La sorpresa viene por el hecho de que lejos de acatar las sentencias (3-0) ya inapelables, y proceder a su ejecución, manifiesta el Patronato, ¿por unanimidad? ¿con asesoramiento legal?, que me van a convocar para darme explicaciones de por qué se impuso el proyecto del candidato ganador. Y todo ello para dar respuestas a las sentencias que anulan el concurso. En ningún momento y en ningún lugar de mi demanda había solicitado explicación alguna al respecto. Tampoco ninguna instancia judicial les condenaba a ello. Yo solo he denunciado aspectos de forma en la tramitación concurso. Por citar algunos pocos: no hubo lista de admitidos y excluidos, no hubo valoración de los méritos de los candidatos, no hubo informes de comparación de las clasificaciones de los candidatos, no hubo baremación de los proyectos presentados, no hubo actas, no hubo propuesta de adjudicación, no se notificó la adjudicación a los participantes… Lejos de acatar la sentencia y de exigir responsabilidades por las ilegalidades cometidas, denunciadas y sentenciadas, se ofrecen a darme explicaciones sobre aspectos de contenido: por qué el Comité de Selección encontró más idóneo proyecto del candidato que propuso al Patronato. Inaudito. Repito: las sentencias anulan el concurso. Ejecutar una sentencia de nulidad concursal no es dar explicaciones sobre la motivación del fallo. Si esta decisión ha sido con asesoramiento jurídico no estaría de más que pidieran una segunda opinión.

Mejor expliquen, si es que pueden ya que no lo hicieron ante los tribunales, como es posible que un candidato que no cumplía con requisitos para concursar pudo participar en el mismo: no presentó su título superior homologado ni justificó su experiencia laboral. O expliquen como en la resolución de adjudicación -que tuvieron que elaborar obligados por mi denuncia al Diputado del Común por impedirme el acceso al expediente del concurso- le atribuyeron el mérito de la propuesta del candidato designado mediante un criterio no establecido en las bases.

El comité de Selección y el Patronato saben perfectamente que el concurso fue una auténtica chapuza. En su defensa y recursos no se emplearon ni una sola línea para justificar la legalidad del mismo. Su argumentación fue siempre circunstancial: que al haberme jubilado perdía el derecho a demandar, que la legislación que se había incumplido no le era de aplicación…

Han sido cuatro años de litigio a lo largo del cual la persona responsable de la marcha cotidiana de la FAT y de este concurso en particular, ante cada fallo condenatorio ha rechazado el contenido del mismo aludiendo a que se trataban de defectos formales que eran subsanables. Se acabó el recorrido, se acabaron las desinformaciones a la opinión pública y la tomadura de pelo a los candidatos presentados. Ya solo queda acatar la resolución del Supremo y proceder a ejecutar la misma, es decir, a resolver el contrato que vincula al actual Director General con la Fundación y a retrotraer las actuaciones al punto de partida. Las bases, al no haber sido impugnadas, siguen siendo válidas y, por tanto, procede el comenzar por la evaluación de la documentación presentada por los candidatos que optamos a dicho puesto. De no hacerlo voluntariamente procederé a solicitar la ejecución judicial forzosa. También queda pendiente, claro está, el abonarme las costas a las que la FAT ha sido condenada en las tres instancias y que ya he reclamado. Lástima que sea con dinero de todos.

Por último una obviedad, para que esa segunda vuelta del concurso tenga credibilidad, los que han cometido todas esas irregularidades no deberían participar en el mismo.