porque, pese a lo que digan las empresas, es muy dudoso que se puedan reciclar sin causar una sobrecarga dañina para el territorio y para los acuíferos circundantes a las grandes explotaciones.   

Y están también los límites sanitarios. Es cierto que, por el momento, la tecno-biología y la veterinaria están consiguiendo controlar las epidemias animales generadas en el marco de la ganadería intensiva. Pero las vacas locas, la gripe aviar o la peste porcina son peligros que han existido y, en algunos casos, siguen existiendo. Parece obvio que la alta concentración de animales en macro granjas aumenta los peligros potenciales y, ahora que hemos conocido de primera mano los efectos que puede tener una pandemia descontrolada, parecería más prudente no jugar con fuego y adoptar un principio de precaución.      

Frente a todo esto, la gran baza que los partidarios de las macrogranjas están utilizando últimamente es que sirven para detener la preocupante despoblación rural. Sin embargo, el argumento resulta poco convincente. Según las mediciones de un estudio recién publicado por Ecologistas en Acción, entre los años 2000 y 2020 los pueblos de menos de 5000 habitantes que cuentan con explotaciones de ganadería intensiva han perdido más población que aquellos otros en los que no existen esas actividades.

Los resultados pueden ser coherentes si tenemos en cuenta que las macro granjas generan en realidad muy poco empleo a escala local al estar altamente automatizadas. Además, los efectos colaterales de la actividad con olores inevitables o con un abundante tráfico de camiones de carga y descarga pueden interferir negativamente en otras actividades complementarias como el turismo rural, y actuar justamente en la dirección contraria.            

Mientras no vayamos cambiando nuestros actuales patrones de consumo alimentario, eliminar la ganadería intensiva es un imposible. Pero eso no quiere decir que se pueda dar rienda suelta a su crecimiento, caiga quien caiga. El problema de guiarse exclusivamente por las economías de escala y la competitividad es que se pueden sobrepasar unos límites ambientales, de prudencia sanitaria y también de prudencia social que, aunque no quieran verse, están ahí, y convendría respetar para no causar daños quizás irreparables.

Desde que Bill Clinton lo utilizara en su campaña contra George Bush padre en las elecciones presidenciales de 1992, el slogan “es la economía estúpido” y sus variantes, han hecho fortuna como expresión para resaltar lo que, pese a ser evidente, no es percibido como tal por algunos de los afectados. Por eso, viendo las declaraciones y las decisiones que los líderes mundiales están barajando en el marco de la COP26, dan ganas de gritarles: “es el consumismo, estúpidos”. Y no con ánimo de insultar, sino simplemente de advertir algo que resulta obvio, pero que ni ellos ni, en general, la mayor parte de la ciudadanía reconocemos. Tenemos un elefante llamado consumo desmesurado dentro de la habitación, pero no queremos verlo.  

Una de las principales claves explicativas de la actual crisis climática que padecemos es que hemos convertido en normal un modelo económico en el que los países ricos consumimos muy por encima de nuestras necesidades, utilizando para ello unos sistemas de producción que generan emisiones y residuos muy por encima de las posibilidades de la naturaleza para asimilarlos. Consumir es necesario para sobrevivir y para alcanzar un grado suficiente de bienestar, pero caer en un consumismo irracional que convierte al propio consumo en objetivo vital prioritario, no solo no mejora nuestro bienestar, sino que nos perjudica al tiempo que deteriora el planeta y a las sociedades que lo habitan.   

Aunque se empieza a hablar de una economía circular que debe potenciar entre otras cosas la reutilización y el reciclaje, de momento seguimos instalados en una economía lineal en la que producimos, consumimos y desechamos en grandes cantidades a un ritmo cada vez más rápido. Instalados en una cultura de la abundancia, a poco que podamos sustituimos los objetos antes de que acabe su vida útil, en un ejercicio inconsciente de despilfarro. Lo hacemos con la comida y con la ropa, con los móviles, los ordenadores y los televisores. Las empresas nos incitan a ello ofreciéndonos constantemente productos con pequeñas mejoras tecnológicas que a veces son más aparentes que reales, pero caemos en la trampa. Y no es raro que quienes pueden abusen también del consumo energético usando de forma excesiva la calefacción o el aire acondicionado incluso a costa de alcanzar temperaturas muy poco naturales. Lo peor es que no parece que estos comportamientos nos hagan más felices, porque también el consumo de ansiolíticos y antidepresivos está disparado. 

Incluso la información que manejamos se ve afectada en parte por vicios consumistas. En este momento producimos y consumimos ingentes cantidades de mensajes y datos relacionados con la cumbre climática de Glasgow y con la necesidad de reducir emisiones para que la temperatura del planeta se mantenga dentro de unos límites razonables. Pero en unos pocos días habremos desechado la mayor parte de esa información y entraremos en la vorágine del marketing relacionado con el Black Friday, una de las bacanales consumistas a las que nos vemos empujados anualmente. ¿Alguien cree de verdad que este tipo de eventos son compatibles con una planificación seria de la reducción de emisiones?   

Tiene mucha razón el secretario general de la ONU Antonio Guterres cuando dice que nuestra adicción a los combustibles fósiles nos está llevando al abismo, pero sería importante dar un paso más y reconocer que el modelo imperante de consumo es una de las principales causas que retroalimenta esa adicción. Esta muy bien que los líderes mundiales acuerden, como han hecho, acabar con la deforestación y reducir las emisiones de metano. Pero sabemos que ambos fenómenos están indisolublemente asociados a escala global al mantenimiento de una ganadería intensiva que seguirá estando ahí mientras no reduzcamos el voraz consumo actual de carne, totalmente ajeno a nuestras necesidades fisiológicas. Es obvio que los intereses para ocultarnos ese tipo de links son muchos y poderosos, pero si no los desvelamos no atacaremos la raíz del problema, y las declaraciones bienintencionadas quedarán seguramente solo en eso.

Y si hablamos de consumo tenemos que considerar, por supuesto, la desigualdad. Según datos del Banco Mundial, en 2020 cada habitante de los Estados Unidos de América consumió de media en una sola semana lo que un habitante de la India consume en 11 meses, o lo que un habitante de Mozambique consume en dos años. Esos datos se corresponden, por supuesto, con grandes diferencias en la huella de carbono asociada a cada nivel de consumo. La desigualdad se traslada también al interior de cada país con consumos muy distintos según los diferentes niveles de riqueza. Está comprobado además que conforme se incrementa el nivel de ingresos, crece también la propensión a consumir productos con mayor contenido y necesidades energéticas. Dicho de otra forma, la responsabilidad de ricos y pobres a la hora de generar emisiones ligadas al consumo es muy distinta, y distintos deberían ser los esfuerzos exigidos a unos y otros a la hora de reducir sus respectivas huellas.  

Si queremos aminorar el incremento de las temperaturas debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, debemos actuar en muchos frentes. Los acuerdos de la COP26 pueden ayudar en algo, pero será necesario mucho más. Pensar que las energías limpias y el cambio tecnológico unido a las ayudas de los donantes nos van a sacar del atolladero dejando intacto todo lo demás, es una quimera. La transición ecológica requiere cambios profundos en las formas de producir, pero también de consumir y de distribuir la riqueza. Renunciar en lo individual al consumismo irracional y actuar en lo colectivo para promocionar un consumo menor, más consciente y responsable y mejor repartido, puede ayudar y mucho. La buena noticia es, además, que si lo hiciéramos bien, no solo estaríamos ayudando a frenar el cambio climático, sino que estaríamos mejorando también nuestra calidad real de vida.

La Ricarda se ha hecho popular en los últimos días. Se trata de una laguna situada en mitad del humedal del delta del Río Llobregat, aunque sería más exacto decir de lo que ha sobrevivido del delta, encajonado entre las dos enormes infraestructuras que son el puerto y el aeropuerto de Barcelona. Parece casi un milagro que en medio de esos mastodontes de cemento y al lado de una de las zonas urbanas más densamente pobladas del país se haya podido mantener un humedal con esas características. Los expertos nos dicen que está bastante degradado debido a la eutrofización que generan los fertilizantes de la agricultura intensiva colindante, y que está también acosado por la presión turística de proximidad. Pero que, pese a todo, sigue cumpliendo funciones ambientales imprescindibles como espacio de biodiversidad y como barrera frente a la salinización de lo que queda del delta. Ahora algunos proponen construir encima de la Ricarda una pista aérea que, de realizarse, supondría la puntilla para el humedal y la laguna.  

Sería muy ingenuo pensar que la ampliación del aeropuerto del Prat constituye tan sólo un problema ambiental. En esa cancha se están dirimiendo intereses económicos, políticos y territoriales de tal magnitud, que el campo de juego se ha convertido más bien en un campo de minas en el que ya se están produciendo algunas explosiones. Es muy de desear que esos estallidos no acaben magullando, otra vez, a la ciudadanía de Barcelona y, en general, de Catalunya. Pero, aunque el problema sea muy complejo, observarlo desde el ángulo ambiental tiene interés porque pone negro sobre blanco algunas contradicciones flagrantes que nos deberían hacer reflexionar.

Según el protocolo de París y según la propia ley de cambio climático recién aprobada, España se ha comprometido a reducir a cero las emisiones netas de CO2 para el año 2050, pero proyectos como el de la ampliación del Prat chocan de forma frontal con ese compromiso. La actuación sobre la Ricarda generaría, para empezar, emisiones derivadas de los cambios en los usos del suelo y de los grandes movimientos de tierra necesarios para la obra, que irían asociados también a pérdidas de biodiversidad y de paisaje irreparables. No hay que subestimar tampoco las emisiones generadas por la maquinaria pesada y por los miles y miles de toneladas de hormigón que habría que utilizar, ya que la producción de ese material es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica. 

Más allá de la obra en sí, la ampliación incrementaría, como es obvio, las emisiones producidas por los vuelos añadidos. Se calcula que una aeronave consume como media en cada operación de despegue o aterrizaje unos 300 litros de combustible y emite una tonelada de CO2. A eso habría que añadir las emisiones atmosféricas producidas por todas las operaciones en tierra asociadas al tráfico aéreo. En 2019, antes de la pandemia, en el aeropuerto del Prat se realizaron 344.000 operaciones. ¿Cuántas más se producirían con la ampliación? Un buen estudio de impacto ambiental tendría que cuantificar de forma realista, sin trucos ni engaños, todos estos impactos y valorar sus consecuencias.

Por otra parte, apostar por proyectos que incrementan las emisiones de forma tan evidente es contradictorio con otras medidas de reducción que se van a tener que adoptar obligatoriamente. ¿Cómo explicamos a los agricultores y pescadores que se van a eliminar las subvenciones al diésel que ellos utilizan, al mismo tiempo que se promociona una ampliación de vuelos altamente contaminantes? Considerando que el transporte aéreo no cuenta hoy por hoy con una alternativa energética diferente al combustible de origen fósil, lo más coherente sería tomar medidas para reducir todo lo posible la demanda de vuelos, evitando los evitables y potenciando el uso de transportes alternativos que utilicen energías limpias. Y eso en Barcelona, en Madrid y en el resto de aeropuertos. 

Los defensores a ultranza de la ampliación prometen más turismo, más negocios, más beneficios y más trabajo, pero evitan hablar de las consecuencias ambientales y también de los otros problemas que el turismo masificado genera. Eclosión de pisos turísticos que disparan los precios de los alquileres perjudicando a los vecinos; barrios inhabitables por quedar convertidos en parques temáticos para turistas; saturación poblacional en verano que dispara el consumo de agua y la generación de residuos; turismo de borrachera con su derivada de broncas y cargas policiales. Por no hablar de la precariedad laboral asociada a una parte no despreciable de la actividad turística ¿Contribuye en algo la ampliación del Prat a solucionar esos problemas?     

Pero lo más llamativo de este caso son esos 1.700 millones de euros a gastar en 10 años que de momento se utilizan como señuelo, pero que por lo que parece están ahí, disponibles para ser invertidos en Catalunya. Seguro que alguna norma burocrática obliga a gastar esos millones en obra pública a mayor gloria de las grandes constructoras privadas que la liciten, pero uno no puede dejar de pensar en la cantidad de cosas que se podrían hacer con ese dinero para mejorar realmente la vida de los ciudadanos catalanes. Inversiones en eficiencia energética, fomento de empleo verde de calidad, mejora de las redes de transporte sostenible, vivienda social, reducción de las ratios de alumnos por profesor, reforzamiento de la sanidad pública…

La Ricarda se está convirtiendo en un símbolo, pero en este momento su futuro es tan incierto que aún no sabemos qué va a simbolizar exactamente. Si desaparece, será símbolo de la incoherencia de la política ambiental, un ejemplo palmario de que el compromiso de lucha contra el cambio climático es más propaganda que realidad y de que no hay valentía ni política ni empresarial para afrontar el problema con rigor. Si sobrevive, puede ser un símbolo de esperanza, una muestra de que se pueden desplegar políticas alternativas que mejoren el bienestar de la gente respetando al mismo tiempo el medio ambiente, que es en sí mismo un elemento esencial para ese bienestar. Así pues, lo dicho, ¡que viva la Ricarda!

Aunque en este momento resulta difícil sustraerse a la enorme tragedia humana y geopolítica de Afganistán, el verano también ha traído otras noticias preocupantes. Las dos que probablemente han ocupado más titulares en las pasadas semanas tienen que ver con el cambio climático y con los precios de la luz. 

En el primer caso, la noticia deriva del sexto informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) en el que los científicos corroboran de manera explícita y contundente la responsabilidad de la acción humana y especialmente de las emisiones de gases de efecto invernadero en la modificación del clima que se está produciendo en el planeta. La noticia ha coincidido con toda una serie de eventos climáticos extremos que son atribuibles en gran medida al calentamiento global. Las olas de calor mortales de Norteamérica, las tormentas e inundaciones también mortales en varios países europeos y en algunas regiones de China, o los grandes incendios que se han propagado batiendo récords en diferentes lugares del mundo a lo largo del verano, dejan claro que los efectos negativos del cambio climático no son cosa del futuro, sino que ya están aquí y cuestan vidas.   

En paralelo, en España la luz está alcanzando máximos históricos con unos precios del megavatio hora superiores a los cien euros en el mercado mayorista durante muchos días de agosto que, como es obvio, se traducen en subidas de consideración en las facturas eléctricas. 

En este mundo globalizado en el que recibimos enormes cantidades de información, tendemos a ver cada noticia como un flash independiente sin pararnos a establecer las relaciones que pueden existir entre ellas. Pero en el caso de esos dos temas, existen toda una serie de conexiones que pueden darnos pistas interesantes para entender mejor la profunda crisis socio ambiental en la que estamos inmersos y los complejos problemas que entraña.  

La primera conexión entre cambio climático y precios de la electricidad resulta bastante evidente. El calentamiento global incrementa la frecuencia de las olas de calor extremo y eso hace que la demanda de electricidad para la climatización artificial, es decir, para el uso de aires acondicionados, esté creciendo de forma exponencial en los meses de verano. En la medida en que una parte importante de la electricidad se sigue generando hoy en día con la quema de combustibles fósiles que emiten CO2 a la atmósfera, entramos en un círculo vicioso bastante diabólico en el que el propio cambio climático genera las condiciones para incrementar unas emisiones que contribuyen a generar efecto invernadero y que, en consecuencia, agravan el propio calentamiento global. 

Pero las conexiones entre el cambio climático y los precios de la electricidad dependen también de otro factor importante que es el de los precios de emisión del CO2. Las empresas eléctricas, como todas las empresas que utilizan energía fósil, tienen asignado un límite en el número de toneladas de CO2 que pueden emitir, y están obligadas a comprar derechos de contaminación si sus emisiones son superiores a ese límite. Según un informe reciente del Banco de España el precio de los derechos de emisión de CO2 es uno de los factores que explican la subida del precio de la luz. Desde finales de 2020 esos derechos se han encarecido más de un 70%, debido por una parte a las propias regulaciones ambientales que pretenden frenar las emisiones, pero también a la incipiente recuperación económica posterior a la pandemia y, cómo no, a las operaciones especulativas que todo ello está generando en el propio mercado de derechos de emisión.  

La teoría económica ortodoxa podría decirnos que este mecanismo de mercado sirve para afrontar el cambio climático: como la electricidad basada en la energía fósil está siendo cada vez más cara debido, entre otras cosas, al encarecimiento de los derechos de emisión, se están generando incentivos para abandonar las tecnologías sucias y saltar hacia formas más limpias sostenibles y baratas de generar electricidad ¿Pero hasta qué punto funciona ese mecanismo? 

Que las eléctricas tengan que comprar derechos de emisión indica que emiten más de la cuenta, es decir, que los deberes de descarbonización no se están haciendo bien. Pero de momento, esas empresas no parecen sentirse incómodas con este estado de las cosas. Aunque sus costes de producción se han elevado, trasladan esa subida a los consumidores, de tal forma que su cuenta de resultados no sufre. Más aun, algunas compañías, en un comportamiento claramente oportunista, han aprovechado para incrementar sus beneficios vaciando pantanos en el momento en que podían colocar en el mercado energía hidroeléctrica muy barata de producir, a precios de electricidad de origen térmico mucho más cara. Dicho de otra forma, los incentivos de mercado para saltar a energías más limpias son tan descafeinados que las empresas no sólo no parecen tener prisa en hacerlo, sino que además buscan resquicios legales con los que exprimir al máximo las posibilidades de negocio que les ofrece la situación actual, olvidando a veces la ética.  

Pero el principal problema es que este tipo de mecanismos generan situaciones socialmente muy injustas. Mientras algunos pueden combatir las temperaturas extremas a base de subir la potencia del aire acondicionado cueste lo que cueste, otros no tienen los recursos necesarios para afrontar la subida de precios. Sostener la transición energética exclusivamente sobre estos ajustes de mercado, es tanto como cargar el cambio sobre las espaldas de los sectores sociales más vulnerables. 

El alto precio de la luz que sufrimos en este momento puede tener algo de coyuntural, pero es también una manifestación indirecta de la crisis climática y, en general, socio ambiental que vivimos. Transitar hacia otras formas de producir y consumir energía es una de las cosas que tenemos que hacer obligatoriamente para afrontar esa crisis. Pero parece claro que los dictados del “business as usual” por sí solos no nos van a sacar del atolladero. Una transición ecológica justa pasa obligatoriamente por tomar otras medidas de política económica sobre las que deberíamos estar debatiendo desde ya y con urgencia. 

Las recientes declaraciones del ministro de Consumo han abierto un debate sobre la carne muy pertinente en el marco de la transición ecológica que estamos obligados a transitar. Es cierto que, como es habitual en este país, la discusión ha derivado desde el principio en algunas sobreactuaciones a la defensiva que han ido de lo visceral a lo inane sin manejar demasiados argumentos. Pero precisamente por eso puede tener interés rastrear el consumo de carne y su problemática.

Aunque seguramente el ser humano ya era carnívoro en el origen de la propia especie, la incorporación de la carne a la dieta como un elemento habitual del que todos los miembros de una sociedad pueden disponer incluso varias veces al día, es algo muy reciente. Durante muchos siglos la carne fue para la mayor parte de la gente un alimento escaso que se consumía de manera más bien esporádica y en pequeñas cantidades. Precisamente por esa escasez, las grandes celebraciones iban asociadas tradicionalmente al consumo de carne como manjar especial que marcaba momentos señalados.

Los estudios nutricionales con perspectiva histórica nos dicen que el consumo de carne fue creciendo en el mundo rico poco a poco y de manera muy irregular desde aproximadamente finales del siglo XIX, y dio un vuelco espectacular en torno a la década de 1950. Si tomamos el caso español siguiendo los datos que ofrecen los balances alimentarios de la FAO (FAOSTAT), vemos que el suministro alimentario total de carne por habitante ha pasado de unos 20 kilos al año en 1961 a más de 100 kilos en fechas recientes. Así pues, la carne ha dejado de ser una fiesta para convertirse en una rutina, y cabría preguntarse si no ha acabado convirtiéndose en un auténtico exceso.   

La primera causa que explica la explosión del consumo cárnico tiene que ver con la evolución de la renta per cápita. Históricamente está comprobado que el aumento de los ingresos por habitante en cualquier país ha ido acompañado de importantes modificaciones en la dieta, que implican una reducción del consumo de alimentos más tradicionales como el pan, las patatas o las legumbres, y un incremento de alimentos considerados “superiores” por ser más sabrosos o más nutritivos, como sería el caso de la carne o los lácteos. Siguiendo esa dinámica, la generalización del consumo de carne se produjo en los países ricos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, mientras que los países emergentes como China, India o Brasil han comenzado a experimentarlo mucho más tarde, y de momento están en niveles per cápita muy inferiores a los nuestros.

Pero hay otras causas que han ido determinando la evolución del consumo. La más importante es el cambio en los métodos de producción cárnica, que también desde la década de los 60 han ido adoptando sistemas industriales estandarizados de reproducción, engorde y sacrificio de animales a gran escala que han disparado la oferta. Esa producción “fordista” se ha combinado además con transformaciones en los sistemas de procesamiento, transporte y distribución, y todo ello ha hecho que el precio de la carne haya caído incluso por debajo del precio de las frutas y las verduras frescas. Es cierto que hay formas alternativas de producción cárnica basadas en una ganadería extensiva y sostenible, pero por lo general es la gran industria y las grandes cadenas alimentarias las que marcan las pautas del negocio y las que imponen sus criterios y sus precios. 

Que la carne sea barata no es necesariamente una buena noticia, ya que los precios excesivamente bajos, además de perjudicar a los actores más débiles del proceso, son un factor fundamental para disparar el consumo muy por encima de los límites aconsejables desde un punto de vista nutricional y sanitario. Y, además, ese modelo de consumo es fuente de numerosos problemas ambientales a escala planetaria. 

Desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos, una dieta basada mayoritariamente en la carne es muy ineficiente, ya que obliga a destinar al engorde animal ingentes cantidades de cereales y también de agua que podrían ser utilizados directamente para el consumo humano. Mantener en crecimiento ese sistema a escala global requiere, por tanto, incrementar de forma sustancial la producción de cereales como la soja o el maíz, y ese incremento es, a su vez, una de las principales causas de la deforestación de muchos bosques tropicales. Los países ricos como España no somos ajenos a ese proceso, ya que importamos grandes cantidades de cereal para alimentar a nuestra ganadería intensiva y producir una carne que después consumimos directamente o exportamos a terceros países.

Y está, por supuesto, el problema de las emisiones. La ganadería intensiva es responsable de la mayor parte de la generación de metano, uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. Además, las concentraciones de granjas intensivas generan enormes cantidades de residuos muy difícilmente procesables. Los denominados purines presentan altas concentraciones de amoniaco que contaminan suelos y acuíferos llegando a perjudicar a la propia agricultura colindante.

Una parte importante de la gran industria agroalimentaria, desde los fabricantes de semillas, fertilizantes y pesticidas hasta las grandes multinacionales de producción procesamiento y distribución de carne, han ido desarrollando este modelo de producción y consumo sin prestar demasiada atención a los problemas ambientales y sanitarios que genera. Es obvio que, al igual que viene ocurriendo con otros grandes emporios industriales, esa industria va a resistirse con uñas y dientes a un cambio que puede perjudicar sus propios intereses. Pero lo peor que podrían hacer los políticos es convertirse en portavoces en exclusiva de esos intereses situándolos por encima de criterios sanitarios y ambientales basados en la ciencia.    

Demonizar el consumo de carne no tiene sentido, pero negarse siquiera a discutir un modelo que está demostrado que genera graves problemas no parece de recibo. La solución puede estar en ir estableciendo un consumo mucho más consciente y responsable, que anteponga la calidad a la cantidad y que priorice las formas sostenibles de pequeña y mediana producción ganadera. Situarnos, en definitiva, en un consumo moderado en el que comer carne deje de ser una rutina y vuelva a tener de nuevo algo de festivo. 

En las sociedades actuales vivimos sumidos en una especie de esquizofrenia entre nuestra manera de vivir y las consecuencias que produce. Por una parte, somos cada vez más conscientes de que las formas de producir y de consumir, el uso de recursos que nuestro ritmo de vida impone y el grado de contaminación que genera, nos han sumido en una crisis ecológica sin precedentes que necesitamos afrontar de cara y con urgencia. Pero, paralelamente, cuando queremos combatir problemas económicos concretos como el paro, la pérdida de poder adquisitivo o, en general, cuando tratamos de mejorar los niveles de vida del conjunto de la sociedad, la única receta que sabemos aplicar es la del crecimiento de la economía, independientemente de sus efectos sobre el medioambiente.

El debate economía versus salud que algunos han querido poner sobre la mesa a raíz de la pandemia, puede trasladarse en una escala ampliada a la dicotomía crecimiento versus ecosistemas. Y caben pocas dudas de que llevamos muchísimo tiempo priorizando el primero en detrimento de los segundos, de tal forma que la apuesta sistemática por crecer a cualquier precio acaba repercutiendo negativamente sobre la salud del planeta, de la que depende en último término la salud de la propia humanidad.     

Una parte de este complejo problema reside en la manera en qué medimos los niveles de vida y de bienestar económico, utilizando como indicador, casi en exclusiva; el Producto Interior Bruto (PIB) y sus tasas de crecimiento, y asumiendo implícitamente que contar con más PIB por habitante hace siempre a una sociedad más rica. Pero ¿es eso realmente así? Como su propio nombre sugiere, el PIB mide, básicamente, lo que una economía produce, pero no está diseñado para medir los efectos que esa producción y su evolución en el tiempo tiene sobre los ecosistemas. Si crecer implica destruir recursos naturales a un ritmo mayor al de su propia regeneración, el crecimiento nos puede estar haciendo en realidad más pobres, sólo que el sistema de medición que utilizamos no nos permite detectar el empobrecimiento real del que estamos siendo víctimas. Por eso, incorporar indicadores que sean capaces de medir los efectos ambientales para poder tenerlos en cuenta, debería ser una prioridad para las políticas económicas.

Recientemente, la revista Cuadernos Económicos de ICE (dependiente del Ministerio de Industria Comercio y Turismo) ha publicado un número monográfico sobre indicadores económicos ambientales que trata sobre este problema y que recoge toda una serie de propuestas de medición alternativa para el caso español que merece la pena difundir.

Una forma básica de elaborar indicadores ambientales es la cuantificación de los recursos utilizados por una economía en términos físicos (toneladas). Algo que, si se combina con la teoría y la metodología adecuadas, puede ofrecen información muy interesante. Un ejemplo de ello es la aproximación al funcionamiento económico a través del denominado “metabolismo social”. Un planteamiento teórico que analiza la economía de un territorio (país, región, ciudad…) como si fuera un ser vivo que necesariamente necesita ingerir materiales y energía para poder funcionar y que, a partir de ahí, como cualquier otro ser vivo, desarrolla diferentes procesos metabólicos internos de transformación y, posteriormente, expulsa lo no metabolizado en forma de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. 

Analizar de manera ordenada y sistemática las cantidades y los tipos de materiales y de energía que entran a un sistema económico, los procesos internos de transformación que se van desarrollando en él y cómo de bien o de mal funcionan, y los residuos que el sistema genera, permite detectar diferentes regímenes metabólicos y su evolución a lo largo del tiempo. Y esa información puede ser de mucha ayuda para diseñar políticas que nos aproximen a un metabolismo óptimo cuyo objetivo no necesariamente sea crecer y crecer sin límite. La transición ecológica que estamos obligados a desarrollar si queremos evitar desastres ambientales mayores, no es otra cosa que un cambio de régimen metabólico en el que el “ser vivo economía” debería ingerir menos energía y materiales, mejorar mucho su transformación interna fomentando la reutilización y el reciclaje y, finalmente, reducir lo más posible las emisiones de todo tipo.

Otros indicadores tratan de medir los efectos ambientales en términos monetarios, es decir, valorando en dinero los recursos no renovables que se utilizan y también el deterioro ambiental que se genera. Esa contabilización no es nada sencilla, porque es muy difícil tener toda la información necesaria para valorar bien el precio de los recursos agotables, de la contaminación o de los numerosos servicios ambientales que los ecosistemas nos ofrecen. Para hacerlo es necesario aplicar criterios que en buena medida son subjetivos y que, en consecuencia, pueden dar resultados muy distintos en función de los supuestos de los que se parta.

De lo que caben pocas dudas, sin embargo, es de que la valoración del agotamiento de los recursos y de la generación de residuos supone una pérdida de activos que, por tanto, debe restarse de la contabilización del crecimiento. Y cuando esa sustracción se realiza, incluso utilizando supuestos muy conservadores, se hace evidente que una buena parte del crecimiento del que habitualmente nos habla el PIB se evapora, dejando al descubierto una realidad mucho menos optimista.

Ya en 2009, en un informe elaborado por la Comisión para la Medición del Comportamiento Económico y el Progreso Social en la que participaban entre otros los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen, se decía literalmente: “Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Y si nuestras medidas son deficientes, podemos tomar decisiones equivocadas”. Es muy obvio que las mediciones económicas que se vienen realizando habitualmente son deficientes en tanto que no toman en consideración los efectos ambientales. Incorporar indicadores que lo hagan no va a solucionar por sí sólo el deterioro ambiental generado por una economía diseñada principalmente para crecer a cualquier precio, pero permite al menos detectarlo, y es, por tanto, una condición necesaria aunque no suficiente para empezar a actuar.  

Hace apenas tres semanas, con menos seguimiento mediático del que hubiera sido de desear, se aprobó en el Congreso el proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. Independientemente de que uno esté más o menos de acuerdo con las medidas concretas que contiene ese documento, no es exagerado decir que se trata de una de las leyes más importantes no sólo de esta legislatura, sino de las últimas décadas, ya que afecta de manera directa a la supervivencia del marco físico elemental en el que desarrollamos cualquier actividad social o económica. Legislar sobre los usos futuros de la energía para tratar de evitar los nefastos efectos ambientales del consumo actual de combustibles fósiles no es hacer una ley más para un sector concreto de la economía, sino que supone establecer reglas transversales que afectan de manera directa a las posibilidades de desarrollo futuro de la vida misma en la parte del planeta que ocupamos. Quizás la crispación política permanente que se ha instalado en este país ha llevado a que, incluso los defensores de la ley, hayan preferido no darle demasiada propaganda para evitar un nuevo frente de disputas, pero sus contenidos merecen mucha más atención de la que han recibido y deberían transmitirse a la ciudadanía con grandes dosis de pedagogía que los haga comprensibles y asimilables.  

Que esta ley llega con retraso es un hecho objetivo. Los acuerdos internacionales básicos sobre la materia, firmados por la Unión Europea, datan como mínimo del acuerdo de París de 2015, así que han hecho falta más de cinco años para que los legisladores españoles hayan alcanzado los acuerdo mínimos necesarios para tener una ley específica sobre un tema que hubiera requerido mucha más urgencia. Pero eso no es una sorpresa. De hecho, España no se ha caracterizado nunca por estar a la vanguardia en la puesta en marcha de regulaciones ambientales. Más bien al contrario, el país ha ido siempre a rebufo, aplicando con cierto retraso, de forma no demasiado planificada y en ocasiones de manera más aparente que real los cambios que se han ido estableciendo en el ámbito internacional, principalmente en los países más avanzados de la Unión Europea. 

Curiosamente, la primera ley española que hablaba de proteger la atmósfera (la denominada “Ley de protección del ambiente atmosférico”) se aprobó con cierta premura en 1972, siguiendo algunas de las directrices que Naciones Unidas había establecido poco antes. Era una época en la que el tardofranquismo trataba de integrarse plenamente en la economía y la política internacionales de la que la dictadura había sido excluida durante mucho tiempo, y una forma de intentarlo era mimetizar algunas leyes que estaban poniéndose en vigor en el ámbito internacional, también en cuestiones ambientales. Sin embargo, los objetivos de crecimiento económico de la política desarrollista creaban al mismo tiempo incentivos poco compatibles con la protección de la atmósfera, de tal forma que la ley quedó más bien en papel mojado. Posteriormente, la crisis del petróleo obligó entre otras cosas a incrementar el consumo de carbón nacional altamente contaminante, lo que llevó a que, una vez más, la atmósfera se relegara a un plano totalmente secundario.  

Con la incorporación a la Unión Europea, España tuvo que ir armonizando su legislación ambiental con la comunitaria, pero ese proceso se fue cumpliendo a retazos, legislando sobre aspectos puntuales a los que Europa obligaba, pero sin que existiera un plan bien concebido, ni un organismo estatal potente que coordinara todas esas medidas y les diera un sentido medioambiental global. De hecho, en España no hubo un Ministerio de Medioambiente propiamente dicho hasta 1996, y ese cambio institucional tampoco supuso una transformación radical en las políticas. Más bien al contrario, las medidas económicas que se fueron tomando en ese periodo estuvieron en la base del boom inmobiliario y de construcción de infraestructuras que se generó y que, además de desembocar en la crisis de 2008, tuvo unos efectos ambientales devastadores. Era la época en la que se decía que España iba bien, y ni siquiera el propio Ministerio de Medio Ambiente estaba dispuesto a que los perversos efectos ambientales del crecimiento aguaran la bacanal que se estaba viviendo.

La independencia del Ministerio de Medioambiente terminó, además, en 2004, con su incrustación ese año y hasta 2018 en el de Agricultura y Alimentación. Las razones de esa operación institucional no son fáciles de adivinar. Es posible que se pensara en ligar la institución más directamente al uso del territorio, pero al mismo tiempo parece obvio que esa decisión dificultó el control ministerial de elementos clave para el medioambiente como la política energética o de infraestructuras, que difícilmente se podían coordinar desde el Ministerio de Agricultura. Sólo en 2018 hubo un cambio evidente en el interés por reorganizar las políticas con la creación de un nuevo Ministerio que, si hacemos caso a su denominación, parece decidido a afrontar de cara el reto tan necesario de la transición ecológica. 

Este breve recorrido da una idea del carácter errático que ha seguido la política medio ambiental en España en las últimas décadas, y sirve también para advertir de un peligro esencial: históricamente ha sido bastante habitual que un mismo gobierno haya destruido con la mano derecha de la regulación económica lo que estaba tratando de construir con la mano izquierda de la regulación ambiental. 

Es muy posible que los sectores que acusan a la ley de cambio climático de ser conservadora y de quedarse corta en los objetivos de reducción de emisiones estén en lo cierto. Pero incluso si eso es así, lo realmente importante es que se pongan todos los medios para que lo acordado en la ley se vaya cumpliendo realmente y sea monitorizado y medido con la mayor precisión posible. Coordinar las políticas de diferentes ámbitos para evitar el ninguneo de la nueva legislación ambiental debería ser la prioridad básica.

La ley de cambio climático está lejos de ser perfecta, pero incluye mecanismos para su propia revisión a medio plazo y, si realmente se respeta y se cumple, parece un punto de partida muy razonable para orientar un cambio del modelo energético y productivo totalmente necesario, que debería ser, a su vez, la base y la guía para una mejora no sólo ambiental, sino también social y económica.

El protagonismo de Madrid en la vida pública española, que ya es elevado de por sí, ha ascendido de manera espectacular desde la convocatoria de elecciones autonómicas, y promete seguir ascendiendo a cotas insospechadas hasta el 4 de mayo. La cuestión está tomando tales dimensiones, que aquella ocurrencia simple y opaca con pretensiones de frase célebre de que Madrid es como una España dentro de España se ha quedado corta, porque Madrid es en este momento mucho más. Es de hecho el epicentro, el corazón, el meollo mismo de la actualidad. A Madrid se la está convirtiendo en un Madrid dentro del Madrid que lo es todo, en una estructura nuclear alrededor de la cual gira el universo entero, en el escenario de la madre de todas las batallas de la modernidad, libertad o comunismo, democracia o fascismo…¿ombliguismo u ombliguismo?

Los medios de comunicación, y los partidos políticos madrileños y nacionales deberían detenerse un momento, hacer un acto de empatía patria y tratar de ponerse en la piel de alguien de Teruel, de A Coruña, de Terrassa, de Chipiona, de Lekeitio o de Mérida, para tratar de entender cómo se está percibiendo este espectáculo fuera del Foro. Contarle repetidamente a un ciudadano de cualquiera de esos sitios que alguien dice que se es más libre por el simple hecho de vivir en Madrid es, directamente, insultar a su inteligencia. En Madrid, como en Calatayud, hay gente que se siente libre y que no se deja encorsetar, y gente timorata que no da un paso sin autocensurarse pensando en el que dirán. En Madrid, como en Plasencia, hay gente leída, viajada y culta, y gente tremendamente paleta, tanto más atrevida cuanto más ignorante.

Madrid ha avanzado mucho en las últimas décadas, impulsada bastante más, probablemente, por su condición de capital de país que por las políticas locales y autonómicas. Pero, sea como sea, se ha ido haciendo un hueco entra las capitales europeas de referencia, que no tuvo históricamente durante la mayor parte del siglo XX, antes de que España fuera una democracia.  No llega a tener el cosmopolitismo multicultural de Londres, ni el glamour de París, ni el atractivo decadente de Roma, pero obviamente tiene muchos encantos, y como ciudadano que pasa en Madrid la mayor parte del año, me gusta pensar que van más allá de las cañas o de la posibilidad de tomarse “a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”. Pese a lo que digan algunas, afortunadamente no existe una sola forma de vivir a la madrileña, como no existe una sola forma de vivir a la bilbaína o a la sevillana. Decir lo contrario es caer en un localismo identitario que raya lo pueblerino y que demuestra que, en algunas facetas, Madrid sigue teniendo algo del poblachón manchego al que se referían Cela o Umbral. A misa y a los toros se puede ir también en otros muchos pueblos en tiempos de normalidad.  

En Madrid viven más de seis millones de personas en un territorio reducido, y por eso es el ejemplo más claro de la España mega llena, contrapunto tristemente necesario de la España Vaciada. Y esa alta concentración de población ha venido generando, mucho antes de que llegara la pandemia, toda una serie de problemas que se palpan en el día a día. Su área metropolitana es la más rica del país en términos de PIB per cápita, pero la peor valorada cuando lo que se mide es la calidad de vida en las ciudades. Y es que los problemas son muchos. Vivienda no siempre de buena calidad a precios prohibitivos; problemas de movilidad con atascos recurrentes cada día y transportes públicos sobre saturados; emisiones de gases disparadas; contaminación acústica y electromagnética elevadas; problemas de gestión de basuras y residuos; servicios públicos infradotados sin capacidad de cubrir las necesidades de toda la población pese al esfuerzo de los trabajadores. Es de estas cuestiones y de cómo se puede ayudar a resolverlas desde el Gobierno de la Comunidad de lo que debería hablarse en las elecciones autonómicas.  

Y sin embargo la campaña electoral se ha situado por elevación más en lo metafísico que en lo pragmático, como si Madrid fuera en este momento el epicentro global en el que hay que dirimir las grandes encrucijadas de la historia. Pero, a principios del siglo XXI, ¿está debatiéndose la humanidad realmente entre libertad y comunismo, entre democracia y fascismo? La libertad y la democracia tienen que seguir siendo defendidas ahora y siempre sin duda alguna, pero no tanto para luchar contra fantasmas del pasado, como para convertirlas en el marco de convivencia básico y necesario en el que afrontar los grandes retos del futuro inmediato. Puestos a elevar los debates electorales, los candidatos deberían tocar temas como el de los límites ambientales al crecimiento económico, como el cambio tecnológico, la robotización y el trabajo, o como la globalización y la desigualdad, porque es ahí donde realmente los humanos todos nos la estamos jugando como especie.  

Que las elecciones autonómicas de Madrid son importantes para el futuro de la política española es bastante evidente, como en otros momentos lo han sido las elecciones catalanas, vascas o andaluzas. Sabiendo esto, los medios deberían estar dando a esta campaña autonómica las dimensiones que se merece, pero sin metérsela con embudo a los ciudadanos de otras partes del país que no se juegan nada en ella directamente y que están saturados de madrileñismo. Y los políticos implicados deberían descender a la realidad de la política autonómica, pensando que en esta autonomía hay grandes márgenes para mejorar. Si por el contrario, como parece que va a ocurrir, siguen sobreactuando hasta el final mientras convierten a Madrid en el ombligo del mundo, es muy posible que en lugar de ilusionar y movilizar acaben generando desafección y, en consecuencia, más de lo mismo. 

Desde hace ya casi dos décadas la Comunidad de Madrid está gobernada por políticas y políticos que defienden sistemáticamente la bajada de impuestos como la mejor fórmula económica posible. Es claro que la idea de la baja imposición como axioma -como dogma cabría decir- de una determinada forma de entender la economía de mercado, no es originaria de Madrid, sino que es una de las enseñas del conservadurismo neoliberal a escala internacional. Pero Madrid se ha convertido desde el Tamayazo de 2003 en una especie de campo de pruebas en el que ensayar ese experimento. 

Y en honor a la verdad hay que decir que los defensores de esa estrategia están manejando la situación con habilidad, porque han conseguido llevarnos a un escenario en el que resulta prácticamente imposible plantear alternativas. Si alguien se atreve a sugerir que hay otras formas de entender la economía de mercado y que unos impuestos bien establecidos, pese a ser más altos al menos para algunos, podrían servir para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la mayor parte de los ciudadanos, queda convertido automáticamente en comunista totalitario enemigo de la libertad. A ese nivel de simpleza argumental ha caído el debate político en este momento.  

En la mayor parte del mundo occidental (no así en España), los impuestos progresivos que van gravando más a cada ciudadano en función de su nivel de riqueza, se generalizaron en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y fueron la base sobre la que se consolidaron los Estados del bienestar. Se trató, en lo básico, de un pacto social implícito de las democracias en el que una mayoría de ciudadanos aceptó soportar una mayor presión fiscal a cambio de que los estados ofrecieran mejores servicios públicos y llevaran a cabo políticas de redistribución de la renta. El objetivo era fomentar la igualdad de oportunidades y crear así sociedades más igualitarias y justas, en la idea de que eso garantizaba una mayor cooperación, una paz social que era positiva para todos, incluyendo también a los más ricos. Fue precisamente a través de políticas de gasto público que provenían de impuestos elevados, cómo se fueron generalizando las pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo, los derechos a la sanidad y a la enseñanza universal u otras transferencias sociales. Y, aunque no hay que caer en la idealización porque los procesos de este tipo siempre generan tensiones, el hecho cierto es que la fórmula funcionó y que desde ese momento se fueron alcanzando niveles de bienestar más elevados y también más generalizados socialmente que en ningún otro momento de la historia.

España llegó tarde a la formulación de ese pacto social, porque en esto como en tantos otros aspectos, el franquismo fue una auténtica rémora. De hecho, sus dirigentes mantuvieron hasta el final de la dictadura un sistema impositivo en el que la presión fiscal era muy baja (14 puntos menos que la media europea a la altura de 1975), y que en lugar de progresivo era regresivo, es decir, gravaba más, proporcionalmente, a los más desfavorecidos. Eso se traducía en bajos ingresos y en un gasto público en materia de sanidad, de educación o de gastos sociales que, medido como porcentaje del PIB, resultaba raquítico respecto al realizado por otros países europeos de nuestro entorno. 

No fue hasta la Transición, con los Pactos de la Moncloa y con la Reforma fiscal de 1977-78, cuando España modernizó su sistema impositivo para emular, con mucho retraso, la pauta europea. Tampoco en este caso hay que idealizar lo ocurrido, ya que las élites económicas españolas, acostumbradas a un trato fiscal privilegiado durante la dictadura, trataron de frenar la progresividad y torpedearon la lucha efectiva contra un fraude que les favorecía. Pero, a pesar de los problemas, se consiguió establecer y regularizar una recaudación de impuestos progresivos que permitieron que España, mal que bien, fuera construyendo y reforzando su Estado del bienestar. La libertad trajo, en definitiva, impuestos más elevados, pero con ellos se mejoraron las transferencias sociales y los servicios educativos y sanitarios y, sin ninguna duda, se consiguieron mejoras muy sustanciales en el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población. 

La bajada de impuestos que se viene practicando en Madrid desde 2003 es la versión española, desacomplejada y chulapona, de lo que internacionalmente se ha conocido como la “revolución conservadora”, que no es otra cosa que la ruptura por parte de las élites económicas del pacto social que apostaba por la redistribución, argumentando que menos impuestos equivalen a más prosperidad para todos. Pero se trata de un argumento falaz, ya que oculta los efectos claramente asimétricos de la baja imposición. Las ganancias individuales que supone una bajada lineal del 5% en el tramo autonómico del IRPF son directamente proporcionales al nivel de renta de los ciudadanos, es decir, no existen para quienes ni siquiera tienen obligación de declarar, son exiguas para los contribuyentes de los tramos bajos y van creciendo conforme lo hace el nivel de renta. En otras palabras, hace más prósperos a quienes ya lo son.    

Pero lo más grave son las pérdidas colectivas que pueden producir esas políticas. En Madrid la baja presión fiscal va asociada a un gasto medio por habitante que está por debajo de la media nacional en materias tan sensibles como la educación (-16%) los gastos sociales (-8%) o la sanidad (-7%). Es, además, la comunidad que presenta una mayor desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población. Y tanto la insuficiencia de los servicios como la desigualdad son una parte de la explicación de por qué la pandemia está teniendo unos efectos mucho más dramáticos en Madrid que en otras partes.   

Las políticas de bajada sistemática de impuestos son, en definitiva, torpedos contra la línea de flotación del Estado de bienestar que debilitan los servicios esenciales, impiden la redistribución, restan oportunidades a los menos favorecidos y generan sociedades más desiguales e injustas. Y si la libertad no va acompañada precisamente de eso, de igualdad y justicia, puede dejar de ser tal para convertirse, simplemente, en privilegio de unos pocos. 

El término “green washing” se utiliza para denunciar la actuación de algunas empresas que utilizan el marketing para presentarse como campeonas del ecologismo, pese a que en realidad no toman medidas efectivas para evitar el deterioro ambiental que provocan. Pues bien, utilizando ese símil podría decirse que la estrategia que el conservadurismo neoliberal está desplegando últimamente respecto a la libertad, es en realidad una enorme campaña de “freedom washing”, que en los últimos días se está poniendo en práctica también en España.

La libertad es una perita en dulce para el marketing político porque es un concepto con el que prácticamente nadie está en desacuerdo. Partiendo de ahí, el freedom washing consiste en presentarse como defensor de la libertad a pesar de proponer medidas que, en realidad, acaban coartándola para una parte importante de la sociedad. Para ello se utiliza un concepto de libertad simple y abstracto, dando por hecho que todos sabemos a qué se refiere. Se mete en un envase atractivo pero opaco que no permita discernir realmente lo que hay dentro, y se envuelve adecuadamente con grandes palabras, música épica y un trasfondo de banderas que ayuden a identificar al grupo al que se dirige la campaña. Así presentada, la libertad genérica sirve para movilizar y exaltar a la clientela y, lo que es aún mejor, puede utilizarse como arma arrojadiza contra cualquier contrincante político que, sólo por criticar el eslogan, queda convertido automáticamente en represor. 

Para no caer en la trampa del freedom washing resulta útil practicar el unboxing, es decir, despojar el concepto de su envoltura y analizar qué hay exactamente más allá del marketing. Si hacemos eso, se percibe que la libertad que ofrece el conservadurismo neoliberal tiene dos características estrechamente relacionadas: es una libertad que se refiere principalmente a cuestiones económicas, a la libertad de mercado, y tanto en ese sentido como en otros complementarios tiene un marcado sesgo ideológico. 

La libertad económica que propugna el neoliberalismo se basa principalmente en una desregulación de la actividad económica que reduzca a la mínima expresión la intervención del Estado, en un desmantelamiento de lo público favoreciendo privatizaciones, y en una flexibilización de las relaciones entre agentes económicos que favorezca la adaptación de las empresas al propio marco de la desregulación. Uno de los problemas de esta visión de las cosas es, precisamente, que no considera a las personas como ciudadanos sujetos de derechos, sino como meros agentes económicos que deben supeditar el conjunto de su existencia a unas relaciones mercantiles que se consideran prioritarias frente a cualquier otro aspecto de la vida. Las proclamas de salvar la economía en mitad de una grave pandemia pese al alto riesgo de incrementar los contagios y las muertes son un buen ejemplo de esa forma de entender las cosas.

Acertar con el grado de regulación óptimo en una economía es una cuestión complicada. Pero apostar de manera sistemática por mercados sin reglas que se rijan en exclusiva por la oferta y la demanda, refuerza la posición de los poderosos que cuentan con niveles superiores de información, de negociación y de imposición de sus criterios. Y esa dinámica de dar más poder a los poderosos con la excusa de que son quienes crean riqueza, tiene como consecuencia un incremento de la desigualdad que puede tener consecuencias nefastas para una sociedad. Está comprobado, por ejemplo, que las desregulaciones que se iniciaron en Estados Unidos desde los años 80 y que se reforzaron posteriormente con la expansión global de la ideología neoliberal, además de generar la gran crisis de 2008, fueron incrementando la desigualdad y creando un caldo de cultivo propicio para la fractura social y política que ese país vive en la actualidad.  

Así pues, paradójicamente, la libertad absoluta de mercado que se nos dice que va a beneficiar a todos, sirve en realidad para que una minoría consolide sus privilegios y acumule más riqueza, mientras que una parte importante de la sociedad ve reducidos sus derechos y también su poder adquisitivo, perdiendo con ello una parte de su libertad económica. El deterioro de las condiciones de trabajo que se viene registrando en las últimas décadas es una clara muestra de ello, pero también lo es la necesidad de auto explotación en la que caen muchas pequeñas empresas y autónomos tratando de sobrevivir en un mercado cada vez más salvaje que les impone condiciones draconianas para la supervivencia.   

Más allá de lo económico, al menos en el caso español, el perfil de libertad defendida por el conservadurismo neoliberal es difícil de definir por sus propias contradicciones. De una parte, considera que algunos derechos del individuo deben estar por encima del bien común, tomando como opresión, por ejemplo, la prohibición de fumar en lugares públicos, las restricciones de uso del vehículo privado independientemente de lo que contamine, o en casos aún más extremos, la obligación de llevar mascarilla o incluso de vacunarse frente a la pandemia. 

Pero al mismo tiempo que se defiende esa libertad hedonista incapaz de ver más allá del propio ombligo, se intenta proscribir cualquier avance en derechos civiles y políticos, llámese derecho al aborto, al matrimonio homosexual, a la libertad LGTBI, a la eutanasia o a la reforma constitucional. Una forma curiosa de entender la libertad para uno mismo, negándosela a quienes no piensan igual, en aras de una pretendida superioridad moral que se pretende imponer a propios y extraños.  

En definitiva, el freedom washing permite presentarse como campeones de la libertad a quienes defienden medidas que directa o indirectamente acaban deteriorándola. Un claro ejemplo de que el marketing político contribuye a la desinformación y de que, por tanto, deberíamos estar prevenidos contra él. En el fondo, fomentar y practicar el pensamiento crítico es lo único que realmente nos hace un poquito más libres. 

La idea de que el crecimiento económico acelerado es la única opción que tenemos para vivir mejor es una de las más profundamente arraigadas en el imaginario colectivo de las sociedades actuales. Lo está por supuesto en las economías capitalistas; lo estuvo en las economías planificadas de tipo soviético mientras existieron; y lo sigue estando en el híbrido económico que representa actualmente la economía china. Emulando a aquel seleccionador de fútbol que dijo que el objetivo único de ese deporte era ganar y ganar y ganar y volver a ganar, una parte muy mayoritaria de la sociedad haría suyo el eslogan de que el objetivo prioritario de la economía es crecer y crecer y crecer y volver a crecer.

Pese a ello, al mismo tiempo somos cada vez más conscientes de que los graves problemas ambientales que acechan a la humanidad, incluyendo por supuesto el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, son consecuencia ni más ni menos que del crecimiento económico. Pero los economistas ortodoxos nos dicen que el deterioro ambiental es una externalidad, un efecto no deseado, y que se podrá corregir en el futuro siempre y cuando seamos capaces de (¡sorpresa!), seguir creciendo.

La única virtud que ha tenido la actual pandemia es que ha demostrado fehacientemente que si la economía frena, muchos indicadores ambientales que son clave para mejorar nuestra calidad de vida, mejoran. Pero esa lección ni siquiera se ha tomado como tal, y las medidas políticas de salida de la crisis, que obviamente son muy necesarias, se están centrando de momento en la ayuda a sectores que pueden generar crecimiento como el turismo de masas o el sector automovilístico dependiente del petróleo, obviando que esas apuestas van a suponer con toda seguridad el empeoramiento de una situación ambiental que muchos consideran ya crítica. Dada la gravedad de la situación económica y social en la que nos encontramos, ¿no sería esta una buena oportunidad para reflexionar sobre el propio concepto de crecimiento y entender mejor sus virtudes y sus problemas?  

Si observamos el crecimiento económico acelerado en el muy largo plazo, vemos que se trata de un fenómeno relativamente reciente, que viene produciéndose desde hace unos 250 años aproximadamente. Parecen muchos, pero representan menos del 0,1% del tiempo de existencia de los humanos sobre la tierra. Visto con esta perspectiva milenaria, incrementar la producción por cabeza a la velocidad a la que lo hemos hecho en las últimas décadas, al mismo tiempo que la población mundial crece y crece, no deja de ser una anomalía en nuestro comportamiento como especie.

Es cierto que esa anomalía ha llevado a una parte considerable de los habitantes del planeta a unos niveles de bienestar material sin precedentes, y eso obviamente hay que celebrarlo. Pero no es menos cierto que esa mejora se ha producido a base de esquilmar recursos tanto renovables como sobre todo fósiles, de generar residuos sólidos, líquidos y gaseosos a una escala tal que está teniendo consecuencias incontrolables, y sin corregir una desigualdad social entre países y en el interior de cada país que sigue siendo abrumadora. Soterrar las disfunciones que está generando el crecimiento como si fueran los efectos inevitables de la mejora del bienestar es, cuando menos, irresponsable.  

El concepto de “crecimiento económico moderno” fue acuñado por el Nobel de economía Simon Kuznets en los años cincuenta para referirse precisamente a lo que estaba ocurriendo en algunos países desde la revolución industrial. El desarrollo del concepto estuvo estrechamente ligado a la formulación de su principal instrumento de medición, el PIB per cápita, que fue desarrollándose y estandarizándose también desde esa misma década. Se trata de un indicador económico parcial pero que, quizás por su simplicidad a la hora de reducir a una cifra procesos económico-sociales tremendamente complejos, y su facilidad para establecer rankings, tuvo un tremendo éxito. A partir de ahí, en un proceso bastante imperceptible pero interesado e inexorable, el PIB per cápita fue convirtiéndose en tótem, y el crecimiento acelerado del mismo acabó siendo un nuevo dogma. 

Los problemas conceptuales que el PIB per cápita presenta son de sobra conocidos. De un lado, deja al margen las actividades que no pasan por el mercado tales como el trabajo doméstico y los cuidados realizados mayoritariamente por mujeres, o el voluntariado, considerando implícitamente que no son importantes para la economía; de otro lado, no tiene capacidad para contabilizar los efectos que genera la buena conservación de los ecosistemas y, al contrario, contabiliza como algo positivo, porque suma producto, la sobre explotación de recursos independientemente del deterioro ambiental que genere.

Además, aunque se exprese en términos per cápita, es tan sólo una media ficticia resultante de dividir la riqueza total por el número de personas, pero no dice nada acerca de cómo se reparte realmente esa riqueza entre los habitantes de un territorio. Por poner un ejemplo extravagante pero ilustrativo, si un año se talaran todos los bosques de un país y los beneficios de la venta de los millones de metros cúbicos de madera fueran a parar a un puñado de grandes propietarios de bosque, el PIB per cápita de ese país crecería unos cuantos enteros, haciendo tabla rasa (nunca mejor dicho) del deterioro ambiental y de la evidente desigualdad generada por tal actividad económica.

Y pese a todo, seguimos celebrando alborozados que el PIB per cápita vaya a crecer unas décimas más, o nos sentimos casi compungidos cuando nos dicen que se va a producir una desaceleración del mismo, sin preguntarnos qué hay realmente detrás de esa métrica que ha acabado convirtiéndose en una especie de arcano que dirige nuestro destino. En las sociedades actuales, denostar el crecimiento como algo necesariamente malo no tiene sentido, pero considerarlo como algo siempre positivo que redunda en una mejora de la calidad de vida de la mayoría, es peligroso por falso.

El crecimiento nunca es inocuo desde el punto de vista ambiental, ni neutral desde el punto de vista de la distribución social de la riqueza. Considerarlo bueno per se resta debate público sobre el futuro de la economía y del medioambiente y, por extensión, debilita la democracia. En esta Nueva Normalidad en la que estamos entrando sería bueno que fuéramos adoptando una mirada crítica hacia el crecimiento, haciéndonos preguntas básicas como qué, cómo y para beneficiar a quién. De lo contrario, la Normalidad tendrá poco de nueva, y aunque consigamos despertar de este mal sueño, el dinosaurio de nuestros problemas civilizatorios irresueltos seguirá ahí.